Artículos

 

Los agrarismos de la revolución en Nayarit

 

The agrarisms of the revolution in Nayarit

 

José Mario Contreras Valdez

 

Facultad de Economía–Universidad Nacional Autónoma de México. * mariocv@economia.unam.mx

 

Recepción: 16/08/09.
Aceptación: 10/02/10.

 

RESUMEN

Este artículo plantea la idea de que la demanda del reparto de tierras fue relevante y significativa, entre otras razones, por su persistencia a lo largo de las décadas de 1910, 1920 y 1930, y que, precisamente, gracias a esto se articuló con otras demandas sociales y políticas de carácter momentáneo o coyuntural. En torno a los agraristas se cohesionaron grupos sociales y políticos movilizados por razones sindicales y electorales. De esa manera, se plantea que las expresiones del reparto agrario contribuyeron al desmoronamiento del viejo régimen y al surgimiento de uno nuevo, basado en la tutela y el activismo del Estado mexicano.

Palabras clave: agrarismo, latifundios, elección, oligarquía, familia.

 

ABSTRACT

This article puts forth the idea that the social demand for the division of land was a relevant factor of great significance, among other reasons, because of its persistence along the decades of 1910, 1920 and 1930. This persistence had crucial relevance in the process of its articulation with other social demands of a more immediate and structural nature. Along with the Agrarian Reformists there were other Social and Political organizations mobilized using political, labor and electoral motives. The purpose of this paper is to raise the notion that social expressions of the Agrarian Movement were a key factor in the efforts to abolish the crumbling old Regime.

Key words: agrarianism, estates, election, oligarchy, family.

 

EL ESPLENDOR CONTINUABA

Al inicio de la década de 1930, aproximadamente un millón de hectáreas de las tierras fértiles de la costa y el altiplano de Nayarit¹ se concentraban en 60 grandes propiedades que poseían una decena de familias, algunas nativas y otras extranjeras. Entre las primeras, había las que tenían raíces que llegaban al comienzo del siglo XIX, como era el caso de los Rivas; otras se habían asentado en la segunda mitad de ese siglo, como los Romano y los Salazar. Entre las familias, de origen extranjero, estaban los españoles: los vascos y los santanderinos ostentaban los apellidos Aguirre, Gangoiti, Maisterrena, Fernández del Valle y Menchaca; las familias alemanas Hildebrandt y Delius, y los ingleses que llevaban el apellido Barron. También, a inicios del siglo XX, se hicieron presentes intereses estadounidenses por medio de su asociación con las firmas comerciales: Bayona Nieblas y Compañía y la Compañía Quimichis, las cuales sobresalieron cuando compraron miles de hectáreas para sembrar en la costa del estado de Nayarit.

En esas unidades económicas —organizadas desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del XX— se producían cereales, se criaba ganado y en algunas se cosechaban frutales, tabaco, algodón, aceite de coco, caña de azúcar y café. Estos productos se canalizaban de manera regular, como materias primas o como bienes de consumo final, al mercado local y a las ciudades de Guadalajara, Mazatlán, la Ciudad de México, Hamburgo, Nueva York, San Francisco, etcétera. En el caso del azúcar, una parte era enviada cada semana a las casas comerciales del puerto de Mazatlán, el algodón se destinaba a los almacenes de las cuatro fábricas textiles que operaban en la entidad, el arroz llegaba al mercado de Guadalajara, y la mayor parte del café se enviaba a mercados lejanos como Hamburgo, gracias a los vínculos comerciales entre los alemanes que residían en ese puerto de Europa y los que tenían sus propiedades cafetaleras en Tepic.

Desde sus orígenes, esas unidades económicas le proporcionaron un carácter abierto a la economía productiva local, que funcionó a partir de tres condiciones de naturaleza distinta: la extranjería de sus propietarios, la organización de plantaciones en las grandes propiedades, y la demanda y los precios favorables de los productos agrícolas en los mercados externos.

La permanencia por décadas de una economía abierta sugiere pensar —y aceptar— que ésta sobrepasaba los estándares de competitividad del país que se acercaba a los niveles de eficiencia predominantes en otras economías en las que se gozaba de una organización empresarial adecuada y bien dirigida. Con base en la información disponible es posible asegurar que la sociedad tepiqueña nunca, ni antes ni después, fue más cosmopolita que en aquella época.

El esplendor económico local —irradiado precisamente por ese nivel de concentración de la propiedad de la tierra, la concentración de la riqueza a la que llevaba y el bullicio empresarial sin precedente, el cual no volvió a repetirse en la entidad durante el siglo XX— fue opacado y amenazado en la década de 1910 por varias situaciones políticas que se mezclaron. A continuación explico cuatro de ellas: el calado revolucionario que se registraba en otras regiones del país durante los primeros años de esa década con sus distintas expresiones e intensidades, y que en esa época se expresaba tenuemente en el entonces territorio de Tepic; el sindicalismo reivindicatorio local o la movilización organizada de los gremios, sobre todo en la ciudad de Tepic; los procesos electorales en el ámbito local, y el agrarismo popular.

En efecto, la revolución en su primer momento no impactó la situación política del territorio de Tepic; lo cual no fue una situación particular pues también sucedió así en otras entidades del país. Francisco I. Madero y sus principales colaboradores probablemente consideraron que no era trascendente visitar alguna ciudad del territorio de Tepic durante sus recorridos proselitistas y de campaña electoral realizados en los años de 1909 y 1910. En consecuencia, durante 1911 y 1912, los intereses creados de esa entidad ignoraron públicamente el maderismo. La prensa local se refería al movimiento maderista como una expresión política lejana, y lo consideraba un acontecimiento verdaderamente ajeno. En los periódicos se señalaba la fortuna de que en la localidad se gozara de orden y se avanzara en el progreso a partir del activismo empresarial de esos años.

El mejor ejemplo que puedo mencionar para sostener que la actividad empresarial se encontraba en un buen momento en el territorio de Tepic, es el avance en la construcción de las vías férreas de la Compañía de Ferrocarril Subpacífico, obra que comenzó en 1905 en Álamos, Sonora, y que fue inaugurada en la ciudad de Tepic en febrero de 1912. En esta situación cabe señalar que el mercado local se expandía, y que las ventas se duplicaron entre 1905 y 1911.

El periódico local El Obrero de Tepic publicó una nota que expresaba de manera clara la idea planteada en el párrafo anterior:

Bien sabido es que los acontecimientos políticos que conmovieron al país durante una época del año en curso, en el territorio de Tepic no han causado trastornos serios en los negocios y en ningún tiempo la seguridad pública se vio afectada [...] las nuevas autoridades han logrado obtener la paz inalterable prestando toda clase de garantías.²

A partir de 1913 y durante los siguientes tres años, las manifestaciones sindicales y gremiales de la localidad poco a poco se volvieron más organizadas, sobre todo las de los trabajadores de las fábricas textiles de Jauja y Bellavista.³ La fuerza y las limitaciones, así como la orientación y la explosividad política de los sindicatos y gremios locales han sido temas recuperados en la historiografía nayarita y, de acuerdo con la información disponible, se infiere que estos hechos se hubiesen ahogado en lo momentáneo y lo local de no haberse incorporado a la realidad política de la localidad, entre 1916 y 1917: la expresividad de los procesos electorales que ocurrieron por primera vez al erigirse el estado de Nayarit, en el marco del constituyente de 1917, así como también la movilización social que se levantó en torno a la bandera agrarista.⁴

Durante 1916 y 1917 en Nayarit —ya constituida como entidad federativa— la movilización sindical, el proceso electoral local y el agrarismo popular se retroalimentaron coyunturalmente por diversas razones, con lo que, sin llegar a una vinculación programática de largo plazo entre esas expresiones políticas, se creó una especie de círculo virtuoso políticamente favorable para el movimiento de la Revolución mexicana. Bajo ese formato y en esa ruta específica, las fuerzas políticas de esa entidad encauzaron su participación en la revolución, sin embargo, ese perfil de participación política y ese grado de confrontación social eran, evidentemente, menores si se comparan con los alcanzados en las regiones centro y norte del país.

Casi al mismo tiempo, se registró otra situación particularmente adversa para algunas de las familias propietarias de grandes extensiones de tierra: la crisis financiera en la que quedaron atrapadas y endeudadas con la Caja de Préstamos, organismo público formado por decreto en 1908 por el Estado mexicano con dos objetivos: resolver la insolvencia a la que habían llegado algunos hacendados y rancheros, y reactivar la economía mexicana, en especial la agrícola, que se encontraba en una fase depresiva desde 1907.

Los hacendados de Nayarit endeudados con ese organismo —concebido por las autoridades hacendarías del Antiguo Régimen— recibieron a la vuelta de los años, ya con las autoridades emanadas de la revolución, la presión de la no recuperación de su inversión, misma que habían destinado a la infraestructura hidráulica (presas derivadoras, canales), en su mayor parte, para mejorar el desempeño agrícola de sus inmuebles. También creció la dificultad para que dispusieran de recursos frescos y, con ello, se enfrentaran a la amenaza de la insolvencia que se hace presente en ese tipo de situaciones.

Hacia 1917 y 1920 la adversidad financiera de las familias pudientes de Tepic se había tornado crítica; esto se reflejó, especialmente, en el caso de la Compañía Agrícola Tepiqueña S. A., la cual adeudaba casi un millón de pesos. Sus accionistas eran los potentados y conocidos Guillermo Landa Escandón, miembros de la familia Pimentel e integrantes de la familia Barron en su tercera generación. Bajo esta misma situación financiera se encontraba el latifundista Constancio González, con una deuda de 200 000 pesos contraída años atrás con la Caja de Préstamos. Los casos de estas familias —cuya situación siguió siendo crítica durante los años siguientes— no fueron los únicos. Con el fin de ilustrar esta situación, conviene recordar que para 1924 ya había en Nayarit 61 predios hipotecados, con una deuda acumulada de poco más de 2 100 000 pesos.⁵ Es importante subrayar dicha situación financiera entre familias propietarias de grandes extensiones de tierra, ya que se debilitaba su posición política en términos de la lucha por el poder local.

También es pertinente añadir que resulta convincente la idea de que cuando una gran propiedad, en determinada entidad o región, tiene problemas que obstaculizan su producción, se genera una situación adversa en el ámbito macroeconómico que tarde o temprano se transmite a sus empleados, es decir, afecta la situación laboral y contractual de sus trabajadores. Si esta situación tiende a repetirse en otras grandes propiedades, tal como sucedió, entonces las transacciones comerciales locales más diversas disminuyen o se posponen, provocando que el mercado local pronto lo resienta y tienda a deprimirse.

Debido a esa compleja situación económica y social, el ambiente político se caldeó en esa entidad —el territorio de Tepic hasta febrero de 1917—. A partir de ese momento lo que era una preocupación menor para las familias propietarias de las haciendas, del comercio y del dinero, dejó de serlo y creció para convertirse en una amenaza real para sus sólidos intereses. Dicha amenaza se consolidó con la irrupción del más incisivo de los movimientos sociales: el agrarismo popular, el cual brotó desde una docena de pueblos de mayoría mestiza y paulatinamente se expandió a otros.⁶

El agrarismo popular se caracterizó por guiarse a través de los liderazgos locales reales y por seguir a sus líderes más carismáticos —quienes no estuvieron exentos de ser encarcelados— también fue un movimiento social que provocó numerosos muertos debido a que algunos agraristas fueron cazados, colgados o desaparecidos en grupo o con miembros de sus familias. Algunas de esas muertes quedaron en el anonimato o bien fueron conocidas sólo por familiares y vecinos; otras en cambio estremecieron la política local. Ejemplo de ello fue el árbol de Navidad, una manera de referir la muerte de nueve agraristas que fueron ahorcados, en diciembre de 1919, en un frondoso árbol visible en uno de los caminos más transitados de los suburbios de la ciudad de Tepic —mensaje claro para todos aquellos que osaran simpatizar con la causa agraria— otro caso fue el asesinato de los activistas, políticos y procuradores agrarios Antonio R. Laureles y Prisciliano Góngora en 1922.

Se debe subrayar que la tragedia y el luto acompañaron al agrarismo popular en Nayarit; no obstante estar cobijado con el manto de la legalidad —precisamente con la ley del 6 de enero de 1915, impulsada por Venustiano Carranza desde Veracruz—; permitía que el agrarismo popular pudiera nutrirse, justificarse y tomar un curso político institucional expansivo en la entidad, lo cual no significó gozar de la protección del Estado mexicano como debió ser. Esto significa que el establecimiento de las condiciones legales y la creación de organismos públicos ad hoc, integraban las condiciones básicas, iniciales para instrumentar políticas públicas, las cuales no garantizaban el cumplimiento de los propósitos que impulsaron su creación.

El agrarismo popular en Nayarit —que inició en 1916 y se prolongó por un lapso de quince años— tuvo escasos resultados debido a que en esos años la tierra que se dotó era en su mayoría cerril adecuada, en el mejor de los casos, para la siembra de temporal, o bien, se trataba de tierras de montes bajos que en el corto plazo sólo servían para la ganadería extensiva. En mi opinión, este resultado derivó, por un lado, de la fragmentación de la movilización agrarista y, por el otro, de la fuerza política y paramilitar de los hacendados que se concentró y coordinó para impedir que se afectaran sus propiedades.

A lo anterior, también contribuyó el papel que desempeñaron a la burocracia y los funcionarios medios y altos, quienes conocían la ruta crítica de cada uno de los expedientes, de sus fortalezas documentales y de sus debilidades técnicas. Con esa información, condujeron y administraron el movimiento agrarista popular con base en promesas, en el manejo de los tiempos y mediante el uso y la disposición de los terrenos nacionales ubicados perfectamente en Nayarit, gracias a los trabajos de deslinde que se habían realizado desde el Porfiriato.

El agrarismo popular fue, en cambio, políticamente efectivo desde otra perspectiva en la que se consideran los antecedentes y el largo plazo. Como movimiento político tuvo capacidad para detener el proceso de concentración de la tierra en la entidad, mismo que provenía de las primeras décadas del siglo XIX y que creció en la segunda mitad con la Ley Agraria de 1856, la cual permitía la venta de tierras en manos de la Iglesia y de los ayuntamientos, a los arrendatarios y particulares interesados. De 1916 a 1930, la propensión de los hacendados a expandir sus propiedades —actividad que habían llevado a cabo con cierta comodidad a partir de las leyes de colonización y deslinde de terrenos nacionales expedidas durante el régimen de Porfirio Díaz— se modificó y en su lugar fijaron la prioridad de proteger sus intereses, lo cual expresa, de alguna manera, la alteración local de los equilibrios del poder.

Los hacendados de Nayarit, informados y hábiles para entender los tiempos políticos, instrumentaron en esos años la estrategia de proteger sus intereses al mismo tiempo que los reorganizaban. Para lograrlo, se valieron de distintos medios: el uso de la violencia dirigida a líderes agrarios y grupos agraristas, la aplicación de toda su capacidad camaleónica en la adaptación política que prolongó sus relaciones con los hombres del poder en el centro del país, y la aplicación, muy bien administrada, de dosis de inestabilidad política e institucional —34 gobernadores despacharon en la oficina principal del Palacio de Gobierno entre 1918 y 1934—, es decir, 30 más de los cuatro a quienes les correspondía gobernar constitucionalmente. Algo similar sucedió en casi todos los ayuntamientos de la entidad, en donde el número de presidentes municipales superó el promedio de 20 en ese periodo.

Durante esos años, en la reorganización de las grandes propiedades de tierras se incorporaron tanto tecnologías como cambios institucionales y sociales derivados de la Revolución mexicana. Cada terrateniente con iniciativa incluyó estos elementos cuidadosamente, la familia Romano incorporó la Ley del Trabajo a los contratos individuales que firmaba con sus jornaleros, peones y vaqueros; en ellos se alude a los artículos 70, que fijaba en ocho horas la jornada laboral, el 90 —que definía el domingo como día de descanso obligatorio, además de otros como el 1 de mayo, el 16 de septiembre, y el 25 de diciembre— y el artículo 197 donde se aclaraba el uso de casa y recursos naturales, como madera y leña, en el caso de los trabajadores de las haciendas.⁷ Por su parte, los alemanes Delius e Hildebrandt incorporaron a sus plantaciones nuevas técnicas e instrumentos de trabajo, entre ellos las cortadoras de café y la maquinaria para elaborar aceite con base en la planta higuerilla.⁸ Asimismo, William Lemke, originario de Dakota del Norte, accionista mayoritario de la compañía The Land Finance Co. —propietaria a partir de 1908 de un latifundio de 117 000 hectáreas, localizado en el norte de la entidad y el sur de Sinaloa— quien fue después presidente de la Land Finance Company of Fargo, además de congresista estadounidense a partir del 4 de marzo de 1932, protegió temporalmente sus intereses con la ayuda del Departamento de Estado, que presionó a las autoridades mexicanas de primer nivel para que no afectaran sus propiedades; lo cual sucedió a partir de 1911.⁹ En 1930, en otro contexto social y político, el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Nayarit anunciaba el posible embargo de esta propiedad por el adeudo que tenía en el rubro de impuestos locales. En 1932, William Lemke continuaba debiendo: 1 500 dólares por concepto de contribuciones a la Dirección General de Rentas de Nayarit.¹⁰ Ese mismo año, el senador Lynn I. Frazier intercedió en favor de Lemke ante el encargado de negocios de la embajada de México en Washington, para que éste interviniera ante las autoridades mexicanas correspondientes y se le concediera una prórroga de 60 días para el pago de impuestos.¹¹

 

LA TIERRA SE REPARTIÓ

Cuando los propietarios de haciendas y plantaciones tomaban las medidas tendientes a reorganizar y hacer más eficientes sus intereses, surgió de manera algo inesperada una nueva ola agrarista, a la que se identifica aquí como agraris–mo corporativo, misma que tomó fuerza en Nayarit y derribó, entre 1934 y 1939, el centro de la otrora compacta estructura agraria. Esto ocurrió con la fragmentación de las propiedades mayores a 5 000 hectáreas, y algunas con valor de decenas o cientos de miles de pesos; causando así el desplazamiento del poder de las familias que constituían la oligarquía local o tepiqueña. Algunas de las grandes propiedades afectadas fueron La Escondida, La Fortuna, La Labor, San Leonel, Chilapa, Buenavista, Las Varas, Chila, entre otras.

Durante esa época se repartieron, aproximadamente, 440 000 hectáreas localizadas en los valles de la costa y el altiplano de Nayarit, eran las tierras más fértiles, las más codiciadas y disputadas; pues contaban con mayor inversión en infraestructura de riego y comunicaciones, debido a que estaban cruzadas por caminos y estaban cerca de los centros de población más numerosos y con más habitantes.

También en ese periodo el ritmo del reparto de tierra se aceleró, es decir, el tiempo transcurrido entre el día de la solicitud documentada de los pueblos interesados en que se les concedieran las tierras y la fecha de la firma presidencial que les otorgaba la correspondiente dotación, se redujo de manera significativa a ocho meses en promedio, en tanto que anteriormente la espera era mucho mayor, ya que entre 1916 y 1933 ese proceso tardaba cerca de ocho años. Además, la burocracia entró a una nueva disposición y repitieron la escena de la llegada de los ingenieros de la agraria a las puertas de las haciendas y a las casas de los administradores de éstas, con oficios sellados con el Escudo Nacional, encabezados con el resumen del asunto a tratar: "es procedente la dotación de la tierra".

La iniciativa legal central que provocó ese resultado fue discutida en su totalidad por la mayoría de los diputados locales de la V Legislatura, quienes simpatizaban con el reparto de tierras en la entidad. Como consecuencia pronto se plasmó esta iniciativa en la radical Ley de Fraccionamiento de Latifundios del estado, que contaba con 45 artículos y fue publicada con el decreto 1 186 del 5 de mayo de 1934 firmado por el gobernador Francisco Parra,¹² quien fue el primer gobernante estatal que, apoyado por los diputados locales —y ya sin los grandes violentos forcejeos y crisis de los hombres del poder en la política nacional— cumplió su periodo de cuatro años, correspondiente a su mandato constitucional.

En 1934, la promulgación de este decreto, expresaba la debilidad política a la que había llegado el otrora grupo político, integrado por los propietarios de las grandes extensiones de tierra en Nayarit, lo cual significaba que un nuevo grupo encumbraba en la entidad.

El dato anterior, significativo por sí mismo, indica también las características de una historia rica y compleja, de la que se han publicado algunas investigaciones y dado varias opiniones.¹³ El reparto agrario es extremadamente difícil de explicar si se parte de la idea de que fue resultado de la exclusiva habilidad del presidente Lazaro Cárdenas, sobre todo cuando se conoce que él mostró un interés menor por el desarrollo de la política de esa entidad.¹⁴ Es decir, reducir la historia de cualquier periodo a la figura de un personaje es empobrecerla, y resulta tan pernicioso como —guardadas las proporciones— cuando se propone encasillar o reducir la realidad del pasado, a lo que establecen las doctrinas, los modelos y las teorías.

Sin embargo, no debe soslayarse la percepción popular que existe entre los adultos que habitan los pueblos nayaritas, beneficiados con dotaciones de tierras durante el gobierno de Cárdenas, de que fue éste quien forjó la historia agraria moderna en esa entidad, pues cumplió con sus jornadas agraristas, en primer lugar La Laguna, donde dio el primer gran paso (octubre de 1936), después en el Valle del Yaqui, Yucatán (1937), el Valle de Mexicali, y por ultimo en el de Lombardía, Nueva Italia (1938). Dos circunstancias fundamentan esa percepción: a) El gobierno de Cárdenas intervino en las disputas que tenían los agraristas y los hacendados de Nayarit para favorecer a los primeros mediante la firma de la resolución presidencial para dotarles de tierras, me parece, que sobrevalúan esa firma que ellos mismos realizaron. b) El gobierno cardenista dispuso de recursos públicos para solucionar las necesidades de los pueblos a los que se les dotó de tierras: agua potable, electricidad, centros de salud, escuelas, caminos, etcétera. De esa manera, los ejidatarios asumieron que Cárdenas los colocó al alcance de la civilización, les brindó la oportunidad de formar su ciudadanía, y los igualó en la arena política frente a las minorías privilegiadas.

 

LOS JUNIORS Y LOS AGRARISTAS RADICALES. INTEGRANTES Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECIERON SU AGRARISMO TUTELAR

Del apartado anterior es posible derivar dos preguntas: ¿cuáles fueron los otros factores que debilitaron políticamente a los grandes propietarios de tierras en Nayarit? y ¿qué grupo político capitalizó el desplazamiento de las familias hacendadas del poder político local? La respuesta a la segunda pregunta es que se trató de un grupo de jóvenes políticos al que se le identifico como los juniors, en alusión a sus orígenes familiares en los que hubo privilegios económicos.

En la actualidad, la información social y económica acerca de Nayarit a comienzos de la década de 1930 se muestra ahora más abundante, más disponible, y con ella deberán considerarse tres situaciones para la interpretación de la historia de ese reparto de 440 000 hectáreas las cuales explico a continuación.

En 1929 comenzó el desprendimiento o alejamiento de las familias terratenientes de Nayarit de las esferas centrales del poder político nacional. Ese año se debilitaron sus vínculos con los hombres que ejercían entonces el poder en la capital del país, situación que se hizo patente cuando éstas apoyaron abiertamente al candidato presidencial José Vasconcelos en su paso por esa entidad. A lo largo de su campaña electoral Vasconcelos recibió muestras de simpatía de distintos grupos sociales. Él mismo relata algunas y cuenta que la última noche que permaneció en esa entidad para ganar adeptos fue invitado por el gobernador Esteban Baca Calderón, político conocido en el ámbito nacional, de "abolengo maderista y hombre recto a carta cabal [quien] como funcionario se había mantenido neutral", pero al que nadie impedía ofrecer una cena privada en su casa a un viejo correligionario.¹⁵

Después del proceso electoral de 1929, el grupo en el poder no olvidó ni toleró el apoyo que los poderes públicos y reales de Nayarit habían brindado a Baca Calderón. El 17 de abril de 1930, el periódico El Nacional Revolucionario publicó:

Nos dimos cuenta cabal durante la reciente contienda electoral que los hacendados e industriales más prominentes del estado, solventaron los enormes gastos que le originó la campaña vasconcelista, aunque contaron con la valiosa cooperación del obispado que fue el centro director de dicha candidatura.

En los siguientes meses el mismo periódico publicó artículos en los que se hicieron señalamientos directos a "los latifundistas españoles sucesores de Aguirre el fardo más pesado para el elemento trabajador al que explota inicuamente", de esa manera se dirigían en contra de quienes precisamente eran los propietarios de las extensiones de tierra más grandes en Nayarit.

En ese año —que también fue el del comienzo de la crisis económica internacional— no era secreto que en Nayarit había hijos de rancheros y hacendados en la fila de los insolventes o arruinados, quienes habían recibido préstamos de distintas fuentes y después ya no pudieron pagar a sus acreedores. Precisamente de esa fila surgieron algunos inconformes con los problemas que atravesaban sus familias, los cuales se sumaron a los agraristas con el planteamiento público de enfrentar a los extranjeros perniciosos y quizá de ese modo salvar parcialmente su patrimonio.

Cabe agregar que la situación descrita en el párrafo anterior se conectó con otra de naturaleza social distinta: la desesperanza de individuos y numerosas familias que llegaron al límite del desgaste acumulado por los efectos de la guerra cristera, entre los cuales estaba la división y la confrontación familiar. De los efectos familiares de la guerra cristera poco se conoce en la historia de la entidad y convendría atenderla en futuras investigaciones.

En 1930, la economía agrícola de Nayarit experimentaba dificultades financieras y entraba en un proceso de ajuste. Durante ese año, Luis Castillo Ledón, gobernador constitucional de Nayarit, un hombre culto y sin duda sensible a los tiempos que corrían, rindió un informe de gobierno donde expresó los problemas que tenía en sus manos:

[...] situación desesperante por la que atraviesan los agricultores de la zona de Santiago, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala y Acaponeta [la costa norte de la entidad... debido a] la suspensión de las cuantiosas refacciones que les hacía la compañía manufacturera de Cigarros "El Águila" para la siembra de tabaco [...] lo que ha traído la inmovilización de los trabajadores.¹⁶

En estas circunstancias, el sector de la agricultura comercial —el más importante de la economía local— dejaba de responder a las necesidades de los trabajadores agrícolas estacionales y a otros grupos como el de los arrendatarios, vinculados a la explotación de la tierra y a cultivos principalmente comerciales, como el tabaco, la caña de azúcar, entre otros.

Dentro de ese contexto se aglutinó un grupo político identificado como los agraristas radicales, los juniors, integrado por un reducido número de líderes nayaritas con orígenes sociales y económicos diversos, pero con ciertos privilegios, quienes tuvieron en común vivir desde que eran adolescentes los cambios y las intensidades políticas propias de la década de la revolución. Sin menoscabo de su edad contaron con tino, el olfato y las relaciones para organizar las elecciones para el cargo de gobernador de Nayarit en 1933 —imbricadas con las presidenciales— donde engancharon a su candidato Francisco Parra (que resultó ganador) con el candidato presidencial, Lázaro Cárdenas, en ese año diseñaron la fórmula Parra–Cárdenas y así se opusieron con éxito al otro candidato local, Esteban Baca Calderón.¹⁷

Este grupo político emergente, que hacía pública su simpatía por los planteamientos de la reforma agraria, tomó la iniciativa y logró la hazaña de desmantelar la vieja estructura agraria. Además de apoyarse en los organismos oficiales, estos personajes emprendieron un trabajo fino de sumar adeptos, desde los inconformes sueltos hasta los indecisos arrendatarios de la costa norte a quienes propusieron organizaciones de frentes y uniones.

Sus integrantes trabajaron y se identificaron con Andrés Molina Enríquez, Gildardo Magaña, Marte R. Gómez, entre otros; al tiempo que instrumentaron veloz y coordinadamente el reparto de tierras desde los órganos del poder local (la cámara de diputados y el gobierno del estado). Además, los miembros de ese grupo se apoyaron en los mandos medios de la estructura burocrática que atendía los asuntos laborales y agrarios como la Comisión Local Agraria y el Departamento de Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, organismos que percibían la inconformidad de los trabajadores de las haciendas e ingenios azucareros cuando éstos planteaban aumento en sus salarios, disminución en sus jornadas de trabajo de sol a sol, mejor higiene, seguridad en el trabajo e indemnizaciones.

En este grupo —que se mantuvo compacto de 1933 hasta 1938— se distinguieron Gustavo Luna (jefe del Departamento de Trabajo del gobierno de Nayarit en 1934), Andrés Tejeda (diputado local), Gabriel Castañeda (delegado por varios años de la Comisión Local Agraria), y el ingeniero Enrique Nájera (presidente de la Comisión Agraria Mixta en 1935), así como Guillermo Flores Muñoz y Bernardo M. de León Moreno, los dos políticos más destacados de este grupo y de quienes se ofrecen a continuación sus respectivas semblanzas.

Bernardo M. de León Moreno (1899–?) nació en Tepic. De niño se enteró de que su padre, el hacendado Alejandro de León, hipotecó sus propiedades ubicadas en el municipio de Compostela, en la sucursal del Banco Nacional de México en Tepic, no pudo pagar sus deudas y finalmente las perdió, al igual que su casa en la calle Veracruz y el Hotel Bola de Oro, propiedades localizadas en la ciudad de Tepic.

De joven, Bernardo experimentó las primeras inquietudes e ideas en favor del reparto de tierras. A los 18 años trabajó con Andrés Molina Enríquez y también en la Confederación Nacional Agraria, al lado de Gildardo Magaña. Fue diputado federal electo en 1924 y delegado de la Liga Nacional Campesina en Michoacán en 1926. Presidió la Comisión Local Agraria de Nayarit en 1927; mismo año en el que se acercó al ala radical del agrarismo y en 1928 fue oficial mayor de la Liga Nacional Campesina, liderada por Úrsulo Galván.

Otros de sus principales cargos —que le permitieron percatarse del estado social y político del Occidente de México— fueron el de presidente de la Junta Federal Permanente de Conciliación, con sede en Mazatlán, Sinaloa (1932), inspector federal del trabajo (1933–1934), diputado local (1934), en la V legislatura de Nayarit, desde donde impulsó la iniciativa del decreto de expropiación de tierras en mayo de 1934.

La participación protagónica de Guillermo Flores Muñoz (1903–?) en la política, misma que llevó a un pronto reparto de tierras en Nayarit, se explica —además de las circunstancias parecidas a las que experimentó Bernardo de León— por su cercana relación con Abelardo Luján Rodríguez, la cual comenzó en 1922, año en que Rodríguez fue Jefe de Operaciones Militares en el estado de Nayarit. Flores colaboró con él como su secretario particular, cuando Rodríguez gobernó el Distrito Norte de Baja California.¹⁸

La carrera política de Guillermo Flores Muñoz mejoró al comenzar la década de 1930, gracias al apoyo de su jefe. En 1931 el general Abelardo Luján Rodríguez fue subsecretario de Guerra y Marina, cargo al que renunció en 1932 con el fin de despachar en la oficina principal de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Desde ahí, el general Rodríguez apoyó a Flores Muñoz para que contendiera por el primer Distrito de Nayarit y llegara en el verano de 1932 a la XXXV Legislatura.

Durante los meses de octubre de 1932 y los primeros de 1933, desde la Cámara de Diputados, Flores Muñoz desempeñó una labor discreta en favor del presidente de México, Abelardo L. Rodríguez. Lo representó en actos oficiales por los estados de la República, pero en lo que más interés puso, fue en profundizar alianzas en Nayarit.

El 12 de mayo de 1933, cuando se acercó la sucesión presidencial y arreció la crisis política propiciada desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el presidente Rodríguez le encomendó a Guillermo Flores la estratégica tarea de Secretario Tesorero en el CEN del PNR (cuando el presidente del Comité Ejecutivo Nacional fue Melchor Ortega por cuatro semanas). Fue entonces que Flores Muñoz tuvo uno de los retos más delicados de su carrera cuando tuvo que definirse la situación del candidato a la presidencia de México entre Manuel Pérez Treviño y Lázaro Cárdenas.¹⁹ A finales de mayo de 1933, Flores Muñoz fue enviado por el presidente L. Rodríguez hasta Ensenada para conocer la preferencia de Calles sobre el inminente candidato entre los dos mencionados, opinión que Flores Muñoz transmitió con tacto político el 6 de junio de ese año en un salón del Palacio Nacional. Los detalles de esa reunión vespertina fueron recordados por Lázaro Cárdenas años después cuando escribió sus Apuntes.²⁰

Flores Muñoz continuó con el mismo cargo en el CEN del PNR cuando, el 9 de junio de 1933, Manuel Pérez Treviño llegó a la presidencia del Comité por tercera ocasión. El 25 de agosto de 1933 Carlos Riva Palacio sucedió a Pérez Treviño y ratificó a Flores Muñoz en el mismo cargo que venía desempeñando, cuando el resto de los secretarios fue removido. El 29 de diciembre de 1933 hubo otro cambio en el CEN: Gabino Vázquez fue nombrado Secretario general y Guillermo Flores Muñoz se mantuvo en el Comité pero ahora como Secretario de Acción Obrera y Organización Industrial,²¹ desde ahí le fue más cómodo perfilar su candidatura para el Senado en representación del estado de Nayarit (en la XXXVI Legislatura 1934–1937), lo que logró sin problemas. Dos semanas después de que Lázaro Cárdenas llegara a la presidencia, promovió cambios en el Comité del partido: salió Riva Palacio y en su lugar llegó Matías Ramos el 15 de diciembre de 1934, aproximadamente. De nuevo Guillermo Flores Muñoz quedó en el cen como Secretario de Acción Obrera.²²

Fue hasta junio de 1935 que, en medio de la crisis política entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, la dirigencia del PNR se renovó y en ese momento Guillermo Flores Muñoz dejó de pertenecer al CEN y se fue a Tepic como delegado del PNR en Nayarit, de 1935 a 1936, donde activó el reparto de tierras y preparó el terreno para que su hermano Gilberto El Pollo consiguiera la gubernatura de Nayarit.

 

COMENTARIO FINAL

El reparto de las 540 000 hectáreas en el estado de Nayarit al calor de la Revolución mexicana fue producto de numerosas movilizaciones sociales agraristas y de decisiones tomadas en las distintas esferas del poder. Este resultado puede explicarse en la medida en que estaban involucrados los dos agrarismos que se registraron en esa región durante las décadas de 1910, 1920 y 1930: el popular y el corporativo, los cuales tuvieron liderazgos, motivaciones e instrumentos políticos distintos.

El agrarismo popular surgió desde los pueblos con alta composición mestiza, ligados a los tiempos de la siembra y cosecha de temporal. Cabe subrayar que para su detonación fue significativa la ley del 6 de enero de 1915, la cual permitió un movimiento social que siguió el marco de la legalidad y el de la institucionalidad, pero que alcanzó resultados insatisfactorios y trágicos para sus líderes.

El segundo de los agrarismos que se registró en Nayarit fue el corporativo, liderado por los juniors, un grupo de políticos jóvenes identificados de esa manera, que pertenecían a familias adineradas; sin embargo, desde la adolescencia vivieron y padecieron algunos de los efectos de la Revolución mexicana. Por esas razones se relacionaron con el aparato del Estado y con la burocracia agrarista, por medio de ideólogos agraristas como Andrés Molina Enríquez y Gildardo Magaña. También se vincularon con hombres que pensaban y ejecutaban las órdenes más importantes para el grupo en el poder, como Abelardo L. Rodríguez; así como la estructura y nuevas reglas partidistas creadas por el PNR. Al respecto me parece justo decir que este grupo tuvo el acierto de entender los tiempos políticos locales y nacionales, situación que se puso a prueba en la campaña electoral presidencial de 1929.

El reparto de esas 540 000 hectáreas tuvo amplias repercusiones en Nayarit: a) se diluyeron las tradicionales formas de relaciones laborales en el campo; b) se rompió el vínculo comercial con el exterior que se había forjado por décadas desde las haciendas y ranchos; y c) sobrevino dentro de la entidad un nuevo orden político de altísima subordinación con el centro del país.

 

ARCHIVOS Y FUENTES

Archivo General de la Nación (AGN)         [ Links ]

Archivo Histórico del Agua, Ciudad de México (AHA)         [ Links ]

Archivo del Registro Nacional Agrario, Nayarit (ARNA)         [ Links ]

Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (ASRE) El Nacional Revolucionario, 17 abril de 1930.         [ Links ]

El obrero de Tepic, 17 de octubre de 1911.         [ Links ]

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BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS

¹ La geografía del estado de Nayarit —con 2 700 000 hectáreas— abarca, además de la costa y el altiplano, la zona serrana, que cubre aproximadamente 40 por ciento de esa superficie.

² El Obrero de Tepic, 17 de octubre de 1911.

³ Los obreros de las fábricas textiles de Jauja y Bellavista habían expresado sus inconformidades manifestando públicamente sus demandas de mejores condiciones laborales y aumento salarial desde 1905. Angelina Gutiérrez Arriola, El movimiento obrero en Nayarit, 1894–1916, México, Instituto de Investigaciones Económicas–Universidad Nacional Autónoma de México, 1985.

⁴ El reemplazo de la figura política administrativa de territorio de Tepic a estado de Nayarit trajo resultados inesperados para la oligarquía tepiqueña, derivados de la pérdida del control político. Uno de sus exponentes, y presidente de la Cámara de Comercio de Tepic, así lo expresó en 1918, por medio de un comunicado formal en el que además solicitó al congreso local reconsiderar la ley hacendaria local del 1 de marzo de ese año, pues tendía a encarecer los productos locales como la sal, y con ello se perdían mercados a los que tradicionalmente se había llegado. Memorial elevado por la Cámara Nacional de Comercio de Tepic al H. Congreso del estado de Nayarit pidiendo sea reconsiderada la ley hacendaria de mano 1 de 1918, Tepic, Imprenta Ruiz, 1918.

⁵ Archivo Histórico del Agua (en adelante AHA), caja 921, exp. 13057; y Departamento de Estadística Nacional, Sonora, Sinaloa y Nayarit, México, Imprenta Mundial, 1928.

⁶ Es inevitable asociar el comienzo de las dos etapas de mayor efervescencia agraria en Nayarit con las condiciones legales. En 1916, 16 lugares con población indígena y mestiza solicitaron restitución de tierras con base en la ley agraria promulgada el 6 de enero de 1915. Con ello se detonó lo que puede identificarse como el comienzo del agrarismo popular. En 1935 iniciaría una nueva ola agrarista, el agrarismo tutelar, el institucionalizado o corporativo, basado en la Ley de expropiación de latifundios de mayo de 1934, expedida por el Congreso del estado de Nayarit.

⁷ Para conocer algunos de los contratos individuales de trabajo véase Archivo del Registro Nacional Agrario (en adelante ARNA), Delegación Nayarit, Fondo Cuerpo Consultivo Agrario, exp. 15426.

⁸ Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (en adelante ASRE), exp. IV–508–19.

⁹ ASRE, exp. 12–22–155.

¹⁰ Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, 26 de junio de 1930.

¹¹ ASRE, exp. III–276–21.

¹² Periódico Oficiai del Gobierno del Estado de Nayarit, 5 de mayo de 1934.

¹³ Jean Meyer, "Historia del reparto agrario en Nayarit 1915–1934", en Revista Mexicana de Sociología, vol. 51, núm. 2, abril–junio, 1989, pp. 237–246; Francisco Javier Castellón Fonseca, "Reforma Agraria y lucha política en Nayarit (1930–1934)", ponencia presentada en el Foro Pasadoy Presente de la Cuestión Agraria y Agropecuaria en Nayarit, Tepic, 20 de enero de 2000; y Bernardo M. de León, "La lucha por el exterminio del latifundio en Nayarit, del general Espinosa al gobernador Francisco Parra 1910–1940", en Heriberto Moreno (coord.), Después de los latifundios, México, El Colegio de Michoacán/Fondo Nacional para Actividades Sociales, 1982, pp. 167–182.

¹⁴ De acuerdo con la información disponible de 1933 a 1934, durante la campaña presidencial, se conoce sólo un acto encabezado por Lázaro Cárdenas en alguna ciudad o poblado de Nayarit.

¹⁵ José Vasconcelos, El Proconsulado, México, Trillas, 2001, p. 102.

¹⁶ El informe aludido corresponde al ejercicio de gobierno de 1930 a 1931, impreso por el Gobierno del estado de Nayarit.

¹⁷ Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Fondo Presidentes, Abelardo L. Rodríguez, exp. 515.5/59–1.

¹⁸ Roberto Quiroz Martínez, Vida yobra de Abelardo L. Rodríguez, México, s/e, 1934.

¹⁹ Luis Javier Garrido, El partido de la Revolución Institucionalizada. La formación del nuevo Estado en México (1928–1945), México, Siglo XXI, 1982, pp. 147 y 149.

²⁰ Lázaro Cárdenas, Obras. I–Apuntes 1913–1940, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, p. 226.

²¹ Luis Javier Garrido, op. cit., 1982, p. 164.

²² Ibid., p. 180.