Introducción

La transición del dominio unipartidista a la democracia en México se enfocó en nivelar el campo de juego para que los candidatos de oposición pudieran competir en igualdad de condiciones contra quienes estaban en el gobierno. Las elecciones de 2018 son una prueba irrefutable de que esos esfuerzos tuvieron éxito. Andrés Manuel López Obrador, dirigiendo a Morena -el partido emergente- llegó al cargo con la victoria más contundente desde las elecciones presidenciales de 1982. Gracias a unas instituciones electorales de clase mundial, ya pasaron los días en que el fraude electoral podía negar a los candidatos de oposición las victorias que habían obtenido en las urnas. Pero a pesar de estos avances, los problemas en el manejo de elecciones se esconden bajo la superficie. No sólo han sobrevivido a la transición a una democracia plenamente competitiva los planes sistemáticos para comprar el apoyo electoral de los ciudadanos, sino que el uso del clientelismo electoral parece haber aumentado con el tiempo.¹ En este artículo se ofrece una descripción detallada de la práctica del clientelismo electoral en las elecciones nacionales de 2018, basada en datos originales de encuesta.

En general, encontramos que las elecciones nacionales de México en 2018 estuvieron inundadas de dádivas electorales. Más de 42 por ciento de los votantes incluidos en nuestra encuesta panel reportan que algún partido político les ofreció algún bien o servicio durante la campaña, excluyendo pequeños regalos que podrían ser interpretados como publicidad de campaña (si incluyéramos también esos regalos, todas los ofrecimientos habrían alcanzado a 52.9 por ciento de la muestra).² A cambio del ofrecimiento, 83.7 por ciento de estos ciudadanos fue animado a votar por un candidato particular, a simplemente votar o a quedarse en casa el día de la elección.³ Todos los partidos políticos distribuyeron dádivas, aunque la coalición liderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue la que más lo hizo, seguida por la coalición liderada por el Partido Acción Nacional (PAN). La coalición de Morena también participó en el intento de comprar votos, aunque con una participación menor.

Los datos de nuestra encuesta, recopilados antes y después de las elecciones nacionales de 2018, muestran que, a pesar de los múltiples intentos de compra de voto, estos intentos probablemente no tuvieron éxito. Con base en la reciente literatura especializada que cuestiona la eficacia de la compra de voto (^{Stokes et al., 2013}; ^{Schneider, 2019}; ^{Greene, 2018}), mostramos que muchos beneficiarios tenían una comprensión limitada de lo que se les pedía que hicieran a cambio, que la mayoría de los beneficiarios atribuían un valor reducido a las dádivas que recibían, y que, de los beneficiarios que entendían lo que se les pedía, pocos temían sanciones por incumplimiento. Varios elementos que los expertos sostienen que son esenciales para que la compra de voto altere el comportamiento de los beneficiarios (^{Stokes, 2005}; ^{Kitschelt y Wilkinson, 2007}; ^{Dixit y Londregan, 1996}) estaban, por lo tanto, ausentes o eran escasos.

La primera sección de este artículo examina los problemas de medición y presenta estimaciones sobre la magnitud de los intentos para la compra de voto en México desde 2000. La segunda sección delinea un inventario detallado de las dádivas que se ofrecieron a los ciudadanos durante la campaña electoral de 2018. Nuestros hallazgos empíricos se basan en gran medida en la Encuesta sobre Elecciones y Calidad de la Democracia en México (EQD, por sus siglas en inglés), una encuesta original hecha a un grupo representativo a nivel nacional de votantes en mayo y junio de 2018, y de nuevo después de las elecciones del 1 de julio. La conclusión extrae las implicaciones de nuestros hallazgos para la calidad de las elecciones en la nueva democracia mexicana.

¿Qué sabemos sobre la compra de votos? cómo detectar dádivas electorales

Prácticamente todos los observadores de la política mexicana saben que la entrega de dádivas electorales es una parte rutinaria de las campañas, incluso después de la transición a una democracia plenamente competitiva (^{Aparicio, 2017}; ^{Becerra, 2012}; ^{Beltrán y Castro Cornejo, 2015}, ²⁰¹⁹; ^{Buendía y Somuano, 2003}; ^{Casar y Ugalde, 2018}; ^{Cornelius, 2003}; ^{de la O, 2015}; ^{Díaz-Cayeros et al., 2016}; ^{Greene, 2018}; ^{Hilgers, 2008}; ^{Larreguy et al., 2016}; ^{Nichter y Palmer-Rubin, 2015}; ^{Schedler, 2004}; ^{Serra, 2016}; ^{Simpser, 2012}, ²⁰¹³; ^{Szwarcberg, 2015}). No obstante, muchas preguntas básicas sobre la empresa de compra de votos siguen sin responderse por falta de información sistemática. Por ejemplo:

Claramente, es difícil obtener esta información de los ciudadanos. Después de todo, el intercambio explícito de recompensas materiales por apoyo electoral es ilegal en México y muchos intercambios implícitos son considerados ilícitos, y socialmente estigmatizados, por los participantes (^{Schedler, 2004}). En consecuencia, los beneficiarios de las dádivas electorales pueden ser reacios a divulgar su participación en la práctica (^{Beltrán y Castro Cornejo, 2020}). También es necesario reconocer que las encuestas rara vez recopilan información lo suficientemente detallada como para responder a muchas de las preguntas enumeradas anteriormente.

La etnografía realizada por trabajadores de campo talentosos que se ganan genuinamente la confianza de sus sujetos puede ser la mejor técnica para obtener respuestas veraces a preguntas delicadas, pero este enfoque no puede proporcionar fácilmente información representativa de un electorado (^{Auyero, 2000}; ^{Hilgers, 2009}; ^{Lomnitz, 1982}; ^{Rizzo, 2015}; ^{Schedler, 2004}; ^{Stokes et al., 2013}; ^{Szwarcberg, 2015}; ^{Zarazaga, 2014}). Los experimentos de campo que buscan suprimir la compra de voto o animar a los votantes a no cumplir con su parte del trato a cambio de la dádiva electoral pueden arrojar luz sobre los efectos electorales generales a nivel de circunscripción, pero, hasta ahora, las investigaciones que utilizan este enfoque se han centrado de forma limitada en la estimación de los efectos causales de intervenciones específicas sobre la totalidad del voto, y no en la descripción del alcance y las características de los esfuerzos de compra de votos (^{Banerjee et al., 2011}; ^{Blattman et al., 2017}; ^{Cruz et al., 2016}; ^{Green y Vasudevan, 2016}; ^{Fujiwara y Wantchekon, 2013}; ^{Hicken et al., 2017}; ^{Kramon, 2016}; ^{Vicente, 2014}).

En los últimos años, los investigadores han empleado encuestas para reunir datos más finos de individuos que pueden ser representativos a nivel nacional. Sin embargo, los analistas no han llegado a un consenso acerca de las mejores herramientas demoscópicas para detectar las dádivas electorales. En los cuestionarios se han empleado dos tipos de preguntas directas. En un enfoque, se pregunta a los encuestados alguna versión de: “¿Ha recibido un bien, un servicio o un favor de un candidato o partido político?” Preguntas como ésta, que no mencionan un quid pro quo explícito, han aparecido en los Estudios Panel de México de 2000 y 2006 (^{Lawson et al., 2000}, ²⁰⁰⁶; ^{Cornelius, 2003}) y en la encuesta del Proyecto de Elecciones Nacionales Comparadas (CNEP) para México en 2012 (^{Moreno, 2012}). Es posible que este enfoque abarque demasiado, que incluya respuestas afirmativas cuando los ciudadanos reciben un beneficio derivado de una política pública o cuando reciben regalos de campaña de escaso valor material, como un bolígrafo o un sombrero.

En otro uso de las preguntas directas, se le pregunta a los encuestados alguna versión de: “¿Ha recibido un bien, servicio o favor a cambio de su voto?” Bloques que incluyen este tipo de quid pro quo explícito han aparecido en la encuesta del Estudio Comparativo de Sistemas Electorales para México en 2000 (utilizada en ^{Buendía y Somuano, 2003}), la encuesta del Barómetro de las Américas (LAPOP) en 2010 (utilizada en ^{Faughnan y Zechmeister, 2011}), el Estudio Panel de México 2012 (^{Greene et al., 2012}), y el CNEP para México en 2018 (^{Moreno, 2018}).⁴ Sin embargo, este enfoque suele arrojar estimaciones de la tasa de compra de votos que los observadores consideran demasiado baja. Además, las investigaciones sugieren que los encuestados que conocen mejor la ley tienen menos probabilidades de responder con veracidad a las preguntas directas (^{Kiewiet y Nickerson, 2014}), lo que puede dar lugar a un sesgo inferencial al utilizar la compra de voto como resultado o como variable explicativa.

Las técnicas indirectas de averiguación tratan de superar el sesgo de deseabilidad social (social desirability bias) que probablemente esté incorporado en las respuestas a las preguntas directas (en especial las que mencionan un intercambio explícito), lo que permitiría a los encuestados comunicar información sobre sus comportamientos sin admitirlos abiertamente. Uno de esos enfoques es el experimento de lista, en el que miembros del grupo de control seleccionados aleatoriamente reciben una lista de comportamientos políticos triviales J y los miembros del grupo de tratamiento reciben una lista J+1 en la que el elemento adicional es alguna versión de “recibí un bien, un servicio o un favor a cambio de mi voto”. Bajo supuestos específicos, la diferencia en la media de artículos marcados en una lista frente a la otra revela la tasa agregada de participación de los encuestados en los intercambios de compra de votos (^{Blair e Imai, 2012}). Este enfoque suele dar lugar a estimaciones más elevadas de compra de voto que aquel de las preguntas directas (^{Çarkoğlu y Aytaç, 2015}; ^{Corstange, 2009}; ^{González-Ocantos et al., 2012}; ^{Nichter y Palmer-Rubin, 2015}). Los avances recientes permiten a los investigadores diagnosticar el tamaño del sesgo de deseabilidad social restante (^{Simpser, 2017}) y utilizar los datos del experimento de lista como una variable dependiente (^{Blair e Imai, 2012}) o una variable independiente en los modelos de regresión (^{Imai et al., 2015}).

Sin embargo, cualquier logro en la privacidad de los encuestados viene a costa de la información disponible para el investigador. Durante la entrevista, los encuestadores no pueden saber si un encuestado en particular participó o no en la compra de votos. Por consiguiente, los investigadores no pueden hacer preguntas de seguimiento detalladas que puedan revelar qué partidos reparten dádivas, qué bienes y servicios reciben los ciudadanos de éstos y qué se pide a los ciudadanos a cambio. Además, por razones de tiempo y costo, los investigadores rara vez preguntan sobre las dádivas de múltiples partidos, oscureciendo así el grado de clientelismo competitivo. Además, las técnicas indirectas de averiguación son cognitivamente más exigentes que las preguntas directas y, por lo tanto, causan sus propios problemas de medición. Los encuestadores o encuestados pueden confundirse, por ejemplo, lo que conduce a un mal manejo y, a veces, a resultados sin sentido (es decir, estimaciones negativas sobre la prevalencia de la compra de voto). Altas exigencias cognitivas también pueden causar mayores problemas de medición entre los encuestados pobres y menos educados -precisamente quienes, según las predicciones de algunas publicaciones, deberían ser los principales objetivos en los esfuerzos de compra de voto (^{Beltrán y Castro Cornejo, 2020}, ^{Holbrook y Krosnick, 2010a}, ^2010b).

Señalamos tres limitaciones adicionales de los enfoques existentes para medir la compra de votos que son independientes del tipo de técnica utilizada. Como se señaló antes, todas las preguntas indirectas y muchas de las preguntas directas utilizadas en México (y en otros lugares) han incluido el quid pro quo explícito “a cambio de su voto”. Esto puede provocar mayor sesgo de respuesta que las preguntas que no especifican el quid pro quo.⁵ En segundo lugar, se mencione o no un quid pro quo, este tipo de pregunta es poco eficaz a la luz de las distinciones básicas que se han vuelto estándar en la literatura, por ejemplo, entre la compra de voto, la compra de participación y la compra de abstención (^{Gans-Morse et al., 2014}). En tercer lugar, las encuestas usadas en México han preguntado a los encuestados si “recibieron” algo, filtrando así a los encuestados a quienes se les ofreció una recompensa y la rechazaron, así como a quienes se les prometió un beneficio después del día de las elecciones. Estas últimas categorías podrían representar una parte importante en la actividad distributiva de los partidos durante los periodos de campaña. Además, el hecho de recibir, rechazar o tener la promesa de una dádiva podría tener efectos diferentes en una serie de resultados de interés, incluyendo el comportamiento en la participación electoral y la decisión del voto.

Para mejorar los enfoques existentes, utilizamos una técnica modificada de preguntas directas en nuestra Encuesta EQD de México que es fácil de entender para los encuestadores y encuestados, mantiene el detalle descriptivo de la pregunta directa estándar, y tiene por objeto disminuir ciertas formas del sesgo de deseabilidad social. Nuestro enfoque arroja un inventario completo de los beneficios materiales y servicios que fueron recibidos por los ciudadanos, que fueron ofrecidos pero rechazados, o que fueron prometidos por todos los partidos durante la campaña. Pusimos en práctica estas preguntas en una muestra nacionalmente representativa de ciudadanos mexicanos con derecho al voto en mayo y junio de 2018 (N = 1.310) y luego volvimos a entrevistar a la misma muestra de ciudadanos después de las elecciones del 1 de julio (N = 583).⁶

Los encuestadores comenzaron leyendo el siguiente preámbulo:

Ahora quisiera preguntarle sobre sus propias experiencias en 2018. A veces, los partidos políticos regalan despensas, dinero en efectivo, tarjetas, materiales para construcción, tinacos, medicinas; o bien facilitan el acceso a programas de gobierno como Prospera o Seguro Popular, dan becas escolares o proveen atención médica. También pueden ofrecer trabajos o facilitar trámites. En las siguientes preguntas, quisiera conocer su experiencia al respecto durante 2018. Para garantizar su privacidad, le voy a entregar mi dispositivo para que conteste en secreto algunas preguntas. Como antes, una vez que seleccione cada respuesta, oprima el cuadro verde. Cuando termine, entrégueme el dispositivo. Le recuerdo que todas sus respuestas son confidenciales.

Nuestro procedimiento fue diseñado para disminuir el sesgo de deseabilidad social que puede surgir debido a la interacción personal entre el encuestador y el encuestado. El preámbulo comunicaba que los investigadores de la encuesta comparten con el encuestado el conocimiento de la existencia de las dádivas electorales. Además, a los encuestados se les entregó el dispositivo para que pudieran responder a las preguntas por sí mismos fuera de la vista del encuestador. Conforme avanzaban de la pantalla de práctica, los encuestados podían observar que cada respuesta anterior desaparecía de la pantalla, ocultando efectivamente su respuesta al entrevistador y ofreciendo así una sensación de privacidad.

Representamos el flujo de nuestro conjunto de preguntas sobre las dádivas electorales en el diagrama 1 y nos referimos a otras preguntas de seguimiento en el texto. El texto completo aparece en el apéndice. Creemos que estas preguntas simples y directas mejoran el manejo de la encuesta, disminuyen el sesgo de las respuestas y aumentan la validez de la medición.

Diagrama 1 Preguntas sobre dádivas en la encuesta EQD de México 2018 Fuente:^{Greene y Simpser (2018)} . 

Antes de describir nuestros resultados revisamos brevemente los hallazgos anteriores sobre la compra de voto en México. No hay reglas claras para comparar distintas encuestas que usan diferentes técnicas de averiguación, sacan muestras en diferentes momentos con respecto al día de las elecciones, y entrevistan a los encuestados una o más veces. No obstante, para dar una idea de los resultados anteriores sobre la compra de voto en México, el cuadro 1 muestra estimaciones para las últimas cuatro elecciones nacionales a partir de las encuestas que están disponibles. Las preguntas directas con un quid pro quo explícito (en cursiva en el cuadro 1) registraron niveles de intentos de compra de voto tan bajos como 5.9 por ciento en 2012 y tan altos como 17.9 por ciento en 2018. Las preguntas directas sin un quid pro quo explícito mostraron por lo general niveles más altos, que van desde 16.7 por ciento en 2010 fuera del ciclo electoral, a 26 por ciento en 2000 y 51 por ciento en 2015.⁷ Las comparaciones más claras entre las preguntas con y sin quid pro quo provienen de los ciclos electorales de 2000 y 2012. Se hicieron ambas preguntas, aunque en diferentes encuestas y en diferentes momentos de sus respectivos ciclos electorales. En estas contiendas, las preguntas sin quid pro quo registraron una tasa mucho más alta que aquellas que tenían quid pro quo. Curiosamente, las encuestas de 2012 también emplearon un experimento de lista. Aunque esta pregunta indirecta contenía un quid pro quo explícito que típicamente disminuye las estimaciones de compra de voto, arrojó una estimación más alta que cualquiera de los otros enfoques utilizados en ese año electoral, 21.2 por ciento. Posiblemente, una pregunta sin quid pro quo que también hubiera garantizado la confidencialidad habría arrojado estimaciones aún más altas.

Utilizamos tal enfoque en el EQD de México 2018. Nuestra “pregunta directa modificada” arrojó los niveles más altos de compra de voto registrados en una elección nacional en México usando cualquier técnica. Nuestra pregunta no incluye una cláusula de quid pro quo y se esfuerza por mantener el sentido de privacidad de los encuestados en el momento de la respuesta. Al mismo tiempo, evita los desafíos de las técnicas de interrogación indirecta. Usando este enfoque, encontramos que a 52.9 por ciento de los encuestados del panel se le ofreció un beneficio, lo aceptara o no. En gran parte del análisis que figura a continuación, excluimos de los encuestados a quienes sólo se les ofreció una pequeña dádiva o quienes no especificaron el tipo de dádiva que se les ofreció, refiriéndonos al grupo restante como “ciudadanos objetivo”, como se mencionó anteriormente. Limitando nuestra estimación a los ciudadanos objetivo aquí, nuestra estimación para los encuestados del panel se reduce a 42.4 por ciento (véase la nota 2 para más detalles).

Directo, sin contrapartida

Directo, quid pro quo

Indirecto, quid pro quo

Modificado directo, no quid pro quo

A continuación, se describe la variedad de beneficios ofrecidos a los ciudadanos y lo que se les pidió que hicieran a cambio. Esto nos permite proyectar la imagen más completa hasta la fecha del uso de incentivos materiales por parte de los partidos en competencia durante elecciones.

Dádivas en las elecciones de 2018: pruebas de la encuesta del panel de EQD de méxico 2018

La reciente historia electoral de México está repleta de historias sobre donaciones espectaculares y tramas sistemáticas para comprar apoyo electoral. En 2000, el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, fue acusado de distribuir lavadoras a cambio de votos (^{Proceso, 2003}). Después de las elecciones de 2012, Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda ante el Tribunal Federal Electoral (TEPJF), en la que alegaba que la campaña victoriosa de Peña Nieto había comprado votos con lo que fuese, desde cabras hasta decenas de miles de tarjetas de efectivo canjeables en supermercados Soriana (^{TEPJF SUP-JIN-0359-2012}; ^{Cantú, 2019}). En las elecciones de 2018, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reportó declaraciones de personas que dijeron haber recibido hasta 5000 pesos como dádiva electoral (^{ACP, 2018}).

A pesar de estas anécdotas espectaculares, la mayoría de las dádivas electorales son más mundanas. La gráfica 1 reporta los tipos de dádivas que los ciudadanos objetivo reportaron haber sido ofrecidos en cualquiera de las dos olas de la encuesta EQD de México.

Fuente:^{Greene y Simpser (2018)}. Notas: N = 220 “ciudadanos objetivo”. De los 583 encuestados del panel, 10 no respondieron a las preguntas sobre dádivas electorales, 270 (47.1%) no recibieron ninguna oferta, a 29 (5.1%) sólo se les ofreció un pequeño obsequio (y están excluidos de esta gráfica), y 54 no especificaron lo que se les ofreció, lo que arrojó 220 ciudadanos objetivo. Las barras no suman 100 por ciento porque los encuestados podían reportar múltiples ofrecimientos. Debido a que excluimos a los encuestados que sólo reportaron haber recibido un pequeño obsequio, la barra “obsequio pequeño” de la gráfica representa el porcentaje de ciudadanos objetivo que recibió un pequeño obsequio además de otro beneficio mayor.

Gráfica 1 Inventario de beneficios recibidos, rechazados y prometidos en 2018  

Las despensas parecen ser la moneda de las campañas por excelencia. A más de 66 por ciento de los ciudadanos objetivo se les ofreció despensas. A más de 52 por ciento de los ciudadanos objetivo se les ofreció dinero en efectivo. Con base en otras fuentes, parece que la oferta de dinero en efectivo modal en 2018 fue de 500 pesos (unos 26 dólares de 2020) (^{ACP, 2018}). Presuntamente, las tarjetas de efectivo tienen un valor similar pero, en comparación con 2012, pudieron haber desempeñado un papel menor en 2018 (nuestros datos indican que “sólo” a 10.9 por ciento de los ciudadanos beneficiarios se les ofreció una tarjeta de efectivo activa y a 10.5 por ciento una vacía con la promesa de que se activaría después de las elecciones).

Es probable que otros beneficios requieran una mayor selectividad y planificación de los partidos e impliquen la participación activa de los clientes en las semanas y meses anteriores al día de las elecciones. Estos incluyen materiales de construcción de viviendas como cemento, ladrillos, plásticos, cisternas de agua, pintura y artículos electrodomésticos (ofrecidos a 26.4 por ciento de los ciudadanos objetivo); material escolar o becas menores (11.4%); trabajo que suele conducir a un empleo de corto plazo en la captación y los esfuerzos para conseguir el voto (12.7%); y atención médica, como medicamentos y lentes (5.9%).

¿Qué partidos políticos distribuyeron dádivas?

En las investigaciones sobre la compra de voto se suele argumentar que hay una maquinaria política -generalmente la del partido en el poder- que domina la distribución de dádivas electorales (^{Kitschelt y Wilkinson, 2007}; ^{Stokes, 2005}; ^{Dixit y Londregan, 1996}; ^{Cox y McCubbins, 1986}; ^{Gans-Morse et al., 2014}). Sin embargo, en otras publicaciones se ha considerado la posibilidad de que múltiples partidos intenten comprar votos (^{Simpser, 2013}) y se han documentado casos de compra competitiva de votos (^{Wurfel, 1963}). El hecho de que uno o más partidos ofrezcan dádivas es una cuestión empírica, pero las encuestas existentes rara vez preguntan qué partido o partidos las han ofrecido.

La historia del dominio unipartidista en México hace pensar que es muy probable la existencia de una maquinaria política única. De hecho, antes de 2000, el PRI aplicaba lo que ^{Cornelius y Craig (1991)} llamaron “un sistema nacional de recompensas y castigos”, y ya en 2012, los datos de la pregunta directa del Estudio Panel de México 2012 mostraron que 78 por ciento de los que recibieron un beneficio a cambio del voto lo recibieron del PRI (^{Greene, 2018}). Sin embargo, los investigadores que hacen trabajo de campo han observado cada vez más que otros partidos están distribuyendo más dádivas electorales (^{Casar y Ugalde, 2018}; ^{Hilgers, 2008}). Esta evolución puede estar impulsada tanto por el aumento del acceso a recursos, a medida que los partidos ganan más cargos electivos, como por el aumento de la demanda de los votantes. En nuestra encuesta de 2018, casi 25 por ciento de los encuestados dijo que pidió los beneficios que recibió (véase también ^{Nichter, 2018} sobre Brasil).

Nuestros datos documentan lo que podría denominarse una relativa “democratización” de la provisión de dádivas en las elecciones de 2018. La gráfica 2 muestra la proporción de ciudadanos objetivo a los que cada partido ofreció un beneficio. El PRI hizo ofertas a 69.4 por ciento de este grupo. Sumando las ofertas hechas por sus aliados de la coalición-el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y un miembro no especificado de la coalición Todos por México (TPM)- la cifra alcanza 88.9 por ciento. De hecho, algunos ciudadanos objetivo recibieron ofertas de varios miembros de cada coalición.

Fuente:^{Greene y Simpser (2018)}. Notas: Basada en 206 ciudadanos objetivo. 14 ciudadanos objetivo no especificaron qué partido les hizo la oferta. Las menciones de diferentes partidos por el mismo encuestado se contaron por separado. Los totales de la coalición cuentan a los ciudadanos objetivo sólo una vez por coalición, por lo que las ofertas de más de un partido de la misma coalición no se reflejan en la gráfica. Encuesta del panel de EQD de México 2018.

Gráfica 2 Dádivas ofrecidas, por partido político y coalición  

Otros partidos también distribuyeron notables cantidades de beneficios. El PAN y el PRD hicieron ofertas a 35 y a 30.6 por ciento de los ciudadanos objetivo, respectivamente. En conjunto, estos partidos y sus aliados de coalición -el Movimiento Ciudadano (MC) y un miembro no especificado de la coalición Por México al Frente (PMF)- hicieron ofertas a 76.7 por ciento de los ciudadanos objetivo. También es notable que Morena, su aliado en la coalición, el Partido del Trabajo (PT) y un miembro no especificado de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) hicieron ofertas a “sólo” 15.5 por ciento de los ciudadanos objetivo (ningún encuestado mencionó al Partido Encuentro Social). El nivel más bajo de ofertas de dádivas de la coalición ganadora podría reflejar una decisión moral o estratégica o pudo haber sido el resultado del simple hecho de que los partidos que la componen ocupaban menos puestos gubernamentales que pudieran proporcionar recursos para financiar las dádivas.

¿Qué creyeron los beneficiarios que se les pedía a cambio?

Lo que cuenta como una dádiva electoral ilegal no es obvio en la ley mexicana. En sí mismo, no es ilegal distribuir beneficios o servicios de cualquier valor monetario a los ciudadanos, siempre y cuando los recursos que los financian sean de origen legal. Sin embargo, el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que es ilegal que alguien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presionar a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición” y los artículos 7 y 11 hacen ilegal condicionar el comportamiento de los votantes a la provisión o suspensión de beneficios provenientes de programas sociales o cualquier otro “servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas”. Sin embargo, la ley no define qué cuenta como solicitar o condicionar los votos a la provisión de beneficios.

En la práctica, las razones detrás de la oferta de beneficios, desde la perspectiva de los beneficiarios, probablemente importa más para el comportamiento del voto. Es decir, si los beneficiarios se vieran obligados a cumplir los deseos de las maquinarias políticas, probablemente cumplirían con lo que piensan que se les pidió que hicieran. La gráfica 3 muestra las actividades que los ciudadanos objetivo pensaron que se les pedía a cambio del beneficio ofrecido. Se permitieron múltiples respuestas, por lo que los datos representan la proporción de beneficiarios a los que se les pidió que realizaran cada actividad; sin embargo, sólo se pidió información del comportamiento exigido por el partido oferente a cambio de lo que el beneficiario pensaba que era el beneficio más valioso. Por lo tanto, las solicitudes de otros partidos y coaliciones menos valiosas no se reflejan en las respuestas de la encuesta ni en la gráfica 3.

Fuente:^{Greene y Simpser (2018)}. Notas: Basada en 215 ciudadanos objetivo (5 ciudadanos objetivo no especificaron qué actividades les pidieron). Múltiples opciones de respuesta permitidas. Las barras blancas denotan actividades compradas que pueden ser legales, dependiendo de las circunstancias y el origen de los fondos. Las barras sólidas y rayadas denotan actividades compradas ilegalmente según la ley electoral vigente. Las barras a rayas denotan un comportamiento contradictorio por parte del partido comprador.

Gráfica 3 Razonamiento percibido detrás de los beneficios ofrecidos (múltiples respuestas permitidas)  

Las barras blancas indican las actividades solicitadas a los beneficiarios que podrían ser legales, dependiendo del origen de los beneficios ofrecidos. Curiosamente, 14 por ciento de los beneficiarios creían que sus benefactores no pedían nada a cambio, lo que hace que este tipo de transacción sea legal pero una forma presumiblemente ineficiente de gastar los recursos partidistas. Otras solicitudes también podrían interpretarse como un uso legal de recursos, incluyendo el monitoreo del voto de otros (6.0%) y el proselitismo político o canvassing (20.9%). De hecho, el argumento del PRI tras las elecciones de 2012 fue que distribuyó tarjetas de regalo de Soriana a sus militantes que trabajaron como activistas de campaña y observadores electorales.

Sin embargo, en general, los que recibieron ofertas creyeron que se les pedía que participaran en actividades que los partidos políticos no están legalmente autorizados a realizar, representadas por barras sólidas en la gráfica 3. A algunos se les pidió sólo su voto (24.7%) y a muchos su participación a la vez que su voto (33.5%). Es posible suponer que estas peticiones se hicieron a potenciales votantes de otros partidos, lo que implica que los partidos en su mayoría buscaban robar votos a sus competidores. A una proporción mucho menor -8.4 por ciento- sólo se le pidió que participara en la elección, lo que denota un menor esfuerzo en movilizar a los votantes leales. A un grupo aún más pequeño pero notable -2.3 por ciento- se le pidió la abstención para el día de las elecciones.

El último grupo de actividades, representado en barras rayadas, sigue siendo ilegal para los partidos políticos, pero también es irracional desde la perspectiva de la maquinaria clientelar. Los partidos le pidieron a 1.4 por ciento que a la vez acudiera a votar y se abstuviera, a 4.7 por ciento le pidieron su voto pero también su abstención y, finalmente, a 8.8 por ciento le pidieron contradictoriamente que hiciera las tres actividades a la vez. Estas respuestas podrían atribuirse al clásico error de medición de encuesta, pero también podrían indicar la existencia de una clientela confusa.

¿Las dádivas mejoran el rendimiento electoral? Evidencia circunstancial

Las elecciones mexicanas están claramente llenas de intentos para influir en el comportamiento electoral mediante la provisión de beneficios selectivos, pero hay cuatro elementos que deberían atenuar la preocupación de que los resultados electorales a nivel nacional se alteren rutinariamente por estos intentos de compra de voto.

En primer lugar, los resultados anteriores no distinguen si los ciudadanos aceptaron, rechazaron o fueron prometidos beneficios que no habían sido entregados en el momento de la encuesta. La gráfica 4 muestra que 42.7 por ciento de los ciudadanos encuestados dijo que rechazaron lo que se les ofreció. Las investigaciones futuras podrían investigar el grado en que el sesgo de socialibidad social influye en estas respuestas. Sin embargo, a primera vista, es notable que, de la población a la que se le ofreció algún beneficio, sólo 36.8 por ciento dijo que lo aceptaron.

Fuente:^{Greene y Simpser (2018)}. Notas: Basada en todos los ciudadanos objetivo (N=220). Respuestas registradas en cada ola de la encuesta. Sólo los ciudadanos objetivo que rechazaron todas las ofertas que recibieron son contados como “Rechazó todas las ofertas”.

Gráfica 4 Recepción, aceptación y rechazo de las dádivas ofrecidas  

También es útil señalar que la mayor parte de las dádivas se ofrecen antes del día de las elecciones, lo que indicaría que promesas de una entrega posterior podrían no ser consideradas creíbles por los posibles receptores. Por ejemplo, después de las elecciones de 2012, numerosos beneficiarios de las tarjetas de Soriana reportaron que no contenían dinero o contenían mucho menos de lo que se les había prometido. En nuestra encuesta de 2018, a 20.5 por ciento de los que recibieron una oferta se le prometió ser beneficiado después de las elecciones, sin embargo, sólo una persona informó que finalmente recibió el beneficio prometido.

En segundo lugar, incluso entre los que reportaron haber aceptado la dádiva que se les ofreció, el beneficio que recibieron pudo no haber sido suficiente para alterar su comportamiento electoral. La gráfica 5 describe el valor subjetivo de la dádiva electoral más valiosa ofrecida a los ciudadanos objetivo. Quizás sorprendentemente, casi la mitad de los beneficiarios estimaron que les habría resultado relativamente fácil (29.1%) o muy fácil (19.2%) conseguir recursos de valor semejante al de la dádiva que se les ofreció. Otro 35.5 por ciento dijo que les resultaría algo difícil y 16.3 por ciento dijo que les resultaría muy difícil o imposible conseguirlos.

Fuente:^{Greene y Simpser (2018)}. Nota: Basada en 203 ciudadanos objetivo. 17 ciudadanos objetivo no respondieron a las preguntas pertinentes. A los encuestados se les preguntó qué tan difícil sería recaudar recursos equivalentes al regalo más valioso que recibieron.

Gráfica 5 Valor subjetivo de las dádivas electorales  

La gráfica 6 va más allá al mostrar qué porcentaje de aquellos a quienes se les ofreció un artículo específico reportó que comprar el artículo con sus propios recursos habría sido difícil o imposible. Por ejemplo, 42.5 por ciento de los que recibieron una oferta de despensa reportó que le sería difícil o imposible conseguir recursos equivalentes, mientras que casi 82 por ciento de los que recibieron atención médica, medicamentos o lentes consideró difícil o imposible conseguir recursos equivalentes. En general, los beneficios que rara vez se categorizaron como ofertas (véase la gráfica 1), como la inscripción en un programa social patrocinado por el gobierno, materiales domésticos y electrodomésticos, atención médica gratuita y ayuda con una tarea burocrática, fueron considerados como mucho más valiosos por los encuestados. La asignación de mayor valor a estos servicios podría reflejar su valor de mercado, pero también podría reflejar la dificultad relativa de obtenerlos en donde viven los beneficiarios.

Fuente:^{Greene y Simpser (2018)}. Nota: Para cada barra, el denominador es el conjunto de ciudadanos objetivo que declararon recibir el beneficio correspondiente, y el numerador es el subconjunto de éstos que declararon que les sería difícil o imposible comprar el beneficio por sí mismos.

Gráfica 6 Artículos ofrecidos que serían difíciles de obtener por otras fuentes  

El valor atribuido a dos de los elementos enumerados en la gráfica 6 es particularmente revelador. Por un lado, el hecho de que por encima de 40 por ciento de los que recibieron despensas o dinero en efectivo considerara que sería difícil o imposible conseguirlos, sugiere que estos beneficiarios incluyen poblaciones de muy bajos ingresos. Por otro lado, el hecho de que sólo 45.7 por ciento de los que recibieron una oferta en efectivo la calificara similarmente como difícil o imposible de conseguir recursos equivalentes también implica que los clientes son menos dependientes económicamente de lo que se suele suponer. Las entrevistas y observaciones de uno de los autores con operadores políticos y votantes locales, junto con noticias sobre el tema y 707 reportes de ciudadanos a una organización de vigilancia electoral con sede en México, sugieren que 500 pesos fue el precio modal del costo en efectivo de un voto en 2018 (^{Telemundo, 2018}; ^{Solís, 2018}; ^{ACP, 2018}).⁸

Esta cantidad representa poco menos de seis días de trabajo con el salario mínimo vigente y casi un día y medio de trabajo con el salario diario promedio (datos de 2018). Aunque uno podría esperar que esta cantidad represente un valor significativo para los beneficiarios pobres, las respuestas a la encuesta implican que los ciudadanos son mucho menos dependientes de las redes clientelares partidistas de lo que solía reflejarse en los estudios históricos de clientelismo agrario del siglo XIX o principios del XX, cuando las oportunidades de vida de los beneficiarios estaban fuertemente condicionadas a la generosidad de sus patrones (^{Baland y Robinson, 2008}). Se necesita más investigación para saber en qué momento el dinero ofrecido deja de ser interesante para los beneficiarios, lo que rompe el intercambio clientelar (^{Becerra, 2012}).

En tercer lugar, es probable que la proporción de beneficiarios que alteran su comportamiento en respuesta a una oferta material se reduzca aún más por las limitaciones de las técnicas que los aparatos políticos utilizan para garantizar que los clientes cumplan con su parte del intercambio. Varios analistas han sostenido que el cumplimiento de las transacciones de compra de voto depende de que existan amenazas costosas creíbles que disuadan a los potenciales votantes desertores (^{Stokes, 2005}; ^{Kitschelt y Wilkinson, 2007}). En nuestra encuesta se preguntaba: “Si un ciudadano acepta un regalo de un partido político a cambio de su voto, pero no vota por ese partido, ¿cree usted que le causaría problemas serios, problemas menores o no le causaría ningún problema?” En la ola postelectoral de nuestra encuesta, 10.6 por ciento de los ciudadanos a los que nos dirigimos dijo que tendría un problema grave, 11.5 por ciento dijo que tendría un problema menor y 77.9 por ciento dijo que no tendría ningún problema. Estas cifras ponen en duda que los beneficiarios de dádivas cumplan con su parte del trato por el simple hecho de sufrir amenazas en caso de no cumplirlo, al menos en el México contemporáneo.

Nuestros datos también sugieren que los intentos de monitoreo directo del voto en las elecciones pueden ser mucho menos frecuentes de lo que se suele suponer. La gráfica 3 muestra que sólo 4.2 por ciento de los ciudadanos objetivo dijo que se le pidió que fotografiara su boleta marcada y sólo un encuestado reportó que realmente lo hizo. Además, sólo una persona reportó que se le pidió que votara con una boleta premarcada, comportamiento que suele ser parte de la conocida técnica de voto repetido o “en carrusel”. De hecho, esta persona reportó que cumplió. Si tomamos estos hallazgos al pie de la letra, entonces el monitoreo directo del voto en las elecciones mediante los medios explorados en la encuesta fue casi inexistente en 2018.

Es posible que los partidos en cambio confíen en la buena voluntad de los beneficiarios para el cumplimiento. De hecho, hay pruebas de que los operadores políticos pueden intentar dirigirse a los beneficiarios que demuestren altos niveles de reciprocidad (^{Finan y Schechter, 2012}) o incluso activar estos sentimientos como un mecanismo barato de cumplimiento de bajo costo (^{Lawson y Greene, 2014}). De ser así, nuestra principal medida de reciprocidad como actitud apenas captó este fenómeno: sólo 14.1 por ciento de los ciudadanos objetivo dijo estar muy de acuerdo con la frase “siempre hay que regresar los favores que alguien nos hace” en la ola de encuestas postelectorales. Esta cifra es 3.6 puntos porcentuales superior a la proporción de ciudadanos no objetivo que mantenían la misma actitud; esto implica que los beneficiarios de las dádivas ofrecidas o son inicialmente más recíprocos, o bien la propia oferta los hace más recíprocos (también es posible que el intento de compra de votos influya en la forma en que responden a la pregunta de la encuesta, aunque no vemos ninguna razón obvia para que así sea). Sin embargo, la cifra de ciudadanos objetivo es lo suficientemente baja como para que sea poco probable que la reciprocidad sirva como mecanismo principal de cumplimiento.

Finalmente, los resultados electorales implican que los intentos de compra de voto no determinaron qué candidato ganó la presidencia. En el recuento final, López Obrador obtuvo 53.2 por ciento de los votos, casi 31 puntos porcentuales más que su competidor más cercano, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente con 22.3 por ciento, y casi 37 puntos porcentuales por encima de José Antonio Meade de la coalición Todos por México. Sin embargo, la gráfica 2 muestra que la coalición de López Obrador, Juntos Haremos Historia, representó una proporción relativamente pequeña de las dádivas electorales. Si la ola postelectoral de nuestro panel es representativa del electorado en su conjunto, entonces los partidos que apoyaron a López Obrador hicieron ofertas no triviales a poco menos de 5 por ciento de los votantes. Incluso si todos estos intentos hubieran sido efectivos -un resultado muy poco probable dados los hallazgos documentados en esta sección del artículo- y ninguno de los intentos de la otra coalición hubieran sido efectivos, la compra de votos representaría menos de un tercio del margen de victoria de López Obrador. Por la misma razón, el total de votos para Anaya fue apenas superior al porcentaje de votantes que recibieron ofertas de su coalición y el total de votos para Meade fue casi diez puntos porcentuales inferior a la proporción que su coalición intentó comprar. Es difícil creer que todos sus votos se obtuvieron a través de la provisión selectiva de bienes y servicios.⁹

Parece obvio que los intentos de compra de voto tienen un poder limitado para ganar votos, pero se necesita más trabajo para encontrar esos límites. Las investigaciones actuales sostienen que la compra de votos disminuye cuando las maquinarias partidistas se dirigen a los votantes equivocados (^{Carlin y Moseley, 2015}; ^{Greene, 2018}; ^{Schaffer y Baker, 2015}; ^{Stokes et al., 2013}; ^{Weitz-Shapiro, 2014}), cuando los votantes se vuelven demasiado ricos para ser comprados a un precio asequible (^{Kitschelt y Wilkinson, 2007}) o cuando las reformas institucionales disminuyen el acceso de los aparatos políticos a recursos públicos y donaciones privadas ilícitas que puedan utilizarse como dádivas electorales (^{Shefter, 1977}). Es poco probable que estas condiciones se hayan mantenido en México en 2018.

Los intentos de compra del voto pudieron haber influido en el porcentaje de votos de los partidos en competencia y, posiblemente, en los resultados de las contiendas por cargos inferiores a la presidencia -temas que no exploramos aquí- pero las pruebas presentadas claramente revelan que la concesión de beneficios selectivos no determinó qué candidato ganó. Incluso es posible que, contra lo que sostiene gran parte de la literatura, los intentos de compra del voto hayan alejado a los beneficiarios de los partidos oferentes, en particular en unas elecciones en las que la lucha contra la corrupción era uno de los asuntos principales de campaña y el tema por excelencia del eventual ganador, Morena.

Conclusiones

La transición mexicana a una democracia completamente competitiva se enfocó en crear elecciones justas para que partidos políticos que representan una variedad de ideologías e intereses sociales pudieran competir en condiciones equitativas con el PRI y entre ellos mismos. Un pilar para sostener las elecciones justas implicó el control del dinero ilícito en la política, un proceso que culminó con un financiamiento casi completamente público de las campañas electorales. Otro pilar involucró la construcción de instituciones de administración electoral independientes, a gran escala y profesionales capaces de enfrentar un posible fraude, imponer sanciones sobre los perpetradores y crear certidumbre sobre los resultados electorales en unos ciudadanos que antes apenas confiaban en el órgano electoral. Según el consenso, México fue increíblemente exitoso en estas tareas, permitiendo un relevo pacífico del poder entre grupos políticos rivales, llevando a cabo elecciones que observadores nacionales e internacionales consideran libres y justas y construyendo instituciones de primer nivel mundial para realizar gran parte de este trabajo. De muchas formas, 2018 marcó el mayor logro de estas instituciones al supervisar el triunfo abrumador de un candidato de izquierda, que nunca había alcanzado la presidencia a pesar de haber contribuido enormemente a la democratización de México.

A pesar de estos logros genuinos, algunos problemas potenciales se esconden bajo la superficie. Como muestra nuestro análisis en la primera sección, los intentos de comprar el apoyo electoral nunca han desaparecido de la política mexicana. Las comparaciones entre encuestas son difíciles porque estas suelen tener diferencias en los tiempos de realización de la encuesta, los tipos de preguntas que incluyen y el fraseo de las mismas, pero con todas esas precauciones, el clientelismo electoral parece ir en aumento. Incluso cuando los partidos cuentan con etiquetas políticas ampliamente reconocidas, adquieren reputación en el gobierno e invierten fuertemente en campañas programáticas, su uso de dádivas electorales -muchas ilegales- parece haber incrementado desde el año 2000. Es plausible que las mismas regulaciones electorales, diseñadas para equilibrar la competencia mediante el control agresivo de las finanzas de campaña, hayan promovido que los partidos busquen ventaja usando dinero ilícito para desplegar redes clientelares controladas por operadores locales. La dificultad para demostrar la compra de voto en tribunales hace que esta rutina sea casi intocable (^{TEPJF, 2012}).

Una lectura de las elecciones de 2018 es que el candidato vencedor ganó cómodamente a pesar de que sus rivales recurrieran a la compra de votos. Pero, aunque el clientelismo electoral fracasara en decidir al vencedor de la presidencia, pudo haber influido en las contiendas por cargos menores, como se ha argumentado sobre el clientelismo electoral en Brasil (^{Nichter, 2018}), pudo haber incrementado la tolerancia de la corrupción política (^{De la O, 2015}) y erosionado la confianza pública en los resultados electorales -un tema que exploramos a fondo en otro trabajo-. México ya muestra uno de los niveles más bajos de apoyo a la democracia en América Latina (LAPOP), lo que deja a su sistema político más vulnerable de lo que uno esperaría dada su exitosa historia de inversión en instituciones electorales de alta calidad.