Artículos

 

Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos: Teorías, métodos, hallazgos y desafíos

 

Literature on State Repression in Democratic Regimes: Theory, Methods, Findings, and Challenges

 

Mauricio Rivera

 

* Asistente de investigación de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carretera México–Toluca 3655, Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Asistente de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Carretera Picacho–Ajusco 377, Héroes de Padierna, 14200, México, D.F. Tel: 30 00 02 00. Correos electrónicos: mauricio.rivera@cide.edu y marivera@flacso.edu.mx.

 

Artículo recibido el 29 de mayo de 2009.
Aceptado para su publicación el 18 de agosto de 2009.

 

Resumen

Algunas democracias alrededor del mundo —incluidas las latinoamericanas— presentan niveles de represión iguales o superiores a la media global de las autocracias. Pese a la relevancia de este fenómeno, la investigación de la represión democrática es escasa y poco sistematizada. Mediante la distinción entre represión estatal centralizada y descentralizada, y considerando aportes provenientes de la agenda global y de los estudios de área–América Latina, se presenta una revisión de las teorías y explicaciones empíricas que pueden contribuir a la construcción de una teoría de la represión democrática. Paralelamente, se presenta un catálogo de los desafíos asociados con los procesos de generación teórica y evaluación empírica, y se ofrecen alternativas a estos retos. La conclusión principal es que al modelar el uso de la violencia estatal democrática en términos de distintas relaciones agente–principal (gobernantes electos–agencias estatales de seguridad, agencias estatales de seguridad–ciudadanía), los estudios de área–AL ofrecen herramientas analíticas útiles para la investigación comparada de la represión democrática.

Palabras clave: represión estatal, represión estatal centralizada, represión estatal descentralizada, violaciones de derechos humanos, regímenes democráticos, métodos de investigación, América Latina.

 

Abstract

Some democracies around the world —including those from Latin America— present equal or higher levels of state repression than the global mean of autocratic regimes. Despite the political and normative relevance of this phenomenon, comparative research on democratic repression is scanty and poorly systematized. Introducing the distinction between centralized and decentralized state repression, and considering advances derived from the global agenda and area studies of Latin America, this article presents a review of theories and empirical explanations that can contribute to the construction of a theory of democratic state repression. Moreover, this paper presents a catalog about the challenges related to the processes of theory generation and empirical evaluation, and offers alternatives to those challenges. The main conclusion is that modeling the use of state violence in terms of principal–agent relations (electedpoliticians–state security agencies, state security agencies–citizenship) LA–area studies offer fruitful analytical tools for comparative research on democratic state repression.

Keywords: state repression, centralized state repression, decentralized state repression, human rights violations, democratic regimes, research methods, Latin America.

 

Introducción

¿ Por qué algunos gobiernos matan, torturan y desaparecen a los ciudadanos? ¿Qué factores explican la variación en los niveles de violencia estatal entre países? ¿El tipo de régimen político tiene alguna influencia en el respeto de los derechos humanos? Durante 30 años, en concordancia con una de las proposiciones centrales de la teoría democrática, uno de los hallazgos más relevantes de la literatura sostuvo que la democracia disminuye los niveles de represión estatal¹ (aka violencia estatal, violaciones de derechos humanos). Sin embargo, estudios recientes han echado por tierra nuestra certeza en torno a la "paz doméstica democrática" (Davenport 2007a). Contrario a los hallazgos de investigaciones precedentes y a las expectativas de los promotores internacionales de la democracia, estos estudios muestran que la existencia de regímenes democráticos no es condición suficiente del respeto efectivo de los derechos humanos. Más importante aún, algunas democracias alrededor del mundo presentan niveles de violencia estatal iguales o superiores a la media global de las autocracias. En promedio, los regímenes democráticos respetan más los derechos humanos que los regímenes autocráticos, sin embargo, la media de la represión en las democracias ubicadas en Medio Oriente y el norte de África, en el sur de Asia y en América Latina supera el promedio de las autocracias (cuadro 1).

Dado que la existencia de guerras civiles y guerras internacionales predicen de manera eficiente el incremento en los niveles de represión estatal, la intensidad de la violencia estatal en las democracias de Medio Oriente, norte de África y sur de Asia no es un fenómeno sorprendente.² Sin embargo, la intensidad de la violencia estatal en las democracias postransicionales en América Latina (AL) está fuera de las predicciones de la literatura macrocuantitativa de la represión, ya que ésta es una región consistentemente democrática y pacífica (cuadro 2).³ Sorprendentemente, a pesar de la relevancia empírica y normativa del fenómeno de la represión en regímenes democráticos, la literatura sobre violencia estatal democrática es escasa y poco sistematizada. Con el propósito de contribuir a sistematizar esta discusión, el presente artículo ofrece una síntesis y una evaluación de la literatura sobre represión estatal en general y en contextos democráticos en particular. El artículo procede de la siguiente manera. En la primera sección introduzco la distinción entre i) represión estatal centralizada y ii) represión descentralizada; esta separación proporciona un marco analítico útil que permite identificar múltiples relaciones agente–principal que están presentes en el fenómeno de la represión entre las autoridades gubernamentales, la burocracia pública encargada de aplicar la ley y los ciudadanos. Con base en los avances de la agenda de investigación global y los estudios de área–AL, la segunda sección presenta una revisión comprehensiva de la literatura: qué teorías y métodos han empleado los comparativistas de la represión, cuáles han sido sus principales hallazgos, y qué problemas y desafíos enfrentan. Al mismo tiempo, siguiendo el espíritu propositivo del texto se ofrece una serie de sugerencias y alternativas que podrían ser útiles para resolver dichos desafíos. Por último se presentan las conclusiones.

 

Patrones de violencia estatal: Represión centralizada y descentralizada

¿El uso de la represión del Estado es resultado exclusivo de la decisión de los gobernantes o es también producto de la decisión de otros actores estatales, como la burocracia encargada de garantizar el orden y la paz sociales? ¿Las autoridades gubernamentales tienen pleno control del comportamiento de las agencias de seguridad pública? ¿Una vez que las agencias estatales de seguridad poseen los medios de coerción, qué garantiza que éstas respeten los derechos humanos de la ciudadanía? Prácticamente toda la literatura orientada al estudio de la violencia estatal conceptualiza al Estado como un actor unitario, en el que las máximas autoridades gubernamentales poseen información perfecta y pleno control sobre el comportamiento de los cuerpos de seguridad pública (Poe, 2004; Davenport, 2007b). En consecuencia, la respuesta convencional en la literatura macrocuantitativa a las preguntas arriba formuladas sostiene que el uso de la represión es resultado de la decisión de las autoridades encargadas de conducir el gobierno. En contra de esta perspectiva, en este texto parto de la noción de que el Estado es un actor no unitario y distingo entre las máximas autoridades gubernamentales y la burocracia pública responsable de garantizar la seguridad ciudadana.⁴ Con base en esta sencilla pero útil diferenciación entre gobernantes y burocracia pública, argumento que el rostro de la represión estatal está configurado por a) la decisión centralizada de los gobernantes y b) la decisión descentralizada de la burocracia encargada de garantizar la seguridad pública. A diferencia del programa de investigación global de la represión, que modela el uso de la violencia estatal como resultado exclusivo del cálculo estratégico de los gobernantes, en este trabajo identifico dos lógicas represivas; por un lado, la represión es consecuencia de la decisión de los gobernantes, por otro, de la decisión autónoma y del comportamiento ilegal de las agencias estatales de seguridad.⁵

Represión centralizada. Las máximas autoridades gubernamentales ordenan el uso de la represión a los cuerpos de seguridad pública. La lógica de la represión centralizada es inherente a los intereses de los gobernantes; el uso de la violencia es un mecanismo político para garantizar la adquisición o mantenimiento de sus intereses. Sea por motivos de estabilidad política (Davenport, 1996a) o como medio de control autoritario (Schedler, 2006), el gobierno dirige el uso de la represión en contra de la población. Piénsese en la manera en que la insurgencia católica en Irlanda del Norte fue reprimida entre los años setenta y principios de los noventa (Kocher, 2005), o cómo la élite del partido comunista chino dirigió el uso de la represión en contra de miles de estudiantes en la Plaza de Tiananmen, en 1989. Bajo la lógica centralizada, independientemente del tipo de régimen político, los gobernantes ordenan a los cuerpos de seguridad reprimir cuando consideran que los beneficios exceden los costos de la represión. En su momento, por motivos de estabilidad política o como medio de control autoritario, respectivamente, el gobierno británico y los líderes del partido comunista en China calcularon que los beneficios de la acción represiva excedían los costos de la misma.

Represión descentralizada. La burocracia estatal encargada de garantizar la seguridad pública ejecuta actos represivos de manera autónoma contra la población, violando un conjunto de reglas formales definidas previamente por las distintas ramas del gobierno. Por definición, el atributo central de la represión estatal descentralizada es su naturaleza ilegal. A diferencia de la lógica centralizada, las autoridades gubernamentales no tienen intereses directos en juego en la lógica descentralizada. Básicamente, la represión descentralizada tiene sus orígenes en las creencias e intereses de las agencias y agentes de seguridad y en la incapacidad de las máximas autoridades estatales para controlar el comportamiento represivo de estas agencias.⁶ Así, la lógica descentralizada de la represión del Estado implica un problema de agencia: las autoridades gubernamentales no tienen la capacidad de control sobre las agencias responsables de ejecutar la ley. En estos casos, los derechos humanos de los ciudadanos se ven amenazados no tanto porque las legislaturas nacionales en regímenes democráticos diseñen leyes en contra de los derechos individuales, sino por la incapacidad de las máximas autoridades gubernamentales para controlar el ejercicio del poder de las agencias estatales de seguridad. Piénsese en la matanza de Wilde, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires asesinó a cinco jóvenes inocentes, mientras que los culpables fueron capturados horas después sin la necesidad de un solo disparo (Chevigny, 1999), o el caso de un grupo de policías de París que infligieron actos de tortura contra un ciudadano de origen árabe (Schneider, 2008).⁷ En ambos casos, las agencias de seguridad pública actuaron de manera ilegal, independientemente de la autorización y la orden de los gobernantes electos. De manera sorprendente, pese a que este es el patrón de represión más común en las nuevas democracias, es también el menos explorado en el programa global de la represión estatal.

En síntesis, mientras que la represión centralizada se deriva de la estrategia de los gobernantes, la versión descentralizada de la violencia del Estado depende de la decisión autónoma y del comportamiento ilegal de los agentes de seguridad pública. En consecuencia, las dinámicas de la represión centralizada y descentralizada difieren en tanto se asocian con distintos actores, intereses y restricciones, así como con diferentes pautas de interacción entre los actores. En conjunto, ambas formas de violencia estatal configuran el mapa de la represión.

 

Literatura sobre represión estatal

Con base en la distinción entre represión centralizada y descentralizada, en esta sección presento una revisión comprehensiva de la literatura sobre violencia estatal. Como se verá más adelante, el programa de investigación global está orientado por la teoría de la elección racional, emplea métodos de investigación macrocuantitativos y se centra exclusivamente en el patrón de represión centralizada. En oposición a la agenda global, el programa de investigación regional en América Latina se aproxima de manera inductiva al fenómeno de interés, emplea estudios de caso y está centrado en el patrón descentralizado.

 

Estudios sobre represión centralizada

A partir de los años setenta, el programa de investigación global de la represión se ha centrado en responder por qué algunos estados abusan de la integridad física de las personas mientras que otros no (v. gr, Henderson, 1991; Poe y Tate, 1994; Davenport, 1995). El insumo teórico más empleado ha sido una adaptación de la teoría de la elección racional. En la perspectiva dominante de la agenda de investigación, las percepciones, los intereses y cálculos de las máximas autoridades gubernamentales son las claves para entender el uso de la represión. El argumento es el siguiente: los gobernantes son individuos racionales que efectúan un cálculo costo–beneficio sobre el uso de la violencia estatal; si los costos de ordenar el uso de la represión exceden los beneficios, el gobierno tolera, pero si los beneficios son superiores a los costos, el gobierno reprime a través de las agencias estatales de seguridad. Asimismo, el cálculo de los costos y beneficios esperados está moldeado por la percepción de los gobernantes sobre el grado de amenaza y su fortaleza en la arena política interna (Poe, 2004). Desde esta perspectiva, la decisión de reprimir es resultado del cálculo costo–beneficio asociado con las diferentes alternativas que tiene el gobierno; la alternativa elegida es aquella que representa la máxima utilidad esperada⁸ (Dallin y Breslauer, 1970; Moore, 2000; Poe, 2004; Duval y Stohl, 1984; Poe y Tate, 1994; Davenport, 1995; Gartner y Regan, 1996; Regan y Henderson, 2002).

De acuerdo con el supuesto de racionalidad instrumental, las nuevas variables explicativas surgen de la pregunta ¿qué factores reducen o incrementan los costos de la violencia estatal? Concretamente, las variables independientes puestas a prueba están asociadas con la variable dependiente (represión estatal) en términos de cómo X moldea los costos o beneficios esperados del uso de la represión. De acuerdo con esta lógica, la investigación macrocuantitativa ha relacionado el incremento de los niveles de violencia estatal con el tamaño y el crecimiento de la población (Henderson, 1993), el crecimiento económico acelerado (Henderson, 1993; Poe y Tate, 1994), la desigualdad económica (Henderson, 1991), la globalización (Aflatooni y Allen, 1991), la capacidad coercitiva del Estado (Davenport, 1995), los gobiernos militares (Poe y Tate, 1994; Poe et al, 1999), el conflicto político (Danvenport, 1995, 1996a, 1996b) y las guerras civiles e internacionales (Poe y Tate, 1994; Poe et al, 1999). Por otra parte, la disminución de los niveles de represión se ha asociado con el nivel de desarrollo económico (Mitchell y McCormick, 1988; Poe y Tate, 1994), la globalización (Richards et al, 2001; Apodaca, 2001, 2002), el legado colonial británico (Mitchell y McCormick, 1988; Poe y Tate, 1994) y la democracia (Mitchell y McCormick, 1988; Henderson, 1991; Poe y Tate, 1994; Poe et al, 1999; Davenport, 1999). La siguiente sección está dedicada a los hallazgos más sólidos de la literatura, no obstante, el cuadro A.1 del anexo sintetiza prácticamente todas las explicaciones causales y la evidencia empírica acumulada en los últimos 30 años en la investigación comparada de la represión.

 

Explicaciones empíricas y hallazgos

Luego de tres décadas de investigación sistemática, pese a la gran cantidad de explicaciones causales sometidas a verificación empírica, son dos los hallazgos más sobresalientes de la literatura macrocuantitativa de la represión: 1) el conflicto político incrementa el uso de la violencia estatal y 2) la democracia lo disminuye⁹ (Davenport, 2007b).

Conflicto político

La relación entre conflicto político y represión estatal es el hallazgo más sólido en la agenda global de la represión. Con base en datos transversales y longitudinales sobre la ocurrencia de guerras civiles y guerras internacionales, la investigación comparada de la represión ha verificado una asociación positiva entre conflicto político y violencia estatal (Poe y Tate, 1994; Poe et al, 1999; Mitchell y McCormick, 1988; Richards, 1999; Keith, 2002; Davenport, 2004; Davenport y Armstrong, 2004; Bueno de Mesquita et al, 2005). Concretamente, estos estudios muestran que los niveles de represión se incrementan en aquellos países que están inmersos en procesos de guerra civil o guerra internacional. Con base en el enfoque que enfatiza el cálculo estratégico de los actores, la explicación de esta asociación es que los gobernantes perciben como amenaza aquellas manifestaciones violentas contra la estabilidad del gobierno. En tanto el conflicto armado incrementa la intensidad de la amenaza, los beneficios de la represión aumentan, por lo que los gobernantes ordenan el uso de la represión. Un hecho empírico sobresaliente es que el impacto del conflicto armado en los niveles de represión se mantiene constante independientemente del tipo de régimen político; sean autocráticos o democráticos, los gobiernos emplean el uso de la violencia estatal en contextos de guerra (Davenport, 2007a).

Por otra parte, algunos especialistas han explorado la relación que existe entre otras formas menos severas de conflicto político y el uso de la violencia estatal (Davenport, 1995, 1996a, 1996b, 2004; Moore, 2002; Rivera, 2008; Aflatooni y Allen, 1991). Por ejemplo, empleando el mismo conjunto de datos pero en diferentes universos de casos y series temporales, Davenport (2007a) y Rivera (2008) muestran que las revueltas tienen un impacto positivo en los niveles de represión, mientras que huelgas generales, demostraciones antigubernamentales y crisis de gobierno no producen la reacción represiva de los gobiernos. En primer lugar, estos hallazgos muestran que formas menos severas de conflicto político tienen también una repercusión en el uso de la violencia estatal. En segundo lugar, el resultado en torno a que las revueltas conducen a la reacción represiva del gobierno sugiere que el uso de la violencia estatal es más probable cuando la ciudadanía se manifiesta por medios violentos que cuando lo hace de manera pacífica, sin que esto varíe dependiendo del tipo de régimen político. Sin embargo, la explicación de que en análisis estadísticos observemos que las manifestaciones pacíficas no conducen al uso de la represión parece ser contingente al tipo de régimen político. Por ejemplo, el uso de la violencia estatal es poco probable en regímenes democráticos porque la represión de la protesta implica un costo muy alto para los gobernantes. Por otra parte, es posible que el hecho de que observemos que las autocracias no reprimen las protestas pacíficas se deba más a la ausencia de este tipo de manifestaciones que a la tolerancia de sus gobernantes.¹⁰ En este sentido, estudios de caso serían muy útiles para comprender mejor los mecanismos de reacción de los gobiernos autoritarios y democráticos ante la protesta pacífica.

Democracia

En sintonía con una de las proposiciones centrales de la teoría democrática, otro hallazgo importante es que hay una relación inversa entre la democracia y los niveles de violencia estatal. Aunque no son excluyentes, tres argumentos compiten para explicar esta relación. En primer lugar, los valores democráticos limitan el uso de la represión: el compromiso y la negociación son valores que permiten procesar el conflicto político de manera pacífica en contextos democráticos (v. gr, Henderson, 1991; Poe y Tate, 1994). En segundo lugar, mecanismos verticales de rendición de cuentas incrementan los costos de la represión: elecciones periódicas posibilitan la rendición de cuentas de los gobernantes electos, de manera que el elector tiene la capacidad de remover del cargo a aquellos gobiernos represivos (Davenport, 2007a; Bueno de Mesquita et al, 2005). Por último, mecanismos horizontales de rendición de cuentas aumentan los costos de la represión: a través del juego de pesos y contrapesos los políticos tienen la capacidad de vigilar y castigar aquellas políticas que afectan el interés general —entre ellas el uso de la represión— (Davenport, 2007a; Bueno de Mesquita et al, 2005). En suma, los valores y mecanismos institucionales asociados con la democracia inhiben el uso de la violencia estatal, pues incrementan los costos de la decisión.

Durante 30 años, abarcando diferentes periodos y universos de países, con base en distintas mediciones y empleando diversas técnicas estadísticas, la agenda macrocuantitativa verificó la relación negativa entre democracia y represión estatal (Poe y Tate, 1994; Poe et al, 1999; Davenport, 1995, 1999; Richards, 1997; Mitchell y McCormick, 1988; Henderson, 1991). Sin embargo, a través de métodos estadísticos más sofisticados, estudios recientes han echado por tierra nuestra certeza en torno al nexo negativo democracia–represión estatal. En contra de la relación lineal encontrada en la primera generación de estudios, nuevas investigaciones han demostrado que la relación entre democracia y violencia estatal no es lineal, sino que ésta implica un umbral, es decir, los regímenes democráticos tienen un impacto negativo en el uso de la represión únicamente cuando alcanzan determinado nivel (8 en el índice de POLITY)¹¹ (Davenport y Armstrong, 2004; Bueno de Mesquita et al, 2005). Así pues, la simple existencia de la democracia no tiene influencia alguna en los niveles de represión estatal; su calidad importa. De acuerdo con este hallazgo, la conclusión es que "no hay soluciones democráticas parciales al problema de la violación de los derechos humanos" (Davenport y Armstrong, 2004, p. 552).

 

Problemas y desafíos

No obstante los avances de la investigación comparada de la represión en las últimas décadas, existe una serie de problemas y desafíos que los especialistas podrían enfrentar en el futuro; éstos están asociados con la incertidumbre de conocer cuáles son los costos y beneficios de la represión, la verificación de teorías formuladas en términos de mecanismos de causales, la desagregación del concepto de democracia y la desatención de explorar patrones emergentes de violencia estatal. Esfuerzos en esta dirección podrían beneficiar la generación de mejores teorías y la acumulación de conocimiento. En el espíritu propositivo del texto, una vez que se describen tales problemas, se sugieren algunas alternativas que podrían ser útiles para resolver dichos desafíos.

Qué costos y qué beneficios

En el mainstream del programa de investigación global, la decisión de reprimir por parte de los gobernantes está basada en el cálculo costo–beneficio de la acción represiva, sin embargo, los comparativistas no han definido con precisión cuáles son los costos y beneficios del uso de la violencia estatal¹² (Davenport, 2007b). La consecuencia de esta omisión es que existe un vacío entre el enfoque de la elección racional empleado y las teorías de medio término que los especialistas han producido para explicar las causas de la violencia estatal, esto es, en la literatura no existen explicaciones que especifiquen cómo la variable independiente afecta los costos y beneficios que moldean la decisión de reprimir (sin embargo, véase Poe, 2004). En los estudios macrocuantitativos, el impacto de las variables independientes sobre el uso de la represión se verifica por medio de alguna variante del análisis de regresión; el coeficiente significativo en la prueba estadística confirma el impacto de X en el uso de la represión. No obstante, debido a que los comparativistas no estipulan claramente cuáles son los costos y beneficios de la represión, desconocemos la manera en que la variable independiente afecta la decisión de reprimir de los gobernantes. En consecuencia, la investigación macrocuantitativa de la represión tiene capacidad de predicción, pero no de explicación; si bien es cierto que tenemos la certeza de que las variables independiente y dependiente covarían (predicción), sabemos poco de las razones de dicha covariación porque los costos y beneficios de la represión no son definidos claramente.¹³

Una alternativa para resolver este desafío consiste en explicitar los costos y beneficios esperados del uso de la violencia estatal. Aunque este esfuerzo rebasa los objetivos del texto (Regan, 1995), brevemente esbozaré sus beneficios potenciales y señalaré una estrategia de investigación empírica. En primer lugar, explicitar cuáles son los costos y beneficios de la represión permitirá generar teorías más precisas, que expliquen de qué manera la variable independiente moldea la decisión represiva de los gobernantes. En segundo lugar, la operacionalización de los costos y beneficios de la represión permitirá acumular mayor y mejor evidencia empírica. Por ejemplo, en un intento aislado en esta dirección, Regan (1996) señala que la manipulación de la ayuda internacional es un elemento que los gobernantes consideran en el momento de ordenar la represión. De acuerdo con este argumento, los países que reciben mayor ayuda económica serán menos proclives al uso de la represión. Con base en esto, una estrategia sería incorporar esta variable al análisis de regresión, medida en términos de la ayuda económica (como proporción del pib) que los países reciben de la comunidad internacional.

Verificación de mecanismos causales

Otro problema que hasta ahora ha pasado desapercibido se relaciona con la verificación de mecanismos causales.¹⁴ Como sabemos, una teoría que identifica mecanismos causales implica que la variable independiente tiene un impacto en la dependiente a través de otra variable, una interviniente. Por esta razón, la prueba empírica de los mecanismos causales exige verificar el impacto de X en Z y posteriormente el efecto de Z en Y. Ahora bien, una buena cantidad de estudios sobre los determinantes de la represión han generado sus teorías en términos de mecanismos causales. Por mencionar un ejemplo, un argumento recurrente en la literatura sostiene que el crecimiento económico acelerado (X) incrementa los niveles de represión estatal (Y) porque genera inestabilidad y conflictos sociales (Z) (Mitchell y McCormick, 1988; Poe y Tate, 1994; Poe et al, 1999; Richards, 1999; Davenport, 2004; Bueno de Mesquita et al., 2005). Sin embargo, en sus modelos de regresión los comparativistas verifican el impacto del crecimiento acelerado en los niveles de represión de manera directa (X:Y), sin verificar covariación entre X:Z y Z: Y. En consecuencia, estos estudios no verifican si la asociación observada es realmente consecuencia del mecanismo causal que estipula la teoría.

Pese a esto, una teoría que predice la asociación entre la variable independiente y la dependiente es una teoría exitosa. Por tal motivo, la verificación de mecanismos causales es una tarea importante en la investigación empírica, pero es un criterio secundario en la evaluación teórica (Gerring, en prensa). Sin embargo, la necesidad de verificar mecanismos causales tiene especial relevancia en la agenda de investigación de la represión porque a medida que los estudios comparados descifren con mayor claridad los mecanismos causales que operan en la lógica represiva, el conocimiento generado será de mayor utilidad en la implementación de políticas públicas proclives a mejorar las condiciones de los derechos humanos en un país determinado.¹⁵ Pese a las dificultades y limitaciones existentes en la comprobación de mecanismos causales (Gerring, en prensa), este texto presenta un par de alternativas para la verificación de explicaciones sobre mecanismos causales. Con el propósito de ser lo más claro posible, retomaré el ejemplo del párrafo anterior (crecimiento económico acelerado — conflicto social represión estatal). La primera opción consiste en realizar dos modelos de regresión. Siguiendo el ejemplo, el primer modelo se emplea para confirmar la asociación entre crecimiento económico acelerado y conflicto político (X:Z), mientras que el segundo modelo pretende verificar la relación entre conflicto social y represión estatal (Z:Y). El mecanismo causal estipulado en la teoría se probaría si las variables explicativas presentan coeficientes significativos en ambos modelos de regresión. La segunda alternativa consta también de dos modelos de regresión, pero la estrategia es distinta. En este caso, el primer modelo se usa para comprobar el impacto del crecimiento económico acelerado sobre los niveles de represión estatal (X:Y). El segundo modelo repite las especificaciones del primero, pero se introduce la variable interviniente (conflicto político). Si la variable conflicto político es válida, su coeficiente sería significativo y produciría una reducción en el valor del coeficiente del crecimiento económico acelerado.¹⁶

La desagregación del concepto de democracia

Como señalé anteriormente, por lo menos hay tres argumentos que compiten para explicar la relación negativa entre democracia y represión estatal (valores, rendición de cuentas vertical y horizontal).¹⁷ Como en otras agendas de investigación, el problema surge cuando las tres proposiciones se evalúan empíricamente usando el mismo indicador agregado de democracia; si el coeficiente de la variable independiente democracia es significativo y en la dirección esperada, ¿cuál de las tres proposiciones se verifica?, ¿cuál es la hipótesis correcta? Como sugiere Bernhard Kittel (2006), la solución a este problema consiste en operacionalizar la variable independiente de manera desagregada (véase también Gleditch y Ward, 1997) o emplear datos que capturen con mayor precisión la variable de interés. En el caso de las hipótesis referentes al impacto negativo de la democracia sobre los niveles de violencia estatal existen varias alternativas. Por ejemplo, para verificar las proposiciones relacionadas con los mecanismos de control vertical, los analistas de la represión tienen a su disposición, entre otros, los datos desagregados del índice de POLITY (Marshall y Jaggers, 2009) o el índice de Tatu Vanhanen (2000), que miden el grado de participación y competencia en un país determinado.¹⁸ Por otra parte, respecto a las proposiciones que asocian los mecanismos de control horizontal con menores niveles de represión, algunas alternativas son el índice de constreñimientos políticos de Witold Henisz (2000), la escala de pesos y contrapesos provista en la base de datos sobre instituciones Políticas del Banco Mundial, o bien los datos sobre constreñimientos al ejecutivo del índice de POLITY (Marshall y Jaggers, 2009). Como es de esperar, el beneficio de emplear este tipo de medidas es que permiten determinar qué elemento en particular de la democracia afecta los niveles de represión.

Sin embargo, las investigaciones empíricas que han operacionalizado el concepto de democracia de manera desagregada han obtenido diferentes resultados. Por ejemplo, Bueno de Mesquita y sus colaboradores (2005) encontraron que la participación electoral y la competencia partidaria tienen un efecto negativo en los niveles de represión, mientras que el estudio de Davenport (2007a) contradice este resultado, pero muestra que los pesos y contrapesos afectan el uso de la represión. Asimismo, los resultados de Rivera (2008) sobre las democracias latinoamericanas sugieren que los mecanismos verticales y horizontales de rendición de cuentas no influyen en los grados de violencia estatal. Aunque estos estudios se orientan en la dirección correcta, una tarea previa consiste en definir cuáles son los indicadores más apropiados para indagar estas relaciones. De igual manera, sigue pendiente la evaluación empírica de las explicaciones que enfatizan el peso de los valores democráticos en el respeto de los derechos humanos.

Patrones emergentes de represión

Una aportación de la investigación contemporánea de la represión es que abandona el molde tradicional de los estudios realizados entre los años cincuenta a los setenta, que entendían el uso de la represión como una patología, característica de los países con regímenes autoritarios o subdesarrollados (Davenport, 2007b). Sin embargo, anclados a la tradición de conceptualizar al Estado como un actor unitario y pensar el uso de la violencia estatal como consecuencia de la evaluación estratégica de las máximas autoridades gubernamentales, el programa de investigación global no ha explorado patrones de represión emergentes, ajenos a la lógica centralizada de los gobernantes; este es quizá el campo más sugerente en la investigación futura. No obstante, contra la tendencia de la literatura macrocuantitativa, dada la dificultad de acceder a event based data para una gran cantidad de países a lo largo del tiempo (Armstrong, 2008), probablemente el camino más fructífero en el futuro sea trasladarnos de estudios cross–national a estudios de caso, que permitan explorar con profundidad nuevas formas de violencia estatal.¹⁹

 

Estudios sobre represión descentralizada

En la última década, siguiendo los estudios seminales de Guillermo O'Donnell (1993, 1999) sobre las deficiencias del imperio de la ley en las democracias postransicionales en América Latina, un grupo de especialistas proveniente de distintas disciplinas de las ciencias sociales ha explorado nuevas formas de violencia estatal en la región. Por un lado, estos estudios han identificado que el surgimiento de regímenes democráticos en la región no ha sido acompañado por cambios significativos en los niveles de represión. Por otro lado, sostienen que las nuevas formas de represión se distinguen del abuso del poder bajo regímenes autoritarios, en los que el uso de la violencia estatal tenía un origen político. En el contexto postransicional, la violencia estatal es producto del abuso de poder de las agencias estatales de seguridad (Méndez et al., 1999; véase también Munck, 2003). Mientras que la violencia estatal estuvo asociada con la lógica centralizada durante el periodo autoritario de los años sesenta y setenta, la represión del estado ha seguido principalmente el patrón descentralizado en el contexto postransicional. En América Latina, las juntas militares regresaron a los cuarteles y los autócratas electorales ingresaron a la arena de la competencia electoral, sin embargo, el uso de la violencia estatal sólo cambió de la lógica centralizada a la descentralizada, por lo que los procesos de transición democrática no condujeron a cambios significativos en el respeto de los derechos humanos en la región.

Si bien es cierto que aún no se ha conformado una agenda de investigación claramente definida,²⁰ los estudios de área–América Latina representan un campo de investigación novedoso en la literatura sobre represión estatal. En una primera etapa, a través de un pequeño conjunto de casos, los especialistas se han enfocado en la descripción del nuevo fenómeno de la represión estatal en América Latina (Méndez et al., 1999; Holston y Caldeira, 1998; Caldeira y Holston, 1999; Pereira y Ungar, 2004). Quizá por esta razón, la construcción de modelos analíticos y la generación de teorías han quedado relegadas a un segundo plano; sin embargo, recientemente algunos estudios han comenzado a establecer referentes analíticos más precisos, orientados a la investigación causal de la violencia estatal en la región. Por ejemplo, Ronald Ahnen (2007) explora la manera en que los altos niveles de criminalidad en Brasil conducen a la respuesta represiva de gobiernos conservadores en el ámbito subnacional. Curiosamente, la investigación más sugerente sobre la represión democrática en AL proviene de un campo que no es el de la violencia estatal, sino el del funcionamiento de los sistemas judiciales en la región (Brinks, 2006, 2008a, 2008b). En concreto, el estudio de Daniel Brinks (2008a) confirma que existe una versión descentralizada de la represión e indirectamente sugiere que las raíces de esta nueva forma de violencia estatal se encuentran en la impunidad de las agencias policiales y en una serie de reglas informales que operan en los sistemas de justicia.

 

Explicaciones empíricas y hallazgos

En oposición al programa de investigación global de la represión, que se centra en explicar la variación existente en los niveles de represión entre países, los estudios regionales–AL se han enfocado en describir y explicar el fenómeno de la represión exclusivamente en regímenes democráticos (v. gr., Ahnen, 2007; Méndez et al, 1999). Asimismo, salvo algunas excepciones, las explicaciones empíricas presentes en la literatura regional giran en torno a lo que he denominado represión descentralizada. En términos generales, estas explicaciones están asociadas con la pobreza de las víctimas, los valores y creencias presentes tanto en las fuerzas de seguridad como en los gobernantes electos y la ciudadanía, y con el déficit de rendición de cuentas policial.

Patrones emergentes: violencia estatal ilegal

Un hallazgo central de la agenda regional–AL consiste en identificar un nuevo patrón de violencia estatal bajo regímenes democráticos. Por un lado, estos estudios presentan descripciones reveladoras acerca de la intensidad de la represión en las democracias latinoamericanas.²¹ Por otro lado, estos estudios describen detalladamente que la represión estatal no es resultado de la decisión de los gobernantes electos, sino del comportamiento ilegal de los miembros de las agencias estatales de seguridad (Méndez et al., 1999, véase también Brinks, 2008a, 2008b). En las democracias de la región, la burocracia encargada de garantizar la seguridad ciudadana está constituida por actores represivos. Como señala Pinheiro (1999, p. 17), "el retorno al constitucionalismo democrático hizo poco por erradicar las prácticas autoritarias presentes en el Estado y la sociedad. A pesar de la protección constitucional, la violencia permanece constante. Los gobiernos civiles no han podido controlar el abuso de poder ni combatir la impunidad". Contra lo que supone la agenda global de la represión, los estudios de área–AL muestran que la navaja liberal (Popper, 1994) no sólo tiene sus raíces en el exceso de poder de los gobernantes electos, sino en el ejercicio arbitrario del poder por parte de la burocracia pública encargada de implementar las políticas de seguridad pública.

Pobreza: el origen de las víctimas

A diferencia de los estudios macrocuantitativos, el programa regional tiene la virtud de identificar las características socioeconómicas de las víctimas de la violencia estatal. A través de estudios de caso, los comparativistas coinciden en que los blancos de la represión han dejado de ser los opositores políticos —como era bajo los regímenes autoritarios—. Por el contrario, en las democracias contemporáneas las víctimas de violaciones a los derechos humanos generalmente son individuos pobres (Brinks, 2008a, 2008b; Méndez, 1999; Pinheiro, 1999; Holston y Caldeira, 1998; Pereira y Ungar, 2004). Luego de las transiciones a la democracia, "los blancos de la violencia estatal son ahora diferentes [...] Las víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales y ocasionales desapariciones forzadas son ahora anónimas; estas víctimas no son conocidos prisioneros políticos con quienes el resto del mundo simpatiza al instante, sino, por el contrario, tienden a ser jóvenes provenientes de distritos pobres cuya victimización raramente amerita una crónica en un periódico" (Méndez, 1999, p. 32). De este modo, a través de descripciones detalladas acerca de la manera en que los agentes de seguridad estatal violan los derechos humanos de los más pobres, estos estudios sugieren que la pobreza es un factor que contribuye a nuestro entendimiento del fenómeno de la represión estatal. Este podría ser un camino importante en la investigación futura, pues si bien la agenda macrocuantitativa ha explorado el impacto del nivel de desarrollo económico en los niveles de violencia estatal, las explicaciones existentes son insatisfactorias y los resultados estadísticos, ambiguos²² (Davenport, 2007b, p. 14).

Valores y creencias: la mano dura como respuesta al crimen

Otros elementos asociados con la violencia estatal descentralizada son los valores y expectativas que los agentes de seguridad, gobernantes electos y ciudadanía en general tienen acerca del orden público. En este sentido, algunos estudios hacen hincapié en que los cuerpos de seguridad en la región tienen la firme creencia de que el uso de la violencia estatal es un medio eficaz para mantener el orden público. Más importante aún, en las raíces de esta afirmación —la violencia estatal incrementa el orden social y garantiza la seguridad ciudadana— existe una justificación normativa: las agencias estatales de seguridad frecuentemente argumentan que la comisión de actos violentos es una medio legítimo para librar a la sociedad de sujetos indeseables (Holston y Caldeira, 1998; Pereira y Ungar, 2004; Méndez et al., 1999). Al mismo tiempo, estos estudios señalan que entre las máximas autoridades gubernamentales y la ciudadanía hay quienes justifican las violaciones a los derechos humanos como mecanismo para garantizar la seguridad ciudadana; por lo general esta actitud es consecuencia de la sensación de inseguridad, a su vez producto de las altas tasas de criminalidad en la región (Ahnen, 2007; Holston y Caldeira, 1998; Smulovitz, 2003; Pereira y Ungar, 2004). De este modo, la literatura sugiere que la noción de mano dura prevaleciente en las sociedades de la región es resultado de un cálculo estratégico, que se deriva de la creencia compartida en torno a que la violencia estatal reduce los niveles de delincuencia, y de una justificación normativa, en que la ciudadanía sacrifica los derechos de otros ciudadanos a cambio de maximizar su propia seguridad. De manera provocativa, estos estudios contradicen la explicación que enfatiza que los valores asociados con la democracia reducen indirectamente los niveles de represión (v. gr, Henderson, 1991); por el contrario, señalan que ciudadanos y políticos aceptan un trade–off entre mayor seguridad individual y patrimonial a cambio de sacrificar un conjunto de libertades y derechos —incluido el derecho a la integridad física— de otros miembros del demos. La conclusión más importante es que el efecto de la democracia en los niveles de violencia estatal "es indeterminado a priori, éste depende del contexto social, político y económico en el que habita la democracia" (Ahnen, 2007, p. 144).

Déficit de rendición de cuentas de las agencias de seguridad

Otra explicación en la literatura regional de la represión gira en torno a la incapacidad de controlar y sancionar la comisión de actos de violencia ilegal perpetrada por las agencias estatales de seguridad (Chevigny, 1995; Brinks 2003, 2006, 2008a); estos estudios describen una dinámica en que la independencia de los cuerpos de seguridad pública y la ausencia de sanciones legales efectivas ante las violaciones de los derechos humanos se refuerzan mutuamente, lo que origina un terreno fértil para el surgimiento y la permanencia de patrones de represión descentralizada. Por ejemplo, en su estudio sobre seis ciudades de América, Chevigny (1995) muestra que la proclividad de los agentes policiales a cometer actos de violencia ilegal es mayor en diseños institucionales donde los mecanismos de rendición de cuentas de la policía son más laxos que aquellos que tienen mecanismos de monitoreo y sanción más restrictivos. Así pues, la debilidad del Estado en las democracias latinoamericanas se expresa en la falta de control sobre la burocracia pública encargada de proteger la seguridad ciudadana y en la impunidad que esta burocracia goza como consecuencia de la discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. Desde esta perspectiva, la recomendación en términos de política pública consiste en que los gobiernos inviertan recursos humanos y materiales para diseñar mecanismos de rendición de cuentas que reduzcan la impunidad y discrecionalidad del comportamiento policial.

 

Problemas y desafíos

Como se ha observado, la literatura de área–AL de la represión no sólo es valiosa porque identifica un nuevo patrón de violencia estatal, sino porque al identificar nuevas variables explicativas y generar hipótesis alternativas contribuye a ampliar los horizontes de la investigación global de la represión. Sin embargo, existe una serie de problemas y desafíos que quedan por resolver; éstos se asocian con la generación y la forma de poner a prueba las teorías, al sesgo de selección por variable dependiente y al sesgo por variable omitida, así como al empleo de bases de datos transversales y longitudinales ya existentes y a la construcción de nuevas.

Generación y comprobación de teorías

La mayor parte de la investigación sobre represión democrática en AL se ha centrado en la descripción del fenómeno. Como suele ocurrir, los estudios descriptivos permanecen quietos, "esperando ser consumidos por nuevas teorías" (Gerring, 2001, p. 122). Ahora bien, los estudios tendientes a generar teorías y realizar inferencias causales se enfrentan al desafío de trazar claramente la frontera entre ambas etapas del proceso de investigación. Un rasgo común de los estudios de área–AL es que los autores no establecen con precisión la frontera entre el proceso de generación de teoría y el proceso de inferencia causal (Holston y Caldeira, 1998; Pereira y Ungar, 2004). En consecuencia, cuando los comparativistas de la represión en AL no definen claramente la división entre la construcción de teoría y la verificación empírica de ésta, la investigación comparada corre el riesgo de presentar "ilustraciones teóricas o pruebas plausibles en lugar de poner a prueba realmente la teoría" (Munck y Snyder, 2007, p. 19).²³ Siguiendo el argumento de Munck y Snyder (2007), para evitar este problema es necesario distinguir la etapa de generación de teoría del proceso de análisis empírico.²⁴

Sesgo de selección por variable dependiente y sesgo por variable omitida

Un problema frecuente en la literatura sobre violencia estatal en AL está relacionado con el sesgo de selección por la variable dependiente; esto ocurre cuando los comparativistas seleccionan de manera deliberada casos con un resultado particular (George y Bennet, 2005, p. 23). Este hecho se observa en la selección de países con regímenes democráticos que presentan altos niveles de violencia estatal. En este sentido, una estrategia útil consiste en emplear los datos transversales y longitudinales existentes para los países de la región (Rivera, 2008), o bien usar datos a nivel subnacional para uno o pocos casos (Ahnen, 2007); ambos diseños de investigación contribuyen a resolver el sesgo por variable dependiente, pues permiten capturar toda la variación existente (o al menos un rango de variación mayor) en la variable dependiente.

Por otra parte, al excluir del análisis una serie de variables que, según la evidencia que tenemos, contribuyen a explicar la variación existente en los niveles de represión (véase cuadro A.1), estos estudios presentan problemas de sesgo por variable omitida. Por ejemplo, no hay ningún estudio que controle por grado de conflicto político (v. gr., crisis de gobierno, protestas antigubernamentales) y muy pocos lo hacen tomando en consideración la densidad de población o las tasas de criminalidad (algunas excepciones son Ahnen, 2007; Rivera, 2008). Si bien es cierto que uno de los propósitos centrales de los estudios de caso es encontrar cuáles son y explicar cómo operan las condiciones necesarias y suficientes para un resultado particular en la variable dependiente (Gerring, 2004; George y Bennet, 2005; Mahoney, 2007), al excluir del análisis una serie de controles se corre el riesgo de validar relaciones espurias entre las variables independiente y dependiente. Además, una implicación importante de ambos problemas es que las ricas explicaciones que los comparativistas de la represión en AL urden a través de estudios de caso sean difíciles de generalizar para toda la región.

Uso de bases datos existentes y construcción de nuevas

Como he descrito anteriormente, los estudios de área de la represión en AL se han centrado primordialmente en la descripción del fenómeno de la violencia estatal. Asimismo, los pocos estudios existentes orientados a descifrar las causas de la violencia estatal en las democracias de la región son estudios de caso, que no ofrecen datos sistemáticos sobre los grados de violencia estatal en un país determinado (sin embargo, véanse Ahnen, 2007; Brinks, 2008a, 2008b). Hasta ahora, prácticamente no hay investigaciones que empleen datos transversales y longitudinales disponibles para los analistas del fenómeno de la represión; en consecuencia, el programa de investigación regional no cuenta con estudios comparativos que capturen toda la variación espacial y temporal existente en los niveles de violencia estatal democrática en AL. En este sentido, empleando las bases de datos globales sobre represión estatal (véanse Cingranelli y Richards, 1999a, 1999b; Gibney y Dalton, 1996), una alternativa consiste en evaluar las hipótesis derivadas de los estudios de caso en todo el universo de las democracias latinoamericanas (para un esfuerzo preliminar, véase Rivera, 2008). Asimismo, otra alternativa consiste en la construcción de event–based data para uno o un pequeño grupo de casos.²⁵ Por ejemplo, con base en reportes y datos recopilados por algunas ong brasileñas, Ahnen (2007) ha creado una base de datos de los homicidios cometidos por la policía civil y militar en Brasil. A su vez, Brinks (2008a) ha recopilado datos sobre los homicidios extra–judiciales cometidos en ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay. Si bien es cierto que este tipo de datos proveen información sobre el estado de los derechos humanos en un país determinado en un periodo relativamente corto de tiempo (Armstrong, 2008), permiten obtener un panorama mucho más preciso que el observado a través de medidas estándar como el Physical Integrity Rights Index (Cingra–nelli y Richards, 1999a, 1999b) o el Political State Terror (Gibney y Dalton, 1996). Además, los datos basados en eventos permiten verificar teorías más precisas, asociados con la lógica descentralizada de la represión.

 

Conclusiones

En este artículo he presentado una revisión de la agenda de investigación global de la represión y los estudios de área de América Latina. Por un lado, el programa de investigación global ha estado centrado en el patrón de represión centralizada y ha empleado métodos estadísticos para la verificación de hipótesis. A pesar de que durante más de 30 años la investigación empírica verificó el nexo negativo entre democracia y represión estatal, estudios recientes han realizado una contribución valiosa al mostrar que la existencia de regímenes democráticos no es condición suficiente del respeto efectivo a los derechos humanos. Más importante aún, han contribuido a considerar a la violencia del Estado como un fenómeno que no es exclusivo de regímenes autocráticos.

Por otro lado, los estudios de área–AL han identificado una nueva forma de violencia estatal; estas investigaciones sugieren que el uso de la represión en regímenes democráticos no depende únicamente de la decisión de los gobernantes electos, sino también del comportamiento ilegal de las agencias de seguridad pública. En consecuencia, esta literatura representa un desafío al marco analítico dominante de la agenda macrocuantitativa de la represión y ofrece valiosos insumos para el desarrollo de nuevas teorías. Sin embargo, a pesar de que los estudios de área–AL son reveladores y bastante provocativos, los hallazgos empíricos no son muy sistemáticos ni convincentes; esto se debe principalmente a que los analistas no distinguen con claridad las etapas de generación de teoría y verificación empírica en sus procesos de investigación, y a problemas asociados con sesgos de selección por variable dependiente y por variable omitida.

En síntesis, la investigación sobre represión estatal ha avanzado de manera significativa en los últimos diez años. En contraste con la primera generación de estudios sobre represión estatal y a las expectativas de los promotores internacionales de la democracia y los derechos humanos, la conclusión central de las nuevas investigaciones provenientes de la literatura global y los estudios de área–AL es que la democracia no garantiza a priori la reducción de los niveles de violencia estatal. Por el contrario, el impacto de la democracia en el respeto a los derechos humanos está moldeado por el contexto en que ésta habita (Ahnen, 2007, p. 144). Pese a sus avances, el programa de investigación sobre violaciones a derechos humanos enfrenta importantes desafíos, particularmente en lo referente a la elaboración de una teoría sobre la violencia estatal democrática. Con el propósito de contribuir a dicha tarea, este artículo cuestionó la utilidad de conceptualizar al Estado como actor unitario e invita a los comparativistas a modelar el fenómeno de la violencia estatal democrática en términos de múltiples relaciones agente–principal, que se establecen entre los gobernantes electos, las agencias estatales de seguridad y los ciudadanos²⁶. La utilidad de este modelo heurístico radica en que permite explorar comprehensivamente el fenómeno de la represión, configurado por la lógica centralizada y descentralizada de la violencia del Estado. Paralelamente, en contraposición a los especialistas que sostienen que los estudios de área impiden el progreso de la disciplina porque carecen de teoría (Bates, 1996), el presente artículo muestra que los estudios de área sobre represión estatal en América Latina constituyen una fuente útil para la generación de nuevas teorías e hipótesis y un campo fascinante para ponerlas a prueba.

 

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Notas

El autor agradece el apoyo y las valiosas sugerencias de Andreas Schedler. Agradece también los útiles comentarios de Rodrigo Salazar, Bárbara Zárate y dos dictaminadores anónimos, y a Karina Ansolabehere y Paco Valdés por sus comentarios a la versión inicial del texto. Los errores son del autor.

¹ En términos generales, en la literatura hay un consenso en que la represión estatal es el uso de los recursos coercitivos del Estado en contra de uno o más miembros del demos (Davenport, 2007b, p. 2). Asimismo, la investigación empírica de la represión se ha centrado en un abanico específico de todo el conjunto de derechos humanos: el derecho a la integridad física (Poe y Tate, 1994).

² En Medio Oriente y el norte de África 83.3 por ciento de los casos registra ocurrencia de guerra civil, mientras que para los casos registrados en el sur de Asia la cifra es de 77.1 por ciento. En el norte de África y Medio Oriente las observaciones se distribuyen entre Israel y Turquía, mientras que en el sur de Asia las observaciones están dispersas entre Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

³ A excepción de Europa, AL es la región más democrática del mundo. Paralelamente, contrario a las regiones de Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asía, sólo 16.6 por ciento de las observaciones registraron ocurrencia de guerra civil en América Latina entre 1981–2002.

⁴ Para aproximaciones similares, pero empleadas en otros referentes empíricos, véase Przeworski (1999), Cox y McCubbins (2001) e Eaton (2004). Para una buena revisión de esta literatura, véase Munck (2004).

⁵ Nótese que esta perspectiva se centra en el actor que decide y no en el actor que ejecuta la represión; en ambos casos, la represión es ejecutada por las agencias estatales de seguridad.

⁶ Este no es un problema particular del fenómeno de la violencia estatal, sino en general de la vigencia del imperio de la ley. Como señala Beatriz Magaloni (2003), "uno de los dilemas fundamentales del imperio de la ley en los países de reciente democratización deriva de un problema de agencia: el Estado no puede controlar el comportamiento de las agencias encargadas de aplicar la ley".

⁷ Ambos casos son bien conocidos en la literatura. Por un lado, la matanza de Wilde (1994) conmocionó a la sociedad argentina por el asesinato de cinco jóvenes inocentes a manos de la policía. Lo más alarmante es que los oficiales involucrados emplearon 239 disparos, mientras que los verdaderos culpables fueron aprehendidos horas después, sin que fuese necesario el uso de la fuerza (Chevigny, 1999). Por otro lado, los abusos de la policía parisina contra Ahmed Selmouni en 1991 trascendieron internacionalmente cuando el caso llegó a la Corte Europea de Estrasburgo, en 1997 (Schneider, 2008).

⁸ Algunos especialistas han empleado la "teoría de la habituación" (habituation theory) (Davenport, 1996b). Esta teoría cuestiona la capacidad del gobierno para elegir la estrategia represiva en términos de la ponderación entre costos y beneficios. A diferencia de la teoría de la elección racional, el enfoque de la habituación sostiene que los policy makers se inclinan por seguir procedimientos estandarizados y respuestas emocionales que ya se han seguido en el pasado. Cuando las "fuerzas" que promueven el uso de la represión han sido establecidas a través del tiempo ("instituciones y creencias") y las amenazas al régimen han sido significativas en el pasado, la probabilidad del uso de la represión se incrementa. Cuando estas "fuerzas" no han sido establecidas y los retos que encaró el régimen en el pasado no han sido significativos, la probabilidad del uso de la fuerza disminuye (Davenport, 1996b).

⁹ Recientemente, Davenport (2007a) incluye entre los hallazgos de la literatura la influencia de los niveles pasados de represión. Si bien es cierto que en cada análisis de regresión el coeficiente de la variable dependiente rezagada resulta significativo, la literatura carece de una explicación al respecto. De hecho, los primeros estudios incluyeron esta variable por razones técnicas y no teóricas: el propósito era corregir problemas de autocorrelación presentes en el análisis de regresión.

¹⁰ Debido a su naturaleza, las autocracias inhiben la protesta. Y si no hay protesta, entonces no hay razones para reprimir.

¹¹ Antes de estos estudios, algunos especialistas sostenían que la relación entre democracia y represión estatal tenía forma de U invertida. La idea central era que el grado de incertidumbre es más importante que el grado de apertura del régimen político para explicar los niveles de represión. En consecuencia, los regímenes semidemocráticos son más represivos que las democracias y autocracias (Fein, 1995; Regan y Henderson, 2002; Gartner y Regan, 1996; King, 1998). Sin embargo, la evidencia empírica de estas investigaciones no es muy sólida.

¹² En mi revisión sólo encontré dos esfuerzos por esclarecer con precisión los costos y beneficios de la represión. Por un lado, Gartner y Regan (1996) señalaban que los costos de la represión provenían tanto de la arena internacional como de la nacional. Los costos externos incluyen sanciones económicas, restricciones al comercio, manipulación de ayuda internacional y apoyo a grupos insurgentes. En la arena nacional, los costos de la represión están asociados con la intensidad de la represión y con la demanda de la oposición. Paralelamente, la fuente de los costos surge de la independencia del Poder Judicial y del Poder Legislativo (Gartner y Regan, 1996, p. 277); sin embargo, en ningún momento establecen concretamente cuáles son los costos de la represión. Asimismo, los beneficios de la acción represiva se asocian sencillamente con el orden político. Por otra parte, Davenport (2004, p. 541) señala que los costos de la represión son la resistencia civil, la reducción de recursos humanos y materiales y la disminución de legitimidad en el ámbito nacional e internacional. En contraparte, los beneficios consisten en eliminar a la oposición y en garantizar la permanencia en el poder de los líderes políticos, así como la ratificación del Estado como monopolio de la fuerza.

¹³ Para una discusión más general, véase Gerring (2001, pp. 126–127).

¹⁴ En las ciencias sociales no hay un consenso en torno a la definición de mecanismo causal. Sencillamente, aquí se entiende como el proceso a través del cual se produce una relación causal (Gerring, 2008).

¹⁵ Como señala John Gerring (en prensa), "desde una perspectiva de políticas, usualmente es más importante saber qué efecto tiene el tratamiento dado sobre un resultado que las causas de éste. Por supuesto, estas últimas no son incidentales al anterior, y a menudo pueden contribuir a identificar potenciales externalidades. Es posible que sepamos que la política X causa el resultado Y, pero si no sabemos por qué, es difícil anticipar los posibles efectos no intencionados de la política X".

¹⁶ Para una práctica ejemplar de la verificación de mecanismos causales, véase Ross (2001).

¹⁷ Ahnen (2007) identifica siete explicaciones diferentes sobre la misma relación causal.

¹⁸ Para una buena descripción y evaluación de los índices de democracia disponibles en el subcampo de la política comparada, véase Munck y Verkuilen (2002).

¹⁹ Para un argumento similar, véase Christian Davenport (2007b).

²⁰ En general, estas investigaciones se ubican bajo el enorme paraguas de la "calidad democrática" (O'Donnell, 2004).

²¹ Por mencionar un ejemplo, los datos que presenta Chevigny (1995) muestran que, durante la década de 1990, la policía de Sao Paulo asesinó más ciudadanos que la dictadura militar previa durante todo su periodo de gobierno.

²² Un problema de la agenda macrocuantitativa de la represión es que no identifica a las víctimas de la represión. Básicamente, el problema es que con los datos estructurales que por lo regular se emplean no es posible generar conclusiones acerca de quiénes son las víctimas de la represión. De hacerlo así, estaríamos cayendo en la falacia ecológica (sobre este problema, véase King, 1997).

²³ Este no es un problema exclusivo de los estudios cualitativos del fenómeno de la represión estatal en América Latina, sino de la investigación cualitativa en general (Munck y Snyder, 2007, pp. 18–20).

²⁴ Por supuesto que la generación de teoría no se desarrolla en el vacío. En el proceso de investigación, la generación de teoría y el análisis empírico se refuerzan mutuamente; sin embargo, mi argumento llama la atención sobre la necesidad de no confundir ambas etapas en la investigación comparada.

²⁵ Dada la poca disponibilidad de bases de datos para determinados temas, la elaboración de nuevas bases de datos para uno o pocos casos por parte de los comparativistas parece ser una tendencia reciente en la subdisciplina de la política comparada (Schedler y Mude, en prensa).

²⁶ Recientemente, Ryals y Moore (en prensa), Englehart, y Alok et al. (2009) presentan esfuerzos en esta dirección.