Traducción

 

Edward Snowden: desobediencia civil para una era de vigilancia total*

 

William E. Scheuerman**

 

** Department of Political Science, Indiana University, wscheuer@indiana.edu

 

Las revelaciones de Edward Snowden, en junio de 2013, acerca de la vigilancia a a cabo por la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) han dominado la cobertura mediática global como pocos eventos en años recientes. Héroe para algunos y traidor para otros, Snowden, con sus explosivas divulgaciones del espionaje de Estados Unidos, también ha desatado, como claramente lo esperaba, un debate político sobre la vigilancia estatal en el contexto de los avances tecnológicos, cuyas implicaciones apenas alcanzan a comprender muchos autores de leyes, sin mencionar a la gente común. No ha pasado una semana sin algún reportaje interesante acerca de las filtraciones, frecuentemente seguidos de una predecible polarización elitista y reacciones públicas. Los medios de información comunes han pintado un vívido retrato de la historia personal de Snowden, así como de su carrera, completándolo con la dosis usual de comentarios expertos. También han ofrecido un foro ideal para los políticos y críticos ansiosos de ridiculizar y proferir ataques contra él, además de la posibilidad de responder a las críticas de aquellos más solidarios con su causa —por lo general, localizados en el extranjero, y que se consideran a sí mismos víctimas en lugar de beneficiarios de la vigilancia de la NSA.

Por desgracia, el circo mediático ha hecho sombra a una parte de la historia menos llamativa, pero más vital, a saber, la seriedad moral y política con la que actuó Snowden para hacer del dominio público el hasta entonces encubierto alcance y escala de la vigilancia de la NSA. Como ahora sabemos, y el propio Snowden lo anticipó, su decisión ha tenido un enorme costo personal —después de que la administración de Obama canceló abruptamente su pasaporte, volviéndolo prácticamente un apatriado, quedó dependiente de la discrecionalidad de un gobierno más enfocado en flexionar lo que queda de sus débiles músculos como una potencia mundial, que en terminar con el molesto espionaje tecnológico—. Tristemente, uno de nuestros más elocuentes críticos del espionaje estatal ahora se encuentra a sí mismo, en parte por la respuesta draconiana de la administración de Obama, a merced de un experto exespía de la KGB.¹

Aunque los medios han reportado de manera amplia su búsqueda de asilo y sus gestiones en la Rusia de Putin, no han sido capaces de informar efectivamente la dimensión de las reflexiones morales y políticas que en apariencia guiaron a Snowden, entonces de 29 años, a renunciar a su salario de seis cifras y a una vida cómoda en Hawaii. Como espero mostrar, sus declaraciones públicas —en especial un comentario revelador, pero ignorado, que hizo en el aeropuerto de Moscú el 12 de julio de 2013, cuando aceptó reacio la oferta de asilo de Rusia—² muestran que Snowden ha pensado largo y tendido en la pregunta fundamental de cuándo y cómo los ciudadanos de un Estado libre y democrático están moral y políticamente obligados a violar la ley.

A Henry David Thoreau, crítico del militarismo y la esclavitud del siglo diecinueve, se le ha reconocido ampliamente —aunque en algún sentido de manera engañosa— por haber acuñado el término desobediencia civil.³ Por lo menos desde mediados del siglo pasado, cuando Mahatma Gandhi y Martin Luther King cautivaron la atención pública global al articular sólidas defensas en favor de la violación no violenta de la ley,⁴ los activistas políticos de diferentes contextos nacionales han adaptado de modo creativo sus ideas y técnicas a sus condiciones locales. Por su parte, importantes teóricos políticos y filósofos —incluyendo liberales como John Rawls y demócratas radicales como Jürgen Habermas— han luchado para darle sentido a esta forma innovadora de protesta, y en especial a las condiciones exactas bajo las cuales la desobediencia civil debería ser vista como una característica indispensable de una cultura liberal y democrática madura. No obstante, el fallo general de los medios para informar las contribuciones inesperadas de Snowden a ese debate merece nuestra cuidadosa atención.

Mi argumento aquí es que debemos considerar que las acciones de Snowden satisfacen la mayoría de las pruebas exigidas por el elaborado pensamiento político acerca de la desobediencia civil. Con seguridad, algunos académicos e incluso prominentes personajes políticos han descrito sus acciones como un ejemplo de desobediencia civil legítima.⁵ Sin embargo, aún no han justificado de forma plena este punto de vista, lo cual hará que muchos críticos de Snowden aún lo vean como contraintuitivo y tendencioso. Al igual que Thoreau, Gandhi, King, y un sinnúmero de activistas populares, Snowden ha articulado una poderosa defensa de por qué estaba moralmente obligado a violar la ley con base en motivaciones políticas. También ha hecho enormes esfuerzos para explicar cómo sus acciones pueden distinguirse de crímenes ordinarios, y por qué no necesitan culminar en mera rebeldía caprichosa. De hecho, su ejemplo tal vez pueda ayudarnos a adelantar ideas liberales y democráticas acerca de la desobediencia civil. En primer lugar, destaca razones sólidas de por qué, dando pie al punto de vista ortodoxo, la aceptación del castigo por quienes se comprometen con la desobediencia civil no debería ser visto como una condición de su legitimidad. En segundo lugar, Snowden nos recuerda que en nuestra era la intensificación de los procesos de globalización configura de manera directa cada rasgo de la existencia política. Los defensores de la desobediencia civil están obligados a actualizar sus reflexiones correspondientes.

 

SNOWDEN COMO UN DESOBEDIENTE CIVIL

Si empezamos con la definición textual de desobediencia civil como un "acto público de conciencia con carácter político, contrario a la ley, normalmente llevado a cabo con el fin de lograr un cambio en la ley o política del gobierno", podemos concordar en que las revelaciones de Snowden caen bajo su alcance (Rawls, 1991: 104).

Snowden anticipó desde un principio que sus revelaciones acerca de la NSA (donde trabajó antes de unirse a uno de sus contratistas privados, Booz Allen Hamilton) serían tomadas inmediatamente por el gobierno de Estados Unidos como evidencia de "haber violado la Ley de Espionaje y ayudado a nuestros enemigos" (citado en: Greenwald, MacAskill y Poitras, 2013). En una entrevista inicial con los reporteros del periódico The Guardian, quienes ayudaron a dar a conocer la primicia de la historia, Snowden no sólo predijo que sería acusado de ilegalidad, espionaje, e incluso traición, sino que, además, el gobierno de los Estados Unidos reuniría sus poderosos e imponentes recursos para desacreditarlo y castigarlo con severidad (Greenwald, MacAskill y Poitras, 2013). Más recientemente, ha aceptado que firmó un acuerdo gubernamental estándar de confidencialidad obligatoria para información clasificada y que, por lo tanto, sus acciones podrían ser interpretadas como una violación de un contrato civil que aceptó cuando entró al gobierno de Estados Unidos (Gellman, 2013). En suma, él siempre reconoció que el gobierno de este país describiría sus acciones como ilegales, apoyándose en su fundamento legal.

De hecho, el gobierno de Estados Unidos respondió de inmediato a las filtraciones de la NSA revocándole el pasaporte a Snowden, prohibiéndole a un número de países foráneos concederle asilo, dejándolo sólo con la opción del exilio ruso. El Procurador General Eric Holder también se apresuró en anunciar que Snowden sería acusado de violar la Ley de Espionaje.⁶ Como predijo Snowden, y como había sucedido con otros informantes famosos (por ejemplo, Thomas Andrew Drake⁷ y Bradley Manning), la administración de Obama decidió lanzarle todo el peso de la ley.

Más importante para nuestros propósitos inmediatos, las acciones de Snowden representan un ejemplo de lo que el filósofo Hugo Adam Bedau caracterizó con provecho como una resistencia, o desobediencia civil indirecta, y a la vez potencialmente legítima, llevada a cabo durante "un (o incluso más) desalojo(s), por ejemplo, cuando los negros violan el derecho de propiedad para protestar por la injusticia racial", en contraste con desobediencia directa, típicamente dirigida a prevenir la ejecución de una ley considerada como injusta —por ejemplo, cuando los negros violan los estatutos de segregación (Bedau, 1991a: 50)—. Aunque Snowden admite haber violado el acuerdo gubernamental de confidencialidad, y a pesar de tener dudas sobre si el Procurador General Eric Holder recurriría a la Ley de Espionaje, su objetivo principal sigue siendo el ceñimiento de la política de Estados Unidos a la vigilancia de la NSA. Ha violado las prohibiciones de transmisión de información solo porque hacerlo ofrece una efectiva —y de acuerdo con su punto de vista, necesaria— manera de atraer la atención pública hacia las injusticias cometidas por la política de vigilancia de Estados Unidos, y no necesariamente porque aspire a desacreditar las reglas de confidencialidad gubernamentales, o la Ley de Espionaje. Incluso ha ido más allá al asegurar que no está "tratando de destruir la NSA, (por el contrario) estoy trabajando para mejorar la NSA" asegurando que se apegue a los límites legales y constitucionales apropiados (Gellman, 2013).

Esta posición básica ya había sido bosquejada por Snowden en el aeropuerto de Moscú, donde explicó por qué se sentía moral y legalmente obligado a llevar a cabo ciertas acciones que quizá serían percibidas como "contrarias a la ley". Obviamente, la suya fue una declaración abierta y pública, simplemente debido a que, según afirmó, implicaba "una decisión moral informar al público acerca del espionaje que nos afecta a todos", un imperativo si la política acerca de la cual la mayoría de la gente —e incluso la mayoría de los representantes de la élite política— permanecía en la oscuridad, iba por fin a ganar la atención pública. Dirigiéndose no sólo a sus conciudadanos, sino a otros alrededor del mundo, Snowden "reveló lo que sabía al público, para que lo que afecta a todos pueda ser discutido por todos a la luz del día". Con la esperanza de generar una amplia conciencia de la política de espionaje existente, así como la necesidad de una reforma de largo alcance, el carácter público de su acto mostró ser esencial para esa meta. Como recalcó en otra conversación con los reporteros de The Guardian, "[mi] único motivo es informar al público acerca de lo que se hace en su nombre y aquello que se hace en su contra" (citado en Greenwald, MacAskill y Poitras, 2013).

La declaración de Snowden en Moscú se refirió tanto a la ley constitucional como a la ley internacional de los derechos humanos, asegurando con audacia que los programas existentes de la NSA constituyen "una seria violación de la ley", incluyendo las Enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución de los Estados Unidos (que prohíben la persecución y captura fuera de límites razonables, y garantizan un proceso debido), el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (que proporciona seguridad legal básica), además de otros acuerdos y tratados que vetan la vigilancia ilimitada por parte del Estado, conforme él interpreta la manera descontrolada en que la NSA ha procedido.⁸ Snowden no intenta aprobar la ilegalidad o rebeldía in toto; al contrario, ha insistido frecuentemente que está aplicando derechos y leyes básicas, las cuales, según su punto de vista, están por encima de cualquier fidelidad a los estatutos y regulaciones de Estados Unidos en contra de la filtración de información.

Por consiguiente, al igual que muchos otros desobedientes civiles, Snowden aprueba la violación de leyes y códigos locales o particulares por la simple razón de su incongruencia con otras leyes de mayor calibre y más fundamentales. En una entrevista con The Washington Post, llevada a cabo en diciembre de 2013, reiteró la afirmación de que sus obligaciones hacia la Constitución de los Estados Unidos anulan cualquier contrato civil, i. e., el acuerdo de confidencialidad que firmó: cuando tales acuerdos entran en conflicto con la ley constitucional estamos obligados a violarlos (Gellman, 2013).

Contra quienes ven las actividades de la NSA como legales y legítimas, la declaración de Moscú sostiene que sus principales cimientos legales están basados en las normas secretas de la controversial Corte de Inteligencia y Vigilancia del Extranjero (FISA, por sus siglas en inglés), "que el resto del mundo tiene prohibido ver". En otros medios, Snowden es citado como un opositor de lo que él agudamente apoda "la federación de leyes secretas, perdón desigual, y poder ejecutivo irresistible" (Greenwald, MacAskill y Poitras, 2013). La jurisprudencia secreta, el poder arbitrario y la floreciente discrecionalidad del ejecutivo van de la mano y deben ser resistidas. Puesto que ahora estamos al tanto del descuido y la laxitud judicial de la NSA, al haber aceptado con toda franqueza el juez en jefe de la FISA que la corte está mal equipada para realizar su trabajo, y con la evidencia que sugiere que la NSA con frecuencia ignoró por completo los fallos de la corte (Leonnig, 2013; Savage, 2013), las preocupaciones de Snowden parecen ser, por lo menos, creíbles.⁹

La ilegalidad del espionaje de la NSA se vio frustrada —continúa la declaración de Moscú— por la decisión de la administración de Obama al ponerlo en listas que le prohibían volar y así prevenir a países extranjeros concederle asilo. Esto incluyó "el paso sin precedentes de prevenir a aliados militares de mantener en tierra el avión de un presidente latinoamericano".¹⁰ Según Snowden, este procedimiento constituyó un ataque al "derecho básico compartido por todas las personas, todas las naciones, de vivir libres de persecución, y buscar y disfrutar del asilo", como garantizan una gran cantidad de tratados de derechos humanos con los cuales el gobierno de Estados Unidos está formalmente suscrito.

El carácter abierto y público de sus acciones contrasta de manera sorprendente con el velo de clandestinidad con el cual la recolección de datos de inteligencia por la NSA ha sido cubierta y que corrompe "la noción más básica de justicia —que debe ser considerada para ser llevada a cabo—. Lo inmoral no puede convertirse en moral a través del uso de leyes secretas". La publicidad es fundamental para el orden legal y el gobierno constitucional, mientras que las leyes secretas tienden a ser corrosivas por el riesgo que conlleva ocultar al escrutinio, tanto individual como colectivo, acciones gubernamentales excesivas. De la misma forma en que el teórico legal Lon Fuller alguna vez asentó en su clásico libro The Morality of Law, las leyes y tribunales secretos proveen de una manera fácil de encubrir las acciones estatales inmorales y arbitrarias (Fuller, 1964: 40-41, 157-159). No sorprende que éstas permanezcan como el instrumento favorito de aquéllos que preferirían mantener las acciones injustas y atroces fuera de la atención pública. Las leyes secretas tienden a proliferar en regímenes autoritarios.

Sin duda, y como el propio Snowden concedería, algunas actividades gubernamentales necesariamente deben permanecer ocultas al escrutinio directo del público; toda democracia liberal reserva algún lugar destinado para secretos de gobierno en el ámbito de la seguridad nacional. Aún así, la secrecía posee un riesgo para cualquier orden político comprometido con valores liberales y democráticos fundamentales (Bobbio, 1987: 79-97).

En suma, el principal argumento de Snowden es, que sus acciones no sólo protegen derechos y leyes fundamentales, hoy sistemáticamente en peligro, sino también encarnan de manera directa las virtudes legales medulares (por ejemplo, publicidad y transparencia) de las cuales depende cualquier orden liberal y democrático. En contraste, la recolección de datos y vigilancia de la NSA, así como la dura respuesta de la administración de Obama a sus protestas, ridiculizan dichas virtudes.

 

¿UNA RECETA PARA LA ILEGALIDAD?

Es probable que la posición de Snowden aún no satisfaga a quienes se preocupan por los peligros usuales que conlleva la ilegalidad irreflexiva y potencialmente destructiva. ¿No están obligados los ciudadanos de una democracia liberal que funciona más o menos bien a respetar las leyes basadas en canales políticos normales? ¿Qué puede evitar que rechacen irresponsablemente leyes y políticas vistas como insatisfactorias en el nombre de una vaga ley "de mayor rango"?

La respuesta usual de la teoría moral y democrática moderna es que la violación de leyes por motivos políticos necesita pasar por un buen número de estrictas pruebas adicionales. Los comentarios de Snowden en el aeropuerto de Moscú y demás lugares muestran el enorme esfuerzo que ha hecho para lograrlo.

De manera significativa, parece poco generoso negar que sus acciones, al margen de la evaluación general de cada quien sobre sus méritos políticos, son moralmente serias y, por lo tanto, razonadas, con base en lo que la declaración de Moscú describió como una "decisión moral" derivada "de lo que creía correcto", lo que ahora parece haber sido un largo periodo de reflexión moral interna, o lo que Gandhi y King célebremente describieron como "purificación propia". Su "disposición para actuar en público y ofrecer explicaciones a las demás personas sugiere también una disposición para reflexionar y hacerse cargo de las posibles consecuencias", lo que sin duda pone de manifiesto su seriedad moral (Walzer, 1970: 20). El hecho de que sus reflexiones morales le han costado lo que de manera acertada caracterizó como una cómoda "vida en el paraíso" con su familia (i. e., un trabajo en el que supuestamente ganaba 200 mil dólares anuales en Hawaii, donde residía con su pareja) echa abajo la acusación de "narcisismo" que le fue lanzada por algunos de los principales periodistas y expertos en medios,¹¹ así como su rechazo a enriquecerse vendiendo secretos de Estados Unidos o a asociarse con gobiernos foráneos. Por el contrario, sus acciones inusualmente altruistas parecen demostrar una disposición digna de elogio para sacrificar lo privado por el bien común. Si esto, de hecho, constituye un narcisismo inmoral, entonces las democracias contemporáneas deberían aprovecharlo a su favor.

En la conversación con los reporteros de The Guardian en junio de 2013, Snowden también confiesa "haber evaluado de forma cuidadosa cada documento que hi[zo] público para asegurar[se] que cada uno estaba dentro del interés público", en parte para evitar "dañar a la gente" (Greenwald, MacAskill y Poitras, 2013). De hecho, las acciones de Snowden han sido no violentas, precisamente porque constituyen una "desobediencia de la ley dentro de los límites de la fidelidad a la ley" (Rawls, 1991: 106). Su evidente propósito no es la violencia criminal ni la revolución, sino una transformación pacífica de la política de Estados Unidos —incluso de la propia NSA— para que sea más acorde con su interpretación de la Constitución de los Estados Unidos y la ley internacional. Como Snowden concibe implícitamente, la no-violencia es esencial para este proyecto porque los perjuicios y daños chocan con el objetivo general de persuadir a otros actores políticos a corregir injusticias: la coerción y la fuerza negarían a otros sus derechos básicos, debilitando la mera posibilidad de la acción política en la que descansa la persuasión democrática. La no-violencia es esencial para lo que Bedau (1991c: 8) acertadamente describió como un "discurso político ideal", predicado en un intercambio racional libre, tolerante y paciente en torno a lo que cualquier desobediente civil con interés por el bien público espera instigar de forma responsable.

Ciertamente, los críticos de Snowden —incluyendo al Presidente Obama y al Primer Ministro Cameron— lo han acusado de poner en peligro a las personas, aunque sólo sea por acrecentar las posibilidades de ataques terroristas catastróficos.¹² Pero la evidencia presentada por los gobiernos que apoyan esta posición hasta ahora resulta insignificante, como muchos observadores e incluso un juez federal conservador de los Estados Unidos han señalado.¹³ Observadores más razonables podrían de forma legítima estar en desacuerdo acerca de las consecuencias políticas que pueden esperarse a largo plazo de las acciones de Snowden. Pero probablemente esto es cierto para toda actividad política importante, la cual, de manera inevitable, tiene consecuencias imprevistas e inesperadas.¹⁴ En este sentido, las críticas fueron dirigidas alguna vez contra quienes ahora se reconocen de forma más o menos universal como modelos de desobediencia civil exitosa: incluso King fue acusado de "incitar" a la violencia porque sus propios actos no violentos podrían producir reacciones violentas de los segregacionistas. Obviamente, el problema con esa crítica es que, de forma extraña, se culpaba a King de la irresponsabilidad y la disposición violenta de sus oponentes racistas. Como el propio King con sobrada razón respondió: "¿no es esto igual a condenar a la víctima de robo porque su riqueza precipitó la acción reprobable?" (1991: 76).¹⁵

A ningún actor político se le puede acusar por todas y cada una de las inevitables consecuencias que a largo plazo se siguen de sus acciones, incluso aunque sea de esperarse que pondere el carácter de las mismas y minimice el daño innecesario que pueda causar a otros. Si, como dice, Snowden realmente fue muy cuidadoso al considerar la cuestión de qué documentos debían de ser filtrados para evitar tal daño, probablemente ha superado la prueba. Hasta que los gobiernos proporcionen alguna evidencia de lo contrario, no hay razón a priori para asumir que Snowden haya puesto en peligro a alguien de forma directa.

En el reciente debate académico, tanto los que persisten en dotar de un lustre liberal a la desobediencia civil, como aquellos que buscan darle una faceta más democrática y republicana, insisten en que su legitimidad necesariamente se limita a casos especiales de injusticia, a lo que un filósofo liberal como John Rawls, apuntó con las conocidas frases "violaciones serias" y "descaradas" de los derechos liberales básicos (Rawls, 1991: 108-109), o lo que los más recientes y firmes teóricos democráticos y republicanos describen como amenazas fundamentales al proceso político, en contraste con los meros desacuerdos políticos vis a vis imperantes en las mayorías políticas. Las acciones de Snowden —al cumplir con las exigentes pruebas esbozadas por los teóricos de la desobediencia civl, tanto liberales como republicanos— alimentan ambos lados del debate. Al mismo tiempo, son un recordatorio útil de que los agudos intentos de los académicos para contrastar los modelos democráticos (o republicanos) de la desobediencia civil con los liberales probablemente no lleve muy lejos cuando se aplica a ejemplos de la vida real. En un contexto político liberal y democrático, elementos de los dos normalmente se funden en uno solo.

Por un lado, Snowden ve justificadas sus acciones de lo que él considera ataques sostenidos hacia el corazón de los derechos originarios, en especial la Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. En sincronía con el modelo liberal estándar de la desobediencia civil, sus acciones pueden ser interpretadas como un intento de contraatacar las serias y sistemáticas violaciones de las libertades básicas. Políticamente defensivas por naturaleza, también siguen el modelo liberal al emerger de un (solo) individuo, cuyo llamado de conciencia pide que el actor escuche sin importar los costos sociales ni sus consecuencias.¹⁶

Por otro lado, las acciones de Snowden también encajan en la perspectiva republicana, que concibe la desobediencia civil como una tarea conjunta o colectiva de actores políticos que trabajan de manera concertada en favor de propósitos políticos expresos.¹⁷ Como hemos anotado, su meta principal siempre ha sido encender el debate público, y por más solitaria que parezca, la voz de Snowden difícilmente es la de un agente moral desapegado de los asuntos públicos o del bien común. De forma interesante, sus llamados a la conciencia individual tampoco tienen un tono religioso ostensible como podemos encontrar, por ejemplo, en declaraciones similares de Gandhi y King: la suya parece ser una conciencia básicamente política y secular.

En la perspectiva republicana, la función principal de la desobediencia civil es retar a la complacencia política llamando la atención pública hacia asuntos que tal vez nunca habrían sido sometidos en primera instancia a una deliberación importante, o donde la revisión de una política rezagada está siendo obstaculizada por intereses creados e inmovilidad institucional. Lo que "puede ocurrir, porque la política no fue aprobada por una soberanía democrática, sino surgida de algún otro modo, como a través de una lenta y desatendida transformación de una política inicialmente muy diferente" (Markovits, 2005: 1933). Para los republicanos, el dilema principal con frecuencia no es que una mayoría política apruebe una legislación que viola los derechos individuales, como sugiere casi siempre el modelo liberal con el cual compite. Sin embargo, el debate público e intercambio requeridos quizá nunca ocurrierron, y es la inercia institucional, en lugar de una decisión legislativa reciente propiciada por una mayoría política autoconsciente, la que azarosamente conduce la acción del gobierno, tal vez de manera tangencial vinculada con expresiones previas —pero no obsoletas— de la voluntad popular. Para el republicano, la desobediencia civil sólo es legítima cuando existen razones apremiantes para creer que una política ha fallado en atender asuntos vitales, o que sus instituciones políticas y sus actores dominantes han conspirado con éxito para evitar que el público pueda tener una mirada fresca de la política existente. Sólo en escenarios plagados por una extraordinaria apatía política, y/o inercia institucional, la transgresión de leyes no violenta es considerada una estrategia justificable.

Las disputadas acciones de Snowden también pasan esta prueba. Como se ha destacado, su carácter público y abierto surge de su búsqueda para provocar el debate en un contexto donde, con acierto, ha juzgado que la ignorancia masiva e incluso elitista sobre el espionaje gubernamental era ubicua. Su declaración de Moscú describe acertadamente que las políticas de espionaje de Estados Unidos afectan "a todos", y, por lo tanto, son de interés amplio, e incluso, universal. Como anticipó, sus revelaciones de inmediato probaron ser explosivas, sobre todo porque sólo un pequeño grupo élite de seguridad nacional y político conocía el impresionante alcance y escala de las actividades de la NSA, cuyas bases legales consistían, en parte, en fallos judiciales que datan de 1979 —en otras palabras, mucho antes de que las computadoras transformaran las tecnologías de comunicación e información—, con excepción de los meta-datos obtenidos por las compañías telefónicas de la Cuarta Enmienda. La transformación "lenta y descuidada" de esos fallos cada vez más obsoletos en una fachada legal para el espionaje masivo y a gran escala de la NSA, sin duda trae consigo preguntas sobre legitimidad democrática.¹⁸

En conversación con The Guardian en junio de 2013, Snowden también recordó su frustración, después de la elección de Barack Obama en 2008, por su fracaso para frenar las intrusivas políticas de vigilancia de su conservador predecesor: "vi cómo Obama continuaba con las mismas políticas que yo creía que frenaría", a pesar de sus promesas de campaña para hacer lo contrario, y lo que en principio parecía ser un consenso universal de que, en realidad, Obama cambiaría de manera importante la política antiterrorista de Estados Unidos.

Enfrentado con la tarea de frenar la vigilancia gubernamental, el tan publicitado sistema de contrapesos y control institucional, de hecho, ha actuado de manera errática tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.¹⁹ Aunque el Presidente Bush aseguró periódicamente a los ciudadanos que su administración sólo llevaba a cabo vigilancia doméstica con una orden judicial, en realidad inició un agresivo e injustificado espionaje doméstico. Cuando la noticia de las acciones ilegales de la administración por fin llegaron al Congreso, éste respondió, pero apoyando algunas de las políticas más controversiales de la administración en una base legislativa más fuerte, e inmunizó a las grandes compañías de telecomunicaciones que habían cooperado con la ilegalidad del ejecutivo. Por su lado, la corte secreta del FISA básicamente dio carta blanca a la NSA, sólo en raras ocasiones desafiando algunas de las decisiones de mayor alcance de la autoridad. Para usar una frase acertada del propio Snowden, la corte del FISA regularmente ha servido como un "cementerio de juicios" (citado en Gellman, 2013). En lugar de frenar el poder ejecutivo con efectividad, las tres ramas del gobierno se han coludido mutuamente para perdonar la vigilancia masiva, tanto doméstica como foránea, mientras excusan a los perpetradores (Schell, 2013: 3-6). Tampoco los esfuerzos de las organizaciones de los derechos humanos para fijar la atención pública en los peligros resultantes han logrado mucha adherencia en Washington, D. C.

Atrapado en esta inquietante espiral descendente, Snowden concluyó que "no puedes esperar a que alguien más actúe. Había buscado líderes, pero me di cuenta que el liderazgo consiste en ser el primero en actuar" (citado en: Greenwald, MacAskill y Poitras, 2013). Pudo llegar a esta conclusión una vez que los líderes políticos incluso fracasaron en hacer del espionaje de la NSA un tema digno de una amplia discusión pública.

Por lo tanto, Snowden también satisfizo lo que podríamos describir como la prueba de último recurso para la desobediencia civil legítima: sólo representa una opción aceptable después de agotar todos los canales políticos y legales normales, o bien, bajo situaciones caracterizadas por Rawls como aquellas donde:

[...] los medios legales de rectificación han probado ser inútiles. Esto es, por ejemplo, que los partidos políticos existentes se muestren indiferentes hacia las exigencias de la minoría o hayan probado ser incapaces de darles cabida. Los intentos de repeler las leyes hayan sido ignorados y, las protestas y manifestaciones legales no hubieran tenido éxito. (Rawls, 1991: 110).

Con evidente justificación, Snowden considera que el fracaso del sistema gubernamental de los Estados Unidos para contrarrestar el espionaje de la NSA constituye un escenario de este tipo y que, por consecuencia, no tuvo otra opción, como ciudadano consciente y con una orientación hacia el bien común, que filtrar los reprobables actos de espionaje de la NSA. ¿Qué alternativa tenía? ¿Una donación a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) o a Human Rights Watch? ¿Una carta a su representante en el Congreso, o tal vez, incluso al propio Presidente Obama? ¿O tal vez una conversación entre colegas con sus superiores? Es interesante cómo Snowden dice haber compartido su recelo con sus jefes. Sin embargo, lo ignoraron, "probablemente porque la agencia y sus líderes no consideran estos programas de recolección como un abuso" (NYT, 2014: A 18).²⁰ En efecto, a la luz de las inexistentes protecciones legales dadas a los informantes de los contratistas privados de la NSA, The New York Times ha concluido correctamente que "El Sr. Snowden estaba claramente justificado en considerar que la única manera de denunciar este tipo de recolección de inteligencia era exponerlo al público" (NYT, 2014: A 18).

Incluso aquéllos con un juicio más benigno sobre las operaciones recientes de nuestro sistema político deberían recordar la estipulación adicional de Rawls:

[...] algunos casos pueden ser tan extremos que puede no haber un deber de usar, en primer lugar, únicamente medios legales de oposición política. Si, por ejemplo, la legislatura promulgara una escandalosa violación a la igualdad de libertades, como prohibir la religión de una minoría débil e indefensa, seguramente no podríamos suponer que la secta se opusiera a la ley por medio de procedimientos políticos normales. (Rawls, 1991: 110).

Sin duda, el espionaje de la NSA se diferencia, de manera importante, de leyes discriminatorias abiertamente contrarias a minorías indefensas. Sin embargo, podrían aducirse argumentos correctos para reforzar el punto de vista de que la vigilancia desenfrenada de la NSA está arruinando, de manera alarmante, nuestras libertades más fundamentales.

 

¿DESOBEDIENCIA CIVIL SIN CASTIGO?

No obstante el sentir común de que los desobedientes civiles deberían aceptar las consecuencias legales de sus actos, Snowden huyó de los Estados Unidos y desde entonces se ha negado a entregarse a las autoridades norteamericanas. Este escenario plantea algunos problemas evidentes para cualquiera que trate de interpretar sus acciones como un caso legítimo de desobediencia civil. Para Gandhi, la no-violencia requería de "acatamiento voluntario de la pena por la no cooperación con el mal" (Gandhi, 1971: 93). Es bien conocido que King envió una "Carta desde una prisión de Birmingham", y no una "Carta de fuga de una prisión de Birmingham".

Pero como ya han propuesto las voces de un prolongado debate legal y filosófico, el fundamento común para admitir que el castigo es una consecuencia inevitable de la desobediencia civil es tal vez menos sólido de lo que normalmente se reconoce.²¹ El ejemplo de Snowden, desde mi punto de vista, ayuda a apuntalar esa postura disidente. En cualquier caso, los funcionarios estadounidenses están obligados a ofrecer clemencia a Snowden. Los castigos exorbitantes que piden le sean aplicados son sin duda inapropiados.

Aquellos que insisten en que la desobediencia civil implica asumir sus repercusiones legales por lo general ofrecen una potente —pero a final de cuentas poco manejable— mezcla de grandes principios, así como razones tácticas y estratégicas. Fundamentalmente, argumentan que ser castigados permite a quienes violan la ley poner en evidencia lo que King describió como "el más alto respeto hacia la ley" (1991: 74).²² Al aceptar el castigo incluso de una ley injusta, los que violan las leyes expresan su fidelidad a la idea general de legalidad o Estado de derecho, así como su aprecio por la legitimidad básica de un orden legal o constitucional en su totalidad. En contraste con el criminal o el revolucionario, quienes se supone carecen de ese aprecio y, por lo tanto, intentan no ser aprehendidos cuando violan la ley, un desobediente legal anticipa de forma responsable los cargos y sus consecuencias, sin importar su carácter potencialmente injusto.

Por lo general, este argumento se funde con la noción de que la desobediencia legal debe ser abierta o pública, lo cual —como ya hemos visto— juega un papel decisivo para distinguirla de otras variantes de ilegalidad. Es célebre la sugerencia de King (1991: 74) , por ejemplo, de que aceptar de manera voluntaria "la pena al quedarse en prisión para mover la conciencia de la comunidad" era esencial para violar la ley "abierta y amorosamente", lo que asoció con los actos de los segregacionistas llenos de odio quienes conspiraron para quemar, protegidos por la oscuridad, las iglesias de negros y después hacer todo lo posible para evitar ser procesados. Desde la academia, los teóricos de la desobediencia legal han defendido el requisito del castigo en términos estratégicos o tácticos de forma aún más enérgica. Aceptar el castigo es la manera en que los transgresores de la ley proporcionan evidencia concreta de su falta de egoísmo y solidaridad, su seriedad moral y la magnitud de sus preocupaciones, además de su sinceridad moral y política (Bedau, 1991c: 8; Cohen, 1966: 5-7; Rawls, 1991: 106-107; Smith, 2011: 161-163). Desde cierta perspectiva, no deberían esperar, ni buscar, un trato especial porque la fidelidad al Estado de derecho exige una estricta legalidad general y, por lo tanto, la no discriminación. Por su compromiso con la idea de legalidad y la legitimidad del orden legal existente, se consideraría inconsistente de su parte esperar un trato mejor que a otros —incluyendo criminales comunes— que han violado la ley (Cohen, 1966: 5-7; James, 1973: 491-495).

De acuerdo con la perspectiva convencional, el castigo por actos criminales también tiene una fructífera función disuasoria: sin su espectro apremiante, incluso el costo de la violación de la ley bien vista se abarataría en exceso (Smith, 2011: 163). Ello podría resultar en una ilegalidad irresponsable carente de la dosis requerida de seriedad moral.

Esta explicación básica descansa en una rica tradición intelectual que supuestamente puede remontarse hasta el Critón de Platón. Sin embargo, un análisis más cercano deja tantas preguntas como las que pretende contestar.

En la medida en que los argumentos proferidos tienen un carácter principalmente estratégico o táctico, también pueden llevar a que los disidentes que violan la ley sigan otros caminos para conseguir los resultados políticos y morales deseados.

Exiliado en la Rusia de Putin, aparentemente sin la posibilidad de regresar a casa. ¿No ha Snowden proporcionado evidencia suficiente de su seriedad moral y de su interés por el bien público? Aunque nunca ha aparecido ante un juzgado estadounidense, el carácter abierto y público de sus acciones no puede negarse. Incluso cuando no se le ha sometido a procesos legales ni a un castigo por sus supuestos crímenes, éstas siguen atrayendo la atención pública, generando un debate mundial masivo, no sólo acerca de la vigilancia de los Estados Unidos, sino también de las responsabilidades morales de los individuos en una época de posibilidades tecnológicas sin precedentes para la vigilancia estatal. ¿Podemos estar seguros de que se hubieran dado mejores resultados, o incluso, equivalentes, si Snowden se hubiera quedado en Estados Unidos y aceptado la clasificación que la administración de Obama dio a sus acciones conforme a la Ley de Espionaje?

En cuanto a la tesis de que el castigo tiene necesariamente una función disuasiva, en el caso de Snowden no parece haber evidencia de que en el futuro próximo incremente de manera dramática la violación irresponsable y moralmente desmedida de la ley. Al contrario, para el mundo entero es claro lo que él ha sido forzado a sacrificar, y que su decisión moral ha tenido un costo personal muy alto —incluso sin haber sido castigado todavía de manera criminal—, que la mayoría de nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar voluntariamente.

Tampoco es claro que en el pasado los practicantes de la desobediencia civil hayan aceptado este punto de vista ortodoxo del castigo. Henry Thoreau no hizo publicidad de sus acciones fuera de la ley ni buscó el castigo por ellas; sus lectores buscarán en vano una descripción que celebre la pena legal infligida por sus carceleros de Massachussets (Thoreau, 2004: 63-90). Gandhi aceptó las repercusiones legales de sus actos, pero no por un respeto implícito hacia la legitimidad general ni la estructura subyacente de la ley colonial británica en India, a la cual detestaba.²³ Cuando la estruc-tura general de un orden legal específico es contaminado cada vez más por formas corrosivas de leyes secretas y fallos legales, como Snowden está convencido que es el caso de la ley en los Estados Unidos, ¿podemos estar seguros de que aceptar el castigo reforzará el Estado de derecho en lugar de enterrarlo?

Aunque rara vez se menciona en la literatura, la intuición básica de que la aceptación de penas impuestas está íntimamente ligada con el respeto a la ley sólo tiene sentido si quienes la desobedecen pueden confiar en procedimientos legales que encarnen las virtudes fundamentales del orden jurídico.²⁴ La evasión del castigo probablemente debería permanecer como la excepción a la regla. Sin embargo, si los que violan de forma pacífica las leyes encaran una situación donde están "sin derecho a un juicio público, y sin posibilidad de usar el castigo para propósitos públicos, o si los castigos fueran draconianos para prevenir que los disidentes hagan públicos sus puntos de vista" (Singer, 1973: 83-84), entonces la evasión podría estar justificada por la simple razón de que podría garantizar, de mejor manera, el requisito de la publicidad. Cuando los procedimientos para juzgar conductas criminales descansan en normas legales vagas y poco precisas, se someten a una politización excesiva que puede perjudicar la posibilidad de un juicio justo, y casi siempre terminan en sentencias draconianas, por lo que la decisión de un disidente de escapar a ellas potencialmente es en favor y no en contra, del Estado de derecho.

Por desgracia, como el jurista alemán Reinhard Merkel ha observado, tales preocupaciones se vuelven pertinentes de una manera inquietante cuando la administración de Obama decida procesar a Snowden conforme a la Ley de Espionaje, un estatuto infame cuyo mayor logro político ha sido su contribución involuntaria a la creación de los movimientos estadounidenses de las libertades civiles en el siglo XX.²⁵ Desde la Primera Guerra Mundial, cuando funcionaba como una "eficiente herramienta para la supresión total de opiniones antibélicas", la Ley de Espionaje ha permitido a la rama ejecutiva callar voces disidentes indeseadas, de formas con frecuencia de dudosa legalidad y políticamente contraproducentes, como muy pronto se puso en evidencia (Stone, 2004: 173). Según registró el antiguo rector de la Universidad de Yale, Benno Schmidt, en un sondeo en coautoría con la Columbia Law Review, la Ley está abarrotada de terminología legal vaga y con frecuencia incomprensible, dotando así al ejecutivo de lo que resulta ser un poder arbitrario sobre una impresionante gama de actividades débilmente relacionadas con el indefinido ámbito de la "seguridad nacional" (Edgar y Schmidt, 1973: 929-1087). Puesto que el ideal de Estado de derecho está por su naturaleza obligado a lograr altas dosis de claridad y consistencia en el conjunto de leyes, la Ley de Espionaje es incompatible con él. No sorprende que Schmidt y otros hayan argumentado que probablemente sea inconstitucional.

En parte por sus innumerables fracasos legales, la mayoría de los presidentes han sido renuentes en aplicar la Ley de Espionaje, aunque el Presidente Obama —por razones que aún son debatidas por analistas políticos— ha sido mucho más agresivo que sus predecesores en llevarla a cabo, dándose un indudable repunte del uso de la misma bajo su gestión. Comprensiblemente, entre los profesores de leyes de tendencia liberal y defensores de las libertades civiles, este proceso ha resultado polémico. Otro prominente informante de reciente aparición procesado conforme a la Ley de Espionaje hace poco, Chelsea (antes llamado: Bradley) Manning, se encuentra purgando una condena de 35 años.

El enigma aquí planteado va mucho más allá de los fracasos legales registrados con amplitud sobre la Ley de Espionaje. Como bien lo sabe Snowden, y como seguramente le ayudó a recordar el caso Manning, en el ámbito del aparato de seguridad nacional los informantes gozan en realidad de pocas protecciones legales y garantías efectivas. Según lo han hecho notar los defensores de libertades civiles entre otros, su estatus social es, a lo mucho, precario y en el área más directamente vinculada con su caso, los beneficios básicos del Estado de derecho aún están poco desarrollados.²⁶ Y por si faltara todavía alguna ambigüedad legal, el Procurador General Eric Holder ha sido consistente al dejar claro que el gobierno de Estados Unidos ya considera a Snowden culpable y que peleará con fuerza para que reciba por lo menos una condena de 30 años o en su caso perpetua. ¿Vale la pena hacer conjeturas acerca de por qué Snowden llegó a la rápida conclusión de que prácticamente no tenía ninguna posibilidad de un juicio justo en este país?²⁷

Fijada la línea dura de la administración de Obama, importantes voces públicas en Estados Unidos —incluyendo al cuerpo editorial de The New York Times— le han pedido a Obama que aliente a Snowden a regresar a casa a cambio de la promesa de clemencia o incluso de amnistía.²⁸ El prolongado debate de la desobediencia civil sugiere que hay razones para presionar en el sentido de que este curso de acción sea considerado tanto humano como coherente desde un punto de vista intelectual.

En todos los sistemas legales —especialmente en el de Estados Unidos— hay espacio para la indulgencia en la aplicación de la ley. Fiscales y jueces con frecuencia permiten negociaciones de clemencia, reducción de cargos o atenuación de penas cuando se enfrentan a circunstancias especiales —por ejemplo, delincuentes jóvenes e inexpertos, pobreza extrema y demás circunstancias especiales (Dworkin, 1978: 207)—. El punto de vista ortodoxo, según el cual los desobedientes no deberían ser tratados de manera distinta que los criminales comunes, oscurece el punto crucial de que sí son diferentes: Snowden no violó la ley para obtener un beneficio personal o para ayudar a terroristas extranjeros, sino para llamar la atención de sus compatriotas hacia las graves violaciones de la ley con el fin de contribuir a generar un debate público esperado desde hace tiempo. La decisión del gobierno de Obama de ejercer la Ley de Espionaje contra él como lo haría contra espías "ordinarios", inicialmente, podría parecer un valioso compromiso con el rigor legal y la no discriminación. En realidad constituye un ejemplo revelador de una generalización falaz e incongruente con los ideales básicos legales y constitucionales.

La idea simplista, en apariencia apoyada por la Administración, de que la ley es la ley —y, por tanto, los actos de Snowden deben ser perseguidos con todo rigor— también minimiza el hecho que ha explicado en repetidas ocasiones por qué sus acciones también son exigidas por la ley constitucional e internacional. Es obvio que, la administración de Obama no comparte el punto de vista legal de Snowden; pero si muchos lo hacen ahora, no sólo en Estados Unidos, se debe en parte a la fuerza con la cual lo ha planteado. Por lo menos, hay razones sólidas por las cuales las personas razonables podrían disentir acerca de cómo la vigilancia estatal está mejor regulada por la Constitución de los Estados Unidos además de otros acuerdos internacionales de los cuales este país forma parte. Nos enfrentamos a una situación donde "la ley es incierta, en el sentido de que un caso plausible puede ser formulado por ambos lados" (Dworkin, 1978: 215). Tal y como el difunto filósofo del derecho Ronald Dworkin escribió en el anterior, pero aún cercano, contexto alemán: "un ciudadano que sigue su propio juicio no se comporta injustamente" (Dworkin, 1978: 215). Puesto que la democracia liberal debería no sólo permitir, sino también animar a los ciudadanos a cultivar sus propios juicios sobre asuntos constitucionales complejos, y porque la fidelidad a la ley no puede ser igualada a la lealtad ciega al punto de vista político particular de funcionarios o incluso al punto de vista legal de las instituciones, "nuestro gobierno tiene una responsabilidad especial de tratar de protegerlo, y suavizar las situaciones difíciles, siempre que pueda hacerlo sin dañar gravemente otras políticas" (Dworkin, 1976: 215). Por supuesto, ningún gobierno puede garantizar inmunidad total a aquellos que violen la ley en el nombre de la conciencia, "Pero sí debe esperarse que cuando las razones prácticas para entablar una acción judicial son relativamente débiles en un caso particular, o puede ser abordado de distintas formas, el camino de la justicia está en la tolerancia" (Dworkin, 1976: 215-216).

Una vez revelado que los funcionarios de la NSA frecuentemente violan la ley además del brillante éxito que fue iniciar un debate político tan necesario acerca de la vigilancia estatal moderna, Edward Snowden merece algo mejor que el exilio ruso o treinta años en una prisión de Estados Unidos.

 

LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN LA ERA GLOBAL

Una de las características más llamativas de las declaraciones de Snowden en Moscú es el grado en el que muestra conocer los parámetros globales de las leyes y la política contemporáneas. En sus declaraciones recurre a la Constitución de los Estados Unidos, como ya hemos visto, pero también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos e incluso a la Ley de Naciones y el principio jurídico de no-repatriación,*** el cual prohíbe a los países dejar a las víctimas de acciones legales a la merced de sus perseguidores. Según Snowden, el intento del Procurador General Holder de forzar a Hong Kong para regresarlo a Estados Unidos en junio de 2013, también representa, por lo tanto, una violación a la ley internacional. Incluso hace referencia a los Juicios de Núremberg y la célebre resolución de que:

[l]os individuos tienen deberes internacionales que trascienden las obligaciones nacionales de obediencia. Por lo tanto, los ciudadanos, como individuos, tienen el deber de violar las leyes domésticas para prevenir que ocurran crímenes en contra de la humanidad.

Aparentemente, Snowden no sólo está convencido de que él actuó conforme a los principios de Núremberg, sino que también sus acciones han contribuido a la paz internacional.

Por último, las declaraciones de Moscú se dirigen de manera directa, no sólo a los ciudadanos estadounidenses, sino también al público global: "he pedido justicia al mundo". Snowden específicamente elogia a los gobiernos y al pueblo de Rusia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador —cada uno de los cuales buscó darle asilo, antes de encarar una reacción adversa por parte de Estados Unidos— por haberse "ganado el respeto del mundo". Desde las filtraciones de junio de 2013, y con una eficacia notable, Snowden no sólo ha movilizado con éxito a públicos nacionales específicos, sino también a un público mundial en ascenso para respaldar su causa.

Desde cierta perspectiva, esta estrategia es bien conocida en los anales de la desobediencia civil moderna. Gandhi y King también buscaron influenciar a gobiernos foráneos y conferirle un aspecto favorable a la naciente opinión pública global, al mismo tiempo que apelaban periódicamente a las normas políticas supranacionales y los valores morales. Durante la Guerra de Vietnam, los infractores de la ley por motivaciones políticas pertenecientes al movimiento antibélico también describieron el aporte de los Juicios de Núremberg como un fundamento para una ley superior la cual concibieron como un ordenamiento por encima de la ley de Estados Unidos (Freeman, 1966: 17-27; Taylor, 1971).

Aun así es difícil negar que las declaraciones de Snowden evidencian una novedad significativa. Incluso si los anteriores desobedientes civiles dieron una pista de nuestra condición global en crecimiento, en comparación, Snowden lo da por hecho, como atestigua su apelación directa y detallada de la ley internacional. De modo revelador, las acciones de Snowden no sólo han tenido impresionantes ramificaciones políticas mundiales en lo inmediato, sino que además está más capacitado que sus predecesores históricos para acoplarse a las importantes innovaciones políticas globales clave, algunas de las cuales están en posibilidad de ofrecer un punto de partida útil en la detección de acciones estatales injustas. Los abogados de los derechos humanos internacionales probablemente se arriesgan cuando mezclan sus aspiraciones normativas con la realidad política al describir el nuestro como un nuevo sistema de "ley humanitaria" global, donde la seguridad humana prevalece sobre la seguridad estatal o nacional de manera consistente (Teitel, 2011). Por la misma razón, sería igual de engañoso confundir la forma en que las instituciones políticas y jurídicas —incluyendo el emergente régimen de derechos humanos— son ahora pilares vitales del orden global en desarrollo. Aunque el sistema global se mantenga desordenado y contradictorio —frecuentemente motivado por políticas del poder pasadas de moda, o incluso cuando se enfrenta a tareas compartidas que sugieren su obsolescencia— sus características principales descansan de cualquier modo en lo que podemos identificar como aspiraciones cosmopolitas morales y políticas (Held, 1995).

Esta observación apunta a una lectura alternativa de las acciones de Snowden y su relevancia con respecto a la cuestión de si debería ser requisito para los desobedientes civiles someterse a un proceso penal. De manera crucial, él nunca ha dicho que debería concedérsele impunidad, por el contrario, como se ya se dijo, ha acusado principalmente al gobierno de Estados Unidos de tratar de negarle un juicio justo. Además, en repetidas ocasiones ha insistido en que sus acciones coinciden con la ley internacional, mientras que Estados Unidos, al espiar a otros países y a sus aliados cercanos, violando así los derechos que le corresponden como solicitante de asilo, la han ignorado. Sin embargo, Snowden obviamente entiende que no tiene una oportunidad real de probar con éxito la legalidad de su posición dada la enorme desigualdad de poder que impera en el orden global existente. Carecemos todavía de un sistema legal suficientemente independiente en el que Snowden y otros pudieran defender de manera libre y abierta sus causas legales, y donde ellos y otros actores políticos vulnerables tuvieran una oportunidad razonable de derrotar en un tribunal a los principales actores mundiales.

Dada esa laguna institucional, Snowden tal vez concluyó que su única opción real era buscar asilo político. Aún así, de manera implícita, sus acciones apuntan a una importante tarea política constructiva: necesitamos armar un sistema legal global y de derechos humanos más fuerte, donde los derechos de aquellos que se enfrentan a los grandes poderes obtengan protección real, y donde los niños y niñas mayores del parque infantil (global) sean forzados a respetar las mismas reglas que los niños y niñas más pequeños. Si tal sistema funcionara y si fuera capaz de asegurar la cantidad requerida de atributos legales y constitucionales, igualmente ausentes en los procesos legales de los Estados Unidos conforme a la Ley de Espionaje, con seguridad Snowden estaría obligado a enfrentarlos y, por lo tanto, estaría obligado a purgar alguna hipotética condena.

Pero no tenemos tal sistema legal global, y no parece que surgirá en el futuro cercano: los bravucones de nuestro parque infantil prefieren el status quo. Mientras tanto, estamos obligados a aceptar soluciones improvisadas, reconociendo tanto su necesidad política como su frecuente carácter normativo insatisfactorio. Por lo tanto, los ciudadanos de Estados Unidos deberían exigir a la administración de Obama que trate a Snowden con clemencia.

Los políticos de otros países que han sacado provecho del enojo público por los actos de espionaje de Estados Unidos deberían apoyar su retórica con acciones: si los funcionarios de este país se niegan a tratar a Snowden con clemencia, debería de tener un lugar a donde ir además de la Rusia de Putin. Incluso si el Presidente Obama y el Procurador General Holder fracasan en hacer lo correcto, se esperaría que otros líderes mundiales lo hicieran: deberían de permitir que Edward Snowden permaneciera en sus países.

Sus contribuciones a la democracia y al Estado de derecho, al lado de la pobreza de aquellos que han tratado de silenciarlo, juegan a su favor.

Addendum

 

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NOTAS

* Traducción del inglés de Patricio Bidault. Revisión de la traducción Teresa Santiago. Publicado originalmente en Mittelweg, vol. 36, núm. 2, abril-mayo, 2014. Agradecemos al autor la cesión gratuita de los derechos para publicar este artículo.

¹ De hecho, la evidencia sugiere que el presidente Vladimir Putin —un antiguo agente de la KGB en la República Democrática Alemana— envidia la capacidad de vigilancia que posee Estados Unidos y el resultado predecible en este contexto sería una competencia, tanto en armas de destrucción, como en otras áreas, mientras dure la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia.

² Esa declaración está recogida al final del presente ensayo. También está disponible en You Tube [http://www.youtube.com/watch?v=1fCb_1Z1zQ8].

³ De hecho, un editor anónimo eligió el término para una versión póstuma (1866) del famoso ensayo de Thoreau (1849) "Resistencia civil al gobierno", retitulándolo "Desobediencia civil". En el contexto inmediato del fin de la Guerra Civil, el título original ¡probablemente parecía demasiado incendiario! (Perry, 2013: 65).

⁴ Para esta discusión, véase Chakrabarty, 2013.

⁵ El profesor de leyes de Hamburgo, Reinhard Merkel, ha ofrecido una defensa mejor sustentada de Snowden sobre la base de las teorías liberales de la desobediencia civil, incluyendo la de John Rawls (Hugendick, 2013).

⁶ Véase la discusión más adelante de las patologías legales de la Ley de Espionaje. Snowden ha sido acusado de robo de propiedad gubernamental y difusión no autorizada de información clasificada.

⁷ Drake, un oficial de alto nivel de la NSA que también creía que la agencia estaba cometiendo crímenes, al igual que Snowden, filtró información sobre su política de vigilancia a los medios. Fue acusado conforme a la Ley de Espionaje, antes de que la administración de Obama —e inmediatamente después de la transmisión de un reportaje de 60 Minutes el 22 de mayo de 2011 sobre el caso— retirara la mayoría de los cargos. Aparentemente, Snowden puso mucha atención al caso de Drake, y especialmente al intento del gobierno de Obama de procesarlo bajo la Ley de Espionaje (Harding, 2014: 51-52).

⁸ Esta opinión crítica sobre la política de la NSA, por cierto, es compartida por el vicepresidente Albert Arnold Gore y un juez federal, Richard Leon, acusado por George W Bush, el entonces presidente. Véanse: Juez Richard Leon's comments in Klayman v. Obama. Civ. No. 13-0851. Corte Distrital de EUA para el Distrito de Columbia. Diciembre 16, 2013.

⁹ Preocupaciones que han tenido eco en las declaraciones de las organizaciones de derechos humanos y libertades civiles.

¹⁰ Bajo la sospecha de transportar a Snowden hacia Bolivia, el 3 de julio de 2013, un avión que llevaba a bordo al presidente de ese país fue forzado a aterrizar en Austria, pretextando presiones políticas de Estados Unidos.

¹¹ En el programa de CBS "Face the Nation", al aire el 16 de junio de 2013, Bob Schieffer tildó a Snowden de narcisista. Frente a un público más ilustrado, Jeffrey Toobin hizo lo mismo (2013). Sean Wilentz (2014: 14-25) escribe que Snowden sostiene visiones "libertarias" antiestatistas de derecha; lo mismo opina un observador más compresivo, Luke Harding, (2014).

¹² Las filtraciones de Snowden muestran que el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GSHQ: Government Communications Headquarters), una agencia británica, estuvo involucrada en espionaje y ha servido sistemáticamente como el joven y entusiasta socio de la NSA. Hablando frente al parlamento, el 15 de octubre de 2013, el Primer Ministro David Cameron criticó a The Guardian por publicar la historia de Snowden, acusando a éste y a sus periodistas de poner en peligro la seguridad nacional y darles "la ventaja a los terroristas". El periódico británico ha sido sometido a investigaciones intrusivas por parte del gobierno (Rusbridger, 2013: 31-34). En una entrevista con The New Yorker, Obama acusó a Snowden de "poner en riesgo a las personas" (Remnick, 2014: 59).

¹³ Klayman v. Obama. Civ. No. 13-0851. Corte Distrital de EUA para el Distrito de Columbia. Diciembre 16, 2013.

¹⁴ Acerca de la irreversibilidad y la impredecibilidad de la acción política, véase la ya clásica discusión de Hannah Arendt (1958: 175-247, 236-247).

¹⁵ King añadió, "la sociedad debe proteger del robo y castigar el robo" (1991: 76).

¹⁶ Esta descripción de la competencia entre los modelos liberal y republicano se esboza en Cohen y Arato, 1992: 564-604. Representantes de la posición liberal incluyen a John Rawls y Ronald Dworkin (1977: 206-222).

¹⁷ Una vigorosa afirmación de esta perspectiva fue planteada por Hannah Arendt (1973: 49-102). Una teoría republicana de la desobediencia civil como auto-identificación, también ha sido desarrollada por Daniel Markovits (2005: 1897-1952). Elementos de esto se traslapan con un aporte democrático-deliberativo reciente inspirado en Jürgen Habermas (Smith, 2011: 145-166).

¹⁸ Para un resumen del relato completo, véase Ryan Lizza (2013: 48-61).

¹⁹ Para una opinión contraria, véase Goldsmith, 2012. Para una respuesta crítica a Goldsmith, véase Scheuerman, 2013: 3-23.

²⁰ La NSA ha rechazado esta afirmación.

²¹ Véase el reciente debate entre David Lefkowitz (2007: 202-233) y Kimberley Brownlee (2008: 711-716). La intuición clave es establecer que el castigo por actos criminales necesariamente contiene elementos de desaprobación moral inapropiados para el tratamiento legal de los desobedientes civiles.

²² La idea de que la aceptación de la pena legal representa respeto por la ley fue en su momento rápidamente adoptada por muchos académicos. Véase por ejemplo, Bedau, 1991c: 8; Carl Cohen, 1966: 5-7; Rawls, 1991: 106-107. Para una discusión crítica, véase James, 1973: 475-498.

²³ Como ha sido apuntado por Arendt (1973: 77) en una interesante crítica de la visión ortodoxa de que los desobedientes civiles necesariamente deben aceptar el castigo por sus supuestos crímenes. Ella esperaba que "fuera posible encontrar un nicho reconocible para la desobediencia civil en nuestras instituciones gubernamentales" (1973: 99).

²⁴ Estado de derecho es, desde luego, un concepto inevitablemente polémico. Una perspectiva útil es la de Brian Z. Tamanaha (2004).

²⁵ La Ley de Espionaje llevó a la creación de la Oficina Nacional de Libertades Civiles (National Civil Liberties Bureau), antecedente de la ACLU.

²⁶ La American Civil Liberties Union y Human Rights Watch, por ejemplo, han usado este caso para hacer una petición común de reforzamiento de la protección a los denunciantes en el ámbito de la seguridad nacional. Para un planteamiento académico más detallado del régimen legal existente, véase Pozen, 2013.

²⁷ Más interesante aun, el padre de Snowden, Lon Snowden, en un principio esperó que su hijo regresara a casa para enfrentar los procesos penales. Sin embargo, la aparente presunción de culpabilidad por parte de la administración de Obama lo llevó a cambiar su punto de vista —"Edward Snowden está mejor en Rusia que en Estados Unidos, afirma su padre" (The Guardian, 2013)—. El hecho de que los líderes políticos con frecuencia hayan descrito a su hijo como un traidor, y que incluso algunos han bromeado con la posibilidad de asesinarlo, probablemente tampoco ha contribuido a inspirarle mucha confianza.

²⁸ Editores, "Edward Snowden, el informante: considerando el valor de sus filtraciones, se le debería conceder clemencia o una petición de amnistía".

*** En el original: Principle of Non-refoulement (Principio de no-repatriación) es un principio de la ley internacional que prohíbe regresar a las víctimas de persecución a sus perseguidores. Generalmente quien persigue es el Estado. Se trata de un principio tanto del derecho consuetudinario, como de la ley internacional. [Nota del editor]