Introducción

En este artículo se analiza la manera en que se ha venido configurando una modalidad de esfera pública a partir del reclamo de acceso a la justicia enarbolado por los colectivos integrados por familiares y amigos de víctimas de delitos de alto impacto como homicidios, secuestros, desapariciones, desapariciones forzadas y feminicidios en el estado de Veracruz, México.

Utilizando el concepto de esfera pública elaborado inicialmente por ^{Habermas (1981)}, y reformulado por ^{Nancy Fraser (1997}, ²⁰⁰⁸), se analiza la capacidad de influencia y eficacia que han tenido las diferentes acciones contenciosas o movimientos sociales para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, en el contexto de una violencia e inseguridad crecientes, acompañada de una incapacidad sistemática por parte de las instituciones judiciales para investigar los delitos y perseguir y castigar a los responsables. El análisis focaliza algunas acciones contenciosas desarrolladas a partir de la victimización de jóvenes, identificando diversas modalidades y estrategias de reclamo que han puesto en juego los familiares. Uno de los aspectos a resaltar es el obstáculo que representa el alto nivel de opacidad de las instituciones judiciales debido a la ausencia de espacios de interlocución entre éstas y los ciudadanos.

Tomando en cuenta la diferencia de capitales de las familias y las estrategias de movilización que utilizan para denunciar la falta de justicia, se revisa la capacidad de traslación de los temas que se debaten en el espacio público hacia las instituciones judiciales y la eficacia para influir en la toma de decisiones.

El estudio se apoya en una investigación de diversas fuentes documentales y la construcción de una base de datos de notas de prensa sobre las acciones contenciosas relacionadas con el reclamo de acceso a la justicia para el periodo 2010-2018, elaborada por el autor, así como en una base de datos proporcionada por la Dirección de Política Regional del Gobierno de Veracruz para el periodo 2018-2020, a partir de una solicitud de acceso a la información, además de la observación directa de algunas de las movilizaciones. Con base en esta información se seleccionaron los casos más significativos y se dio seguimiento a los principales actores para hacer una clasificación preliminar de su disposición de capital económico, cultural, social y simbólico, según los criterios establecidos por ^{Pierre Bourdieu (2000)}. De acuerdo con este autor, el capital económico tiene que ver con aquello que es directamente convertible en dinero y remite a los derechos de propiedad. El capital cultural puede adquirir tres formas: incorporado, objetivado e institucionalizado. El primero se refiere a las disposiciones duraderas del organismo que se han interiorizado (forma de hablar, disposición a leer o a consumir determinados objetos culturales, disposiciones para socializar con seguridad y soltura, entre otros). El capital cultural objetivado está relacionado con la disposición de bienes que tienen un valor cultural sancionado por el campo correspondiente (libros, cuadros, obras de arte en general). El capital cultural institucionalizado incluye sobre todo la disposición de títulos que acreditan ciertos saberes o competencias.

El capital social está constituido por la totalidad de recursos potenciales o actuales asociados a una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos; es decir, la pertenencia a grupos y la posibilidad de echar mano de las relaciones generadas para lograr ciertos objetivos.

Finalmente, el capital simbólico tiene que ver con el capital económico, cultural o social que es conocido y reconocido.

El concepto de repertorios de protesta ha sido elaborado por ^{Charles Tilly y Lesley J. Wood (2010)}, refiriéndose con ello a una articulación de las demostraciones de valor, el grado de unidad, el número de manifestantes y el compromiso que demuestran los actores involucrados.

La esfera pública y las instituciones judiciales

La incapacidad de las autoridades judiciales del estado de Veracruz para perseguir los delitos, investigar y encontrar a los responsables, someterlos a debido proceso y castigarlos, ha dado lugar a nuevas formas de participación en el espacio público, particularmente ante el número creciente de personas desaparecidas, secuestradas o asesinadas, en algunos casos con la complicidad de las instituciones de seguridad y justicia.

La esfera pública se define como el “espacio en el que los ciudadanos se reúnen en calidad de público” (^{Habermas, 1981: 13}). Desde ese espacio, que incluye la prensa y los medios de comunicación, así como las reuniones y encuentros formales e informales, junto con las movilizaciones contenciosas y movimientos sociales, se establece un control y monitoreo de las acciones y resultados de las instituciones gubernamentales, constituyéndose una red de espacios públicos que pueden extenderse en una escala micro, meso y macro (^{Olvera, 1999}), contribuyendo a la democratización de la sociedad y del Estado.

A este planteamiento de Habermas, revisado al momento de la elaboración de su teoría de la acción comunicativa, y posteriormente, cuando salió a la luz el volumen Facticidad y validez, formuló ^{Nancy Fraser (1997)} algunas observaciones críticas, resaltando que Habermas no tomaba en cuenta las asimetrías de clase, raciales y de género.

En un texto posterior, Fraser amplía sus críticas a Habermas, trayendo a discusión dos elementos centrales: la legitimidad y la eficacia. La primera se refiere al “quien” de los sujetos que pueden participar sobre un tema en un marco institucional post-westfaliano, en el que el Estado nacional ha dejado de ser la única fuente de autoridad donde se procesan decisiones debido al proceso de globalización, ya que los asuntos de interés público no necesariamente están acoplados a los límites que establecen las fronteras nacionales. Cuestiones como los derechos de los trabajadores migrantes, el calentamiento global o la justicia distributiva en el contexto de una economía mundial que genera profundas asimetrías, y cuya dinámica no está sujeta en gran parte a las decisiones de los Estados, vuelven difusos los contornos para delimitar quién está legitimado para participar en el debate. Fraser explora las respuestas que se han tratado de dar a este problema. Por un lado, estarían aquellos que proponen ampliar o flexibilizar los derechos de ciudadanía, modificando la legislación en el seno de los Estados, así como en los acuerdos o tratados internacionales. Por otro, se habla de la participación de quienes son los afectados respecto de un asunto. En cualquier caso, se trata de ampliar los derechos de ciudadanía y de definir los criterios para la inclusión y la exclusión en la configuración del espacio público. En un mundo global, la legitimidad de la esfera pública provendría necesariamente de un proceso comunicativo en el que todos los que están conjuntamente sujetos a las estructuras de gobernación relevantes puedan participar como pares, independientemente de la ciudadanía política (^{Fraser, 2008: 180}).

Respecto de la eficacia, Fraser se pregunta cómo puede traducirse el poder comunicativo generado en este espacio público global, en un poder legislativo que desencadene decisiones vinculantes y en un poder administrativo que produzca decisiones ejecutivas cuando los Estados-nación han sido desbordados en algunas de sus funciones por instituciones supranacionales que no tienen ningún vínculo con los ciudadanos ni están sometidos a ningún tipo de rendición de cuentas. Sobre este tema, Fraser identifica dos elementos: la traslación y la capacidad. La traslación se refiere a la manera en que los contenidos del debate generado en el seno de la esfera pública pueden traducirse en decisiones legislativas o administrativas; es decir, hasta qué punto la naturaleza de las decisiones refleja adecuadamente la voluntad expresada por el demos en la discusión pública. La capacidad tiene que ver con las posibilidades reales que las distintas instituciones, además del Estado-nación, tengan para tomar las decisiones e implementar las políticas que de ellas se derivan, así como la capacidad de la sociedad civil para monitorear el cumplimiento de las mismas.

Lo que aquí nos interesa es analizar cómo se puede articular la formación de una esfera pública local o regional con una dimensión relevante que hasta ahora ha sido poco estudiada.

Tradicionalmente, el estudio sobre la relación entre el Estado, el espacio público y los individuos en el ámbito de lo privado, había estado canalizado hacia los poderes legislativo y ejecutivo predominantemente. En la medida en que el primero se ocupa de establecer las leyes y, por lo tanto, las reglas que deben seguirse para establecer los derechos y deberes de los ciudadanos y la manera en que debe organizarse el poder público, se entiende la necesidad de que el debate que ocurre en el espacio de la esfera público-política, se extendiese hacia el espacio público no estatal, de manera que los representantes pudiesen establecer sensores acerca de las ideas y las críticas que circulan en el seno de la opinión pública y tomar sus decisiones con base en las opiniones, críticas y argumentos que prevaleciesen acerca de un tema. En el caso del poder ejecutivo, es comprensible el interés de los ciudadanos por someter sus decisiones al escrutinio público, en vista de que sus decisiones afectan directamente a la totalidad de los gobernados en cualquier ámbito de la política pública. El monitoreo y escrutinio de los poderes legislativo y ejecutivo, relacionado con el principio de rendición de cuentas, tiene además una forma eficaz de sancionar a los representantes por parte de los representados, en tanto los electores pueden castigar o premiarles con su voto, según el desempeño que se valore hayan tenido.

Sin embargo, a esta posibilidad de monitoreo y control por parte de los ciudadanos escapan los poderes judiciales y las fiscalías o ministerios públicos, excepto donde se nombran los jueces y los fiscales mediante elecciones abiertas. En efecto, las fiscalías y los poderes judiciales, al constituirse como un órgano y un poder autónomo, no tienen la mayor parte de las veces a quién rendirle cuentas, ni existen mecanismos de monitoreo o control por parte de otros órganos estatales o por los ciudadanos. Las decisiones asumidas por los fiscales o los jueces y magistrados se apoyan en el expertise que les brinda su condición de abogados o, como diría ^{Pierre Bourdieu (2000)}, por el monopolio que ejercen sobre el derecho, mientras el ciudadano común participa en su condición de un simple justiciable. Si bien los órganos de justicia están sometidos a mecanismos de rendición de cuentas, ya sea de manera intrainstitucional o en su relación con otros poderes, la vinculación con la ciudadanía es bastante frágil, en tanto que los usuarios de los aparatos de justicia sólo tienen el recurso de la queja o la denuncia pública, sin que ésta tenga mayor repercusión, salvo en aquellos casos en que una decisión judicial es evidentemente contraria a los principios de la justicia y se convierte en un escándalo público.

Debido a factores como las bajas capacidades institucionales, la insuficiencia de recursos o la corrupción de fiscales y jueces, es muy frecuente que en Veracruz la investigación de los delitos sea totalmente ineficaz y las resoluciones judiciales contrarias a lo que establecen el derecho y los principios de la justicia, afectando sobre todo a quienes son más pobres o viven en situación de vulnerabilidad. En estas circunstancias, los ciudadanos afectados quedan indefensos ya que no disponen de recursos suficientes para impugnar una resolución judicial ante las instancias superiores o exigir que se haga una adecuada investigación sobre el delito del que fueron víctimas, pues ello implica cubrir los costos de un juicio prolongado, caracterizado por el uso de una jerga técnica inaccesible para la mayoría. El único recurso que les queda es presentar su queja, canalizada casi siempre a instituciones del Poder Ejecutivo, o bien la denuncia pública y acciones de protesta para llamar la atención sobre su caso.

La realización de acciones de protesta logra llamar eventualmente la atención del público y de las autoridades; sin embargo, la atención de estas quejas es efectuada por el Poder Ejecutivo, con el que se suelen establecer reuniones para el seguimiento de casos, sin que se puedan traducir los acuerdos que ahí se toman en una modificación efectiva de las decisiones judiciales, ya que la fiscalía y el Poder Judicial mantienen un dinámica muy diferente a la que se da en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde los criterios con los que se atiende a los sujetos de la protesta son eminentemente políticos. Nos encontramos entonces, de acuerdo con la terminología de Fraser, con un problema de eficacia de la esfera pública, ya que incluso un caso cuya naturaleza jurídica es más o menos clara y existe una opinión compartida entre el público, no puede ser procesado por las instancias judiciales conforme a los criterios que se establecen en el seno del espacio público, formándose un nudo o un punto ciego.

Eventualmente puede darse alguna discusión en el espacio público sobre las decisiones judiciales, sea desde la perspectiva interna del derecho, donde se somete a revisión la validez de los razonamientos jurídicos que respaldan una resolución, sea desde una perspectiva externa, donde se establecen correlaciones entre las condiciones sociales de los juzgadores y las decisiones que asumen (^{Schedler, 2004}); sin embargo, la eficacia de esta deliberación es muy limitada, ya que una resolución judicial sólo puede ser revisada por una instancia superior del Poder Judicial pero siempre desde el espacio interior de dicha institución.

Esto es bastante problemático, ya que la protesta por el incumplimiento del derecho de acceso a la justicia tiende a incrementarse, ante la incapacidad de las instituciones judiciales para atender la creciente demanda de justicia debido al aumento constante de delitos de alto impacto, particularmente los homicidios, los secuestros y las desapariciones.

Antes de la reforma que le otorgó autonomía a la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Ejecutivo se responsabilizaba de su desempeño, asumiendo el costo político de los buenos o malos resultados. Sin embargo, al crearse la FGE como un organismo autónomo del Poder Ejecutivo, la responsabilidad por los resultados obtenidos en la procuración de justicia se volvió difusa, ya que no se establecieron mecanismos a través de los cuales el fiscal rindiera cuentas, reduciéndose los controles a la supervisión interna que hiciera la visitaduría a las distintas agencias del Ministerio Público. Formalmente, el ingreso y movilidad del personal quedaba sujeto a las reglas establecidas en el servicio profesional judicial pero, en virtud de lagunas en la legislación, que no establecen sanciones cuando no se cumpla con estas reglas, el servicio profesional judicial nunca se ha hecho efectivo, quedando sujeto el ingreso y movilidad del personal a la discreción del fiscal general. Ocasionalmente, la única manera en que este funcionario puede ser llamado a rendir cuentas es a través del llamado “juicio político”, que puede efectuar el Poder Legislativo, así como su destitución, para los cuales tienen que cumplirse un conjunto de requisitos, como reunir el voto de dos terceras partes del total de diputados, siempre que se pruebe la existencia de una causa grave para su remoción.

Estos procedimientos, sin embargo, son algo extraordinario, que rara vez ocurre, salvo cuando existen conflictos políticos muy agudos. En cuanto al funcionamiento cotidiano de la fiscalía, se mantiene opaco y en el anonimato. En relación con la sociedad, la Fiscalía no mantiene ningún vínculo ni ninguna relación que permita establecer mecanismos de rendición de cuentas, salvo la presentación de quejas y la denuncia pública.

El Poder Judicial mantiene una rendición de cuentas intrainstitucional, en la que el Consejo de la Judicatura, que cuenta con representación de los otros dos poderes, vigila el desempeño de los jueces y demás personal, sancionándolos o destituyéndoles si cometen alguna falta grave. Esto suele ocurrir cuando se presentan quejas o denuncias por parte de los ciudadanos o por los colegios de abogados sobre el mal desempeño de algún juez. El presidente del Tribunal Superior de Justicia tiene la obligación de rendir un informe anual y existe un servicio civil de carrera judicial que regula el ingreso y movilidad del personal judicial, aunque frecuentemente se eluden sus reglas y se designa a los jueces y otros funcionarios de manera discrecional. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia sólo pueden ser sancionados mediante el juicio político ante el Congreso del Estado por alguna falta grave que llegasen a cometer. El manejo de recursos es vigilado por el Órgano Superior de Fiscalización, quien puede efectuar auditorías y señalar inconsistencias o desviaciones de recursos. En cuanto a la función sustantiva que es la jurisdiccional, los magistrados revisan las sentencias de los jueces en los juicios de apelación y las resoluciones que ellos efectúan pueden ser sometidas a revisión mediante un juicio de amparo ante el Poder Judicial Federal, específicamente ante los tribunales colegiados de circuito. La rendición de cuentas ante la sociedad se efectúa únicamente a través de las quejas que los usuarios pueden hacer ante la opinión pública o a través de las respuestas que obligadamente debe dar a las solicitudes de acceso a la información (^{Caballero, 2009}).

Contexto de violencia, victimización de jóvenes y falta de resultados de las instituciones judiciales

La situación de Veracruz por cuanto hace a la evolución de las tendencias delictivas, o las tasas de violencia e inseguridad, es bastante peculiar. Desde 2010 hasta 2020 los delitos de alto impacto como los homicidios, el feminicidio, el secuestro y el robo con violencia se han incrementado considerablemente, estabilizándose apenas en los últimos dos años.

Según la fuente anterior, en el último año se denunció únicamente el 10% de los delitos, de los cuales sólo en el 66.2% se inició una carpeta de investigación. De éstos a su vez sólo hubo una resolución en el 51.6%. Esta tendencia se ha mantenido estable en los últimos ocho años, de acuerdo con la siguiente tabla:

Lo anterior indica que la tasa de impunidad en Veracruz es aproximadamente del orden del 96.7%; es decir, que la probabilidad de que un delito sea castigado en Veracruz es sólo del 3.3 sobre 100, con lo cual el derecho de acceso a la justicia está prácticamente denegado.

Por lo que se refiere a los delitos de alto impacto, las cifras son bastante preocupantes. Los homicidios dolosos, los feminicidios y los secuestros se han reducido sólo en el último año, estabilizándose de todas maneras en un umbral muy alto.

Por otro lado, es necesario señalar que las cifras presentadas por el SESNSP despiertan muchas dudas. En materia de secuestros, la Asociación Civil “Alto al Secuestro” registra para el periodo que corresponde al actual gobierno, de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, 680 secuestros que colocan a Veracruz como el estado con mayor incidencia en ese delito respecto a las demás entidades federativas (^{Alto al Secuestro, 2021}). Por cuanto hace a los feminicidios, el Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres (OUV), que lleva un seguimiento de medios sobre los casos de feminicidio, registra también cifras superiores de 2017 a 2020 (^{OUV, 2021}). También en este delito Veracruz ha venido ocupando el segundo lugar a nivel nacional, sólo superado por el Estado de México.

Otro delito de alto impacto es la desaparición de personas, respecto al cual el estado de Veracruz también arroja cifras alarmantes. Hasta julio de 2021 se registraban 5,337 desaparecidas o desaparecidos, de quienes el 24% han sido niñas o adolescentes o mujeres (^{Latinus, 2021}).

En las mediciones que realizan algunas instituciones como World Justice Project (WJP) respecto al Índice de Estado de derecho, Veracruz ha ocupado en los dos últimos años el lugar 22 respecto de los 32 estados del país, con un índice de 0.38 (^{World Justice Project, 2020: 11}). Al desagregar este índice, en el factor 4, que se refiere al respeto a los derechos humanos, Veracruz ocupa el lugar 31, es decir, el penúltimo.

Respecto al factor 7 “justicia civil”, Veracruz aparece en el lugar 29, igual que en el factor 8 “justicia penal” (^{World Justice Project, 2020: 13 y 14}). En pocas palabras, la calidad de las instituciones judiciales y el respeto a los derechos humanos en Veracruz aparecen con uno de los peores registros en relación con el resto del país.

Esta crisis de las instituciones de justicia en Veracruz debe ser enmarcada en la crisis general del régimen electoral autoritario, en el sentido desarrollado por ^{Olvera (2018)}, como una modalidad de autoritarismo subnacional que permitió a su vez acotar las posibilidades de consolidación de la transición democrática en la escala nacional, debido a los diferentes ritmos y acoplamientos entre el régimen político nacional y los diferentes regímenes subnacionales. En una situación en la que el presidente de la República no contaba con la mayoría en el Congreso de la Unión, se daba un intercambio con los gobernadores, induciendo éstos el apoyo a las políticas del Poder Ejecutivo, mientras el primero permitía que los gobernadores ejercieran un poder ilimitado en su territorio, incluyendo altos niveles de corrupción. Otras modalidades de desempeño de este autoritarismo subnacional han sido analizadas por ^{Gibson (2006)} en Oaxaca, y por ^{Contreras Alcántara y Alonso Vázquez (2019)} en San Luis Potosí.

Acciones colectivas contenciosas y procuración e impartición de justicia

En el periodo que va de 2010 a diciembre de 2020, pero sobre todo a partir de 2011, cuando los delitos de alto impacto como las desapariciones y las desapariciones forzadas, los secuestros y los homicidios comenzaron a incrementarse en Veracruz, surgieron una serie de movilizaciones, movimientos sociales y creación de organizaciones que pusieron en el centro de sus demandas el acceso a la justicia, el castigo para los responsables de los crímenes y el respeto a los derechos humanos.

Varios de estos movimientos, luchas y organizaciones se generaron a partir de la victimización de jóvenes. Ello dio lugar a respuestas institucionales por parte de los organismos encargados de la seguridad, la procuración e impartición de justicia, que consideraban necesario salir al paso de las interpelaciones de que eran objeto en las calles y en las plazas públicas, así como en los medios de comunicación. Como consecuencia de las movilizaciones de los familiares de las víctimas, a partir de 2013 el Gobierno federal creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que se encargaba de atender a los diferentes grupos.

En junio de 2011, en plena efervescencia de la delincuencia organizada, desapareció en Xalapa la estudiante de preparatoria Gabriela Arlene Benítez Ibarra. Su madre, la doctora Bárbara Ibarra, presentó la denuncia correspondiente, pero en la Agencia del Ministerio Público no le dieron un seguimiento serio, sugiriendo que probablemente se había ido con el novio. Sin apoyos institucionales, apenas acompañada de algunos familiares y amigos, principalmente compañeras de su hija en la escuela, la doctora Ibarra se dio a la tarea de buscar a su hija por cuenta propia, imprimiendo y distribuyendo volantes con la fotografía y datos de su hija. Sus compañeros de escuela abrieron una página en Facebook llamada “Sé mis ojos” para extender la búsqueda. Su denuncia ante las autoridades judiciales no progresó, fue canalizada hacia otra dependencia de la Fiscalía, especializada en violencia intrafamiliar, ante la indiferencia de los funcionarios judiciales que se declararon incapaces para esclarecer la desaparición (^{García, 2020}).

En marzo de ese mismo año, en el estado de Morelos había sido encontrado muerto junto con otras seis personas el joven Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de Javier Sicilia, reconocido poeta y periodista, vinculado a redes católicas, grupos de izquierda y organizaciones de la sociedad civil. El hecho conmocionó a la opinión pública, por tratarse de un escritor y periodista que escribía en la revista Proceso, el semanario más importante del país. Nuevamente, la respuesta de las autoridades judiciales fue ambigua y se mostraron incapaces de resolver el crimen. Sabiendo que a lo largo y ancho del país había un sinnúmero de familias agraviadas igual que él, Javier Sicilia emprendió un movimiento que se llamó “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”. Entre varias de sus acciones, el colectivo organizó una caravana por varios estados del país, a la que se fueron sumando miles de familias agraviadas por el mismo dolor, llegando al zócalo de la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2011. A su paso por el estado de Veracruz, en las ciudades de Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla y Xalapa, se reunieron miles de personas, incluyendo varias familias agraviadas.

La creación de este movimiento fue un parteaguas en todo el país y especialmente en Veracruz (^{Galán Castro, 2015}). A partir de ahí se consolidaron los colectivos de familiares de desaparecidos y víctimas del delito cuyos crímenes no se habían aclarado. El surgimiento del “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”, que tuvo alcance nacional, contribuyó a la unión de los distintos colectivos de víctimas, que hasta entonces venían actuando de manera separada. Ello fue posible por la labor de las redes de organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquéllas orientadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

Gabriela Arlene Benítez Ibarra fue hallada muerta en septiembre de 2011, en un sitio donde anteriormente habían encontrado otros cuerpos de mujeres asesinadas y violadas. Los estudiantes de la preparatoria donde estudiaba la chica organizaron varias manifestaciones exigiendo el esclarecimiento de su paradero. Cuando se enteraron del hallazgo de su cuerpo, la escuela y los jóvenes portaron moños negros en señal de protesta. La doctora Ibarra se convirtió en una activista que apoyaba la lucha de otros colectivos, canalizando, como Javier Sicilia, el dolor de su pérdida hacia la participación.

El 7 de enero de 2014 fue detenido en Xalapa por varios policías el joven Gibrán Martiz Díaz, conocido por participar en un programa televisivo bastante visto llamado “La voz México”. Gibrán nunca llegó a su casa ni fue reportada su detención por ningún policía a ninguna autoridad judicial. Once días después de su detención, observada por algunos testigos, Gibrán Martiz apareció asesinado en una carretera cercana al municipio de Huatusco, su lugar de origen, junto con otro joven. La Secretaría de Seguridad Pública no dio ninguna información y negó que hubieran detenido al joven cantante. Las autoridades judiciales, hasta pasados tres años, nunca dieron un resultado respecto del avance de sus investigaciones, ni habían hallado a ningún responsable. El padre de Gibrán hizo averiguaciones por su cuenta y logró informarse que el teléfono móvil que había pertenecido a su hijo, había sido activado en las instalaciones de la academia de policía en los días que corrieron entre su desaparición y cuando fue hallado su cuerpo. La estrategia básica del padre de Gibrán, antes que recurrir a la movilización o sumarse a algún colectivo, fue hacer uso de los medios de comunicación de manera personal, emprendiendo una campaña de denuncia contra la injusticia de que estaban siendo objetos él y su hijo. Finalmente, luego de tres años, cuando ya había concluido el gobierno de Javier Duarte, la Fiscalía dictó orden de aprehensión contra los siete policías que habían detenido a Gibrán, aunque nunca se aclaró cómo fue a dar su cuerpo donde fue encontrado, ni cómo fue asesinado. Sin embargo, a los policías señalados como presuntos responsables sólo se les aplicó prisión preventiva de un año, saliendo libres con el pago de una fianza de 25 mil pesos, sin que le permitieran estar en la audiencia al padre de la víctima. Ello motivó la emisión de la recomendación 14/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia la Fiscalía General del Estado, exhortándole a que cumpliera con su deber, ya que había sido evidente la participación de los policías en la desaparición de Gibrán, permaneciendo impune el crimen (^{E-consulta Veracruz, 2015}).

El asesinato de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, así como la desaparición de 43 de ellos, que fueron detenidos por policías, puso en evidencia la descomposición de las instituciones judiciales. El daño causado a los jóvenes normalistas por parte del crimen organizado y la incapacidad, tanto de la Procuraduría General de la República (PGR) como de las instituciones judiciales locales para esclarecer lo que había ocurrido, dio lugar a un fuerte movimiento nacional de solidaridad con los familiares de los desaparecidos en todo el país.

En Xalapa, agrupaciones estudiantiles que tenían presencia en las facultades de la Unidad de Humanidades, se incorporaron de lleno al activismo. En estas movilizaciones participaron por primera vez en muchos años las sociedades de alumnos de la Escuela Normal Veracruzana y de la Normal Superior “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, y varias organizaciones de la sociedad civil. Los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y la incapacidad de la PGR para encontrar el paradero de los jóvenes normalistas, al grado que tuvieron que montar un escenario artificial para demostrar que los jóvenes habían sido asesinados y que sus cuerpos habían sido calcinados, dispararon el descontento popular y el surgimiento de un nuevo ciclo de protestas.

Los acontecimientos en su conjunto se convirtieron en un juicio al Estado mexicano por su incapacidad para brindar justicia y por su indiferencia total respecto a los derechos humanos. En el caso de Veracruz, potenció a los grupos de jóvenes que habían venido participando desde el movimiento Yosoy132 y significó una oportunidad nuevamente para que jóvenes que no se habían caracterizado por participar en la lucha por sus derechos, o por el acceso a la justicia, lo hicieran por primera vez (^{De Luna, 2015}).

Algunos de estos jóvenes que participaban activamente en las movilizaciones de solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa fueron salvajemente golpeados por un grupo paramilitar el 5 de junio de 2015, ante la pasividad de la policía, desatando ello también una protesta de la sociedad civil. Tampoco en este caso hubo por parte de la Fiscalía ningún esclarecimiento de los hechos, ni mucho menos la detención de algún responsable (^{Vázquez, 2015}).

El 31 de julio de 2015 fueron asesinados en la Ciudad de México la activista Nadia Vera y el periodista Rubén Espinosa, que anteriormente habían canalizado su participación en Veracruz. Este acontecimiento causó una nueva oleada de protestas, protagonizadas principalmente por trabajadores de los medios de comunicación y estudiantes y profesores de humanidades. Aunque el crimen ocurrió en la Ciudad de México y se hicieron protestas contra las autoridades judiciales de ese lugar, el principal cuestionado era el gobernador de Veracruz: Javier Duarte (^{Zavaleta, 2016}).

El 11 de enero de 2016 tuvo lugar en Tierra Blanca la desaparición forzada de cinco jóvenes del municipio de Playa Vicente a manos de policías. Éste fue también un caso muy sonado, que pudo trascender a la opinión pública porque alguien pudo filmar cuando los policías se llevaron a los muchachos. A los pocos días detuvieron a tres de los policías que participaron en el levantamiento y a un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), todavía con el fiscal impulsado por el gobernador Javier Duarte, evidenciando los nexos entre los cuerpos policiales y el crimen organizado. Tras la detención de otro policía que había participado en la desaparición, quedó claro que los policías los habían entregado a un grupo de la delincuencia organizada y que fueron torturados y asesinados en un rancho conocido como “El Limón”, siendo calcinados después. El responsable directo había sido un oficial de policía que anteriormente había sido un directivo de la Secretaría de Seguridad en Veracruz.

En este caso fueron los padres quienes se movilizaron para exigir justicia, recurriendo a múltiples repertorios de acción para presionar a las autoridades a que presentaran resultados, teniendo que acampar durante tres meses frente a las oficinas de la Fiscalía. Una de sus demandas era que la Procuraduría General de la República atrajera el caso y condujera las investigaciones, pero eso nunca se logró. Movilizarse para ellos era muy costoso, ya que tenían que trasladarse desde Playa Vicente, ubicada en el sur de Veracruz, hasta el puerto o la ciudad de Xalapa, apoyados por algunos de sus vecinos. En marzo de 2019 el Gobierno encabezado por Morena ofreció una disculpa pública por los daños ocasionados a los jóvenes asesinados y a sus familias; sin embargo, por esos días también un juez desechó las pruebas aportadas por la Fiscalía de Veracruz y exoneró del delito a los imputados, quienes permanecen detenidos por otras causas (^{Ferri, 2019}).

Unos días después ocurrió un evento similar en la ciudad de Papantla. El 19 de marzo de 2016, tres jóvenes papantecos fueron detenidos por policías municipales, sin que se supiera después su paradero. Aunque se detuvo a tres policías, nunca se esclareció qué fue lo que ocurrió ni dónde quedaron los tres jóvenes. Si bien han tenido el acompañamiento de familiares y vecinos en ocasiones, los padres de los jóvenes papantecos han estado básicamente solos, recurriendo a manifestaciones en las plazas públicas o haciendo huelgas de hambre, como la madre de Alberto Uriel Pérez Cruz. Cada año, al cumplirse un aniversario de la desaparición de sus hijos, se vuelven a manifestar, pues hasta el momento no saben qué les ocurrió (La Opinión, 2021).

En octubre de 2016 hubo manifestaciones en la ciudad de Veracruz por el asesinato de Génesis Deyanira Urrutia, joven estudiante de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, que también desapareció y fue hallada muerta, junto con otros tres jóvenes, sin que se esclareciera cómo sucedieron los hechos. Sus familiares y amigos llevaron a cabo varias manifestaciones y se abrió una cuenta de Facebook denominada “Hasta encontrarte Génesis” (^{Barranco, 2017}).

En marzo de 2018, en la ciudad de Orizaba, la policía asesinó a dos jóvenes de 16 y 14 años, Nefertiti y Grecia Camacho Martínez. A pesar de que múltiples testigos observaron que las niñas no manifestaron ninguna conducta agresiva ni portaban ningún arma, los policías afirmaron que hubo un enfrentamiento entre policías y civiles. La Fiscalía dijo además que pertenecían al crimen organizado, sólo porque una de las hermanas tenía un tatuaje representando la mitad inferior de una calavera (^{Sinembargo, 2018}).

El 12 de junio de 2018 se produjeron varios feminicidios en las regiones de Tlapacoyan y Coscomatepec. Ante su multiplicación, algunos pobladores protestaron tomando las carreteras, criticando sobre todo la incapacidad de la autoridad para brindar seguridad. En esos días, la joven Arely Torres Morales, del municipio de Calcahualco, desapareció, generando también manifestaciones de protesta por parte de sus padres y familiares (Gómez, 2018).

El 19 de mayo de 2018 fueron asesinados en el municipio de Acultzingo los jóvenes Alan Yair Alamillo, Ignacio García Núñez, Oscar Iván Rosas, José Ignacio Díaz Reyes, y heridos Jesús Ángel Cabrera Jazmín y Héctor Gil Castillo, por un comando armado. Ante la incapacidad para detener a los responsables, la policía y las autoridades judiciales pretendieron criminalizar a los jóvenes, quienes se encontraban conviviendo después de un partido de futbol. Los familiares de las víctimas hicieron numerosas protestas, pero los homicidios nunca fueron esclarecidos ni se castigó a los responsables ^{(Oliva Noticias, 2019}).

Otras protestas han tenido que ver con los abusos policiales y el asesinato de que han sido víctimas varios jóvenes.

El 2 de mayo de 2020, policías preventivos detuvieron en Xalapa al joven Carlos Andrés Navarro por presuntas faltas administrativas. Al día siguiente, fue encontrado muerto en las instalaciones del cuartel San José, donde se ubican los separos de la Policía Preventiva Estatal. Al entregar el cadáver a sus familiares, éstos se percataron de que el cuerpo mostraba señales de hematomas en el rostro y el torso, que indicaban probable tortura. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) levantó una queja y emitió una recomendación para que las autoridades aclararan el caso, sin que hasta el momento se conozca lo que sucedió (^{García, 2021}).

El 20 de octubre de 2020, de nueva cuenta un joven detenido por falta administrativa, de nombre Gustavo Ortiz Hernández, fue encontrado muerto en las instalaciones del cuartel San José, sin que los encargados de su detención ofrecieran una explicación razonable. La CEDH emitió nuevamente una recomendación para que se abriese una investigación ministerial y se aclarasen los hechos. De acuerdo con los familiares, que efectuaron una protesta el día de su sepelio llevando el ataúd a las instalaciones del cuartel, el joven detenido estaba completamente sano (^{De Luna, 2021}).

Los casos de jóvenes que han sido asesinados o desaparecidos en los últimos años en Veracruz podrían seguirse enlistando. En todos ellos se puede encontrar una trama común. Se presentan las denuncias y se abren las carpetas de investigación, las autoridades judiciales nunca presentan informes de avances en las investigaciones; los familiares y amigos de las víctimas protestan, pero, salvo cuando son los propios familiares o algunos ciudadanos quienes presentan evidencias, en los demás casos nunca se esclarecen los hechos ni se detiene a los responsables. En otras ocasiones, aunque detengan a algunos responsables, posteriormente son absueltos, resolviendo los jueces que se integró mal el expediente, que no hay suficientes evidencias o que se violó algún derecho de los presuntos culpables.

La incapacidad de la Fiscalía para dar respuesta a las demandas de justicia que reivindican los familiares de las víctimas de homicidio, desaparición o desaparición forzada, ha dado lugar a la creación de colectivos de búsqueda de desaparecidos, encabezados fundamentalmente por las madres de los jóvenes, quienes, además de exigir a la Fiscalía el esclarecimiento de los crímenes, se han dado a la tarea de averiguar el paradero de sus hijos e hijas, incluyendo la excavación de algunos terrenos baldíos donde los grupos de la delincuencia organizada han ocultado los cadáveres de sus víctimas. En algunas de estas fosas clandestinas, como la ubicada en el predio “Colinas de Santa Fe”, en el municipio de Veracruz, se han llegado a contabilizar hasta 280 cadáveres, la mayoría de los cuales no pueden ser identificados. Existen otros predios donde han sido localizados restos de cuerpos humanos en municipios como Alvarado, donde se ubica un sitio llamado “Arbolillo”; otro más se ubica en el municipio costero de Úrsulo Galván, denominado “La Guapota”, así como otros en los municipios de Río Blanco y Playa Vicente.

En Veracruz se han formado 12 colectivos de familiares de desaparecidos, entre los que podemos enumerar: “Colectivo de Familias de Desaparecidos”, “Colectivo Solecito”, “Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos”, “Colectivo María Herrera, “Grupo Enlace Familias” y otros, actuando en ocasiones cada uno por su cuenta, y en ocasiones de manera coordinada. La creación de estos colectivos y sus acciones contenciosas les brindó la posibilidad de establecer mesas de trabajo con el Gobierno del estado, el Gobierno federal y representantes de la Fiscalía para informarles de los avances en las investigaciones, si bien ello no necesariamente incrementó la eficacia de la Fiscalía en cuanto a la localización de los desaparecidos, ni mucho menos en el esclarecimiento de los responsables de las desapariciones, de tal suerte que el trabajo de los propios colectivos de búsqueda, apoyados por la sociedad civil, rendía mayores resultados que los ofrecidos por la Fiscalía.

La presión generada por el “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” a nivel nacional logró que se decretara en 2013 una Ley General de Víctimas, que tuvo su réplica en cada uno de los estados de la República. Esta ley tenía como objetivo fundamental el establecimiento de mecanismos estatales para atender y proteger a las víctimas, así como poner énfasis en la reparación de los daños causados. Complementariamente se creó una Ley en Materia de Desaparición de Personas, publicada en 2017, que establecía la obligación de crear una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, obligando al Estado a seguir protocolos específicos para la búsqueda de desaparecidos. Este organismo incluía un Consejo Estatal Ciudadano que se abría a la participación de los representantes de los colectivos de búsqueda. Además, la Ley en Materia de Desaparición de Personas dispone la creación de una fiscalía especializada en la persecución del delito de desaparición, que debe mantener una comunicación y coordinación de esfuerzos con la Comisión Estatal de Búsqueda.

De esa manera, los colectivos combinaron su participación en las mesas de trabajo y en el Consejo Estatal Ciudadano (^{Villarreal, 2014}) con sus actividades de búsqueda que, performativamente, constituyen una denuncia de la incapacidad de las instituciones judiciales para investigar y esclarecer los delitos, así como para castigar a los culpables. Las protestas en las plazas públicas exigiendo la aparición de sus familiares o el esclarecimiento de los asesinatos, junto con actos simbólicos en fechas significativas como el Día de las Madres, cuando marchan para exigir la aparición de sus hijos, han contribuido a la configuración de un espacio público en el cual, además de la exigencia del cumplimiento de un derecho humano fundamental como es el acceso a la justicia, los familiares hacen uso de una gramática del dolor que les otorga una legitimidad que no está sujeta a cuestionamientos y evidencia la incapacidad del Estado para combatir la impunidad y para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Estas movilizaciones y denuncias, al igual que las actividades de búsqueda, han contribuido de manera relevante a visibilizar la incapacidad y el desinterés de quienes están al frente de las instituciones judiciales para esclarecer los delitos y castigar a los responsables. Pero sin duda, lo más importante es que han logrado sensibilizar a la población para transformar el dolor particular en un dolor colectivo que interpela a la sociedad en su conjunto e identifica a los sujetos responsables, a partir de las diferentes estrategias de representación semiótica del sufrimiento (^{Chouliaraki, 2006}). Estas estrategias de representación van desde el uso de símbolos pacifistas como el color blanco en algunas manifestaciones, pasando por la presentación de los féretros de algunas víctimas frente al Palacio de Gobierno, la dramatización sobre mujeres jóvenes asesinadas por parte de colectivos artísticos feministas o la realización de documentales sobre las experiencias de algunos familiares de víctimas.

Los colectivos han protestado también por la falta de atención del Gobierno del estado al problema de los desaparecidos y su búsqueda. En septiembre de 2021 se movilizaron para exigir que en la designación del titular de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) imperen criterios relacionados con la capacidad profesional y el conocimiento de la problemática que viven las víctimas, y no los criterios de lealtad política (^{Zavaleta, 2021}). En el periodo estudiado los colectivos de búsqueda de desaparecidos se han quejado de todos los gobiernos, tanto del PRI como del pan y Morena, por su falta de interés, reflejada en los escasos recursos canalizados hacia ese problema y en la falta de cumplimiento de acuerdos por parte de las instituciones judiciales.

Repertorios de protesta, capitales, recursos y resultados

En la breve descripción realizada anteriormente podemos identificar los diversos actores y los diferentes grados de participación en el espacio público para presionar a las instituciones judiciales y exigir el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia, dependiendo de la institución objeto del reclamo, de los capitales disponibles, de las estrategias para colocar en el centro del debate público la demanda de acceso a la justicia, los espacios de interlocución con las instituciones judiciales que se crearon a partir del reclamo y de los resultados obtenidos. Estos elementos analíticos nos servirán para identificar la capacidad de influencia de los distintos colectivos para introducir temas en la agenda pública, así como para traducirlos en decisiones vinculantes y en hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia.

En primer lugar, tenemos a los actores que hicieron su reclamo de forma individual, como el padre de Gibrán Martiz, quien emprendió un itinerario de denuncias públicas ante los medios, dedicándose a indagar por su cuenta el paradero de su hijo y haciendo público el desinterés y el encubrimiento de que fueron objeto por parte de la Procuraduría General de Justicia los responsables de la desaparición de su hijo, que eran policías al servicio del estado. Sobra decir que para seguir una estrategia como ésta se requieren suficientes recursos económicos, así como un capital social y cultural suficiente para poder establecer relaciones con los medios de comunicación, interpelar a las autoridades y visibilizar lo más ampliamente posible su caso, hasta alcanzar una dimensión internacional. Algunas madres como la doctora Bárbara Ibarra y Lucía Díaz Genao, del colectivo Solecito, que en el proceso se convirtieron en dirigentes bastante experimentadas y se dedicaron no sólo a reclamar por su caso, sino a brindar solidaridad y apoyo a quienes compartían su situación, podrían entrar en esta categoría, ya que al principio se involucraron en la lucha de forma individual. Ésta es también la trayectoria de Araceli Salcedo, dirigente del colectivo “Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, que actualmente agrupa a más de 300 familias dedicadas a la búsqueda de sus familiares en fosas clandestinas o en el rastreo de las redes de trata de personas (^{Del Palacio, 2020}).

En segundo lugar, están las acciones contenciosas que episódicamente realizan algunos colectivos para denunciar el homicidio o la desaparición de algún familiar o amigo, destacando las movilizaciones estudiantiles o manifestaciones que involucran sólo a familiares o vecinos. En estas acciones contenciosas, breves y esporádicas, es donde más se involucran los jóvenes que no participan en organizaciones permanentes. El vínculo fundamental en este caso es el espacio escolar, eventualmente potenciado por la intervención de los profesores. Algunos de estos grupos de estudiantes pueden participar a través de las redes sociales, creando páginas en Facebook, Instagram u otro medio, en el cual denuncian la desaparición y difunden información, como ha sido el caso de los amigos de Génesis en la ciudad de Veracruz.

En tercer lugar, se encuentran los grupos de familiares de desaparecidos o asesinados que se integran de manera temporal para atender exclusivamente su caso, como los familiares de los jóvenes desaparecidos en las ciudades de Tierra Blanca y Papantla. Estos colectivos realizaron acciones contenciosas de manera más o menos sostenidas, pero no se vincularon a ningún otro colectivo ni encabezaron búsquedas que involucraran a más familiares; su perspectiva fue de tipo particularista. En buena medida la limitación de su participación estuvo ligada a una disposición menor de capital cultural y social, ya que en las ciudades donde ocurrieron los hechos no existen organizaciones de la sociedad civil que les apoyaran, y los medios de comunicación, en la medida en que están alejados del centro político, cuentan con menor influencia, aunque su caso se haya difundido ampliamente.

Las movilizaciones realizadas por los colectivos feministas en diversas fechas del año, especialmente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, son otra modalidad de protesta que se ha enfocado sobre todo en los feminicidios, recurriendo a acciones violentas como el graffiti en los edificios públicos y la confrontación con los policías, además de representaciones escénicas, performances y otras modalidades artísticas.

En la siguiente tabla intentamos trazar una taxonomía de los actores y las formas de protesta e interacción que se establecen entre quienes reclaman el acceso a la justicia y las autoridades correspondientes, atendiendo a los capitales disponibles, las estrategias o modalidades de reclamo, los espacios de interlocución con las instituciones judiciales y el resultado en la atención a sus demandas.

Conclusiones

Como se puede observar en el cuadro anterior, las diversas formas de protesta o publicitación de casos en los que se ha denegado el acceso a la justicia a las víctimas de homicidio o desaparición forzada se caracterizan por su dispersión e intermitencia, siendo únicamente los colectivos dedicados a la búsqueda de sus familiares los que mantienen una lucha permanente y una interacción más o menos recurrente con las autoridades tanto judiciales como del Poder Ejecutivo, sin que de todas maneras haya resultados significativos en las indagaciones que realiza la Fiscalía, salvo los hallazgos que por cuenta propia han efectuado, pudiendo de esa manera localizar más fosas clandestinas e identificar algunos cuerpos para devolvérselos a sus familiares, pero sin que se identifique y se castigue a los responsables.

En esta búsqueda, los colectivos han sido acompañados por algunas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, constituyéndose así en el bloque que de manera más articulada despliega sus esfuerzos para reclamar el acceso a la justicia, y en una de las luchas contenciosas más relevantes del Veracruz contemporáneo. Únicamente en el periodo que duró el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se dio la unificación de la mayoría de los colectivos y ciudadanos en lo individual, configurando un movimiento social amplio dado el elevado número de personas que han sido víctimas de homicidio, feminicidio o desaparición forzada, siendo la mayoría de ellos jóvenes de entre 15 y 30 años.

Los casos de movilización individual que han tenido algún logro relevante, como el del padre de Gibrán Martiz, se deben al capital simbólico de la víctima por su participación en un programa televisivo nacional, así como por el suficiente capital económico del que dispuso la familia para hacer indagaciones por su cuenta y mantener una denuncia constante en los medios. Los grupos de familiares de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y Papantla en 2016 lograron parcialmente que se hicieran las indagaciones correspondientes debido a la visibilidad que adquirieron los casos al tener como antecedente la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y a la crisis de legitimidad que arrastraba el gobierno de Javier Duarte por su extrema corrupción y los niveles alarmantes de inseguridad. Las movilizaciones episódicas que han desarrollado los jóvenes de escuelas preparatorias o de la universidad han logrado visibilizar temporalmente los casos de sus compañeros y plasmarlos en la memoria pública, pero no tuvieron continuidad ni hubo respuesta a su demanda por parte de las autoridades judiciales.

Cuando se dispone de un capital social más elevado y capacidad de movilización permanente, es muy probable que las fuerzas de seguridad y judiciales se movilicen para hallar el paradero de los jóvenes que son víctimas de homicidio, secuestro o desaparición forzada. Dado que la mayoría de las víctimas son pobres, sin vínculos con agrupaciones laborales, organizaciones defensoras de derechos humanos o cualquier otro colectivo, sus casos, que son miles, permanecen en el anonimato, sin que nadie reclame su derecho de acceso a la justicia.

La falta de respuesta de las autoridades judiciales tiene que ver con la negligencia y la corrupción que imperan en esos espacios, debido a los efectos que en ellos ha generado la descomposición del antiguo régimen político, así como a las muy bajas capacidades institucionales vinculadas a la falta de recursos, falta de personal capacitado e incapacidad de cobertura territorial. El descuido histórico que el Estado mexicano tuvo con las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, en un momento en que la demanda de acceso a ella no era tan significativa, se ha hecho más patente que nunca, al incrementarse exponencialmente los delitos y la violencia a causa del crecimiento de la delincuencia organizada, dando lugar a una movilización ciudadana que protesta y demanda atención a los casos de injusticia de que son víctimas, sin que el Estado esté en condiciones de dar respuestas satisfactorias.

La mala implementación de la reforma del sistema de justicia penal, no obstante algunos logros que se pueden rescatar, como la publicitación de los juicios y la actuación de jueces y ministerios públicos, no ha contribuido gran cosa a resolver esta problemática. La situación no cambió con el gobierno de Morena, que tampoco ha combatido eficazmente la impunidad imperante en el estado. Si no se reconoce la incapacidad estructural que padecen las instituciones judiciales y la necesidad de crear una comisión amplia, que recurra incluso a la ayuda internacional para iniciar una reforma profunda de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, con la participación de la sociedad civil, difícilmente se resolverá este grave problema. Mientras tanto, las acciones contenciosas y las diversas formas de protesta que emprenden algunos sectores de la sociedad civil, carecen de eficacia al no contar con interlocutores ni encontrar espacios de diálogo en los que se dé seguimiento a las carpetas de investigación y denuncias relacionadas con los crímenes de que son objeto los jóvenes de Veracruz.