Estado

 

Política del gobierno argentino en torno de la "cuestión" Malvinas y su incidencia en la región

 

Argentine government policy around the "issue" Falklands and its impact on the region

 

Sonia Verónica Winer*

 

* Docente en el posgrado del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED). soniawiner@hotmail.com.

 

Fecha de recepción: 20 de febrero de 2013
Fecha de aceptación: 24 de julio de 2013

 

Resumen

El trabajo se propone analizar la política del gobierno argentino (en especial durante el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner) en torno de la "cuestión" Malvinas, tomando la misma como expresión de la mutación del concepto de soberanía y del enriquecimiento aportado por la doctrina de derechos humanos al campo de la defensa nacional, así como en experiencia para pensar las bases de una doctrina suramericana de Defensa en el marco de la Unasur.

Palabras clave: Malvinas, gobierno argentino, defensa.

 

Abstract

The paper analyzes the Argentine government policies (especially during the second period of Cristina Fernandez de Kirchner) around the "issue" Falklands, taking it as an expression of the mutation of the concept of sovereignty and the enrichment provided by the doctrine of human rights to the field of national defense, as well as experience to think the foundations for a South American defense doctrine under the UNASUR.

Key words: Falkands, Argentine government, defense.

 

Introducción

El siguiente trabajo se propone iniciar un análisis sobre la política del gobierno kirchnerista (en especial durante el segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner) respecto de la denominada "cuestión" Malvinas, en tanto ésta nos brinda la oportunidad para reflexionar sobre la búsqueda de descolonización desde el ámbito estatal en contextos signados por nuevos proyectos de integración regional, los cuales progresivamente van construyendo consensos en torno de la reconfiguración y la defensa colectiva de la soberanía político-territorial al tiempo que re-significan una identidad propiamente latinoamericana frente a un escenario de crisis mundial.

En este sentido, es preciso aclarar que nuestro texto no es producto de un estudio acabado, sino que, por el contrario, anticipa algunos lineamientos a desarrollar en una futura investigación, aunque el tema examinado nos plantea varias aristas interesantes.

Por un lado, ayuda a poner el foco respecto de qué tipo de relatos atraviesan a la política pública y al Estado en general, visibilizando las disputas por la memoria de la guerra entre quienes reivindican su participación en el conflicto bélico de 1982 y entre quienes la cuestionan desde una perspectiva de derechos humanos.

Por otra parte, interpela desde la práctica las diversas dimensiones estatales —comprendidas como estructura material-institucional, como estructura ideal de concepciones y percepciones y en especial como correlación de fuerzas (García Linera, 2010)—, así como su capacidad para construir alianzas internacionales que le permitan defender sus bienes naturales frente a la penetración de empresas trasnacionales apoyada por Estados imperialistas en la fase capitalista caracterizada por un proceso de "acumulación por desposesión" popular (Harvey, 2005).

En esta línea de pensamiento, adelantamos que el primer punto y el segundo confluyen a la hora de pensar los aportes que se desprenden de las políticas activas de Argentina para impulsar una estrategia de descolonización, defensa de la soberanía y promoción de la paz en su sentido amplio —es decir, contraria a la violencia estructural y a la violencia "directa" (Curle, 1994)—, las cuales también posibilitan inferir lineamientos o bases para una doctrina suramericana de defensa que todavía se halla en construcción.

 

Desarrollo

La perspectiva del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas en la política oficial

Si adherimos a la propuesta de pensar la memoria colectiva como un campo de lucha (Ansaldi, 2012: 16), es preciso remarcar que diversas organizaciones de "ex combatientes", durante los últimos treinta años, se fueron disputando la construcción de un determinado relato sobre los hechos, los cuales también se asociaron con ciertas reivindicaciones y demandas de tipo material¹ (Guber, 2004; Lorenz, 2009).

Una de estas asociaciones, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), referenciada con la ciudad de La Plata, se caracterizó por fortalecer lazos con organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), con el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) , pero sobre todo con quien tomara la iniciativa para instalar el tema: el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol),² junto a los cuales logró ir desarrollando una labor educativa y de difusión para mostrar una determinada mirada sobre el pasado histórico, sobre la guerra y sus efectos en los conscriptos que participaron de ella, promoviendo también campañas de concientización sobre las consecuencias de la ocupación inglesa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y advirtiendo respecto de los peligros presentes y futuros que conllevan para el resto de la región.

Incluso antes de conformar el CECIM, el grupo de ex combatientes fundacional había acordado, ya desde las islas y antes de regresar al continente, anunciar en el estatuto de la asociación que realizarían actividades con los siguientes fines: "[...] Defender los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur de todo dominio colonialista e imperialista [...] e) Defender permanentemente los derechos humanos" (CECIM, Estatuto, 1983. El subrayado es nuestro).

Su adhesión a la no-violencia activa y a los métodos gandhianos (a finales de la década de 1980 apoyarán el movimiento encabezado por Eduardo Pimentel de objetores de conciencia al servicio militar obligatorio), su rechazo respecto de aquellas interpretaciones que reivindican el conflicto bélico como una "gesta" de carácter patriótico y heroico (en general asociaciones compuestas por miembros de las fuerzas armadas en servicio durante la dictadura militar), la publicación clandestina en 1988 por parte de sus miembros de una copia del denominado "Informe Rattembach", sus denuncias respecto de las torturas sufridas por los conscriptos por parte del personal castrense y sus iniciativas en la justicia para que se juzguen como crímenes de lesa humanidad, además de su mirada específicamente antiimperialista, les valieron la enemistad de otros sectores más proclives a reivindicar el periodo del terrorismo estatal.

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Esta querella cobró mayor fuerza en mayo de 2012, cuando uno de los referentes del CECIM, Ernesto Alonso, fue nombrado por Cristina Fernández de Kichner como director de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, organismo público dependiente del Ministerio del Interior que había estado intervenido desde 2003 —por decreto del entonces presidente Néstor Kichner— y que durante el periodo previo había contenido en su estructura a miembros de otras organizaciones críticas de la postura de la asociación platense y, sobre todo, ligadas a estructuras castrenses.

Precisamente una de las modificaciones del decreto que "normaliza" el funcionamiento de la Comisión, explicita en su artículo 5 que los ex combatientes pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron en el conflicto no participarán del ente sino que quedarán bajo la órbita diferenciada del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad:

Transcripción del Decreto 542 publicado en el Boletín Oficial el 19 de abril de 2012

Artículo 1.- Sustitúyese el Artículo 1° del Decreto N° 1.741 del 4 de octubre de 1994 por el siguiente:

Artículo 1.- Créase la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas la que tendrá por objeto:

a) Representar al Estado Nacional en su relación con las distintas organizaciones o asociaciones que nucleen a los ex combatientes civiles (ex Soldados Conscriptos y personal civil que prestó tareas de apoyo durante el conflicto bélico) y familiares de caídos en combate.

b) Crear y llevar un registro actualizado de las entidades referidas en el punto anterior.

c) Recopilar y ordenar toda la información existente en el ámbito del Estado Nacional, provincial y municipal, sobre programas de salud, empleo, vivienda, acción social, capacitación y toda otra materia que resulte de interés para los ex soldados conscriptos y civiles convocados que hayan participado activa y efectivamente en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

d) Estudiar y recomendar la elaboración de normas, proyectos o acciones que resulten de especial interés para los ex combatientes de Malvinas.

e) Analizar la totalidad de la normativa vinculada con los beneficios sociales que se otorgan a los ex combatientes de Malvinas en distintas jurisdicciones, procurando su unificación para evitar discriminaciones entre éstos.

f) Organizar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en los aspectos de su competencia específica, los viajes a realizar a las Islas Malvinas de los familiares de los caídos en combate.

Artículo 2.- Sustitúyese el Artículo 2° del Decreto N° 1741 del 4 de octubre de 1994 por el siguiente:

Artículo 2.- La Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas dependerá del Ministerio del Interior y estará integrada por: Cuatro (4) Ex Combatientes propuestos por el Ministerio del Interior, para su designación por el Poder Ejecutivo Nacional, quien nombrará entre ellos al Presidente de la Comisión.

Un (1) representante de los familiares de los caídos en combate propuesto por el Ministerio del Interior y designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Un (1) representante del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMl).

Un (1) representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Un (1) representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.

Un (1) representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Un (1) representante del Ministerio de Educación.

Un (1) representante del Ministerio de Salud.

Un (1) representante del Ministerio del Interior.

Cada miembro de la Comisión tendrá derecho a un voto, salvo el Presidente que tendrá doble voto en caso de empate.

La actuación de todos los integrantes de la Comisión tendrá carácter "ad honorem".

[...] Artículo 5.- El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad entenderán respecto de sus integrantes con estado militar, policial y/o de seguridad en todas las cuestiones relacionadas con quienes participaron en el Conflicto Bélico del Atlántico Sur (decreto 542/2012, Boletín Oficial Presidencia de la Nación Argentina). (Fuente: www.prensa.argentina.com.ar. Recuperado el 30 de mayo de 2012).

Las reformas burocrático-institucionales relativas al funcionamiento de la Comisión, así como la convocatoria para coordinar este ente de la administración pública a ex combatientes civiles, fue interpretada por el movimiento social como una señal gubernamental de apoyo hacia una mirada hasta el momento relegada: "se terminó la épica de las balas" afirmó Alonso, su flamante titular, en clara alusión a grupos de ex militares "carapintadas" que hegemonizaran dicho espacio durante los gobiernos menemistas (19891999), pues "la guerra fue la acción mas desmalvinizadora de nuestra historia (y) no podemos recuperar la soberanía reivindicando la dictadura ni la guerra".³

Como ya señalamos al inicio de nuestro texto, los cambios mencionados deben ser pensados a partir de la definición de memoria y olvido como cuestión política (Ansaldi, 2002), es decir como un campo de confrontación dinámico donde pugnan la memoria colectiva del poder y la memoria colectiva de los dominados, donde existe una confrontación entre memorias colectivas pertenecientes a colectivos sociales diferentes que buscan imponerse como la memoria sobre el conjunto poblacional. Allí se despliegan alianzas en favor de la construcción de fuerzas, y múltiples herramientas de lucha por parte de organizaciones de las clases subalternas, por ir conquistando legitimidad y relevancia tanto en el plano simbólico como en el material.

En ese marco encontramos la inclusión del relato del CECIM y de otras organizaciones de las clases subalternas en el texto oficial y en las acciones estatales como una victoria del campo popular lograda en 2012 y 2013, después de un arduo proceso de resistencia, de cuestionamiento y de lucha contra la ideología "desmalvinizadora" y deshistorizada (Cangiano, 2012) propulsada desde los centros de poder en el país durante las décadas post dictatoriales, lográndose impulsar en el periodo actual el reconocimiento indispensable de los siguientes elementos:

a) El intento bélico de recuperación de las islas de 1982 por parte de la junta militar, no sólo propicio la violación de los derechos humanos de los conscriptos llamados a luchar por parte de su propia "superioridad" ligada al terrorismo estatal (y por ende las violaciones cometidas en el marco del conflicto deben ser juzgadas como delitos de lesa humanidad), sino que produjo un profundo retroceso en los avances que hasta ese momento se habían obtenido en materia de negociaciones anglo-argentinas gracias a estrategias diplomáticas previas a la guerra.

b) Permanencia de la ocupación colonialista en las islas del Atlántico Sur, sino la posterior instalación de una base militar extranjera en nuestra plataforma continental y la depredación de los bienes naturales aledaños por parte del capital trasnacional-empresarial. Hechos que constituyen un peligro no sólo para la población continental sino para toda la región, involucrando entonces los mecanismos de solidaridad construidos en torno de regímenes como Unasur para garantizar la defensa de la soberanía nacional argentina y de toda América del Sur.

Así, el eje central de la política exterior del vigente año, no sólo logró reiterar en la comunicación oficial consignas hasta entonces planteadas sólo por organizaciones de ex conscriptos y organismos de derechos humanos, como por ejemplo la necesidad de "desmilitarizar el Atlántico Sur" y considerarlo "océano de paz" (Winer, 2012) (ya planteado en la campaña nacional contra la instalación de bases extranjeras en Argentina realizada en 2010), sino que evidenció un cambio de paradigma incorporando al campo de la defensa —de la soberanía territorial y política— una perspectiva de derechos humanos y desde una re-significación identitaria planteada en términos latinoamericanistas.

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Lo primero apareció sintetizado en el discurso realizado el dos de abril de 2012 por la presidenta tras el reclamo de "memoria, verdad y justicia" (frase que a su vez remite al espacio que reúne a organizaciones sindicales, de derechos humanos, barriales y a partidos políticos para organizar todos los años las marchas del 24 de marzo que recuerdan la fecha que diera inicio a la última dictadura) y en la exigencia del respeto del derecho a la identidad de los 123 cuerpos sepultados sin identificación en el cementerio de Darwin:

Hoy leía, antes de venir aquí, una frase de uno de esos (miles de) jóvenes que vinieron a combatir a las islas y que luego devino en periodista, tal vez esté por aquí, Edgardo Esteban, y él decía (lo pude ver hoy en blanco y negro) que la gran derrotada en una guerra o por lo menos en esta guerra, es la verdad [...] Reclamo justicia también para los que aún no han podido ser identificados (por eso el viernes pasado) he dirigido una carta al titular de la cruz roja internacional para que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aún ingleses que no han podido ser identificados, porque cada uno merece tener su nombre en una lápida y cada madre tiene el derecho inalienable [...] de enterrar a sus muertos, ponerle una placa con su nombre y llorar frente a esa placa (Fernández de Kirchner, Cristina. Discurso de 2 de abril de 2012).

Nos es casual que el nombre de Edgardo Esteban, ex combatiente miembro del CECIM y periodista de la cadena Telesur,⁴ se asociara a la decisión tomada por el ejecutivo de desclasificar el informe escrito en 1983 por la "Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el Conflicto del Atlántico Sur" y al "orgullo por convertir la política de derechos humanos en uno de los pilares de la nación" (Kirchner, 2012) , ligándose a su vez con el reclamo del derecho a la identidad y al del derecho de que no se continúe permitiendo la explotación de los bienes naturales en enclaves coloniales por empresas extranjeras:

Memoria y Verdad entonces, y a esa memoria y a esa verdad yo le quiero agregar justicia [...] Justicia reclamamos también para que no sigan depredando nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales ictícolas y petroleros [...] esto ha pasado a ser una causa de los argentinos pero también de todos los países de Unasur [porque] esta no es una historia que comenzó hace treinta años, sino que el año que viene se van a cumplir ciento ochenta años de usurpación [...] rémora de una historia de colonización que viene del siglo XIX (Fernández de Kichner, Cristina. Discurso de 2 de abril de 2012).

De esta manera aparecieron condensados en las palabras pronunciadas en Ushuaia los elementos ya señalados, los cuales proponemos analizar en el marco de transformaciones sociales que operan en el Estado, pero que también provienen de fuera del Estado y que dan cuenta de la tensión existente entre una reconfiguración o mutación de la noción de soberanía política en países suramericanos como el nuestro y de la existencia y presencia de ámbitos de decisión supraestatales que quedan cada vez más ligados a lo regional. Algunos autores resumen este fenómeno como "bidimensionalidad estatal y supra estatal" de la regulación de la fuerza de trabajo, del control del excedente económico y del ejercicio de la legalidad, donde por una parte aparece una búsqueda de recuperación de la soberanía del Estado sobre los recursos estratégicos, pero por otra perdura la dependencia de definiciones al margen del Estado (García Linera, 2010: 3 y 4).

En el marco de este fenómeno se inscribe el "Plan de Acciones Legales del Estado Nacional en el país y en el exterior contra las actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur" sistematizado por la cancillería y publicitado del siguiente modo:

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En todo caso, cabe especificar que las modificaciones que atraviesan hoy día la práctica y la voz estatal brindan una serie de instrumentos para reflexionar sobre la trascendencia de la defensa de los intereses vitales de Argentina y su relevancia debido a los recursos que contiene su espacio geográfico para el Cono Sur, entre los cuales no sólo se destacan los hidrocarburíferos sino también los ictícolas, los nódulos polimetálicos así como un gran potencial ártico, restando aún un pronunciamiento claro de la política exterior, respecto al papel en Malvinas ejercido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) —aunque precisamente el Consejo Suramericano de Defensa busca diferenciarse y tomar distancia de este régimen internacional en particular.

 

Fortaleza Malvinas: una base militar extranjera en la plataforma continental

Apenas concluida la guerra, Gran Bretaña inició la construcción de la Fortaleza Malvinas, incluyendo en ésta la Base Aérea en Monte Agradable (Mount Pleasant) en la parte llana de la Isla Soledad y la Estación Naval de aguas profundas Mare Harbour —aptas para el desplazamiento de aviones de gran porte y helicópteros, con una pista de 2,590 metros y otra de 1,525, y para flotas del tipo de la Armada Real (Royal Navy) utilizadas para patrullar el Atlántico Sur, también cuentan con silos y rampas para lanzamiento de armas nucleares—, ubicadas a setenta kilómetros de Puerto Argentino y a setecientos kilómetros de la costa patagónica continental, las cuales comenzaron a operar en 1985 y prosiguen en la actualidad de modo permanente (Bertaccini, Alonso et al., 2012). El mantenimiento de la base cuesta al Estado británico ciento cincuenta millones de dólares anuales, parte del cual se cree es financiado precisamente a través de la adjudicación ilegal de licencias de pesca y explotación de otros recursos de la zona otorgados por la corona a algunas de las empresas mencionadas con anterioridad.

Cuando en febrero de 2009, Monte Agradable apareció mencionada en un informe oficial de la Unión Europea sobre bases militares posicionadas en sus territorios de ultramar, especificándose su potencialidad y centralidad para una estrategia europea de control sobre la región, la cancillería argentina presentó un reclamo público mientras que la Cámara de diputados de la Nación expresaba su preocupación por medio del siguiente Proyecto de Declaración:

(la concepción que se refleja de Malvinas en este informe) violentaría doblemente el principio de soberanía e integridad territorial reconocido por las Naciones Unidas (Resolución 1514): por un lado, se perpetua la ocupación colonial británica y por otro se agregaría una instancia de control /influencia/proyección de poder por parte de un bloque político supranacional (Unión Europea), integrado a su vez por el Reino Unido" (PD I689-D-2009, en: www.diputados.gob.ar).

El nerviosismo generado por el hallazgo de la base, la cual se asoció con la reactivación de la IV Flota de guerra estadounidense y la necesidad de ésta última de reemplazar el paso interoceánico —entre el Atlántico y el Pacífico— del Canal de Panamá, sumado al incremento de bases e infraestructura militar por parte de Inglaterra, Francia y Estados Unidos en el hemisferio continental fue compartido por varios países de América Latina y el Caribe que asociaron desde una perspectiva geopolítica la "cuestión" Malvinas con la defensa de su interés nacional.

En ese momento, el CECIM, el Mopassol y otros organismos argentinos lanzaron una campaña con el fin de movilizar a las organizaciones sociales del Cono Sur en torno de la relación entre Malvinas, la expansión global de la OTAN y la reactivación de la IV Flota estadounidense comparando la longitud de la pista levantada en la isla con otras tres bases militares extranjeras instaladas en el continente (Palmerola en Honduras, Palanquero en Colombia y Mariscal Estigarribia en Paraguay) y con una más en el centro del océano Atlántico (Isla Ascensión), poniendo el acento en que desde ellas las potencias mencionadas podrían realizar tanto operaciones de entrenamiento como un despliegue de operaciones de intervención directa que en el lapso de 24 horas abarcaría a toda la región y las que consideraban "las verdaderas razones de la usurpación colonial". Esta no logró impactar de igual manera que los otros aspectos señalados en la política oficial.

 

Algo importante es que el destacamento de la Real Fuerza Aérea Británica mostrado en las imágenes es la puerta de entrada para quienes llegan a Malvinas por vía aérea, y al mismo tiempo es uno de los cinco principales enclaves militares del hemisferio occidental. Antes de 1982 aún no existía, en su sitio se encontraba un pelotón de ochenta soldados británicos y la única pista de aterrizaje de las islas se hallaba en Puerto Argentino y había sido construida por la dictadura del general Alejandro Lanusse (1971-1973). Por esa época, Londres y Buenos Aires habían promovido una declaración conjunta por la cual Argentina se comprometía a construir un aeropuerto. Sin embargo, ya a comienzos de la década posterior (antes de la guerra), la posibilidad de edificar una base militar en las islas habría aparecido con frecuencia en las conversaciones entre los isleños y sectores de las Fuerzas Armadas inglesas vinculados a la Falkland Islands Company —hoy convertida en el poderoso grupo económico Falkland Islands Holding—⁵ (la cual desde los años sesenta venía controlando más de 46% de las tierras allí ubicadas y tenía el monopolio del comercio de la lana). Para 1981 esta idea ya se encontraba instalada y fue transmitida a funcionarios del Foreign Office por la dirigencia local, cuatro meses antes de que estallara el conflicto bélico (Luzzani, 2012: 424).

En la actualidad, como mencionamos, la Fortaleza Malvinas cuenta con 1,500 efectivos, de los cuales 550 residen en forma permanente mientras que el resto es parte de contingentes rotativos que arriban al lugar para ser sometidos a un duro entrenamiento y luego enviados a Irak, Afganistán o cualquiera de las guerras en las que se encuentre involucrada Gran Bretaña. Según un censo reciente, la población civil de la isla de es 2,800 personas y los cálculos más moderados indican que, sin incluir aquel medio centenar de residentes que permanecen en la base, el número de miembros de las Fuerzas Armadas en Malvinas supera el millar.⁶

Se observan las peculiaridades de la fortaleza mencionada, cuyo costo superó los 1,200 millones de dólares (hoy convertida —gracias a su infraestructura militar— en la segunda ciudad más importante del archipiélago), llama la atención no sólo la magnitud de las pistas sino el hecho de que sus niveles de modernización en materia de instalaciones la convierten en una de las bases aeronavales mejor equipadas de América del Sur. Posee una Unidad de Comunicación Conjunta (en inglés denominada Joint Communications Unit) que interconecta a las tres fuerzas y funciona, además, en red con las demás bases de control y espionaje que la OTAN ha desplegado en el resto del planeta. Además de la estación de aguas profundas apta para submarinos nucleares, donde atraca la Armada Real, cuenta con depósitos de armamentos, hangares subterráneos, campos de operaciones y de entrenamiento, barreras antitanque, fortines con ametralladoras y dos barrios (uno para civiles y otro para militares) y una ciudadela de confort alrededor del área militar que mitiga la dureza del clima —con escuela primaria y secundaria, hospital, centro comercial, varios restaurantes e instalaciones deportivas, cine, librerías y cafeterías y hasta una sala de juegos de guerra con armas láser. Sitio concurrido por los habitantes de Puerto Argentino, ubicado a casi 70 kilómetros de la base, quienes se trasladan hacia la misma para disfrutar los beneficios recreacionales del lugar.

Desde la base se transmite la programación televisiva de la BFBS (British Forces Broadscasting Service) producida por el Ministerio de Defensa para las tropas británicas desplegadas alrededor del mundo. Quien desee ver otros canales deberá adquirir un costoso servicio de televisión satelital provisto por un operador monopólico.

Respecto de la infraestructura militar específica, se reconoce la existencia de cuatro zonas para aeronaves que incluyen cincuenta hangares normales y siete reforzados (destinados a su mantenimiento, arsenales o depósitos de combustible), sumado a media docena de áreas de dispersión, donde podrían operar de manera conjunta más de ochenta aeronaves de combate y unos veinte transportes y cisternas⁷ (Luzzani, 2012: 426).

La base militar es la única institución en el archipiélago financiada por Inglaterra. Desde 2009 Londres ha comenzado a renovar la flota de aviones de combate (ese mismo año, por ejemplo, reemplazó cuatro aviones de guerra Pana-via tornado F3 —modelo estrenado en la guerra del Golfo Pérsico de 1991— que operaban en la escuadrilla 1421, por naves de combate avanzado Eurofighter Typhoon) que superan las capacidades defensivas de cualquiera de los países suramericanos de la región:

Con el Typhoon las fuerzas británicas pueden volar hasta la mitad del territorio argentino y disparar misiles Taurus de quinientos kilómetros de alcance. De esta manera tienen capacidad ofensiva que abarca a todo Uruguay, a gran parte de Chile y al sur de Brasil. Es el arma más letal del Atlántico Sur (Timmerman, Héctor. Discurso del canciller ante la ONU del 10 de febrero de 2012. Recuperado el 15 de febrero de 2013 de: www.telam.com.ar).

Esto es sólo una de las tantas medidas de corte militar ofensivo que la corona británica⁸ ha tomado en los últimos años y que han despertado la preocupación de Argentina y de América Latina en general, de allí se desprenden las denuncias de la Casa Rosada y de los organismos de derechos humanos por la "militarización del Atlántico Sur", así como la insistencia del discurso presidencial de Kirchner en destacar aquella declaración de las Naciones Unidas que califica la zona como un área de paz.

 

Conclusión

Si bien aún queda pendiente material por analizar, en estas primeras reflexiones escritas hallamos varios elementos planteados por el CECIM y por organismos de derechos humanos como el Mopassol en torno de la "cuestión" Malvinas que aparecen incorporados en las políticas activas argentinas, los cuales debieran tenerse en cuenta al momento de pensar las bases de una doctrina suramericana de defensa en la Unasur:

a) El primero que nos interesa destacar refiere a la incorporación de la perspectiva de derechos humanos al campo de la defensa nacional, la cual no sólo reafirma la imprescribilidad, junto con la importancia de que sean juzgados en el fuero penal, de las violaciones esenciales cometidas por personal militar o policial sobre población civil, incluso aquellos perpetrados en el marco de una guerra, sino que refuerza la idea de que las medidas tomadas para la protección de la soberanía político-territorial deben tener como eje fundamental la defensa de las necesidades vitales de los pueblos que habitan la nación, pero también el continente.

b) Además postula a la "defensa no provocativa" como la estrategia más adecuada para complementar las iniciativas diplomáticas de diálogo y de construcción de paz activa impulsadas en el marco en regímenes internacionales desde la Unasur, cuyos tratados de derechos humanos deben ser cumplidos y ampliados basándose en el principio de progresividad (inclusión y ampliación de derechos), también publicando la información sobre las bases militares extranjeras vigentes en cada uno de sus Estados miembros.

c) Evidencia la necesidad de construir una estrategia de defensa latinoamericana diferenciada de la OTAN, así como la urgencia de que ésta sea repudiada por Argentina, teniendo en cuenta que la geopolítica tradicional (respecto de las fronteras del espacio geográfico) ha sido desplazada por la geo-economía, es decir, por la capacidad de control de flujos legales e ilegales sobre mercancías, personas, recursos estratégicos e información hacia los centros de poder.

 

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Documentos consultados

The status and location of the military installations of the members states of the European Union and their potential role for the European security and defense.         [ Links ]

US Military construction Program, Justification Data Submitted to Congress.

 

Notas

1. Como pensiones, jubilaciones, acceso a vivienda y a planes de salud, etcétera.

2. Para conocer más sobre las iniciativas de esta organización recomendamos, véase: www.mopassol.com.ar.

3. Véase la nota "Un cambio de paradigma en Malvinas" publicada por el diario Página 12 el 5 de mayo de 2012.

4. Quien asesorara, junto con otros miembros del CECIM, los contenidos del film Iluminados por el fuego (basada en una novela escrita por Esteban) que da cuenta de los suicidios de ex combatientes y de las torturas padecidas por éstos durante la guerra en manos de sus superiores militares.

5. Grupo que tiene ramificaciones en la industria de los hidrocarburos y minerales preciosos, junto con gran cantidad de negocios ligados a compañías de seguros, servicios portuarios, fletes, cadenas de restaurantes, hoteles en las islas y en Gran Bretaña.

6. Para profundizar estos datos recomendamos consultar el sitio oficial del Ministerio de Defensa británico: http://www.mod.uk/DefenceInternet/home.

7. Además, dentro de la fortaleza hay más de cien barracas con capacidad para albergar dos mil personas.

8. Para conocer en detalle los mismos, recomendamos la lectura de Luzzani (2012: 427-430).