Estado

 

Las relaciones de poder durante el menemismo. Las transformaciones en la reformulación del poder, en la Argentina de los noventa

 

Adriana Gallo*

 

* Doctora en Ciencia Política. Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. doctoraag75@hotmail.com

 

Fecha de recepción: 11 de junio de 2007
Fecha de aceptación: 24 de julio de 2007

 

Resumen

En este trabajo se analizarán las relaciones de poder durante la década de 1990 en la Argentina, siguiendo, en varios aspectos, a Alain Touraine. Estos serán nuestros vectores: en la etapa menemista, por un lado, se deconstruyó al Estado-nación y simultáneamente, se produjo una supresión del sujeto político, engendrado en la modernidad, concebido por Touraine. Se expondrá que durante el gobierno de Carlos Menem se originó un desmoronamiento del referente nacional tal que provocó que la idea de sujeto pasara a ser incompatible con la idea de Estado, originando un proceso de individualización y una concomitante desideologización política. Todo esto será abordado a través del análisis de las relaciones de poder, desplegadas en las dos dimensiones que, a nuestro entender, dan mejor cuenta de tales vínculos, a saber: la dimensión sociocultural —donde se pone el acento en la pérdida de la politicidad del sujeto— y la dimensión política —en la que se alude a la degradación de las instituciones y a los conflictos entre gobierno y oposición.

Palabras clave: relaciones de poder, sujeto político moderno, cultura menemista.

 

Abstract

This paper intends to analyze the relations of power during the 1990's in Argentina, following, in several aspects, Alain Touraine. These will be this our vectors: in the Menemista stage, on the one hand, the State-nation was deconstructed and simultaneously, there occurred a suppression of the Political Subject, engendered in modernity, conceived by Touraine. It will be argued that during the Carlos Menem administration, a collapse of the national referent originated to such an extent that it caused the idea of Subject to become incompatible with the idea of State, bringing about a process of individualization and a concomitant political de-ideologization.

All the above shall be dealt with through the analysis of the relations of power, deployed in the two dimensions which, in our understanding, better account for such ties, that is to say, the socio-cultural dimension — where emphasis is laid on the loss of the subject's politicity; and the political dimension — on which the degradation of institutions and the conflicts between government and opposition are referred to.

 

Introducción

La emergencia de ciertos cambios en el sistema internacional, de las últimas décadas, originó una nueva configuración mundial caracterizada por la globalización de los mercados comercial y financiero, la crisis de las identidades corporativas y los cambios tecnológicos y jurídicos, provocando que el Estado-nación, basado en la soberanía de instituciones políticas sobre un territorio y en la ciudadanía definida por esas instituciones, fuera considerado cada vez más como una institución obsoleta (Castells, 1999). El correlato en materia política de este proceso fue el fin de los socialismos reales y la expansión de una cosmovisión imbuida en el credo neoliberal y la economía de mercado.

Así se originó una crisis de los grandes relatos emancipadores de la Modernidad, un cataclismo de las utopías totalizantes y una pérdida de sentido de las grandes temáticas de gravitación ideológica que habían constituido durante años los parámetros a los cuales recurrir para interpretar la realidad (Muñoz, 2003: 139). Por consiguiente, se fue conformando un escenario afectado por la denominada crisis de los mapas ideológicos (Lechner, 1994), con la cual se expandió la concepción de la política entendida como actividad confinada a funcionarios racionales, libres de pasiones e ideologías (Novaro, 2000: 267), capacitados para encargarse de la administración reproductiva de un sistema político auto-subsistente, especializado en la obtención y dirección del poder político (Pucciarelli, 2002).

Todo este complejo y multiforme proceso tuvo un impacto diferente en los países periféricos que en sus pares centrales, profundizando así la asimetría centro-periferia, y acrecentando las vulnerabilidades propias de los primeros. Los Estados en Latinoamérica estuvieron más constreñidos que sus congéneres europeos, en tanto que su capacidad en la toma de decisiones y su soberanía se vieron sometidas a presiones externas e internas. Desde afuera operaron los procesos de trasnacionalización de las economías locales. Desde adentro, la variación en lo económico, la desintegración de la esfera social, la pérdida de consistencia política y la pulverización de los Estados nacionales. Esta incapacidad de adecuarse a los requerimientos externos e internos, condujo a una situación de erosión de su autoridad y a la consiguiente pérdida de capacidad de integración social y de cimentación de solidaridades colectivas.

 

Argentina, década de 1990

En nuestro país, este cambio profundo en la lógica de la economía y de la política, producido por el impulso histórico del neoliberalismo a escala mundial, provocó una descomposición del antiguo esquema de sustitución de importaciones que subsumió al mercado argentino y terminó por derribar las raídas defensas políticas y culturales precedentes (Godio, 1995: 18).

Así, el modelo ultraliberal adoptado se fue legitimando a través de la promoción del libre juego de los actores del mercado, que en realidad ocultaba una agenda de debilitamiento del Estado nacional (Beck, 1998), reducido a garantizar la propiedad, la circulación irrestricta de los capitales financieros; propugnando una metafísica determinista de lo inevitable (Egaña, 2003). Desde esta cosmovisión se sostuvo impávidamente que los problemas de adaptación que debía afrontar la Argentina requerían que sus gobernantes manifestaran su voluntad de oír y acatar los mandatos del mercado mundial. En la medida en que se admitía que los requerimientos internacionales eran ineludibles, surgía la necesidad de construir un amplio consenso, aunque éste fuera artificial y forzado.

A lo largo de este trabajo se seguirá, en varios aspectos, a Alain Touraine, un implacable opositor a las políticas neoliberales implementadas en los años noventa en América Latina. Se expondrá que en la etapa menemista¹ las fuerzas económicas se independizaron y escaparon a las reglamentaciones impuestas por el Estado, marcando la separación entre poder político —nacional— y dominación económica —global— de la que habla este autor (Touraine, 1997). Así, se considerará que la práctica de consensos artificiosos sobre la que se sustentó el menemismo encontró su anclaje en la edificación, en el ámbito nacional, de un aparato de poder cada vez más concentrado.

Consecuentemente, con la degradación del Estado-nación la identidad nacional y el sentimiento de pertenencia hacia la comunidad se diluyeron, ocasionando el derrumbamiento de "la metanarración representativa" (Abal Medina, 2004) moderna. Consiguientemente, se eclipsaron las conexiones entre la unidad simbólica, representada en el Estado, y el momento de la diversidad, representado por la sociedad civil (Carretón, 2001: 367); como subproducto, desaparecieron las mediaciones sociales y políticas que combinaban el universo de las identidades colectivas con el de la economía (Touraine, 1995: 413), provocando con ello, una degradación de la noción de sujeto político, engendrada en la modernidad.

Así, en este trabajo afirmaremos que en los años noventa, el desmoronamiento del referente nacional contribuyó a que la idea de sujeto pasara a ser incompatible con la idea de Estado, originando un proceso de individualización y una concomitante desideologización política. Éstos serán nuestros vectores: en la etapa menemista, por un lado, se deconstruyó al Estado-Nación y simultáneamente, se produjo una supresión del sujeto político, concebido en los términos de Touraine.

Por esa razón, todo ello será abordado a través del análisis de las relaciones de poder, desplegadas en las dimensiones que, a nuestro entender, dan mejor cuenta de tales vínculos, a saber: la dimensión sociocultural (donde se pone el acento en la pérdida de la politicidad del sujeto) y la dimensión política (en la que se alude a la mella en las instituciones y se pone en juego la dinámica interna de la esfera política).

 

Justificación del tema

Consideramos que el estudio de la temática es relevante en la medida en que el régimen menemista es considerado como la expresión más acabada de la aplicación de un determinado modelo político-económico-cultural (el neoliberal), que de un modo u otro fue implementado, sugerido e incluso ponderado en casi todos los países de la región, en las décadas pasadas.

A la vez, la modalidad aquí implementada, de ensayo argumentativo, nos permitirá hacer referencia a las tendencias nodales y a los trazos fundamentales del periodo analizado, sin otorgarle gran relevancia a los datos concretos provenientes de cifras macroeconómicas, subrayando caracteres comunes que fácilmente podrán parangonarse con realidades similares de países de América del sur.

 

Análisis de las relaciones de poder

En julio de 1989, Carlos Menem —del Partido Justicialista (PJ) o Peronista— asumió el gobierno en medio de una crisis hiperinflacionaria, situación propicia para rearticular los intereses de los agentes económicos dominantes, para implementar reformas sin resistencia y configurar un fuerte consenso interno alrededor de la ineficiencia del Estado populista.² De este modo, la presión de los organismos internacionales para el pago de la deuda externa condicionó la implementación de un ajuste estructural, un reposicionamiento en la relación capital-trabajo y un achicamiento y privatización de esferas paradigmáticas del Estado argentino.³

Avanzados los años noventa, la cada vez más explícita deslegitimación de la intervención estatal se expandió hacia el marco de lo simbólico, profundizando la bifurcación entre la esfera pública y la privada. Esta situación alteró significativamente el plexo de relaciones entre la sociedad civil y el Estado y repercutió en las dos aristas que adoptó la reformulación de la representación en la etapa menemista: por un lado, la existencia de una nueva pauta para abordar y vincularse con la política por parte de los individuos, y por otro, una concentración de poderes en la figura del presidente y una acentuada autonomía por parte del primer magistrado en la toma de decisiones.

El proceso llevado a cabo en la década analizada, por el cual el Estado se fue desvinculando de cada vez más esferas de la vida social, originó una sociedad de individuos determinados por el sistema del mercado (Wortman, 1995). Ante la deserción del Estado, los flujos macroeconómicos se apoderaron de la producción de la subjetividad dominante, lo cual derivó en que el interés general, como ideal abstracto, fuera desplazado por una multiplicidad de intereses particulares concretos.

La eliminación de protecciones sociales, la desregulación del mundo del trabajo y la degradación de las condiciones laborales⁴ fueron provocando un deterioro de los vínculos de clases y una laceración del tejido social, lo que significó que el individuo fuera sufriendo una erosión gradual de su identidad social.

De esta manera, en el periodo menemista se produjo una descomposición del sujeto concebido por Touraine (1991), en tanto se produjo la afirmación de la libertad contra el poder de los estrategas como un movimiento social. Touraine considera que sujeto implica una combinación de una identidad personal y cultura particular, con la participación en un mundo racionalizado y como afirmación, por ese mismo trabajo, de su libertad y su responsabilidad (1998: 83). En la medida en que en esta etapa las instituciones políticas no operaron como un conducto comunicante entre los términos descritos y el individuo dejó de ser un conjunto coherente de roles sociales, su personalidad fue perdiendo toda unidad y consistencia.

Ésta será nuestra tesis: con el menemismo, la ausencia de sólidas instituciones públicas y la pérdida de la identidad social y política del individuo en pos de su identidad meramente económica, coadyuvaron a la concentración de poder por parte de los estrategas y a la liquidación de aquel sujeto político.

 

La dimensión socio-cultural

El viraje en la relación representativa que se produjo en este periodo, como producto de los cambios antes mencionados, encuadra en lo que Touraine denomina "crisis de la representación política", caracterizada por el acento puesto en la comunicación, lo cual otorga mayor autonomía a los políticos, quienes se centran en su imagen y en la comunicación de los mensajes al no considerarse ya representantes del pueblo o de un conjunto de categorías sociales (1995: 277 y ss.).

No se puede cuestionar que en esta etapa la democracia haya seguido siendo representativa, en la medida en que se celebraban elecciones formales, sucedidas según los plazos pautados, se admitía la competencia y se proveían garantías para los ciudadanos y las fuerzas organizadas. Sin embargo, en la década de 1990 se abandonó una política al servicio de ideas y/o categorías sociales, resignando los dos grandes conceptos, nación y clase, que para Touraine, constituían el núcleo central del armazón representativo.

Con la degradación del Estado-nación, la identidad nacional se diluyó y la consecuencia directa fue la reformulación de microidentidades centradas en las particularidades de cada individuo. Así, la declinación de la vida pública y la revalorización de los logros personales originaron una reformulación individualizada de las preferencias y un establecimiento de vínculos prominentemente contractuales. De este modo, se fue disipando la capacidad de reunificar lo social, y la ciudadanía como sujeto colectivo fue, progresivamente, cediendo su lugar a una plétora de individuos diferenciados y heterogéneos y, por consiguiente, renuentes a convertirse en "actores representables".

Cuando el menemismo llegó al poder se encontró con un campo identitario desarticulado y "disponible", sobre el cual operó una profunda rearticulación (Canelo, 2000). Así, la cultura política en el decenio de los noventa fue personalista, en primer lugar, porque Menem construyó su liderazgo sobre la base de criterios y decisiones absolutamente personales, incrementando la debilidad de las instituciones democráticas; y, en segundo lugar, porque los sujetos —ante la pérdida de la centralidad de las relaciones sociales— se constituyeron en consumidores individuales, capaces de consumir incesantemente nuevos estímulos y mercancías (Benítez Larghi, 2004).

Con respecto al primer aspecto diremos que Menem resolvió convertir a la presidencia en la autoridad dominante del sistema político, subrayando el carácter fuertemente unipersonal del ejecutivo, a partir de lo cual se tornaría necesaria la elaboración de un esquema donde se articulara la intervención de otros actores institucionales, coordinando sus intereses, tomando como eje la institución presidencial.⁵ Sobre el segundo punto diremos que, en los primeros años de su mandato se procuró disponer un cambio en el modelo mental de los ciudadanos, una modificación en el aparato conceptual de los mismos que viabilizara la transformación en la relación del individuo con respecto a la política: el sujeto político —en este caso, individualmente entendido— fue sustituido por el individuo maximizador generado por el dominio de la lógica del mercado, agudizando la distancia entre la vida pública y la privada. En efecto, las recetas neoliberales, los programas de ajuste impuestos por los organismos internacionales de crédito y la entrega del patrimonio nacional, sólo pudieron implementarse con el fuerte apoyo cultural destinado a sacar a flote lo más infame e individualista de los seres humanos.

Así, el cambio sustantivo en la representación obedeció al éxito del gobierno en lograr que los rasgos esenciales que anidaban en la matriz del menemismo se propagaran a amplios sectores de la población, instaurando una privatización de la vida política, una desaparición de convicciones y valores permanentes y una socialización del narcisismo.

De este modo, el individuo se fue volviendo absolutamente autorreferencial, perdiendo toda vocación de intervenir en un colectivo y pasó a vincularse con la política de una manera personalista, directa y ausente de mediatización institucional. Como lo único aprehensible por este sujeto era algo trocable y equivalente a sí mismo, empezó a sentirse representado por personalidades individuales más que por ideas políticas o proyectos colectivos. Sin embargo, la instauración de una trabazón representativa cifrada en términos de vínculo intersubjetivo entre representantes y representados fue minando la eficacia del marco institucional y partidario indispensable para garantizar la representación en una genuina democracia pluralista.

En consonancia con lo expuesto, la deconstrucción del referente clase social implicó que las fuerzas políticas sacrificaran su contenido en términos de representar categorías sociales definidas. Se promovió y potenció un modelo individual de representación política y el prototipo de la fuerza política surgida en esta década fue el partido atrapatodo (Kirchheimer, 1972),⁶ que no buscaba ser asociado con alguna gran proposición de gravitación ideológica, sino que provocaba una cierta imprecisión en su oferta política, simplificando su discurso para poder dirigirse a un público más amplio. No obstante, cuando los partidos remitieron sus funciones a la consecución de votos y al proselitismo, quebrantaron sus vínculos con la sociedad, abandonando así su capacidad para representar los intereses sociales y su rol institucional de instrumentos de la voluntad política.

De esta suerte, los característicos alineamientos partidarios conformes a clivajes sociales o grandes temáticas de distinción ideológica, fueron remplazados por una vía de conexión entre líderes y seguidores —más lábil y menos persistente— establecida a través de sondeos y representaciones mediáticas. Como ejemplo baste remitirse a la campaña justicialista de 1989, que se caracterizó por el predominio absoluto de la imagen sobre la palabra, y de la corporeidad directa sobre la mediación política.⁷ Vemos así que la era del consumo de la que hablaba Gilles Lipovetsky (1986) —que desocializa a los individuos y los resocializa por la lógica de las necesidades y de la información— se extendió a la esfera política, provocando que el ciudadano se convirtiera en un cliente pasivo y el candidato en un producto de consumo seductor y comercializable, reduciendo el discurso político a unas cuantas frases remilgadas fácilmente recordables por los consumidores.

Así, los medios de comunicación masiva y los sondeos de opinión pública se transformaron en el campo para la elaboración de sucesos políticos y de selección de líderes; la discusión pública se sustituyó por la mercadotecnia política y la opinión pública reemplazó a las masas movilizadas, produciendo una sacralización empírica de los datos, que alteró los modos de intervención decisivos en el ámbito de la política. La arena mediática en la que se movían los políticos los colocaba a merced de un referente más ubicuo y enigmático: la opinión pública, que, al no encarnarse en ningún actor concreto, fue transformándose en un pseudo-sujeto, que experimenta una participación interpuesta en relación con la propuesta deliberativa que le ofrecían los medios (Cheresky y Pousadela, 2001).

También podemos hacer referencia a Theodor Adorno y Max Horkheimer (1984), quienes afirman que la industria cultural operaba como elemento tendiente a la identificación de objetos que otrora hubieran sido irreconciliables, en este caso aludiendo a la homologación entre ser un participante político activo y ser un espectador pasivo. La cultura del zapping y del videoclip se extrapoló al terreno político: el nuevo ciudadano dejó de participar en movilizaciones masivas o en grandes actos partidarios, para remitirse a percibir simplificaciones extremas, mensajes mínimos, que pudiera ir intercalando con los otros múltiples estímulos televisivos que le eran presentados simultáneamente.

El análisis del rol de los medios de comunicación en los años noventa no puede ir disociado de los procesos de privatización y desregulación que fueron transformándolos (Peruzzotti, 2001: 303). Ante el argumento de que ahora el Estado no controlaría ni intervendría en los contenidos de las emisoras, se sugirió que los medios se volverían más autónomos e imparciales. Sin embargo, el paso de monopolios estatales a monopolios privados⁸ permitió que los dueños de las concesiones de los medios de comunicación fueran precisamente aquellos sectores corporativos beneficiados por la política neoliberal y privatista implementada desde el gobierno, poniendo seriamente en cuestión el ideal de prensa libre y objetividad de las fuentes de información al que se apuntó en sus orígenes (Peruzzotti, 2001: 303).

Recapitulando, en este decenio se produjo un déficit profundo respecto a cultura política, anclada en la inexistencia de una tradición institucional, que fue gestando una ciudadanía informada con respecto a la política, pero pasiva en su relación a ella, cuya injerencia concreta en el espacio público quedó reducida prácticamente de forma única a la asistencia periódica a eventos electorales inconexos. Así, en toda esta etapa, la participación popular estuvo restringida al mero ejercicio de los derechos políticos en su sentido más alto, lo cual impidió que se constituyera y desarrollara la dimensión fluida, activa e instituyente que la intervención ciudadana debería tener en la construcción del espacio político.

 

La dimensión política

Efectivamente, vemos que la década de 1990 estuvo signada por un deterioro de la vida pública, un retroceso del civismo y una acentuada despolitización. Sin embargo, a diferencia del análisis crítico que formula Touraine, existió una tendencia fuertemente compartida a otorgarle un carácter positivo a la despolitización de la sociedad civil. En esta época, la falta de compromiso político fue exaltada como una virtud y se convirtió en un motivo de jactancia social: decir "Soy apolítico" (frase pronunciada habitualmente por los ciudadanos argentinos) era concebido como sinónimo de "Soy libre, no me debo a nadie". Sin embargo, la pérdida de referentes, la ausencia de convicciones y el vacío de ideales volvieron al individuo más vulnerable y más maleable, anulando a la política como el espacio en el cual se define la vida en común, el momento de unidad final, el campo político legítimo, es decir, en el espacio pacífico de resolución de las diferencias, en el que se dirimen distintas perspectivas sobre el destino común de la sociedad en su conjunto y se cotejan diversas visiones sobre los fundamentos de un orden político justo. Así, despolitizarse significó extirpar un elemento sustancial en la composición del sujeto, vulnerando los vínculos que unen la libertad personal con la eficacia colectiva.

Un ejemplo emblemático de despolitización en la década menemista fue el denominado "voto cuota", es decir, la motivación que tuvo una gran proporción de los votantes de Menem en las elecciones para un segundo mandato, que estuvo centrada en la continuidad de la convertibilidad y la posibilidad de seguir pagando las cuotas de los bienes adquiridos. Este caso ilustra que la autonomía política del individuo pasó a estar a remolque de las prácticas económicas, lo que implicó que este sujeto vaciara de contenido sustantivo su propia identidad política, eclipsando los elementos constitutivos de este ser, es decir: su libertad personal y su soberanía política en la toma de decisiones.

A su vez, esto se relaciona con el tema que prosigue: justamente, en la década menemista, los gobernados estuvieron mucho más inermes frente al poder político en la medida en que en este periodo se fueron destruyendo las distintas instancias institucionales que garantizaban el control de la gestión política, lo que erosionó la distinción gobierno-oposición, facilitando la incorporación de prácticas hegemónicas y la concentración de atribuciones ejecutivas, permitiendo que Menem pudiera apartarse de los mandatos populares.

 

El poder

En la era menemista la idea de maximización de los consensos y de inviabilidad de alternativas alcanzó su cenit. Después de llegar al poder basándose en consignas incumplidas⁹ y promesas contradictorias¹⁰ procurando recrear una suerte de mística populista, Menem acertó en varios aspectos en el plano económico, lo que le posibilitó crear una nueva hegemonía, instaurada en la idea de estabilidad y, así, erigirse en artífice del orden y la gobernabilidad. Todo esto estuvo encuadrado en un marco sumamente favorable para el presidente, en la medida en la que contó con mayoría —ya sea relativa o absoluta— en ambas cámaras durante todo su mandato y el PJ controló la mayor parte de las provincias (Molinelli, 1991). Por otro lado, recibió el respaldo de parte del establishment local a su política de shock monetario y reforma económica. Finalmente, Menem supo explotar los componentes plebiscitarios del liderazgo justicialista asociados a la figura de caudillo del interior capaz de otorgar unidad y cohesión al electorado tradicionalmente peronista.

En este contexto, el gobierno menemista tuvo la formidable habilidad de montar un nuevo imaginario en la Argentina: un horizonte en el que la identidad colectiva se vertebraba a partir del privilegio de la estabilidad monetaria ante un caos inminente y precedente (Sarlo, 1994). La configuración de un discurso único sobre el que se estableció el gobierno en forma hegemónica, instituido por los medios y la acción política, fue lo que pudo enmascarar un orden social cada vez más injusto y desigual.¹¹

Efectivamente, el Plan de Convertibilidad tuvo un inmenso consenso político durante la década de 1990, particularmente después de sus éxitos iniciales¹² y permitió que este sistema se mantuviera por mucho tiempo pese a los azotes de grandes crisis foráneas¹³ e impidió que sus consecuencias negativas derivaran en formas de protesta activa o movilizaciones colectivas.¹⁴

Así, la hegemonía político-cultural del menemismo (que se caracterizó por la práctica de un consenso excesivo en torno al ideario neoliberal) resultó ideal para aglutinar poder y transformar a la Argentina, y fue lo que habilitó a Menem para llevar a cabo la reforma del Estado y la liberalización económica, alcanzando una recomposición del poder estatal.

Para abordar el tema del poder es útil introducir a Nicklas Luhmann (1986) y constatar que en la era menemista se produjo una construcción de poder diametralmente opuesta a la que el autor define. Una frase muy utilizada por el presidente Menem y su entorno cuando se mencionaba la posibilidad de que triunfara en alguna ocasión un candidato opositor era: "Soy yo o el caos", lo cual implicaba que el patrón de preferencias que el ego debía configurar para realizar sus elecciones fuera reemplazado por un constructo artificial en el cual se compelía a ese ego a escoger entre las opciones dispuestas por el alter. Este planteo presentaba dos alternativas cerradas sobre las que tenía que pronunciarse el ego: la substanciación de un liderazgo fuerte en la figura de Menem, por un lado, y la atomización política considerada como sinónimo de anarquía y desorden, por otro.

En términos de Luhmann, el poder supone apertura a otras acciones posibles por parte del ego afectado por el poder. El poder implica que ambas personas ven alternativas, la realización de las cuales desean evitar. Por ambas partes debe haber un orden de preferencias que debe esquematizarse en términos de, por un lado, evaluación positiva, y por otro, de evaluación negativa, del cual la otra parte debe estar enterada. Además, el poder sólo se ejerce si ambos participantes estructuran las alternativas evitables de forma diferente (Luhmann, 1986).

El código del poder en el menemismo tuvo una dinámica particular: el alter era quien determinaba las alternativas deseables y las evitables, confeccionando e imponiendo un esquema artificioso con opciones conclusas en sí mismas, el cual sustituyó a la constelación de posibilidades con las que contaba el ego para realizar su proceso de selección, limitando así la autodeterminación de este ego como sujeto político.

Sin embargo, esto no se hizo mediante coerción, o sea, por medio de una explícita anulación de las alternativas del ego, sino que se hizo aparecer al individuo como quien realizaba elecciones libres y autónomas. Por el contrario, observamos que en la época de Menem se amplió la esfera de poder simbólico de los ciudadanos —inclusive, en 1993 se intentó disminuir la edad mínima para votar a dieciséis años— pero, simultáneamente, se redujo su poder efectivo —al volverse menos contingente el proceso de selección de alternativas por parte de los individuos.

La desintegración del entramado de poder concebido por Luhmann, llegó a su máxima expresión cuando Menem quiso pasar por encima de la Constitución para perpetuarse en el poder.¹⁵ En la medida que el poder constituyente reside en el pueblo, birlar la Constitución significó desarticular el andamiaje de selecciones previas que habían determinado esa particular configuración de poder.

En síntesis, en esta época el poder no fue interpretado de la manera que Luhmann lo hace, sino que fue concebido como la capacidad de hacer por parte de los gobernantes, sin interesar mucho los contenidos ni los medios. Esto también tuvo su correlato en la apatía, antes descrita, por parte del individuo respecto a la política que implicó una renuncia del ego a ser copartícipe de esta construcción del poder.

A la vez, se trató de una visión pragmática del poder que eludía cualquier apreciación axiológica sobre qué era lo que debía hacerse para el desarrollo y la equidad social. Como vimos antes, los individuos aceptaron la realidad tal como era, sin ningún propósito de intervenir en ella o transformarla.

Un ejemplo de esto se encuentra en la reacción generalizada de la población frente a la corrupción. La exoneración de la corrupción también lleva implicada la separación de lo público y lo privado que rige en los modos de abordar la política que tiene el individuo: la reiterada frase instaurada como leimotiv social "Roba pero hace" es una síntesis de este pragmatismo individualista, lo cual quiere decir que los costos morales públicos que conlleva la aceptación de este gobernante son superados o al menos neutralizados por los beneficios privados obtenidos durante su mandato.

Ahora volvamos a Touraine (1997: 108), quien plantea la existencia de una sociedad política como superación del dualismo entre racionalismo instrumental e individualismo moral, en la medida en que las instituciones estatales operan como nexo entre ambos elementos. El gobierno menemista, a la inversa, necesitó de la existencia de un consenso ficticio centrado en la racionalidad de la economía y el individualismo de las prácticas políticas para ejercer el dominio en una sociedad desigual y contradictoria.

Así, racionalismo e individualismo se conjugaron de una manera particular en la aplicación de la reforma económica de los años noventa: a nuestro entender, este dualismo queda plasmado en la conciliación de la racionalidad de las reformas económicas y el individualismo pragmatista de quienes se beneficiaron con ellas, con una política clientelística y de patronazgo como la forma no moderna de intermediación política.

Con el menemismo se construyó un país cuya médula se desplazó hacia lo económico, ensanchando la brecha entre las dos sociedades argentinas de fin de siglo:¹⁶ una, venturosa, beneficiada por las reformas económicas, y centrada en el gozo de los bienes personales, otra desvalida, luchando sin tregua por superar la marginalidad y la exclusión.

Así, como vimos, los sectores que comenzaron a disfrutar de los aciertos económicos del gobierno de Menem se retrajeron hacia su vida privada, aislándose en el oicos familiar, y desconectándose de los asuntos públicos; simultáneamente, para con aquellos sectores castigados por la paridad cambiaria y el rumbo de la economía en general (que además habían constituido el grueso de su electorado inicial) se implementó una política clientelista fundada en un gasto público inadmisible,¹⁷ que pudo sustentarse simbólicamente en tanto estos sectores poseen una alta capacidad de flexibilidad y autonomía, dada la fragilidad de sus bases sociales y lo efímero de sus compromisos (Sidicaro, 1995).

En nuestro país, el clientelismo¹⁸ constituyó —sobre las ruinas de las economías regionales y la producción agrícola ganadera, especialmente en el interior del país— una de las formas de dominación política propias de esta década. Así, este mecanismo se estableció a través de "enclaves no liberales" (Panizza, 2001: 179) que ocuparon los intersticios donde la convertibilidad había causado un cataclismo y, en la medida en que sirvió para paliar los costos ocasionados por la reestructuración de las economías metropolitanas, resultó funcional a la racionalidad de las reformas económicas neoliberales.¹⁹

En una sociedad regida por las normativas del mercado, en la que se había producido un excedente de la fuerza de trabajo en tanto mercancía dotada de valor, el voto se convirtió en un instrumento intercambiable por bienes y servicios, altamente requerido por quienes presidían este intercambio. Los individuos que no podían canjear su fuerza de trabajo por un salario de subsistencia, se vieron condenados a comercializar su capacidad de emitir un voto, a cambio de recompensas materiales bajo la forma de prebendas, empleos o subsidios.

En conclusión, siguiendo a Touraine, si la intervención política es sustituida por una acción de compraventa, notamos nuevamente que la identidad política del individuo es liquidada por las constricciones económicas a las que se ve sometido. Acá, advertimos un denominador común entre el accionar de este individuo, y el accionar de aquél que, por decisión propia, se recluye en la esfera privada y renuncia a la participación política. En ambos casos, ya sea por propia voluntad o por serios requerimientos económicos, el sujeto político queda ahogado e inhibido por la lógica de la racionalidad económica imperante en la sociedad.

 

Las relaciones gobierno-oposición

En la década de 1990 la práctica del consenso desmesurado también tendió a que se diluyera la diferencia entre gobierno y oposición, entendiendo por oposición todo aquello que implique conflicto, contienda, antagonismo, etc. Aquí se ve un enlace con lo que Touraine concibe como propio en las sociedades posmodernas, en donde existe un aparato de poder cada vez más integrado y una oposición que no logra articularse sino de una manera marginal (Touraine, 1997).

Observamos que esto se relaciona con el tema desarrollado en el apartado anterior, en el que se mencionaba el discurso único y hegemónico del gobierno. No obstante, en toda democracia debe existir una oposición que controle y contrapese el poder de quienes están en el gobierno y que fortalezca las instituciones exigiendo responsabilidad a quienes tienen que tomar decisiones vitales.

Las tendencias hegemónicas, la concentración de poderes y la discrecionalidad de Menem socavaron la independencia y eficacia de los mecanismos capaces de controlar el ejercicio del poder. Así, estas prácticas condujeron a que se neutralizara a la oposición, pero a la larga, también fueron afectando la legitimidad política y las bases de apoyo del presidente, incluso dentro del mismo oficialismo. Efectivamente, el empecinamiento de poder de Menem abortó cualquier posibilidad de regeneración en el partido gobernante y condujo a que se produjeran desgajamientos de sectores del bloque justicialista, los que asumieron una postura detractora y fiscalizadora hacia el gobierno.²⁰ Al poco tiempo, los sectores desgranados del oficialismo conformaron el Frepaso, que se constituyó en una de las principales fuerzas opositoras al menemismo.

Curiosamente, fue desde bancas conseguidas en boletas del partido gobernante, que se planteó la creación de una alternativa política opuesta a la oficial. Retomando nuevamente a Touraine, lo paradójico de este caso es que la oposición encontró su terreno de formación en el propio sistema político que la había hecho partícipe en carácter de gobierno.

A la vez, el eje menemismo-antimenemismo había quedado como la división más fuerte de la dirigencia, y se convertía en el centro de la política argentina. Así, para fines de los años noventa, existían dos importantes partidos de la oposición: la UCR y el Frepaso. Esta situación originó un equilibrio de fuerzas que favorecía el sostenimiento de la hegemonía justicialista. Por ello, con el férreo propósito de consolidar una contrahegemonía antimenemista, ambos se asociaron en la Alianza, que constituyó la organización del antimenemismo y con ella pareció modificarse sustantivamente la dinámica partidaria que regía desde el inicio del mandato de Menem, a través de lo que se vislumbraba como un ciclo de cooperación entre los diversos actores que constituían el campo político no peronista.

De esta manera, vemos que a lo largo de esta década, la oposición sufrió un proceso de atomización que sólo al borde de su disolución definitiva empalmó sus fragmentos con presteza para darle a la sociedad una salida frente a la saturación del predominio menemista.

 

Reflexiones finales

En todo este análisis hemos buscado puntualizar los cambios culturales en los años noventa, que conllevaron a una decadencia de la idea de Estado-nación y una anulación del sujeto político, a partir de lo cual hemos procurado analizar las relaciones de poder, desdobladas en sus múltiples dimensiones.

Ahora bien, una vez caracterizados los elementos que constituyeron a la cultura menemista, cabe preguntarnos, ¿por qué entonces cuando Menem dejó el poder, el modelo que se asociaba a su persona continuó, en lugar de ser reemplazado por un modelo antitético?

Si bien el movimiento opuesto a Menem fue extenso, no se puede considerar que menemismo y antimenemismo hayan constituido dos culturas contrapuestas, ni los polos ideológicos de un abanico representativo de diferentes opciones partidarias. Esto es así porque el antimenemismo surgió como la ideología en contraposición al menemismo que era concebido, justamente, como la ausencia de toda significación ideológica.

Efectivamente, estas visiones enfrentadas reinstauraron la fatídica dicotomía "amigo-enemigo" sustentada en el exterminio del otro como condición básica para la existencia de uno, la cual venía desangrando al país desde sus cimientos.

El fracaso de la Alianza se explica, por un lado, porque el único elemento aglutinante entre las dos fuerzas políticas que sellaron la coalición era su oposición al estilo discrecional y a la cultura propia del menemismo; sin embargo, el electorado opuesto a Menem resultó ser muy variado y difícil de aglutinar en un programa político. Por otro lado, durante la era menemista se produjo una desaparición de roles, normas y valores sociales, los cuales, en términos de Touraine (1997: 47), son los que permiten construir el mundo vivido. Esto repercutió en que, posterior al ocaso de Menem, siguieran existiendo desacoplamientos entre el marco institucional y ciertas prácticas políticas tan fuertemente arraigadas y naturalizadas que dificultaron el establecimiento de sólidos puntales para reconstruir el sistema político.

Como conclusión, el fin del menemismo y la simultánea continuidad de sus prácticas y contenidos básicos ilustran que después de la disolución de los referentes cardinales —especialmente nación y clase— se torna extremadamente difícil reedificar las identidades políticas y sociales. Al mismo tiempo, el antimenemismo fracasó en su intento de constituir una cultura contrahegemónica frente a la hegemonía menemista, lo cual reforzó el axioma del menemismo de que cualquier alternativa a su modelo era inviable, haciendo aparecer como inevitable el desglose definitivo entre sistema y actor, colocando a la sociedad y al sujeto político en un punto muerto institucional.

 

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Notas

1. La década de 1990 en Argentina es conocida como la década menemista o I el menemismo, en tanto coincidió con el doble mandato presidencial de Carlos Menem (1989-1999).

2. La Ley de Reforma del Estado y el Plan de Convertibilidad provocaron la transformación radical del espectro productivo, y la creciente concentración y centralización del capital, sustanciadas en la obtención de rentabilidades extraordinaria por parte de un conjunto reducido de agentes económicos (Canelo, 2000).

3. Las privatizaciones fueron realizadas para financiar la deuda externa, sin embargo en los diez años de menemismo, ésta se triplicó de 65 mil millones a casi 200 mil millones. Para más información sobre privatizaciones en la Argentina, véase: Llanos (1998).

4. Para información sobre la reforma laboral, véase: Etchemedy y Palermo (1998).

5. Los grupos corporativos supieron aprovechar los flancos que la concentración de facultades en el presidente les dejaba para la conquista de sus propios privilegios. Es más fácil presionar a un órgano unipersonal que no esté obligado a decidir mediante un proceso de deliberación pública, que a un cuerpo colegiado como el Congreso.

6. Cabe aclarar que no se trató de un fenómeno local, sino que la transformación partidaria se dio en diferentes partes del planeta. Sin embargo, queremos recalcar lo característico que resulta para ilustrar esta época.

7. Pueden citarse las formas de proselitismo basadas en las caravanas realizadas por el "menemóvil" (vehículo especialmente preparado), en detrimento de los actos políticos peronistas más tradicionales (Canelo, 2000).

8. Los sectores que fueron favorecidos con la venta indiscriminada de empresas estatales fueron las empresas otrora proveedoras del Estado, que no casualmente contrajeron la deuda que fue canjeada por bonos que posteriormente se devaluarían y que el Estado tendría que absorber.

9. Los leimotiv publicitarios de la campaña de Menem de 1989 eran "el salariazo", "la revolución productiva", "la reconciliación nacional" (Nun, 1994). También prometió "expropiar propiedades británicas y negociar la soberanía de Malvinas, no pagar la deuda externa y cumplir los compromisos con las entidades financieras, privatizar empresas públicas y oponerse a la enajenación del patrimonio nacional" (Palermo y Novaro, 1996: 211).

10. Las contradicciones constituyen uno de los elementos propios de la doctrina peronista como universo significante abierto y altamente maleable a la interpretación del líder (Canelo, 2000).

11. En la década de 1990 se produjo una fuerte redistribución regresiva del ingreso: que, entre 1991 y 1993, el PBI se incrementó en casi 26% mientras que los salarios reales declinaron un par de puntos (y son entre 25% y 35% inferiores a sus picos previos de la década de 1980) (Nun, 1994).

12. Los sondeos de opinión mostraron en los primeros tres años de gobierno un apoyo entre 40% y 65% (Clarín, 30-5-1993).

13. Crisis devaluatorias: México (1994); Brasil (1999), posteriormente, los tigres asiáticos —caída del crédito en Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas.

14. La falta de un clima social propenso a un cambio del Plan de Convertibilidad influyó en que ninguno de los principales candidatos opositores en 1995 manifestase explícitamente su rechazo al mismo (Sancari, 2006).

15. Con el objetivo de remover los obstáculos institucionales que le impedían a Menem volver a postularse, y teniendo en cuenta que una nueva reforma resultaría inviable, en 1998 el presidente intentó apoyarse en la mayoría oficialista con la que contaba en la Corte Suprema de Justicia, para que declarara inconstitucional la cláusula novena transitoria, aduciendo que se proscribía al presidente, en su intento de postularse. El tema de la ampliación de los miembros de la Corte será abordado en el apartado siguiente.

16. En los primeros ocho años de gobierno se produjo una concentración de 60% de la riqueza del país en manos de 15% de la población (INDEC, 1998).

17. En las provincias del norte, el empleo público constituía entre 66% y 82% de las fuentes de trabajo de la PEA provincial. Para más información, véase: Palermo (1998).

18. Para un análisis del clientelismo político, véase: Míguez (1995).

19. En la etapa de Menem hubo 1 1,000 millones de pesos-dólares de déficit fiscal a causa del aumento del gasto público (el verdadero costo de la política se encuentra en las redes clientelares de los aparatos provinciales que le aseguraban a Menem una base de apoyo electoral en la mayoría de los distritos del país). Para más información, véase: Calvo y Abal Medina (2001).

20. Para analizar la relación entre gobierno y partido, véase: Etchemedy y Palermo (1998).