Sociedad

 

Impunidad, anomia y cultura de la muerte. Los linchamientos en Venezuela¹

 

Alexis Romero Salazar* y Raima Rujano Roque*

 

* Instituto de Criminología, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. romeros@cantv.net

 

Fecha de recepción: 16 de abril de 2006
Fecha de aceptación: 06 de noviembre 2006

 

Resumen

En Venezuela se vive una violencia que debe ser explicada en el marco de las condiciones en que se produce: en términos de los actores que participan, del contexto normativo, de las interacciones sociales y del funcionamiento de las instituciones. En su dinámica, por un lado aparece un individuo cuya relación con las demás personas está basada en la violencia y que aprovecha la ineficiencia del aparato policial y del sistema penal. Por otro lado, aparecen las víctimas que sufren por la impunidad y se arman, contratan vigilantes, organizan "patrullas vecinales" o toman justicia por su propia mano. Estas acciones, que se generalizan constantemente, resultan tan indeseables como la violencia delictiva y parecieran derivarse de una percepción deformada en la cual el riesgo imaginado es mayor que el real.

Palabras clave: normas, cultura, violencia, impunidad, víctimas.

 

Introducción

La incapacidad de la policía para atender las denuncias, procesar y capturar a los delincuentes, y la ineficiencia del sistema judicial, en términos de la lentitud y de la negligencia para la imposición de las penas, se convirtieron en problemas crónicos para la sociedad venezolana.

Esta cuestión que, en una primera lectura aparece apenas como una muestra de la gran precariedad institucional, tiene profundas repercusiones en un comportamiento social orientado por la idea de la impunidad: "los delincuentes aprenden que pueden ejecutar sus acciones, pues difícilmente serán castigados y la población se convence de que ello es totalmente cierto" (Romero Salazar et al., 2001: 29). Así, el miedo a la violencia se generaliza, impactando diferencialmente la cotidianidad de los individuos según sus características socioeconómicas y socioculturales.

La violencia y la inseguridad tienen un alto componente subjetivo, tanto por las dificultades para realizar juicios informales y racionales en esta área, como por la notable carga sentimental que conllevan y lo compulsivo de las acciones en respuestas. Así, no sabemos de manera científica cuál es y cómo varía el componente subjetivo de la violencia y cómo se relaciona este componente con las situaciones reales de peligrosidad y acceso o previsión de seguridad personal de actores sociales con recursos desiguales.

Estamos, entonces, en presencia de un nuevo problema: necesariamente la impunidad fomenta conductas indeseables; porque habría que preguntarse por lo que hacen las víctimas frente a las agresiones y ante la ausencia de la protección que debe garantizar el Estado y si sus respuestas, también violentas, que cada día se generalizan, tienen alguna "justificación" por la percepción de indefensión. Perfectamente puede tratarse de una visión deformada de la realidad donde el riesgo que se percibe es mayor que la amenaza real. Habría que interrogarse además en torno a si las acciones de la población ayudan a prevenir y a evitar la violencia o si más bien ayudan a profundizarla y a deteriorar aún más la convivencia social. O, de otra manera, será peor el remedio que la enfermedad. Porque la población se arma, contrata vigilantes privados sin ningún control, paga "vacuna"² a organizaciones delictivas, organiza patrullas vecinales y aplica justicia por propia mano cuando lincha a un individuo considerado peligroso.

Claro, se podrían considerar esas formas de respuestas como parte de acciones de la población para prevenir y reducir la criminalidad y también como la apertura del camino para la búsqueda de otros medios de protección ciudadana. Es decir, como consecuencias de una objetivación en el imaginario colectivo de la desprotección que se vive frente a la criminalidad. Así, las respuestas particulares son asumidas como la oportunidad de satisfacer la expectativa de alcanzar la disminución de situaciones de riesgo vinculadas a la violencia delictiva.

Ésa es una visión muy light, que suaviza el carácter violento de la "vacuna", las rondas "comunitarias" y los linchamientos. Es evidente que, sobre todo en el último caso, son expresiones de la tensión acumulada y de la desesperación, pero también es cierto que representan riesgos adicionales a la violencia delictiva. El linchamiento consiste en la aplicación de un castigo ejemplarizante por parte de una multitud —ante la supuesta comisión de un delito— con diferentes niveles de participación: las mujeres incitan a la acción y se involucran en su "planificación", mientras que los hombres la ejecutan (Fuentes Díaz, 2001). En ella no se concede al linchado ninguna oportunidad para aclarar su actuación, ni se espera la actuación policial.

Tanto en ésta como en las otras modalidades, la incorporación de la población no implica un reforzamiento de vínculos sociales, sino más bien la imposición de controles privados, que alejan la posibilidad de la organización comunitaria. En la actual situación en Venezuela son acciones desvinculadas de cualquier sentimiento de ciudadanía y que reproducen la fragmentación social.

Y cobra sentido buscarle respuestas a las interrogantes: ¿cuáles son las características de los linchamientos ocurridos en los barrios de Maracaibo? ¿Cuáles fueron los factores desencadenantes? ¿Qué opinan los habitantes de esos barrios acerca de esos hechos? ¿Cómo se produce la transformación de manso pueblo a horda enfurecida?

 

La reciente investigación

De los últimos años se pueden mencionar varias investigaciones realizadas en América Latina y que aquí son asumidas como principales antecedentes.

1. En 1998 Han Chen publicó un artículo titulado "Los linchamientos en el Estado de derecho venezolano (19951996)", en el que señala como propósito central caracterizar el fenómeno en el país a partir de la revisión de dos diarios, uno nacional y otro de circulación en la región zuliana. Concluyó que los linchamientos ocurren en zonas marginales o periféricas donde se combinan una cantidad de elementos, tales como bajo nivel de ingreso, alta densidad de población, empobrecimiento sociocultural y sentimiento generalizado de que están al margen de la institucionalidad judicial. En relación con la víctima del linchamiento, expresa que generalmente recibe la denominación de "azote de barrio", etiqueta que los victimarios utilizan para justificar su actuación.

2. Posteriormente, en el año 2000 Castillo Claudett se propuso aportar elementos para la comprensión de los "linchamientos populares en Latinoamérica", desde una perspectiva antropológica-jurídica. Abordó de manera crítica dos paradigmas que, según él, guiaron estudios anteriores. Éstos fueron el modelo de seguridad pública o ciudadana y el de la justicia popular.

Mediante una revisión documental de estadísticas mostradas por los diarios locales y recogidos en las investigaciones previas, analizó los linchamientos ocurridos en Guatemala, Ecuador y Perú, considerando su frecuencia, los factores desencadenantes, el tipo de castigo aplicado al linchado, las características de los espacios sociales donde se produjeron y la respuesta dada por el Estado. Como conclusión el autor plantea que bajo el paradigma de la justicia popular se pueden entender los linchamientos como expresión de una legalidad popular o de un sentido de justicia propio de los sectores populares, constituyendo de esta manera una manifestación más de la pluralidad cultural y jurídica que predomina en estos países.

3. En 2001 Fuentes Díaz estudió Los linchamiento en México a partir de la revisión hemerográfica de los casos reseñados durante el periodo 1984-2000. Concluyó que la ocurrencia de un número cada vez mayor de linchamientos debe hacer reflexionar sobre las condiciones sociales y políticas del país, la procuración de justicia, el funcionamiento del Estado de derecho, las oportunidades de empleo, la pobreza y la reestructuración provocada por la inserción al mercado global.

4. Durante el mismo año 2001 otra investigación fue realizada por Vilas, cuyos resultados fueron presentados en un artículo titulado "(In) justicia por mano propia: linchamientos en el México contemporáneo". El trabajo consistió en revisar 103 casos de linchamientos ocurridos entre 1987 y 1998, analizándolos de acuerdo con la zona de ocurrencia, ejecutores del hecho, víctima, modos de acción, situación económica y demográfica de linchados y linchadores, clima social, entre otros aspectos. Destacan en esta investigación las diferencias entre linchamiento y vigilantismo; a tales efectos afirmó que el primero se caracteriza por una fuerte dosis de espontaneidad, mientras que el segundo implica una organización formal relativamente estable, con una clara jerarquía interna. Algunos casos de linchamientos muestran la existencia de cierto ritualismo y algún tipo de deliberación previa; son los denominados "linchamientos comunitarios".

5. Del año 2002 es el trabajo de Anabel Castillo Calvo, titulado Linchamientos: seguridad y justicia, el caso de Venezuela, que consistió en una revisión documental de los casos reseñados en dos periódicos de circulación nacional, uno con más de 30 años de trayectoria (El Nacional), y otro con tan sólo tres años de circulación (Tal Cual). En ambas fuentes identificó 293 artículos que tocaban el tema del linchamiento, de los cuales seleccionó 83. Castillo menciona algunos enfoques teóricos que permiten abordar el fenómeno, entre los cuales destaca la teoría de acceso al sistema de justicia y el pluralismo jurídico. Coincide con otros autores en cuanto a que los linchamientos son un fenómeno propio de los sectores más pobres, aunque la causa directa no es la pobreza. Están asociados al estado permanente de injusticia e impunidad característico de nuestra sociedad. Así, el contexto que los propicia está constituido por la inseguridad y el deterioro de las instituciones democráticas, que dan la posibilidad de aparición de otros escenarios de regulación de conflictos, violentos, como el de la justicia por mano propia.

6. Por último, del año 2003 hay que citar un trabajo de Torres y Vilar Noroña: La construcción discursiva de los hechos de linchamientos por parte de los medios impresos de Brasil. Revisaron todas las noticias que contenían casos de linchamientos ocurridos en la ciudad de Bahía, publicadas entre 1997 y 2001 en el diario A Tarde. Ese arqueo arrojó un total de 209 artículos, de los cuales 138 correspondían a hechos sucedidos en la región metropolitana de Salvador. Al mismo tiempo, indagaron por vía electrónica —el mismo diario— utilizando las palabras clave: linchamiento, linchar, linchado y linchador.

Sus hallazgos más resaltantes: el linchamiento puede ser percibido tanto por el perfil de sus víctimas como por la construcción social del discurso vinculado a la violencia y a la criminalidad. A pesar de ser una violencia ejercida por personas de la clase social menos favorecida económicamente hacia personas de su misma condición, es asumida como parte del combate contra el crimen y por el logro de la tranquilidad. Así, los hechos policiales arbitrarios se presentan como modelo de la acción justiciera agresiva de la clase popular contra la delincuencia. Encontraron, además, que tales comportamientos agresivos son legitimados y se reproducen en un discurso favorable al que lincha, justificado por la existencia de un clima de impunidad.

 

La metodología

El propósito central de la investigación consistió en interpretar el fenómeno del linchamiento como respuesta a la violencia delictiva en un marco de negación de justicia, en dos barrios populares³ de Maracaibo con condiciones espaciales y culturales diferenciadas: Santa Rosa de Agua, y La Industrial del sector Integración Comunal.

Santa Rosa de Agua es un barrio —o pueblo ancestral— localizado al norte de Maracaibo a las orillas del lago, con características muy particulares a nivel cultural en tanto que sus habitantes, en su mayoría, son de origen indígena, descendientes de la etnia añú. Algunos habitan con arreglo a la tradición de su pueblo, a orillas del lago en casas de madera llamadas "palafitos". Las viviendas en tierra son de materiales más sólidos. Tiene los servicios públicos básicos y vías de acceso en regular estado. En su segunda etapa cuenta con 2,588 habitantes y 520 viviendas.

El barrio La Industrial, ubicado al sur de la ciudad, se fundó hace aproximadamente 10 años y su creación, al igual que la mayoría de los sectores populares, se efectuó sin planificación urbanística. Esto se refleja en sus calles ciegas y en la dificultad de acceso a sus diferentes sectores. Carece de servicios públicos como red de cloacas, aguas blancas, pavimentación y gas doméstico. Para el año 2000 contaba con 799 habitantes y 226 viviendas, en su mayoría construidas con techos de zinc, paredes de bloques sin frisar, pisos de arena y cercas de madera; sin embargo, hay unas pocas que fueron construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi).

Sus habitantes en su mayoría son marabinos⁴ que invadieron los terrenos por no tener posibilidades de resolver de otra manera; pero también hay otros venezolanos provenientes de los Andes y del estado Falcón. Junto a ellos se encuentra una importante porción de colombianos de la costa que ingresaron de manera ilegal y que van regularizando su situación laboral y habitacional al margen de mecanismos estatales, pues éstos no funcionan; sus hijos, nacidos en el país, en los barrios de Maracaibo están integrados sin mayores conflictos. Hay también el componente indígena, representado por una cantidad importante de familias de origen wayuú (goajiras).

En Santa Rosa y en La Industrial, como en la mayoría de las zonas pobres de Maracaibo —que ocupan el 60% de su territorio— se vive una cotidianidad barrial dominada por la informalidad (por la marginalidad, por lo que está al margen, a pesar de la fuerza de su presencia en el espacio urbano). Porque, como señalan Echeverría y Chourio, en

Maracaibo se ha operado en los últimos años un proceso socioespacial extremadamente complejo [...] una metropolitanización que afecta a ciertos tipos de ciudades: centros urbanos con más de un millón de habitantes, con cierta pluralidad cultural y poseedores de una cierta tradición industrial o comercial a lo largo de su historia (2000: 390).

Agregan estos investigadores zulianos:

La ciudad de Maracaibo constituye un ámbito urbano en donde lo informal es el elemento unificador; además de ser el aspecto que le da su carácter fundamental: segregación social y espacial blanda, producto de la irregularidad e improvisación permanentes con la que se construyen todos sus espacios [...] A lo interno de la ciudad se desarrolla toda una tupida gama de actividades económicas y sociales informales: nodos informales para el intercambio de mercancías; áreas completas dominadas por el subsector inmobiliario informal y, en sí, todo un sistema de funciones y relaciones mercantiles precarias que se superponen y entrelazan con la estructura de relaciones formales, comportándose como mecanismos de compensación y complementariedad: transporte "pirata", empleo a destajo, diversificación y "especialización" en los trabajos de la más baja calificación, trabajo clandestino, entre otros aspectos (Echeverría y Chourio, 2000: 603).

 

Población y muestra

La investigación se realizó en esos dos sectores populares —barrios La Industrial y Santa Rosa—, en consideración que allí habían ocurrido casos de linchamientos durante el año 2001. En cada uno de estos barrios se determinaron dos muestras para la aplicación de dos instrumentos de naturaleza distinta (uno cuantitativo —cuestionario— y otro cualitativo —relato).

En el primer caso, por medio de un muestreo aleatorio simple se seleccionaron las personas a encuestar en cada barrio. Utilizando un nivel de confianza de 95% y un error estimado de 5% se eligieron 60 hogares en Santa Rosa y 20 en La Industrial. En cada uno de esos barrios se entrevistó a una persona mayor de 18 años de edad que tuviera más de cinco años viviendo en el sector.

En el segundo caso se empleó un tipo de muestreo intencional con el fin de recoger los relatos de las personas que participaron como espectadores o activamente en los actos de linchamientos ocurridos en ambos barrios (cinco entrevistas en Santa Rosa y cuatro en La Industrial).

 

Instrumentos de recolección

En primer lugar, en los hogares seleccionados se aplicó un cuestionario tipo encuesta que recogió información sobre las percepciones que los habitantes tenían de los motivos, la planificación, el liderazgo en la acción del linchamiento, ejecución del hecho y respuestas de los organismos competentes. Adicionalmente se indagaron variables como victimización, conocimiento y percepción de las instituciones que administran justicia.

En segundo lugar, a las personas que reconocieron participar en los linchamientos se les aplicó una entrevista en profundidad, para indagar temas relativos a los factores desencadenantes, ejecución, estado emocional de quienes participaron, percepción de los organismos de control y su participación en los sucesos, entre otros aspectos. Ello con la finalidad de propiciar una reflexión acerca de los elementos que pudieran explicar la extrema violencia de tales actos.

 

Los resultados

Explicar el fenómeno del linchamiento exigió la integración de un conjunto de teorías que permiten plantear distintas hipótesis y, a la vez, proponer nuevas preguntas de investigación con el fin de esclarecer los factores reales de su ocurrencia; lo que, en palabras de Durkheim, significa descubrir las razones por las cuales individuos generalmente inofensivos, reunidos en manadas se dejan arrastrar por actos de verdadera atrocidad (1965).

Como se ha mostrado en la sección primera, varios estudios han tratado de explicar tales causas. En su mayoría concluyen que existen aspectos clave para comprenderlas; algunos interpretan los linchamientos como actos de recuperación privada de la violencia punitiva como reacción a la ineficacia de las instituciones públicas para hacer efectiva su propia legalidad (Vilas, 2001). Para otros, son respuestas al rebosamiento de los niveles de tolerancia a situaciones de impunidad, de tensión acumulada y de desesperación (Fuentes Díaz, 2001). Ambas interpretaciones aportan un marco eficiente para el análisis de los resultados de esta investigación.

 

Conocimiento y experiencias con las instancias de protección

En un primer momento se pretendió comprobar si la percepción de la ineficiencia estatal en el control del delito crea condiciones en los habitantes de los barrios populares para tomar justicia por mano propia. Es decir, si ante un sistema de administración de justicia que no resuelve y no castiga a los delincuentes se incrementa el sentimiento de vulnerabilidad e indefensión que lleva a los vecinos, además de involucrarse en la planificación de un hecho tan violento, a justificarlo y participar en su ejecución.

Para develar la percepción que al respecto tienen específicamente los habitantes de los barrios La Industrial y Santa Rosa de Maracaibo se estructuró un conjunto de preguntas cuya sistematización partió teóricamente del construccionismo social (Burr, 1995), que plantea dos situaciones: la primera, que las ideas y conceptos que las personas puedan tener —de las instituciones— están en una relación muy directa con el ambiente social donde interactúan, y la segunda, que la confianza que sienten se encuentra vinculada a los intercambios que hayan tenido con éstas. Es decir, que el entorno y la experiencia se conjugan para dar como resultado una percepción favorable o desfavorable, de confianza o desconfianza.

A partir de este razonamiento se indagó el conocimiento que los vecinos tienen de las instancias de administración de justicia; se obtuvo al respecto que la casi totalidad (90% en el barrio Santa Rosa y 95% en La Industrial) dijeron conocer un lugar adónde acudir para exigir justicia; mencionaron, en primer término, la Prefectura, en segundo lugar la Policía Regional y la Fiscalía y, por último, la Policía Técnica Judicial. Obviamente, estos resultados podrían indicar que las personas saben cuál es la institución que les puede dar respuesta a sus requerimientos.

Continuando en la lógica del construccionismo, se aplicó otro grupo de preguntas dirigidas a indagar las exigencias que los vecinos han hecho a las instituciones y la satisfacción en cuanto a la atención en ellas recibida —es decir, su experiencia en relación con aquéllas—. Al respecto se debía explorar si las personas habían sido victimizadas y si habían obtenido respuesta en los organismos a los cuales se dirigieron para denunciar sus casos. La variable integró dos dimensiones, una referida a la victimización primaria (cuando el mismo entrevistado ha sido víctima del delito), y la otra victimización secundaria (cuando le hubiese ocurrido a un familiar que vive en el hogar). En cuanto a las víctimas primarias, se encontró un pequeño grupo (5% en Santa Rosa y 11% en La Industrial) que declaró haber sido agredido en los últimos 12 meses, específicamente robo a mano armada; de este grupo solamente la mitad denunció el hecho y dice haber recibido un trato regular en las instancias respectivas. Para las víctimas secundarias —el caso de los familiares— se obtuvo un nivel de agresión más elevado (23% en Santa Rosa y 25% en La Industrial), también por robo a mano armada e igualmente la mitad denunció el caso.

Estos resultados revelan un alto nivel de ataques no denunciados —datos no incorporados en las estadísticas oficiales—, lo cual podría estar relacionado con la percepción de retraso y de inoperancia en las actuaciones de las instancias encargadas de la justicia. Así lo indica el padre del joven asesinado presuntamente por el linchado en Santa Rosa:

Es que la policía, la fiscalía, nadie hace nada [...] en contra de los delincuentes. Yo logré con la policía municipal detener a un muchacho [...] menor de edad [...] le avisé a la policía y lo detuvieron [...] Fuimos a la fiscalía, fuimos a juicio, a los tribunales, llevé los testigos necesarios, en fin. Y el muchacho aceptó los cargos y lo enjuiciaron por un año [...] a los 15 días lo enviaron al albergue [...] a los 15 días vino a amenazarme a mí con un revólver. Fui de nuevo a la fiscalía [...] hablé con el fiscal, con el juez [...] lo detuvieron [...] ocho días más y el tipo de nuevo aquí [...] La nueva ley no hace nada [...] no los castigan [...] ya por ahí anda suelto, pero la policía no hace nada (hombre de 58 años).

Igualmente destaca la corrupción en algunos cuerpos policiales, lo que agudiza la situación de falta de credibilidad. Como dice otro entrevistado:

La policía sabe que hay partes en el callejón [...] sabe quiénes son los vendedores de droga. La policía no hace nada, la policía da la vuelta, habla con ellos y coge lo que yo, o lo que llama todo el mundo, la "mantequilla" o el dinero.

La policía no está mentalizada. Ellos justifican [...] por qué hacían ese tipo de "maraña"⁵, porque ganaban poco [...] Entonces, sucede que es más fácil ganarse cien mil bolívares [...] porque el tipo vino y lo "marañó" [...] Entonces, vos vais a tomar denuncia en la prefectura, en cualquier parte de la policía [...] enseguida te señalan: mirá [...] (hombre de 42 años).

De igual manera opinaron de la poca vigilancia o patrullaje policial por el sector: "¡Mi amor, la policía por aquí patrulla de vez en cuando! Porque si te digo que todos los días [...] eso es mentira" (mujer de 22 años).

Tienen desconfianza, hablan de corrupción y manifiestan sentimientos de desprotección de parte de las instancias dispensadoras de justicias, lo que para algunos autores justifica el incremento la percepción de vulnerabilidad ante la delincuencia.

Del mismo modo, la mayoría (65% en el barrio La Industrial) de las personas declararon que la policía no realiza patrullajes. Para muchos (48.3% en Santa Rosa y 70% en La Industrial) la policía nunca aparece cuando la gente la necesita. Más de la mitad piensan que no persigue a los delincuentes que actúan en su barrio (60% en Santa Rosa y en La Industrial) y, al preguntarles sobre la captura de delincuentes, la gran mayoría afirmó que la policía nunca lo hace.

 

Confianza en las instituciones

La casi totalidad de los vecinos afirmaron conocer las instancias del sistema judicial y en la mitad de los casos han acudido a las mismas; pero la mayoría (65% La Industrial y 56% Santa Rosa) afirmaron tener poca o ninguna confianza. Se trata de una población incrédula de la capacidad del Estado para garantizar su seguridad e impartir justicia pronta y de acuerdo con el mandato constitucional. Es decir, ante el alto grado de impunidad los ciudadanos venezolanos en general y con mayor énfasis la clase desposeída, han dejado de creer en el sistema formal, lo que favorece el surgimiento de formas de aplicación de justicia privada como los linchamientos (Han Chen, 1998).

Tal como se expresa uno de los entrevistados:

La justicia nuestra no funciona, es que estas cosas son para quienes la pasen, porque [...] a un hermano mío lo habían descuartizado todo, le partieron la pierna, y ¿sabe qué me dijeron? —yo fui el que hizo la denuncia— en fiscalía; yo fui primero te digo, cuando hago la denuncia. Bueno, fuimos a hablar con el forense, vamos a la fiscalía, fuimos a la PTJ, todo eso. Yo hice todos los pasos que había, de acuerdo con el marco legal, había que hacerlo, y ¿sabe qué me dijeron? De que ahora "era la palabra mía contra la de ellos". Entonces, no podéis confiar en una justicia donde acá, eso no funciona. En este país eso no funciona [...] A ti te roban en tu casa y tenéis que irte a agarrar al tipo, amarrarlo y después matate allá —con la policía— pa' ver si él dice que no, que él no estaba robando (hombre de 42 años).

Este testimonio evidencia que la impunidad actúa como detonante; tal como lo indica Briceño-León (2002) al concluir que la violencia se da en dos direcciones: una induciendo al hombre honesto a disminuir sus restricciones al momento de infringir la ley; la otra, incrementando la defensa violenta y el deseo de tomar la ley por las propias manos, disminuyendo con esto la posibilidad de actuación de la ley formal.

La situación es más evidente a la luz de la teoría que indica que toda victimización produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y colectiva, porque el delito afecta profundamente a la víctima, a su familia y a su comunidad social y cultural (Marchiori, 1994).

 

El estado emocional de las víctimas de los linchadotes

En las víctimas del delito se han observado rasgos y condiciones comunes como: sentimiento de vulnerabilidad que provoca estados de angustia, desconfianza, inseguridad individual y social. Este estado anímico se incrementa en tanto que la víctima no recibe respuesta por parte de las instituciones encargadas de su protección, lo cual, asociado a la impunidad, crea estrés y conmoción en la víctima y en su familia.

Así lo demuestran los resultados de las preguntas destinadas a indagar la situación emocional de las víctimas convertidas posteriormente en victimarios. En el barrio La Industrial, al preguntarse cómo se sentían los que participaron en el linchamiento, la mayoría (80%) afirmaron que estaban rabiosos. En Santa Rosa la mitad (55%) opinaron lo mismo y otro importante porcentaje manifestaron haber actuado dolidos por lo que antes había hecho el linchado con su familiar o amigo.

Esta situación se ratifica en los testimonios recogidos:

Estaban enfurecidos, estaban enfurecidos [...] porque ya no aguantaban más [...] (hombre de 58 años).

Entonces, como te digo, teníamos sed de venganza en ese momento [...] Salimos a buscarlo [...] (hombre de 42 años).

Sentí odio, porque por las personas que son perversas uno siente rabia y odio, porque si una persona vale uno siente cariño, siente ternura, pero yo por las personas así siento [...] (hombre de 72 años).

Se observa en ello ciertas conductas que generalmente aparecen seguidas al hecho delictivo, lo que pudiera contribuir a la explicación del surgimiento de ciertas formas de defensa, quizás tan violentas como el linchamiento donde las víctimas se convierten en victimarios, siendo capaces de castigar por su propia mano y llegar a matar al delincuente (Romero Salazar et al., 2002).

Tal como se observa en la afirmación:

Porque las leyes nuestras son al revés; aquí si vos cometéis algo, entonces venís, si soy sano, vais preso. De a cada rato se suscitan casos, y los ladrones, si van presos, los ladrones los veis al otro día sueltos. Entonces, aquí si denunciáis vos tenéis que [...] te agarran al tipo [la policía] "¿tu nombre cuál es, dame la dirección? Fírmame aquí", yo firmo [...] entonces después [...] ahora viene: "mijo venga acá" ¡y no son mentiras! Pero, "tenéis que darme 500 mil bolívares". Entonces, ¿cómo hacer un tipo de denuncia cuando tenemos una policía tan corrupta? Y eso no es aquí nada más [...] Entonces el que lo mataran [...] yo hubiera participado ahí [...] (hombre de 42 años).

Impunidad, homicidio y violación: los motivos para justificar y participar en un linchamiento

Los datos obtenidos estarían reiterando que los linchamientos suelen ser fruto de la rabia acumulada por la ausencia de Estado de derecho, aunque sean tan perversos como la impunidad que existe a causa de la descomposición del sistema judicial (Monsiváis, 2002). Como se puede percibir en el siguiente testimonio:

[...] a él lo linchan [...] porque ya la gente estaba cansada [...] que los "malandros" todo el tiempo matando aquí, a toda la gente, turista que llegaba lo atracaban, mataban a un niño para quitarle los zapatos [...] o sea ya la gente no aguantó más (mujer de 45 años).

Aquí se torna interesante enfocar el análisis en los vecinos que confesaron tener poca o ninguna confianza en el sistema de justicia. Para ello, se confrontaron sus respuestas con las emitidas a la interrogante "¿Cuándo justifica un linchamiento?", a la que se encontró un significativo porcentaje (35.6% en el barrio La Industrial y 18.5% en Santa Rosa) que dijo estar de acuerdo que se ejecute cuando se sabe que al delincuente lo soltarán al día siguiente. Otro representativo grupo (21.4% barrio La Industrial y 30.2% Santa Rosa) lo justifica cuando el "malandro" ha matado o violado.

Los datos de ninguna manera niegan que quienes admiten tener confianza en las instituciones no justifiquen los linchamientos; por el contrario, algunas personas que confían (32.2% en el barrio Santa Rosa y 40% en La Industrial) también lo aprueban. Estos porcentajes indican que existe una percepción de ineficiente en el funcionamiento de las instituciones de tal modo que, ante el vacío de respuestas o frente a la disconformidad, la población justifica tales hechos. Así lo refleja la siguiente afirmación, en la cual destaca la posibilidad de que la acción sirva como ejemplo para imponer el orden:

[...] Lo que querían era guindarlo allá en la fuente, frente a la plaza, frente a la iglesia. Guindarlo como un ejemplo para que esos "malandros" de allá, de "El Cerro" no bajaran [...] Porque aquí esta banda [...] asesinó a mi hijo [...] a un señor [...] a un comerciante le quitaron el celular y 400 mil bolívares [...] y ellos seguían ahí [...] (hombre de 58 años).

Sin embargo, en las respuestas dadas al cuestionario la mayoría de los entrevistados destacaron que bajo ninguna circunstancia participarían en un linchamiento (58.3% en el barrio Santa Rosa y 60% en La Industrial). Pero, al mencionarles algunas situaciones bajo las cuales estarían dispuestos a involucrarse, indicaron que sólo lo harían en los casos en que se les causara daño a algún familiar (muerte, violación). Con estas razones justifican su participación en la defensa de la vida de familiares y la integridad de las mujeres. Se advierte que el resguardo de los bienes materiales no está entre los motivos para incurrir en este tipo de actos.

En las entrevistas en profundidad quedó de manifiesto la misma situación:

Lo lincharon, bueno [...] porque matan a José [...] también hirieron al papá [...] y la gente sabe que [...] a uno cuando le matan a un familiar [...] Uno también quiere matar [...] por eso lo matan (mujer de 45 años).

Pudiera ser que tal situación ocurra porque no existe sociedad alguna en la que no se considere que la pena ha de ser proporcional al delito (Durkheim, 1987). Por eso, al fallar las instituciones y ante la sensación de impunidad, para las personas es válido entonces considerar la posibilidad de tomar justicia por propia mano, castigando al delincuente en compensación con la falta cometida. Como se expresa:

Eso está bastante claro; pero yo pienso que un linchamiento se da es por eso, porque la persona se siente impotente y más ahorita como estamos viviendo, que no hay seguridad y los hechos están que [...] los muertos que hay los fines de semana. No tanto aquí en Maracaibo, por ejemplo la capital; 30, 40 muertos toda la semana, por atraco, por robo, por violación [...] (hombre de 50 años).

Al interrogar sobre las consecuencias o efectos que el linchamiento trajo para el barrio, hay quienes opinan favorablemente:

Yo creo que trae efectos positivos [...] porque se ejemplariza a los otros malandros que si la policía no los castiga, nosotros sí los castigamos (hombre de 50 años).

[...] acabar con la delincuencia [...] yo lo que pienso es que si todo el pueblo o toda Venezuela hacemos así se acaba un poco la delincuencia en Venezuela. Hay que hacer ese mismo tratamiento [...] (hombre de 72 años).

Tal percepción podría estar generando nuevas formas de concebir el control social, ya no ejercido por parte de las instancias del Estado sino realizado por la misma comunidad, que en este caso opina sobre los efectos positivos que trae el linchamiento para terminar con la delincuencia de su sector.

 

Percepción de justicia o injusticia

Para que las personas estén dispuestas a participar en un linchamiento, pareciera indispensable un estado de desconfianza en las instituciones y un deseo de tomar justicia por mano propia ante la impunidad. Cabría preguntarse ahora, cómo conciben la justicia los vecinos que se involucran en un linchamiento. Es decir, si están convencidos de que ésa es la única solución para poner orden. Al respecto, se preguntó: ¿Cree usted que se hizo justicia al matar al supuesto delincuente?, a lo que la mitad en el barrio Santa Rosa respondió afirmativamente, en contraposición con el barrio La Industrial, en donde una gran mayoría (85%) lo hizo negativamente. En ambos casos los entrevistados tendían a evadir la respuesta o a negar su conocimiento del caso.

Hay que hacer notar que en el barrio La Industrial el porcentaje que niega se haya hecho justicia es mucho mayor, lo que podría obedecer al hecho de que el supuesto delito cometido por el linchado (violación de una niña) era más difícil de constatar por la muchedumbre, en contraposición con el suceso ocurrido en Santa Rosa (homicidio).

Lo anterior indica que los entrevistados no estaban plenamente convencidos de que el linchamiento hubiese sido un acto de justicia, sobre todo en el barrio La Industrial. Por ello se aplicó otra estrategia buscando profundizar en el tema, para lo cual se examinó la opinión que tenían los vecinos sobre quién era el merecedor del castigo de la ley. En este sentido, en el barrio La Industrial 15% indicaron al sujeto linchado; 65% señalaron a quienes lo lincharon y 20% no opinaron. Por el contrario, en Santa Rosa 58.3% refirieron que merecía castigo el linchado; 13.3% indicaron a los linchadores y 28.3% afirmaron que linchado y linchadores merecían por igual el castigo.

Si dar muerte a otra persona significa recibir la máxima pena legal y moral, tiene sentido conocer la percepción de quienes presenciaron el linchamiento sobre el estado de satisfacción o insatisfacción de los que participaron. Sobre este asunto destacó que la casi totalidad de los vecinos (90%) afirmaron que una vez consumado el hecho los linchadores se sentían satisfechos, y que a pesar de las consecuencias legales que pudo ocasionarles, se quedaron a observar, aun en presencia de los cuerpos policiales.

 

Conclusiones

Las explicaciones ofrecidas en este artículo sobre las razones de ocurrencia del linchamiento no son definitivas; no pueden serlo sobre todo en una sociedad tan cambiante como la venezolana de los últimos años. Sin embargo, es consistente una conclusión en torno a la existencia de factores fundamentales que impulsan a los habitantes de los sectores populares a participar en hechos como éstos. Ellos son la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y la impunidad de los delitos. En otras palabras, la desconfianza como producto de la experiencia que han tenido con las instancias y con la facilidad con la cual los delincuentes se libran del castigo de la ley formal. En la lógica del enfoque construccionista, es un sentimiento originado en el intercambio social, en un entorno de precariedad socioeconómica, de limitadas posibilidades para ejercer los derechos ciudadanos y en una atmósfera de violencia incontrolada. En esas condiciones se produce en los vecinos el convencimiento de que están al margen de la institucionalidad judicial.

Desconfían del sistema de justicia y lo perciben como inoperante. La mayoría no denuncian los casos de los cuales han sido víctimas porque en su experiencia directa o indirecta han detectado corrupción, demora en la actuación de las instituciones e impunidad. La casi totalidad de los interrogados justifican la ocurrencia de los linchamientos cuando el delincuente, a quien le ponen la etiqueta de "azote de barrio", viola o mata a un familiar; el resguardo de los bienes materiales queda fuera de las razones para linchar.

En ello se estarían concretando elementos de una legalidad popular o materializando un sentido de justicia propio de los sectores populares.

La percepción de impunidad genera en estas personas de escasos recursos un ánimo de frustración que las lleva a involucrarse en un acto de violencia extrema contra un individuo de su propia condición. Seguramente imaginan que así participan en la lucha contra la violencia que marca su cotidianidad, o asumen, por un mecanismo de saturación, un comportamiento de "víctima agresiva" que las hace pasar de víctimas a victimarias. Por la evocación del sufrimiento propio, en las víctimas anida un resentimiento que explota en la búsqueda de venganza, que bien puede disimularse en la intensidad emocional de la muchedumbre que realiza el linchamiento.

El esfuerzo de investigación, que se centró en estos dos barrios populares de Maracaibo, aún no ha finalizado. Quedan algunas dudas o interrogantes sin respuestas, como por ejemplo: ¿cuáles serían las políticas para revertir la situación de indefensión y vacío institucional de los habitantes de los sectores populares? De seguir esta situación, ¿qué consecuencias podría tener en la dinámica barrial signada por la informalidad, en una ciudad profundamente desequilibrada y dividida en lo social y lo económico?

 

Bibliografía

Briceño-León, R. (2002) "Para comprender la violencia", en Briceño-León y Pérez Perdomo (comps.), Morir en Caracas, violencia y ciudadanía en Venezuela. Caracas: UCV.         [ Links ]

Castillo Calvo, A. (2002) Linchamientos: seguridad y justicia, el caso de Venezuela, ponencia en el III Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, 9-12 de agosto, Guatemala.         [ Links ]

Castillo Claudett, E. (2000) "La justicia en tiempos de la ira: linchamientos populares urbanos en América Latina", Ecuador Debate, núm. 51, pp. 207-226.         [ Links ]

Durkheim, E. (1965) Las reglas del método sociológico. Buenos Aires: Ediciones Shapire.         [ Links ]

Echeverría, A. y M. G. Chourio (2000) "La dinámica barrial y el sector inmobiliario informal en Maracaibo: apuntes para la reflexión", Espacio Abierto, vol. 9, núm. 4, pp. 579-606.         [ Links ]

Fuentes Díaz, A. (2001) Linchamientos en México, ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Antigua, Guatemala.         [ Links ]

Han Chen, P. (1998) "Los linchamientos en el Estado de derecho venezolano (1995-1996)", Capítulo Criminológico, vol. 26.         [ Links ]

Monsiváis, C. (2001) En red. Disponible en: http//www.mx/boletin/bdboletin/2001_137.htm). Consultado el 26/01/2002.         [ Links ]

Romero Salazar, A., J. Salas y A. García (2001) "El miedo a la violencia y la guachimanización", Capítulo Criminológico, vol. 29, núm. 2, Maracaibo.         [ Links ]

Romero Salazar, A., R. Rujano y A. del Nogal (2002) "Control social: nuevas realidades, nuevos enfoques", Espacio Abierto, vol. ll. núm. 4, Maracaibo.         [ Links ]

Torres, A. y C. Vilar (2003) A Violencia do linchamiento na Bahía: agressões e mortes num quadro de medo e isegurança social, XI Congreso Brasileiro de Sociología, Sociología e Conhecimiento: Alem das Fronteiras, Campinas, Brasil.         [ Links ]

Vilas, C. (2001) "(In) justicia por mano propia: linchamientos en el México contemporáneo", Revista Mexicana de Sociología, vol. LXIII, núm. 1, pp. 131-159.         [ Links ]

 

Notas

1. Este artículo ha sido elaborado en el marco del Proyecto Asociativo "Violencia Urbana y Justicia Penal en Venezuela", desarrollado por el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de Ciencias Sociales y el Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia; financiado por el Fonacit.

2. Acción mediante la cual la persona realiza un pago a cambio de la "protección" de ciertos bienes. Es una forma de extorsión en la cual el grupo delictivo se compromete a respetar el objeto asegurado, que queda distinguido por una calcomanía colocada en lugar visible.

3. Zonas urbanas que crecieron en forma espontánea y acelerada; allí habitan mayoritariamente los sectores más depauperados de la sociedad.

4. Una forma de decir a los nacidos en Maracaibo; también se usa maracuchos y maracaiberos.

5. Así se dice en los barrios de Maracaibo a la acción que permite a los funcionarios obtener de los ciudadanos dinero o bienes de forma indebida, dejando de cumplir su obligación.