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Economía, sociedad y territorio

versión On-line ISSN 2448-6183versión impresa ISSN 1405-8421

Econ. soc. territ vol.23 no.72 Toluca may./ago. 2023  Epub 16-Jun-2023

https://doi.org/10.22136/est20231978 

Artículos

Defensa de la vida frente a los proyectos de muerte. Mujeres de la Sierra Norte de Puebla

Defending life vis-à-vis death projects. Women in the Northern Sierra of Puebla, Mexico

Verónica Vázquez García* 

Dann Ojeda Gutiérrez** 

Eusebio Peña Godínez** 

Rubén Manuel Zepeda Cancino*** 

* Colegio de Postgraduados, campus Montecillo, correo-e: vvazquez@colpos.mx.

** Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, correos-e: dannnntk@gmail.com, eusebio_pg@hotmail.com.

*** Universidad Autónoma de Chiapas, correo-e: mvz.zepeda@gmail.com.


Resumen

En el presente artículo se analiza el protagonismo femenino en la defensa del territorio frente a dos megaproyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte de Puebla. La información se obtuvo a través de la sistematización de fuentes secundarias y entrevistas realizadas a 18 mujeres y 10 hombres pertenecientes a varias organizaciones. Desde el marco de la Ecología Política Feminista, se estudia la concepción que las mujeres tienen sobre el territorio, las formas que han desarrollado para defenderlo y los significados que derivan de su participación.

Palabras clave: género; megaproyectos; ecología política feminista; extractivismo

Abstract

This paper analyzes female protagonism in the defense of the territory vis-à-vis two hydroelectrical megaprojects in the Sierra Norte of Puebla. Data was obtained through the systematization of secondary sources and interviews conducted with 18 women and 10 men belonging to various organizations. Using a Feminist Political Ecology framework, the paper analyzes women’s conception of the territory, the ways they have developed to defend it and the meanings that they give to their participation.

Keywords: gender; megaprojects; feminist political ecology; extractivism

Introducción

En el presente artículo se analiza el papel de las mujeres en la defensa del territorio frente a megaproyectos que integran varias actividades (hidroeléctricas, minería, carreteras, entre otras) en la Sierra Norte de Puebla, un estado de la república mexicana que pertenece a la tercera frontera minera -cuya expansión comenzó a principios del siglo XXI- gracias a la utilización de tecnología de punta para visualizar y explotar nuevos yacimientos (Sariego Rodríguez, 2009).

En el diseño de dichos proyectos se contempló que éstos serían abastecidos por hidroeléctricas ubicadas en las cuencas de los ríos más importantes de la región (Ajajalpan, Zempoala y Apulco). Hasta 2016 se entregaron 98 concesiones mineras y nueve permisos para hidroeléctricas en 31 de los 65 municipios de la Sierra Norte (Couturier Bañuelos y Concheiro Bórquez, 2019); en caso de instalarse, estos proyectos hidroeléctricos afectarían a municipios ubicados al centro y oriente de la región (Hermenegildo Galeana, Ahuacatlán, Olintla, Atlequizayan y Zapotitlán), mientras que las explotaciones mineras afectarían el centro y el sur (Zautla, Zapotitlán, Tetela de Ocampo y Zacapoaxtla) (Hernández Loeza y Vázquez Félix, 2015).

Hablar de minería a cielo abierto, fractura hidráulica o hidroeléctricas evoca procedimientos técnicos; el vocablo megaproyecto se refiere a obras de gran envergadura que tienen un impacto considerable en el territorio a nivel regional (Talledos Sánchez, 2018). En la zona de estudio se les nombra proyectos de muerte para categorizar a estos megaproyectos, lo que hace pensar que son considerados una amenaza para la vida (Beaucage et al., 2017).

La resistencia a los megaproyectos o proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla comenzó a gestarse en 2007, cuando se mantuvo vigilancia ante la llegada de cuadrillas de ingenieros con equipo de perforación para realizar evaluaciones técnicas. En 2009, pobladores del municipio de Tetela de Ocampo hicieron frente a la minera Frisco S. A. B. de C. V. y lograron detener la apertura de la mina “La Espejera”. Otra experiencia similar ocurrió en 2012 en el municipio de Zautla: su población logró expulsar al personal de la empresa JDC Minerals S. A. de C. V., que también tenía la intención de abrir una mina. Ambos acontecimientos contribuyeron a la conformación de un proyecto de defensa del territorio a nivel regional (Beaucage et al., 2017).

En estudios previos sobre el extractivismo en la Sierra Norte de Puebla se han analizado las estrategias utilizadas para defender el territorio, los autores utilizan los términos población, comunidades u organizaciones como si fueran homogéneos, o el de afectados y defensores sin examinar los efectos diferenciados por género de los megaproyectos ni el protagonismo de las mujeres al enfrentarlos (Hernández Loeza y Vázquez Félix, 2015; Beaucage et al., 2017; Hernández Hernández, 2018; Couturier Bañuelos y Concheiro Borquez, 2019). En algunos trabajos se mencionan las acciones realizadas concretamente por mujeres, pero sus experiencias no son recuperadas porque sólo se da voz a hombres (Diego Quintana, 2017), otros destacan la presencia de organizaciones mixtas o compuestas únicamente por mujeres sin lograr establecer cómo dichas organizaciones han contribuido a la defensa del territorio (Cisneros-Espinosa y CisnerosTirado, 2016; Amaro Capilla, 2017; Aparicio Álvarez, 2018; Carcaño Valencia, 2017). En las mencionadas investigaciones está presente una “ceguera de género” contrastante con los esfuerzos de las organizaciones, las cuales han dado pasos importantes para reconocer el protagonismo de las mujeres, como puede verse en el documento que conmemora 40 años de existencia de la Tosepan:

La resistencia ha sido encabezada por las mujeres […] En nuestra región y en todas partes, las mujeres estamos al frente de la lucha en defensa de los territorios. No solo porque por lo general somos las encargadas del cuidado del hogar y la preservación de la vida, sino también porque casi siempre somos más aventadas y decididas que los varones (Cobo et al., 2018: 36).

En las siguientes secciones se documentan las experiencias femeninas de movilización y resistencia a partir de testimonios recogidos en el terreno. Este artículo pretende contribuir al análisis del extractivismo desde la perspectiva de género, partiendo del supuesto de que sus impactos son diferenciados como también lo son la concepción que tienen las mujeres del territorio, sus formas de defenderlo y los significados que ellas dan a sus experiencias de movilización.

1. Propuesta conceptual: la Ecología Política Feminista en el contexto del extractivismo y la defensa del territorio

El presente artículo analiza el papel de las mujeres en la defensa del territorio ante la llegada de dos megaproyectos hidroeléctricos pensados para proveer de energía eléctrica a las minas planeadas para instalarse -hasta ahora sin éxito- y con concesiones aún vigentes en la parte centro y sur de la Sierra Norte de Puebla.

Los impactos de este tipo de hidroeléctricas son mayormente negativos: obstrucción del cauce de ríos, limitación al acceso de fuentes de agua, inundaciones de grandes extensiones de tierras fértiles, alteración de las condiciones climáticas locales y cambio en la vocación productiva de las comunidades (Soler y Roa Avendaño, 2015). Asimismo, poblaciones enteras pueden ser desplazadas, debido a que sus medios de vida pueden verse severamente afectados (Montalvo Méndez, 2019).

Las afectaciones a fuentes de agua, por contaminación o escasez, orillan a las mujeres a movilizarse (Calderón y Santiz Santiz, 2021). La declaración “el agua es vida” se ha transformado en un lema común en los procesos de defensa del territorio (Yacoub et al., 2015) y, al menos en América Latina, muchas de estas movilizaciones son lideradas por mujeres (Gudynas, 2019).

La instalación de megaproyectos está estrechamente relacionada con las facilidades institucionales y legales que el gobierno ofrece a las empresas. Durante la primera mitad del siglo XX, el Estado fungía como principal responsable de la generación, transmisión y distribución de energía; esto comenzó a cambiar en 1992, cuando se dieron los primeros pasos para privatizar la generación de energía, proceso que tuvo su máxima expresión con la reforma energética aprobada en 2014.

Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo público descentralizado del gobierno federal, sigue conservando la facultad de promover proyectos destinados a la generación de energía. Sin embargo, el mercado se ha ampliado para incorporar al sector privado con el argumento de que su participación es necesaria para asegurar la seguridad energética nacional. Generalmente, las hidroeléctricas se instalan en zonas rurales y marginadas, ricas en recursos naturales y con abundantes fuentes de agua; se espera que las autoridades locales promuevan la aceptación del proyecto en el ámbito comunitario, ya sea a través del consenso o la coacción, provocando cambios en las relaciones sociales incluso antes de su instalación (Talledos Sánchez, 2018; Ramírez Ramos et al., 2020).

La participación de las mujeres en movimientos de defensa del territorio se ha centrado en tres aspectos principales: el primero es la sostenibilidad de la vida, entendida como el conjunto de actividades que demandan energía, tiempo y espacios específicos para la regeneración de la sociedad; el tiempo y la energía equivalen a las jornadas de trabajo, mientras que el espacio se refiere al lugar donde se procuran los cuidados, por lo general domésticos (Carrasco, 2003; Ajenjo-Calderón, 2013). Para las mujeres que se organizan en defensa de la vida, la ética del cuidado se convierte en un proceso regenerador de lazos y preservador de la existencia (Trevilla-Espinal e Islas Vargas, 2020; Pinheiro Barbosa, 2021).

Un segundo aspecto es la transformación de las identidades y demandas de género que se derivan de la incorporación de las mujeres a la esfera pública, incluyendo los costos de la militancia y la criminalización de las defensoras, problemas a los cuales hay que sumar las dificultades que las mujeres enfrentan por las dinámicas de poder al interior de sus familias y comunidades (Valladares, 2004; Bermúdez et al., 2014; Salazar Ramírez, 2017).

El tercer aspecto es la expresión “feminismos territoriales”, que articulan la defensa del territorio, el cuerpo y la naturaleza en una sola unidad (Ulloa, 2016), partiendo del principio de que el territorio “es feminizado en el momento de la conquista, la ocupación [y] el despojo” (Marchese, 2019: 34).

La Ecología Política Feminista (EPF) ofrece herramientas muy útiles para interpretar la participación de las mujeres en la defensa del territorio ante la llegada de los megaproyectos. Desde sus orígenes, la EPF ha propuesto estudiar los saberes ambientales, el acceso a los recursos naturales y la participación de las mujeres en movimientos ecologistas desde un enfoque de interseccionalidad de género (Rocheleau et al., 1996). Elmhirst (2017) ha reformulado y ampliado esta propuesta original, para rescatar no sólo los saberes ambientales de las mujeres, sino también el desafío que éstos representan para la supuesta universalidad del conocimiento; no sólo su acceso a los recursos, sino también y, sobre todo, las prácticas de despojo del extractivismo y sus impactos emocionales, afectivos y corporales; no sólo la participación de las mujeres, sino también sus experiencias con la defensa del territorio (Elmhirst, 2017: 55). Uno de los aportes más importantes de esta corriente es justamente analizar la transformación de las identidades de las mujeres a través del activismo ambiental, así como dimensionar las distintas maneras en las que ellas asumen la conservación y defensa, pues la acción colectiva obliga a las mujeres a cuestionarse los roles tradicionales de género que han aceptado como dados a lo largo de su vida para incluir sus experiencias, conocimientos e intereses en la agenda de cambio de sus organizaciones (Rocheleau et al., 1996; Elmhirst, 2017).

Los conceptos eje que este artículo adopta de la EPF son dos: extractivismo y defensa del territorio. El primero se refiere a “la extracción de recursos naturales […] sin procesar, o con un procesamiento mínimo” (Gudynas, 2013: 3), que ignoran el límite ecológico de cada territorio y desconocen las necesidades de las comunidades donde se inserta el proyecto (Gudynas, 2011). El extractivismo generalmente se implementa a través de megaproyectos que plantean la integración de actividades como la generación de energía eléctrica o el mejoramiento de las vías de comunicación (Yacoub et al., 2015). Cabe aclarar que el término megaproyecto se refiere a obras de gran envergadura que tienen un impacto considerable en el territorio a nivel regional (Talledos Sánchez, 2018); estos proyectos generalmente vienen asociados al debilitamiento de los lazos sociales, la pérdida de acceso a recursos importantes para la subsistencia y el incremento de la violencia de género (Féliz y Migliaro, 2017). Finalmente, el término territorio se entiende como la construcción multidimensional del espacio (social, cultural, económica y política) y de sus aspectos materiales y simbólicos.

2. Zona de trabajo y metodología

La Sierra Norte de Puebla es una cadena montañosa que pertenece al área meridional de la Sierra Madre Oriental, lo que favorece la formación de cuencas de los ríos Necaxa, Tuxpan, Tecolutla, Cazones y Nautla, los cuales desembocan en el Golfo de México (Couturier Bañuelos y Concheiro Bórquez, 2019). Es una región muy diversa desde el punto de vista biológico, cultural y lingüístico debido a la presencia de pueblos otomíes, tepehuas, totonacos, nahuas y mestizos (Hernández Loeza y Vázquez Félix, 2015).

El presente trabajo se realizó en dos municipios de la Sierra Norte de Puebla: Cuetzalan del Progreso, con poco más de la mitad de su población de origen nahua (63%), y Olintla, de mayoría totonaca (86.24%). De acuerdo con Inegi (2020a), el primero cuenta con 49,864 habitantes, de los cuales 51.57% son mujeres y 48.42% son hombres; por su parte, Olintla tiene 11,993 habitantes, 51.34% son mujeres y 48.65% hombres. En ambos municipios, la principal fuente de trabajo son actividades primarias: 36.26% en Cuetzalan y 56.98% en Olintla.

Tanto Cuetzalan del Progreso como Olintla se ubican cerca de importantes ríos, el Apulco y Ajajalpan, que forman parte de la región hidrológica Tuxpan-Nautla, en la zona norte de Puebla (Can-Chulim et al., 2014). En ambos ríos se practican rituales para favorecer las buenas cosechas de nahuas y totonacos (Silva Monroy, 2020); al término del ritual, flores de diversos tipos y colores, así como una cruz -que en muchas partes de la sierra se asocian con la protección de fuentes de agua- son depositadas cerca del río, acto mediante el cual se reconoce al territorio como propio permitiendo una conexión espiritual y material con el mismo, situación que complejiza aún más la relación entre comunidades, extractivismo y megaproyectos.

El enfoque metodológico que se utilizó fue de corte cualitativo. Para la obtención de la información se recurrió a la técnica de la entrevista semiestructurada que se aplicó de manera individual y grupal a 28 personas (18 mujeres y 10 hombres) de los dos municipios estudiados, además de investigadores conocedores del tema (Tabla 1). La muestra fue de tipo intencional, ya que incluyó a personas y organizaciones que han tenido algún grado de intervención en los procesos de defensa del territorio. La información fue grabada y transcrita mediante un procesador de textos para posteriormente realizar una codificación mediante el programa de análisis cualitativo Atlas Ti, el cual ayudó a generar categorías analíticas y familias de códigos para facilitar el análisis.

Tabla 1 Entrevistas desagregadas por municipio y sexo realizadas en el estado de Puebla  

Municipio Mujer Hombre
Olintla 7 6
Cuetzalan del Progreso 4 2
Otras localidades del estado 7 2
Total 18 10

Fuente: elaboración propia.

3. Megaproyectos y organizaciones estudiadas

El artículo se concentra en dos megaproyectos destinados a la generación de energía (Mapa 1). El primero es la Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II-Papantla y Subestación Cuetzalan (Proyecto LAT), ligada a la construcción de hidroeléctricas del grupo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y concesiones mineras en Cuetzalan, Tetela y Tlatlauquitepec (Meza Velarde, 2019). Según la CFE (2015), el Proyecto LAT formaría parte del sistema eléctrico nacional para dar mayor flexibilidad de operación en los circuitos eléctricos de la zona. En agosto de 2017, el ayuntamiento de Cuetzalan negó la renovación del permiso de construcción (Meza Velarde, 2019) después de meses de lucha en los que las mujeres jugaron un papel preponderante.

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de Aparicio Álvarez (2018), CFE (2015) e Inegi (2006 y 2020b).

Mapa 1 Ubicación asignada de los megaproyectos en la zona de estudio 

El segundo megaproyecto es una hidroeléctrica de Grupo México que iba a formar parte de un conglomerado de nueve construcciones (Llaven Anzures, 2015; Fundar, 2019). Tan sólo para el río Ajajalpan se habían planeado tres hidroeléctricas (Diego Quintana, 2017); la que atañe a este artículo iba a ubicarse en los municipios de Hermenegildo Galeana y Olintla (Llaven Anzures, 2015); la cortina de la presa se localizaría en el municipio de Olintla y la energía producida se destinaría a las minas que todavía se pretende establecer en Tetela de Ocampo. Las primeras prospecciones de Grupo México tuvieron lugar en octubre de 2012, un año después (5 de octubre de 2013), la empresa comunicó la cancelación definitiva del proyecto (Aparicio Álvarez, 2018).

Durante la fase de trabajo de campo se interactuó con integrantes de diversas organizaciones/congregaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes:

  • 1. Masehual Sihuamej Mosenyolchikauanij (MSM, Mujeres indígenas que trabajan juntas). Fue fundada en Cuetzalan del Progreso en 1985 con la finalidad de vender artesanías a precios justos; después, esta organización estableció dos tortillerías, una farmacia y el Hotel Taselotzin (Massieu, 2017). Actualmente, MSM agrupa a 100 mujeres nahuas de seis comunidades de este municipio que trabajan, con enfoque de género y derechos humanos, en forma de cooperativa (Amaro Capilla, 2017).

  • 2. Unión de Cooperativas Tosepan. Sus inicios se remontan a 1977. Hoy en día, reúne a 160,000 personas, aproximadamente, pertenecientes a 34,000 familias, en su mayoría nahuas y totonacos de 22 municipios. Las socias y los socios se agrupan en cooperativas cuya labor es mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo sustentable. Cuentan con proyectos de siembra y venta de café, pimienta y frutales; elaboración y comercio de muebles de bambú; producción y distribución de miel; servicios de ecoturismo; cajas de ahorro y apoyo para la construcción de viviendas y para comenzar negocios, como tortillerías (González Álvarez, 2020).

  • 3. Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic). Fundado en 2012, el Cotic tiene por objetivo vigilar el cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio de Cuetzalan del Progreso (POELT), publicado en 2010, en el Orden Jurídico Poblano (Gobierno del Estado de Puebla, 2010). Al usar esta herramienta de construcción colectiva, el Cotic ha detenido el establecimiento de distintos megaproyectos entre los que se encuentran un Walmart, una carretera, una presa hidroeléctrica e instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pémex) (González Álvarez, 2018; Hernández Hernández, 2018; Fernández Lomelín y Rojas, 2020). En noviembre de 2014, Cuetzalan fue declarado municipio libre de proyectos extractivos y a partir de entonces se ha negado toda modificación del uso del suelo relacionada con ellos (Hernández Hernández, 2018).

  • De las 13 organizaciones que forman parte del Cotic, algunas sobresalen por su trayectoria de trabajo con mujeres, por ejemplo, el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres (Cadem), la Casa de la Mujer Indígena (Cami) y la MSM. Las integrantes del Cadem se definen a sí mismas como feministas que practican el buen vivir y la defensa de sus derechos y del territorio, mientras que Cami es una organización que apoya a mujeres en casos de violencia (Amaro Capilla, 2017).

  • 4. Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y el Territorio. Surgió en 2012 con el objetivo de evitar la llegada de proyectos en contra de los intereses de los habitantes de la región. Está compuesto por 12 organizaciones de distintas características (pueblos originarios, campesinos, pastoral social y cooperativas) entre las que se encuentran la Tosepan y MSM (Cisneros-Espinosa y Cisneros-Tirado, 2016; Tiyat Tlali, s.f.; Beaucage et al., 2017).

  • 5. Misioneras Carmelitas de Santa Teresita del Niño Jesús (Carmelitas descalzas). Las monjas llegaron a Huehuetla en 1965 para fundar una escuela para personas adultas (Beaucage et al., 2017), desde entonces, la misión de Carmelitas ha desarrollado actividades de pastoral social fundamentadas en la tradición totonaca (Becerril Escamilla, 2014; Aparicio Álvarez, 2018) y ha construido una red de catequistas, a través de la cual comenzaron a conformarse comunidades eclesiales de base que, en distintos momentos, han apoyado la defensa del territorio (Hernández Hernández, 2018) mediante movilizaciones en contra de la hidroeléctrica de Grupo México, que serán descritas más adelante.

4. El territorio como legado y fuente de vida para las mujeres

El término utilizado localmente para referirse a los megaproyectos es proyectos de muerte, los cuales engloban actividades (hotelería, minería, energía) que atentan contra el agua y la naturaleza como origen de la vida (Meza Velarde, 2019), y cuyo propósito es generar riqueza económica para unos cuantos, a costa de la destrucción de la naturaleza y del tejido social de las comunidades donde se insertan (Hernández Loeza y Vázquez Félix, 2015). De hecho, la creación del término proyectos de muerte, entendido como un conglomerado que atenta contra la vida, se atribuye a una mujer totonaca que afirmó en un evento que “la tierra está viva y nosotros luchamos por la vida en contra de los proyectos de muerte” (Rivadeneyra citado en Hernández Hernández, 2018: 123).

En cambio, los movimientos en defensa del territorio adoptan posiciones contrahegemónicas que cuestionan los proyectos de desarrollo y, dado el carácter regional de éstos, la resistencia trasciende la jurisdicción de los municipios afectados para construir alianzas igualmente amplias (Hernández Hernández, 2018).

Desde esta óptica, el territorio se concibe como una entidad viva, como un ente íntegro que así debe conservarse ante la amenaza de megaproyectos que lo pretenden fracturar. La defensa del territorio, por lo tanto, significa evitar que los megaproyectos se instalen porque “después quién los quita” (Villa Hernández, 2020), así, se defiende no sólo un recurso, sino todos los que sostienen la vida:

¿Cómo no vas a tener tristeza? ¿Cómo no te vas a enojar?... A lo mejor no vivo mucho tiempo, pero… estos chiquitos, ellos todavía no se pueden defender, yo defiendo mi tierra, yo defiendo mi agua… donde Dios nos dio la vida... nosotros defendemos el agua y la tierra; la tierra porque es nuestra madre tierra, ahí viene el quelite, ahí viene el chile, ahí viene el frijol, ahí viene el maíz, de todo, medicinas, las frutas todo, todo (García López, 2020).

Empieza a llegar la gente para buscar los lugares donde hay agua, donde hay mayor naturaleza, pero no para cuidarlas, sino para adueñarse de ellos y explotarlos. Entonces nosotros vimos un riesgo como comunidad, como organizaciones y empezamos a reunirnos para ver qué podíamos hacer para detener esos peligros (Villa Hernández, 2020).

Para las mujeres defensoras, el territorio es un legado que debe ser entregado de manera íntegra a las futuras generaciones:

Todo esto es de nuestros hijos, hay que dejarles una herencia, les digo, que sana la madre tierra, el agua. Al ratito van a decir, ¿por qué no defendieron? ¿Por qué no apoyaron? Van a decir, ¿qué tan cobarde fuiste? ¿Por qué no defendiste? Que te diga tu hijo, y ¿qué le vas a decir? (López, 2020).

El papel de las mujeres también ha sido clave en la difusión de información que sostiene que los dos megaproyectos de generación de energía guardan vínculos con la actividad minera que se instalaría en otras partes de la sierra. Para frenarlos, las mujeres organizaron reuniones de trabajo, recorrieron barrios y posibles municipios afectados, lo que fortaleció no sólo la resistencia, sino sus propias habilidades de liderazgo:

De repente, fuera de reuniones les platicaba que no era conveniente, que por qué, y todo eso. O me metía al Google mapas y ahí les enseñaba. Miren, por aquí va pasar [la línea de la CFE]. A ver, ¿dónde tienes tu cafetal?... Mira… por aquí va a pasar ¿a poco te gustaría? No, ¿verdad que no? Es que ¿sabe qué? Falta que de manera más sencilla nos los expliquen. Así, de manera práctica (Molina Hernández, 2020).

[Se proyectaban videos sobre] cómo [la minería] afectaba a la salud…, la destrucción ambiental que provocaban, cómo tiraban los árboles, que podía haber accidentes cuando se volteaba una pipa que trasladara material peligroso. Entonces empezamos a hacer reuniones en los barrios de Cuetzalan (Villa Hernández, 2020).

Y así comenzamos a ir unas señoras. Aquí fue la reunión el 12 de octubre, el 18 de octubre fue en Tetela de Ocampo, y así andamos. Yo nada más tengo la primaria, por eso le digo que yo no puedo hablar (Ana, 2020).

En el documento conmemorativo de los 40 años de la Tosepan, las mujeres señalaron que su motivación para realizar todas estas acciones se originó cuando constataron que ellas no tienen que apegarse al atributo de género que obliga a los hombres a ser “valientes a fuerzas”. Esto las libera de comportamientos nocivos que impiden expresar miedo y preocupación, y las coloca al frente de la acción directa que emprenden sus organizaciones:

¿Por qué será que nosotras vamos por delante? Decimos algunos y algunas que lo que pasa es que los hombres fuimos educados para ser valientes a fuerzas, de modo que cuando tenemos miedo no podemos admitirlo y nos entra la inseguridad. En cambio, las mujeres no estamos obligadas a ocultar nuestro miedo, que después de todo es algo muy natural, y esto nos da un valor que los hombres no tienen. Un valor de mujer (Cobo et al., 2018: 30).

5. El papel de las mujeres en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso (POELT)

La elaboración del POELT surgió de la imposición de un megaproyecto turístico a cargo de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), denominado Bosques de Niebla (Massieu, 2017; González Álvarez, 2018; Fernández Lomelín y Rojas, 2020). Las organizaciones lograron detenerlo a pesar de que “los presidentes municipales [lo] veían con buenos ojos” (Villa, 2020). Este hecho planteó la necesidad de contar con bases jurídicas para defender el territorio de futuras iniciativas: “se habló con el presidente municipal y se le sugirió que se hiciera un ordenamiento territorial” (Villa Hernández, 2020).

Su constitución estuvo acompañada por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que trabajó con cerca de 2000 personas (González Álvarez, 2018; Cupreder, 2021). Rufina Edith Villa Hernández, defensora de los derechos de mujeres indígenas y cofundadora del colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchicauanij, fungió como presidenta del Órgano Ejecutivo del POELT lo que definió su compromiso con el proceso: “no nos deben importar las diferencias políticas, religiosas o ideológicas. Todas las personas de buena fe que amamos Cuetzalan debemos trabajar juntas por nuestra región” (Cobo et al., 2018: 13).

El POELT se construyó de abajo hacia arriba, a través de la realización de “talleres en las ocho juntas auxiliares y las comunidades aledañas a Cuetzalan donde se sacaron propuestas y se dio información de todo lo que existe” (Villa Hernández, 2020). De acuerdo con el expresidente del Órgano Técnico del Ordenamiento, Luis Enrique Fernández Lomelín, las mujeres fueron indispensables para la elaboración del programa no sólo por haber sido mayoría en las asambleas, sino también por su capacidad organizativa, reflejada en la creación de comisiones, incluyendo una destinada a espantar a los perros que pudieran obstruir el buen desarrollo de los trabajos:

El papel de la mujer ha sido muy importante, es decir, yo diría que el 80% de las que asisten a las asambleas son mujeres… el papel de la mujer aquí ha sido fundamental, más que el de los hombres… la capacidad organizativa de las asambleas normalmente las hacen las mujeres. Hacen las comisiones… hay hasta comisiones para espantaperros en las asambleas (Fernández Lomelín, 2020).

Beaucage y colaboradores (2017: 15) indican que la fortaleza organizativa en la sierra emana justamente de la capacidad de las comunidades para construir desde abajo, a través de “las espléndidas fiestas patronales” y la reciprocidad que existe “entre familias”. Cuando se es anfitrión de la Asamblea por la Defensa del Territorio y del Agua, cada pueblo hace “lo necesario para que la recepción sea generosa, con comida abundante y con música”. Lo que estos autores no señalan es que las fiestas patronales, la reciprocidad entre familias y la recepción generosa con alimentos es labor fundamental de las mujeres que han aprendido a prolongar su rol de cuidadoras hacia la naturaleza y la comunidad. Para Paulina Garrido Bonilla, joven que actualmente preside la Unión de Cooperativas Tosepan, el reto más importante ya no es reconocer el papel de las mujeres en las organizaciones y la defensa del territorio, sino transformar la división sexual del trabajo y los roles tradicionales de género para que los hombres se incorporen a las labores domésticas:

Para mí es un gran reto. Las socias me felicitaban, me decían: “Sabemos que puedes hacer bastante por las mujeres y por la organización”. Porque en la Tosepan falta avanzar mucho en lo que es la equidad de género. Y también hay que cambiar en la casa, donde no se comparten las tareas domésticas y todo el peso lo llevamos nosotras. Necesitamos aprender a trabajar juntos y parejos hombres y mujeres, y para eso hay que pelear contra la educación tradicional que enseña a las mujeres que acepten el machismo como algo natural (Cobo et al., 2018: 63).

6. El protagonismo de las mujeres en detener la línea de alta tensión

Rufina Edith Villa Hernández no sólo fue presidenta del Órgano Ejecutivo del POELT, también se desempeñó como secretaria general del comité ejecutivo del Cotic entre 2012 y 2018. A ella le correspondió dar seguimiento al Proyecto LAT como representante de dicho comité:

[En una reunión] los señores de la comisión [CFE] nos hablaron de su proyecto de la subestación eléctrica que querían poner aquí en Cuetzalan... nos mandan la información del proyecto, lo analizamos y les damos respuesta. El dictamen que se les mandó fue de que no se podía hacer esa subestación en Cuetzalan (Villa Hernández, 2020).

Sin embargo, el dictamen negativo emitido por el Cotic no fue suficiente para detener el proyecto. En octubre de 2016, personal de la CFE llegó al municipio para iniciar los trabajos de construcción de la subestación, pues contaba con un permiso otorgado por el Ayuntamiento Municipal. Un mes después se instaló un plantón para impedirlo: “todos… fuimos con una manta muy grande a ponerla a un lado, enfrente del terreno de la subestación, donde decíamos que la asamblea no permitía que se instalara esa subestación” (Limón, 2020). La permanencia del plantón se debió en gran medida a la Tosepan “porque tienen más gente en todas las comunidades” (Villa Hernández, 2020).

Las mujeres (que representan 64% de quienes integran dicha organización) resultaron importantes en el plantón (González Santiago, 2020), ellas no dudaron en movilizarse, dado que la CFE usó la imagen de una de sus tortillerías para justificar la imposición de la subestación:

Nosotros tenemos dos máquinas de tortilla… no sé quién nos robó la imagen... nos habló el asesor de Tosepan y nos dijo [que] nos habían robado esa imagen para ver cómo sí se requería producir más energía en Cuetzalan. Porque nosotros trabajamos con la energía, y ahí aparecíamos nosotros. Nosotros nos molestamos mucho. Porque esa imagen nos la robaron (Santos, 2020).

El plantón se levantó cuando venció el permiso que el ayuntamiento había otorgado a la CFE, aproximadamente un año después de que se inició el trámite para construir la subestación. Gracias a él se logró que “el presidente municipal, mediante un documento dirigido al Cotic… no volviera a dar otro permiso para el cambio de uso de suelo” (Villa Hernández, 2020).

El triunfo tuvo un sabor agridulce para las personas con más notoriedad dentro del movimiento, entre ellas se encuentra Rufina Edith Villa Hernández. En enero de 2018, Villa y otros tres integrantes del Cotic recibieron un citatorio para presentarse en la Procuraduría General de la República bajo la acusación de que “estábamos obstruyendo una obra pública… que hacíamos actos de vandalismo, que los habíamos agredido con palos y con piedras y bueno, puras mentiras” (Villa Hernández, 2020). El proceso judicial se resolvió a favor de las personas incriminadas gracias a la asesoría de Serapaz A. C., no sin antes causar miedo en las personas afectadas: “a mi hijo lo trajeron en taxi a ver a su suegra, y le dijeron, sabes qué, cuídense mucho, porque los andan observando” (Villa Hernández, 2020). Manuel Gaspar Rodríguez, otro de los activistas involucrados en la defensa del territorio fue encontrado sin vida en un hotel de Cuetzalan el 14 de mayo de 2018. Su asesinato fue catalogado como “pasional” y hasta mayo de 2020 el crimen seguía impune (Llaven Anzures, 2020).

7. “Estén o no estén los señores, nos vamos a ir a parar”. Grupo México contra siete mujeres totonacas

En Olintla, el gobierno municipal aprobó el proyecto de la hidroeléctrica sin informar completamente a la población, a la que sólo le dio a conocer que la obra generaría 400 empleos y que éste sería su mayor beneficio.

Al igual que en Cuetzalan, las organizaciones presentes en Olintla, en particular el Consejo Tiyat Tlali, compartieron información sobre la hidroeléctrica. Rápidamente se señaló la poca utilidad del proyecto para los habitantes del municipio, el despojo del agua y el riesgo de desplazamiento poblacional que implica una obra de esta magnitud (Hernández Hernández, 2018; Diego Quintana, 2017).

En octubre de 2012 llegó a Olintla el personal de Grupo México. Dos meses después, un grupo de mujeres impidió el paso de una máquina bulldozer destinada a abrir un camino. Todas ellas pertenecían a la pastoral social indígena; María Irene García López, una de sus integrantes más destacadas, fue la principal convocante en ausencia de los hombres que “estaban trabajando”. Al igual que las mujeres de la Tosepan, que “se ponen por delante” de su organización, las de Olintla acudieron al lugar sin necesidad de ser acompañadas de sus maridos:

Estén o no estén los señores, nos vamos a ir a parar, vamos a ir nosotras las mujeres… Nuestros señores no estaban, estaban trabajando… Éramos como seis, ocho mujeres, ahí estuvimos... Ya la hicieron a un lado [a la máquina], aquí se va a quedar o de una vez dense la vuelta y regrésense… El síndico se enojó, la policía... ¿Por qué no nos avisó? ¿Por qué no nos buscó? Cuando sí andan haciendo su campaña, ahí andan buscando a la gente (García López, 2020).

A pesar de la presencia del síndico y de la policía municipal, las mujeres no abandonaron el sitio y de hecho convocaron a más gente. Prácticamente se instalaron ahí con lo básico para la sobrevivencia:

Ah, porque también fui a vocear donde estaba el juez, por favor señoras y señores ayúdenos… Ya la gente se empezó a juntar, señores y señoras… Dejamos nuestra casa, dejamos la familia, ahí tuvimos que estar de noche y de día… Al otro día, pues que empieza a llover, que hace un aire, pues ahí estamos, empezamos a moler ahí, empezamos a moler… Ni piensas en tu casa (García López, 2020).

Después de varios días de bloqueo, los trabajadores de Grupo México se retiraron, pero dejaron la maquinaria custodiada por cuerpos policiacos: “solo se fueron los señores, dejaron ahí [la maquinaria]” (García López, 2020). Dos meses después, la maquinaria fue trasladada a otro lugar, muy cerca de la casa de María Aurora González Santiago, también integrante de la pastoral, que se encargó de organizar un segundo bloqueo para impedir también el avance de la obra. “Casi todos los días venían de Zaragoza… a ver cómo va el asunto” (González Santiago, 2020). Ella daba de desayunar a las personas que pasaban la noche en el bloqueo: “nada más puro café, a veces cooperaban con el pan… fue duro” (González Santiago, 2020).

Las mujeres de Olintla relataron diversos incidentes de violencia en los que mencionaron que fueron acorraladas, amedrentadas y apedreadas: “regresamos por la camioneta... ya cuando pasamos, [nos] empezaron a apedrear” (González Santiago, 2020). Las misioneras carmelitas también se sintieron amenazadas y sobre este hecho hay dos versiones: la primera es que ellas mismas se encerraron por temor a ser atacadas (Hernández Loeza y Vázquez Félix, 2015); la segunda, sostenida por informantes locales y las religiosas, señala que al convento “le pusieron [una] cadena, las encerraron” (Sánchez, 2020) porque “estábamos en contra [de la hidroeléctrica]. Siempre estamos con la gente” (Carmelita, 2020).

Lo cierto es que desde un inicio las misioneras se pronunciaron en contra del proyecto y desempeñaron un papel clave en la difusión de los daños que podría causar la obra. Este hecho las enfrentó a sus propias autoridades eclesiásticas (Valencia, 2017). Según Aparicio Álvarez (2018: 53), las religiosas también son originarias de la sierra y su participación fue clave “en la decisión y movilización en torno a no permitir la entrada de maquinaria y, mucho menos, la concreción del proyecto”.

Las mujeres de Olintla, tanto feligresas como misioneras, comparten con las de Cuetzalan la convicción de defender el territorio del cual forman parte, pero también el haber sido víctimas de un proceso de criminalización que no prosperó:

Me demandaron, vino un policía… te habla la regidora de la presidencia… ¿Para qué me quieren?... Si me quiere hablar, mejor que venga… No fui [y] después me enteré de que me demandaron… que me va agarrar, que yo maté a una persona, que yo soy asesina… Pero no pasó a mayores, yo no había hecho nada (González Santiago, 2020).

No fue sino hasta el 5 de octubre de 2013 que Grupo México emitió un comunicado en el que anunciaba la cancelación de la hidroeléctrica. El retiro definitivo de la maquinaria ocurrió en febrero de 2014 (Aparicio Álvarez, 2018).

Las mujeres se sintieron orgullosas de sus acciones, desarrollaron la habilidad de hablar en público y reconocieron que pueden aprender cosas nuevas fuera del aula. Todo esto contribuyó a su crecimiento personal. Desde la óptica de la EPF se percibe cómo ellas comenzaron a redefinir sus identidades de género gracias a su participación en la acción colectiva:

Nos pusimos contentas… qué bueno que nos obedecieron y se fueron. Pero todavía se aflige uno… Cuando ya estábamos más tranquilas es cuando ya se la llevaron [la maquinaria] de Olintla para quién sabe dónde (García López, 2020).

Cuando fuimos a Zaragoza… era muy penosa, no quería hablar, decía yo, qué tal que no hablo, qué tal que no explico [pero] me gusta para defenderme, aprender algo, ya que no fui a la escuela, siquiera aprendo algo (Ana, 2020).

Conclusiones

Respecto a la concepción del territorio (y en consonancia con la definición que se planteó al comienzo de este trabajo), se observa que la tierra y el agua son elementos vitales en tanto que proporcionan sustento, salud e identidad a las y los habitantes de Cuetzalan y de Olinta. No obstante, los megaproyectos tienen el potencial de afectar al territorio de manera irreversible, así como de poner en riesgo su integridad y el sustento de quienes lo habitan. En ese contexto, el término proyecto de muerte adquiere sentido justamente porque enfatiza la amenaza que los megaproyectos representan.

También destaca la habilidad de las mujeres para expresar sentimientos complejos como el miedo (ausente en los hombres, según sus propias palabras). Esto da significado a sus acciones y muestra su convicción de defender el territorio con su cuerpo, porque son parte de él.

La defensa adopta formas variadas como la difusión de información en múltiples frentes, la militancia activa en organizaciones, ya sea en puestos de liderazgo o desde las bases, y la acción directa (plantones, bloqueos) cuando es necesario; la defensa permite transformar los espacios de movilización en sitios de resistencia donde no sólo se lucha, sino también se comparte y se provee de sustento material y afectivo. A pesar de amenazas, miedos y vicisitudes, las mujeres experimentaron sentimientos de alegría al evitar que su territorio fuera invadido.

En el caso específico de Cuetzalan, las mujeres desempeñaron un papel determinante en la elaboración y aprobación del POELT, que se constituyó de abajo hacia arriba en asambleas donde ellas fueron mayoría. Sobresale además su interés por proteger el tejido social que mantiene vivas a las organizaciones de la región, a pesar de su doble jornada de trabajo (doméstico y público). Hoy, el POELT es una importante herramienta jurídica que posiciona a Cuetzalan como un municipio único en el país debido a su capacidad de detener “proyectos de muerte”. Las mujeres se sienten orgullosas de ello. No sobra decir que sus acciones no fueron espontáneas sino el producto de un trabajo comunitario y feminista que lleva al menos 40 años (registrados) de duración. En todo este tiempo, las mujeres de la sierra han cuestionado los procesos extractivos, han articulado la defensa del territorio y han visibilizado su participación al interior de sus organizaciones.

No obstante, la intención no es idealizar la labor de las mujeres, los significados que ellas obtienen de su protagonismo son tanto negativos como positivos; las mujeres no estuvieron exentas de procesos de criminalización y persecución judicial, en ambos municipios se supo de acusaciones infundadas en contra suya que no prosperaron, pero que tenían la intención de someterlas, violentarlas y silenciarlas. Al poner el cuerpo en bloqueos y plantones expusieron su salud e integridad física, y trasladaron sus responsabilidades domésticas del espacio privado al público, prolongando así su jornada de trabajo.

Se concluye que las mujeres de la Sierra Norte de Puebla se han convertido en pieza clave de la lucha en contra del extractivismo; esto no quiere decir que los hombres no participen y que no sean igualmente importantes, más bien ellas se han ganado un espacio hasta hoy poco reconocido. El activismo femenino, ya sea en puestos de liderazgo o a través de la participación en asambleas, ha dado lugar a un amplio abanico de herramientas de lucha, como las estrategias de comunicación que construyen un discurso que se contrapone al del Estado y al de las empresas, herramientas legales como el POELT, plantones y bloqueos en los que el sustento se traslada del espacio privado al público, redefiniendo ambos espacios y el significado mismo del territorio que está siendo defendido.

En pocas palabras, el activismo de las mujeres ante procesos extractivistas tiene sellos propios que deben ser valorados, reconocidos y analizados por su capacidad de transformar tanto las estrategias utilizadas para la defensa del territorio como los roles e identidades de género.

El marco conceptual de la EPF fue muy útil para rescatar los saberes y sentires de las mujeres respecto al territorio. Esta corriente de pensamiento permitió determinar cómo influye el activismo ambiental en las identidades de género y viceversa. En el caso de las mujeres de Cuetzalan, su participación en la defensa del territorio las ha ayudado a ocupar puestos de liderazgo y a redefinir los roles de género, en concreto, la división genérica del trabajo que hace de las mujeres las principales responsables de las labores de cuidado. Las de Olintla han perdido el miedo a hablar en público y han reconocido el valor de la movilización para el crecimiento personal más allá de las aulas.

Ambos grupos de mujeres comparten el rescate de ciertos atributos de género, por ejemplo, la protección del tejido social que hace posible la lucha y la posibilidad de sentir miedo (capacidad que algunos hombres no se pueden permitir), al tiempo que cuestionan otros, como la sobrecarga de trabajo de las mujeres.

En este ir y venir permanente entre el activismo y la vida cotidiana, las mujeres de la sierra construyen herramientas de liberación no sólo del territorio, sino de ellas mismas.

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Santos, Aleida (servidora de la nación) (2020), “Entrevista semiestructurada”, entrevistada por Verónica Vázquez García, Dann Ojeda Gutiérrez y Eusebio Godínez Peña, [grabación], Cuetzalan del Progreso, Puebla, junio de 2020. [ Links ]

Villa Hernández, Rufina Edith (campesina) (2020), “Entrevista semiestructurada”, entrevistada por Verónica Vázquez García y Tomás Ortega Ortega, [grabación], Cuetzalan del Progreso, Puebla, junio de 2020. [ Links ]

Verónica Vázquez García. Doctora y maestra en Sociología por la Universidad de Carlenton en Ottawa, Canadá, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora-investigadora titular en el Colegio de Postgraduados, campus Montecillo, Estado de México. En integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Sus líneas de investigación son género, medio ambiente y desarrollo rural. Entre sus publicaciones más recientes, se encuentran, como coautora: “Desplazamiento poblacional por minería en Zacatecas. Un análisis desde la perspectiva de género”, Península 18 (1), Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 35-59 (2023); “Lo que el viento no se llevó. El papel de los ganaderos en la promoción de la industria eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”, Sociedad y Ambiente, núm. 25, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, El Colegio de la Frontera Sur, pp. 1-25 (2022) y “Plantas silvestres en la alimentación de familias campesinas en Tecoanapa, Guerrero”, Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 19 (2), Texcoco, Colegio de Postgraduados, pp.154-167.

Dann Ojeda Gutiérrez. Maestro en Sociedades Sustentables por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación son juventud, sustentabilidad y género. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran, como coautor: “Minería extractiva y conflictos socioambientales por agua en el noroeste árido de México: un análisis desde la ecología política”, Desenvolvimento e Meio Ambiente, vol. 55, Paraná, Universidade Federal do Paraná, pp. 280-299 (2020).

Eusebio Peña Godínez. Biólogo y maestro en Sociedades sustentables por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación son complejidad y sistemas socioecológicos, historia ambiental y ecología política de los extractivismos, género-cuerpoterritorio. Su publicación más reciente, como coautor: “Mujeres, agua y minería de titanio en el Soconusco, Chiapas”, Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas, 29 (85), Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, pp. 265-287 (2022).

Rubén Manuel Zepeda Cancino. Doctor en Ciencias en Socioeconomía, Estadística e Informática ‒desarrollo rural‒ por el Colegio de Postgraduados; es profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su línea de investigación es ganadería familiar y cambio climático y su publicación más reciente, como coautor: “Potencial social y ambiental de la industria eólica para una transición energética en América Latina”, Letras Verdes, núm. 30, Quito, Flacso Ecuador, pp. 66-85 (2021).

Recibido: 30 de Septiembre de 2021; Revisado: 06 de Mayo de 2022; Aprobado: 08 de Julio de 2022

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