Introducción

El territorio es el espacio en el que los seres humanos nos relacionamos, donde nos unimos o confrontamos, al cual se le otorga un sentido de pertenencia e identidad que, ante contextos de conflicto, se promueve la asociación de actores capaces de proceder colectivamente para defenderlo, pues comprenden que en la defensa del territorio está implícita la salvaguardia de su modo de vida (^{Hernández Flores et al., 2013}).

El presente artículo tiene por objetivo contribuir al análisis de los conflictos territoriales, considerando al territorio como punto de partida y eje fundamental en el que se gestan identidades, motivaciones y agravios que inciden en la asociación de actores colectivos que despliegan una serie de repertorios de acción para su recuperación y defensa.

En México, los conflictos por la tierra y el territorio se han traducido en luchas de largo aliento, su configuración y disputa se remonta a la época de la Colonia (1521-1810) cuando la corona española, la iglesia católica y los hacendados desconocieron y despojaron de sus espacios a pueblos y comunidades originarias. Después, en la Revolución mexicana (1910 -1940), individuos organizados exigieron al Estado ser dotados de tierra, de modo que, a través de una serie de revueltas y un complejo proceso político, fue posible el reparto agrario, dando paso a la creación de la propiedad social compuesta por dos regímenes importantes: el ejido y la tierra comunal.

Sin embargo, en 1992 con la modificación al artículo 27 constitucional se permitió la privatización de la propiedad colectiva, facilitando la expansión de mercados, el despojo capitalista y la economía extractivista (^{Concheiro Bórquez y Grajales Ventura, 2005}; ^{Paz Salinas, 2017}). En este sentido, la comprensión y análisis de los conflictos por el territorio se explican en sus procesos históricos más profundos y su desarrollo en escenarios cambiantes y complejos (^{Ventura Patiño, 2011}).

Hasta ahora, los conflictos por el territorio y su defensa son resultado de la imposición de iniciativas gubernamentales para el desarrollo territorial, entre otros factores, que promueven la inversión de grandes propietarios cuya intención es la privatización de los recursos naturales y la implementación de megaproyectos (minería, construcción de aeropuertos, carreteras, parques eólicos, entre otros).

En respuesta a ello, comunidades y ejidatarios deciden participar en la defensa de su territorio por considerarlo medio básico para su economía y referente simbólico de su identidad, como acción basada en el ejercicio de la democracia directa y el despliegue de autonomías municipales, que se determinan en “la construcción de poderes territoriales que coinciden con las luchas municipales o con regiones indígenas y, algo menos evidente, la construcción de organizaciones independientes frente al gobierno y los partidos políticos” (^{Concheiro Bórquez y Grajales Ventura, 2005: 55}).

Los conflictos que se enmarcan en esta categoría señalan la existencia de actores con intereses contrarios, pueden ser políticos o económicos, pero también corresponden a cuestiones subjetivas y emocionales, algunos pueden traslaparse, o bien, predominar más que otros (^{Ventura Patiño, 2011}).

Se toma como estudio de caso a la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan en el Estado de México, que ha mantenido una disputa prolongada por su territorio, en una dinámica de relaciones de poder en donde se enfrenta continuamente a dos municipios: Almoloya de Juárez y Zinacantepec. Si bien, el conflicto territorial que atraviesa la comunidad ha sido una constante, los motivos que han orillado a la población a organizarse en cada episodio han cambiado. Se considera particularmente el último episodio del conflicto suscitado en 2018, pues se desarrolla específicamente como un proceso por la recuperación y defensa del territorio, el cual ha sido registrado a través de una metodología cualitativa que incluye observación participante y entrevistas semiestructuradas.

Para comprender dicho conflicto es necesario hablar de cuatro momentos: en primer lugar, San Francisco, siendo un pueblo perteneciente a la jurisdicción de Zinacantepec en 1870, con sustento en el libro de leyes y decretos tomo 22 del Estado de México, fue reconocido como municipio, categoría que no perduró, pues en 1892 se derogó este mandato; sin embargo, la comunidad se agregó al municipio de Almoloya de Juárez, lo que causó inconformidad a los habitantes de la población.

El segundo momento se presentó en el marco de la Revolución mexicana. Durante el periodo 1914-1915, Gustavo Baz ―gobernador del Estado de México― realizó algunos repartos de tierras en donde habitantes de San Antonio Acahualco, Zinacantepec, salieron beneficiados; no obstante, tiempo después esta dotación sería desconocida y, a pesar de las demandas frecuentes, estas tierras fueron concedidas a la comunidad vecina: San Francisco Tlalcilalcalpan. Destaca en este periodo la presencia del dirigente campesino Juan Corrales, quién promovió a partir de1928 la petición de tierra ejidal, la cual finalizó en 1931, con una ampliación al ejido el 3 de agosto de 1934 y, reconocida oficialmente en la Gaceta de Gobierno el 10 de octubre de 1935 (^{PHINA, 2020}). Lo que para San Francisco significó un triunfo, a los vecinos de Acahualco les pareció un robo, además contribuyó a las diferencias que ya existían entre comunidades y sus respectivos gobiernos municipales por el territorio (^{Montes de Oca, 2004}).

El tercer momento se da a partir de 1998 con la creación y trabajo del grupo social “San Francisco” (GSSF), el cual se originó bajo el liderazgo de Carlos Hernández, originario de la comunidad. Esta organización emergió ante la ausencia de una distribución de servicios públicos y sociales por parte del municipio de Almoloya de Juárez a San Francisco. Su estructura organizativa se fue desarrollando cuando personas de la misma comunidad se unían para realizar actividades de faena y remodelación de los espacios públicos. Así, una vez demostrado su interés y compromiso por participar eran invitados a ser coordinadores de calle o barrio, con el tiempo, los integrantes del GSSF servían como vínculo para hacer llegar las peticiones y demandas de la población a las instancias del ayuntamiento.

Paralelo a estos eventos, los representantes de los municipios de Zinacantepec y Almoloya celebraron reuniones para realizar una modificación de límites territoriales, los cuales coincidían con la superficie dotada a San Francisco como ejido en 1931. Esta modificación fue avalada y publicada el 24 de junio de 2003 en el periódico ^{Gaceta de Gobierno del Estado de México}, situación que la población desconoció hasta que Carlos Hernández se enteró y difundió la información. A partir de ese momento, el GSSF hizo una pausa en la gestión de demandas sociales e inició con un proceso de investigación para saber cuál era la situación de la comunidad, como contrarespuesta lanzaron en 2012 la iniciativa de ley “Juan Corrales”, con la que pretendían que San Francisco recobrara su categoría de municipio y con ello dar fin al conflicto territorial. La respuesta por parte de los habitantes de San Francisco no fue la esperada, aunado al cansancio de los integrantes del grupo, la falta de recursos económicos y la enfermedad del dirigente, no se dio continuidad a la propuesta y al poco tiempo el GSSF se disolvió.

El último episodio se suscitó a partir de enero de 2018; en el contexto del proceso electoral para la presidencia a nivel federal, habitantes de San Francisco que solicitaron un cambio de credencial en el municipio de Almoloya de Juárez fueron remitidos a instalaciones de Zinacantepec, en donde se les informó que ya eran parte de dicha administración. Este hecho desencadenó dudas e inconformidad entre la población debido a una marcada ausencia de consulta, acción que, en palabras de ellos, transgredía su identidad y sentido de pertenencia. De esta manera, la idea sobre la división del territorio comenzó a retomar fuerza y la noticia rápido alcanzó gran difusión dentro de la comunidad de San Francisco.

En febrero de 2018, el director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) del municipio de Zinacantepec se presentó en San Francisco Tlalcilalcalpan para solicitar al Comité de Agua Potable la entrega de las instalaciones del pozo y depósito de agua que abastecen a la comunidad, argumentando que éstas se encontraban en dicho municipio. Esta acción detonó nuevamente el conflicto y puso en evidencia que los intereses, deseos, opiniones y objetivos de los gobiernos municipales y sus respectivos representantes tienen sobre el territorio, no corresponde a los intereses de una población que demanda mejora en los servicios públicos de salud, educación y empleo, así como respeto a la tierra, recursos naturales y costumbres que, en conjunto, son parte de su identidad y hacen su territorio.

La situación reforzó el sentimiento de agravio expresado desde la sensación de injusticia que motivó a la rearticulación del grupo social “San Francisco”. De nuevo, Carlos Hernández tomó la dirigencia, quien considerando los errores y las limitaciones a las que se había enfrentado en el periodo 1998-2012, implementó una estrategia de organización diferente en la que promovió la participación de delegados, subdelegados, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Comisariado ejidal para formar un nuevo grupo de representación. El interés y apoyo también llegó desde diferentes sectores de la población: obreros, amas de casa, ejidatarios, adultos mayores, comerciantes, estudiantes y profesionistas, de manera que la organización adquirió una estructura heterogénea en cuanto al perfil de sus integrantes.

La construcción y difusión de los discursos del dirigente que aludían a la violación de los derechos del pueblo de San Francisco y la división territorial se enlazaron a la identidad de quienes se consideran parte del territorio de San Francisco, sentando las bases que le dieron cohesión al nuevo grupo denominado “Juan Corrales” (GJC), cuya principal demanda se centró en la recuperación y defensa del territorio (agua y bosque incluidos). Es importante señalar que de acuerdo al grado de participación, compromiso y tareas desempeñadas dentro de la organización, ésta se estructuró de la siguiente manera: dirigente, representantes (autoridades locales de San Francisco), participantes de primer orden (adultos mayores, ejidatarios y ejidatarias, que debido a la relación que mantenían con la tierra y el trabajo de la agricultura los posicionaba como los mayores interesados en la resolución del conflicto), participantes de segundo orden (personas de la comunidad cuyo compromiso se basaba en asistir a algunas manifestaciones, asambleas), aliados (organizaciones, colectivos culturales, medios de comunicación, diputados) y simpatizantes (personas que podían pertenecer o no la comunidad, pero se mostraban a favor de las demandas planteadas por el GJC).

Fue a partir de abril de 2018 que el GJC planteó una estrategia para llevar su demanda al gobierno en sus diferentes niveles (municipal, estatal y federal), para que a través de sus instituciones dieran solución al conflicto. El caso fue canalizado por la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) y se estableció una mesa de diálogo, en donde se dio a conocer el conflicto y la intención por parte del GJC de retomar la iniciativa de ley “Juan Corrales” para asignar a San Francisco la categoría de municipio. El camino recorrido por el GJC y su relación con las distintas estancias que representan el poder estatal pasaron por distintas etapas (como se detallara más adelante) que van del diálogo a la negociación y también a la ruptura de relaciones. En este último episodio, cada situación obligó al GJC a tomar diferentes vías y decisiones a fin de cumplir su objetivo y recuperar lo que dicen les pertenece: el territorio.

1. Encuadre teórico-metodológico

En esta parte se realiza la aproximación teórica de dos elementos fundamentales que contribuirán a la comprensión en el análisis del estudio de caso que se desarrolla en este artículo: el territorio y la acción colectiva. El territorio no puede ser entendido solamente como “una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente” (^{Sosa Velásquez, 2012: 7}). Por lo tanto, hace referencia a:

una construcción multidimensional e indivisible y una compleja red de interacciones que incluye elementos de la naturaleza (tierra, agua) como diversidad biológica y ambiental, y se funde siempre en relaciones sinérgicas, que se hilan en niveles históricos y profundos de la existencia con memorias colectivas, construcciones simbólicas, comportamientos, hábitos, sistemas y formas productivas, tecnologías, arreglos institucionales, redes y estructuras sociales (Capra, 1994 citado en ^{Sosa Velásquez, 2012: 17}).

En ese sentido, el territorio no es solamente un objeto físico, sino un todo relacional que forma parte de la sociedad y, por lo tanto, es indisociable de la misma (^{Haesbaert, 2013}), para este autor, el territorio se puede concebir desde cuatro concepciones recurrentes: la primera hace referencia a la tradición jurídico-política, que lo define como espacio de control, gestión y planificación, delimitado y delimitable. Es un espacio concreto constituido por límites y fronteras, existe un poder (por lo general el Estado) que se impone espacialmente y se naturaliza a través de la propia concepción de territorio, de su soberanía (^{Paz Salinas, 2017}). En segundo lugar, se encuentra la concepción naturalista, destaca características físicas y biológicas como aspectos que delimitan; alude al territorio como algo dado, preexistente, natural. Espacio físico apropiado, soporte material de la vida (^{Paz Salinas, 2017}). En tercer lugar, representa una fuente de recursos y base material de existencia; se relaciona a los “usos que la población hace de los recursos naturales […]. Articula sistemas sociales y ambientales, e incluye la forma en que se distribuyen los recursos” (^{Arreola Muñoz y Saldívar Moreno, 2017: 229}).

La cuarta concepción apunta a la dimensión cultural que destaca contenidos simbólicos. El territorio es el resultado de la articulación entre una población con su espacio y se vincula con los procesos de configuración de identidades colectivas, al ser escenario donde éstas se realizan, aludiendo a las raíces más profundas que le dan vida al sentimiento de su ser colectivo, anclado a la historia de un lugar. Incluyen rasgos distintivos de comportamiento; formas particulares de vestimenta, fiestas de ciclo anual, ritos específicos que acompañan el ciclo de vida, danzas lugareñas, recetas de cocina locales (^{Giménez, 1999}).

De acuerdo con lo expresado, el resultado de la apropiación y valoración de un espacio determinado puede ser de carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. Dicho de otro modo:

el territorio responde en primera instancia a las necesidades económicas, sociales y políticas de cada sociedad, pero su función no se reduce a esta dimensión instrumental: el territorio es también objeto de operaciones simbólicas y una especie de pantalla sobre la que los actores sociales (individuales o colectivos) proyectan sus concepciones del mundo. Por eso el territorio puede ser considerado como zona de refugio, medio de subsistencia, fuente de recursos, circunscripción político-administrativa; pero también como belleza natural, objeto de apego afectivo, tierra natal y lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria colectiva (^{Giménez, 1999: 29}).

^{Haesbaert (2013: 13)} advierte que “el territorio siempre está vinculado con el poder y con el control de procesos sociales mediante el control del espacio”. Por su parte, ^{Sosa Velásquez (2012)} reconoce al territorio como objeto y espacio de poder, de dominio, ejercido por intereses y actores dominantes, bien puede tratarse del Estado como configurador de primer orden, aunque también pueden emerger otros; comunidades, pueblos, familias e individuos, cada uno con recursos, capacidades y facultades diferenciadas para ejercer poder sobre el territorio. En concreto

se designa territorio a la existencia de un espacio geográfico y de un sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de poder, una calidad de poseedor o una facultad de apropiación. La relación de pertenencia o de apropiación no se refiere a vínculos de propiedad sino también a aquellos lazos subjetivos de identidad y afecto existentes entre el sujeto y su territorio. Ese sujeto individual o colectivo contiene generalmente una porción de poder suficiente para incidir en la transformación de ese territorio. El territorio es, pues, el espacio geográfico revestido de las dimensiones política, identitaria y afectiva, o de todas ellas (Montañez, 2001, citado en ^{Ventura Patiño, 2011: 14-15}).

Al considerar el territorio como un espacio en el que se ejercen relaciones de dominio y control, es posible deducir que cualquier modificación que implique una transformación en su estructura (en el sentido económico, político, jurídico-legislativo o subjetivo) puede suscitar un conflicto entre actores que se disputan su posesión, control y dominio. Entonces, los conflictos territoriales “son el resultado de los procesos de autodeterminación, confrontación de élites y centros de las luchas por establecer relaciones de poder” (^{Gómez Contreras, 2009: 137}). Complementa la idea Manzanal y Arzeno al indicar que se trata de

disputas que se hacen públicas entre distintos actores por recursos. En general este tipo de conflictos enfrenta a los sectores subalternos con los vinculados al poder dominante, en contiendas, en muchos casos históricas, por la tierra, el agua, la biodiversidad y la infraestructura (^{2010: 204}).

En consecuencia, los conflictos territoriales representan estados de tensión entre actores (^{Cruz Gallach, 2008}). Los límites podrían entenderse como formas de estructuración política que pueden ser ajustadas, cambiadas o inclusive derrotadas por los mismos actores colectivos, pero cuya delimitación expresada como límite establece modelos para la distribución del poder; formas internas de organización y división política que consolidan el sistema de autoridad y definen su configuración (^{Gómez Contreras, 2009}).

Ante la emergencia de un conflicto territorial se puede promover la movilización social, que también suele ser un indicador de la falta de participación de la ciudadanía durante los procesos de planificación o toma de decisiones sobre sus territorios. Y, es que “a menudo la protesta y el conflicto surgen como (únicas) alternativas de los ciudadanos para expresar sus propias opiniones, deseos e intereses” (^{Cruz Gallach, 2008: 385}).

Al considerar el vínculo que existe entre actores y su territorio, el conflicto puede ser un factor disruptivo que motive la emergencia de procesos de acción colectiva, de tal forma que, aludiendo a su sentido de pertenencia y apego afectivo, el actor estará dispuesto a participar en su defensa, en un marco de relaciones de poder. En suma, el territorio se convierte en el espacio donde se expresan relaciones, interacciones y comportamientos que ejecutan los actores sociales propiciando así la acción colectiva.

De modo que los actores son capaces de actuar de manera organizada por la defensa de su territorio, por el sentido de pertenencia que le atribuyen, pero también, por su condición de sujetos agraviados, es decir, la valoración que se hace sobre lo justo y lo injusto, que los lleva a exigir la restitución del daño al que sienten que fueron sometidos. Aunque ^{Meneses Reyes (2016)} alude al hecho de que el agravio por sí mismo no produce automáticamente un proceso de acción colectiva, es una forma de dar sentido a la acción como método de confrontación y resistencia a la dominación que resulta de la ruptura de las reglas sociales que mantienen a una comunidad cohesionada.

Como lo explica ^{Tilly (1978)}, la acción colectiva es el producto de intereses cambiantes, organización, movilización y oportunidad que motiva a los participantes para alcanzar un fin común determinado por los recursos que detenten. Para ^{Tarrow (2012)}, la protesta colectiva ha de ser estudiada tomando en cuenta los mecanismos y recursos internos de la organización y su respuesta a las oportunidades políticas a través del uso de formas conocidas, modulares y repertorios de acción colectiva. Se trata de rutinas alternativas de acción colectiva ejercidas por las personas en un tiempo y lugar determinados, que se adaptan a las circunstancias inmediatas y a las reacciones de los antagonistas, autoridades, aliados y otros involucrados en el conflicto (Tilly, 2005, citado en ^{Orellana Águila, 2017}).

Desde la perspectiva de ^{Melucci (1991)}, la acción colectiva es el resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones, en donde los individuos que actúan conjuntamente construyen su acción mediante inversiones organizadas. En todo caso, el ejercicio de la acción colectiva habla de actores que se sienten excluidos del sistema político y por medio de su acción buscan reconocimiento político y social como actor legítimo, es decir, se basan en principios de exclusión sistémica con aspiraciones para acceder a esquemas de poder (^{Zamora Lomelí, 2014}). Para el estudio de caso se derivan algunas dimensiones como la identidad colectiva con respecto al territorio y los repertorios de acción colectiva (como expresiones socioculturales aprendidas y utilizadas como medio para expresar una forma de protesta), a fin de comprender los procesos organizativos en torno al conflicto.

Desde este marco conceptual, metodológicamente este trabajo se realizó con una perspectiva de corte cualitativo, en tanto “proporciona mayor importancia a los procesos de interacción social, además de privilegiar la narración y con ella una comprensión del significado que los mismos protagonistas dan a una determinada realidad” (Della Porta, 2008, citada en ^{Poma y Gravante, 2016: 442}). La recopilación de los datos fue resultado del trabajo de campo realizado de febrero a junio de 2019 en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, Estado de México.

En concreto, se utilizó la técnica de observación participante que permitió el acercamiento con el grupo “Juan Corrales” para registrar sus dinámicas a partir de dos niveles: a) endógeno, es decir, en sus espacios de organización como asambleas, reuniones, mítines y marchas para conocer su estructura, grados de participación y asignación de tareas, así como recursos para la movilización; y b) exógeno, en el que se identifican las redes y alianzas que estableció con organizaciones y funcionarios públicos.

Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 20 actores clave como el dirigente del Grupo Social San Francisco (GSSF), ahora Grupo “Juan Corrales” (GJC), exintegrantes del GSSF, ejidatarios, simpatizantes y aliados, diputados y activistas de otras organizaciones. A través de las memorias, los datos y las experiencias que distintos actores aportaron se realizó la reconstrucción histórica del conflicto, lo que permitió reconocer momentos clave que incidieron en su configuración como actor colectivo y su perspectiva sobre la defensa del territorio; así como ser parte de la concepción polisémica del territorio pasando por su naturaleza jurídico-política, económica, naturalista y cultural, con el objetivo de comprender el proceso de apropiación, tanto en el plano instrumental-funcional como el simbólico-expresivo, donde se enfatiza la categoría identitaria para comprender la perspectiva sociocultural del territorio. Asimismo, se puntualizan los elementos teóricos de la acción colectiva como la identidad, la solidaridad, la red de alianzas y el sentimiento de agravio que son detonantes de tales procesos en contextos de conflicto y que ayudan a comprender el proceso de configuración del actor colectivo.

Para la reconstrucción del conflicto se recopilaron documentos y archivos históricos. Con la compilación de notas de los periódicos locales¹ y el registro en diario de campo se dio seguimiento al conflicto en esta última etapa y se realizó una clasificación de los repertorios de acción, que se dividen en: repertorios de comunicación (toque de campana, redes sociales, perifoneo, asamblea general, reuniones informales); repertorios de negociación (mesa de diálogo con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y otras instituciones); repertorio de construcción de alianzas (asistencia a eventos de otros grupos, marchas unitarias, alianzas con diputados); repertorio cultural (foros, talleres y jornadas culturales), y repertorio de contención (bloqueo y toma de edificios). Finalmente, se recurrió a la técnica de triangulación de los datos para verificar la información conseguida a través de la observación participante y las entrevistas (^{Poma y Gravante, 2016}).

2. San Francisco Tlalcilalcalpan. El territorio que se disputa

San Francisco Tlalcilalcalpan es una comunidad que pertenece al municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Asentado entre una llanura y un lomerío, San Francisco se caracteriza por tener suelo de tipo andosol y vertisol en donde se practica la agricultura de temporal anual (^{Martínez Álvarez y Vicencio Carballo, 1998}). De acuerdo con datos consultados a partir del 2018 en el Sistema Padrón e Historia de Núcleos Agrarios (PHINA), San Francisco posee un total de 3414.29 hectáreas de tierra, que la hace ser la comunidad con la superficie ejidal más grande del municipio, de ellas, se destinan 1687.02 hectáreas para tierras de uso común, se trata de una área boscosa en donde abundan árboles de pino, encino y oyamel, es lugar de recarga para mantos acuíferos y ojos de agua, además es zona de extracción de recursos forestales no maderables como leña, hongos, musgo y tierra de monte. Actualmente, el ejido se encuentra bajo la posesión de 766 ejidatarios.

La comunidad se caracterizaba por sus actividades productivas como siembra de maíz, cebada, trigo y frijol, y la crianza de animales domésticos; actividades que han sido desplazadas debido al crecimiento de la población y configuración del suelo (tierras dedicadas a la siembra que pasaron a ser fraccionamientos o casas particulares) (^{González de la Cruz, 2017}). Este hecho se puede explicar por su cercanía con la planta productiva en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), segunda área industrial más importante del Estado de México, según la denomina ^{Sollova (2008)}, y que se compone actualmente del municipio de Toluca y cinco municipios vecinos (Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco y Zinacantepec). Con el avance de la industrialización se inició una lenta transformación territorial en donde los municipios, principalmente rurales, se han ido incorporando a la zona metropolitana, en la que tanto Almoloya de Juárez y Zinacantepec proporcionan importante fuerza laboral (^{Sollova, 2008}).

El contexto urbano-rural en el que se desarrolla San Francisco, entre otras cosas, ha provocado el abandono de la agricultura como práctica central y base económica para el sustento de las familias, no obstante, el pasado agrícola se ancla en la dimensión cultural y en la memoria colectiva. Además, desempeña una función importante dentro de la organización social y territorial que alimentan en la población su unidad e identidad, y se refleja principalmente en sus festividades y tradiciones (^{González Ortiz, 2014}).

Fuente: elaboración propia con base en datos del Registro Agrario Nacional (^{PHINA, 2020}).

Mapa 1 San Francisco Tlalcilalcalpan y su ejido 

3. Resultados y discusión

4.2. Etapa 2. Movilización e instalación de la mesa de diálogo con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México (mayo 2018-enero 2019)

En asamblea general, con fecha de 27 de mayo de 2018, el grupo planteó la estrategia basada en la movilización como medio de presión política. Dicho evento marcó el inicio de la segunda etapa del conflicto, caracterizada por la participación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), quien canalizó el caso y funcionó como intermediaria entre los gobiernos municipales y el GJC para la resolución del conflicto. Aprovechando la coyuntura que se había dado al interior de la comunidad, la comisión de representantes del grupo “Juan Corrales” buscó el diálogo y la negociación con las instituciones del Estado de México.

Posteriormente se concretó una reunión con la SJDH el 11 de junio de 2018, en donde se expuso ante el secretario de Justicia, el director de Legalización, el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno y el subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, la situación del conflicto, así como su solicitud para sostener una audiencia con el gobernador del Estado. Desde este momento, la movilización del grupo fue una constante, en total se llevaron a cabo 14 acciones colectivas (manifestaciones, acciones de comunicación y reuniones, entre otras) (Tabla 2), que corresponde al mismo número de encuentros entre disidentes y funcionarios del gobierno en Toluca.

Tabla 2 Repertorios de acción utilizados en la segunda etapa del conflicto 

		a/m/d	2018																																2019
	Rep.		Junio					Julio										Agosto							Sep.		Octubre				Nov.		Dic.		Enero
			4	6	11	24	25	5	8	9	15	16	19	22	23	26	29	1	3	5	10	14	19	27	11	29	3	5	10	30	11	16	3	5	16	27
Comunicación	Toque de campana		x		x		x			x					x							x		x	x				x	x		x		x	x
	Redes Sociales		x		x	x	x			x					x	x						x		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Volanteo/Perifoneo		x		x	x	x			x					x							x		x	x				x	x	x	x		x	x	x
	Asamblea General					x																									x					x
	Reuniones informales y en barrios			x				x	x		x	x	x	x			x	x		x	x					x	x
	Conferencias de prensa																																x
Neg.	SJDH		x		x		x			x					x							x		x	x				x	x		x		x	x
	Otras instituciones															x												x
Alianzas	Asistencia a eventos de otros grupos																			x			x
Contención	Bloqueo		x
Simbología

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación realizada de los repertorios de acción colectiva.

El establecimiento de un municipio se da a partir del cumplimiento de las disposiciones marcadas en la Ley para la Creación de Municipios del Estado de México², aunque fue abrogada el 3 de septiembre de 2010. En ese marco, la SJDH funcionó como vínculo entre el GJC e instituciones como la Secretaría de Comunicaciones, Desarrollo Urbano, Consejo Estatal de Población (Coespo) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y representantes de Almoloya de Juárez y Zinacantepec, a fin de obtener la información necesaria e integrar una carpeta con los requisitos señalados, misma que procedería a ser analizada y sometida a aprobación por la Cámara de Diputados del Estado. Si bien la información solicitada llegó paulatinamente, los gobiernos municipales mostraron resistencia a proporcionar datos referentes a los ingresos y egresos de la comunidad, generando momentos de tensión que finalmente llevarían a la ruptura de negociaciones entre la SJDH y el GJC.

Esta etapa del conflicto se caracterizó por la interacción sostenida entre el GJC y la SJDH dentro de la arena política, que se trata de un ámbito institucionalizado de participación que permite la expresión de distintas posiciones en juego. “Una arena política ayuda a que la distinción entre ―nosotros― y ―los otros― adquiera contenido (negación, opresión), se demanda a los otros el cumplimiento de las obligaciones, el respeto a los derechos, la satisfacción de los agravios” (^{Cuéllar, 1992: 464}). Aunque se reconoce el papel de la SJDH y su condición de intermediarios, la falta de disposición para dialogar de los representantes de los gobiernos municipales y del mismo gobernador del Estado contribuyó a incrementar la tensión en el conflicto. En concreto, la acción colectiva puede verse como una figuración: un tejido de interdependencias entre jugadores, un juego de cooperación y conflicto, una balanza de poder cambiante (^{Guerra Manzo, 2014}).

4.3. Etapa 3. El conflicto se intensifica. De la ruptura de negociaciones (febrero 2019-marzo 2019)

Después de ocho meses, el grupo “Juan Corrales” y representantes de la SJDH sostuvieron una mesa de diálogo y negociación para la resolución del conflicto, derivado de los obstáculos impuestos por parte de los representantes de los gobiernos municipales para otorgarles información respecto a los montos aproximados de ingresos y egresos que conformarían la hacienda pública del nuevo municipio, no obstante, los actores decidieron dar un giro a su actuar colectivo.

Así, esta etapa del conflicto se caracteriza por la ruptura de negociaciones, un fuerte cuestionamiento a las autoridades municipales y estatales y el uso de nuevos repertorios de acción colectiva (Tabla 3) por parte de los actores para la consecución de sus objetivos. En estos casos, “cuando los medios institucionales no son suficientes para alcanzar sus metas, entonces los individuos pueden, de acuerdo con sus condiciones sociales, políticas y culturales, elegir por la conformidad, la innovación o la renuncia” (^{Tamayo, 2016: 73}).

Tabla 3 Repertorios de acción utilizados en la tercera etapa del conflicto 

		a/m/d.	2019.
	Rep.		Febrero																	Marzo
			6	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	23	25
Comunicación	Redes sociales		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
	Volanteo/perifoneo		x		x							x							x			x			x										x				x
	Asamblea General
	Reuniones informales			x
	C. de Prensa
Neg.	SJDH		x									x													x
Alianzas	Plantón				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Asistencia a eventos de otros grupos																										x
	Reuniones y marchas unitarias							x																														x	x
	Diputados										x		x			x	x					x											x
Cultural	Foros/talleres					x	x	x					x	x	x															x
	J.Culturales		x		x									x	x										x													x
Contención	Bloqueo																																						x
	Toma de edificios																																		x				x
Simbología

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación realizada de los repertorios de acción colectiva.

Este punto corresponde a una fase de intensificación del conflicto, caracterizada por una combinación de participación organizada y una secuencia de interacción intensificada entre disidentes y autoridades (^{Tarrow, 2012}). Estas acciones dejaban clara la posición del grupo, no habría negociación hasta establecer una audiencia con el gobernador del Estado de México, y finalmente el 6 de febrero de 2019 se rompió la mesa de diálogo.

Un hecho muy importante que marcó esta etapa fue la instalación de un plantón en la Plaza de los Mártires en el centro de Toluca, frente al edificio de Palacio de Gobierno. El plantón llegó como una estrategia de presión con implicaciones importantes: 1. Fue una acción que desencadenó solidaridad, su presencia en la ciudad le otorgó reconocimiento por parte de los habitantes en general, forzando a las autoridades a recibirlos, escucharlos y negociar de nuevo con ellos; 2. El tiempo de permanencia del plantón permitió que el GJC estableciera alianzas con diputados, principalmente del grupo parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (Morena), bajo el supuesto de que apoyarían la iniciativa de ley una vez que ésta llegara a la Cámara de Diputados y; 3. Definió el inicio de las alianzas que se establecieron con otras organizaciones y grupos, como es el caso del Frente Popular Revolucionario (FPR), las comunidades de San Felipe de la Rosa (SFR), Temoaya y Tejupilco, quienes se posicionaron como aliados importantes. En conjunto buscaban visibilidad y fuerza para que el gobernador del Estado de México pudiera atenderlos, y específicamente San Felipe de la Rosa compartía demanda con San Francisco Tlalcilalcalpan, pues buscaba ser reconocido como un municipio indígena mazahua.

La mesa de diálogo se reanudó el 21 de febrero de 2019 y los integrantes de la Secretaría prometieron continuar con el acompañamiento, no obstante, el 6 de marzo se informó a la comisión sobre una demanda antepuesta a las autoridades encargadas de llevar el caso por personas de San Francisco que se oponían al proyecto de la creación de un nuevo municipio, por lo que se decretó la suspensión de la mesa de diálogo.

Debido a las continuas rupturas con la mesa de diálogo, la interlocución con los representantes de gobernación se tornó en una situación cada vez más complicada para la comisión y su objetivo de conseguir la creación de un nuevo municipio. Asimismo, se presentó un escenario de represión, llevando al conflicto a su punto máximo con el desalojo del plantón que mantenían los manifestantes en el zócalo de la ciudad, la madrugada del 16 de marzo. El desalojo del plantón derivó en movilizaciones de mayor convocatoria por parte del actor colectivo, esta vez fortalecidos por su red de aliados. La negociación vía institucional había sido bloqueada, por lo que la protesta a través de marchas y manifestaciones fue el repertorio más recurrente. Así finalizó esta etapa del conflicto para el actor colectivo.

4.4. Etapa 4. Sobre la entrega de la carpeta técnica para promover la iniciativa de ley “Juan Corrales” (abril 2019-junio 2019)

El quiebre de las relaciones con la SJDH a nivel estatal orilló al dirigente del grupo a considerar otras acciones, tales como resolver la demanda legal y hacer llegar la propuesta, esta vez a nivel federal. De manera que, el 14 de mayo participantes en compañía del FPR organizaron una “jornada de lucha” frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México (Tabla 4). El caso fue canalizado por la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, que instruyó a la SJDH hacer entrega de la carpeta técnica con los requisitos que acompañarían la propuesta de ley. Si bien la entrega de la carpeta representó un triunfo para la comisión, el conflicto no se solucionó y, además, con esta acción el gobierno dio por terminada su relación con el grupo, marcando un bloqueo para la resolución por la vía institucional.

Tabla 4 Repertorios de acción utilizados en la cuarta etapa del conflicto 

		a/m/d	2019
	Rep.		Abril					Mayo					Junio
			9	10	13	27	28	1	12	14	21	28	2	20
Comunicación	Redes sociales			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	Volanteo/perifoneo			x			x	x	x	x	x		x	x
	Asamblea general						x		x				x
	Reuniones informales
Neg.	SJDH										x			x
	Otras Instituciones									x		x
Alianzas	Asistencia a eventos en otros grupos		x
	Reuniones y marchas unitarias			x				x		x	x	x		x
Cultural	Foros/talleres				x		x
	J. Culturales					x
Contención	Bloqueo							x		x	x			x
	Toma de edificios													x
Simbología

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación realizada de los repertorios de acción colectiva.

En esta última etapa se muestra un descenso o una fase de agotamiento que no necesariamente implica el fin del actor y la acción colectiva, sino que habla de un momento en que la movilización decae, producto de las tácticas utilizadas por el gobierno que van de la disuasión, el bloqueo institucional a la represión. Por otra parte, después de un año de movilizaciones, negociaciones y rupturas el GJC hizo una pausa con respecto a sus repertorios de acción, y también se planteó la necesidad de llevar a cabo una reconfiguración interna de su organización, debido a que muchos participantes estaban desanimados y habían abandonado el grupo, lo que representaba una pausa para lograr la recuperación de su territorio.

Conclusiones

San Francisco es un territorio que ha sido sometido a constantes modificaciones, que incluyen el cambio de administración, la modificación por los límites territoriales y la ausencia de representatividad política. Su historia es una interacción constante de la comunidad y los municipios con los que colinda y a los que ha pertenecido, una dinámica que expresa el ejercicio de poder sobre este elemento en disputa; intereses opuestos expresados en un camino que no acaba y, por lo tanto, el conflicto continúa vigente.

El agravio que supone la modificación realizada a los límites territoriales por parte de los representantes del gobierno estatal y municipal, sin realizar un proceso de consulta y sin tomar en cuenta el valor que le dan a la tierra, fueron elementos clave para la conformación del actor colectivo conocido como Grupo “Juan Corrales”, el cual a partir del 2018 emprendió una serie de acciones con las que se visibilizó e hicieron explícitos sus objetivos y demandas, enfocadas principalmente en la recuperación, pleno derecho y control sobre su territorio.

La defensa por el territorio se convirtió en el principio fundamental alrededor del cual se tomaron las decisiones como organización y desde el cual se posicionó como adversario, retando al gobierno en sus diferentes niveles. En todo, la dimensión identitaria en relación con el territorio constituye un factor de cohesión social que se suma a los elementos de la acción colectiva, por lo tanto, resalta en el marco de apropiación territorial que da sentido a la idea de defensa del territorio que se ha presentado en este trabajo.

Es decir, además de cumplir una función utilitarista y material, política y económica, es valorado en términos simbólicos y culturales. Al territorio se le otorga sentido de pertenencia y es resultado de la percepción de quien lo habita. Por lo tanto, constituye un factor de cohesión social que ha repercutido en la afirmación de identidades y justifica la existencia de este actor que se posiciona en defensa del territorio, en contraposición a quien considera enemigo por los intereses opuestos que pretende en el mismo y que se manifiesta por la modificación a los límites territoriales que implican una afectación a su cultura, organización comunitaria, en concreto, a su forma de vida.

Por otra parte, detallar el conflicto a través de etapas ha permitido analizar el ciclo que ha seguido la acción colectiva y su dinámica, producto de las interacciones sostenidas entre autoridades, intermediarios, disidentes y aliados. El uso de repertorios de acción estuvo sujeto a los escenarios cambiantes que incluyen la negociación, quiebre de relaciones y represión. Aunque destaca la capacidad de organización y movilización del grupo, no fueron condiciones suficientes para enfrentar al gobierno y contrarrestar sus tácticas de disuasión, bloqueo de la vía legal para el conflicto y el uso de la represión.

En ese sentido, el gobierno del Estado de México, como adversario, se posicionó como un actor capaz de utilizar estrategias para la desarticulación de la acción colectiva, y aunque en la última etapa del conflicto se muestra un descenso o fase de agotamiento no necesariamente implica el fin del actor y la acción colectiva. El grupo “Juan Corrales” es la representación de un actor colectivo en constante reorganización, cuyo futuro también dependerá del análisis que hagan a sus estrategias organizativas, su red de aliados, su disponibilidad de recursos para la acción y el uso de nuevos repertorios para la movilización.

Hasta el momento el conflicto no se ha resuelto en función de criterios democráticos en el sentido estricto, las acciones del grupo “Juan Corrales”, como actor colectivo, no tuvieron impacto ni posibilidades de incidir en las estructuras del Poder Legislativo y Ejecutivo para promover su iniciativa de ley, a pesar de las alianzas que generó con diputados del Partido Morena, lo que habla de una estructura política cerrada, con muchas limitaciones para atender y dar solución a las demandas de la población. En ese sentido, la misma ley para la creación de municipios representa una limitante, la decisión recae en los representantes de los congresos estatales e imposibilita a los pobladores decidir cómo integrar sus ayuntamientos, en conjunto, cómo decidir sobre sus territorios.

La defensa por el territorio implica un continúo ejercicio colectivo, un anhelo por la distribución y asignación justa de recursos, una búsqueda continúa de autonomía, que se conjuga con los sueños y aspiraciones para conservar lo que les pertenece; el territorio: herencia para las nuevas generaciones, espacio que guarda sus relaciones más profundas, lugar en donde son y al que pertenecen.