Reseñas

 

Productores de alimentos y el mercado: el desafío de las competencias

 

Food producers and the market: the challenge of competents

 

Bruno Lutz

 

Rubio, Blanca (coord.) (2013), La crisis alimentaria mundial: impacto sobre el campo mexicano, Miguel Ángel Porrúa-DGPA-IIS-UNAM, México, 304 pp. ISBN: 978-607-02-4018-8

 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco Correo-e: brunolutz01@yahoo.com.mx

 

Recibida: 13 de marzo de 2014.
Aceptada: 26 de marzo de 2014.

 

Esta compilación de estudios sobre los orígenes y efectos de la crisis alimentaria para los agricultores mexicanos tiene, entre otros méritos, el de presentar una visión caleidoscópica de una problemática de crucial importancia: los alimentos, su producción, distribución y accesibilidad. Indudablemente, la seguridad alimentaria se ha convertido en el tema de mayor importancia en esta segunda década del siglo XXI. Blanca Rubio, coordinadora de esta estimulante obra colectiva, nos ofrece una perspectiva global de análisis con los dos primeros capítulos de su autoría, uno trata el mercado mundial de alimentos y el segundo se refiriere a la crisis de la tortilla en México.

Este panorama económico-financiero es complementado por estudios de caso en el Estado de México, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Chihuahua. Así, el libro La crisis alimentaria mundial: impacto sobre el campo mexicano presenta a la vez enfoques globales y estudios locales sobre la inseguridad alimentaria. Su lectura permite esbozar una síntesis personal de las conductas grupales de sobrevivencia de quienes tienen en común el ser a la vez productores y consumidores de alimentos.

Blanca Rubio nos recuerda que en 2007 estalló la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos a causa del endeudamiento generalizado de la población y la poca vigilancia del mercado de futuros y derivados. Luego, este desarreglo del mercado se manifestó en forma de una crisis energética que convirtió el mercado de futuros del petróleo en un sector atractivo para los inversionistas. Esta debacle financiera mundial tuvo repercusiones múltiples. En una obra muy sugerente "La crisis: el despojo impune", Jean Robert analiza precisamente el efecto dominó de la crisis que pasó de lo inmobiliario a lo financiero, y luego al petróleo y lo alimentario. Por su parte, Blanca Rubio denomina la crisis del petróleo y la crisis de granos como crisis gemelas porque siguieron, grosso modo, una misma evolución los dos años siguientes al 2007.

La búsqueda incesante de mayores ganancias en un contexto general de incertidumbre de los mercados financieros conllevó una tendencia hacia la financiarización del sector agroalimentario, es decir, inversiones para generar una plusvalía inmediata que perjudica directamente al sector productivo, o mejor dicho, que desestabiliza artificialmente los mercados y afecta a los pequeños productores de los países del sur.

La conversión de materias primas estratégicas (granos básicos) en objeto privilegiado de especulación cambió drásticamente el uso de los alimentos. Especular con los granos básicos mediante la limitación de las exportaciones, la reducción intencional del volumen de producción, el incremento del volumen de alimentos destinados para los biocombustibles, la firma de contratos pre-producción, etc. tuvo un efecto negativo sobre los pequeños agricultores que carecen de capital. El incremento de los precios en el mercado internacional no benefició a los productores, quienes vieron subir de manera vertiginosa el precio de los fertilizantes. "En este contexto, las otrora empresas agroalimentarias abocadas a los alimentos se van convirtiendo en empresas que, además de este rubro, incursionan en la producción y distribución de energía, y son punta de lanza en la inversión especulativa con los futuros de las commodities" (p. 45).

El proceso de concentración de la producción agrícola conllevó el aumento del tamaño de las explotaciones y la disminución de la población económicamente activa en el sector primario. La industrialización de la agricultura masificó la precarización laboral de los campesinos, quienes se vieron forzados a buscar otras fuentes de ingreso. También el cambio climático, parcialmente relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero por la ganadería intensiva y la deforestación, tiende a incrementar la incertidumbre de la producción agrícola.

En los países desarrollados, el precio de los bienes básicos está por debajo del costo de producción gracias a los elevados subsidios a los grandes productores, pero aún así estos precios se impusieron como precios referentes en el mercado mundial. Esta situación incrementó las desigualdades entre los países industrializados y los demás, al grado de que tres cuartas partes de las naciones se volvieron alimentariamente dependientes.

La peligrosa política neoliberal de acentuación de los desequilibrios entre la producción y la oferta de alimentos ha provocado crisis políticas en varios países en desarrollo, tal es el caso de Haití, Túnez, Nigeria y Kenia. Con el aumento del precio de los alimentos básicos entre 60 y 70%, el número de personas con hambre en el mundo pasó de 920 millones, en 2008, a 1,020 millones el año siguiente.

Frente a un problema de gran magnitud, la FAO convocó a cuatro cumbres mundiales y prometió implementar programas de ayuda con recursos que, en los hechos, alcanzaron apenas 10% de lo prometido. En 2011 perduraban los problemas estructurales del subconsumo y sobreacumulación, por lo que la autora asevera que no se trató de una crisis financiera sino de una crisis del modelo de crecimiento. Blanca Rubio parte de la hipótesis de que la crisis alimentaria mundial de 2008 y 2010 "expresa la fractura del orden agroalimentario global pero, a la vez, su gran contenido financiero la coloca en el corazón del declive del modelo neoliberal" (p. 12).

A nivel nacional, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 acentuó la dependencia alimentaria de México con Estados Unidos, ya que el gobierno nacional reorientó la política interna de subsidios hacia un selecto grupo de grandes productores de Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.

En 2009, 10% de los productores concentraron 53% de los recursos de Procampo, mientras que 10 entidades federativas acapararon 64.2% de los apoyos gubernamentales para el campo. La política neoliberal que favorece la focalización territorial vuelve al sector maicero más vulnerable.

En 2007, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) permitió que 1,500 mil toneladas de maíz blanco fueran vendidas en el mercado norteamericano, lo cual generó un virtual desabasto interno e incrementó 40% el precio de la tortilla. Esta crisis de la tortilla sucedió también al vencimiento del periodo de 15 años para liberar de aranceles de importación los productos agrícolas de Estados Unidos y Canadá.

Aunque esta crisis fue apagada rápidamente mediante el otorgamiento de subsidios masivos a las agroempresas del sector maicero, tuvo consecuencias deletéreas sobre la situación alimentaria de los hogares más pobres. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (Coneval), el porcentaje de hogares que experimentó inseguridad alimentaria severa en México pasó de 8% en 2008 a 17% en 2009.

En el transcurso de los últimos años se agudizó esta polarización de la agricultura mexicana autosuficiente en maíz blanco, y dependiente en todos los demás cultivos básicos. El incremento de producción de maíz grano en la primera década del siglo XXI muestra, según Blanca Rubio, la capacidad de respuesta a las condiciones del mercado, de los cuatro tipos de productores: pequeño, mediano, grande y agroempresa.

Habría sido interesante que la economista pudiese precisar los indicadores empleados para construir esta taxonomía de los maiceros mexicanos, ya que el tamaño de la parcela para determinar la categoría del agricultor varía según la región del país (alguien que trabaja con 50 hectáreas es un pequeño agricultor en el norte, mientras que es un productor mediano en el centro y sur del país).

La gran diversidad del sector maicero dificulta las generalizaciones pero, aún así, puede afirmarse que la gran mayoría de las unidades familiares rurales se caracteriza por su pluriactividad y una producción maicera de autoconsumo. Estas dos características permitieron a las familias campesinas amortiguar los efectos de la crisis de la tortilla.

Beatriz Cavalloti, quien estudia la evolución de los precios, del consumo y de la importación de carne a México, concluye también que la crisis alimentaria de 2007 no tuvo efectos notables sobre el consumo de carne de las familias mexicanas porque las agroempresas transnacionales recibieron importantes apoyos gubernamentales para no transferir a los consumidores la elevación del costo de los insumos (fertilizantes en el caso de agricultura y alimentos en caso de la producción cárnica), pero aún así los pequeños y medianos ganaderos tuvieron muchas dificultades para enfrentar la competencia desigual en un mercado abierto.

La tendencia histórica hacia el aumento del tamaño de los hatos y el uso concomitante de tecnología para elevar la productividad provocó la paulatina desaparición de las granjas menos competitivas. La cría de animales de traspatio para autoconsumo —actividad asignada generalmente a las mujeres y niños— y la alimentación de esos animales con maíz de su milpa, mezclado o no con insumos industriales, se ha mantenido como una actividad no comercial que consolida la seguridad alimentaria de los hogares campesinos.

Frente a esta búsqueda de la mejor manera para asegurar las necesidades básicas de los miembros de la familia, se despliegan estrategias agrícolas de corte industrial. A la lógica del equilibrio alimentario del campesino pobre se opone la lógica de acumulación de ganancias del agroempresario. El fomento de monocultivos con agroquímicos dañinos para el hombre y el medio ambiente se inscribe en una perspectiva capitalista de aumento constante del capital. Incluso se dan nuevos usos comerciales a las plantas cultivadas.

Michelle Chauvet y Rosa Luz González analizan precisamente la relación entre la crisis alimentaria y los biocombustibles en México. Esta política energética de progresiva sustitución del petróleo, como fuente de energía por productos agrícolas cultivados de manera intensiva, reproduce desigualdades económicas, desestabiliza el mercado mundial de alimentos y es viable a merced de importantes subsidios. Pero por el otro lado, los combustibles fósiles son finitos y las reservas de hidrocarburo se agotan, incluso en México.

La disminución de la dependencia petrolera de los países industrializados va de la mano con una mayor dependencia alimentaria de los países en desarrollo. El anuncio del programa de etanol en los Estados Unidos provocó un aumento de 60% del precio internacional del maíz entre 2005 y 2007. Fue el inicio de una nueva competencia entre la producción de alimentos y los biocombustibles.

Los países del norte pretenden proteger su seguridad alimentaria por lo que financian cultivos bioenergéticos en regiones del sur, con excepción de Estados Unidos y Brasil. Los alimentos pasaron de ser utilizados para el consumo humano y animal, a ser objeto de especulación financiera e insumo para los transportes. Cabe recordar aquí que Ivan Illich, en su conocida obra Energía y equidad, profetizó las consecuencias dañinas de la masificación de un parque vehicular destinado esencialmente al transporte individual, la tendencia hacia el aumento de las distancias recorridas diariamente y la aceleración de las velocidades de transportación.

Además, el balance energético es desfavorable a los biocombustibles: se gasta más energía de la que se obtiene, y el monocultivo de palma en Malasia e Indonesia, por ejemplo, provoca graves daños ambientales que afectan prioritariamente a las tribus selváticas.

En México, la producción de bioenergéticos es insignificante debido a la fuerte resistencia para emplear maíz blanco como materia prima; precisamente, el proyecto de Destilmex en Sinaloa fue suspendido debido a la crisis de la tortilla en 2007, pero existe también el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) que incluye la operación de una planta de biodiesel en Puerto Chiapas e inversiones de la Unión Europea en ese sector, en el mismo estado (las zonas tropicales son más favorables) y, por su parte, el gobierno mexicano tiene un Plan Rector de la Palma de Aceite (2004-2014).

La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, en su versión revisada de 2008, excluye el maíz blanco como biocombustible. No obstante, "los campesinos e indígenas de Chiapas se han visto forzados a entrar a la reconversión productiva porque para jatropha y palma de aceite sí hay apoyos, pero para cultivos como maíz y frijol no los tienen" (p. 105).

Las autoras nos recuerdan que existen tres clases de biocombustibles: la primera generación que utiliza plantas alimenticias cultivadas en forma intensiva, la segunda que transforma desechos de la agricultura y maderería, y la tercera generación que opera con algas de alto contenido en aceite que no compiten con la alimentación humana, ni compiten por el uso del agua. Subrayan el papel dudoso de Pemex, empresa estatal que se destaca por gestiones turbias de cuantiosas cantidades de recursos pero que no invierte en la reconversión energética de biocombustibles e, incluso, frena la elaboración y comercialización de combustibles menos contaminantes.

Por otro lado, las investigadoras señalan que la utilización de la caña de azúcar como fuente de energía no es costeable debido a la reglamentación restrictiva que existe en México concerniente a la producción, transformación y venta del azúcar.

Kirsten Appendini y María Guadalupe Quijada se enfocan en la cadena maíz-tortilla en el periodo 2006-2010 en un artículo en dos partes: la polarización del mercado nacional por un lado, y la sobrevaloración comunitaria del maíz local por el otro. Con la desaparición de la Conasupo, el Estado distribuyó apoyos a los agentes que mejor aprovechaban las oportunidades del mercado.

Con un abundante uso de estadísticas y datos cuantitativos, las autoras muestran que tanto las condiciones de mercado como los apoyos gubernamentales favorecieron la emergencia de grandes productores de maíz en Sinaloa. Mientras tanto se mantuvo la producción maicera para autoconsumo por campesinos pauperizados.

El sector de transformación del maíz también está polarizado entre las tortillerías que usan o no molino de nixtamal y los grandes grupos empresariales (Maseca y Minsa). Con la crisis de la tortilla, el gobierno estimuló los flujos comerciales "beneficiando a los grandes productores y comercializadores, a fin de garantizar el consumo urbano" (p. 137). Ambas autoras defienden la hipótesis de que la calidad es un factor importante en las estrategias alimentarias de las poblaciones campesinas, con particular referencia a la tortilla: la producción para autoconsumo es garantía de calidad del maíz y sus productos derivados.

En Atlacomulco, la mayoría de los pobladores rurales cultivan maíz para autoconsumo; prefieren las tortillas hechas a mano. De hecho, la tortilla casera tradicional se ha vuelto un producto cotizado, por lo que las mujeres se autoemplean vendiendo en su poblado tortillas hechas a mano, fenómeno notorio en comunidades semi-rurales y localidades donde predomina un cultivo comercial del maíz. La tortilla no industrial se está convirtiendo en un producto gourmet, considerado por los habitantes del medio rural como un alimento básico, sano y dietético.

Al respecto, una excelente referencia para entender la importancia de la tortilla en la dieta de las poblaciones indígenas de esta zona del norte del Estado de México, es El taco mazahua de Ivonne Vizcarra, quien muestra que más allá de la infinidad de combinaciones de la tortilla en guisados diversos, sobreviven profundas y enraizadas representaciones colectivas en torno al maíz.

En el siguiente capítulo, la investigadora Aurora Martínez presenta un excelente análisis de las estrategias domésticas para asegurar el consumo diario de alimentos en tres poblados de Veracruz. Destaca que las condiciones ambientales y particulares de cada lugar influyen directamente sobre las conductas colectivas de los habitantes referentes a su alimentación. Asimismo, son tres las conductas de los cafeticultores veracruzanos que tratan de disminuir los riesgos inherentes a la comercialización del aromático. "A nivel localidad, encontramos que las alternativas para cubrir todas las necesidades más ingentes son, como en la mayoría de las localidades cafetaleras: la producción de autoconsumo, el trabajo asalariado del propio productor, mayor uso de la fuerza de trabajo familiar y, en algunos casos, las aportaciones y remesas de familiares que han emigrado" (p. 174).

A partir de una rica fuente de información de primera mano recolectada en trabajo de campo, la economista de la UNAM analiza los alcances de los productos de autoconsumo en la dieta anual de los hogares. Dentro de las estrategias para asegurar sus requerimientos alimentarios, los pequeños productores se las ingenian para cumplir mínimamente con las reglas de operación de los programas gubernamentales de apoyo y de esa forma obtener un ingreso más.

Por ejemplo, un cafeticultor entrevistado "ha tenido que comprar café cereza a otros productores más precarios que él, a fin de cumplir con la comprobación de la venta de café que oficialmente se exige para ser considerado en la entrega del subsidio al final del corte" (p. 176). Al margen de la lógica racional determinada por un cálculo empírico de costo/beneficio, los cafeticultores muestran una sorprendente flexibilidad para enfrentar las contingencias y asegurar la reproducción de la unidad doméstica. Su adaptación a un entorno cambiante (fluctuación de precios del mercado del café, modificación del sistema de ayuda, evolución del mercado de tierras, cambio climático, etc.) conlleva al abandono parcial de las actividades agrícolas para emigrar y trabajar en otros sectores. La migración afecta la cafeticultura, ya que escasea la mano de obra.

En su artículo sobre la racionalidad socioeconómica de los campesinos productores de café, Armando Bartra, Rosario Cobo y Lorena Paz Paredes recuerdan oportunamente que no hay cafeticultor campesino puro, ya que diversifican sus fuentes de ingreso. Lo que los autores denominan teología campesina, cuyo fin es la maximización del bienestar, debería incluir como correlativo la disminución tendencial de los riesgos agrícolas. En pos de teología campesina y de racionalidad campesina, quizá convendría más hablar de ingenio campesino para referirse al conjunto de conductas no siempre racionales y planeadas que el productor lleva a cabo en su vida diaria para aumentar sus ingresos.

Asimismo, la simulación y disimulación forman parte por completo del comportamiento socioeconómico del campesino. Contrariamente al espíritu capitalista de producción intensiva de un solo producto (el café, por ejemplo), el ingenio campesino en la era neoliberal privilegia la diversidad de actividades económicas, la solidaridad intrafamiliar, y mantiene viva una economía de prestigio que privilegia el gasto suntuario y de obsequios. "Diversidad que cuando es total o parcialmente de autoabasto, genera seguridad alimentaria, mejora en cantidad y calidad el consumo familiar y reduce sus costos monetarios" (p. 205).

Los años de buenos precios del café son años malos para las organizaciones de productores del Comercio Justo porque siendo poca la diferencia de precio entre el café convencional y el café orgánico, los socios suelen vender su producción a intermediarios o empresas como AMSA, filial de Starbucks. De hecho, los investigadores apuntan al coyotaje y los sobreprecios como la mayor amenaza de la seguridad alimentaria de las familias rurales, sobretodo las que viven en lugares apartados.

Las agrupaciones de productores permiten, hasta cierto punto, reducir la vulnerabilidad de los hogares campesinos asegurándoles ingresos mínimos por la venta de su café. La defensa colectiva de sus intereses se presenta como una alternativa viable a las desigualdades entre los agentes económicos.

Finalmente, Víctor Quintana redacta una crónica de las movilizaciones de las organizaciones rurales en Chihuahua a finales de la década del 2000. Narra los pormenores de las luchas en contra de las elevadas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Detalla también las diferentes movilizaciones colectivas para detener los cortes eléctricos de los pozos profundos en un ambiente de franca hostilidad: los políticos y funcionarios públicos, quienes mostraron una actitud autoritaria que llegó hasta el encarcelamiento y asesinato de líderes.

Con menos fuerza, las protestas en contra del maíz transgénico convocaron un sector agropecuario progresista vinculado con las cuestiones ambientales y los derechos humanos. El autor describe en forma periodística los incidentes de estos ciclos de violencia entre un Estado represor y organizaciones combativas que luchaban para garantizar la sobrevivencia de la agricultura en pequeña escala. Aunada a la insistencia de la CFE de cortar la luz a los productores de riego deudores a quienes anteriormente había aumentado la tarifa de más de cien por ciento; la mafia afianzó su penetración en el tejido social de los poblados rurales de Chihuahua forzando la reconversión productiva con la siembra de enervantes.

Esta violencia enquistada en los poblados contribuyó a fragilizar aún más la situación de los pequeños productores, una parte de los cuales se vio forzada a emigrar a los Estados Unidos de América. Un análisis más profundo de la lógica de acción de los agricultores chihuahuenses hubiera permitido quizá esclarecer mejor el papel del Estado en la criminalización del descontento, ya que la liberación total del mercado agropecuario fue acompañada por una restricción mayor de la libertad individual y colectiva.

En suma, la obra La crisis mundial. Impacto sobre el campo mexicano ocupa un lugar en la lista de publicaciones académicas contemporáneas sobre el campo, publicaciones que reúnen generalmente artículos de varios autores. Los maiceros, cafeticultores y ganaderos son objeto de una lectura cruzada que revela diferentes enfoques de análisis, pero también una misma preocupación: las modalidades colectivas de resolución del riesgo alimentario.

Los economistas mostraron en esta obra que la seguridad alimentaria está directamente vinculada a los ingresos del hogar y a las condiciones del mercado, pero al ser a la vez productores y consumidores de alimentos, las familias campesinas emplean múltiples estrategias para asegurar la reproducción de su fuerza de trabajo. Cuando las condiciones mínimas de sobrevivencia no están aseguradas pueden recurrir a la reconversión laboral, la migración e incluso la protesta. Asimismo, lejos de la etiqueta de ser conservador y renuente al progreso, el campesino mexicano enfrenta con ingenio y valor los desafíos de las competencias en la era del neoliberalismo.

 

Información sobre el autor:

Bruno Lutz. Francés. Doctor en ciencias sociales por la UAM, con posdoctorado en el IIS-UNAM; licenciado en Sociología y maestro en Antropología en París III. Es profesor investigador titular de la UAM unidad Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son: la relación del Estado con los campesinos, las organizaciones rurales y las formas sociales de dominación. Ha dictado más de veinte conferencias magistrales sobre temas de la teoría sociológica y sociología rural. Ha impartido seminarios de posgrado en México y Uruguay; actualmente es profesor en el doctorado de Ciencias Sociales y licenciatura en sociología. Ha sido coordinador de varios libros, el más reciente es Acción colectiva y organizaciones rurales en México, UAM-UNAM, México (2014). Ha publicado también una cuarentena de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, los más recientes son: "El mismo fogón: migración y trabajo reproductivo femenino en comunidades mazahuas", Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 20 (61), UAEM, Toluca, pp. 193-218 (2012); "Estrategias de civilización del campesino contemporáneo. Biopolíticas alimentarias en México", Ruris, 6 (2), Ceres, Sao Paulo, pp. 89-120 (2012); «Ley y orden en el proceso de civilización. Caso de los indígenas rarámuris», en Iberoforum, Revista de Ciencias Sociales, 13, Universidad Iberoamericana, México, pp. 1-32 (2012).