La seguridad social en el mundo

Alemania fue la primera economía que adoptase un programa de Seguridad Social en 1833, en el cual se buscaba la eficiencia de la economía alemana y evitar la demanda de opciones socialistas más radicales, lo cual se logró a través del bienestar de los trabajadores. La combinación del programa de indemnización a los trabajadores creado en 1884 con el seguro de enfermedad, resultó un esquema que dio a los alemanes un sistema de seguridad completo basado en los principios de la Seguridad Social. Dos años más tarde (1935) Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad Social en la que se combina “seguridad social” con “seguro social”. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial el tema de Seguridad Social se desarrolló con más fuerza y de forma rápida en varias regiones. La protección social se tomó en cuenta en las organizaciones como: la Organización Internacional del Trabajo, Conferencia Internacional de Uniones de Mutualidades y la Asociación Internacional de la Seguridad Social, que se inició como Cajas de Seguro de Enfermedad. En 1942, cuando se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno del Reino Unido publicó el Plan Beveridge, dando lugar a la creación del primer sistema unificado de seguridad social. En Francia, Pierre Laroque dio los primeros pasos gubernamentales por extender la protección social a toda la población, y en 1946 se constituyó un sistema nacional de seguridad social. A partir de 1952, la OIT adoptó el Convenio sobre la Seguridad Social y en 2001 puso en marcha una Campaña Mundial en materia de Seguridad Social y Cobertura para Todos (^{OIT, 2011}); para 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 reconoce que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” (^{Orellana, 2016}).

Seguridad social

La creación del Sistema de Seguridad Social tiene su origen en Ecuador a principios del siglo XX, y tiene como finalidad amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del poder judicial. El desarrollo de este aseguramiento inicial desembocó en la creación de una Caja de Pensiones, con la que se buscaba proteger a los empleados públicos, civiles, militares y bancarios con beneficios de jubilación, montepío civil y fondo mortuorio (^{Sasso, 2010}).

En Ecuador hasta la primera década del siglo XX los militares eran los únicos servidores que se hallaban bajo un sistema de protección legal, que cubría los riesgos de invalidez, vejez y muerte debido a los requerimientos propios de su profesión, es decir, por los riesgos a los que estaban sujetos. En el caso de las prestaciones de retiro y montepío eran los propios militares los beneficiarios directos, y en caso de fallecimiento de éstos sus herederos. Al no existir una caja militar de tesorería, receptora de las aportaciones y otorgadora de prestaciones, los costos de las pensiones de retiro y montepío eran cubiertos directamente con los fondos del Presupuesto General del Estado.

Por otra parte, los poderes ejecutivo y legislativo resolvían conceder, con cargo a los presupuestos generales del Estado, pensiones vitalicias a aquellas personas que habían prestado relevantes servicios al país y que carecían de medios suficientes de subsistencia. Para el resto de la población trabajadora no existía ningún sistema de protección social contra los riesgos provenientes de la prestación de servicios, únicamente el reconocimiento de la jornada de trabajo de ocho horas diarias, la jornada semanal de 48 horas, el descanso remunerado para los días domingos y festivos, y el pago de horas extraordinarias, establecido en el año de 1917 por el Congreso Nacional (^{Nuñez, 2008}).

En 1921, se aprueba una importante reforma respecto a la protección del trabajador, debido a que, se instaura el concepto de riesgo profesional en el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; establece el derecho a demandar el pago de las indemnizaciones para los mismos; así mismo, determina la necesidad de construir casas de retiro para los obreros inválidos; implanta la asistencia médica gratuita; y, crea las cajas de ahorro y montes de piedad. Con el desarrollo de estos derechos, los empleados públicos y los empleados bancarios ecuatorianos lograron, mediante concertación con sus empleadores, incrementos de sus sueldos y un sistema particular de pensiones de jubilación (^{Viteri, 2008}).

A principios del siglo XXI el nuevo escenario económico y demográfico existente se caracterizaba por el aumento considerable del desempleo y del empleo informal (economía sumergida) y, sobre todo, por los elevados niveles de inflación que incentivaron la fragilidad financiera del sistema de Seguridad Social. Como consecuencia de la situación socio-económica del país se introdujeron una serie de modificaciones aprobadas por el Congreso Nacional.¹Entre ellas destaca el día 30 de noviembre de 2001, fecha en la que se hace oficial la transformación del sistema de pensiones que deja de ser un sistema público con un régimen financiero de reparto y pasa a convertirse en un modelo mixto. En este sentido, es importante señalar que no se cierra el programa o sistema público anterior sino que, una vez reformado, se combina con otro nuevo componente de ahorro individual. Así, cuando llega el momento del retiro los asegurados reciben dos tipos de pensiones: una prestación básica, definida y regulada por Ley, y otra prestación complementaria, indefinida que el jubilado recibe de acuerdo con el monto acumulado (^{Pazmiño y Robalino, 2004}).

Sistema de pensiones

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como organismo responsable de la seguridad social de la población tiene como tarea la administración del sistema de pensiones del Seguro General.² Las prestaciones ofrecidas por este sistema se componen en: pensión por vejez e invalidez,³ montepío por viudez y orfandad, y subsidio para auxilio de funerales; además, existe una pensión asistencial por vejez o invalidez financiada por el Estado. En lo que se refiere a la de edad mínima de jubilación está se sitúa en 60 años de edad y 30 años de imposiciones, tanto para hombres como mujeres, según lo dispuesto en el Art. 229 de la Ley de Seguridad Social (LSS).

El sistema de pensiones está regulado por la Ley de Seguridad Social, la cual tiene como misión de proteger a la población urbana y rural, tanto con relación de dependencia laboral como sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la misma.

La Ley de Seguridad Social se compone de dos regímenes: Solidaridad Intergeneracional y Ahorro Individual Obligatorio, que se conoce como Régimen Mixto (Art. 173). Esto quiere decir que el sistema de pensiones ecuatoriano recibe las aportaciones y contribuciones obligatorias y otorga las prestaciones legamente señaladas en forma combinada, una parte por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y otra por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

El asegurado que cumpliere 65 años de edad y que acredite el derecho a la jubilación ordinaria de vejez podrá percibir las rentas correspondientes al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, y será eximido de efectuar aportes personales a dicho régimen aún cuando no hubiere cesado en la actividad. Para quienes causen derecho a la jubilación por invalidez total, la renta mensual se determinará mediante un procedimiento adicional contemplado en el artículo 218.

El Fondo Presupuestario de Pensiones financiará las prestaciones básicas de Invalidez, Vejez y Muerte del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, con la aportación obligatoria de los afiliados (cuota personal y patronal) y con los recursos provenientes de la contribución financiera obligatoria del Estado, y entregará las prestaciones asistenciales no contributivas establecidas en el Libro Segundo de la LSS.

A continuación se mencionan los requisitos y lineamientos básicos tanto de pensionistas como jubilados del Sistema de Pensiones.

Determinación de mínimos, máximos y ajustes periódicos de las pensiones

De acuerdo a la LSS, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ajustará al inicio de cada ejercicio económico la cuantía mínima de la pensión según las disponibilidades del fondo respectivo. También regulará la periodicidad y la cuantía de los ajustes a las pensiones de vejez, ordinaria, por edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad, y al subsidio por incapacidad, de conformidad con la evolución de la Reserva Técnica del Fondo de Pensiones⁴ En ningún caso el máximo de la pensión podrá superar 82.5 por ciento de 165 dólares, después de sumar a la pensión básica las mejoras máximas señaladas en el artículo 201. El IESS realizará periódicamente análisis actuariales de solvencia y sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte, y autorizará, con base en ellos, la modificación de la cuantía de las pensiones en curso de pago.

Las pensiones de invalidez y vejez y las que se originaren en el Seguro de Riesgos del Trabajo, por incapacidad permanente total o gran incapacidad, no podrán ser inferiores al sueldo o salario mínimo de aportación de la respectiva categoría ocupacional. Cuando concurran pensiones de viudez y orfandad derivadas de un mismo causante, la suma de todas ellas no será inferior al sueldo o salario mínimo de aportación, y se sujetarán a los porcentajes que establezca el Reglamento General. En el caso de que exista un solo beneficiario, la pensión no será inferior al mencionado sueldo o salario mínimo de aportación de la respectiva categoría ocupacional (Art. 236).

Dentro de la normativa por la que se rige el Sistema de Pensiones en Ecuador, un aspecto a tomar en cuenta es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no concederá préstamos al Gobierno Central, ni a los gobiernos seccionales, ni a los organismos y entidades que integran el sector público y ni al sector privado, ni podrá mantener en sus cuentas corrientes bancarias saldos superiores a los estrictamente necesarios para atender el pago de prestaciones y servicios administrativos (Art. 71). No obstante, y a pesar de las restricciones normativas expresamente establecidas en la Ley, en la actualidad el Gobierno mantiene una deuda importante con el IESS, lo que condiciona el normal funcionamiento del sistema y provoca alteraciones en las pautas de comportamiento y en el bienestar de los pensionistas.

Población pensionista y cotizante del Sistema de Pensiones

Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, ya sea con relación laboral o sin ella. Además, son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social Campesino todo aquel trabajador que se dedique a la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, siempre que no reciban remuneraciones de un empleador público o privado.

Se entiende por población cotizante a toda persona que contribuye con su aportación personal al Sistema de Seguridad Social⁵. El IESS estableció, bajo normativa con rango de ley, la clasificación que identifica a la población afiliada según categorías o regímenes de afiliación que se observa en la Tabla 1.

Es importante mencionar que las categorías de trabajadores privados, obreros y públicos mantienen una actividad laboral diferente al resto de regímenes, ya que estos se caracterizan por mantener una actividad laboral continua y regulada por el Código de Trabajo. Los restantes grupos lo constituyen personas cuya actividad laboral está amparada por leyes específicas porque su trabajo es de tipo temporal (no tiene carácter permanente).

Cálculo de las pensiones por tipos de jubilación

El sistema de pensiones protege a los asegurados del Seguro General Obligatorio de las contingencias de vejez e invalidez y de viudedad y orfandad y se financia con 9.74 por ciento del salario mensual de aportación del afiliado/a, de acuerdo con las disposiciones establecidas para cada régimen que se explican a continuación:

Jubilación ordinaria por vejez

El afiliado que cumpla con los requisitos exigidos por el IESS tiene derecho a pensiones mensuales vitalicias, que se concederán desde el mes siguiente al que el afiliado con relación de dependencia cesa en el(los) empleo(s), o bien concluye la prestación de servicios del afiliado sin relación de dependencia.⁶ Los requisitos establecidos para tener derecho a la prestación por vejez corresponden a la edad del solicitante, el número de imposiciones mensuales realizadas y los años de aportación existentes en el momento del cese, como se observa en la Tabla 2:

Si la persona no quiere tener en cuenta el requisito de la edad, es necesario que, al menos, haya realizado 480 imposiciones y tenga 40 años de aportaciones. El número de imposiciones y los años mínimos de aportación disminuyen a partir de los 60 años de edad, alrededor de 25 por ciento respecto de los menores de dicha edad y dos terceras partes entre los 60 y 70 años. Concretamente, se exigen 360 imposiciones y 30 años de aportación si el pensionista tiene entre 60 y 65 años; 180 imposiciones y 15 años de aportación si tiene entre 65 y 70 años; y 120 imposiciones y 10 años de aportación si supera los 70 años.

La pensión mensual en el caso de invalidez, vejez o del subsidio transitorio por incapacidad toma como referencia el promedio de los cinco años de aportaciones con mejores sueldos o salarios durante su etapa laboral. El cálculo de la pensión mensual se realiza de la siguiente forma: se dividen los salarios de cada año entre doce, se seleccionan y se suman los cinco mejores promedios mensuales, y se divide ente cinco; este resultado se multiplica por el coeficiente anual de años aportados o cotizados (Tabla 3).

El afiliado que hubiere cumplido 60 años de edad y tuviere acreditadas 360 imposiciones mensuales recibirá una pensión equivalente a 50 por ciento de la base de cálculo; si tuviere acreditadas más de 360 imposiciones mensuales, obtendrá adicionalmente una mejora de 0.5 por ciento de la base de cálculo por cada doce imposiciones mensuales adicionales, con un tope de 2.5 por ciento. El afiliado con 70 años de edad y 180 imposiciones mensuales recibirá 45 por ciento de la base de cálculo y, tendrá una mejora de uno por ciento por cada doce imposiciones mensuales adicionales registradas a la fecha de su retiro, con un tope de cinco por ciento. El afiliado con 65 años de edad y 240 imposiciones mensuales recibirá 40 por ciento de la base de cálculo y tendrá una mejora de 1.5 por ciento por cada doce imposiciones mensuales adicionales registradas a la fecha de su retiro, con un tope de 7.5 por ciento. Si el afiliado tuviere acreditadas 480 imposiciones mensuales recibirá una pensión equivalente a 100 por ciento de la base de cálculo, cualquiera sea la edad de retiro (Art. 201, Cuantía de la pensión ordinaria de vejez y por edad avanzada).

Además de las doce mensualidades que se tiene derecho a percibir, el pensionista recibirá una paga adicional en el mes de diciembre de cada año, cuya cuantía es proporcional a las pensiones satisfechas durante el año. La paga extraordinaria se calcula como la suma de la cuantía de las pensiones mensuales recibidas durante el año divididas ente doce, si la pensión se percibió durante rodo el año, o entre el número de meses en los que se recibió pensión, si la jubilación se produjo en ese año. También existe una segunda paga extraordinaria que se percibe en el mes de septiembre para los pensionistas de las regiones Sierra y Amazonía, en el mes de abril para los de la Costa y Región Insular, cuya cuantía es igual a un salario mínimo unificado vigente en ese año (reglamentado en el IESS).

Adicionalmente, al pensionista jubilado que se reincorpora al mercado laboral y vuelve a trabajar se le concede una mejora a su pensión, siempre que haya realizado aportaciones al IESS como mínimo durante un año y certifique el cese en su trabajo.

Las pensiones mínimas y máximas de vejez se establecen de acuerdo con el número de años de aportación en proporción al salario básico unificado mínimo del trabajador en régimen general, cuya cuantía en el periodo 2011-2014 se recoge en la Tabla 4.

Desde el año 2011 las pensiones por vejez se han ido incrementando proporcionalmente de acuerdo a las condiciones establecidas por el IESS y reglamentadas por la Ley del Sistema de Pensiones. Por ejemplo, para un afiliado que realizó aportaciones durante un periodo de 21 a 30 años, recibió una pensión mínima de 184.80 dólares (70 por ciento del SBUM) en el año 2011, de 204.40 dólares en el año 2012, de 222.60 dólares en el año 2013 y de 238 dólares en el año 2014 (Tabla 5).

Para el cálculo de las pensiones máximas que pueden llegar a recibir los afiliados, que han cumplido con la reglamentación y los requisitos exigidos para su percepción, se considera igualmente el número de años de aportaciones efectuadas. Por ejemplo, los pensionistas que han realizado aportaciones a lo largo de un periodo entre 30 y 34 años percibieron una pensión de 1 188 dólares (450 por ciento del SBUM) en el año 2011, mientras que la mensualidad bordea los 1 530 dólares americanos en el año 2014 (Tabla 6).

Jubilación por discapacidad e Invalidez

Las personas afiliadas que presenten un grado de discapacidad superior o igual a 40 por ciento tienen derecho a percibir la pensión mensual cualquiera que sea su edad cuando dispongan de un mínimo de 300 aportaciones en el caso de discapacidad física y de 240 aportaciones en el caso de discapacidad mental.

El IESS considera inválido a todo afiliado que se encuentre incapacitado para su trabajo tanto por enfermedad como por alteración física o mental. El reconocimiento se inicia una vez que el solicitante se encuentre cesante, siempre y cuando no esté percibiendo el subsidio por enfermedad o el subsidio transitorio por incapacidad. Una vez que la Administración comprueba la incapacidad, se concede una remuneración de, al menos, el equivalente a la mitad de la remuneración habitual que percibiría un trabajador no discapacitado en condiciones laborales similares.

La base del cálculo de la pensión de jubilación por discapacidad será igual al resultado de multiplicar el promedio de los cinco años mejores de sueldos o salarios en los que se aportó por 68.75 por ciento. Según la LSS en su artículo 20, el afiliado de cualquier edad con derecho a jubilación por invalidez recibirá 50 por ciento de la base de cálculo, cualquiera sea el tiempo de imposiciones que exceda de cinco años. El subsidio por incapacidad se calcula del mismo modo que la pensión por invalidez total.

Las pensiones mínimas y máximas de invalidez se establecen de acuerdo con el número de años de aportación en proporción del salario básico unificado mínimo del trabajador en general, cuya cuantía en el periodo 2011-2014 se recoge en la Tabla 6.

Las pensiones mínimas de discapacidad e invalidez se establecen de igual forma que las pensiones de jubilación, con los mismos criterios y cuantías. Por su parte, en lo referente a las pensiones máximas, el afiliado percibe 450 por ciento de su salario básico, de forma que el valor de la pensión de invalidez era de 1 188 dólares en el año 2011, de 1 314 dólares en el año 2012, de 1 431 dólares en el año 2013 y de 1 530 dólares en el año 2014 (Tabla 7).

Montepío (seguro de muerte)

Esta pensión la entrega el IESS a los viudos(as) y a los huérfanos o los padres del afiliado o jubilado fallecido siempre que haya generado el derecho a su percepción. Esto es, que en el momento del fallecimiento el afiliado haya realizado al menos sesenta imposiciones mensuales (cinco años de aportaciones) o bien se encuentre dentro del periodo de protección del seguro de muerte.

La cuantía de la pensión mensual de montepío es igual a 40 por ciento de la pensión de jubilación que recibía el asegurado fallecido, o de 60 por ciento si el perceptor es el único integrante del grupo familiar y no está afiliado o es pensionista. La pensión de montepío de orfandad es igual a 20 por ciento de la pensión que recibía el asegurado fallecido tanto en el caso de los hijos como en el de los padres (Tabla 8).

La pensión del grupo familiar de montepío no puede ser inferior a 50 por ciento del Salario Básico Mínimo Unificado (SBMU), ni mayor a 450 por ciento del mismo.

Demografía, generalidades y estudios

Una vez entendido el contexto de lo que representa la seguridad social y el sistema de pensiones a nivel mundial y específicamente en Ecuador, es importante analizar un aspecto fundamental dentro del estudio, el factor demográfico.

El estudio de la demografía tiene sus bases teoricas en torno a la Transición Demográfica. Según ^{Thompson (1929)} esta teoría resalta todo el proceso de ruptura en la continuidad del curso del movimiento de la población hasta cierto límite, en donde se da respuesta al cambio de los niveles de mortalidad y fecundidad. Por su parte ^{Noteitan (1945)} haciendo enfasis en los estudios de Thompson, plasma su investigación mediante la estructuración de cinco etapas para revisar las perspectivas del crecimiento de la población mundial:

Etapa I: Se produce la Revolución Industrial, con lo que se acelera el proceso de urbanización, mejora el medio ambiente y la atención médica, hay una mejor organización de los servicios de salud y una mejor distribución del ingreso creando condiciones para reducir la mortalidad.

Etapa II: Aumenta la tasa de crecimiento de la población, que pasa a considerarse alta, y se rejuvenece la estructura por edades de la población.

Etapa III: Se acelera la urbanización, se producen cambios en la producción y hay una transformación de los roles familiares, porque la familia pequeña se vuelve más funcional como consecuencia de las nuevas estructuras económicas y sociales.

Etapa IV: La tasa de crecimiento de la población tiende a cero (estabilidad de las tasas).

Etapa V: La tasa bruta de mortalidad es mayor que la tasa bruta de natalidad; el crecimiento natural es negativo y el crecimiento total es cercano o inferior a cero.

Los cambios presentados en cada una de las etapas permiten reconocer las notables diferencias en los ritmos de crecimientos demográficos, en la intensidad y en la velocidad de los cambios de dicho crecimiento. En pocas palabras y según Flores (2007) las etapas de la transición demográfica, son el resultado de la evolución acelerada que tiene la población al pasar por distintos grupos de edades.

En lo que respecta a estudios realizados para Ecuador en lo referente a demografía, sistema de pensiones, sostenibilidad o aspectos relacionados, se observó la existencia de tres estudios los cuales evidencias ciertos resultados: ^{Bravo (2000)} en su estudio sobre “envejecimiento de la población y sistemas de pensiones” concluye que el envejecimiento de la población ecuatoriana no constituye un factor alarmante para el sistema se seguridad social, sino que la mayor preocupación de este, tiene que ver con la situación del mercado laboral y de los procesos administrativos del sistema. Por su parte, ^{Rofman, Apella, Vezza (2013)} en su investigación “más allá de las pensiones contributivas”, evidencian que el mayor problema está asociado al aumento de las personas adultas mayores y las reformas, que aunque son manejables implican grandes desafíos institucionales y presupuestarios. En cambio ^{Ibarra (2014)} en la investigación “Sostenibilidad del sistema de seguridad social ecuatoriano e incidencia del aumento de la expectativa de vida” afirma que el sistema de pensiones no será sostenible en el tiempo debido principalmente al aumento de la expectativa de vida, la disminución de la natalidad, la incorporación de un mayor número de mujeres en el mundo laboral y la falta de una política adecuada de inversiones que privilegia el corto plazo.

Como se puede ver, existe un cantidad limita de estudios referente a esta área de investigación, por lo que la importancia de contar con nuevos portes al análisis de uno de lo grandes problemas que presentan muchas economías, como lo es la sostenibilidad del sistema de pensiones, constituye un factor clave para garantizar la protección y el bienestar de la población y de las generaciones futuras.

Factor demográfico

Resulta el punto clave en la determinación del número de pensionistas y de cotizantes que existirán en los próximos veinticinco años, puesto que condicionan la viabilidad financiera del sistema de pensiones, sus repercusiones y las posibles medidas a tomar en cuenta. Según las estimaciones del Censo Poblacional se prevé un ensanchamiento en la pirámide poblacional en los rangos de edad inferiores a 60 años; sin embargo, a partir del año 2020 Ecuador empezará a tener una población que envejece, pues las mujeres tendrán menos de dos hijos, y en el año 2040 la pirámide experimenta un proceso de envejecimiento más pronunciado (Figura 2).

Fuente: elaboración propia, referente a valores del INEC.

Figura 2: Pirámide de población. Año 2020 

Número de pensionistas

El crecimiento de número de pensionistas está estrechamente ligado al aumento de la población y, en particular, a la población en edad de acceder al sistema público de pensiones -adultos con 60 o más años o tercera edad según normativa constitucional. En la actualidad los adultos mayores representan 9.72 por ciento de la población total (1 557 201 personas), de los cuales 479 614 se encuentran en el rango de 60-64 años de edad y 373 082 personas corresponden al grupo de 65-69 años, mientras que el grupo conformado por las personas mayores a 70 años supera con creces los grupos anteriores. Según los datos estimados por parte del INEC, en 2025 se espera que la población de adultos mayores crezca en 42 por ciento, es decir habrá 2 219 820 de personas con 60 o más años, lo que representaría 12.14 por ciento de la población total.⁹

Número de cotizantes

Se calcula a partir de la población proyectada por medio del factor demográfico tomado como referencia de las tasas de crecimiento de la población económicamente activa. La relevancia de su participación en el modelo radica en determinar cuál debe ser la cuantía a la que deberán hacer frente para mantener el sistema de pensiones en equilibrio. En el año 2013 el número de cotizantes ascendía a 2 495 533 de personas, de los cuales el grupo de edad con mayor peso o participación del total estaba constituido por los cotizantes que tenían entre 24 y 32 años (25.1 por ciento) y el grupo con menor peso eran las personas de 51 a 59 años (13.7 por ciento) que, precisamente, son el grupo más próximo a ingresar en el sistema de pensiones. Los cotizantes de edades comprendidas entre 33-41 años, 15-23 años y 42-50 años representan 22, 19.9 y 19.2 por ciento del total de cotizantes, respectivamente.

Gasto en pensiones

El gasto en pensiones es el elemento a determinar por medio de las proyecciones tomando como referencia las variables número de pensionistas y cotizantes. Como año base se toma 2013, en el que el gasto en pensiones ascendía a 600.1 millones de dólares,¹⁰ 16 por ciento menor que el gasto asignado en el año anterior.

Evolución del número de pensionistas

El crecimiento o evolución que experimentarán los pensionistas, dentro del periodo de análisis, está condicionado por dos factores fundamentales: el factor demográfico y la tasa de cobertura. En lo que se refiere al primer factor, se considera la evolución de toda la población que cuente con las características necesarias para acceder al sistema de pensiones, en suma, aquella población de 60 años o más. Por su parte, la tasa de cobertura hace referencia a la evolución del número de pensionistas y refleja la relación entre la cuantía de beneficiaros que percibirá la pensión y la población potencialmente beneficiaria. A continuación se detallan cada uno de los factores:

El factor demográfico y los pensionistas

La importancia de determinar la incidencia de la evolución del factor demográfico radica en cuantificar el incremento futuro en la cuantía de pensiones de jubilación. Como se explica en la metodología antes planteada, las proyecciones demográficas utilizadas provienen del último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010 para el periodo 2012-2050. A continuación se presenta los principales indicadores de la evolución demográfica en el periodo 2013-2025 (Tabla 9).

Proyección poblacional

Dentro del periodo de análisis se puede observar que la población experimentará un crecimiento de 18.5 por ciento, es decir, aumentará en 2 918 391 personas. Las personas comprendidas en el grupo de 0 a 14 años de edad presentarán un crecimiento de 0.2 por ciento (9 071); el grupo de 15 a 59 años de edad crecerá 23.1 por ciento (2 150 575) y, por último, se estima que el grupo de 60 o más años crezca 50.1 por ciento (758 115). Del incremento total de la población ecuatoriana, el grupo poblacional que presenta un mayor crecimiento es el comprendido entre 15 a 59 años (73.6 por ciento); en segundo lugar se encuentra el grupo poblacional de 60 años o más (25.9 por ciento) y finalmente están las personas menores de 14 años (sólo aumentarán en 0.3 por ciento.)

Como puede comprobarse en la Tabla 9 el crecimiento de la población en edad de trabajar¹² (73.6 por ciento) prácticamente triplica al crecimiento de la población dependiente 26.4 por ciento. Además, la Figura 3 confirma que la población en edad de trabajar crecerá considerablemente frente al crecimiento de las personas dependientes.

Fuente: elaboración propia a partir de proyecciones INEC, 2010.

Figura 3: Incremento anual de la población por grupo de edad. Años 2013-2025 

Como se puede observar existe una tendencia positiva en el incremento de la población total, principalmente debido a la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar. Un aspecto a tomar en consideración es que el grupo de 0 a 14 años de edad presenta una reducción en sus niveles de crecimiento a partir del año 2020, lo que se explica por un menor número de nacimientos a consecuencia de la reducción de la natalidad, tal y como señala el INEC.¹³ Por su parte el grupo restante de población dependiente (60 o más años), al igual que la población en edad de trabajar, presenta una marcada tendencia de crecimiento.

La estructura de la población dentro del periodo de análisis muestra que el crecimiento de la población de 15 a 59 años y de 60 o más años de edad, así como la reducción en los niveles de crecimiento de la población de 0 a 14 años de edad (Figura 4).

Fuente: elaboración propia a partir de proyecciones INEC, 2010.

Figura 4: Proyección de la estructura de la población. Años 2013-2025 

Entre los años 2013 y 2025 la población en edad de trabajar ganará una mayor participación en la población total, exactamente 2.3 puntos (crecimiento que en el caso del grupo poblacional de más edad (60 o más años) se sitúa en 2.5 puntos).

Esta mayor participación relativa por parte de ambos grupos de edad obedece a la pérdida de 4.8 puntos que experimenta el grupo de población de 0 a 14 años de edad.

Se define a la tasa de dependencia como el porcentaje de población inactiva de edad inferior a 15 años o mayor de 60 años con respecto a la población activa de edades comprendidas entre los 15 y 59 años, las proyecciones indican una disminución de la misma en 2.3 puntos, pasando de 41 por ciento en 2013 a 38.7 por ciento en 2025. Este descenso se explica, principalmente, por la reducción de la tasa de dependencia del grupo de 0 a 14 años de edad (4.9 puntos) (Tabla 10).

La relación entre el número de personas en edad de trabajar respecto del número de personas potencialmente pensionistas presenta una relación negativa, esto es decreciente. Esto indica que si en el año 2013 había 5.8 personas en edad de trabar por cada persona de 60 o más años, en el año 2025 la proporción disminuye de forma que existirán cinco personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 60 años (Figura 5).

Fuente: elaboración propia a partir de proyecciones INEC, 2010.

Figura 5: Relación de la población de 15 a 59 años respecto de la población de 60 o más años (2013-2025) 

Las personas mayores de 60 años que constituyen parte del grupo de dependencia experimentan un crecimiento de 50 por ciento (758 115 personas), pasando de 1 511 705 personas en el año 2013 a 2 269 820 en el año 2025. Este crecimiento se explica por el grupo de población de 65 a 69 años de edad que pasan de representar 23.8 por ciento en el año 2013 a 24.6 por ciento en el año 2015, lo que supone un aumento de 0.8 puntos. A diferencia de este grupo de población, las personas con edades comprendidas entre 60 y 64 años y los mayores de 70 años muestran reducciones de 0.1 y 0.7 puntos, respectivamente (Tabla 11).

Factor demográfico y número de pensiones

Para la determinación del número de pensiones en el periodo 2013-2025 se toma como referencia el método de proyección aplicado en el caso español mencionado en el apartado de metodología. El método de proyección a utilizar toma como hipótesis que la tasa anual acumulativa con la que crece la población de 15 a 59 años y de 60 o más años es la misma con la que deberá crecer el número de pensiones de jubilación. Por tanto, el cálculo de la tasa de variación anual acumulada por grupo de población determinará el futuro del número de pensiones para cada año dentro el periodo analizado (Tabla 12).¹⁴

De acuerdo con el cálculo de la tasa de variación medial anual de la población ecuatoriana, el periodo de mayor crecimiento para la población en edad de trabajar (15-59 años) será entre los años 2013 y 2017, periodo en el que se registra una tasa del 1.93 por ciento. En el caso de la población mayor de 60 años, el periodo de mayor crecimiento se situará entre los años 2021 y 2025 con una tasa de 3.6 por ciento.

Debido a la implementación de las tasas de variación media anual acumulativa, el número de pensiones de jubilación crecerá 43.4 por ciento, pasando de 296 370 a 425 013 pensiones durante el periodo 2013-2025. El crecimiento medio anual de 1.93 por ciento para la población de 15 a 59 años indica un incremento de 2 550 pensiones; por su parte, la población mayor de 60 años presenta una tasa anual acumulativa de 3.6 por ciento, lo que supone un incremento de 40 865 pensiones (Tabla 13).

La incidencia demográfica determina que dentro de periodo 2013-2025 existirá una entrada de 129 mil pensionistas al Sistema de Pensiones por jubilación, lo que significa un incremento anual medio de 10 750 pensionistas. Los factores que se encuentran tras este crecimiento son el envejecimiento de la población de más de 60 años y, en menor medida, la disminución de la fecundidad a partir del año 2020.