El Estado y la seguridad económica de las personas adultas mayores. Marco conceptual en torno a las dimensiones de la solidaridad económica

 

Economic solidarity towards the elderly from the perspective of political economy

 

Aída Díaz Tendero Bollain

 

Universidad Nacional Autónoma de México

 

Artículo recibido el 12 de mayo de 2014
Aprobado el 7 de julio de 2015.

 

Resumen

Se propone un marco conceptual en torno a la solidaridad económica hacia la población adulta mayor ejercida (o no) por el Estado, a partir de las dimensiones de la solidaridad económica, que se analizan desde el enfoque de la Economía Política del Envejecimiento. Este enfoque vincula la Gerontología con la Sociología —concretamente con las teorías de la estratificación social en torno a las dimensiones de clase, género y raza/etnia— así como con las Teorías del Estado. Las dimensiones de la solidaridad económica —ejercida por el Estado hacia los adultos mayores— que se identificaron son: la inter generacional, intra generacional, inter clase, intra clase o intra corporativista, y universal. Para la valoración del efecto de dichas solidaridades sobre las desigualdades desprendidas de las dimensiones de la estratificación como la clase, el género, la raza/etnia, entre otras, se estudiaron dos modelos de Estado: el bismarckiano y el beveridgeano. El principal hallazgo consiste en que el Estado es el único actor capaz de proporcionar la solidaridad económica universal, y que solamente a partir de este cumplimiento pueden también darse de manera plena las demás dimensiones de la solidaridad.

Palabras clave: Economía Política del Envejecimiento, solidaridad, adultos mayores.

 

Abstract

This paper proposes a conceptual framework around State-exercised (or not) economic solidarity towards the elderly, from economic solidarity dimensions, analyzed with a Political Economy of Aging perspective. This approach links Gerontology with Sociology —specifically with theories of social stratification around the dimensions of class, gender and race/ethnicity— as well as with State Theories. Economic solidarity dimensions exercised by the State towards the elderly that were identified are: intergenerational, intragenerational, interclass, intraclass or intra corporation, and universal. For the assessment of the effect of such solidarity on inequalities detached of the dimensions of stratification such as class, gender, race/ethnicity, among others, two models of State were studied: the bismarckian and the beveridgean. The main finding is that the State is the only actor able to provide universal economic solidarity, and that only from this compliance can the other dimensions of solidarity be fulfilled.

Key words: Political Economy of Aging, solidarity, elderly, beveridgean, bismarckian.

 

Introducción

Este artículo es el marco conceptual de un texto de mayor extensión que versa sobre la historia de la solidaridad económica ejercida por los Estados latinoamericanos hacia su población adulta mayor. Por esta razón, se trata de cumplir el objetivo de no referir ejemplos sobre Estados concretos y mantener cierto grado de abstracción.

Las dimensiones de la solidaridad económica que el Estado ejerce (o no) hacia los adultos mayores¹ se estudiarán desde el enfoque de la Economía Política del Envejecimiento.

La Economía Política del Envejecimiento es uno de los enfoques de mayor vigencia en la gerontología actual (Bengtson et al., 2009), que vincula la Gerontología con la Sociología —concretamente con las teorías de estratificación social en torno a las dimensiones de clase, género y raza/etnia—, así como con las teorías del Estado. Algunas de sus premisas básicas son que los recursos de las Personas Adultas Mayores (PAMS) e incluso la trayectoria del propio proceso de envejecimiento, están condicionados por la posición del adulto mayor en la estructura social y los factores económicos y sociales (Minkler y Estes, 1999) y que las instituciones socioeconómicas generan efectos en los individuos a lo largo del ciclo vital y en la etapa de la tercera edad (Quadagno y Reid, 1999).

Los límites del tema abordado o los aspectos que no se analizarán en las páginas siguientes son:

Se valora o mide el ámbito económico de la solidaridad, excluyendo otras dimensiones de la misma. La solidaridad económica en particular y de todo tipo en general, se da principalmente en el ámbito familiar y comunitario y es ejercida también por el Estado. En este texto interesa esta última. Sin embargo, se incluyen para todas las categorías ejemplos de solidaridades económicas dirigidas a los adultos mayores no sólo ejercidas por el Estado (macro), sino también por las organizaciones (meso) y los individuos (micro).

Las variadas transferencias² que tienen lugar entre las generaciones, siguen relaciones ascendentes y descendentes; esto es, el grupo etario de los adultos mayores es receptor y donador, doble condición que comparte el grupo en edad productiva y que ha sido ampliamente estudiado por la línea de investigación en redes y transferencias, perteneciente a la Sociodemografía (Díaz-Tendero, 2012). No obstante, en este texto interesa la condición del adulto mayor como receptor de dichas transferencias económicas.

Las citadas transferencias que inciden en la situación económica de las PAMS son muy amplias y diversas (desde el desempeño de servicios hasta comida). Son relevantes para este estudio las transferencias monetarias formales (que proceden del Estado) e informales (entre individuos) que tienen como destinatarios los adultos mayores.

Por último, no se tratan las otras dos áreas de estudio y acción en materia de personas adultas mayores, señaladas como prioritarias por Naciones Unidas en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento celebrada en Madrid en 2002, a saber: salud y medioambientes favorables. Este análisis se circunscribe a una sola de estas tres áreas, la económica, denominada por aquel organismo como "seguridad económica".

 

De la solidaridad como concepto a la solidaridad económica hacia los adultos mayores

De manera intuitiva, los individuos se refieren a la solidaridad para aludir a cierta preocupación de los unos respecto a la suerte o al bien de los otros, especialmente de los más necesitados o los que están en apuros. Es en este sentido que, en ocasiones, se asocia solidaridad con filantropía, caridad, altruismo y fraternidad (Marasco y Fernández, 2013), pero especialmente se identifica con estas dos últimas.

La vida del ser humano está sometida a diversos acontecimientos y riesgos que, una vez acaecidos, dan origen a una necesidad. Dichas necesidades son absorbidas por la familia, que es la célula básica en la que se genera la solidaridad. Sin embargo, la evolución hacia formas más complejas de organización social, facilitó que las virtudes y prácticas adquiridas en el seno familiar se transfirieran al conjunto social, dando nacimiento a una solidaridad social rudimentaria, basada en un sentido de fraternidad entre los hombres (Goñi, 1956, citado por Marasco y Fernández, 2013).

La solidaridad es, según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, "adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros."³ Procede, etimológicamente, del modo de derecho u obligación in solidum (en todo o por entero) referido al derecho u obligación que, siendo común a dos o más personas, puede ejercerse o debe cumplirse íntegramente por cada una de ellas.⁴ De este uso nace la idea de solidez y luego, la de solidaridad (Herrera, 2013).

En la reconstrucción de la historia del término es imperativo tener en consideración tanto los antecedentes que provienen del ámbito jurídico como aquellos procedentes de la filosofía moral y social —de Cicerón, a Aristóteles, el estoicismo, la tradición escolástica, Rousseau, la Escuela inglesa de la "ética de la simpatía"— (Duque, 2013).

Sin embargo, es a través de un sentido sociológico —que, como se verá enseguida, será central para sus alcances actuales— que el concepto de solidaridad termina adquiriendo autonomía en el vocabulario político, un recorrido que comienza con Auguste Comte, quien lo usa para describir un sentimiento social en esa primera mitad del siglo XIX que verá nacer los conceptos de Sociología y socialismo (Herrera, 2013).

En el pensamiento sociológico de Durkheim se trata de una noción que podría calificarse de ambigua, en cuanto es, por un lado, concebida como categoría científica (hecho social) y al mismo tiempo, por el otro, se trata de un recurso ideológico, de una aspiración (Duque, 2013).

Sea por sentimiento o conciencia de unión, pertenecer al mismo grupo diferenciándose de otro, parece fundamental para la solidaridad. El otro fuera del grupo, es aquel al que no se ayuda, eso se puede describir como el carácter excluyente. La solidaridad se da con personas, con personas que necesitan ayuda, con personas con las que uno se siente en el mismo nivel, en el mismo margen, en un mismo grupo, con los mismos intereses. Intereses comunes calculables que deben ser defendidos contra peligros comunes (sean personas o evoluciones). Para solidarizar hay también que tener un tal sentimiento de pertenencia, de interdependencia y también de empatía (Vollet, 2003).

La solidaridad puede construirse desde abajo, como las asociaciones de obreros en la Europa del siglo XIX o desde arriba, como los seguros sociales.

En cuanto a la relación entre la solidaridad y el Estado, la solidaridad puede en la práctica política-social pertenecer al Estado y ser un sistema de seguros⁵ sociales donde todos pagan para minimizar los riesgos de cada uno en situaciones anormales; o solidaridad casi sin el Estado, como en algunos Estados anglosajones; o solidaridad en vez del Estado, cuando éste no funciona; o aun contra el Estado, como en las dictaduras —depende de la situación histórica— (Vollet, 2003).

La solidaridad es el principio que está detrás de los sistemas de asistencia y seguridad sociales, articuladores de la política social. Asimismo, es el valor subyacente en los sistemas mediante los cuales se ejerce la ayuda al prójimo, en la familia y en la comunidad.

Es necesaria la circunscripción al ámbito económico de la solidaridad, dado que ésta implica múltiples elementos y a su vez economía en el más amplio sentido, que se empleará en este texto. Entre las acepciones del término "economía" figuran, al menos, las siguientes: "conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo" y "contención o adecuada distribución de recursos materiales o expresivos" (rae, 2005). En este texto se entenderá solidaridad económica hacia los adultos mayores como transferencias monetarias formales e informales a los adultos mayores.

La solidaridad económica consiste en el hecho constatable de la necesidad de ejercer la solidaridad entre miembros de la sociedad en situación de dar ayuda y miembros de la sociedad en situación de recibirla. Esta necesidad se origina en la existencia en el seno de las sociedades de sectores de la población que viven en condiciones de pobreza y/o marginación, mientras que otros sectores gozan de excedentes (Marasco y Fernández, 2013). A medida que las sociedades crecen, se desarrollan y se complejizan, se generan procesos de diferenciación y estratificación sociales —debido a, o vinculado con los modos de producción— que desembocan en desigualdades (de tipo económico, que por lo general lleva aparejado el estatus⁶ social y otras dimensiones del estatus) entre los individuos que la componen, así como en situaciones de mayor vulnerabilidad para ciertos individuos o segmentos de dicha sociedad. En las sociedades industriales, estas desigualdades se articulan mayoritariamente en torno a dimensiones de la estratificación como la clase, el género y la raza/etnia, entre otras. Es por esta razón que la pregunta que se formula en torno a las solidaridades es si éstas inciden o no y hasta qué grado, en la atenuación de las desigualdades que se desprenden de las dimensiones de la estratificación ya señaladas. Así, se logrará tener un panorama claro de qué tipo de efecto ejerce el Estado a través de dichas solidaridades sobre la seguridad económica de la población adulta mayor, teniendo en cuenta el grado de desigualdad socioeconómica que presenta (Gráfica 1).

 

Tipos de solidaridad económica

Los tipos de solidaridades que se abordarán para el caso de la seguridad económica de las personas adultas mayores serán los siguientes:

1. La solidaridad económica intergeneracional.

2. La solidaridad económica interpares, intraclase⁷ o intracorporativista.

3. La solidaridad económica interclase.

4. La solidaridad económica intrageneracional.

5. La solidaridad económica universal.

6. La solidaridad social.

 

La solidaridad económica intergeneracional

Desde las teorías sobre estratificación social, surge la idea de que la edad puede usarse como criterio para organizar las relaciones sociales (Sorokin, 1961; Parsons, 1942 y Eisenstadt, 2009, citados por Quadagno y Reid, 1999) para comprender "por qué y cuándo la sociedad usa la edad como mecanismo para clasificar a las personas en las distintas posiciones y como dispositivo para distribuir bienes y servicios" (Featherman, 1983: 9).

Se ha preferido intergeneracional a multi generacional (alude a más de dos generaciones) porque algunos autores adivinan en la intergeneracionalidad una interacción y una cooperación para lograr metas comunes, una influencia mutua y la posibilidad de cambio. Por el contrario, definen el término multigeneracional limitándolo con frecuencia a cierta yuxtaposición o coexistencia de generaciones (Sánchez, 2007).

Desde la Economía Política del Envejecimiento se "rellena" el contenido de la solidaridad económica intergeneracional —al menos— con dos conceptos: por una parte, con el concepto de interdependencia generacional, que alude a la responsabilidad mutua entre las generaciones, la interdependencia entre jóvenes y adultos mayores y la reciprocidad a lo largo del ciclo vital (Kingson y Williamson, 1999; Marmor et al., 1999; Munnell, 1999 y asimismo Quadagno y Reid, 1999). Por otra parte, con el concepto de reciprocidad secuencial o indirecta (Kohli, 1999, 2006), según el cual, es perfectamente legítimo el trato inequitativo a los diferentes grupos etarios en función de su edad, dado que el grupo que hoy está en la edad productiva, estará mañana en la vejez, así como el grupo que hoy está en la vejez, estuvo en la edad productiva años atrás.

Un ejemplo de solidaridad intergeneracional en el nivel estatal o macro son los sistemas de pensiones de beneficios definidos o pay as you go, que consisten en que la población activa paga las pensiones de los que están jubilados y cuando esta población llega a la edad de jubilación, los que hoy son niños y entonces formarán parte de la población trabajadora, pagarán las jubilaciones de los trabajadores de hoy. En el ámbito privado o nivel micro las remesas nacionales o internacionales que de parte de personas que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) se dan a las PAMS; en el nivel meso, serían desde la caridad hasta las asociaciones de la sociedad civil que asignan recursos económicos a las PAMS.

La caridad o beneficencia privada es un tipo de solidaridad económica que se genera desde individuos o grupos que se encuentran en mejores condiciones hacia individuos o grupos que padecen una peor situación.

Puede identificarse con organizaciones de particulares, congregadas con el objeto de paliar situaciones de pobreza y necesidad extrema a partir de la entrega discrecional de pequeñas subvenciones o subsidios (Marasco y Fernández, 2013: 21).

 

Solidaridad económica interpares, intraclase e intracorporativista

La solidaridad económica interpares o solidaridad económica entre iguales, que podría acuñarse como solidaridad intraclase, dado que tanto el donador como el receptor pertenecen al mismo grupo, a la misma clase, se sustenta en la base de compartir los riesgos entre individuos que se consideran como iguales entre sí y desiguales en relación a los otros grupos.

Se presenta en dos formas: por la pertenencia al mismo grupo de estatus socioeconómico, al tiempo que por oposición a los otros grupos socioeconómicos (de tipo intraclase) o por la pertenencia a la misma corporación o sector o gremio —aunque los actores de dicha solidaridad ocupen diferentes posiciones o niveles dentro de dicha corporación, sector o gremio— al tiempo que por oposición a las otras corporaciones, sectores o gremios (de tipo intracorporativista).

A nivel micro, un ejemplo de solidaridad económica interpares hacia adultos mayores es el individuo que ayuda económicamente a un individuo adulto mayor, siendo que ambos pertenecen a la misma clase, casta, grupo de estatus o corporación. A nivel meso, el ejemplo histórico más acertado es el Montepío italiano.⁸ Los integrantes del grupo o gremio realizan contribuciones para la conformación de un fondo o depósito en dinero, el cual es aportado en forma de descuentos efectuados en los sueldos de los individuos integrantes del mismo o mediante sus aportes voluntarios. Luego, esos fondos son destinados al pago de pensiones de enfermedad, vejez, viudedad u orfandad a integrantes del grupo (Marasco y Fernández, 2013). Esta solidaridad económica generada en los montepíos o mutualidades tiene una doble dimensión. Consiste por una parte en una solidaridad intracorporativista (entre los que están en la misma corporación o en el mismo gremio) y por otra parte, en una solidaridad intergeneracional, que consiste en el apoyo de los jóvenes a los viejos, aunque no exclusivamente. Utilizando un ejemplo como el gremio de los sastres, se entiende que las aportaciones de los sastres en activo sostienen a los sastres adultos mayores que ya no trabajan. A nivel macro, un ejemplo en el que el Estado ejerce la solidaridad inter pares serían los sistemas de seguridad social (o seguro social, denominación que se explicó más arriba), en concreto el pilar contributivo.

 

Solidaridad interclase

La clase es la dimensión de la estratificación que ha sido más analizada en la historia de la Sociología, si bien en las sociedades actuales necesita estudiarse junto con las demás dimensiones de la estratificación, tal y como rezan los conceptos de interseccionalidad y de opresiones entrelazadas,⁹ imprescindibles para el entendimiento de la desigualdad socioeconómica de la población y de los adultos mayores. Dicho de otro modo, el análisis de la solidaridad interclase se circunscribe a la citada dimensión y resulta insuficiente, dado que le falta la inclusión de las ya referidas dimensiones¹⁰ de la estratificación (género, raza/etnia, entre otras) que los teóricos de la Sociología han agregado paulatinamente a sus análisis.

Como ejemplo de solidaridad interclase micro puede mencionarse la ayuda económica de un patrón a su empleado, fuera del ámbito salarial; como ejemplo meso, desde la caridad hasta las organizaciones de la sociedad civil; mientras que como ejemplo macro podría mencionarse la asistencia social.

La asistencia social, caracterizada por focalizarse en los sectores más desposeídos de la población y originada en el sistema británico de leyes de pobres¹¹ del siglo XVII,¹² está basada en el principio de menor elegibilidad o comprobación de medios.¹³ Según este principio, el trato a los pobres pretende ser menos deseable que el trato a las personas de menores ingresos, para incentivar la participación de todas las personas, salvo las irremediablemente impedidas, en el mercado laboral. La base para estos derechos es la necesidad y los receptores de asistencia social no son percibidos como personas con derecho a las prestaciones o beneficios, sino como receptores de caridad (Quadagno y Reid, 1999; Esping Andersen, 1989).

Pese a verse por parte de un amplio sector de la academia y de los tomadores de decisiones como una política social de segundo nivel (frente a la seguridad social) por no basarse en derechos y por estigmatizar a la población que la recibe, es preciso reconocer en la asistencia social la superación del paradigma de la caridad voluntaria y la asunción por parte del Estado del papel que le corresponde en la asistencia a la población más vulnerables. El sector académico, que considera como hito o punto de partida de la asistencia social la creación de la Gran Oficina de los Pobres de París en 1554, se inclina más por esta definición:

Cuando la caridad se organiza y es asumida por el Estado a partir de un papel más activo, nace la asistencia social, considerando prestaciones y asignaciones que pueden variar según la intensidad de la necesidad y las dificultades por superar, dentro de un marco jurídico preestablecido (Marasco y Fernández, 2013: 22).

 

Solidaridad intrageneracional

La solidaridad intrageneracional es un concepto que puede entenderse como complemento y/u oposición a la solidaridad intergeneracional y es útil a efectos de comprender que las mayores desigualdades en las sociedades contemporáneas se dan en función de las referidas dimensiones de la estratificación y no entre jóvenes y adultos mayores. Dicho de otro modo, en términos de ingreso o de consumo (fácilmente asimilables a la dimensión de clase) hay mayores desigualdades entre ricos y pobres, que entre jóvenes y adultos mayores. Algunos de los argumentos más utilizados para la privatización de los sistemas de reparto o pay as you go y la sustitución de dichos sistemas de beneficios definidos por sistemas de contribuciones definidas, han sido precisamente una "ficticia guerra entre generaciones por los recursos públicos" que a juicio de un amplio sector de la academia pretendía ensombrecer las diferencias por razón de clase, género, raza/etnia, entre otras (Kohli, 2006; Walker, 2006).

Los ejemplos de la solidaridad intrageneracional a nivel micro, meso y macro serían muy semejantes a los propuestos para la solidaridad interclase, si bien con mayor énfasis en las desigualdades dentro del mismo grupo etario, esto es, subrayando más las diferencias entre clase alta/clase baja, hombre/mujer, no perteneciente a minorías/perteneciente a minorías, urbano/rural, que entre adultos jóvenes y adultos mayores. Puede proponerse como ejemplo macro la asistencia social, pero ejercida de una manera más sofisticada, como programas que van dirigidos a poblaciones muy específicas como minorías étnicas o raciales a individuos o comunidades indígenas o que tienen un marcado enfoque de género o dirigidas a población rural o que, siguiendo el enfoque de la interseccionalidad (explicado más arriba) van dirigidas a mujeres rurales indígenas.

No es un tipo de solidaridad económica hacia la población adulta mayor, pero se incluye por el argumento que constituye contra las razones esgrimidas a favor de las privatizaciones ya nombradas y como complemento a la solidaridad intergeneracional.

 

Solidaridad económica universal

Hay que distinguir entre universal como forma de solidaridad entre donadores (individuos o colectivos en mejor situación) y receptores (individuos o colectivos en peor situación como receptores) del concepto de universal, entendido como el establecimiento de un piso mínimo por debajo del cual no puede quedar ningún individuo y el objetivo de alcanzar a toda la población en la satisfacción de las necesidades básicas, siendo éstas exigibles a, justiciables en y tuteladas por el Estado.

El carácter universal alude directamente a todas las personas que por razones de clase, género, raza/etnia, tipo de localidad (rural/urbana) y otras dimensiones no abordadas en este texto como condición de salud, que inciden en la estratificación social. Siempre ocurre dentro de las fronteras nacionales y en el territorio sobre el cual el Estado-Nación ejerce su soberanía.¹⁴ Algunas de las solidaridades que incluye la solidaridad universal y que por sí solas resultan insuficientes en relación a la universalidad son la solidaridad interclase y la solidaridad intrageneracional.

El concepto de solidaridad económica universal debe reservarse para solidaridades que abarcan prácticamente a todos los individuos de una sociedad, a diferencia de las solidaridades intrageneracional, interclase, e intergeneracional, cuyo espectro es más reducido. Sin embargo, incluso cuando el concepto solidaridad universal sea el apropiado, se considera pertinente enunciarlo de manera compuesta: intergeneracional/interclase/intrageneracional/universal. De no hacerlo así, se corren —al menos— dos riesgos: en primer lugar, el de opacar alguno de sus esenciales componentes: intergeneracional, interclase, intrageneracional y la parte excluida de las anteriores y rescatada por el concepto "universal" y en segundo lugar, el riesgo de utilizar el término universal para aludir a fenómenos que, ciertamente, no lo son.

El ejercicio de la solidaridad económica universal pertenece de manera exclusiva al nivel macro, puesto que ni a nivel micro ni a nivel meso, pueden garantizarse ni el piso mínimo ni la cobertura universal. La pensión no contributiva dirigida a los adultos mayores es un ejemplo de solidaridad económica universal dirigida a los adultos mayores.

 

Solidaridad social

El concepto de solidaridad social, al igual que la solidaridad universal, no admite una aplicación a fenómenos que ocurren fuera del Estado. La solidaridad social, definida a continuación, requiere sine qua non de la existencia del Estado. Se define la solidaridad social como:

Unión de esfuerzos y recursos de la sociedad encaminados a otorgar ayuda a sus integrantes contra las consecuencias de los riesgos a que se encuentran expuestos en el transcurso de su existencia. En la doctrina de la seguridad social se le toma como uno de los principios rectores (Cázares, 1994: 444-445).

Más allá de las diferentes modalidades (...) emerge una institución jurídica que parece consagrar la unión entre democracia y solidaridad: la seguridad social. Un conjunto de nuevos desarrollos buscará ilustrar esta evolución, que llevará también a reformular el principio de solidaridad, aunque sólo sea por el hecho de su constitucionalización positiva (Herrera, 2013: 68).

Esto es, solidaridad social y solidaridad universal requieren ambos, para su ejercicio, de la existencia del Estado, comparten la misma vocación estatal y no pueden darse en los niveles micro ni meso. Ahora bien, se verá a continuación cómo conviven, si es que lo hacen, solidaridad social y solidaridad universal.

 

El ejercicio por parte del Estado de la solidaridad económica dirigida a la población adulta mayor

Debido a que el objetivo de este artículo es establecer un marco conceptual que se aplicará a los diferentes Estados latinoamericanos, se acude a modelos o tipos ideales y no a Estados concretos, como referencias categóricas.

A partir de dos modelos, se valorará cómo ejerce el Estado estas solidaridades en la práctica. Es preciso tomar en cuenta que tanto el modelo bismarckiano como el modelo beveridgeano incluyen un componente intergeneracional e interclase y que ambos van más allá de la solidaridad interpares, intracorporativista o intraclase. El modelo bismarckiano carece de vocación universalista, pero es un modelo que sigue la Solidaritáts-gemeinschaft —comunidad de solidaridad— y Generationenvertrag—contrato de las generaciones que se traduce en pensión— (Vollet, 2003).

Se considera que desde el momento en que el Estado asume parcialmente (dado que siguen existiendo los niveles micro y meso) la solidaridad económica intergeneracional, sea ésta limitada al ámbito intraclase o intracorporativista o por el contrario incluya solidaridades de tipo interclase o universal, se trata, ciertamente, de seguridad social. Existen diferentes tipos o esquemas que constituyen diversos regímenes de seguridad social.

Desde las teorías del Estado del Bienestar (Quadagno y Reid, 1999; Esping-Andersen, 1989) el concepto de seguridad social se elabora por oposición al de asistencia social. La imagen central de la Seguridad Social es un derecho ganado. Los individuos contribuyen a un fondo común. Contribuir otorga el derecho ganado de recibir, una distinción que lo separa de los programas de asistencia social en los cuales las prestaciones o beneficios son consideradas caridad para los pobres y no derechos. Una segunda característica distintiva es la visión de que las personas comparten los riesgos del ciclo vital. Contribuir de manera solidaria quiere decir que los costos necesarios para una familia o individuo los sufraga toda la población. En los programas de Seguridad Social, no es la necesidad sino el cumplimiento de ciertos criterios lo que determina quién recibe las prestaciones o beneficios, figurando entre dichos criterios la edad, los años de cotización, etcétera. En el Cuadro 1 puede apreciarse cómo la asistencia social y la seguridad social tienen la capacidad de incidir en la atenuación de inequidades desprendidas de las dimensiones de la estratificación como la raza/etnia, género, tipo de localidad. La diferencia está en que la seguridad social es justiciable, tutelada por el Estado y la asistencia social está sujeta a las composiciones y agendas de los gabinetes de desarrollo social o servicios sociales. Dicho de otro modo, está basada en un derecho social exigible por parte de los individuos y no en concesiones voluntaristas. Este es el gran salto cualitativo que da el Estado con la seguridad social frente a la asistencia social preexistente, sin menoscabo del paso adelante que también supone la asistencia social para la asunción (parcial) de la solidaridad económica por parte del Estado, que persiste hasta hoy y sigue siendo un pilar importante del Estado social.¹⁵

Si bien el papel que debe cumplir el Estado para la generación de la solidaridad económica intracorporativista puede limitarse a regular —Estado mínimo— el papel requerido del Estado para la efectividad de la solidaridad interclase es mucho más amplio, ya que además de regular el trabajo y la previsión social, debe establecer los mecanismos para compeler al cumplimiento de la legislación en materia laboral y de previsión social, además de sufragar parte del costo que implica el aseguramiento de los obreros, dicho de otro modo: redistribuir la riqueza. Asimismo, el Estado interviene en la protección de la clase obrera frente a la clase burguesa o patronal.

 

Modelo bismarckiano

Es preciso tener en cuenta que este hito, ocurrido en la Prusia del siglo XIX, tuvo lugar únicamente en el país que luego sería Alemania y, hasta cierto punto y de manera relativamente posterior, en otros países cercanos de Europa Occidental.

El interés que despierta este modelo radica en la influencia que hasta el día de hoy sigue ejerciendo en el diseño de los diferentes Estados y regímenes de bienestar de Europa Occidental, Estados Unidos,¹⁶ América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo desarrollado y en desarrollo.

Las dos grandes aportaciones de las leyes de Bismarck (además de las contenidas en el seguro de enfermedad incluyendo maternidad en 1883 y en el seguro de accidentes de trabajo en 1884) en la relación entre el Estado y la seguridad económica de las personas adultas mayores son el concepto de previsión para la vejez y el nuevo Estado propuesto, de tipo intervencionista en favor de los sectores más desprotegidos, para corregir las consecuencias perversas de la libre actuación de las leyes del mercado. Esto es, el mismo hito o la misma construcción político-económica relaciona intervencionismo estatal —cuyo principio es la solidaridad económica interclase o intrageneracional— con previsión para la vejez, fundamental en el principio de la solidaridad económica intergeneracional. Estado intervencionista, proveedor, benefactor o de bienestar, y provisión para la vejez van de la mano desde su nacimiento.¹⁷

La dimensión pragmática está constituida por las leyes ya mencionadas, que fueron reunidas en el Código de Seguros Sociales de 1911 y completadas por un régimen de seguro por invalidez y vejez para los empleados y un seguro por muerte y luego por un seguro de desempleo en 1929. Entre los elementos principales de los esquemas de seguridad social que se emplean cabe resaltar en primer lugar, la afiliación obligatoria y la financiación mediante cotizaciones, por lo común tanto de los trabajadores como de los empleadores, con participación del Estado (la financiación parcial efectuada por empleadores y Estado se traduce en solidaridad interclase). En segundo lugar, las cotizaciones y las prestaciones por lo general son proporcionales a los ingresos del afiliado. En tercer lugar, el ingreso de estas cotizaciones es direccionado hacia cajas especiales, las cuales luego deben satisfacer las prestaciones ante las contingencias producidas. Estos dos últimos elementos se traducen en solidaridades de tipo intracorporativista o intraclase.

El aseguramiento obligatorio de tipo bismarckiano se caracteriza por un fondo de reserva que los trabajadores constituyen para cubrir, en caso de necesidad, los gastos en salud y para garantizar un ingreso mínimo cuando la persona no puede trabajar por alguna razón (accidente, enfermedad, etc.). En el modelo de Bismarck el aseguramiento es obligatorio, lo cual garantiza el pago de las contribuciones, al mismo tiempo que ayuda a desarrollar una visión de largo plazo (González, 2002).

Por lo tanto, el modelo bismarckiano genera un tipo de solidaridad económica intergeneracional e intraclase o intracorporativista, dado que existen cajas especiales para cada "clase" o tipo de trabajadores y solamente cubre a los "trabajadores" registrados y organizados. Asimismo, este modelo genera —aunque de manera limitada— una solidaridad interclase, dado que las cotizaciones de los trabajadores de menor nivel de ingreso (y por ende de menor nivel de cotización) son sufragadas "parcialmente" por el patrón y por el Estado.

 

Modelo beveridgeano

El paradigma relativo a la solidaridad universal está constituido por el modelo beveridgeano, plasmado en el Primer Informe Beveridge en 1942. El término "modelo" es empleado de manera especialmente acertada en este caso, dado que influyó en la configuración de los Estados y regímenes de Bienestar en el mundo —de manera real en los países con Estado de Bienestar de tipo socialdemócrata y de manera ideal en gran parte del globo— pero que, a cabalidad y de manera íntegra, no se implementó en Gran Bretaña,¹⁸ país oriundo de su creador, William Beveridge.

Algunas de las características más importantes de este nuevo modelo son las siguientes:

En primer lugar, propone un Estado de Bienestar que combina tres métodos: i) seguridad social¹⁹ para cubrir las necesidades básicas, donde las prestaciones están condicionadas a las aportaciones, es el método más importante y se propone en la forma más amplia y completa posible: presenta la gran novedad de favorecer la contribución del mayor número posible de individuos); ii) la asistencia social ómediante la comprobación de mediosó significa la obtención de los beneficios mediante la prueba de que los necesita el interesado cuando los solicita, independientemente de haber cotizado previamente o no; dicha ayuda ha de ajustarse a las circunstancias de cada individuo y debe correr a cargo de la Hacienda pública. Estos dos instrumentos del Estado de Bienestar cumplen la función de garantizar el ingreso básico para vivir. Ahora bien, cada individuo es libre de hacer la previsión de seguro necesaria para obtener los ingresos que cubran su tipo de vida más elevado y el Estado debe dejar libertad e incluso fomentar el empleo del tercer instrumento: iii) el seguro²⁰ voluntario (Beveridge, 2008). Estos tres instrumentos recuerdan —o más apropiadamente preceden— al sistema de tres pilares²¹ que se propone desde los organismos financieros internacionales para el diseño de los sistemas de pensiones en la actualidad.

En segundo lugar, introduce el concepto de "piso mínimo" debajo del cual no puede quedar ningún individuo, cuya vigencia es incontestable.

En tercer lugar, se basa en los siguientes principios básicos, cuya rotundidad, justicia y pragmatismo constituyen el difícilmente superable referente que es el Plan Beveridge:

• Beneficio único²² para todos (tarifa común de subsidios para vivir) lo cual se traduce en que, independientemente de los ingresos que el individuo haya dejado de percibir por paro, incapacidad o convalecencia o por retirarse de la vida productiva, recibirá una misma cantidad.

• Contribución única²³ por parte de todos, que consiste en que la cuota obligatoria exigida a cada persona asegurada y a cada patrón es idéntica, independientemente de los medios individuales. Esto quiere decir que ricos y pobres pagan lo mismo²⁴ —lo cual está intrínsecamente relacionado con el empoderamiento de la dimensión "sujetos de derecho"— en concepto de contribución por estar asegurado.

• Unidad administrativa. El importe total de todas las contribuciones y aportaciones ingresarán en un único Fondo de Seguro Social —o de seguridad social— y todos los beneficios serán satisfechos por el mismo fondo. Beveridge, con base en la noción única de contingencia, se pronuncia por la necesidad de unificar todas las instituciones de los seguros en un único servicio público bajo la dependencia de un Ministerio o Secretaría de Seguridad Social.

• Suficiencia de los beneficios, tanto en la cantidad como en la duración.

• La seguridad social debe ser lo más extensa posible, tanto en número de personas comprendidas en ella como en el número de necesidades cubiertas. No debe confiarse ni a la asistencia pública ni al seguro voluntario ningún riesgo que, por su carácter general o uniforme, esté justificado incluir en la seguridad social, pues la asistencia social se aplica mediante la comprobación de medios y ello puede apartar a los individuos del seguro voluntario o el ahorro personal y el seguro voluntario, por su parte, no puede cubrir todas las necesidades.

La seguridad social, una vez unificada y extendida, debe tener en cuenta los diferentes medios de ganarse la vida de los distintos grupos de personas: i) empleados; ii) personas que tienen otras ocupaciones lucrativas [personas que trabajan pero que no están comprendidas en el grupo i, como personas que trabajan por su propia cuenta, patronos, comerciantes, tenderos, pequeños propietarios, artesanos, profesionales, así como empleados que no pertenecen al grupo i por tratarse de empleo familiar]; iii) amas de casa [mujeres casadas con hombres en edad de trabajar y que viven con sus maridos]; iv) otras personas en edad de trabajar [estudiantes mayores de 16 años, mujeres solteras dedicadas a atenciones domésticas sin retribución, personas con recursos propios y personas incapacitadas por ceguera u otra clase de imposibilidad física]; v) quienes no tienen todavía edad de trabajar y vi) retirados que cumplieron ya la edad de trabajar (Beveridge, 2008: 63 y 68-69).

La seguridad económica en la vejez se cubre de forma sistemática en todos los grupos, salvo en el quinto (que comprende a quienes no tienen todavía la edad de trabajar). Dicho de otro modo, la pensión por vejez es un beneficio que reciben todos los grupos menos el quinto y al que contribuyen todos²⁵ los grupos menos el grupo quinto (menores) y el sexto (retirados). Por tanto, la pensión no está condicionada al trabajo asalariado, dado que tienen derecho a la misma "personas con otras ocupaciones lucrativas", pero también "amas de casa", y "otras personas en edad de trabajar", esto es, tres grupos de personas que se apartan del grupo "empleados" y del contrato laboral formal.

En síntesis, las reformas al sistema propuestas por Beveridge se expanden desde el punto de vista de las personas protegidas, a toda la población y no sólo a los asalariados. Se trata de un sistema completo, generador de solidaridades económicas intergeneracional e interclase, intrageneracional y universal, tanto en los beneficios como en las contribuciones. Además, la innovación del modelo beveridgeano no se limita a la cobertura, sino también al alcance y a la gestión o administración (Cuadro 1).

Gracias a Beveridge es posible pasar del aseguramiento hacia la solidaridad. En su lógica, las contribuciones no favorecen solamente al conjunto de las personas que aportan, sino también a quienes no lo hacen (González, 2002).

 

Valoración de los efectos generados por los sistemas bismarckiano y beveridgeano

El modelo beveridgeano supone un parteaguas en muchos sentidos: enfatiza la universalidad y otorga un papel predominante al Estado. Los beneficios se otorgan con base en la ciudadanía; promueve la equidad de estatus y atenúa las diferencias en el seno de la sociedad al reconocer y otorgar a todos los individuos derechos similares, independientemente de la clase social o la ocupación. Esto es, siguiendo la diferenciación en primer sistema de inequidades —desigualdades entre asegurados y no asegurados— y segundo sistema de inequidades —desigualdades en el seno de la población asegurada— (Díaz-Tendero, 2012) atenúa los dos sistemas de inequidades de la población adulta mayor.

Contrariamente, el modelo bismarckiano fundamenta los beneficios en el estatus laboral y por lo tanto reproduce tanto el primer sistema de inequidades como el segundo.

Traduciéndolo al lenguaje de las solidaridades económicas, puede afirmarse que ambos modelos generan solidaridades intergeneracionales, con la diferencia de que el modelo beveridgeano genera además solidaridades intrageneracional, interclase y universal, mientras que el modelo bismarckiano genera una solidaridad intracorporativista y/o intraclase, al igual que una solidaridad interclase menos robusta. En cuanto a sus efectos en términos de solidaridad universal, el elemento más importante del modelo beveridgeano es que el contrato laboral formal no es requisito indispensable para contribuir ni para recibir, contrariamente a lo que ocurre en el modelo bismarckiano.

Se deduce por tanto que los individuos que no tengan un contrato laboral formal están excluidos de la protección social, acrecentándose el primer sistema de inequidades, esto es, las desigualdades entre asegurados y no asegurados. Ahora bien ¿por qué es tan importante la división en incluidos y excluidos que ejerce la línea "contrato laboral formal"? ¿De qué manera afecta esta línea divisoria a la seguridad económica de las personas adultas mayores? Planteado desde el lenguaje de las solidaridades ¿Por qué la falta de solidaridades intrageneracional e interclase a nivel macro (nivel estatal) afecta a la solidaridad intergeneracional?

El acceso a un contrato laboral formal permanente es la llave en todos los Estados —salvo en el modelo beveridgeano— para una tutela efectiva por parte del Estado de la seguridad económica del individuo cuando llega a la vejez y desea retirarse. Entonces, todos los impedimentos o dificultades que encuentre el individuo para acceder a un contrato laboral formal permanente, serán obstáculos en la procuración de la seguridad económica en la vejez. Entre dichos impedimentos o dificultades se encuentran todas las desigualdades estructurales —toleradas, ignoradas, propiciadas, o reproducidas, según sea el caso, por el Estado— derivadas de la estratificación social, cuya incidencia en la seguridad económica de las personas adultas mayores es directa y se expone a continuación.

La clase social anterior al retiro es determinante en la situación que se tendrá en la vejez (Minkler y Estes, 1999). Los deciles²⁶ de ingreso superior tienen ocasión de acumular bienes durante su vida, que les permiten disponer de recursos al llegar a la vejez. Asimismo, los deciles de mayor ingreso han tenido a lo largo de su vida laboral mayor acceso a contratos laborales formales permanentes que les permiten cotizar durante más años y en mayor cuantía, lo cual redunda en el mayor caudal de la pensión que obtendrán en la vejez. Por otra parte, los deciles de ingreso inferior padecen una mayor informalidad laboral y por lo tanto muchas veces no se acumula el número de años de cotización mínima que se requiere para ser acreedor a una pensión —"retirados sin retiro" como los denominan Dressel et al. (1999)— y en el caso de que sí se logre, el monto es en ocasiones inferior a la cantidad que permite una vida digna. Como consecuencia, los adultos mayores de los deciles de ingreso inferior están sobrerepresentados en los programas de asistencia social y subrepresentados en la seguridad social. La relación entre la dimensión de la clase de pertenencia del adulto mayor y la seguridad o inseguridad económica en la vejez es clara, así como la incidencia de una falta de solidaridad inter clase en una solidaridad inter generacional.

Por su parte, el género es una dimensión generadora de desigualdades en la vejez en, al menos, cuatro sentidos:

1. En primer lugar, las pensiones y las prestaciones sociales están vinculadas al trabajo asalariado, el cual tiene un sesgo de género per se (Estes, 2001).

2. En segundo lugar, el trabajo reproductivo no remunerado, realizado por las mujeres, no se reconoce como trabajo y por tanto no genera derechos a prestaciones sociales en la vejez.

3. En tercer lugar, el estatus familiar se conceptualiza de forma permanente en vez de transitoria, cuando un número creciente de mujeres que entran a la tercera edad lo hacen en un estado civil determinado (casada, soltera, divorciada, viuda) que cambia a lo largo de los años en los que se avanza de la tercera a la cuarta edad.

4. En cuarto lugar y derivado de los tres aspectos anteriores, la mujer adulta mayor depende del componente asistencialista del Estado en mayor medida que el hombre adulto mayor.

Respecto al primer sentido o estatus derivado del trabajo remunerado realizado en la etapa anterior al retiro, el acceso al trabajo está condicionado por el género de varias formas. Por una parte, las mujeres tienen más dificultades para acceder a puestos de trabajo de alto nivel, por el llamado "techo de cristal²⁷" —denunciado desde la línea liberal del feminismo (Ritzer, 1993)—, así como a trabajos formales de tiempo completo, debido a la demanda que ejerce sobre ellas el cuidado del hogar, de los hijos y/o de los adultos mayores a su cargo. Asimismo, reciben muchas veces un menor sueldo que los hombres por un mismo trabajo. Las mujeres se concentran en trabajos de menor nivel, de tiempo parcial y muchas veces fuera de la formalidad, redundando las tres características en menores pensiones y prestaciones sociales en la vejez. Por su parte, el trabajo remunerado realizado por las adultas mayores arroja un resultado similar: trabajos en la esfera informal, con baja remuneración y a tiempo parcial (Holstein, 1999).

El segundo sentido deriva de que la concepción sobre el valor del trabajo relega el cuidado y otras formas de actividad "productiva" a un estatus secundario (Holstein, 1999). La línea del feminismo del bienestar (Ritzer, 1993) lucha por el reconocimiento material de las contribuciones no remuneradas que llevan a cabo las mujeres, como por ejemplo, el derecho a una retribución a cambio del cuidado de familiares dependientes.

El tercer sentido tiene que ver con ciertas presunciones sobre el ciclo de vida esperado o normal, que dan lugar a mayores o mejores prestaciones sociales en la vejez para los sectores que cumplen con este modelo y castigan a los individuos que se alejan de este modelo. La premisa central es que el receptor principal de las prestaciones y beneficios sociales es un hombre trabajador del sector secundario que cumple el papel de único proveedor del ingreso familiar, acompañado de una mujer dedicada al hogar, que ha dejado de trabajar una vez casada para dedicarse a la familia, primeramente a la crianza de los hijos y posteriormente al cuidado de los adultos mayores. El curso vital ideal es el trabajo continuado desde que se termina la escolaridad hasta el retiro. Ahora bien, los verdaderos beneficiarios del cumplimiento a cabalidad de este modelo denominado breadwinner son los hombres proveedores con contrato laboral formal permanente. La mujer que queda viuda —y ha seguido este modelo— recibe generalmente una pensión menor por ser derecho-dependiente a la que recibe el hombre derecho-habiente. Respecto a las mujeres que están fuera de este modelo "tradicional" y que constituyen un número creciente (divorciadas, solteras, separadas), su situación es incluso menos favorable (Pascall, 1986; Harrington, 1990) y aumentan considerablemente su probabilidad de experimentar una situación económica precaria en la vejez (Whitehouse, 2000).

El cuarto sentido en el que se diferencia la mujer adulta mayor es en su mayor dependencia del Estado. El hecho de que las mujeres vivan más que los hombres significa que las adultas mayores dependen de las prestaciones o beneficios estatales en materia de salud y de ingreso más tiempo. A la sazón, es imprescindible mencionar que las mujeres suman la mayor parte de la población adulta mayor, fenómeno que O'Rand y la National Academy on Ageing denominaron en 1994 "la feminización del envejecimiento" y que tiene lugar en todos los países del mundo (United Nations, 2002).

Debido a todas las razones expuestas, las mujeres adultas mayores están concentradas de manera desproporcionada en la categoría de receptoras de asistencia social (dicho de otro modo, excluidas de la seguridad social), independientemente del régimen de bienestar del que se trate, mientras que los hombres están concentrados en la categoría de prestaciones o beneficios sociales de seguridad social basadas en el contrato laboral formal permanente. Es importante recalcar que la dimensión de género se añade a la de clase en la generación y multiplicación de inequidades y es por esta razón que género y clase deben estudiarse conjuntamente.

La raza/etnia —en sociedades multirraciales y/o multiétnicas— condiciona la situación socioeconómica del adulto mayor, por razones similares óen algunos aspectosó al primer sentido mencionado más arriba sobre la dimensión de género, esto es, el hecho contundente de que los beneficios o pensiones y las prestaciones sociales recibidas en la vejez están condicionadas por el trabajo asalariado realizado en la edad productiva, el cual tiene un sesgo de género y de raza/etnia. Este sesgo de raza/etnia está determinado por la discriminación racial presente en las oportunidades laborales a lo largo del ciclo vital. Asimismo, se rescata para la raza/etnia el cuarto sentido mencionado más arriba sobre la dimensión de género, en el siguiente tenor: la desventaja acumulativa de tipo económico y social que se va sumando a lo largo del ciclo vital, resulta en una mayor dependencia del Estado (de los programas de asistencia social por no ser derechohabientes de la Seguridad Social) por parte de las personas adultas mayores pertenecientes a minorías (Henretta y Campbell, 1976; O'Rand, 1996). Los procesos subyacentes de desventaja acumulativa a lo largo del ciclo vital no sólo son el resultado de patrones históricos de discriminación racial, sino también de la institucionalización de dichos patrones en las disposiciones del Estado, en forma de racismo institucional. Utilizando el concepto de la transmisión intergeneracional del riesgo, afirmará Esping-Andersen (1990) que aquella está determinada por el origen racial o étnico. Esto quiere decir que se debe estudiar conjuntamente la dimensión de clase, género y raza/etnia, debido a que las inequidades desprendidas de estas dimensiones se potencian entre ellas, generando un efecto multiplicador (Dressel et al., 1999).

El tipo de localidad (rural/urbano) también ejerce una considerable influencia en las posibilidades de un individuo de acceder a un trabajo formal permanente y por lo tanto a beneficios y prestaciones sociales en la vejez. La escasa proporción de trabajadores rurales derechohabientes en relación a la proporción de trabajadores urbanos derechohabientes es un fenómeno generalizado y globalizado.

En suma, todas las dimensiones de la estratificación que ejercen una influencia en el acceso a un contrato laboral formal permanente, inciden en la seguridad o inseguridad económica en la vejez y condicionan la relación entre el Estado y el adulto mayor. El modelo beveridgeano es único en generar una solidaridad económica de tipo universal que atenúe el peso de las inequidades derivadas de las dimensiones de la estratificación y que consolide una tutela efectiva por parte del Estado del derecho a la seguridad económica en la vejez, en el marco de los derechos sociales en sentido amplio.

Los dos modelos de seguridad social, el modelo bismarckiano y el beveridgeano, triunfan, aparentemente, en el establecimiento de la solidaridad económica intergeneracional. Sin embargo, el trabajo formal permanente establece una línea divisoria entre individuos excluidos e incluidos que se traduce —en el momento en que estos individuos llegan a la vejez— en adultos mayores protegidos y desprotegidos, estando estos últimos despojados de la solidaridad intergeneracional que debe ejercer el Estado. Por lo tanto, sólo un modelo que garantice la solidaridad económica universal estará tutelando de manera efectiva la solidaridad económica intergeneracional.

 

Conclusiones

Tras haber revisado los diferentes tipos de solidaridad económica que se ejercen dentro y fuera del Estado hacia los adultos mayores, puede apreciarse que la intergeneracional es la primera de todas en el nivel micro (individual y familiar). En cuanto al nivel macro, el desarrollo de los Estados o regímenes de bienestar comienza al asumir la solidaridad intergeneracional. El peso que cada uno de los niveles (micro, meso o macro) tiene en la solidaridad económica intergeneracional varía mucho en función de la cobertura de la población adulta mayor por parte de las políticas sociales de los Estados.

Por su parte, la solidaridad económica interclase es anterior al momento histórico en el que se hace más pertinente el uso del concepto "clase", ya que es previa a la industrialización y al surgimiento de la sociedad de clases propiamente. Utilizando el concepto "clase" en sentido laxo, esto es, como nivel de ingreso/consumo, la solidaridad económica entre miembros de diferente clase se originó con anterioridad a que se erigiera el Estado-Nación y es asumida también por el Estado a través de la asistencia social. En su ejercicio, conviven los niveles micro, meso y macro.

La solidaridad económica intracorporativista, interpares, e intraclase también es secular. Se originó cronológicamente en el momento histórico en que se erigieron algunos de los Estados-Nación de Europa occidental. El pilar contributivo que forma parte de los Estados/Regímenes de bienestar actuales en los sistemas de reparto o pay as you go es una continuación de esa solidaridad que surgió inicialmente a nivel meso.

Se observa que estas tres dimensiones de la solidaridad económica son previas al Estado y que éste las asume parcialmente y de manera progresiva, en relación a su propio desarrollo y funcionamiento, alcanzando su apogeo en el Estado de Bienestar, generado en la segunda posguerra mundial en Europa occidental y algunos otros países del mundo. Fuera de dicha área geográfica, la asunción parcial del Estado es aún más relativa o dicho de otro modo, debido a la omisión del Estado, el ejercicio de las múltiples dimensiones de la solidaridad económica hacia los adultos mayores se desenvuelve en los ámbitos meso y micro (principalmente en la familia).

El principal hallazgo revelado en este texto, en torno al juego de las solidaridades y su ejercicio por parte del Estado en el área de la seguridad económica, es que la solidaridad económica intergeneracional es una solidaridad limitada a los trabajadores asegurados "para lo cual han tenido que cotizar a través de un sistema formal".

Por otra parte, la acción del Estado requerida para la solidaridad económica intergeneracional (limitada a los trabajadores asegurados), intraclase o interpares e interclase es como regulador y como partícipe para el aseguramiento de los trabajadores formales de menor nivel de ingreso, de tal suerte que sea viable actuarial y financieramente y que puedan darse los principios de reciprocidad indirecta y secuencialidad, descritos más arriba.

Sin embargo, existen dos garantías o tutelas mediante acciones específicas, que solamente pueden realizarse por parte Estado, y que se escapan de las posibilidades del ámbito privado. La primera es la garantía de universalidad, es decir, que la población objetivo sea total, en este caso, todos los adultos mayores, dado que es en este epíteto "total" donde las dimensiones de la solidaridad económica revisadas resultan insuficientes e imperfectas en su alcance. La segunda garantía "sólo alcanzable por el Estado y fuera de las posibilidades del ámbito privado" es el establecimiento del piso mínimo, por debajo del cual no quede ningún individuo, en este caso, ningún adulto mayor.

Por otra parte, a mayor ejercicio de la solidaridad universal por parte del Estado, menores desigualdades se desprenden de las dimensiones de la estratificación como clase, género, raza/etnia, y tipo de localidad, entre otros, en la seguridad económica en la vejez.

 

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Notas

1 El consenso internacional generado por las organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas, particularmente la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha establecido los 60 años de edad como límite etario inferior para el grupo de personas adultas mayores. En general, en los países más desarrollados se establece a partir de 65 años y en los países menos desarrollados a partir de los 60 años (Salmerón et al., 2014). La mayor parte de los países de la región de América Latina y el Caribe comparten el criterio de los 60 años, salvo Costa Rica y Ecuador.

2 Las academias mexicana y latinoamericana han sido muy prolíficas en clasificar los tipos de transferencias según la procedencia, la forma, la base jurídica o no de las mismas y la dirección, entre otros criterios taxonómicos. Para una revisión de todas estas clasificaciones, consúltese Díaz-Tendero (2012).

3 http://lema.rae.es/drae/?val=solidaridad consultado el 5 de marzo de 2014.

4 http://www.diccionario-espanol/98036/IN-SOLIDUM.htm consultado el 5 de marzo de 2014.

5 Cierta doctrina latinoamericana y europea distingue entre seguridad social y seguro social. Para esta corriente académica, la seguridad social es el todo y las partes son el seguro social y la asistencia social. Para otro sector académico, que es el que se sigue en este texto, el Estado social es el todo y la seguridad y asistencia sociales son las partes.

6 Consenso en torno a estatus y no status.

7 Se utiliza en este texto un concepto laxo de "clase", entendido como "grupo de estatus socioeconómico", alejado de concepciones neomarxistas, neoweberianas o de la síntesis.

8 Se remonta a 1462 y se atribuye al monje Bernabé de Terni (Marasco y Fernández, 2013).

9 Collins (1990) ha diferenciado los conceptos de "opresiones entrelazadas" e "interseccionalidad". La primera se refiere a los sistemas vinculantes de conexión macro de tipo opresivo como la raza, la clase y el género. Este modelo es el que describe que las estructuras sociales crean posiciones sociales. Por su parte la noción de interseccionalidad describe procesos micro —a saber, la forma en que cada individuo y grupo ocupa una posición social en las estructuras entrelazadas de opresión—. La literatura de la década de los ochenta, especialmente la producida por las mujeres afroamericanas, ha revelado reiteradamente que es inadecuado centrarse en las dimensiones de género, raza o clase de forma exclusiva. Las dinámicas de clase han llegado a ser comprendidas como fenómenos de género y de clase; las dinámicas de género varían en función de la imbricación de la raza y la clase en las relaciones y las dinámicas de raza tienen dimensión de género y de clase en sus diversas manifestaciones (Dressel et al., 1999).

10 Es preciso distinguir entre el estudio del fenómeno y el fenómeno en sí. La incidencia de dimensiones como el género y la raza/etnia en la estratificación social es tan antiguo como las civilizaciones, es milenario. Sin embargo, el estudio del fenómeno de las dimensiones de género, raza/etnia, entre otras, se ha analizado solamente desde hace algunas décadas y por su parte, las reflexiones en torno a la clase se han desarrollado durante más de 150 años, razón por la cual se denomina "nuevas" a aquellas dimensiones de la estratificación.

11 Las denominadas Poor laws.

12 En concreto, Act of Elizabeth de 1601 y Settlement Act de 1662.

13 Traducción consensuada de means tested.

14 No se aborda en este texto la controversia en torno a los límites del Estado para el ejercicio de su soberanía, ni de la extra limitación de otros Estados más allá de sus fronteras en el ejercicio de su "responsabilidad internacional". Tampoco se analiza en este texto el tema de la solidaridad con mayúsculas, la solidaridad internacional, allende las fronteras, cuyo desarrollo teórico es secular. Consúltese: Cortina (2005).

15 Concepto cuantificable en el rubro correspondiente del presupuesto público dedicado al gasto social (García Pelayo, 1987; Beltrán Aguirre, 1992). Un Estado será más social cuando "reconoce a sus ciudadanos menos favorecidos el derecho a obrar, en el marco de la ley, contra un Estado desigual del que el Estado mismo forma parte (Touraine, 1994: 89).

16 Estados Unidos se acerca al Estado de Bienestar en la época del presidente Roosevelt cuando en 1935 entra en vigor la Social Security Act que dará contenido al New Deal.

17 La doctrina dominante en la Economía Política del Envejecimiento afirma que la seguridad económica de las personas adultas mayores proporcionada por el Estado es el indicador más fiable para identificar el tipo de Estado (Walker y Deacon, 2003) y su grado y tipo de solidaridad. Asimismo, cualquier cambio en esta relación entre el Estado y la seguridad económica de las personas adultas mayores "como por ejemplo las olas privatizadoras de los sistemas de pensiones implementadas globalmente" implica cambios de fondo en la relación Estado-ciudadano.

18 Pese a la relevancia que el plan Beveridge mantiene hasta el día de hoy en el área de la seguridad económica para adultos mayores, en Gran Bretaña no supuso un parteaguas en su momento por dos razones: en primer lugar, porque no se implementó a cabalidad y de manera íntegra y en segundo lugar, porque las políticas en materia de seguridad económica de las personas adultas mayores se desarrollaron en Gran Bretaña en forma de continuum con anterioridad al citado plan.

19 El traductor del libro "Plan Beveridge", Vicente Peris, utilizó en vez de Estado de Bienestar: "seguridad social" y en vez de seguridad social: "seguro social".

20 El término seguro es apropiado aquí, dado que alude a los seguros privados y sigue principios y mecanismos idénticos a los seguros de vida proporcionados por las entidades financieras y aseguradoras privadas, cuyo origen está en las mutualidades.

21 Primer pilar: es financiado y administrado por el Estado, se sostiene con impuestos generales o fondos fiscales, es una garantía mínima de ingresos para las personas mayores, tiene carácter redistributivo, no es contributivo; en otros términos, no existe ningún derecho a pensión derivado de cuotas ahorradas por el interesado, de manera que el establecimiento de estas pensiones depende de políticas públicas. Segundo pilar. Es financiado en forma tripartita, bipartita o monopartita; las partes cotizantes, según el caso, pueden ser trabajador, empleador y Estado; tiene carácter obligatorio para las partes; presupone una relación laboral: trabajador-empleador. Los trabajadores y/o los otros participantes deben cotizar antes de que el futuro ex trabajador puede cobrar su pensión al retirarse del mercado laboral. Tercer pilar. Es financiado por el trabajador y/o el empleador, es de carácter voluntario, es ahorro voluntario (Fajardo, 2006: 40-41).

22 Hay tres excepciones, una de carácter indefinido o fijo y las otras dos de carácter temporal. La primera consiste en que en caso de incapacidad duradera ocasionada por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la cantidad recibida es mayor que la proporcionada por el beneficio único y puede ser de duración indefinida. Las dos excepciones temporales, que consisten en que se recibe una cantidad superior a la del beneficio único son las de maternidad y viudedad.

23 La excepción a la contribución única consiste en el aumento proporcional del beneficio y de la contribución por incapacidad debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional en trabajos de riesgo mayor, aumento que se cubre mediante un recargo a los patronos, proporcional al riesgo y a la nómina por jornada de trabajo.

24 Bajo este régimen los ciudadanos de mayores ingresos contribuyen más a la Hacienda Pública dado que pagan mayores impuestos directos e indirectos y por lo tanto, cuando el Estado de Bienestar utiliza recursos públicos para sufragar sus sistemas de protección social, está utilizando esa mayor contribución —vía impuestos— que hace el ciudadano de mayor ingreso/consumo para implementar políticas de las que se beneficien todos los ciudadanos, independientemente de su mayor o menor ingreso/consumo. Se puede deducir, por tanto, que se trata de un sistema impositivo de tipo progresivo.

25 Pese al perfecto ideal que representa el modelo, es legítimo preguntarse cómo contribuyen los grupos iii y iv.

26 Pueden utilizarse los deciles de ingreso (y/o los deciles de consumo, entre otros) como indicadores de la clase, a reserva de las más complejas conceptualizaciones de clase aplicada a las personas adultas mayores realizadas por Ehrenreich (1979), y Wright (1984).

27 Término acuñado por Hymowitz y Schellhardt en un artículo publicado el 24 de marzo de 1986 en el Wall Street Journal para referirse a los obstáculos que enfrentan las mujeres que ejercen o aspiran a ejercer altos cargos. Se ha extendido su uso también a las dificultades enfrentadas por minorías étnicas, de orientación sexual, etcétera.

 

Información sobre la autora

Aída Díaz Tendero Bollain. Es Doctora en Estudios de América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora visitante en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus publicaciones recientes son: Díaz-Tendero, Aída, 2012, La teoría de la economía política del envejecimiento. Un nuevo enfoque para la gerontologia social en México, Tijuana, Baja California, México, El Colegio de la Frontera Norte; el capítulo del libro, Díaz-Tendero, Aída, "La seguridad económica de los adultos mayores lograda por el modelo socialdemocrata de Estado de Bienestar. ¿Puede México acercarse algunos pasos?", en Hitos demográficos del siglo XXI y desafios de las políticas públicas, en el tomo I: Envejecimiento, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (cieap) de la Universidad Autónoma del Estado de México y el artículo de autoría individual, Díaz-Tendero, Aída, 2011, "Estudios de población y enfoques de Gerontología Social en México", en Papeles de Población, 70, octubre-diciembre, Toluca, México. Dirección electrónica: aidadi18@prodigy.net.mx