El COMIE en el tiempo

El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) se fundó el 20 de septiembre de 1993. Hace 30 años se propuso reunir investigadoras e investigadores profesionales del más alto nivel, con el objetivo principal de promover la investigación educativa de calidad para fortalecer la educación mexicana. Se trata de la asociación de investigadoras(es) educativos más importante del país, caracterizada por una amplia diversidad en cuanto a formaciones disciplinares, intereses y temas de indagación, así como por constituirse en el espacio de mayor relevancia para impulsar el debate y el diálogo sobre los grandes problemas educativos de México. La participación del COMIE ha trascendido en diferentes espacios relacionados con la educación mexicana no sin momentos de tensiones, diferencias y coincidencias entre sus integrantes. Al respecto, la pluralidad de ideas y posturas académico-políticas han jugado un rol fundamental; lo que da cuenta de la riqueza y fortaleza de la organización como un interlocutor reconocido ante diversos actores involucrados con el campo educativo, independientemente del gobierno en turno y de las distintas visiones del proyecto educativo que impulsan cada sexenio.

Hoy el COMIE agrupa a 720 investigadores pertenecientes a 202 instituciones (públicas y privadas) en 30 entidades federativas. Una característica fundamental de la asociación es que su financiación proviene de sus integrantes y no de recursos públicos procedentes del gobierno. Con ello, el COMIE es una asociación con independencia académica y administrativa. Entre sus principales acciones y productos destacan la organización de 17 ediciones del Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIE); la realización de siete ediciones del Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado en Educación; la publicación, desde 1996, de la Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE), reconocida por su prestigio y posición en el campo; la coordinación, elaboración y publicación de los estados de conocimiento de la investigación educativa cada diez años y la organización y participación en diversos eventos y actividades vinculadas con el campo educativo tanto en México como en el mundo. Se suma a los anterior, que el COMIE ha contribuido a la formación de investigadoras(es), al debate sobre los temas y problemas educativos actuales, emergentes y de coyuntura. Sin duda, la diversidad y pluralidad son los términos que mejor definen al Consejo y que lo han posicionado como el referente para la investigación educativa mexicana.

En los siguientes párrafos me referiré a una etapa de la historia del COMIE que como presidenta del Consejo me tocó vivir y que coincidió con un momento histórico del país: el de la transición política del año 2018, que significó el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y, con ello, un proceso de reforma educativa que hemos vivido desde entonces. Este no es un texto científico en estricto sentido, se trata de mis reflexiones resultado del diálogo con muchas y muchos colegas con quien me tocó encontrarme durante mi conducción del COMIE, y que en el 2019 fueron objeto de amplios análisis en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa. El texto es, por tanto, producto de una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido como investigadora educativa, por lo que, reconociendo sus limitaciones, lo ofrezco como un homenaje a nuestro querido Consejo.

Diálogos y reflexiones frente al cambio y la transformación educativa en México

En noviembre de 2019 celebramos la quinceava edición del Congreso Nacional de Investigación Educativa y, al mismo tiempo, 25 años de historia de esta organización en los que día con día contribuimos, desde la investigación educativa, a la discusión, el estudio y el análisis permanente de la educación, sus políticas, procesos y prácticas. El Congreso refrendó el objetivo fundamental del COMIE, que rebasa el interés individual y se coloca en lo colectivo, en el deseo de hacer de cada hecho educativo algo que signifique y nos resignifique como personas, como seres humanos. La educación no puede jamás ser un acto de uno, es un acto de todas y todos y demanda de todas y todos del compromiso y la dedicación, así como de un comportamiento ético sin precedentes.

En un momento de euforia política que vivía el país, el COMIE desde la diversidad y la pluralidad de pensamiento que lo caracteriza, refrendó también su papel de actor protagónico en la historia de la educación del país. Además de contar con la participación de la comunidad científica de investigación educativa del país, la presencia de maestras, maestros, estudiantes y autoridades ha sido una constante en el diálogo y debate que promueve el Consejo y no fue la excepción el congreso de 2019. En la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, nos congregó como educadoras(es) uno de los actos más nobles e importantes en la historia de la humanidad, la educación. Citando a Freire “El educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa. Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual los argumentos de la autoridad ya no rigen”.

Un primer asunto fue reconocer que somos un país diverso, pluricultural y contrastante. En su construcción México ha transitado por diversas etapas que reflejan, desde visiones diferentes, el anhelo en el que todas y todos coincidimos: construir y pertenecer a una nación como forma de vida que cristalice la aspiración de una historia colectiva. En afán de alcanzarlo hemos vivido cambios políticos y económicos que no han logrado materializarse en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Por el contrario, la desigualdad y sus efectos han sido la constante por varias décadas.

En el plano político hemos experimentado transformaciones institucionales que han conducido a transiciones gubernamentales y políticas que resignifican la relevancia de la vida democrática. El año 2000 representó un cambio profundo en la vida del país. Tras doce años de gobierno panista y un sexenio del regreso del Partido Revolucionario Institucional, México vivió un nuevo cambio con la llegada al poder de Morena; después de dos intentos, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. Si bien la alternancia política manifiesta los avances que en materia de democracia hemos logrado con la construcción de instituciones que contribuyen a su desarrollo, el camino ha sido largo y sinuoso. De hecho, los recientes debates y disputas por la democracia en México dan cuenta de los pendientes que en esta materia tiene el país.

En el terreno económico pasamos de un modelo de desarrollo del Estado benefactor a uno que se propuso como objetivo principal modernizar al país. Fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari que el proyecto modernizador encontró su asidero. La privatización, la desregulación y la competencia colectiva e individual fueron los ejes que orientaron la intervención de un Estado promotor de las lógicas del mercado. Al contrario de quienes han afirmado que el neoliberalismo minimizó la participación del Estado como agente regulador, en México su intervención se orientó por un claro proceso de cambios institucionales que posibilitaron la implementación del mercado y la competencia como las vías que permitirían el desarrollo y crecimiento económicos del país.

En medio del optimismo gubernamental por el México que ingresaba al primer mundo, el México global, aparecieron también los otros méxicos lastimados por la miseria, el olvido y la marginación históricas. El movimiento zapatista en Chiapas mostró la otra cara de la moneda, un país diverso pero fragmentado por la desigualdad, la marginación, la pobreza, la miseria, la corrupción, la impunidad y la violencia. Son estos mismos grandes problemas nacionales los que han persistido y se han intensificado, que vulneran las condiciones de vida y la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, imposibilitan la satisfacción de sus necesidades básicas e impiden su plena integración social. Hoy 74 de cada 100 mexicanas(os) que nacen pobres morirán igual.

La desigualdad de la que somos testigos es excesiva, intolerable e insostenible, lo que nos obliga a discutirla desde un posicionamiento no solo económico sino ético y de justicia social, y nos conduce a preguntarnos cuánta desigualdad es o no aceptable. En México hay 53 millones de personas viviendo en la pobreza y 10 millones de personas en la extrema pobreza; las disparidades sociales y económicas son aún más contrastantes. Mientras que el Producto Interno Bruto per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por 5. La desigualdad y la pobreza se reflejan en la educación, la salud, la vivienda digna, la seguridad social, la alimentación, el grado de cohesión social y otros servicios públicos. Esta realidad cala profundamente en algunas entidades federativas del país como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla (^{Buendía y Escorcia, 2018}).

En este contexto es que se inserta la educación. Una reflexión que permanece constante en debates tanto en el ámbito de la investigación como de la política educativas es el significado que otorgamos a la educación. Una acepción personal que se ha nutrido de mi trabajo colectivo es que la educación es un proceso de transformación que responde a un contexto histórico-social y político, que libera, propicia la reflexión, desarrolla posturas críticas y sistemáticas, despierta la curiosidad, impulsa la creatividad, mejora las capacidades intelectuales y sociales, y propicia la comprensión de un mundo cada vez más complejo y diverso.

Decía Pablo Latapí que educar significa crecer, desarrollar capacidades y madurar. Una buena educación es aquella donde la motivación por la superación es permanente, donde no cabe el egoísmo y la arrogancia de la excelencia y donde no se aspira a la perfección del hombre, sino a su crecimiento constante. La buena educación es autoexigente y nos obliga a ponernos al servicio de los demás, es la base para mejorar nuestra vida y la de las y los otros. La buena educación es inclusiva y equitativa y proporciona a las personas, en los distintos territorios, las habilidades y capacidades para el pensamiento y la acción necesarias para transformarse y transformar su entorno local, regional y nacional.

En México esta aspiración es una deuda pendiente. Muchos son los factores que han contribuido a ello. Los grandes procesos de reforma y cambio que hemos experimentado para dar rumbo a la educación, para construir el o los proyectos educativos que den sentido e incluyan la diversidad que nos caracteriza, han dado resultados positivos; pero también han mostrado sus efectos más perversos. En la historia del país no en pocas ocasiones hemos sido testigos de decisiones de política que abonan escasamente a la mejora de la educación, porque sus objetivos son difusos y no reconocen ni diferencian entre la política, la acción política y la intervención pedagógica. Han privado los intereses personales o de grupo que dejan en el olvido a los verdaderos protagonistas de la educación e imponen sus visiones a fuerza de acuerdos que se construyen en espacios de negociación ajenos a ellos.

Entre esos actores protagonistas están las y los estudiantes y estamos las y los maestros, independientemente del nivel educativo de que se trate. Los estudiantes son nuestra razón de ser; con su creatividad, imaginación y energía hacen de la educación un espacio de transformación. Tenemos una gran deuda con ellas y ellos. Las reformas educativas como procesos de cambio no han hecho lo suficiente para visibilizar su diversidad, sus intereses, sus motivaciones y expectativas. En México, el origen sigue marcando el destino de niñas y niños que nacen en la pobreza; 4.8 millones de ellos, entre los 3 y 17 años de edad no asisten a la escuela. Aunque la educación básica está prácticamente universalizada, las condiciones en que se imparte en el territorio nacional reproducen la desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana. La educación media superior enfrenta aún retos considerables y en el sexenio actual no ha habido claridad en su orientación. Una pregunta planteada por Eduardo Weiss en 2017 sigue vigente: ¿Les preocupa a los políticos y autoridades educativas la baja calidad de los aprendizajes? Igual que su respuesta: “Tal vez algo… pero en un país donde hay pocos empleos formales de calidad a ofrecer a los egresados y donde acecha el peligro de que los jóvenes caigan en actividades ilícitas, es preferible que estén resguardados en las escuelas y no expuestos en la calle”.

La última reforma educativa aprobada el 15 de mayo de 2019, fecha emblemática para las y los educadores, elevó a rango constitucional la obligatoriedad y gratuidad de la educación mexicana que imparte el Estado, incluida la de nivel superior. Ello significa que corresponde al Estado, desde sus distintos órdenes de gobierno, garantizarla. ¿Quién podría oponerse a tan noble propósito? El asunto pendiente es construir caminos y rutas que verdaderamente promuevan la equidad educativa en su más amplia acepción. Ni la meritocracia absoluta, ni la ampliación de espacios solo como una respuesta inmediata discursivamente aceptable ante la baja cobertura en la educación superior suponen respuestas únicas. Las propuestas deben ser responsables y fundadas en el conocimiento del sistema y en el reconocimiento de la diversidad de los contextos y de nuestras(os) estudiantes, en la posibilidad de abonar a la realización de sus sueños y a una vida digna y, al mismo tiempo, al desarrollo del país.

No es suficiente garantizar y/o ampliar las oportunidades educativas que se reflejen en el acceso al sistema en sus diferentes tipos y niveles educativos. Se requiere que estas sean de buena calidad, traducida en óptimas condiciones pedagógicas, materiales y humanas que contribuyan a garantizar el derecho a la educación para todas y todos los niños y jóvenes mexicanos, independientemente de su origen social y económico. Además, es necesario que las trayectorias de las y los estudiantes sean objeto de análisis e intervención y que sus transiciones educativas sean exitosas. Así, y solo así, podremos hablar de equidad, inclusión y justicia educativas.

Pugnar por una buena educación implica el reconocimiento y la valoración del trabajo que día a día realizan las y los educadores en los distintos niveles, espacios y escenarios educativos. El dominio disciplinario y pedagógico deben ser el fundamento de la formación como proceso de construcción de saberes y prácticas pedagógicas, y como componente fundamental para aspirar a una educación sólida, crítica y creativa. Aquella debe ser acompañada del reconocimiento de la diversidad de trayectorias docentes y académicas; mismas que se relacionan con las condiciones institucionales y organizacionales en que maestras, maestros, académicas y académicos realizamos la gran labor de formar a nuestras niñas, niños y jóvenes y de contribuir a la generación, transmisión y difusión del conocimiento.

Somos las y los educadores quienes asumimos el gran compromiso de formar a las nuevas generaciones. Además, muchos de nosotros nos hemos comprometido con la investigación como un proyecto de vida, como un oficio artesanal. Nos mueve la inquietud por aprender, por comprender, por analizar y por intervenir. Nos mueve la educación de y para nuestro país, nos mueve la convicción de que millones de niñas, niños y jóvenes nos esperan todos los días en las aulas y, lamentablemente, muchos fuera de ellas, sin la menor posibilidad de acceder y permanecer porque su condición socioeconómica los marcó de origen, para mostrarles que para ellos no hay mejor destino.

Muchos son los retos y los compromisos que nos demanda el o los proyectos educativos para el México diverso. No obstante, es urgente fortalecer la gobernanza institucional del sistema y los niveles y modalidades que lo integran. Ello significa mejorar la capacidad organizacional, de gestión y coordinación, en la que una comunidad es capaz de acordar objetivos comunes, así como de coordinar acciones y generar los diseños y las estrategias institucionales más adecuadas para conseguirlos ( ^{Aguilar Villanueva, 2006}).

La coordinación del sistema debe ir acompañada de los recursos públicos destinados a la educación, asunto que se ha instaurado por años, en un tema relevante en la agenda nacional. La demanda histórica de diversos actores políticos y sociales, para que el Estado incremente considerablemente los recursos y que la educación se constituya en una estrategia de desarrollo nacional, ha sido una constante. Las restricciones presupuestales y las discusiones anuales que se originan en el poder Legislativo dan cuenta de la ausencia de una estrategia para apoyar una asignación presupuestal que se incremente paulatinamente y que permita posicionar a la educación como un verdadero factor de transformación y cambio social.

Es necesario que el país, por la vía de un compromiso económico contundente y creciente, apueste por el desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, las humanidades, la tecnología y la innovación como una estrategia necesaria para resarcir la desigualdad social y económica que persiste desde hace varias décadas y, en consecuencia, contribuya a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las y los mexicanos.

Si aspiramos a la concreción de una sociedad más justa y equitativa es indispensable el desarrollo y la consolidación de un proyecto de país y educativo que reconozca plenamente la diversidad en todos sus ámbitos, que se aparte de políticas gubernamentales, para transitar hacia la construcción de políticas públicas de Estado que se sustenten en el conocimiento, rompan con inercias y propicien una toma de decisiones informada que no responda a la improvisación y la ocurrencia.

Pero hablemos de diversidad no solo en el discurso, hagámoslo en la acción, incluyamos, no discriminemos por razón o condición alguna ni en espacio social alguno. Enseñemos la tolerancia tolerando, ya que alguien nos ha de tolerar también, desde su razón y la nuestra, desde su pensamiento y el nuestro. Vivamos la justicia desde cada espacio del que como ciudadanas(os) y educadoras(es) formamos parte, el aula, la escuela, la universidad, la vida misma. Cultivemos la equidad mejorando las condiciones de quienes, por el puro azar, altamente probable en este país, nacieron en una cuna en condiciones de pobreza.

No hay razones únicas, no hay verdades únicas, no hay soluciones únicas a los problemas que enfrenta nuestra educación y nuestro país. Aun solo pensarlo nos condenará a mantener nuestras deudas pendientes en materia educativa. Hagámoslo con compromiso real y auténtico, más allá del protagonismo político e intelectual que pueden cegarnos y colocarnos como dueños de la verdad y de la razón absolutas; como sujetos inalcanzables, soberbios y arrogantes. La educación mexicana y todo lo que ella significa no nos necesita así, la educación mexicana nos exige el diálogo argumentado, la escucha tolerante y la construcción colectiva.

Reflexión final

Parte de este texto lo escribí en el año 2019, hoy en 2023, en la antesala de un próximo cambio de gobierno y con una alta probabilidad de continuidad del partido en el gobierno, los retos en materia educativa persisten. Sin duda la pandemia causada por la COVID-19 ha sido un fenómeno que trastocó la educación, que reorientó los esfuerzos gubernamentales a fin de transitar a la educación remota y atender a millones de estudiantes en condiciones de desigualdad. Los estragos de la pandemia seguirán presentes en el rezago educativo que hemos de arrastrar por generaciones y, ante ello, el compromiso que debemos asumir es exponencial. Confío en que hemos de contribuir desde la investigación educativa a una mejor educación, una educación sin adjetivos desde el discurso, una educación justa, equitativa e incluyente. Ese es el gran desafío de México y para México.