Artículos

 

Las reformas en México y el TLCAN

 

Mexican Reforms and NAFTA

 

Les Réformes au Mexique et le TLCAN

 

As Reformas no México e o TLCAN

 

墨西哥改革与北美自由贸易协定

 

Sergio Cabrera^*

 

^* Facultad de Economía de la UNAM, México. Correo electrónico: sabatic@gmail.com

 

Fecha de recepción: 2 de junio de 2014.
Fecha de aceptación: 6 de noviembre de 2014.

 

Resumen

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se promovió para generar crecimiento, distribución del ingreso y recuperar el poder adquisitivo que la sociedad mexicana perdió desde los años setenta. Esos objetivos se esgrimieron también para promover otros tratados económicos. Sin embargo, las estrategias utilizadas no dieron dichos frutos; sus mecanismos e instrumentación contrajeron la economía, el poder adquisitivo y concentraron más el ingreso y la riqueza. Las reformas impuestas en México a partir del año 2012 convergen con los objetivos del TLCAN, y sus mecanismos e instrumentación amenazan con acentuar el deterioro de los últimos 20 años. Se concluye que el TLCAN, y esas reformas, fundamentalmente impulsan la liberalización de la economía y la contracción de la participación del Estado en la vida social.

Palabras clave: acuerdo de libre comercio, liberalización económica, reformas económicas, deterioro social, intervención del Estado.

Clasificación JEL: F13, F14, F15, F55.

 

Abstract

The North American Free Trade Agreement (NAFTA) was meant to spur growth, improve income distribution and allow Mexican society to regain the purchasing power it had lost since the 1970s. These objectives have also been used to push through other economic agreements. However, these strategies have not yielded their promised fruit. Instead, the mechanisms and ways in which these agreements have been implemented have caused the economy to contract and purchasing power to fall, while simultaneously increasing income and wealth concentration. The reforms that Mexico began to impose in 2012 are aligned with NAFTA objectives, and their mechanisms and implementation threaten to further aggravate the losses of the past 20 years. In conclusion, NAFTA and these reforms fundamentally drive economic liberalization and reduce the role of the State in social affairs.

Key Words: Free trade agreement, economic liberalization, economic reforms, social deterioration, State interventio.

 

Résumé

l'Accord de libre échange nord-américain (TLCAN en espagnol) fut promu dans le but déclaré de générer croissance, répartition du revenu et récupérer le pouvoir d'achat que la société mexicaine a perdu depuis les années 70. On a aussi invoqué ces objectifs pour promouvoir d'autres accords économiques. Néanmoins, les stratégies utilisées n'ont pas donné les fruits escomptés ; leurs mécanismes et mise en œuvre ont réduit l'économie et le pouvoir d'achat et ont accentué la concentration de la richesse. Les réformes imposées au Mexique à partir de 2012 sconont conformes aux objectifs du TLCAN, et leurs mécanismes et mise en œuvre menacent d'aggraver la détérioration des 20 dernières années. En conclusion, el TLCAN et ces réformes impulsent fondamentalement la libéralisation de l'économie et la diminution de la participation de l'État dans la vie sociale.

Mots clés: accord de libre échange, libéralisation économique, réformes économiques, détérioration sociale, intervention de l'État.

 

Resumo

O Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN) foi promovido para gerar crescimento, distribuição da renda e recuperar o poder aquisitivo que a sociedade mexicana perdeu desde os anos setenta. Esses objetivos foram empregados também para promover outros tratados económicos. Entretanto, as estratégias utilizadas não deram ditos frutos; seus mecanismos e instrumentação contraíram a economia, o poder aquisitivo e concentraram mais a renda e a riqueza. As reformas impostas no México a partir do ano de 2012 convergem com os objetivos do TLCAN, e seus mecanismos e instrumentação ameaçam com acentuar a deterioração dos últimos 20 anos. Conclui-se que o TLCAN, e essas reformas, fundamentalmente impulsam a liberalização da economia e a contração da participação do Estado na vida social.

Palavras-chave: acordo de livre-comércio, liberalização econômica, reformas econômicas, deterioração social, intervenção do Estado.

 

摘要：

北美自由贸易协定的生效对墨西哥意味着刺激增长、改善收入分配以及提高自20世纪70年代以来墨西哥社会失去的购买力。这些目标同样适用于其他经济体签署的自由贸易协定。然而，这些预期收益并未能实现。相反，这些自由贸易协议执行机制和方式使成员国的经济萎缩和购买力下降，同时收入和财富更加集中。2012年墨西哥开始的改革是与北美自由协定的目标是关联的，主要原因是这一自由贸易协定的机制将会使墨西哥继续遭受损失。本文的结论认为，北美自由贸易协定基本上是推动了经济自由化和削弱了政府在社会领域中的角色。

关键词: 自由贸易协定 经济自由化 经济改革 社会恶化 政府干预

 

Introducción¹

A lo largo de los últimos 20 años del TLCAN (1994-2014) se han producido resultados negativos para la mayor parte de las sociedades de los tres países que lo signaron (Canadá, Estados Unidos y México), ampliándose y profundizándose los desequilibrios y brechas internas y externas; sin embargo, las posibilidades de que se amplíen y aceleren se han elevado. En el último periodo, los gobiernos de los tres países han reconstruido una visión estratégica del espacio económico común, que implica avanzar por el mismo camino que hasta ahora ha llevado a la creciente fragilidad e incertidumbre para México. Se han emprendido cambios que pretenden crear una salida, sin embargo, la estrategia no ha variado, por lo que parece difícil se superen sus fallas y limitaciones.

La idea básica se esboza en la presente colaboración es que dicha reconstrucción implica, desde la perspectiva de México, el despliegue, hasta sus últimas consecuencias y de manera integral, de la liberalización económica y contracción de las funciones sustantivas del gobierno, dos aspectos del mismo proceso. Uno de los aspectos fundamentales de esa contracción se da en las funciones económicas y sociales lo que deteriora la capacidad de gobierno e impide la presencia de la sociedad como de sus necesidades, en el diseño e instrumentación de las políticas públicas. Esto último parece ser una de las más importantes estrategias del TLCAN. Por ello se insiste en esta colaboración, que las reformas emprendidas durante el 2012 a la fecha, tienen un claro apoyo a los intereses económicos de consorcios transnacionales. La primera parte de este trabajo repasa los éxitos (pocos y concentrados) y fracasos (muchos y generalizados) del TLCAN. En la segunda parte se aborda la avalancha de reformas emprendidas desde 2012 en México, como mecanismos e instrumentos que amplían y profundizan el TLCAN. Estas reformas, básicamente regresivas, han mostrado su debilidad institucional y económica, así como la enorme supeditación al sistema financiero global de la economía mexicana. En esa perspectiva se afirma que dichas reformas son parte de un proceso aún inconcluso que supone un proyecto radicalmente global y financiarizado. En este sentido, los resultados del TLCAN y su profundización imponen relaciones de mercado a las sociedades, y las someten a los vaivenes de éste, enajenando su capacidad de generar y recrear sus proyectos sociales, políticos y económicos.

 

Parte I. Transformación voraz

La crisis de los años setenta impuso la reorganización del capitalismo global, y entre el inicio y fin del auge petrolero se impulsó la liberalización económica a escala planetaria, apoyada en los desastres de la crisis y las reformas emprendidas, entre las más importante, la financiera (Serfati, 2010). Esta estrategia se aplicó de manera radical en México y América Latina (AL) al inicio de los años ochenta y, se ha reforzado, depurado y ampliado hasta el día de hoy, al tiempo que se ha impuesto en todo el mundo.

Hace más de 30 años, en la década de los años ochenta, en al y México se impulsaron programas de privatizaciones y apertura comercial, lo que constituyó una primera generación de reformas estructurales. Esas, como ahora, se plantearon el objetivo de combatir los desequilibrios, desterrar la crisis y retomar el desarrollo económico y, con todo ello, alcanzar la justicia, la democracia y la libertad. Estos mismos objetivos fueron retomados durante la segunda generación de reformas, en los años noventa, mismos que acompañaron las negociaciones del TLCAN hace 20 años.

La crisis iniciada en 2007, que ha afectado al mundo entero, sobre todo a los países desarrollados, nuevamente está sirviendo para imponer programas semejantes en todo el mundo, lo que ha contribuido a agudizar el deterioro y la concentración a escala mundial en el ámbito económico, político y social (Cabrera, 2013).

En los años ochenta las reformas estructurales estuvieron diseñadas para acelerar la estrategia exportadora, propiciada por la contracción del mercado interno, debido a la profunda caída del salario y los ingresos de los trabajadores (Herrera, Lope, Badillo y Escobedo, 2012). El salario en México había alcanzado su punto más alto en 1976, y cayó sistemáticamente durante toda la década de los ochenta y prosiguió su caída en los años noventa, aunque en menor grado. A partir del año 2000 se desaceleró su caída, aunque está muy lejos de ser revertida. La instrumentación de políticas públicas generó el círculo vicioso entre la caída salarial y contracción del mercado interno y, precisamente esa caída, ha sido funcional para el TLCAN. Con el Tratado se aceleró el programa de liberalización y apertura comercial y financiera, impulsado por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), cuyo contenido programático se conoció desde los años noventa como el Consenso de Washington, que benefició a los corporativos multinacionales. Se impuso una creciente marginación de los intereses de los trabajadores en el Estado, haciendo hegemónicos los intereses de los grupos más poderosos, verdaderos impulsores de las tres generaciones de reformas. Se puede decir que se trata de un proyecto político neoliberal: liberalización total de la economía y la marginación radical del Estado en la economía nacional, los intereses nacionales y la sociedad (Vidal, 2010). En esa perspectiva se puede afirmar que los acuerdos comerciales han sido vehículo e instrumento, pero no esencia de la estrategia neoliberal, la cual se caracteriza por una visión del mundo donde las clases subalternas deben estar totalmente subordinadas y marginadas en la toma de decisiones. En esta perspectiva, si se retiraran todos los acuerdos comerciales de liberalización, se vería que en todo el mundo hoy, se ha impuesto esa orientación política, con acuerdos comerciales o sin ellos.

El TLCAN impuso el libre tránsito de bienes y servicios y la eliminación de aranceles y, ha sido el hilo conductor del proceso de integración subordinada de los tres países a la globalización y financiarización, en beneficio de los grandes corporativos. Los 90 artículos en 22 capítulos divididos en ocho partes del TLCAN: Aspectos Generales, Comercio de Bienes, Barreras Técnicas al Comercio, Compras del Sector Público, Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados, Propiedad Intelectual, Disposiciones Administrativas Institucionales y otras disposiciones finales importantes (SICE, 2014), han vulnerado y deteriorado las sociedades de los tres países, siendo la mexicana la más dañada, ahondando su dependencia económica, financiera y política.

 

Economía

Desde el 1º de enero de 1994 se aplicó una amplia y rápida desgravación del comercio entre los tres países; México al ser el más débil tecnológica, financiera, económica y políticamente fue el más afectado, lo que se profundizó con la crisis de 1994-1995. Resultado de la estrategia seguida por los gobiernos desde 1982 resumida en la fuerte exposición de la economía nacional al mercado global, sobre todo financiero (Correa, 1992). Esa crisis alimentó el deterioro social, económico y el gobierno quedó debilitado y más sometido al poder financiero. Las exportaciones de México se concentraron en Estados Unidos (EU), llevadas a cabo principalmente por un reducido número de empresas transnacionales y altamente concentradas y, aunque su número creció en los 10 primeros años, la misma estrategia asfixió su crecimiento como de la economía en su conjunto, especialmente de los sectores intensivos en mano de obra. Eso mismo permitió a México ocupar el octavo lugar entre los países exportadores. Por otro lado, las importaciones han estado marcadas por la misma tendencia transnacional y concentrada, hegemonizadas por la estrategia maquiladora, que se ha caracterizado por ser depredadora de las frágiles cadenas productivas internas, y ha recrudecido la dependencia, cuyo efecto negativo se multiplica durante las recesiones y crisis. Bajo estas condiciones los acuerdos comerciales que abren la economía nacional a otras de mayor desarrollo no pueden beneficiar su desarrollo.

De las importaciones también se han beneficiado pocas corporaciones como Maseca, el mayor importador de maíz en México, con grandes ganancias desde 2001 que aumentan considerablemente cada año. Situación semejante es la del grupo Lala y Bimbo, que importan materias primas subsidiadas de EU con grandes ganancias. Hay otros beneficiados que se transformaron en corporativos globales, como Telmex, Cemex, América Móvil, Gruma, Cementos Chihuahua, y grupos mineros; los cuales además de ser dominantes en sus ramas de origen, han empezado a controlar otras ramas. En esa perspectiva, las reformas iniciadas en México desde el 2012 están creado condiciones para que esos corporativos incursionen en ramas como las de telecomunicaciones y energía, entre otras.

Del total de las exportaciones de México casi el 80% va a EU, situación semejante es la de Canadá. Los principales componentes son petróleo, electrónica (maquila), autopartes (INEGI, 2014). Hay que señalar que el petróleo desde 1994 ha sido un componente central en las exportaciones. En los últimos 20 años se han construido de manera silenciosa, pero sólida, los mecanismos para que el petróleo funja como reserva de EU y en beneficio de los intereses financieros globales. Como quedó de manifiesto con la Reforma Energética de 2013 en México.

Otro aspecto de graves consecuencias es lo sucedido en el sector agropecuario, en estos 20 años, y en particular el caso del maíz donde los pequeños productores de México han sido arrasados por los productores de ese grano de EU. Ya que estos cuentan con acceso a crédito, asistencia técnica y mejor tecnología, y además, las grandes empresas exportadoras reciben subsidios (Ray, De la Torre y Tiller, 2003). Esta situación se ha agravado desde la entrada en vigor del TLCAN, porque el gobierno mexicano empezó a eliminar aranceles al maíz procedente de EU, quedando desplazados los productores mexicanos, situación agravada por las crecientes cuotas de importación, el retiro de los precios de garantía y subsidios a productores nacionales. Al parecer las posibles reformas que se han anunciado en el 2014 para el sector agropecuario podrían deprimir aún más a los pocos y deteriorados productores de maíz y de otros productos de México. Lo que se ha expresado en que la agricultura en México pasó de representar en 1988 el 7.9% del Producto Interno Bruto (PIB) a 3.4% (La Jornada, 2008).

El TLCAN, se argumentó, complementaría la inversión interna con la Inversión Extranjera Directa (IED), elevaría la productividad e impulsaría el sector industrial, agropecuario y de servicios, lo que tendría un efecto multiplicador en el empleo y se recuperaría el poder adquisitivo del salario, y al cual el círculo virtuoso retroalimentaría el crecimiento económico y hasta el desarrollo. La IED desde 1994 se ha incrementado de manera selectiva en el sector financiero y/o de altos rendimientos, que pocas veces da dinamismo a la economía y la producción en su conjunto (Castaingts, 1995). Otro objetivo que perseguía la IED era el aumento de la competitividad, que suponía tecnología avanzada de alta productividad. En 1995 se tuvo una IED cercana a los 11 mil millones de dólares (mmdd), el promedio de la primera década del TLCAN fue de 9 mmdd, que se ha elevado hasta los 30 MMDD, aunque en los años 2011-2013 promedió los 23 mmdd (Secretaría de Economía, 2014). Con la desventaja adicional que las utilidades de la IED se exportan, en 1995 se remitieron utilidades por 1.4 mmdd, mientras que en los últimos tres años el promedio fue de 7.5 mmdd (UNITÉ, 2014). El crecimiento de la Inversión Bruta Fija no ha superado el 4%, mientras que en el periodo anterior al TLCAN fue mayor a 8%, que aún así, fue insuficiente. La productividad ha avanzado poco y en pocas ramas, mientras que en otras se ha estancado, incluso, rezagado.

Por otro lado, el rezago tecnológico de las empresas mexicanas las ha llevado a la quiebra y/o ser absorbidas por extranjeras, alimentando la concentración, pero sin elevar la inversión. Lo que permite que dos terceras partes de las exportaciones nacionales correspondan a Empresas Transnacionales (ETN). En resumen, en términos de competitividad, México pasó del lugar 48 al 58, en los primeros 18 años de TLCAN, según el Reporte Global de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM), a partir de 2011 pasó al lugar 53 (Secretaría de Economía, 2013).

El fugaz y desequilibrado crecimiento y la limitada inversión han tenido efectos cada vez más nocivos sobre el mundo del trabajo, tanto en los salarios como en el nivel y calidad del empleo, agudizados por la orientación comercializadora y de desarticulación productiva que deterioró la economía en su conjunto. Se impuso un proceso de apertura económica sin precedentes, cuya fuerza y potencia se basa en la contracción salarial y en una creciente oferta laboral en todos los niveles de calificación. Más aún, se observa una masiva dilapidación de capacidades laborales de trabajadores calificados, que no ingresan a desempeñar las profesiones en que han sido formados. Así, desde un ingeniero hasta un artista que habiéndose formado, no tiene la posibilidad de trabajar durante los primeros años de vida laboral en el campo donde se formó, y difícilmente ingresará en él; así sus capacidades profesionales se pierden, no solamente para cada individuo y sus familias, sino para la sociedad en su conjunto. Cuando este fenómeno es masivo, como está siendo actualmente, no únicamente en México por cierto, las pérdidas sociales son enormes.

El deterioro salarial se mantiene hasta hoy, ya que la participación salarial en el PIB, ha caído sistemáticamente, por ejemplo en el año 2003 alcanzaba, según INEGI, el 30.8% del PIB y pasó en 2012 a 27.2% (SPDnoticias, 2014). En esta situación se apoyan, en buena medida, la multiplicación de los tratados comerciales de liberalización, además de exponer a la economía a las desventajas implícitas del TLCAN. México ha llegado a firmar en los últimos años tratados comerciales con 45 países, 30 acuerdos de promoción de inversiones y nueve acuerdos de alcance limitado, a pesar que el crecimiento económico durante los 20 años del TLCAN ha estado por debajo del 2.5% como promedio. Lo que revela que las autoridades han llegado a una conclusión errónea; creen que más liberalización podría dinamizar la economía, cuando justamente, la forma de liberalizar es lo que ha llevado al estancamiento, imponiendo un círculo vicioso.

El PIB por habitante apenas creció a un promedio inferior a 1%, agravado por el acelerado proceso de concentración del ingreso. Además, con la entrada en vigor del TLCAN, se afirmó que se atenuaría el deterioro ambiental y reduciría la migración, sin embargo, ambos aspectos han seguido una dirección contraria.

Durante los años noventa y dos mil, algunos países de al han experimentado un crecimiento debido a políticas públicas un tanto fuera del esquema neoliberal, renegociando su incorporación a la economía global y reasignando un papel destacado a su mercado interno y al Estado como mecanismo para una mejor distribución del ingreso. Aspectos que responden a la voluntad política de gobiernos de izquierda de Sudamérica; región que ha sido sometida por años al neoliberalismo. Estos países han venido avanzando en la organización de una estrategia económica alternativa a partir de los triunfos electorales. Sus avances en la construcción de sociedades posneoliberales aún enfrentan grandes desafíos y las dificultades de sus alternativas aún limitan su capacidad de gestión económica. Sus estrategias han sido diversas y han estado confrontadas al contexto político e ideológico en el que se desplazaron los gobiernos neoliberales previos. La mayor resistencia a la estrategia contra-neoliberal está profundamente arraigada en los grupos de poder que se han beneficio.

Estos gobiernos posneoliberales en Sudamérica han buscado conformar una estrategia básica, con acciones destinadas a tratar de proteger su espacio, limitando y regulando la apertura económica, sobre todo la financiera. Aunque la fuerza de ésta se desarrolla, avanzando rápidamente en los países con una amplia disponibilidad de materias primas y fuerza de trabajo. Sin embargo, las acciones de esos gobiernos no han sido suficientes para revertir la concentración, desigualdad y pobreza, aunque la han frenado en alguna medida.

Mientras las autoridades gubernamentales de México, se han resistido a impulsar algún proceso económico, político y social que contrarreste la dependencia de los centros de poder. Carecen de una estrategia que recupere la autonomía relativa necesaria para enfrentar los problemas de gobernabilidad interna y atienda las demandas sociales más urgentes. Lo cual ha tenido como resultado una creciente debilidad del Estado frente a diferentes grupos de interés, lo que ha incrementado el caos político, social y económico.

Por otra parte, mientras que el libre comercio no ha alcanzado las metas que se propuso, diferentes sectores de la sociedad mexicana reconocen que el TLCAN no ha sido un acuerdo equitativo entre los tres países, y México sobre todo padece esa inequidad. Ha predominado el interés de un pequeño grupo de intereses económicos sobre la mayoría de la sociedad, buscando la plena dominación del mercado sobre la vida social y política de nuestros tres países (Delgado y Mañan, 2005).

Una de las expresiones más dramáticas del libre comercio y las políticas neoliberales ha sido la masiva migración, aspecto lacerante para México y Centroamérica (García Zamora, 2010). Esta inequidad prevalece claramente en las reformas emprendidas en el 2012, estos sectores desfavorecidos de México siguen excluidos.

Los años del TLCAN han incrementado la competencia internacional y la concentración sobre todo en la economía mexicana, formando un círculo vicioso: la mejor posición competitiva de México agudiza la concentración del capital y el ingreso y viceversa; formando una espiral incontenible en la que la economía y la sociedad en su conjunto sufren mayor deterioro. La falta de regulación sobre todo en la concentración ha producido un daño irreversible a las jóvenes generaciones, sectores donde el desempleo, subempleo e informalidad es el reto más urgente, inmediato, como lo señala Global Risks 2014 del FEM (2014). En corto plazo hay desafíos urgentes como el estancamiento y deterioro económico, la depredación medioambiental y social y, el enorme rezago científico y tecnológico.

Resulta del todo paradójico que uno de los objetivos que perseguía el TLCAN era una convergencia económica en el campo de la industria, el comercio y las finanzas en los tres países, el resultado ha sido contrario. En la industria la presencia de China y la deslocalización industrial que ha vivido la economía de EU, impuso a la economía mexicana una integración más desfavorable. Aunque hayan crecido las exportaciones no han sido lo suficientemente elevadas, y la economía en su conjunto tampoco ha crecido, justamente porque la falta de convergencia ha hecho más dependiente a la economía mexicana. Esa divergencia también es resultado de las políticas monetarias emprendidas. El efecto de la sobrevaluación impulsada por la política de altas tasas de interés, para fortalecer el peso, ha estado atentando contra las exportaciones y acelera las importaciones. Si bien el comercio con EU creció entre 1994 y 2000, la presencia china ha frenado sistemáticamente las expectativas de crecimiento. Pero en México, el mismo comercio con China ha contribuido a crear puestos de trabajo de mala calidad y bajos salarios en el sector comercio. En cuanto al sector financiero éste ha crecido más que la economía real, dominándola, con una fuerte tendencia a la concentración. Esta situación en conjunto resulta contraria a los intereses de las sociedades en los tres países en general y a los intereses de los trabajadores en especial, tanto por la compresión salarial, como por el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida, ampliando la informalidad en los tres países, aunque en México se ha desbordado totalmente.

 

Salarios

Una característica definitiva para conformar una economía dinámica y en desarrollo, es la formación de una clase trabajadora sólida con salarios y empleos dignos. A fin de cuentas, un mercado laboral estructurado en los diferentes niveles de ocupación y estratos salariales, con creciente poder adquisitivo, es la base de toda economía dinámica. Sin embargo, esto ha sido imposible en México pues, al igual que en los otros dos países, dicha clase ha ido perdiendo presencia y vigor en la participación de la riqueza producida. En México el poder adquisitivo se redujo más de 20% entre 1994 y 2003, aunque ha sido mayor el incremento del precio de la canasta básica (Moreno, 2007). Ello ha sido resultado del incremento de productos de importación en la canasta básica, principalmente granos, agravado por el creciente proceso de financiarización de éstos. Este hecho ha afectado negativamente la agricultura mexicana, pues la producción nacional ha ido perdiendo presencia y profundizando su dependencia y, por lo tanto, pérdida de la soberanía alimentaria. Se ha llegado al grado de importar 95% de soya, 58.5% de arroz, 49% de trigo, 25% de maíz (Reporte Indigo, 2012) y casi 40% de carne (El Economista, 2013) con graves consecuencias para los productores de México.

El dinamismo exportador basado en la compresión salarial y el deterioro laboral, decidió las condiciones de vida del mundo de trabajo. Más aún cuando la persistencia de la ideología neoliberal condujo a una nueva Reforma Laboral en 2012, que contrae aún más el pobre poder de negociación de los sindicatos, y cierra por tiempo indefinido la posibilidad de creación de controles contracíclicos que contengan la reiterada destrucción económica. En los parámetros que se acota a la economía mexicana, no se logra vislumbrar la recuperación salarial ni de empleo dinámico en el corto, mediano o largo plazo, lo que se constituye en un límite infranqueable al crecimiento. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 90% del desempleo en México es producto de despidos y se ha estancado la recuperación salarial (OIT, 2014).

Uno de los efectos más nocivos en las dos décadas del TLCAN, como resultado de la contracción salarial y deterioro de las condiciones de trabajo y de vida, es la endémica presencia de la pobreza, la cual se ha mantenido en términos de variables monetarias, aunque ha aumentado en las patrimoniales. Algunos análisis señalan que la pobreza se ha reducido de manera marginal, en lo que toca a la pobreza moderada y/o extrema; aunque otros análisis señalan, bajo criterios muy específicos, que hay una amplio sector de la población que está bajo la línea de pobreza (Boltvinik, 2013). En México, como lo reportó la Estrategia de Asistencia a México 2014 a 2019 (Banco Mundial, 2014), la pobreza extrema se incrementó entre 2006 y 2012 de 14% a 19.7%, lo que representa más de 23 millones de mexicanos en tal condición. El deterioro económico y salarial se le considera como uno de los aspectos explicativos.

 

Ámbito social

Las élites mexicanas llegaron a considerar –y un sector de la población a imaginar– que con el TLCAN se ingresaría al desarrollo; aunque también hubo muchas voces que advirtieron sus limitaciones y peligros. Al final, sólo las élites de los tres países han sido las beneficiadas. A la entrada en vigor del TLCAN, la región contaba con 360 millones de habitantes, hoy son cerca de 480 millones y no sólo no han mejorado sus condiciones, sino que se han deteriorado. Algunos sectores viven en peores condiciones, no sólo en México, sino también en EU y Canadá, los cuales suman cerca de 100 millones de personas, es decir, casi el 75% del incremento de la población. A esa magnitud México ha contribuido con más del 50% (Coneval, 2012). Pero la crisis iniciada en 2007, ha creado las condiciones para acelerar el deterioro de las condiciones de vida de la población de los tres países, como del mundo entero. Más aún, hay un proceso de pauperización que está imponiendo límites a la dinámica que pretende reconstruir las nuevas estrategias que se han estado impulsando. Sin duda, México se encuentra en peores condiciones, con una tasa de informalidad laboral que puede rebasar el 60% de la población trabajadora (Ilo, 2014). Da como resultado un bajo nivel de cotización a la seguridad social, menos del 40% de la población cotiza a algún sistema de seguridad social. En México, menos del 25% de personas mayores de 65 años tienen una pensión contributiva, y los hombres entre 50 y 59 años sólo 27% podrían acceder a una pensión mínima, en el caso de las mujeres sólo el 12% (Ochoa, 2006). Ello resultado de la escasa generación de empleo y bajos salarios.

La operación por 20 años del TLCAN con la apertura comercial, especialmente en la producción agrícola, amplió el deterioro social en México y ha minado la condición de los trabajadores de los otros dos socios. De manera que las voces críticas se han multiplicado en los tres países, sustentadas en el fuerte descenso del ingreso de los asalariados, aunque de manera diferenciada en cada país. A su vez, la respuesta de los gobiernos de México, y en menor medida de EU y Canadá, ha sido la criminalización de la protesta social. Creándose mecanismos para que al interior de esas voces críticas se infiltren grupos y agentes para desvirtuar dichas protestas, haciendo más fácil su criminalización. Estas acciones, en el contexto del disciplinamiento social y político, inhiben aún más la protesta. Bajo esta perspectiva, el TLCAN no se ha instrumentado como mecanismo de cooperación económica, sino de abierto dominio económico y territorial del espacio por un reducido número de corporativos (Camarena, 2014). Así el TLCAN es una expresión de los cambios operados desde fines de los años setenta, haciendo evidente el funcionamiento intrínsecamente contradictorio y mutable del capitalismo.

 

Parte II. Reformas

Las reformas en general deben tener periodos de maduración; su claridad y perspectiva les pueden dar credibilidad, solidez y posibilidades de éxito. Estas deben estar regidas bajo el férreo principio de atacar los efectos nocivos de manera frontal. Sin embargo, en el caso de las reformas emprendidas por el gobierno de México desde el 2012, carecen totalmente de esas características. En el contexto de deterioro social y del medio ambiente, aunque no es resultado exclusivo del TLCAN, sino de una estrategia integral que ha estado detrás de ese instrumento y otros, se ha impuesto esa serie de reformas. Dichas reformas buscan en realidad legalizar el funcionamiento de ciertos mecanismos y prácticas que hasta ahora estaban en el campo de la ilegitimidad e ilegalidad. Lo que se evidencia el papel que está jugando el gobierno mexicano en la refuncionalización del TLCAN. Uno de sus rostros más característicos ha sido la forma autoritaria en que se han impuesto; además hay que advertir que casi todas las estrategias implícitas en las reformas en proceso, ya han dado resultados negativos de varios aspectos, con lo que su credibilidad se ve muy reducida. Entre las reformas más destacas se encuentran las siguientes:

La Reforma Laboral (RL) emprendida desde diciembre de 2012 argumentó que pretendía ampliar la creación de nuevos empleos y revitalizar los ya existentes, además, mejorar los salarios (STPS, 2012). Sin embargo, lo que realmente está haciendo, es legalizar y regular procesos y mecanismos que han estado funcionando desde tiempo atrás, que si no están al margen de la ley, sí transgreden la normatividad institucional establecida. Esta RL permite la destrucción de reglas mínimas, contribuyen al deterioro jurídico y erosionan el Estado de derecho, fragilizando la democracia extremadamente acotada e impidiendo la existencia de espacios para la defensa del mundo del trabajo. Si antes de la reforma no se tenían los instrumentos adecuados para sancionar los vicios al margen de ley, con la promulgación de esta RL, se legaliza lo que estaba fuera de la ley. Además que crea la posibilidad de la criminalización las protestas derivadas de las reivindicaciones del mundo del trabajo. Y lo más grave es que dicha RL no ha podido detener el deterioro del empleo y el salario, y sí ha fomentado la informalidad y elevado la precariedad; más aún, ha creado huecos para la dilapidación de trabajadores calificados y altamente calificados, con invaluables pérdidas por generaciones (El Financiero, 2014).

Dicha reforma también permite la permanencia e introducción de prácticas que aún no estaban tipificadas, y que resultan nocivas para el mundo del trabajo. Por lo que se puede apreciar que su objetivo central es reducir al máximo el costo laboral, confirmado desde inicios de 2013 con la generalización de la flexibilización a todos los niveles laborales (De la Garza, 2014). Su impacto ha sido negativo ya que en lugar de hacer crecer el número de empleos formales los hizo descender cerca de 38% (INEGI/ENOE, 2014). Si bien dicha reforma no está directamente relacionada con el TLCAN, sí le resulta funcional al contribuir a disminuir los salarios aún más, en una pretensión de elevar la competitividad de la economía comprimiendo los salarios.

* Otra reforma impulsada ha sido la Reforma Fiscal (RF), que pretendía ser hacendaria, su discurso y objetivos se concentraron en su posible impacto en el crecimiento económico y la equidad social (Cámara de Diputados, 2013). Sin embargo, se ha quedado en un mecanismo limitadamente recaudatorio y de impacto negativo para la economía en general y de los sectores más desfavorecidos. El proyecto de promover y financiar un seguro de desempleo y una pensión universal al parecer quedará en el papel. En cuanto al objetivo de impulsar la economía será aún más difícil. En la corta existencia de dicha reforma ha estado dando claras muestras de trocarse en su contrario de acuerdo a los objetivos planteados. Ya que las políticas públicas que pudieran impulsar la inversión, empleo, productividad aún están ausentes; y sin ellas ni crecimiento ni bienestar habrá y sin esto, tampoco crecimiento de los ingresos públicos. Los ingresos públicos sólo se han incrementado gracias al creciente endeudamiento del gobierno, que ya rebasa el 38% del PIB en 2013 (SHCP, 2013a). Este incremento ha resultado, además, poco útil para dinamizar la economía nacional y combatir la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza. Lo que resulta paradójico es que el creciente endeudamiento va de la mano de la política de austeridad. Mientras el endeudamiento gubernamental hace frente a la deuda pública y subsidios para el proyecto de economía nacional concentrada y financiarizada, la austeridad se impone para la política social en general. Lo que impide se impulsen proyectos e inversiones importantes, y finalmente quede frustrado el objetivo de redistribución, como de mejores condiciones a la educación, salud, etcétera. Además dicha RF afecta y afectará de manera mínima a los grandes corporativos, pero representará un gran peso para las medianas, pequeñas y micro empresas, y está siendo más severa contra la economía en su conjunto y, sobre todo, con la población de ingresos fijos y bajos. Esto genera un círculo perverso y depresivo para la economía nacional en su conjunto.

Además la RF pretendía combatir la evasión y elución fiscal, que alcanza, en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR) más de 75% (SHCP, 2013b), y que en los hechos sólo recae sobre el reducido número de empresas y contribuyentes cautivos; dicha reforma sigue siendo un semiparaíso fiscal, con grandes exenciones y huecos como la Bolsa de Valores, los mercados de dinero y capitales y el sistema financiero en general. Uno de los objetivos centrales de dicha reforma, era suplir la contracción de ingresos fiscales, que supondrá la volatilidad de los precios del petróleo y la transferencia de la renta petrolera a los grandes corporativos privados que implica la RE. Además habría que agregar las devoluciones a los grandes corporativos. Por esta lógica parece poco probable que la RF tenga un efecto multiplicador sobre el PIB, dado que, al permanecer todo igual, lo único que puede logra la RF, es castigar el consumo de la mayor parte de los contribuyentes cautivos, en particular los asalariados. Su efecto se está manifestando ya como recesivo, es decir, contrario a sus objetivos nodales.

• También se ha emprendido la Reforma en Telecomunicaciones (RT) que tiene como objetivo promover la inversión, crecimiento económico y hacer más competitivo el mercado de telecomunicaciones (Presidencia, 2013a), ya que atacaría el poder duopólico. Sin embargo, dado sus mecanismos y perspectiva se puede afirmar que esta reforma también está destinada a contravenir sus objetivos trazados. En realidad es extremadamente limitada contra el proceso concentrador que se ha desarrollado y fomentado en el sector. La escasa fuerza antimonopólica de la reforma y las características de las nuevas tecnologías es muy probable que promuevan mayor concentración.

• Se emprendió también la Reforma Educativa (RE) cuyo discurso combate la descomposición educativa que se ha desarrollado a la sombra del sistema, así como las prácticas corruptas impulsadas con la complicidad de los órganos del gobierno y dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Un objetivo que se dice persigue dicha reforma, es hacer más eficiente la formación de recursos humanos para alcanzar un nivel competitivo global y de bajos costos. Dicha RE además se plantea incrementar la equidad y calidad en la educación (DOF, 2013). Es imprescindible señalar que los diversos gobiernos en los últimos 30 años han sido testigos y cómplices de esa descomposición y corrupción. Entre las dificultades para erradicar estos males se encuentran los mecanismos autoritarios, al igual que en las otras reformas. Más allá de esas dificultades, la pugna política entre grupos de poder sigue siendo un obstáculo fundamental para contener dicho deterioro. Hasta el momento, por las formas y los mecanismos, dicha RE ha mostrado escasas posibilidades de tener algún efecto positivo.

• También se ha impulsado la llamada Reforma Política-Electoral, la cual es de un alcance menor que las anteriores. Aunque tiene como objetivo una mayor eficiencia política, reducción de los conflictos electorales y transparencia en las elecciones. En realidad sus beneficios se han concentrado en la clase política y en un restringido espacio electoral. Aunque al parecer será el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que saque mayor provecho, pero con mínimos, sino es que nulos beneficios para la sociedad en su conjunto.

• También se ha emprendido la Reforma Financiera (RFin) con el objetivo de que "la banca y el crédito" sean "palanca del desarrollo de las familias y empresas", así como mecanismo de "inclusión financiera responsable" (Presidencia, 2013b) y hacer fluir el financiamiento en cantidad y calidad adecuada a las actividades económicas para dejar atrás el estancamiento desestabilizador. También busca la promoción de la competencia bancaria y la financiera, urgente y necesaria. Sin embargo, una vez más, el mecanismo y estrategias son inoperantes. El objetivo de fortalecimiento del crédito, tanto privado como público, cuando no se crean los mecanismos, la normatividad y la institucionalidad adecuadas para uno y otro, el financiamiento parece imposible. Además, dicha reforma no crea condiciones para que el sistema financiero se ciña a un marco prudencial, sólido, transparente y al servicio del desarrollo, ya que la autoridad regulatoria carece o son débiles los instrumentos legales para vigilar y sancionar las operaciones de las filiales con sus matrices financieras. Cuestión extremadamente importante en México debido a la dominancia de grandes bancos globales en el mercado nacional. En ese contexto, a pesar de bancos de gran tamaño y poder, el financiamiento no fluye a la economía mexicana. Esta reforma muestra limitaciones como las emprendidas a fines de los años ochenta y principios de los años noventa, en donde la regulación y el financiamiento nunca se hicieron realidad.

 

Efecto de las reformas

Si bien algunas reformas no han entrado a funcionar de lleno y otras ni en vigor, hay que destacar que dichas reformas se ha centrado en legalizar y/o normalizar lo que de hecho está sucediendo en la realidad desde hace tiempo en varios ámbitos de la sociedad mexicana: otorgar el poder a grandes corporativos para usufructuar recursos naturales y humanos del país, comprimiendo aún más el mercado interno; además que profundizan y refuncionalizan la estrategia exportadora y dependiente. Lo que acentuará la concentración del ingreso y elevará la pobreza. Si bien la inversión crecerá, el contexto en que se dan las reformas no llegarán al nivel requerido ni a las áreas estratégicas para el desarrollo nacional; tales reformas funcionarán como un soporte renovado a los objetivos del TLCAN. Además es poco probable que las utilidades, producto de las reformas, se reinviertan en el país; se seguirán exportando como en el pasado, en particular como en los últimos 20 años del TLCAN, lo que acentuará la dependencia, desestructuración y descomposición económica. Se mantienen y recrean las estrategias instrumentadas que promueven la dinámica altamente concentradora del dominante poder financiero global. Cuyo despliegue de poder económico y fortalecimiento ideológico ha permitido ejercer un poder político supranacional soportado en élites tecnocráticas autóctonas que merman las capacidades institucionales y contrapesos. Poder financiero global que ha hegemonizado la economía en su conjunto, cooptando el espacio político global, y creando las condiciones para una mayor subordinación de la economía mexicana.

Las reformas emprendidas a partir de 2012, como hace 20 años, esconden una estrategia económica que responde a los dos objetivos claramente definidos: liberalización radical de la economía y marginación absoluta del Estado de la economía, la vida social y política; ambos objetivos se retroalimentan como lo comprueba el proceso de los últimos 30 años. Esta estrategia es impuesta a la sociedad y a la política social, mientras que los grandes corporativos son protegidos ante las turbulencias del "libre mercado", rescatándolos con cuantiosos recursos, que asumen la forma de deuda pública a cuenta de la sociedad. Esta ola de reformas emprendidas desde el 2012, al igual que el TLCAN, convalidan y promueven procesos que se encuentran muy avanzados en los diferentes ámbitos donde se imponen.

Las reformas en México a partir de 2012 han sido concebidas como piedra de toque para las grandes corporaciones, como lo confirma el hecho de que el Senado de EU, aún antes de aprobarse la RE en México, ha mostrado un exagerado interés por apoyarla política y económicamente, aprobando un presupuesto para empezar a explorar y explotar la zona del Golfo de México para "compartir" ingresos. Acción complementada con la aprobación de la RE por la mayoría de los congresos locales de México, otorgando la constitucionalidad para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aprobación que ha estado sujeta a negociación en el Congreso entre los diferentes segmentos de la clase política en beneficio propio. Por otro lado, incluso antes de promulgarse la re, el director de Pemex, Emilio Lozoya, hizo gala de insensatez, pidiendo una ley secundaria "audaz". Lo que en realidad significa, más ventajas para los inversionistas, subordinando los intereses nacionales. En ese mismo contexto las agencias calificadoras han dado su apoyo político a la reforma elevando la calificación del país de BBB a BBB+ (La Jornada, 2013). Esta acción parece un engrane más, entre otros, para apuntalar al peso frente al dólar, para amortiguar, durante algún tiempo, el incremento de las tasas de interés en EU, ante el inminente cambio de política monetaria y fiscal de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Acciones que busca un efecto inmediato: mantener atractiva la economía mexicana y que no sufra impactos negativos, por lo menos durante la primera temporada de las reformas. Todo ello revela el claro interés de poderosos grupos económicos por los recursos naturales de México. En síntesis, la amplia gama de reformas emprendidas, facilitarán el sometimiento de la economía y la sociedad mexicana al sistema financiero mundial.

Dichas reformas emprendidas en México están pasando por el proceso de instrumentación mediante las leyes secundarias. Este proceso ha creado conflictos, quedando al descubierto que, en las negociaciones partidistas no hay un interés nacional genuino. Esta orientación y la pésima gestión del proceso de reformas han estado atentando contra la economía, redoblado el proceso de estancamiento y descomposición económica. Por ello se puede afirmar que dichas reformas no tendrán frutos positivos y, por tanto, es probable logren desarticular aún más la económica mexicana.

Por otro lado, el contexto del capitalismo global se ha estado caracterizando por el diseño y la aplicación de políticas de austeridad, lo que resulta peligroso en condiciones normales, pero de alto riesgo en condiciones de inestabilidad. Ya que esta orientación genera mayor fragilidad económica, y dado el poder acumulado por las grandes corporaciones, sobre todo del sector financiero, amenaza con profundizar la especulación, y redoblar la volatilidad, acentuando el débil crecimiento e incluso el estancamiento, así como el endeudamiento privado y público (Stiglitz, 2014). En una palabra, en este panorama de la economía mundial, las reformas impuestas en México no resultan una alternativa que aleje al país del estancamiento y la desarticulación generalizada, más bien, tanto por el contexto externo como los mecanismos internos, dichas reformas pueden naufragar y significar mayor deterioro para la sociedad en su conjunto.

Quizá la economía mexicana asista, en los próximos años, a un cierto crecimiento, pero no será resultado de las reformas, sino del deterioro de las condiciones de vida, del medio ambiente y los recursos naturales; ya que, como se ha confirmado, el crecimiento por sí mismo no asegura mejores condiciones de vida de las sociedades (CEPAL, 2013).

Desde los años noventa se profundizó la descomposición especulativa de la economía (Guttmann, 2009), que han pagado las sociedades del mundo con el deterioro de las condiciones de vida, la seguridad social, los fondos de pensión, así como el incremento descomunal de la deuda de los gobiernos resultado de los reiterados rescates de los sectores hegemónicos. Todo ello es parte del mecanismo que se impulsó desde hace más de 30 años, resumido en la liberalización económica y contracción y eliminación de funciones económicas, sociales y políticas del Estado. Estrategia que no ha representado alternativa de desarrollo nacional y popular, sino ha reforzado al poder económico y político, con lo que el principio de representación social y política ha quedado reducida.

En esta perspectiva las reformas emprendidas por el gobierno actual, como las de gobiernos anteriores, han levantando una barrera infranqueable entre ciudadanos y sus órganos de representación política y social. Lo que ha debilitado aún más las posibilidades de la democracia y fragiliza la aplicación de las leyes, lo que contribuye a incrementar el autoritarismo. Los intereses que han promovido estos gobiernos les impiden admitir que esa estrategia no ha sido, ni será, benéfica para la población mexicana, sino solamente para un pequeño y poderoso segmento social altamente concentrado; en dicho segmento sin duda se encuentran intereses de sectores nacionales, que es probable claudiquen, o queden fusionados a los intereses de los grandes corporativos globales, como se ha confirmado en el pasado. Aunque no se descarta que corporativos nacionales logren consolidarse local y globalmente, pero ello tampoco signifique que la sociedad mexicana se vaya a beneficiar.

El TLCAN como las reformas actuales que lo apuntalan hoy, han impuesto un ultraliberalismo, dominado por la financiarización, acelerando la desigualdad y concentración que, como lo ha señalado T. Jodt, corroe la estructura social, económica y política, y en esa medida corrompe y destruye a las sociedades por dentro política y socialmente, ya que se crea un contexto en que no hay mecanismos de regulación, y cuya recuperación resulta ardua, larga e inestable (Jodt, 2010). Con el desmantelamiento de la Constitución vía las múltiples reformas, la conversión de lo público y social en privado, permite que todo lo nacional y social sea capitalizable por un selecto grupo; sean recursos naturales, ciudades, vida privada, costumbres, artes, etcétera. Proceso que somete a todos los espacios rentables al tiempo que vuelve más vulnerable a la sociedad.

 

Futuro incierto

Con la profundización del TLCAN mediante las reformas emprendidas en México, los objetivos de desarrollo económico y distribución del ingreso y la riqueza parecen más lejanos. En ese contexto es preciso señalar algunos elementos que pueden significan mayores riesgos:

a) En el inicio del siglo XXI la Inversión Extranjera Directa (IED) en China ha continuado su incremento; entre los grandes inversores se encuentra agentes económicos de EU. Lo que ha implicado relegar el TLCAN, es decir, la economía y la sociedad mexicana, canadiense y la misma norteamericana. La fábrica del mundo desde hace más de 15 años es China y no México, ni Canadá ni EU, lo que ha debilitado el TLCAN. Al parecer el reforzamiento del TLCAN, en particular por parte de México, mediante las reformas emprendidas desde el regreso del PRI al gobierno, tiene la función de mantener a México como reserva estratégica de materias primas y una posición geopolítica y económica funcional y con fuerza de trabajo disponible.

b) Por otro lado, la estrategia seguida por países como Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Venezuela, entre otros (con sus limitaciones), abrió algunas expectativas más independientes, respecto a la promovida en México; expectativas que se han estado agotando. El dinamismo de esos países latinoamericanos se ha debilitando por carecer de una estrategia de desarrollo nacional y regional convergente y de una mayor cohesión y beneficio social. Esta limitación significa para países como México, cuyas condiciones tienen semejanzas esos países del sur, que esa expectativa se haya cerrado, sin haberse beneficiado de ella. Pero más allá de no haber aprovechado esa posibilidad, hay que insistir que, a pesar de las ventajas que pueda tener esa alternativa o cualquier otra, sin atacar de fondo la desigualdad social, regional, económica, etcétera, no se logrará una economía mínimamente dinámica. Además que es preciso una mejor integración con regiones y países semejantes, por ejemplo los países sudamericanos, no por principios de identidad latinoamericana, sino porque la realidad y potencial económico y social al ser semejantes se podría negociar en condiciones de igualdad y equidad, que permitiría mejores resultados para esas sociedades. Y evitar en la medida de lo posible someterse a economías, sea China, EU o la Unión Europea, ya que hacen más vulnerables las economía poco estructuradas y las arrastran al vendaval de la globalización y la financiarización a la que México se ha sometido.

c) El hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) al igual que la Fed estén imponiendo políticas de austeridad, como las vividas en al desde los años ochenta, significa que la economía global, la del TLCAN y, por tanto, la de México, estén ante un inminente estancamiento económico. La estrategia de la austeridad tiene como un eje central elevar la competitividad, mediante la reducción de costos sociales, salariales y condiciones de vida, con el objetivo de impulsar la dinámica exportadora. Tal estrategia obliga, en el contexto de la economía mundial cada vez más integrada y competitiva, a imponer la vía de la contracción salarial. Así, países como México y otros de al serán arrastrados a ser más competitivos vía baja salarial y deterioro social y ambiental, lo que tendrá mayores efectos destructivos sobre las economías de al, e en particular del TLCAN y México.

 

Alternativa

Ante la cada vez mayor liberalización económica y en especial la financiera, asociada a la menor intervención del Estado, instrumentadas por el TLCAN como demás tratados comerciales, y desde el 2012 con las reformas emprendidas en México, es urgente combatir dicha estrategia, que se ha convertido en una estrategia global. Un elemento central de este combate es revertir la devaluación salarial. Elaborando una estrategia con el objetivo de alcanzar el pleno empleo y el ingreso universal para restablecer un nivel de vida digno y reactivar el mercado interno, pero también reducir el nivel de conflicto que vive la sociedad. Promover un horizonte de redistribución del ingreso y la riqueza a todos los niveles que sea una meta incuestionable en el corto, mediano y largo plazo. Asociado a una política de protección a la sociedad en su conjunto.

Impedir mediante acuerdos políticos rescates financieros que, como se ha visto, no sólo vulnera las economías subdesarrolladas, sino también las desarrolladas. Someter al sector financiero y bancario a cumplir con una estrategia de financiamiento adecuado para el desarrollo del país; además imponerle todo tipo de controles para evitar que siga la ruta de la especulación, que pone de rodillas a la economía real, y sobre todo a la sociedad.

Insistir que el reto fundamental no radica en la integración al mercado global, sino en la construcción de un proyecto inclusivo de la economía nacional que genere condiciones para un desarrollo autónomo, social y popular. Sin cerrarse al mercado mundial, ni subordinarse, abrir espacios de mayor equidad y mejores intercambios interregionales; ya que el proyecto exportador hasta hoy vigente ha contraído la economía. Razón de más para revertir la economía al mercado interno. Las exportaciones al realizarlas básicamente empresas transnacionales, los frutos generalmente se mantienen en la órbita global, y ahora cada vez más en la financiera especulativa, con pocos beneficios para los territorios nacionales. Por ello urge revisar integralmente el TLCAN, así como aquellas reformas emprendidas en México que siguen la estrategia exportadora a costa de la nacional.

Para emprender estas tareas es imprescindible incorporar una estrategia de largo aliento que restablezca la democracia, y destierre la orientación autoritaria que se ha impuesto en México como en el mundo entero. Obligar a la clase política elegida por la sociedad a que cumpla con los programas que promueven en sus campañas. En el caso particular de la reforma política en México debe ser rectificada, igual que todas las demás, para restablecer la conexión real con la sociedad y en beneficio de ella.

 

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Nota

¹ Una versión previa fue presentada en el seminario "20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: viejos problemas nuevos desafíos", realizada en el Departamento de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la unam, 23 y 24 de enero de 2014.