Comentarios y debates

 

Violencia, instituciones y prosperidad: crítica a la "economía política del desarrollo"

 

Fernando López Castellano * y Carmen Lizárraga Mollinedo**

 

* Profesor del Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Granada, España. Correo electrónico: flopezc@ugr.es

** Profesora del Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Granada, España. Correo electrónico: clizarra@ugr.es

 

Fecha de recepción: 19 de septiembre de 2005.
Fecha de aceptación: 14 de abril de 2006.

 

Introducción

Desde que Hirschman (1981) entonara el epitafio de la economía del desarrollo, se viene certificando su defunción (Lal, 1983; Meier y Seers, 1984; Pakdaman, 1988; Krugman, 1997). Tras el descontento provocado por el desarrollo estabilizador, se apagaron las W alabanzas a la técnica y al industrialismo como antídotos eficaces contra el veneno de la escasez. Por un lado, cayó el fetiche de la ayuda externa porque la evidencia empírica no avaló la hipótesis de la relación positiva entre préstamos y crecimiento económico, el cual apenas tuvo lugar en África o en América Latina (Stiglitz, 2002:30; Easterly, 2003:116117). Por otro, no se materializaron los supuestos efectos benéficos de la transmisión del mercado internacional, a la vez que no hay unanimidad en cuanto a que la mayor integración mundial o la apertura económica hayan reducido la pobreza (Rodrik, 1999; Winters et al., 2004).

En América Latina se percibía una doble insatisfacción, económica y política, ante los pobres resultados del llamado "decenio perdido" de los ochenta (Kurtz, 2004). A finales de esos años, el Banco Mundial describió la situación de África como "crisis de buen gobierno" (World Bank, 1992), una forma indirecta de acusar a la corrupción como causante de todos los males (Easterly, 2003). Se trataba de mostrar que ésta impedía el crecimiento, al neutralizar los efectos de la política económica y desviar la inversión de las actividades productivas a las especulativas y opacas; al mismo tiempo que se consideraba necesaria una gestión del desarrollo fundada en gobiernos con sólida arquitectura institucional.

En la última década del siglo pasado el fracaso de las políticas de estabilidad macroeconómica y sus secuelas pusieron de manifiesto las carencias de la teoría económica neoclásica en materia de desarrollo, pues menospreciaba los temas distributivos, las instituciones y la historia (Hoff y Stiglitz, 2002). Con todo, pese a que el desarrollo parecía no tener cabida en la agenda de investigación (Ocampo, 2001) y se dudaba de la existencia de una economía política del desarrollo (Toye, 1994), entre la literatura más reciente ha emergido una línea de interpretación, ligada a la economía institucional, que aspira a una revisión crítica de la teoría del desarrollo.¹ Este enfoque, que se considera a sí mismo deudor de la vieja economía política, identifica el objeto de estudio de la economía política del desarrollo con la investigación de la prosperidad y la violencia (Bates, 2004). Con ese propósito, explora el papel de la violencia como fuente de prosperidad, en función de su carácter público o privado, y analiza el influjo de los gobiernos depredadores en el desarrollo (Bates et al., 2002, 2004). Para conocer las bases políticas e institucionales del desempeño económico, que condicionan las divergentes trayectorias de las economías nacionales, esta teoría parte de un paralelismo entre el mundo subdesarrollado y la sociedad insegura de Hobbes, en el cual el control de la violencia es privado, lo que impide el progreso económico al hacer prevalecer los hábitos depredadores.² La senda de la prosperidad iniciaría cuando los individuos abandonen dichos hábitos y dediquen sus esfuerzos a actividades productivas, lo cual consolidaría un orden político que aseguraría los derechos de propiedad e incentivaría la creación de riqueza.

El objetivo del presente trabajo consiste en revisar la literatura más reciente ligada a la nueva economía política del desarrollo. Nos concentraremos en analizar sus fundamentos teóricos y su propuesta metodológica con el fin de poner de manifiesto su limitada capacidad explicativa para entender los actuales problemas del desarrollo, y de trazar algunas pautas por las que debería discurrir una interpretación más amplia de la problemática del subdesarrollo.

 

Elementos para una redefinición de la economía del desarrollo

Como se ha mencionado, a principios del presente siglo, el desarrollo institucional sustituía como objetivo a la estabilidad macroeconómica, concepto dominante en las dos décadas anteriores. Ya en plena euforia del "ajuste con crecimiento", algunos analistas llamaron la atención sobre la inestabilidad generada por los conflictos distributivos en ausencia de mecanismos institucionales correctores, y sobre la urgencia de mejorar las redes de seguridad y de cohesión social en las naciones en desarrollo (Alesina y Rodrik, 1994; Alesina y Perotti, 1994; Rodrik, 2003). El crecimiento se asociaba a la existencia de una serie de precondiciones institucionales básicas (Rodrik y Sobramanian, 2003); e incluso, se proponía estudiar el subdesarrollo como un fallo institucional (Bardham, 2002).³ Desde el análisis histórico comparado de los procesos de desarrollo se había intentado explicar el distinto nivel de desarrollo económico de los países en función del papel desempeñado por las instituciones (North, 1981; North y Thomas, 1990; North, 1992).

También se había hecho importantes progresos en la investigación de los fundamentos políticos del desarrollo y de las causas de la riqueza y de la pobreza de los países al incorporar el marco analítico de la teoría neoclásica al análisis de la aparición de la propiedad individual y del Estado moderno (Brennan y Buchanan, 1987; North, 1992; Olson, 1982, 1996). A partir del binomio poder y prosperidad, Olson (2000) situó el origen del Estado en el momento en que un "bandido estacionario" reemplaza a las bandas de asaltantes y saqueadores, se instala en un territorio de forma permanente, y crea incentivos a la producción de riqueza. Este gobierno autocrático aporta un orden que genera incentivos para producir en un mundo antes caracterizado por la inseguridad y por la inversión privada en protección. Olson, emulando la metáfora de Adam Smith, sugiere la existencia de una mano invisible del poder político, que le impide abusar de su fuerza y frenar la creación de riqueza con acciones redistributivas.

Se trata de identificar las causas que condicionan la creación de instituciones que favorecen el crecimiento económico en distintos países y momentos históricos. El desarrollo se explica por la capacidad de generar instituciones "acertadas" que promuevan las actividades productivas (North, 1992). Dicho análisis se complementa con una variante de las hipótesis geopolíticas que considera el papel de la guerra y del sistema internacional de relaciones como formador y configurador de los estados que lo integran. Desde esta perspectiva, las guerras y su preparación afectaron el proceso de formación del Estado, cuya estructura surgió como producto secundario de los esfuerzos del gobernante para adquirir los medios para la guerra (Tilly, 1992).⁴ De ese modo, la experiencia europea de la formación de estados nacionales se traslada a los países contemporáneos en vías de desarrollo, y por medio de ella se interpretan el origen de su divergente trayectoria en la evolución de su desarrollo y las causas que les han impedido repetir las pautas de los estados modernos y acceder al progreso (Bates, 2004).

La forma de representación política como subproducto institucional del intento de transformar la riqueza privada en ingresos públicos.

La economía política del desarrollo parte de la idea de que éste requiere un elemento económico -la formación de capital y la organización de la actividad económica, identificados como fuentes de crecimiento- y un elemento político-la domesticación de la violencia, que transforma la coacción en un recurso productivo-. El problema consiste en investigar cómo se crea el capital, se forman organizaciones económicas, y se domestica la violencia mediante instituciones y estructuras de gobierno (Bates, 2004:7-12).

El Estado absolutista fue la gran innovación política que permitió monopolizar los medios de violencia y desarrollar un sistema judicial público (Bates, 2004:46). Para conseguir ingresos destinados a financiar las guerras del rey, los especialistas en la violencia modificaron su estrategia y optaron por seducir a los propietarios de la riqueza, con lo que se levantaron cauces institucionales para lograr acuerdos. Mediante estos primitivos sistemas políticos, el gobernante obtenía los medios bélicos y los propietarios de la riqueza lograban garantías de que ésta no sería depredada por los poseedores de los instrumentos de coacción (Hirschman, 1978; North, 1992; Tilly, 1992:16; Bates, 2004:46-50).

El mercantilismo se erigió como una suerte de estrategia de la seducción; las instituciones, en el cauce idóneo para llevarla a cabo. Por un lado, se tomó un conjunto de medidas destinadas a fomentar la economía, tales como limitar la importación de productos terminados, imponer aranceles y contingentes, y reducir la exportación de materias primas. Por otro, se dotó de poder al ciudadano para formar organizaciones económicas capaces de promover el crecimiento de la economía y, por tanto, de la base de ingresos del reino.⁵ La inseguridad militar frente al exterior y la necesidad de recursos públicos para financiar la defensa posibilitaron la creación de instituciones políticas liberales, y configuraron tanto el papel económico de los gobiernos, como el desarrollo de Europa (Bates, 2004:50-58).

 

Incentivos internacionales, empleo de la violencia y evolución del desarrollo

Mediante un análisis muy alejado de las tesis que Bauer (1985) tildara de "economía del resentimiento",⁶ la nueva economía política del desarrollo estudia las pautas de adaptación nacional a la política internacional que tienen consecuencias sobre las instituciones. Para ello se parte de una hipótesis que cambia la relación causal: la estructura mundial del poder existente después de la segunda guerra mundial no forzó a los países en vías de desarrollo a realizar una política económica diferente de la practicada por los primeros estados modernos de Europa, sino que engendró estructuras políticas distintas que afectaron profundamente a su desarrollo (Bates, 2004:71).

La aparición, a mediados del siglo XX, de las naciones en vías de desarrollo tuvo lugar en un sistema internacional caracterizado por la guerra fría y la ayuda externa. Dichos países adoptaron una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones, para construir una base endógena de acumulación de capital y promover una gran transformación. Además, hicieron del gobierno una fuente de privilegios y ligaron las élites locales al centro político.

Lo que determinó la evolución del desarrollo y le imprimió un carácter distintivo fue el diferente modo de empleo de la violencia. Por una parte, la proclamación de soberanía redujo la importancia del imperativo militar; por otra, la abundante fuente de financiamiento disminuyó el imperativo de los ingresos. Esa doble circunstancia derivó en una relación distinta entre las élites políticas y la ciudadanía, mermó los incentivos para crear instituciones liberales, y los desvió de las formas políticas democráticas. Las élites, gracias a las transferencias, no tuvieron que recurrir a la tributación local ni se vieron compelidas a negociar con sus ciudadanos para conseguir ingresos públicos (Bates, 2004:87-88).

Los cambios de fin de siglo en el contexto económico y político internacional influyeron profundamente en la política económica, en la naturaleza de la política y en la estructura de las instituciones de los países en vías de desarrollo. El brusco viraje de la política económica para responder a las exigencias de los organismos financieros desencadenó grandes recesiones, con claros efectos políticos. La crisis económica y las reformas erosionaron la legitimidad y otros pilares que sustentaban el orden político en dichas naciones, lo cual rompió el ciclo autoritario, verdadera hipoteca de la sociedad latinoamericana, e inauguró un ciclo democrático.

 

Naturaleza del Estado y "economía política de la violencia"

Entre sus desventajas, además de la cuestionable idea de la funcionalidad o disfuncionalidad histórica de la violencia como origen del Estado y su formación, y de la discutible comparación entre estados modernos y poscoloniales, el análisis en cuestión minimiza los intereses sociopolíticos, las relaciones de poder, la estructura de los intercambios y las dependencias financieras y tecnológicas que influyen en la evolución de las relaciones internacionales (Mbembe, 1991 y 1996; Chabal, 1991). También olvida la importancia del colonialismo y su estrecha relación con el desarrollo del capitalismo, que ha implicado un largo periodo de relaciones desiguales que condicionaron y, a veces, impidieron el crecimiento (Abdel-Fadil, 1993; Thériault, 2002; Acemoglu et al., 2003). El capitalismo occidental no hubiera alcanzado tan alto nivel de progreso sin la conquista y penetración en los mercados "subdesarrollados" de ultramar, la trata de esclavos y el incesante movimiento de población desde las regiones "más desarrolladas" del planeta hacia las áreas "subdesarrolladas" (Betts, 1987; Fage, 1989; Coquery-Vidrovitch, 1993; Amin, 2003).

Tras el proceso de descolonización que tiene lugar en el periodo de reconstrucción de la escena política mundial, a mediados del siglo XX, los teóricos del desarrollo proyectaron el modelo de industrialización y modernización a los nuevos países (Arrighi, 1997; Bilotti, 2004), asignándoles a estados, incapaces en unos casos, ficticios en otros, una tarea urgente y desmesurada, una función de desarrollo global, por medio de la modernización industrial acelerada, que ningún Estado occidental había enfrentado en tales condiciones (Badie, 1994).

En América Latina, la política mercantilista respondió a un "proteccionismo frívolo", que acabó apoyando a trasnacionales, grupos oligárquicos nativos, y a una industria que producía a altos costos (Fajnzylber, 1983). El modelo de sustitución de importaciones se vio limitado por la "parafernalia deudora" impulsada por los acreedores y organismos multilaterales tanto como por el endeudamiento especulativo (Guillén, 2004). Las deficiencias del modelo de desarrollo estabilizador, unidas al desfavorable contexto internacional tras la crisis de los setenta, condujeron al abandono del proyecto nacional de desarrollo. El problema se desplazó de la planificación estatal a los mercados, de la sustitución de importaciones a la orientación hacia el exterior, de los controles estatales de precios a la política de precios acorde con la escasez relativa. A principios de la década de los ochenta, se recondujeron los préstamos de la financiación de la inversión a la financiación de la reforma, mientras los beneficiarios los condicionaron a la puesta en marcha de políticas de ajuste para fomentar el crecimiento (Easterly, 2001, 2003). La crisis de la deuda obligó a revisar las instituciones económicas y políticas, y las estrategias económicas en las cuales se había fundado la vieja manera de entender el desarrollo. Sin embargo, la nueva economía política del desarrollo ha tratado de forma marginal el papel de los organismos internacionales en la crisis de la deuda y en la estrategia desplegada para controlar la agenda de las políticas en aplicación de los programas de ajuste y austeridad (Frieden, 1991; Colclough y Manor, 1995).⁷

En África, se nacionalizó el Estado colonial dándole una dirección indígena, y el llamado desarrollo se tradujo en la instrumentación de políticas económicas rentistas depredadoras de recursos financieros para hacer funcionar sistemas políticos clientelistas (Médart, 1990; Darbon, 1990; Chrétien, 1991; Bruno y Olivier, 2001). El Estado africano ha recibido distintos apelativos, que coinciden con otros tantos sinónimos de corrupción, pero siempre con un denominador común: instituciones frágiles y escasos recursos (Cartier-Bresson, 1992; Sindzingre, 1994), Estado "rapiña" (Darbon, 1990), y "neopatrimonialismo" (Médart, 1993), que remiten a una estructura política sin ningún interés por la inversión productiva y con una clara vocación por el consumo ostentoso y la constitución de reservas en el extranjero.

La violencia contemporánea africana hunde sus raíces en la colonización y en la introducción de "modernidades incoherentes" (Prunier, 1991:13). Si se analiza en relación con las tentativas del Estado poscolonial de acumular el poder, no es una disfunción, sino una fuente y un modo de acción política al mismo tiempo (Mbembe, 1990:19-20). Esta suerte de "depredación institucionalizada" se puede analizar desde la economía política de la violencia: existencia de un sistema político en el que la violencia es un fin en sí misma y en el que no engendra otra causalidad que la de su reproducción (Chabal, 1991:53-59). La violencia en África es manifiesta; las instituciones la administran, las organizaciones la amplifican, las normas la reproducen a menor o mayor escala, e incluso prospera gracias a la llamada cooperación de países amigos (Mbembe, 1991).

Pese a su interés por los aspectos institucionales y políticos del desarrollo, la nueva economía política sigue compartiendo la teoría de la elección pública, proveniente de la idea del Estado depredador, considerando la política redistributiva como mera creación de rentas improductivas, a la vez que minimizando el papel de la distribución en la persistencia de instituciones disfuncionales y en el fracaso de la acción colectiva. De la misma manera, la nueva historia económica debe romper su relación de subordinación con la teoría económica neoclásica, portadora de una versión ahistórica del proceso de desarrollo.

El crecimiento económico es la cuestión más apremiante de todas las que ocupan a los economistas del desarrollo. Cualquier modelo económico que pretenda superar el estancamiento productivo es prioritario en los países en vías de desarrollo (Ray, 2002). Hay que lograr que el crecimiento sea más equitativo y amplíe la libertad real de los individuos (Stiglitz, 1998, 2003; Sen, 2000; Payne et al., 2002). Dichas naciones tienen que mejorar los organismos ligados al crecimiento económico y, a la vez, crear instituciones sólidas que eviten el conflicto social, que aumenten la flexibilidad ante las conmociones y favorezcan una distribución de la renta socialmente aceptable. Para evitar el colapso económico y seguir la senda del crecimiento continuo es preciso ir más allá de los ajustes macroeconómicos. Configurar un modelo que incluya esas variables es el principal reto de la nueva economía política del desarrollo. Los países desarrollados deben superar la visión simplista del tercer mundo como una "simple colección de países atrasados", y plantear una nueva agenda basada en el análisis de su diversidad (Amin, 1999).

 

Reflexiones finales

La nueva economía política del desarrollo identifica el estudio del desarrollo con la investigación de la creación de capital, la formación de organizaciones económicas, y de la configuración de instituciones y estructuras de gobierno que expresan la forma concreta del empleo de la violencia. Para conocer las causas de las divergentes trayectorias de las economías nacionales, parte de un paralelismo entre el mundo subdesarrollado y la sociedad insegura de Hobbes, en el cual el control de la violencia es privado e impide el progreso económico. Sostiene que la prosperidad surge cuando se configura un orden político que salvaguarda los derechos de propiedad e incentiva la creación de riqueza. Las relaciones entre estados afectan al proceso de formación del Estado, cuya estructura surgió como producto secundario de los esfuerzos del gobernante para adquirir los medios para la guerra. La experiencia europea de la formación del Estado moderno se traslada a los países contemporáneos en vías de desarrollo, con lo cual se concluye que las diferencias internacionales entre las estructuras de poder han conformado un empleo distinto de la violencia en los diversas naciones, mientras que el diferente uso de la violencia ha determinado el curso del desarrollo.

Además de la discutible comparación entre estados modernos y poscoloniales, y del olvido de la íntima relación del colonialismo con el desarrollo del capitalismo, ese análisis ha sido cuestionado por las sugerencias implícitas de la funcionalidad o disfuncionalidad histórica de la violencia como origen del Estado y su formación.

 

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Notas

¹ Para una revisión crítica de la literatura más reciente acerca de la economía del desarrollo surgida tras el Consenso de Washington, véase Jomo y Fine (2006). Un exhaustivo análisis sobre los pioneros de dicha corriente en Jomo (2005). Para una excelente visión desde sus orígenes, según las distintas escuelas de pensamiento económico, véase Jomo y Reinert (2005).

² Históricamente, la violencia, como método económico, se ubica entre las formas precapitalistas del saqueo y la conquista de territorios y poblaciones, en sociedades organizadas en torno a la dependencia directa y basada en el uso de la fuerza. La subsistencia y la reproducción material de esas sociedades dependen o se sustentan en el empleo de la violencia con fines económicos (Cordera, 1997).

³ Williamson (2003) y Kuczynski y Williamson (2003), pese a reivindicar gran parte de la agenda contenida en el Consenso de Washington (Williamson, 1990), conceden una función crucial a las instituciones.

⁴ En ese sentido, se sostiene, con Schumpeter (1918) y Goldscheid (1926), que las causas relevantes del proceso de formación del Estado moderno fueron la organización de la coerción y la necesidad financiera originada por los crecientes gastos militares. Por un lado, se entronca con la concepción weberiana de la íntima relación del Estado con la coerción y la violencia (Weber, 1918), y los posteriores desarrollos de Lane (1958) sobre el análisis económico de la organización de la violencia. Por otro, se relaciona con la idea de que el gobierno es una organización más eficiente que los grupos privados para proteger los derechos de propiedad y administrar justicia (North, 1992).

⁵ El mercantilismo se convirtió así en el discurso económico sobre la creación de la riqueza necesaria para el mantenimiento del soberano (Anderson, 1984:31). El mercantilismo es la creación del Estado y de la economía nacional (Heckscher, 1983:6).

⁶ Este epíteto de "economía del resentimiento" hace referencia básicamente a los análisis del sistema mundial y a los teóricos de la dependencia.

⁷ Hacia mediados de los noventa ya parecían claras algunas deficiencias de los resultados prácticos del Consenso de Washington. La aplicación, de la mano del FMI, de los postulados del Consenso se tradujo en tasas negativas y escasos resultados económicos y sociales. Las graves crisis asiáticas de finales de los noventa demostraron las carencias de un enfoque basado en la liberalización financiera como requisito esencial del desarrollo.