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Comunicación y sociedad

Print version ISSN 0188-252X

Comun. soc vol.17  Guadalajara  2020  Epub Jan 27, 2021

https://doi.org/10.32870/cys.v2020.7622 

Condiciones laborales y de seguridad de los periodistas

Crisis del periodismo y políticas de retracción de los Estados en Argentina, Brasil y Chile

Daniela Inés Monje1 
http://orcid.org/0000-0002-4579-855X

Ezequiel Alexander Rivero2 
http://orcid.org/0000-0002-8124-0975

Juan Martín Zanotti3 
http://orcid.org/0000-0002-9871-0515

1 Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. danielamonje70@gmail.com

2 Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. squielrivero@gmail.com

3 Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. jmartinzanotti@gmail.com


Resumen

Este artículo analiza cómo la estructura de propiedad del sistema mediático y el rol del Estado, se vinculan con el deterioro del trabajo periodístico y el ejercicio de la libertad de expresión. Desde la Economía Política del Periodismo y las discusiones sobre el derecho a la información, el estudio comparativo propuesto contrasta la situación en Brasil, Argentina y Chile entre 2016 y 2018. Se concluye que la alta concentración en los tres sistemas de medios, junto a la retracción del Estado como regulador y productor de contenidos, profundizan una crisis que amenaza la actividad periodística.

Palabras clave: Periodismo; economía política; libertad de expresión; crisis; concentración mediática

Abstract

This article aims to study how the ownership structure of the media system and the role of the State are linked to the deterioration of journalistic work and the exercise of freedom of expression. From the Political Economy of Journalism and the discussions on the right to information, a comparative study is proposed to contrast the situation in Brazil, Argentina and Chile between 2016 and 2018. It is concluded that the high concentration in the three media systems, along with the retraction of the State as regulator and content producer, deepen a crisis that threatens journalistic activity.

Keywords: Journalism; Political economy; Freedom of Expression; Crisis; Media concentration

Introducción

El texto se ocupa de la actualidad del trabajo periodístico en Argentina, Brasil y Chile, durante 2016-2018, desde una lectura comparada apoyada en la Economía Política del Periodismo. A partir de aquí se analiza la crisis que protagonizan los trabajadores de prensa en las escenas concentradas de medios audiovisuales de los tres países, y las restricciones que ello impone para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el fortalecimiento de las democracias. Se aborda un problema multicausal que incumbe al ejercicio del periodismo como profesión, incluso a su continuidad dentro de los formatos tradicionales, pero que, en particular, busca enfocar la crisis laboral del sector en relación con procesos políticos regresivos en términos de derechos.

El trabajo periodístico atraviesa una crisis sostenida desde hace varias décadas, vinculada con la reconfiguración de los procesos productivos que impulsa la digitalización de medios, las modificaciones en los hábitos de consumo y con políticas públicas deficientes ligadas a la protección de los trabajadores. En ese contexto, nuestra preocupación apunta a problematizar la situación del trabajo periodístico en los sistemas de medios de los tres países seleccionados que conforman los mercados mediáticos más relevantes del Cono Sur.

Desde los aportes teóricos de la Economía Política de la Comunicación se analiza de manera amplia la crisis que vive el quehacer periodístico cuando los medios tradicionales viven profundas transformaciones que desafían sus modelos de negocio y formas de producción. Por otro lado, las discusiones sobre el derecho a la información y la libertad de expresión nos permitirán leer las intervenciones estatales bajo gobiernos de distinto signo político y sus repercusiones sobre la tarea periodística. En este punto, se trabaja desde el supuesto del bajo nivel de institucionalidad de las agencias gubernamentales que regulan la actividad mediática, así como la falta de reglas claras en materia de distribución de publicidad oficial, que constituyen elementos condicionantes de la tarea periodística.

El artículo realiza una lectura transversal sobre los medios de propiedad privada y estatal. Para el análisis se realiza una lectura comparada entre los distintos casos nacionales, para lo cual se recuperaron informes sobre concentración mediática y derechos a la comunicación, a partir de indicadores específicos: 1) configuración de actores del mercado mediático de radio y televisión; 2) situación del empleo y precarización laboral; 3) episodios de censura directa o indirecta ejercida por el poder político y económico.

A partir de la interpretación del escenario complejo que presenta la reconfiguración del sector y de la cadena de valor tradicional en la producción de noticias, pudimos concluir que los altos niveles de concentración del sistema de medios en todos los países y la retracción del Estado como productor de contenidos, adopta la forma de una crisis cuyo principal emergente es la destrucción de empleo y el consecuente efecto disciplinador que esto tiene sobre los trabajadores de prensa.

La extrema vulnerabilidad de estos actores frente a políticas de Estado disociadas del interés general, y articuladas con actores mercantiles predatorios, tiene como correlato en algunos casos puntuales la organización y defensa sindical. Pese a ello, el avasallamiento de derechos laborales avanza en el sector y constituye una afrenta al pleno ejercicio de la libertad de expresión en el marco de sistemas de gobierno democráticos.

Aspectos teóricos y metodológicos

El derecho a la información y la comunicación, entendido aquí como una potestad de todos los ciudadanos (Uranga, 2007), es el resultado de una extensa tradición y evolución política y jurídica que ha tenido lugar en ámbitos nacionales y especialmente internacionales. Se trata de acuerdos expresados en tratados que, en muchos casos, fueron incorporados al derecho positivo de los países adherentes, con carácter vinculante y hasta rango constitucional. El ejercicio efectivo de este derecho se realizaría a través de lo que Loreti (1995) denomina un “mandato tácito”, según el cual los ciudadanos delegan en periodistas y empresas de medios la facultad de cumplir la misión social de informar. La ampliación de la esfera del debate público con la masificación de Internet y las redes sociales en los últimos años viene a sumarse, complejizar y convivir, pero no a reemplazar ni imponerse sobre el periodismo y los medios de comunicación que conservan un rol relevante como agentes productores y difusores de información en las sociedades contemporáneas.

No obstante, el cumplimiento efectivo de este derecho no está libre de interferencias y amenazas, y su resguardo, previsto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “apunta a construir sistemas de medios que garanticen el derecho del público a recibir la máxima diversidad posible de información a resguardo, tanto de la intervención gubernamental, como de los intereses comerciales de las empresas del sector” (De Charras, Lozano & Rossi, 2013, p. 22). En esta línea de pensamiento amplía Fiss (1999):

Los debates del pasado asumían como premisa que el Estado era un enemigo natural de la libertad. Era el Estado el que estaba tratando de silenciar al individuo, y era el Estado a quien había que poner límites. Hay una gran dosis de sabiduría en esta concepción, pero se trata de una verdad a medias. Ciertamente, el Estado puede ser opresor, pero también puede constituir una fuente de libertad… Este punto de vista -inquietante para algunos- descansa en una serie de premisas. Una de ellas se refiere al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre nuestra libertad; a veces se necesita al Estado para contrarrestar estas fuerzas… el Estado puede verse obligado a actuar para promover el debate público: cuando poderes de carácter no estatal ahogan la expresión de opiniones (pp. 12-14).

La excesiva concentración en la propiedad de los medios, tendencia del mercado que se ve facilitada por acción u omisión de los Estados que abandonan su rol activo como reguladores, puede actuar como un condicionante indirecto del ejercicio de la tarea periodística, y más ampliamente lesivo para el pluralismo y diversidad de opiniones. En este punto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del Derecho a la Información de los ciudadanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2000).

En este marco, el trabajo de los periodistas en la escena contemporánea puede leerse de un modo fecundo desde la economía política del periodismo (Dourado et al., 2016). Esta especificidad de los estudios de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (EPICyC) nos permite alcanzar al sector de servicios e información en el contexto más amplio de las transformaciones del trabajo en el sistema capitalista.

Definimos como objeto teórico general de la EPICyC el estudio de las relaciones sociales, en especial las relaciones de poder, que constituyen mutuamente las relaciones de producción, distribución y consumo de recursos incluyendo los recursos de comunicación (Mosco, 2009). Desde Mosco, consideramos tres dimensiones analíticas generales aplicables al estudio de los procesos del trabajo periodístico: mercantilización, espacialización y estructuración. Por el alcance y extensión del artículo, nos apoyamos en la primera y última de estas dimensiones.

Con relación a la primera se observan procesos similares a los que operan en otros sectores y ramas vinculados a la reducción de puestos de trabajo donde se sustituyen sistemas mecánicos por sistemas electrónicos. La economía digital que opera en las migraciones de los medios de comunicación tradicionales hacia variantes digitales, o incluso los procesos de convergencia que habilitan nuevas ventanas y medios, generan escenarios en los que el tiempo de trabajo se disgrega. Esto no implica que se reduzca, sino que se parcela en relación a la diversificación de medios y proyectos. En efecto, las empresas periodísticas dependen menos del tiempo integral de periodistas establecidos y son más propensas a trabajos de jornada parcial, freelance, bajos salarios y pocos o ningún beneficio suplementario (Mosco & McKercher, 2008). Concomitantemente se observa en todas las ramas del sector de comunicaciones una eliminación de puestos laborales articulada con regímenes de trabajo parcial, en los que aparecen también como parte del nuevo modelo productivo las audiencias, generando informaciones a partir de diversos modos de interacción. En términos críticos podemos señalar que estos procesos de mercantilización disminuyen el componente de interés público del periodismo al tiempo que acentúan sus dimensiones de entretenimiento más rentables (Mosco, 2016).

La estructuración, por su parte, implica una concepción más abarcativa del concepto de clase social e incluye por tanto un conjunto de controversias que se tramitan al interior de la clase trabajadora, tales como género o raza. Permite además leer la relación de clase entre trabajadores y propietarios de los medios en términos de desigualdad. Se trata por tanto de una visión relacional de la clase. La concepción formativa de clase social ve a los trabajadores como productores de su propia identidad en relación al capital e independientemente de él. Así, se observa que los trabajadores de prensa responden a los cambios y crisis que se suscitan en el sector organizándose, reuniéndose, sindicalizándose, incluso generando proyectos alternativos o autogestivos. Vinculado a nuestro objeto de análisis podemos inscribir en esta línea la emergencia de nuevas formas de periodismo popular, feminista o autogestivo4 que se articulan con experiencias preexistentes de los sectores comunitario, popular y alternativo, manifestadas en términos de una disputa de poder con los grandes medios, pero también con el propio Estado.

Por otra parte, interesa señalar que la economía política del periodismo también se liga al análisis sobre procesos de captura del Estado. La investigación de Golding y Murdock (1996) construida sobre la tradición de la Escuela de Frankfurt y los trabajos de Williams (1974, 1980), documentan la integración de las instituciones de comunicación principalmente con autoridades ligadas a políticas públicas y empresarios dentro de la economía capitalista. En esta línea algunos autores (Bizberge, 2019; Guerrero, 2014) señalan que en América Latina prevaleció el patrón histórico de políticas capturadas por elites políticas y económicas. Denominan a este modelo “liberal capturado”, definido por ser predominantemente comercial y, en cierto modo, prisionero de intereses cuyas lealtades oscilan según quién ocupa el poder. La incidencia de estos procesos en los trabajadores de los medios resulta crucial a la hora del análisis de las condiciones laborales.

Los niveles crecientes de concentración de la propiedad de los medios, la crisis de las empresas periodísticas tradicionales y el nuevo papel regresivo de los Estados nacionales tanto en su rol regulador como en la producción de contenidos, son las tres grandes dimensiones que dan forma al escenario sobre el que se observa la problemática. A nivel metodológico, el trabajo propone en primer lugar un acercamiento exploratorio y panorámico a tres casos nacionales, para adoptar luego una perspectiva comparativa que apunta a determinar la cercanía o distanciamiento entre ellos,5 a partir de la observación de tres indicadores ya presentados, que permiten contemplar aspectos convergentes y divergentes sobre la situación de la labor periodística. Los casos y el recorte temporal nos permiten observar la situación bajo gobiernos de distintos signos políticos y en mercados mediáticos de distinto tamaño.

Con relación al uso de fuentes, el trabajo recurre a investigaciones sistematizadas sobre la concentración de la industria audiovisual (Becerra & Mastrini, 2017; Vassallo de Lopes & Lemos, 2019), diferentes relevamientos acerca de las condiciones económicas de los sectores de medios aludidos (Comisión Nacional de Televisión de Chile [CNTV], 2016; Media Ownership Monitor [MOM], 2018, 2019), así como de los principales índices sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa (Consejo Nacional del Ministerio Público [CNMP], 2019; Reporteros Sin Fronteras, 2019; Sindicato de Prensa de Buenos Aires [SiPreBa], 2019a, 2019b).

Descripción de los casos nacionales

Argentina: megafusión, crisis y pulverización del empleo

El sistema de comunicaciones argentino muestra altos niveles de concentración en las diferentes ramas tomando en cuenta la participación de las cuatro principales empresas en cada una de las industrias (Becerra & Mastrini, 2017). Aunque con una tendencia a la baja en los últimos años, la televisión sigue siendo el medio que más se consume para fines informativos. Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el rating de los cuatro principales grupos de televisión (abierta y de pago) concentra el 56.7% (MOM, 2019). Las principales televisoras abiertas son El trece (Clarín); Telefe (Viacom); América (Grupo América); Canal 9 (Prisa Albavisión); y la estatal TV Pública. Operan además un nutrido número de señales informativas de paga, entre las más relevantes TN (Clarín); C5N (Indalo); y A24 (Grupo América).

De todos ellos el que ostenta mayor preponderancia es el Grupo Clarín, que concentra de modo conglomeral en todas las ramas y ha tenido además un crecimiento diferencial respecto de los restantes grupos, a partir de la fusión producida en el año 2018 entre Cablevisión Holding, la mayor operadora de televisión por cable de Argentina, y Telecom, una de las dos principales compañías de provisión de telefonía fija, móvil y acceso a banda ancha. Los niveles de concentración en términos de ingresos, audiencias, dominio de mercado y alcance geográfico alcanzados a partir de esta operación arrojan a nivel nacional: 42% en telefonía fija, 34% en telefonía móvil, 56% en conexiones a Internet por banda ancha fija, 35% por banda ancha móvil y 40% por televisión de paga.

Con relación al empleo, en esta rama se registran bajas y restricciones significativas: la empresa Telefe realizó despidos; Canal 9 solicitó un plan preventivo de crisis con propuestas de despido y congelamiento salarial; la TV Pública congeló salarios desde 2018 y dejó de producir informativos los fines de semana; en la emisora de televisión de paga C5N se abonaron salarios en cuotas; Crónica TV despidió 20 trabajadores y CN23 despidió a la totalidad de la planta6 (MOM, 2019).

El caso de la radio es diferente en tanto que la menor estructura de costos ha permitido una mayor diversificación en la oferta. Sin embargo, en términos de audiencias y encendido también se registran niveles altos de concentración. Se observa que cuatro grupos detentan el 53% del encendido, mientras que los niveles de audiencia se distribuyen según el siguiente detalle: Grupo Clarín, 6.8%; Grupo Indalo, 5.1%; Grupo Prisa-Albavisión, 4.3%; y Grupo América, 2.2%.

En relación a la variable trabajo, en esta rama se observan cierres, suspensiones, despidos, pagos en cuotas y transferencias de propiedad. Particularmente en radio, fenómenos como el quiebre de empresas, la reducción de personal -Radio Nacional- o el pago parcial de salarios -Radio Del Plata-, salidas del aire transitorias o definitivas de emisoras -Radio América, Radio Belgrano-. En el caso de las FM muchas pasaron de tener equipos de producción a un modelo de automatización musical -RQP, ESPN, Blue-, (MOM, 2019).

Según el informe de MOM, la facturación de la industria audiovisual (radio y televisión) muestra una variación interanual del 28% con una recaudación de $1 441 millones de dólares. De ese total, el 64.3% corresponde a canales de TV abierta y solo 2.7% a radios y televisores de baja potencia. Con relación a la publicidad, cabe señalar que el 85.7% de los ingresos de la industria audiovisual corresponde a publicidad privada y pública. La variación interanual entre 2016 y 2017 fue de 39% con una facturación total de $1 854 millones de dólares, distribuida por sectores del siguiente modo: televisión, 41%; Internet, 24%; radio, 8%, y los restantes porcentajes en cine, gráfica y vía pública. En este punto resultan problemáticas algunas tendencias que se verifican a partir de 2016 en relación a la distribución de la pauta oficial en el país: mayor nivel de concentración geográfica en la Ciudad de Buenos Aires y algunos pocos grandes centros urbanos; concentración de los fondos en menos actores con especial beneficio para el Grupo Clarín y marginación del sector no lucrativo de medios (Marino & Espada, 2017).

Desde 2015, la situación económica y laboral de los medios en el país arroja cifras preocupantes: a 2018 se observa en Buenos Aires una caída del 47% del encendido de la televisión abierta en relación al 2014, y un 25% en el caso de la radio. La venta de diarios en papel se encuentra en su piso histórico, por debajo de los 800 000 ejemplares diarios en todo el país. Estos datos contrastan con el aumento del ingreso en portales de noticias y la búsqueda de información a través de redes (MOM, 2019).

La pérdida de empleos que se registra en el sector en su conjunto ha sido calculada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires en unos 4 500 puestos (SiPreBA, 2019a). Este número se conforma de trabajadores suspendidos, jubilados y aquellos que optaron por el retiro voluntario. Se registran además casos de violencia estatal contra los periodistas. De acuerdo a SiPreBA, desde 2015 se computan 58 trabajadores de prensa heridos y otros 28 detenidos en el desarrollo de coberturas periodísticas (Racciatti, 2019).

A las condiciones de precarización laboral, cierre de medios y despidos masivos acontecidas a partir de diciembre de 2015, se agrega la pérdida generalizada del poder adquisitivo, que para los periodistas es de las más altas y asciende al 32.4% (Observatorio del Derecho Social, 2019). La situación de los trabajadores freelance es aún más acuciante por cuanto sus ingresos no superan en un 95% la línea de pobreza (SiPreBA, 2019b).

Finalmente, en la agencia de noticias y publicidad estatal Télam, desde el ingreso a la presidencia de Mauricio Macri en 2015 se inició una política de aumento salarial cero y el desconocimiento de convenios colectivos de trabajo (Bargach & Suárez, 2019). En 2018, la agencia despidió a 354 trabajadores, afectando buena parte del personal más calificado de la redacción y la red de cobertura federal. Sin embargo, sus trabajadores iniciaron una huelga tras la cual lograron la reincorporación total de los despedidos.

Brasil: violencia política y autoritarismo estatal como amenaza al periodismo

De un modo similar al caso anterior, el sistema mediático brasileño presenta una fuerte concentración de audiencia y propiedad, así como una alta centralización geográfica. Según un reporte del Media Ownership Monitor (MOM, 2018) que evaluó cincuenta medios de comunicación en ese país, nueve pertenecen al Grupo Globo; cinco al Grupo Bandeirantes-Band y Band News; cinco al Grupo Record, controlado por la Iglesia Universal del Reino de Dios; cuatro al grupo RBS; y tres al Grupo Folha. De este modo, en un escenario de propiedad cruzada entre los tipos de medios, Globo se destaca con una posición dominante en televisión abierta, donde operan cinco canales nacionales privados y dos públicos; en televisión de paga, con la programadora Globosat; con dos cadenas radiales, con medios gráficos y agencias de noticias líderes.

Si se tienen en cuenta los números de inversión publicitaria para 2018, la televisión abierta continúa liderando las recaudaciones, con el 50.8 % de los fondos destinados y un incremento anual del 10%, relegando a la televisión de paga (14.2%) y la prensa gráfica (10.3%), en un escenario donde se registran incrementos considerables de partidas para el cine y las páginas de Internet (Vassallo de Lopes & Lemos, 2019, p. 79).

Como sostienen quienes estudian la concentración en la región, Brasil se distingue por dos componentes: la participación de dirigentes políticos -especialmente de integrantes del Congreso- como dueños de medios, y en segundo lugar porque los grupos mediáticos continúan constituyendo empresas familiares, cuyo control se mantiene “a través de generaciones por los miembros del clan” (Becerra & Mastrini, 2017, p. 99). Como un tercer aspecto podríamos sumar aquí la presencia de las organizaciones religiosas -principalmente cristianas en sus vertientes católica y evangélica-, que poseen sus propios medios y expanden sus contenidos en la programación de otras emisoras nacionales y estaduales.7 Como también aparece en el informe de Reporteros Sin Fronteras (MOM-Brasil, 2018), el control político del financiamiento de los medios exhibe el indicador de “alto riesgo”, en función de que la publicidad estatal se distribuye de manera discrecional y a pocos grupos.

El ecosistema descrito muestra un panorama problemático en términos de diversidad y pluralismo, agravado si tomamos en cuenta que la regulación es fragmentada8 y no pone límites a la concentración, con la única excepción de la televisión de pago (Ley 12.485/ 2011).

Un cuadro crítico al que debemos agregar alertas en torno a un momento marcado por la violencia hacia los periodistas, con actos de censura directa y violaciones a la libertad de expresión, así como campañas de desinformación, de recrudecimiento del odio racial y persecución a medios comunitarios, dentro de un contexto político electoral de marcada confrontación, recrudecido con la asunción en la presidencia de Jair Bolsonaro. En relación con lo primero, cabe destacarse el episodio de prohibición a Folha de São Paulo de entrevistar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre otras intromisiones que involucraron al Poder Judicial.

Las amenazas y ataques al periodismo pasaron así a formar parte de la vida cotidiana de comunicadores y activistas de derechos humanos, que en casos extremos derivaron inclusive en homicidios. Como se subraya en uno de los informes relevados, “Brasil fue el octavo país del mundo con más asesinatos de comunicadores en 2018: cuatro” (Amorin et al., 2019, p. 12). Una cifra que en un monitoreo con una ventana de tiempo más larga, asciende a 64 muertes entre 1995 y 2018 (CNMP, 2019).

Otro elemento que compromete la actividad periodística crítica y al pluralismo tiene que ver con la decisión de extinguir a los medios públicos, particularmente la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), creada en 2008, en el segundo gobierno del Partido de los Trabajadores (pt). Una ofensiva sistemática encabezada por Bolsonaro en el último tiempo, pero que se remonta a actuaciones de su antecesor Michel Temer, quien removió de la legislación sobre la empresa pública todas las menciones al Consejo Curador y sus atribuciones, dejando a la sociedad civil fuera de la gobernanza. Como otro dato a enfatizar aparece que en planes de retiros voluntarios y por falta de apoyo económico, alrededor de 350 trabajadores de prensa quedaron relegados en 2018 de sus puestos en la empresa pública, una pérdida estimada del 16% de la planta operativa (Amorin et al., 2019, p. 60).

Chile y la contracción del mercado de trabajo

El sistema de televisión abierta chileno se compone de cinco canales de alcance nacional: Canal 13 (Grupo Luksic); Chilevisión (Time Warner, a través de Turner Broadcasting System); Mega (Grupo Bethia -72.5%- y Discovery Communications -27.5%-); junto a TVN (Estado Nacional). Existen además dos cadenas de menor alcance: La Red y Telecanal, ambas vinculadas al Grupo Albavisión. A excepción de Mega, líder de audiencia, todos los canales exhiben rojos financieros anuales por encima de los 50 millones de dólares en los últimos cinco años, lo que ha generado cambios en la propiedad, ingreso de capitales extranjeros e inyecciones de capital desde el Estado en el caso del canal público (Julio et al., 2019). La crisis de la televisión abierta se explica en la combinación de altos costos, baja generalizada en el nivel de audiencia y principalmente de inversión publicitaria. Mientras en 2010 la televisión abierta concentraba el 48.2% de la inversión publicitaria en el país (US$ 607), en 2014 bajó a 40.6% (US$ 493); en los mismos años la publicidad en medios online pasó de 4.1% a 11.8%, según datos de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (Achap). Por su parte la televisón de paga subió su participación de 3.9% a 6.3% (Asociación Chilena de Agencias de Medios [Achap], 2019).

En la radio, el grupo español Prisa, que cuenta con once emisoras y es el que mayor cantidad de frecuencias acapara, también se observa una marcada presencia de Copesa y el grupo Bío-Bío. Por su parte Canal 13 (Luksic) y Mega (Bethia) también son propietarios de numerosas frecuencias de radio. Además de los cruces de propiedad entre radio y televisión, estos grupos se destacan por tener actividades comerciales y financieras por fuera de los medios, en los sectores inmobiliario, financiero y de minería, entre otros. En la industria de diarios opera el duopolio de los grupos El Mercurio y Copesa, que bajo diversas marcas se dividen el mercado casi en partes iguales en todo el país.

Según un estudio sobre concentración en el mercado de medios, televisión de paga y telecomunicaciones realizado por la Comisión Nacional de Televisión de ese país (CNTV), los cuatro principales grupos mediáticos del mercado chileno concentran el 91% de la audiencia y un 87% de la inversión publicitaria (CNTV, 2016). Como señala el mismo informe del ente oficial, aunque lo niveles de concentración de la propiedad, la audiencia y los recursos publicitarios se han mantenido altos en los últimos 15 años, se trata de un mercado dinámico en términos de su atractivo para inversores extranjeros que, gracias a leyes que les son favorables, pueden reemplazar a capitales locales. Como concluyen Becerra & Mastrini (2017) en su estudio sobre concentración infocomunicacional en América Latina:

Chile es uno de los países con más altos niveles de concentración en la región. Ello se debe a que al tradicional duopolio en prensa, con dos grupos que dominan el sector desde la recuperación del régimen constitucional en 1989 (El Mercurio y Copesa) se añaden los altos niveles de concentración de la televisión abierta y de pago (p. 155).

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras también advierte que la concentración de medios en Chile es uno de los principales escollos para la subsistencia de medios comunitarios, el pluralismo y, más ampliamente, el debate democrático (Reporteros Sin Fronteras, 2019).

En este contexto la principal amenaza para el ejercicio de la actividad periodística tiene que ver con la masiva destrucción de fuentes de empleo registrada en los últimos años en televisión, radio y prensa gráfica, y el efecto de precarización en las condiciones laborales como forma de disciplinamiento indirecto. Desde 2014, la estatal TVN ha despedido por goteo o de manera forma masiva a más de 400 trabajadores de todas las áreas, mientras que las privadas Canal 13, Chilevisión y Mega hicieron lo propio (Gómez & Álvarez, 2018; Orellana & Cabello, 2018). En el sector de la prensa gráfica, en 2019 se cerró la filial mexicana de Editorial Televisa que editaba 14 revistas en Chile, mientras que El Mercurio despidió a más de un centenar de trabajadores en su casa central de Santiago y otros 100 en su red de medios regionales, que afectaron a periodistas, fotógrafos y correctores. Esto se suma a otros despidos en medios regionales de TVN, Diario El Día y Mi Radio, lo que mereció el rechazo del Colegio Chileno de Periodistas. Otro aspecto a destacar tiene que ver con las intimidaciones por parte de fuerzas de seguridad a reporteros que cubren particularmente el conflicto Mapuche en el sur del país (Colegio de Periodistas de Chile, 2018; Observatorio de Medios Fucatel, 2018). Aunque cae por fuera del recorte temporal de este artículo, es preciso señalar que solo durante el primer mes de conflictividad social que vivió el país a partir de octubre de 2019, se registraron decenas de ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y fotógrafos, según un informe coordinado por la Universidad de Chile.9

Análisis y Discusión

El análisis comparativo entre los tres casos descritos enfoca la crisis en el mundo del trabajo periodístico a partir de dos claves de lectura: a) las políticas regresivas de los Estados en materia de comunicación; y b) la creciente concentración mediática convergente con su consecuente exclusión de actores y precarización del trabajo. En relación con la primera entrada analítica, observamos que los Estados nacionales definen medidas de corte regresivo que pueden ligarse directa o indirectamente con la variable trabajo y con los sujetos trabajadores de prensa. Uno de los componentes significativos es la violencia contra los periodistas cuando hacen públicas sus demandas o cubren eventos protagonizados por actores que confrontan la política oficialista.

Considerando los contextos de violencia que involucran a los periodistas en su tarea diaria, cabe enfatizar la gravedad del caso brasileño, donde los atentados y asesinatos a trabajadores de prensa sitúan al país entre los peores escenarios mundiales. Más recientemente la tarea periodística fue blanco de las fuerzas de seguridad en la cobertura del estallido social que se originó en Chile en octubre de 2019.

Asimismo, los ataques o amenazas no se reducen a los ámbitos frecuentes del trabajo periodístico, sino que trascienden a entornos virtuales donde crecen exponencialmente las agresiones, principalmente en Brasil y Argentina, donde se reporta el accionar sistemático de trolls y bots, que, entre otras funciones, buscan contrarrestar voces disidentes o críticas del periodismo (Amnistía Internacional, 2018).

Por su parte, un modo regresivo de las políticas públicas que podemos caracterizar en términos de censura indirecta es la discrecionalidad en el otorgamiento de la publicidad oficial. En el caso argentino, por ejemplo, no se ha llegado a sancionar una legislación específica que regule este rubro, algo que se comprueba del mismo modo en Brasil, donde no existen reglas preestablecidas. Las regulaciones parciales en la materia continúan colocando en una zona gris y sumamente incierta la asignación de este presupuesto oficial por tipos de medios y niveles de audiencia mediante criterios ecuánimes y transparentes (Marino & Espada, 2019). Este comportamiento clientelar ha generado medios adictos y medios opositores en torno a la construcción de agendas y al tratamiento de los conflictos, especialmente aquellos vinculados al trabajo de prensa. Se registran asimismo formas de censura directa en la televisión pública argentina en casos en los que el personal denuncia públicamente la prohibición de cobertura de ciertos acontecimientos hostiles al gobierno. Una situación también apuntada por trabajadores de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), quienes expusieron la intromisión del actual gobierno en su tarea periodística en reiteradas oportunidades.

Otro elemento limitante del debate democrático y el trabajo periodístico, tiene que ver con la retracción del universo laboral, principalmente motivado por los despidos y otras formas de finalización de vínculos con los trabajadores de prensa en los tres países. Estos despidos masivos que se registran en todos los mercados estudiados tienen un efecto disciplinador sobre el conjunto que logra conservar sus empleos o consigue nuevos en condiciones de mayor precarización laboral, por lo que la concentración genera en definitiva una pauperización generalizada de las condiciones de trabajo en sistemas mediáticos que tienen cada vez menos empleadores. En este punto cabe destacar cierto matiz en el caso argentino, que cuenta con una tradición sindical más organizada y reactiva a las tentativas de ataque contra los derechos laborales.

Parte de ese reacomodamiento, que emerge de transformaciones objetivas en las condiciones reales de producción, distribución y consumo, se sostiene en el “discurso de la convergencia” tecnológica, una de cuyas máximas es el imperativo de reducir estructuras de trabajo. Los argumentos en relación al recambio tecnológico y a la necesidad de desmontar estructuras obsoletas se reiteran tanto en empresarios de medios como en funcionarios de gobierno. En casos como Argentina y Brasil esta coincidencia entre las élites políticas y económicas da lugar a políticas a medida de las necesidades de los actores de mayor envergadura del sector infocomunicacional.

Chile, el más pequeño de los tres mercados analizados, es el que acusa con más claridad la pérdida de fuentes de empleo en todo el sistema de medios o la creación de trabajo precario, especialmente en televisión; también se registra el cierre de numerosos medios gráficos y regionales. La censura o presiones sobre la tarea periodística adquiere un tono más sutil en comparación a los otros países, salvo casos puntuales más sensibles a los gobiernos de turno, como el conflicto de la comunidad Mapuche o más recientemente, y por fuera del periodo en estudio, los ataques a la prensa por parte de las fuerzas de seguridad, en medio del estallido social de octubre de 2019. En el caso de la televisión pública se verifica el quiebre definitivo del ethos refundacional que tuvo desde el retorno de la democracia en 1990 que sostenía la independencia de su línea editorial, ahora más presionada por el poder político. Junto a esto se observa cierta comprensión reduccionista de la diversidad que consiste en incluir en los segmentos informativos en partes iguales medido en tiempo de pantalla, a representantes del oficialismo y la principal oposición, sin reparar en los criterios de noticiabilidad, la jerarquía de los temas o los testimonios, ni la incorporación de otras voces por fuera del sistema bipartidista, en proceso de disolución.

Conclusiones

A partir de las claves de lectura que proporciona la economía política del periodismo, realizamos un análisis comparativo sobre las condiciones de trabajo en el sector de prensa en tres mercados comunicacionales del Cono Sur. Como resultado, observamos en primer lugar la persistente destrucción del empleo en diferentes ramas, con especial énfasis en los sectores de radio, televisión y prensa gráfica. Asimismo, se constataron situaciones de precarización del empleo vinculadas a factores diversos en los que se conjugan procesos de concentración y convergencia, crisis de la industria de los medios tradicionales a nivel global, modificaciones de los hábitos de consumo de los públicos, y una acción estatal complaciente con el empresariado y concomitantemente reacia a tomar partido por los periodistas, al punto de haber llegado a situaciones de violencia en el marco de reclamos por derechos de trabajadores del sector.

En relación a las ramas del audiovisual, identificamos que aún con matices -en el caso de Brasil-, durante el periodo analizado declina el consumo de televisión abierta y de pago. En Chile los canales de televisión no son rentables y ni el líder del mercado (Mega) escapa a las generales de la ley. Históricos “campeones nacionales” como Televisa en México, Globo en Brasil o Clarín en Argentina asisten a la crisis del modelo que durante décadas les permitió ostentar una posición dominante al capturar la preferencia de las audiencias y la inversión publicitaria, ahora más diversificada en relación al ingreso de nuevos actores como Facebook o Google.

Esta situación activó como mecanismo de supervivencia, y en parte por una tendencia del sector, mayores niveles de concentración, que en todos los casos fueron avaladas en trámites oficiosos por los Estados. En los mercados analizados se observan altos niveles de concentración de propiedad, geográfica, de audiencias, convergente y conglomeral, que comprometen la diversidad de la oferta informativa y afectan la libertad de expresión, en su doble dimensión individual y colectiva. Un fenómeno que tiende además a la integración de redacciones y a distintos cambios en las rutinas del quehacer periodístico materializadas en la emergencia de perfiles híbridos, que suelen colisionar con leyes laborales y convenios resultantes luego de décadas de negociaciones entre trabajadores y empresas.

En suma, como hemos corroborado en el análisis de los tres países, existe el denominador común de los cambios tecnológicos que afectan a la labor periodística; los altos niveles de concentración de los sistemas de medios que atraviesan por su parte una profunda crisis económica; y la retracción del Estado como productor de contenidos, adoptan la forma de una crisis cuyo principal emergente es la destrucción de empleo y un consecuente condicionamiento sobre los trabajadores de prensa.

La problematización de la tarea periodística, en tanto trabajo intelectual dentro del sistema capitalista, conlleva una serie de preguntas acerca de los procesos de valorización que la variable trabajo implica en el marco de procesos de transformación de los modelos productivos. Siguiendo a Bolaño (2009), podemos afirmar que esto produce “un movimiento complejo de convergencia que desestabiliza mercados consolidados, impugnando posiciones hegemónicas no necesariamente en un sentido de mayor democratización de los medios sino en cambio en la promoción de una tendencia de aumento de la concentración multimedia” (p. 71).

Este cambio paradigmático atraviesa geografías y proyectos políticos y constituye la encrucijada contemporánea de un mundo altamente automatizado, crecientemente asimétrico y excluyente en el que el trabajo se vuelve en muchas áreas, una variable de ajuste. Los modos de resistencia que se gestan desde las organizaciones sindicales u otro tipo de colectivos autogestionados de trabajadores, abordan esta compleja problemática señalando la regresividad de derechos laborales y de información -diversidad y pluralismo- que se generaliza. Más aún, reclaman al Estado regulaciones que contemplen las asimetrías y diferencias de las empresas periodísticas y avancen en sistemas de redistribución de pauta oficial, así como en políticas de ayudas a la prensa. Pese a ello, y aún frente a procesos de reconversión del trabajo, la reducción del empleo en el sector es cada día más significativa.

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Cómo citar este artículo:

Monje, D. I., Rivero, E. A. & Zanotti, J. M. (2020). Crisis del periodismo y políticas de retracción de los Estados en Argentina, Brasil y Chile. Comunicación y Sociedad, e7622. https://doi.org/10.32870/cys.v2020.7622

4Son ejemplos de esto Latfem (https://latfem.org) una experiencia de periodismo feminista; el diario Tiempo Argentino, recuperado y gestionado por sus trabajadores; ambos con asiento en Argentina; Mídia Ninja (https://midianinja.org) de Brasil, entre otros.

5Para la obtención de fuentes y datos sobre el caso chileno contamos con la colaboración de Luis Breull, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

6Ver gráfica con el detalle de despidos y retiros voluntarios entre 2016 y 2018 por empresa de medios en: https://argentina.mom-rsf.org/es/hallazgos/crisis-de-medios/

7Un estudio de 2016 realizado por la Agencia Nacional de Cine (ANCINE), muestra que la programación religiosa es el principal género transmitido por las redes de TV abierta, ocupando el 21% del total de programación: http://brazil.mom-rsf.org/es/hallazgos/medios-y-iglesias/

8Un fenómeno explicado por Intervozes en un análisis de 2017 sobre el marco regulatorio: http://brazil.mom-rsf.org/fileadmin/Editorial/Brazil/MOM_Documento_legal_portugues.pdf

Recibido: 30 de Septiembre de 2019; Aprobado: 05 de Febrero de 2020; Publicado: 13 de Mayo de 2020

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