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Revista mexicana de sociología

versión On-line ISSN 2594-0651versión impresa ISSN 0188-2503

Rev. Mex. Sociol vol.72 no.2 México abr./jun. 2010

 

Artículos

 

Comercio ambulante en el Centro Histórico de la ciudad de México (1990–2007)*

 

Street Vendors in Mexico City's Historic Center (1990-2007)

 

Diana Alejandra Silva Londoño

 

Maestra en Ciencias Sociales–Flacso, México; doctorante en Sociología por El Colegio de México. Temas de especialización: sociología económica, política y urbana. Dirección: Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, Camino al Ajusco núm. 20, col. Pedregal de Santa Teresa, C. P. 10740, México, D.F. Correo–e: <dsilva@colmex.mx>.

 

Recibido: 2 de diciembre de 2008
Aceptado: 5 febrero de 2010

 

Resumen

Este artículo analiza la relación entre las organizaciones de comerciantes ambulantes y el Estado en la ciudad de México. Sostenemos que debido a la falta de claridad en torno a las reglas del juego que rigen tal relación se produce un espacio para la acción en el que la (in)formalidad es negociada. Para ello, se hace un análisis de la correlación de fuerzas presente en el retiro de los comerciantes ambulantes en 1993 y en 2007.

Palabras clave: informalidad, comercio ambulante, ciudad de México, contienda política.

 

Abstract

This article analyzes the link between street vendors' associations and government transparency that surrounds Mexico City. The author holds that lack of the rules of the game governing this relationship creates a space for the negotiation of (in)formality. To explore this issue, an analysis of the correlation of forces present in the removal of street vendors in 1993 and 2007 is presented.

Key words: informality, street vendors, Mexico City, political competition.

 

La pretensión del gobierno actual del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, de retirar a los comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la ciudad en 2007, no es nueva. En efecto, las acciones que desembocaron en el despeje de las calles pertenecientes a dicho perímetro el 12 de octubre de 20071 fueron el resultado de la aplicación del "Bando para la Ordenación y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico de la Ciudad de México", aprobado por la asamblea legislativa del Distrito Federal el 12 de julio de 1993.

Cabe señalar que la formulación de este bando se desarrolló en el marco del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular, puesto en marcha en julio de 1992 que, además del bando mencionado, contemplaba la construcción de 27 centros de comercio popular en el que se reubicaría a cerca de 10 000 comerciantes ambulantes que ocupan las calles del centro de la ciudad. En el momento de su aparición como política del gobierno de Camacho Solís (1988–1993), fue vista como una acción radical en la formulación de la política pública orientada a la regulación de este tipo de comercio.2 sin embargo, con la crisis económica de 1994 y las dificultades que tuvieron los comerciantes para mantenerse en las plazas comerciales, las calles del Centro Histórico volvieron a llenarse de comerciantes ambulantes. Tras varios intentos por contener esta problemática,3 el bando de 1993, que prohibía el comercio ambulante en el perímetro a, no logró ser aplicado cabalmente.

Las disputas por el espacio urbano causadas por la presencia de los comerciantes ambulantes y los esfuerzos para retirarlos, tanto en 1993 como en 2007, representan un momento privilegiado para comprender la forma que tomó la disputa por el uso y control del Centro Histórico de la ciudad de México. Si bien los conflictos por el ambulantaje no se restringen a estos dos momentos, en ellos es posible analizar la diversidad de actores que intervienen en la problemática. Es una manera de analizar la correlación de fuerzas imperante en este campo de conflicto en torno al cual es posible visibilizar las concepciones del Centro Histórico, las contradicciones que se producen por la presencia del comercio ambulante en sus calles, las acciones realizadas por el Estado para retirarlo de sus espacios públicos y las acciones por parte de las organizaciones de comerciantes ambulantes para evitar su retiro. En dicho proceso necesariamente se hacen evidentes los actores que se oponen, construyen alianzas o frenan las iniciativas.

Así, más que analizar el éxito o fracaso de la aplicación de estos programas, en este artículo se busca analizar las distintas lógicas que intervienen en la problemática, bien sea de los actores estatales, de las organizaciones de comerciantes ambulantes o del medio empresarial. Para los distintos actores en juego, el espacio urbano es también una fuente constitutiva del lugar que ocupan en una sociedad en particular (Bourdieu, 1999), con lo cual, las disputas por la aplicación de los programas de retiro del comercio ambulante buscará centrarse no solamente en las acciones de los distintos actores, sino el lugar que ocupan, para entender también la capacidad diferenciada que poseen para limitar la acción de los demás actores sociales implicados.

Además, se busca analizar la presencia del comercio ambulante no sólo como el producto de la debilidad del Estado o de la reducción de éste por la aplicación de las reformas de carácter estructural que dieron paso a las políticas de libre mercado, sino como una relación contradictoria, conflictiva e incluso conciliadora entre las organizaciones de comerciantes ambulantes y las acciones deliberadas de las agencias estatales. Considerando lo anterior, se explora como hipótesis que, debido a la falta de claridad acerca de las reglas del juego que rigen las relaciones entre las organizaciones de comerciantes ambulantes y el Estado, aunada a la posición de los gobiernos que fluctúa entre la represión y la tolerancia, se produce un campo para la acción en el que la (in)formalidad es negociada.4 Ello ocurre especialmente porque son relaciones en las que se evidencia el reconocimiento de facto de estas organizaciones por parte del Estado, el cual no ocurre de manera plena debido a su estatuto indefinido en relación con la ley, pero mediante el cual, paradójicamente, logran adoptar, sobrellevar o influenciar la formulación y/o aplicación de las políticas públicas.

Para ello, el presente artículo comienza con el análisis del Centro Histórico como un espacio disputado. Tras las causas de la degradación y el reciente interés en este espacio, describiremos los conflictos presentes en el retiro de los comerciantes ambulantes en 1993 y en 2007 en la segunda y tercera parte. Por último presentamos algunos reflexiones finales.

 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: EL ESPACIO DISPUTADO

Son varios los elementos que explican la degradación urbana experimentada en el Centro Histórico. Por un lado, la pérdida del carácter habitacional, expresada en la disminución de 40% de la población entre 1970 y 1995 (Coulomb, 2000), en contraste con el crecimiento en las zonas periféricas, que triplicaron su población durante el mismo periodo, conforme el proceso de metropolización de la ciudad se iba consolidando (Rosas, 2003). Otro aspecto corresponde a la casi nula inversión de los propietarios de los inmuebles, quienes en algunos casos los subdividieron para convertirlos en vecindades5 o bien los sustituyeron por comercios, bodegas, estacionamientos y oficinas (Melé, 1998). En general, se produce una fuerte competencia entre la conservación de edificios antiguos y deteriorados con la posibilidad de hacerlos rentables mediante el cambio del uso habitacional en uso comercial.

Esta situación favoreció la transformación del Centro Histórico en un gran centro de abasto comercial,6 orientado principalmente al consumo popular, que combinaba una amplia gama de actividades formales e informales en distintas modalidades de apropiación del espacio urbano. A los tradicionales locales comerciales formales se sumaban los viejos mercados, una compleja red de bodegas y los comerciantes ambulantes en puestos fijos, semifijos y toreros.7 En general, la conjunción de un modo de habitar popular en vecindades, articulado con la posibilidad de trabajo tanto formal como informal y la presencia de una población flotante cercana a 1.2 millones de personas al día, crearon un espacio urbano específico, designado como el espacio de la degradación y de la crisis urbana. Paradójicamente, ha conservado las funciones propias de la centralidad concentrando actividades comerciales para el conjunto de la metrópoli e incluso como centro de abasto en el nivel nacional, a pesar del desarrollo de otras centralidades que concentran funciones financieras, de servicios y de comercio en la ciudad (Melé, 1998; Monnet, 1990).

A pesar de la función comercial del Centro Histórico, la presencia del comercio en las calles se constituye en una afrenta a la idea de Centro Histórico que se ha venido consolidando en el contexto latinoamericano desde hace 40 años, sustentada en el discurso de la conservación del patrimonio histórico como requisito fundamental para la inserción de las ciudades a la economía globalizada. En efecto, el retiro de los ambulantes es uno de los primeros pasos en la "revitalización" de los centros históricos, el cual es visto como una precondición para incrementar la inversión privada, el turismo internacional y recrear una idea de unidad nacional que diluye los conflictos presentes en la sociedad (Caprón y Monnet, 2003; garcía Canclini, 1993).

En el caso del Distrito Federal, el Centro Histórico nació en 1980 con el decreto presidencial que lo declaró Zona de Monumentos Históricos y, posteriormente, con la declaratoria como patrimonio de la humanidad en 1987. Mediante estas acciones públicas, el Centro Histórico cambió también la forma de entender la problemática del comercio ambulante en sus calles. De una visión higienista que predominó hasta los años ochenta, el comercio ambulante se convirtió en un problema asociado con la pérdida del patrimonio histórico, atentando con uno de los elementos más representativos de la identidad nacional.

Este decreto define el centro como un área aproximada de 9.1 km2 dividida en dos perímetros. El perímetro a, de 3.7 km2, que concentra la mayor densidad de monumentos, está rodeado por el perímetro B, que comprende un área de 5.4 km2. Es una zona que se caracteriza por ser el centro político y simbólico del país en un espacio que concentra la mayor densidad de monumentos históricos de América latina. También cuenta con una amplia oferta cultural que alberga los principales museos, teatros y espectáculos de carácter popular. Reúne una diversidad de hoteles y establecimientos comerciales que caracterizan la intensa actividad económica del lugar. Contiene, además, una intensa actividad política, por ser la sede de las grandes manifestaciones y el lugar en el que se concentran las oficinas del gobierno federal y del Distrito Federal; es el espacio en el que transcurren los festejos nacionales de mayor importancia; es también una zona en la que se ha acumulado y se superpone la historia urbana de seis siglos y en la que confluyen el pasado, el presente y el futuro. Es el espacio donde múltiples actores compiten entre sí para definir sus usos e imágenes, bien sea de los grandes y pequeños comerciantes, del sector inmobiliario, de la industria hotelera, de los partidos políticos, de los distintos gobiernos, de los ambulantes y de los vecinos organizados, entre otros.

Siguiendo a Reyes y Rosas, "en el caso del Centro Histórico, los intentos de legitimación de usos del espacio y prácticas de diferentes actores sociales frecuentemente aparecerán también como intentos por legitimar, y en ciertos casos imponer, una imagen del patrimonio cultural a ser conservado" (1993: 298). De manera que el espacio urbano no es sólo un escenario en el que transcurren las relaciones sociales, sino un elemento activo de las relaciones sociales, en el sentido de que es constitutivo del orden urbano y de los conflictos entre distintos actores sociales que se disputan sus usos y sus imágenes. Así, el espacio urbano es un elemento central en la contienda política, puesto que más que un escenario donde las relaciones y los conflictos suceden es el elemento de disputa entre una serie de actores sociales que se relacionan de manera contenciosa (Sewell, 2001).

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL COMERCIO POPULAR: ENTRE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y LA CONSERVACIÓN DE LAS BASES DE APOYO PARA EL PRI (1988–1993)

A inicios de la gestión de Camacho Solís (1988–1993), los conflictos por la presencia del comercio ambulante en las calles del Centro Histórico de la ciudad se hicieron cada vez más recurrentes y violentos entre una amplia diversidad de organizaciones de ambulantes por el control de las calles, entre éstas y los comerciantes establecidos y entre estos últimos y las autoridades. Tales conflictos y la instrumentación de nuevos dispositivos para atender la problemática encarnados en el Programa de Mejoramiento del Comercio Popular (PMCP) contribuyeron con el surgimiento de nuevos actores sociales y también a nuevas formas de acción colectiva, constituidos durante la interacción contenciosa. Es un escenario que potencializó el surgimiento de nuevos líderes y organizaciones dentro del partido hegemónico que compitieron por la interlocución que hasta entonces controlaba Guillermina Rico8 con las autoridades, y también surgieron líderes vinculados con los partidos de oposición, circunstancia que resultó novedosa en la dinámica de este sector.

Adicionalmente, se presentaron nuevas formas de acción provenientes del sector empresarial, distinto a la Cámara Nacional de Comercio, para enfocarse de manera específica en la problemática del Centro Histórico. Por otra parte, se produjo un debate público tanto en los medios de comunicación como en la asamblea de Representantes del Distrito Federal, lugar en el que se realizó una serie de audiencias en las que participaron los actores sociales implicados, con el propósito de elaborar un reglamento integrado, el cual no fue aprobado. A través de estos debates, el conflicto por la presencia del comercio ambulante se trasladó del espacio físico donde habitualmente se desenvuelve al centro de la opinión y la escena urbana. Todo esto tuvo como resultado la creación de una nueva categoría social, en la que el gobierno define la problemática "comercio en vía pública", evidenciando que la contienda política "siempre implica la construcción social de categorías políticamente relevantes" (Mcadam, Tarrow y Tilly, 2005: 63).

Cabe señalar que este programa surgió en un momento de desgaste general de la estructura corporativista que hasta entonces organizaba las relaciones Estado–sociedad en general, y el comercio ambulante en particular. Por un lado, la reducida capacidad del régimen priísta para dispensar recursos en medio de la debacle económica que atravesaba el país en el marco de la crisis de la deuda; a su vez, el cambio de modelo económico, el cual requería mayor flexibilidad en las relaciones; otro aspecto fue el de los esfuerzos para impulsar una serie de reformas políticas para la democratización del sistema político. Por último, las presiones desde los distintos movimientos sociales para democratizar el régimen y favorecer otros canales de participación política, como la movilización estudiantil en los años sesenta, el movimiento urbano popular luego de los sismos de 1985 y las movilizaciones sociales y electorales posteriores a las elecciones de 1988. Esta situación se produjo en el marco del creciente desprestigio del partido hegemónico, como resultado de la controversial elección mediante la cual resultó electo presidente Carlos salinas de Gortari; ello, en conjunto, implicó un cambio de las relaciones entre las organizaciones sociales y el Estado, posibilitando el incremento de las organizaciones sociales urbanas independientes articuladas al Movimiento Urbano Popular (MUP) y de otras organizaciones urbanas, como es el caso de los ambulantes, como veremos en el siguiente apartado (Bennet, 1992).

 

Conflictos territoriales entre organizaciones de comerciantes ambulantes

Los conflictos entre organizaciones de comerciantes ambulantes se agudizaron desde que se hicieron los primeros intentos en 1989 para retirarlos de las vías principales del Centro Histórico, cuando la Delegación Cuauhtémoc los reubicó en calles secundarias, con el propósito de mejorar la circulación vial. Estas acciones, en las que se empleó la fuerza pública,9 lejos de resolver la problemática favoreció su expansión a nuevas calles "acreditadas comercialmente" por los propios comerciantes ambulantes y fortaleció la capacidad de movilización de sus organizaciones.

Más allá de tomar las calles para el comercio, en este contexto las organizaciones de ambulantes comenzaron a tomar las calles para protestar. En varias ocasiones marcharon desde la Merced, pasando por el Zócalo, para llegar a la Delegación Cuauhtémoc, externando su inconformidad por las medidas tomadas.10 En estas movilizaciones, además de exigir al gobierno que les dejaran en las calles para realizar sus actividades comerciales, culparon a los comerciantes establecidos por su retiro, señalando a la comunidad judía y libanesa con amplia presencia en el primer cuadro de la ciudad: "no permitiremos que extranjeros desplacen a los mexicanos de las calles de la ciudad",11 "los extranjeros poseen todo el Centro Histórico, nosotros sólo tenemos las calles".12

En medio de estas expresiones de inconformidad, los ambulantes invidentes comenzaron a disputar el poder posicional de Guillermina Rico. Con el argumento de contar con mayor legitimidad y antigüedad,13 un grupo liderado por Martín guzmán, quien se retiró del PRI para vincularse con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, comenzó a invadir las calles ocupadas por la organización liderada por Guillermina Rico. Esta organización visibilizó la situación mediante críticas al partido hegemónico, posibilitando el surgimiento de la una agrupación de ambulantes independientes llamada Coordinadora de Organizaciones de Comerciantes ambulantes (COCA).

A través de la COCA, varias agrupaciones de comerciantes ambulantes que no tenían interlocución directa con el gobierno, empezaron a manifestar su inconformidad mediante nuevas formas de acción colectiva descritas por los entrevistados como los primeros esfuerzos de acción independiente más allá del acarreo al que estaban sujetos: "veníamos con un esquema de querer estar como personas que pensamos, como personas que pretendemos ubicarnos en la vida, como gente que tiene derecho a vivir bien"; "yo estaba contento, afloraba mucho mis inconformidades y mis desacuerdos con la política". En sus propuestas planteaban que: "la reordenación [del comercio] debe partir de la base de eliminar toda forma de control ilegal tanto de líderes como de autoridades; de excluir la afiliación obligatoria al PRI y acabar con el corporativismo que sólo ha provocado el surgimiento de dirigentes venales".14 a través de este trabajo de visibilización, la COCA logró obtener mayor poder territorial en algunas de las calles más importantes del Centro Histórico, como Venustiano Carranza e Izazaga, a pesar de ser uno de los primeros grupos independientes. Según Federico garcía, uno de los fundadores de la COCA, estas acciones fueron posibles gracias a la efervescencia política que se estaba viviendo desde los movimientos sociales y el Frente Democrático Nacional (FDN) por una mayor apertura democrática en la capital: "la etapa neo–cardenista es una coyuntura importante porque había una descomposición del partido en el poder, tanto a nivel local como federal, y esto permitió que pudiéramos trabajar con vendedores de manera más independiente".15

No obstante, estos intentos por lograr una mayor independencia pronto se vieron afectados por la judicialización de la que fue objeto Martín guzmán quien, como vimos, era uno de los primeros líderes que se desprendía del partido hegemónico. La judicialización es una de las herramientas que más ha utilizado el gobierno para presionar a este sector, la cual se emplea en distintos momentos de la contienda para obligar a ciertos sectores del comercio ambulante a negociar y aceptar los términos en que se plantean las reubicaciones por parte del gobierno. En algunos casos como éste se ha empleado de manera selectiva, mientras que en otros se ha realizado de manera generalizada. Aquí, aparece como una forma de suprimir los intentos para constituirse de manera crítica, haciéndolos blanco fácil de provocaciones policiales, aislándolos de las demás organizaciones con quienes se pudieran establecer alianzas e impidiéndoles "el acceso a los medios de contienda tolerados o prescritos" (Mcadam, Tarrow y Tilly, 2005: 75).

Estas acciones terminaron por desarticular a la COCA, además de los problemas que tuvieron para vincularse con otras organizaciones sociales independientes del PRI .16 Esta circunstancia favoreció el surgimiento de otras agrupaciones dentro del PRI, como es el caso de la Coordinadora de Organizaciones de Invidentes y Comerciantes (COIC), la cual aglutina a cerca de cinco organizaciones de comerciantes invidentes del Centro Histórico, a través de la cual se separaron de la organización liderada por Guillermina Rico y presionaron con el retiro en bloque del PRI en caso de retirarlos sin llegar a un acuerdo:

Al tiempo cuando yo me separo de Guillermina Rico entonces había cinco agrupaciones de ciegos de las cuales dos tenían un promedio de 200 y tantas gentes y entonces yo formé la Coordinadora de Organizaciones de Invidentes y Comerciantes […] yo hablo con ellos y conformamos un grupo, porque con los 900 que teníamos nosotros y los 900 que sumaban esas cinco éramos un grupo ya muy importante.17

Tanto las alianzas descritas por Ángel en este apartado, como el surgimiento de las organizaciones de comerciantes ambulantes en el partido hegemónico, generaron una serie de preguntas relacionadas con las formas de acción política que emprendieron los sectores populares que generalmente son dependientes de los recursos del Estado: ¿son el resultado de las formas de control por parte del Estado en un contexto de empobrecimiento y de incapacidad del sector productivo en la creación de empleos formales? O, por el contrario, ¿son muestra del la capacidad de movilización y de la constitución progresiva de un "actor" frente al Estado?

Podemos señalar que esta forma de organización y de acción colectiva muestra algunos de los aspectos acerca del tipo de politicidad presente en este espacio social, el cual no corresponde a una forma de cooptación totalizante pero tampoco se constituye en un movimiento social que buscaría cambiar el modelo de acción histórica (Touraine, 1995). En efecto, es una forma de acción colectiva que nos habla de la tensión permanente por la necesidad de presionar al Estado y la dependencia frente al mismo en una lucha enmarcada por la sobrevivencia y el reconocimiento. La presencia de esta doble lógica de acción de dicha lucha, determinada por la tensión entre la "urgencia y el proyecto" (Merklen, 2005), explica el surgimiento de organizaciones dentro del partido hegemónico que demandan al gobierno mayor reconocimiento, no como resultado de una forma de control por parte del Estado, sino como una forma de adquirir mayor margen de acción en comparación con las organizaciones independientes, como se mostró en el caso de Martín guzmán. Otro aspecto que nos habla de esta tensión corresponde a las alianzas entre organizaciones, lo que les permite obtener reconocimiento por parte del gobierno pero que no perduran a lo largo del tiempo, debido a la competencia existente en un contexto con recursos escasos. Alianzas con otras organizaciones de comerciantes ambulantes o con otros potenciales aliados, como en su momento resultaba ser la asamblea de Barrios; o alianzas por territorio, como por la centralidad posicional que obtienen como dirigentes en un espacio social en el cual concentrar un conjunto de vínculos exteriores al grupo que comprende las oficinas delegacionales, las oficinas del gobierno del DDF y los partidos políticos son las que confieren un mayor poder y posibilidades de permanencia en las calles, lo que garantiza el flujo de recursos.

Estos conflictos nos muestran la forma en que uno de los sectores sociales más controlado por el PRI se "sale del huacal", para pedir un mayor reconocimiento e integración. Es una forma de politicidad que evidencia las tensiones presentes entre la "urgencia y el proyecto", y que nos hace pensar en estos actores como alineados más que cooptados, en el sentido de que son capaces de exigir mayor integración y reconocimiento, no desde una oposición radical al Estado, sino a través de la coexistencia entre protesta y negociación, en la que algunas veces también se refuerza la institucionalidad de éste.

 

El sector empresarial en disputa: la campaña contra la economía informal y el surgimiento de Procentrhico

De manera paralela a los conflictos entre comerciantes ambulantes, los comerciantes establecidos del Centro Histórico, agrupados en la organización Procentrhico, hicieron un llamado al gobierno para que ejerciera acciones frente a este problema. A través de una serie de declaraciones, afirmaron constantemente que la problemática del comercio ambulante representaba la "pasividad e incapacidad oficiales",18 y solicitaron al gobierno de la ciudad la instrumentación de políticas públicas para evitar que el primer cuadro de la ciudad se convirtiera en "reducto anárquico"19 por efecto del comercio ambulante en sus calles.

En respuesta a esta situación propusieron tres medidas de acción: 1) cierres escalonados de comercios establecidos a partir del 23 de noviembre de 1989; 2) la suspensión del pago de impuestos, y 3) congelación indefinida de los proyectos de inversión en la construcción de pasajes comerciales y mercados populares.20 Mientras realizaban estas declaraciones, 550 comerciantes ambulantes invadían varias calles, lo que fue interpretado como una provocación por parte de los ambulantes que se negaban a abandonar el Centro Histórico. En respuesta a esta situación, declararon el cierre inmediato de establecimientos.21

Además de esta medida como forma de protesta, la organización recurrió a las marchas y a los medios de comunicación para exigir al gobierno que despejara las calles y denunciar la fuerte vinculación existente entre éste y las organizaciones de comerciantes ambulantes. Si bien Procentrhico era una organización que venía funcionando desde inicios de los años ochenta, no fue sino hasta este cierre de tiendas que aparecieron en la escena pública. Mediante estas acciones directas, desempeñaron un papel central en la presión al gobierno, convirtiéndose en una forma de protesta novedosa por parte de los comerciantes establecidos, quienes hasta entonces canalizaban sus demandas a través de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco). A modo de ver de algunos fundadores de Procentrhico, si bien la Canaco presionaba al gobierno mediante una campaña en contra de los ambulantes en los medios de comunicación, se requería de acciones directas que tuvieran un efecto directo sobre los gobiernos de la ciudad. Esta campaña, liderada por la Canaco, se sustentaba en una serie de investigaciones22 que buscaban mostrar el perjuicio general que causaba la existencia del comercio ambulante, sin identificar claramente quiénes los proveían de mercancías, así como las vinculaciones existentes entre el comercio establecido y el contrabando y los giros negros. Este último es uno de los te mas sensibles, porque a menudo se suele asociar al comercio ambulante con el contrabando. No obstante, siguiendo a Alba y Labazée (2008) es una afirmación que se ha hecho de manera apresurada, considerando que el comercio ambulante representa sólo uno de los circuitos comerciales entre muchos que se vinculan con el contrabando y la piratería.23

En general, se percibe que la Canaco no representaba los intereses de los comerciantes del centro. Muestra de ello es la separación de Procentrhico de dicha organización, la cual, más que un discurso conciliador y persuasivo, empleó una serie de ataques directos tanto a comerciantes ambulantes como a autoridades locales y federales, captando la atención nacional y constituyéndose como un grupo radical dentro de la Cámara de Comercio.

 

El comercio ambulante ingresa a la agenda pública

Los conflictos descritos en los apartados anteriores trasladaron el problema del comercio ambulante de las calles del Centro Histórico a la naciente asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), creada en noviembre de 1988, e involucrando con ello a otros actores en esta disputa, como serían los representantes de los partidos políticos pertenecientes al PAN, al PRI y al FDN .24 Para que este problema empezara a ser un tema público, más que un problema social, era necesario que los distintos actores reconocieran su relevancia y lo plantearan como una situación problemática para toda la sociedad. De modo que las posturas de los comerciantes ambulantes y de los comerciantes establecidos no son reacciones, sino acciones que han contribuido a que el tema exista como problema público.

Desde la I ARDF (1988–1991) se coordinó una serie de audiencias en la primera legislatura, donde se discutió y evaluó la posibilidad de reglamentar el comercio ambulante, a pesar de las limitaciones que tenía esta asamblea para legislar.25 Durante estas audiencias, la discusión se centró en la necesidad de tener un reglamento integral para el comercio ambulante en las calles de la ciudad propuesto por Juan José Castillo Mota, representante del PRI y presidente de la Comisión de abasto y Distribución de la ARDF, y entre quienes se oponían a esta propuesta. Por un lado, los representantes del PAN formularon opiniones para la erradicación total del ambulantaje, mediante el mecanismo de la incorporación de este sector al régimen fiscal. Por su parte, el FDN, a través de la asambleísta Graciela Rojas, solicitó el trato democrático en el otorgamiento de permisos a los comerciantes ambulantes y se opuso en general a cualquier iniciativa que no considerara el contenido del artículo 5 de la Constitución.26

Pese a que la propuesta de reglamento presentada por el PRI se encontraba apegada a los lineamientos generales del gobierno del DDF, no fue aprobada debido a la pérdida de representatividad por parte del PRI en la I legislatura de la ARDF además, se trataba de una apuesta política que si era aprobada en ese momento podía afectar el resultado de las elecciones intermedias en 1991, cuyo objetivo era la recuperación de la capital.

Los conflictos mencionados y los debates desencadenados pusieron en cuestión la capacidad del gobierno y el partido hegemónico para conducir las relaciones con el sector, de manera que compartimos las observaciones de azuela cuando señalaba que: "a las cúpulas priístas les resulta cada vez más difícil resolver las pugnas entre las diferentes organizaciones de vendedores" (Azuela, 1990: 22). Dicha circunstancia, en el contexto del comercio ambulante, representaba un cambio sustancial, ya que por primera vez eran actores que se movilizaban para defender su actividad y su continuidad en las calles del centro, cuando antes se movilizaban únicamente como "acarreados". Ello implicó un cambio en la relación de una de cooptación a una relación que incluía tanto confrontación como alineamiento. Esto nos muestra que el corporativismo de Estado, mediante el cual se buscaba estabilidad y control en las relaciones con la sociedad, si bien sirve para controlar la movilización, "puede también multiplicar las oportunidades populares para avanzar políticamente" (Foweraker, 1995:19).

 

La recuperación oficial: Bando de 1993 y el PMPC

Luego de las elecciones de 1991, denominadas por algunos observadores como "la recuperación oficial" (Gómez y Valdés, 1993), se aceleraron las acciones para retirar a los comerciantes ambulantes del Centro Histórico mediante dos medidas. La primera consistió en la construcción de 27 plazas comerciales para instalar en locales en condominio a los comerciantes ambulantes retirados de las calles. La segunda medida consistió en la elaboración de un bando para prohibir el comercio ambulante en el perímetro a del Centro Histórico aprobado el 12 de julio de 1993 en la II legislatura de la ARDF(1991–1993).

Además de la "recuperación oficial" experimentada por el triunfo del PRI en la II ARDF, el asesinato de un pasajero en el Metro27 favoreció el tratamiento de la problemática como un asunto de seguridad pública. Esta circunstancia fue empleada para demostrar a los líderes del comercio ambulante que la ciudad estaba dispuesta a emplear la fuerza, es decir, legitimó el uso de la fuerza pública para retirar al comercio ambulante y estimuló a las autoridades que estaban escépticas del retiro de los comerciantes del Centro Histórico en un contexto de falta de credibilidad (Cross, 1998: 195–198).

A partir de este suceso, la Secretaría de gobierno dirigió el proceso de retiro de los comerciantes ambulantes del centro. Su primera acción consistió en convocar, el 28 de febrero de 1992, a una reunión con delegados, líderes de comerciantes ambulantes, asociaciones civiles, el patronato del Centro Histórico, la Canaco y el Procentrhico, en la que se formalizaban los objetivos del programa de mejoramiento del comercio popular. En esta reunión se inició la firma de una serie de acuerdos con organizaciones de comerciantes ambulantes para que se comprometieran a abandonar las calles a cambio de la entrega de las plazas comerciales.

Este proceso involucró principalmente a los líderes y a las organizaciones que surgieron en el partido hegemónico, pero a ninguna de las organizaciones de los partidos de oposición, en parte por la represión selectiva de la que eran objeto los líderes y las organizaciones de dichos partidos. En la primera etapa del programa se realizó un censo y un mapeo, calle por calle, para lo cual se seleccionó un equipo de 120 concertadores (Sáinz, 1995: 111). Posteriormente, se realizó un proceso de concertación y firmas de adhesión con las organizaciones de comerciantes ambulantes. Entre julio y noviembre de 1992 se realizaron "1186 reuniones de trabajo con las distintas organizaciones, con una duración total de 1 510 horas, lo que significó 210 días laborales, o sea, siete meses de trabajo de concertación ininterrumpida" (Sáinz, 1995: 112). En la firma de estos convenios denominados se reconocía la autonomía, la legitimidad y las formas de organización de las organizaciones de comerciantes ambulantes (Stamm, 2005).

Para iniciar la construcción de las plazas comerciales, se constituyó una bolsa inmobiliaria compuesta por terrenos desocupados por efecto del terremoto de 1985, por predios expropiados y, en algunos casos, por predios comprados directamente por el DDF. A diferencia de la construcción de mercados públicos en la que el gobierno de la ciudad financió 100% de los locales construidos, en esta iniciativa los locales fueron vendidos a los comerciantes ambulantes bajo la figura de locales en condominio.

Estas acciones fueron reforzadas con la promulgación del bando de 1993. A través del bando se buscaba evitar el regreso de los comerciantes y/o de nuevos comerciantes ambulantes. La zona definida por este bando no comprende estrictamente el perímetro a definido por el decreto de 1980, evidenciando las dificultades con las que se enfrentaron las autoridades en las zonas de la ciudad con mayor densidad organizativa y también con el poder de algunos de los líderes en Tepito y la lagunilla en un momento en el que Camacho Solís necesitaba demostrar resultados inmediatos.

Lo que ocurrió luego de estas acciones fue que los comerciantes ambulantes desalojaron las calles del Centro Histórico por primera vez en años, las cuales permanecieron sin comerciantes durante casi un año. Los medios impresos registraron este hecho como el inicio de nuevos tiempos "de modernidad y orden".28 No obstante, este momento de "recuperación" del Centro Histórico narrado como una verdadera conquista desde la acción gubernamental, pronto se vio rebasado por el difícil contexto político y económico vivido en los años 1994 y 1995 y las elecciones presidenciales que se realizaban de manera paralela. Las plazas comerciales construidas durante el PMCP quedaron vacías y pronto los comerciantes ambulantes regresaron a las calles por las bajas ventas y las elevadas cuotas de los créditos otorgados. Para junio de 1995, la zona prohibida contaba con más de 3 500 comerciantes ambulantes, situación que pronto desencadenaría el retorno de los comerciantes ambulantes al centro incluso a pesar de la prohibición expresada en el bando para ejercer el comercio ambulante en sus calles.

Desde entonces, las políticas hacia el comercio ambulante presentaron una serie de ambigüedades: en 1998 se echó a andar el Programa de Mejoramiento del Comercio en Vía Pública,29 en el cual se reconocía el derecho al trabajo, se permitía el comercio en espacios públicos delimitados y se proponía una revisión al bando de 1993. Si bien el gobierno del PRD intentó romper con las grandes organizaciones que surgieron durante el priísmo, apoyando otras organizaciones de nuevos líderes del partido o tratando de mantener algunos vínculos con los líderes priístas, no se promovió una mayor democracia interna de las organizaciones.30 Como comentó uno de los funcionarios entrevistados "el PRD no ha sabido construir mecanismos alternativos de participación y organización de toda esa gente".31 Estos intentos, aunados a la muerte de Guillermina Rico, posibilitaron el incremento de las organizaciones de comerciantes ambulantes, dificultando también cualquier otro desalojo que solamente fue posible hasta 2007.

 

RETIRO DEL COMERCIO AMBULANTE EN 2007: ¿RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO O PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO?

El 12 de octubre de 2007, bajo la mirada escéptica de quienes no imaginaban la salida de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico, se presenció el desalojo silencioso de cerca de 25 000 comerciantes que trabajaban día a día en este lugar de la ciudad. Ese día, el jefe de gobierno y sus colaboradores recorrían las calles con un grupo de 10 notarios de la ciudad, quienes expresaron, mediante acta: "dimos fe de que no se encontró ninguna instalación de comercio ambulante sobre las aceras y calles del perímetro a del Centro Histórico. Damos fe asimismo de no haber presenciado ningún acto que motivara acción alguna de la fuerza pública y que de acuerdo al visto bueno de las personas que se encontraban con nosotros acompañándonos, la actividad de la zona era la habitual".32 Una vez entregada el acta, bajo el lema "Por un Centro Histórico limpio", el gobierno del Distrito Federal autorizó la salida a las cuadrillas de trabajadores que, con escoba en mano, limpiaron las 87 calles liberadas del comercio ambulante. A partir de entonces, se conformó un cerco policíaco con cerca de 1 200 personas33 y se alertó a los juzgados cívicos a donde se remitirían a quienes intentaran instalarse en las calles para ficharlos como infractores administrativos.34

En los medios impresos de circulación nacional este hecho fue documentado en primera plana con repercusiones en otros centros históricos de la ciudad, como Coyoacán y Tlalpan, así como en otras ciudades de la república. En el nivel local y nacional, estas medidas repercutieron en el incremento de los niveles de aprobación de los ciudadanos frente a la gestión del jefe de gobierno.35 Tales medidas, si bien se dieron de manera tardía en comparación con otros centros históricos de América Latina (Bromley y Mackie, 2009), se constituyeron en las acciones que darían inicio a los preparativos de las fiestas del centenario y bicentenario a ser realizados en el corazón de la ciudad y del país.

 

Coalición entre intereses privados y públicos: la recuperación del Centro Histórico se consolida como proyecto político

Hasta 2007, las acciones desplegadas por los gobiernos para el retiro de los comerciantes ambulantes no habían contado con éxito alguno, bien sea empleando la fuerza pública o algún instrumento jurídico como el bando de 1993, en virtud de la presencia y la presión que hasta entonces habían ejercido las organizaciones de comerciantes ambulantes. No obstante, la correlación de fuerzas que permitió su presencia en las calles comenzó a sufrir importantes cambios a raíz del incremento de la inversión inmobiliaria y de la instrumentación de una serie de políticas gubernamentales a partir del año 2002.

Si bien el interés gubernamental por recuperar el Centro Histórico ha estado presente desde finales de los años sesenta, no fue sino hasta 2002 que se logró una mayor incidencia para su recuperación a través de la confluencia de una serie de inversiones de carácter público y privado (Delgadillo–Polanco, 2008). Por un lado, la decisión de una serie de inversionistas privados, entre los que se contó con Carlos Slim, quien invirtió en este lugar a través de la Fundación Centro Histórico, para darle una oportunidad a la zona; por otro, la puesta en funcionamiento ahí de dos programas gubernamentales: el Programa Recuperación del Centro Histórico y el Programa de seguridad Pública para el periodo 2002–2006.

La Fundación Centro Histórico, la cual nació en 2002, en palabras de Slim, tenía como objetivo hacer de este espacio un lugar "vivo, restaura do, seguro, limpio, activo, con una sustancial mejora socioeconómica de sus residentes, para que no sólo estemos orgullosos de nuestro pasado, sino, sobre todo, de nuestro futuro".36 Como antecedente, podemos mencionar que este empresario ya venía participando como presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico (CCRCH), del que formaban parte representantes del gobierno federal, del Distrito Federal y de la sociedad civil, representada por empresarios y académicos especialistas en arquitectura y restauración. Este consejo operaba a través de una serie de programas y proyectos que eran ejecutados a través del Fideicomiso del Centro Histórico, creado desde 1990 por la iniciativa privada, desde el cual se gestionaban tanto recursos públicos como privados. Según Davis (2007), a través de la fundación y de la empresa Centro Histórico de la Ciudad de México, S.S. de C.V., Carlos Slim adquirió 64 predios alrededor del Zócalo capitalino, espacio que se conoce como el corredor financiero y donde se prohibió el comercio ambulante durante el periodo (2002–2006).

De manera paralela, a través de la Secretaría de seguridad Pública, encabezada en ese momento por Marcelo Ebrard, el gobierno de la ciudad puso en práctica el Programa de seguridad Pública del Centro Histórico de la ciudad de México, sustentado en la visita de Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York, a esta ciudad (arroyo, 2003; Davis, 2007). En esta consultoría se formuló un documento fundamentado en la estrategia de tolerancia cero, basada principalmente en el uso de tecnología y el incremento de las penas por los delitos menores, bajo el entendido de que al incidir en las prácticas delictivas menores se evitarían los delitos de mayores dimensiones y se erradicaría una naciente cultura del delito. En la ciudad de México, esta estrategia se expresó mediante "cambios en el uso y acceso al espacio público, en forma de nuevos controles sobre la vida callejera, que tenía la intención de cambiar la ambientación del centro, donde la principal fuente de problemas se decía que era la suciedad y desorden acarreados por el comercio informal y las actividades ilegales" (Davis, 2007: 659). Durante su visita, Giuliani se reunió con empresarios y señaló la importancia de invertir en el Centro Histórico como una estrategia para mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad. Como señala Davis, este proyecto posibilitó el retiro de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico, puesto que el gobierno de "izquierda" de la ciudad contaría con una visión externa sobre la necesidad de controlar el delito en la zona, incrementar la inversión inmobiliaria y desalojar a las distintas poblaciones que usaban las calles para generar ingresos. Es por esto que no sorprenden las acciones hacia los vendedores ambulantes, por no mencionar a los choferes de bicitaxis ni a los diableros.37 Ello resulta más evidente aún si consideramos que las acciones actuales se enmarcan dentro de una estrategia de distanciamiento con las acciones de anteriores gobiernos perredistas, atendiendo de manera más directa las demandas provenientes de los sectores medios y del sector empresarial; así, el gobierno de Ebrard mostraría su capacidad para emprender proyectos con la iniciativa privada.

En 2007, una vez al frente de la jefatura del gobierno capitalino, Ebrard reafirmó su interés por mantener el Programa de Rescate en el Centro Histórico. Para ello creó, en enero de 2008, la autoridad del Centro Histórico, con el propósito de concentrar las atribuciones de las dependencias de la administración pública central que tuvieran competencias materiales en dicho territorio.38 Estas circunstancias cambiaron la correlación de fuerzas que hasta entonces explicaba la permanencia de las organizaciones de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico. La colusión entre los intereses públicos y privados posibilitó la consolidación del proyecto de recuperación urbanística, lo que se constituyó en un excelente capital político para las aspiraciones presidenciales del actual jefe de gobierno.

 

El retiro de los comerciantes ambulantes

Las intenciones de retirar a los comerciantes ambulantes en el Centro Histórico se hicieron evidentes con la expropiación del predio Tenochtitlán núm. 40, ubicado en Tepito. La expropiación de este predio representó para muchos de los tepiteños un duro golpe al barrio, por tratarse de uno de los lugares más emblemáticos para sus habitantes. Después de una serie de conflictos que se produjeron en el barrio durante algunas semanas, el 7 de marzo de 2007, el jefe de gobierno, en un encuentro de "México Unido Contra la Delincuencia" declaró que no se reordenaría el comercio ambulante del barrio; en cambio, anunció su retiro del Centro Histórico. Sin detalles acerca de la forma en que se realizaría, propuso como fecha límite para su retiro el 12 de octubre del mismo año. Para ello, recordó la existencia del Bando de 1993 descrito anteriormente y la relevancia de hacer cumplir la normatividad vigente.

En un inicio, las organizaciones de comerciantes respondieron con escepticismo frente a la propuesta, instando al jefe de gobierno para que otorgara alternativas a los comerciantes más allá de su retiro de las calles por decreto,39 demanda respaldada por la Comisión de abasto y Distribución de la asamblea legislativa del Distrito Federal, encabezada por el PAN, que tradicionalmente había estado en contra de la presencia del comercio ambulante.40 También fue una propuesta recibida con escepticismo por parte del PRD, especialmente de la corriente Nueva Izquierda,41 quienes instaron a otorgar alternativas a los comerciantes ambulantes antes de ejercer cualquier tipo de acción represiva. El PRI también objetó la medida, señalando que antes de una reubicación "por decreto" se requerían de alternativas sostenibles para los comerciantes ambulantes.

Incluso en el gremio empresarial, la asociación latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, A.C. Se pronunció en contra de la propuesta, al señalar que si bien representaba un duro golpe para la piratería, evidenciaba la falta de interés por parte del GDF para generar empleos y solucionar el problema desde su origen.42 lo mismo ocurrió en la opinión pública, puesto que a pesar de ver esta acción de manera positiva, en una encuesta realizada por entonces, seis de cada 10 capitalinos dudaron de su efectiva instrumentación.43

A partir del anuncio de desalojo de los comerciantes ambulantes de esta zona, el gobierno de la ciudad centralizó las acciones en la subSecretaría de Programas Delegacionales de la Secretaría de gobierno, desplazando a las delegaciones políticas con atribuciones territoriales en la zona como las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Como comenta Margarita Martínez Fisher (PAN), presidenta de la Comisión de abasto y Distribución de la V asamblea legislativa del Distrito Federal, al pronunciarse sobre la necesidad de que las delegaciones contaran con atribuciones mayores en el espacio local, varios de los asesores cercanos a Ebrard expresaron su desacuerdo. Esta situación originó una serie de tensiones entre el gobierno central y los delegacionales, en parte porque Ebrard contaba con el apoyo del sector empresarial interesado en retirar a los comerciantes ambulantes, el cual reconocía en él al aliado ideal por su experiencia como secretario de gobierno durante el retiro de los ambulantes en 1993.

Durante los cuatro meses que siguieron a las declaraciones del jefe de gobierno, aún no se sabía cuáles serían los mecanismos mediante los cuales se llegaría a algún acuerdo entre comerciantes y autoridades de la ciudad; lo único que parecía reinar era la incertidumbre. En estas circunstancias, la prensa y otros medios de comunicación fueron el canal a través del cual varios de los líderes de comerciantes retaron al gobierno: algunos manifestaron su preocupación por la situación de violencia y otros presentaron alternativas. Luego de cuatro meses de mensajes que iban y venían entre autoridades y líderes de comerciantes ambulantes, se anunció la firma de una serie de acuerdos con algunas de las organizaciones, a través de un proceso de negociación que duró aproximadamente cuatro meses más.

El proceso de negociación con los líderes de comerciantes ambulantes posibilitó el retiro de los comerciantes sin la intervención de la fuerza pública, circunstancia que ha sido analizada por los propios funcionarios de programas delegacionales como una salida política. La negociación es un aspecto central para explicar la permanencia o no en el espacio urbano, si consideramos que la precaria seguridad que existe en torno a un espacio en la calle para vender, depende de los éxitos de la misma. Ante todo, la negociación es un mecanismo mediante el cual se establece una relación de poder en la que se toman en consideración las propiedades de las partes; es por esto que no todas las organizaciones negocian con el gobierno. Según los líderes de comerciantes entrevistados y algunos funcionarios de gobierno, operaban antes del desalojo cerca de 100 organizaciones de comerciantes, pero únicamente se realizaron negociaciones con 38 de ellas.44 ¿En qué consistió este proceso? ¿Qué criterios de inclusión–exclusión se consideraron para lograr el desalojo de los comerciantes con menos organizaciones de las existentes?

Al respecto identificamos cuatro tipos de organizaciones incluidas en las negociaciones: la primera de ellas agrupa a organizaciones en el Frente Alternativo del Trabajo (FAT), la mayoría proveniente de la CNOP –PRI, y son las organizaciones más experimentadas en razón de que participaron en el proceso de reordenamiento en 1993 y desde entonces mantienen una permanente interlocución con los gobiernos.45 El segundo grupo de organizaciones es el Frente Metropolitano de Organizaciones Populares, vinculado con el PRD, que surge como un grupo de oposición a este primer grupo y que lidera una de las opositoras de Alejandra Barrios. El tercero está conformado por las Organizaciones Democráticas del Comercio Popular, también asociadas al PRD, pero más vinculadas con la delegación política, a diferencia de las dos primeras. En una cuarta vertiente podemos ubicar a dos grupos de familias que no trabajan entre sí pero que tienen una lógica distinta a las demás porque se mantienen en el escenario de la contienda y la negociación por su antigüedad y por la larga historia que tienen de relaciones con las autoridades, las cuales se remontan a generaciones anteriores.

En general, los comerciantes ambulantes intentaron generar una serie de alianzas entre sí para evitar, en principio, este proceso de retiro; no obstante, no fueron duraderas en virtud de la permanente competencia entre las organizaciones de comerciantes. Para Alberto, del Frente alternativo del Trabajo, la fuerza se obtiene a través de la alianza con las organizaciones más poderosas y también con la suma de otras organizaciones que pueden no ser muy poderosas pero que aportan nuevos miembros a cambio de protección y de mejores condiciones para insertarse en una posible negociación con el gobierno.

Este frágil equilibrio entre frentes y grupos de organizaciones fue bien aprovechado por la subSecretaría de Programas Delegacionales para lograr que las organizaciones con mayor fuerza del centro negociaran la adquisición de predios, a cambio del abandono de las calles sin necesidad de negociar con todas las organizaciones presentes en el Centro Histórico. Si los líderes se negaban a negociar estarían sin ningún beneficio o estarían sujetos a la judicialización en un contexto en el que de todas maneras no podían continuar en las calles del Centro Histórico por la prohibición estipulada en el bando. Uno de los líderes comentaba: "no le llamemos amenaza, pero sí llamémosle como el si te mueves no sales en la foto".46 En general, a lo largo de este proceso de negociación se percibió el incremento del costo de la movilización de las organizaciones de comerciantes en contra de la propuesta de retiro, debido a la recopilación de los antecedentes judiciales de cada uno de los líderes para neutralizar cualquier posibilidad de agresión por parte de los comerciantes ambulantes a los funcionarios y cuerpos policíacos, como ya había sucedido en otras ocasiones.

Por otra parte, encontramos, al igual que Alba y Labazée (2008), que las autoridades infiltraron algunos grupos de comerciantes para provocar conflictos entre organizaciones y así justificar su intervención y posterior desalojo. Ésta ha sido una estrategia por parte de las autoridades para engrandecer algunos de los liderazgos cooperativos frente a otros disidentes. Por su parte, varias de las organizaciones excluidas de este proceso de negociación se encuentran hoy en día en condiciones precarias, debido a que sus miembros han tenido que buscar nuevos espacios comerciales y otros han tenido que quedarse en las calles "toreando" a la policía encargada de custodiar el área.

A diferencia de las acciones realizadas en el PMCP que contemplaba la construcción de plazas comerciales, en esta oportunidad el gobierno entregó 36 predios mediante un Permiso administrativo Temporal Renovable (PATR), a 10 años, para que los propios comerciantes se autoorganizaran. Estos predios se entregaron sin construcción por varias razones: la primera, porque a diferencia del PMCP, el GDF no contaba con el presupuesto requerido; además, la propuesta consistía en instalar los puestos de forma horizontal, tal y como se ubicaban en las calles y, por último, con la entrega de predios se cumplía el compromiso establecido con los comerciantes ambulantes en un momento en que el GDF necesitaba mostrar resultados inmediatos.

Para la entrega de predios, el acuerdo consistía en entregarle a cada una de las organizaciones un espacio equivalente al espacio que ocupaban en las banquetas: "Medían esta calle, medían los metros cuadrados, una calle saturada de comerciantes como Correo Mayor, y esos mismos se los otorgaban, a eso que le llaman 'planchas comerciales', predios: un predio lo miden en metros cuadrados a ras del piso y se los dan en comodato".47 además de los predios entregados, el GDF entregó a las organizaciones con las que negoció 1 300 pesos a cada uno de los comerciantes de base a fondo perdido como incentivo para abandonar las calles. De esta manera podemos ver que la estrategia del gobierno actual fue la de alternar acciones de represión indirecta, en este caso con la judicialización de los líderes, con una serie de beneficios encarnados en la entrega de este préstamo a los comerciantes y en los predios.

Ahora bien, mediante la expropiación de los predios, la intención del GDF era demostrar su voluntad para cumplir con los compromisos establecidos con las organizaciones de comerciantes ambulantes entregándolos en espacios cercanos a las calles en las que desarrollaban su actividad comercial. En general, los predios expropiados se seleccionaron por encontrarse semidestruidos por los sismos, por demoliciones legales o irregulares o ilegales, o bien habían sido abandonados por sus dueños hacía algún tiempo.

En algunos casos, el proceso de expropiación estuvo acompañado de la demolición de los edificios que se encontraban para ubicar a los comerciantes, lo que a su vez generó una serie de conflictos entre el GDF y el gobierno federal, a través del IN A H, instituto encargado de la protección del patrimonio. Uno de los casos emblemáticos de este conflicto corresponde a la demolición del monumento ubicado en Regina 97, edificio del siglo XVIII que formaba parte del convento de los Camilos.48 Este caso resulta emblemático porque era un monumento que se encontraba en buen estado y su demolición fue autorizada por el GDF . Esta situación llevó a que organismos internacionales como ICOMOS 49 asesoraran a los dueños de los predios expropiados y demolidos, y el caso fuera llevado al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO para denunciar los hechos. Frente a estas circunstancias, el GDF y el gobierno federal instalaron una mesa de coordinación permanente para dirimir las diferencias e iniciar acciones conjuntas como la actualización del catálogo de monumentos históricos que no se había actualizado desde 1988.50

En general, el retiro de los comerciantes ambulantes ha permitido la llegada de otro tipo de establecimientos comerciales acorde con la capacidad de consumo de los sectores medios, como evidencia la presencia de las franquicias características de los centros comerciales en algunas de sus calles principales como Madero, así como la proliferación de cadenas de tiendas de autoservicio como 7–Eleven y Oxxo, por sólo mencionar algunos.

 

REFLEXIONES FINALES

A dos años del retiro de los comerciantes ambulantes, de acuerdo con lo dispuesto al bando de 1993, el gobierno de la ciudad ha logrado el retiro de la mayor parte de los puestos semifijos que ocupaban las calles del Centro Histórico. Si bien se está empleando la ley de Cultura Cívica a quienes sean sorprendidos vendiendo mercancía en las zonas ocupadas, el problema de los "toreros" sigue estando presente. A pesar de la fuerza pública desplegada en el área, los acuerdos entre algunas de las organizaciones y las autoridades han permitido la proliferación de "toreros" en la zona oriente del perímetro prohibido. En parte, porque como hemos intentado mostrar a lo largo de este artículo, los comerciantes ambulantes y la actividad comercial en sí misma han formado parte de la historia del Centro Histórico. Adicionalmente, como señalan varios de los funcionarios entrevistados, también ha sido necesario tener cierta "tolerancia" con algunos grupos, con el propósito de no ejercer una presión mayor que conlleve al regreso de los comerciantes a esta zona del centro. En otros casos, se debe a que el proceso de negociación no se realizó con todas las organizaciones de comerciantes, sino solamente con las más visibles y numerosas. Si bien ha sido una medida acertada en muchos sentidos, la experiencia acumulada desde 1993 nos muestra que si las plazas comerciales o los predios, como sucedió en esta oportunidad, no tienen la sostenibilidad comercial requerida, una coyuntura puede echar por tierra los esfuerzos realizados, bien sea por efecto de la crisis económica, el cambio de gobierno o alguna otra circunstancia que cambie la correlación de fuerzas presente en este campo en favor de los comerciantes ambulantes.

Por otro lado, podemos mencionar que es importante analizar la acción pública no como una acción lineal sino como un campo de lucha en el que los resultados obtenidos no son únicamente el resultado de la acción gubernamental sino de la interacción de una heterogeneidad de actores públicos, privados y sociales, quienes se disputan el uso y la imagen de un espacio como el que representa el Centro Histórico.

 

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NOTAS

* Esta investigación se ha realizado gracias a una beca otorgada por el Conacyt para la realización de mis estudios de doctorado en investigación social con especialidad en sociología.

1 El 7 de marzo de 2007, Marcelo Ebrard prometió públicamente el retiro de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico para antes del 12 de octubre, como una de las acciones centrales de su gobierno (véase " Va Ebrard ahora por los ambulantes", Reforma, primera plana, 7 de marzo de 2007).

2 Sólo comparada por varios observadores con la política que desarrolló el regente Uruchurtu (1952–1966). Esta comparación se debe a que el "regente de hierro", como se conocía a Uruchurtu, se caracterizó por promover las ideas más conservadoras y tradicionales en ese entonces. Orientadas principalmente a "moralizar" a la ciudad, liberando al primer cuadro del centro de las poblaciones que representaban un riesgo para la nación, desde "prostitutas y vendedores callejeros […] hasta cantinas y cabarets" (Davis, 1994: 189). Durante su administración fueron construidos la mayoría de los mercados públicos con los que cuenta actualmente la ciudad.

3 Uno de estos intentos fue el denominado "operativo amanecer", realizado el 21 de agosto de 1995. En este operativo, cerca de 3 000 cuerpos de la policía antimotines entraron con cerca de 1 100 cuerpos de seguridad para retirar a los comerciantes ambulantes que habían vuelto a las calles luego de la promulgación del bando de 1993. En este episodio, docenas de comerciantes ambulantes y policías resultaron con graves lesiones físicas, luego de una larga confrontación. Este episodio es sólo uno de los tantos enfrentamientos que formaron parte de lo que la prensa nombraba como "la guerra de las banquetas" (véase Gordon, 1997).

4 Son relaciones en las que las organizaciones de comerciantes ambulantes han incidido. Según Alejandra Barrios, líder del Centro Histórico, "los planes y los funcionarios se van, sólo los vendedores se quedan" (entrevista realizada el 12 de agosto de 2009).

5 Este tipo de hábitat es también emblemático del hábitat popular en las zonas centrales de otras ciudades latinoamericanas. Éste es el caso del conventillo en Buenos Aires, el inquilinato en Bogotá o los mesones en San Salvador. En la ciudad de México, las vecindades jugaron un papel fundamental en la expansión urbana de finales de siglo XIX, alojando a los trabajadores y obreros de la naciente industria (véase Melé, 1998).

6 Según Coulomb (2000), del total de establecimientos ubicados en el Centro Histórico, cerca de 67% se dedica al comercio.

7 El comercio en puesto fijo, que emplea estructuras metálicas ancladas en las banquetas; el comercio en puesto semifijo, ubicado en estructuras removibles que permiten la apropiación temporal del espacio público y los denominados toreros, que exponen sus mercancías en un trozo de tela y "torean" a las autoridades que pretenden retirarlos.

8 Se estima que esta líder concentraba cerca de 80% de las organizaciones que operaban en el Centro Histórico.

9 En un editorial se leía: "Los primeros hechos violentos ya se dieron durante esta semana entre ambulantes y policías con las consecuencias políticas observadas. Decíamos que en el pasado resultaba muy 'cómodo' enviar a las páneles a recoger a los 'puesteros' que, con lujo de violencia, se llevaban la mercancía y todo solucionado. Sin embargo hoy esas medidas resultan contraproducentes, además tales acciones demuestran que se carece de visión política para solucionar las cosas". Adán Juarez. "Primeros hechos violentos". Excélsior, 8 de septiembre de 1989, p. M1.

10 Manuel Magaña. "Marcha de ambulantes y cierre de comercios". Excélsior, 7 de septiembre de 1989, p. 4a y 34a.

11 Ibid.

12 Irma Martínez. "Actitud desafiante de comerciantes ambulantes; rechazan la reubicación". Excélsior, 9 de marzo de 1990, p. 4.

13 Según comentan, fueron los primeros comerciantes que se organizaron a partir de una concesión especial que recibieron del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952–1958), median te la cual obtuvieron permiso para instalar puestos fijos en las calles de las delegaciones centrales, algunos de los cuales aún se encuentran funcionando. En efecto, es uno de los sectores más organizados, ya que se vincula con la Federación de Ciegos Trabajadores de México y con la Escuela Nacional para Ciegos, ubicada en el Centro Histórico, a través de la cual integraban a nuevos miembros a las organizaciones de comerciantes.

14 Miguel Cabildo y Raúl Monge. "Las calles de la ciudad, botín económico y político para los líderes del comercio ambulante". Proceso, núm. 685, 18 diciembre de 1989, p. 25.

15 Federico garcía, fundador de la COCA, entrevista realizada el 11 de diciembre de 2008.

16 Como la asamblea de Barrios, con la que lograron algunos acercamientos, pero no de manera articulada, según las entrevistas con Federico garcía.

17 Ángel, líder de organizaciones de invidentes, entrevista realizada el 3 de diciembre de 2008.

18 Ismael Romero. "Comerciantes del centro, irritados ante la 'pasividad e incapacidad' oficiales". Excélsior, 11 de noviembre de 1989, primera plana. Denunciaron públicamente a todas las instancias federales y locales por su incapacidad para evitar el comercio ambulante en las calles. A la Secretaría de Hacienda por permitir el contrabando, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por no conocer las condiciones ecológicas del Centro Histórico, a la Secretaría de Transporte por no controlar el tráfico de vehículos, a la Secretaría de salud por permitir la venta de comida sin licencias sanitarias, a las delegaciones políticas de la ciudad por autorizar el comercio en el Centro Histórico, por sólo mencionar algunas de las instancias señaladas.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 Ismael Romero et al. "sus líderes y autoridades del DDF se reparten enormes ganancias ilícitas". El Universal, primera plana, 12 de noviembre de 1989. Se calculó el cierre de 3 000 establecimientos comerciales correspondientes a 80% de los miembros de la organizaciones de comerciantes establecidos, anunciando, además, el cese del pago de los servicios públicos como agua, luz, etc. Algunos de los anuncios decían "S.O.S. Sr. Presidente Carlos Salinas de Gortari, basta de populismo y demagogia, perdemos menos cerrando que tolerando el ambulantaje, cerramos en defensa de nuestro patrimonio".

22 Entre los estudios realizados por la Cámara de Comercio se encuentran: José María Alverde. Mesas redondas sobre el comercio ambulante de la ciudad de México. México: Cámara Nacional de Comercio (Canaco), 1990. Economía informal ¿Quién provee a los ambulantes? México: Canaco, 1989. El comercio ambulante en la ciudad de México. México: Canaco, 1987.

23 Siguiendo a estos mismos autores, el comercio ambulante representa un circuito entre muchos, pero dada su ubicación es mucho más visible, lo que no implica que resulte el más representativo. Según ellos, las mayores cadenas de contrabando corresponden a grandes almacenes tales como Liverpool, Gigante y Zara–index. Muestran que hay un gran número de firmas registradas que forman parte de estos flujos de piratería y contrabando que emplean redes de importación, manipulan montos y certificados de origen. En el Centro Histórico los comerciantes chinos y coreanos juegan un papel clave y tienen mayor presencia en Tepito y más recientemente en el norte del CH. Estos circuitos vinculan los flujos comerciales entre Asia, Estados Unidos y México y son una fuente significativa del comercio en las calles, porque proveen créditos de hasta 60 días, para los cuales los comerciantes ambulantes solamente deben mostrar como garantía sus puestos, y en los que las organizaciones sirven como respaldo (entrevista con Aydé y Alfonso Hernández, director del Centro de Estudios Tepiteños, Cetepi).

24 En la I ARDF, el PRD aún no se encontraba en escena. El partido surgió oficialmente el 5 de mayo de 1989, como resultado de una coalición de partidos y agrupaciones de la izquierda electoral y no electoral.

25 Hasta 1994, con la reforma política, la ARDF pasó a ser asamblea legislativa de Representantes del Distrito Federal.

26 Este artículo señala que: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial".

27 En febrero de 1992, un pasajero del Metro fue presuntamente asesinado en un altercado en el que estaba involucrado un comerciante ambulante de la estación Indios Verdes.

28 Juan Manuel Venegas. "Con un día de anticipación, los ambulantes abandonaron las calles". La Jornada, 1 de septiembre de 1993, p. 39.

29 Véase acuerdo 11/98, "Mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los criterios para la aplicación de las cuotas por concepto de aprovechamientos por el uso y explotación de vías y áreas públicas para realizar actividades mercantiles".

30 Roberto López, subdirector de Mercados y Vía Pública de la Delegación Cuauhtémoc, 2000–2002. Entrevista realizada el 10 de septiembre de 2009.

31 Inti Muñoz, director del Fideicomiso del Centro Histórico, entrevista realizada el 16 de septiembre de 2009.

32 "Recibe GDF acta notarial de liberación de calles del centro histórico", Notimex, 12 de octubre de 2007.

33 "Ficharán como infractores administrativos a ambulantes 'toreros' del CH", Notimex, 14 de octubre de 2007.

34 Según la ley de Cultura Cívica, publicada el 31 de mayo de 2004, los espacios públicos no pueden ser invadidos con enseres para la actividad mercantil sin autorización, ni éstos pueden obstaculizar la entrada a los establecimientos comerciales en locales. Esta falta administrativa se castiga con una multa de 500 pesos o con 24 horas de cárcel si no se cuenta con el dinero para la multa o si se comprueba que la persona está reincidiendo en esta práctica.

35 En una encuesta realizada en diciembre de 2007, el jefe de gobierno obtuvo el mayor índice de aceptación durante su administración, en gran medida porque el retiro de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico fue percibida como el principal logro por parte del gobierno capitalino con 37% de aprobación, seguido de la expropiación de predios dedicados al crimen organizado en Tepito e Iztapalapa (22%) y la ampliación de las líneas del Metrobús (19%). Véase "Encuesta/Cierra Ebrard el año en alza". Reforma, 7 de diciembre de 2007.

36 Véase la página oficial de la Fundación Centro Histórico: <http://www.fundacion–centrohistorico.com.mx>.

37 Los diableros trabajan transportando mercancía en un diablo o carretilla. En varias ocasiones se han manifestado por la persecución de la que son objeto por parte de la policía a través de la organización Carretilleros del Centro–Movimiento Revolucionario Ricardo Flores Magón.

38 Acuerdo por el que se creó el órgano de apoyo a las actividades de la jefatura de gobierno en el Centro Histórico de la ciudad de México denominado autoridad del Centro Histórico, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de enero de 2007.

39 "Ambulantes y ALDF retan: ningún desalojo por decreto", La Crónica, 8 de marzo de 2007.

40 "Se erige PAN–DF en defensor de ambulantes del Centro Histórico", La Jornada, 27 de abril de 2007; entrevista con Margarita Martínez Fisher, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de abasto y Distribución, el 8 de abril de 2008.

41 Véase la declaración de Isaías Villa, diputado del PRD a la ALDF por la corriente Nueva Izquierda, en "Ni exorcismos ni el uso de la fuerza resolverán el problema; el GDF debe dar opciones: Isaías Villa, diputado del PRD", La Crónica, 8 de marzo de 2007.

42 "Se abatirá comercio ambulante con empleos, no con desalojos: Alampyme", Notimex, 15 de marzo de 2007.

43 "Encuesta/Dudan Reubicación", Diario Reforma, 15 de marzo de 2007.

44 Documento interno consultado en el archivo de la Comisión de Abasto y Distribución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

45 En este grupo se encuentra Alejandra Barrios, una de las líderes más poderosas del Centro Histórico.

46 Alberto, líder de comerciantes, entrevista realizada el 26 de febrero de 2009.

47 Entrevista realizada a un funcionario de la Delegación Cuauhtémoc el 10 de marzo de 2008.

48 Judith Tello. "Celebración y destrucción". Revista Proceso, 10 de diciembre de 2007, y Javier Villalobos, director de ICOMOS, entrevista realizada el 27 de abril de 2009.

49 Siglas en inglés del Consejo de Monumentos y Sitios, conformado por expertos en el tema de preservación del patrimonio que asesora a personas de manera individual o a gobiernos. Participa generalmente en la evaluación de proyectos de la Comisión Nacional de Monumentos del INAH .

50 Inti Muñoz, director del Fideicomiso, entrevista realizada el 16 de septiembre de 2009.

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