Reseñas

Alasdair Roberts. Blacked Out: Government Secrecy in the Information Age

Irma Eréndira Sandoval*

Cambridge University Press, 2007, 322 pp.

* Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional Autónoma de México

Más que una moda pasajera, la transparencia ha venido a configurarse como uno de los principios indispensables de toda sociedad que aspire a ser democrática. No hay democracia sin transparencia y el acceso a la información pública, llevado hasta sus últimas consecuencias, desemboca en el establecimiento de un régimen de rendición de cuentas y en el empo–deramiento ciudadano. Sin embargo, estas conexiones tan virtuosas no han sido nunca fáciles de establecer debido a que muchos gobiernos no terminan por comprender a cabalidad el espíritu del derecho a saber. La opacidad o secrecía burocrática adquirió su carta de naturalización desde hace siglos y durante mucho tiempo se fue configurando como la regla de oro de la gestión administrativa en México y el mundo. Y ello no sólo en estados autoritarios o absolutistas. Incluso Max Weber señalaba la necesidad de la secrecía como un elemento consustancial a la racionalidad burocrática del Estado moderno.

El libro de Alasdair Roberts, Blacked Out, título que literalmente quiere decir "apagón" pero que podría ser traducido al español como "opacado", aborda de forma ágil y oportuna la preocupante generalización de prácticas gubernamentales que impulsan una "transparencia opaca". Esto es, acciones que buscan cumplir formalmente con las leyes de acceso a la información pública sin comprometerse de forma real con la transparencia. Esta lógica se encamina a ocultar información crucial para la rendición de cuentas, el control ciudadano o la fiscalización del manejo de los recursos públicos. En nuestro país, por ejemplo, encuestas recientes del propio Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) han demostrado que 30% de los servidores públicos de la administración pública federal admite que desde que la ley de transparencia está vigente archivan menos documentos sobre su trabajo y sus procesos deliberativos. Esto prueba que desafortunadamente el acceso a la información pública no se traduce automáticamente en mayor transparencia gubernamental. Por ello resulta tan importante estudiarla de forma sistemática y comprenderla a profundidad, tal como lo hace el libro reseñado.

Los móviles de la formalización de leyes que garantizan el derecho a la información alrededor del mundo han sido muy variados. Las historias documentadas por el autor abordan casos que vinculan la transparencia con movimientos sociales de clases populares, con reivindicaciones y exigencias de las clases medias, o incluso con los intereses de las élites económicas y financieras. Pero la mayoría de los ejemplos seleccionados por Roberts, son paradigmáticos de gestas cívicas que vinculan la reivindicación de la transparencia con la lucha contra la corrupción en el mundo en desarrollo. Además, como bien lo señala Roberts, "la pelea por el acceso a la información siempre se ha vinculado a las luchas por la distribución del poder político" (p. 9).

La implementación de la Ley de Transparencia del estado de Rajastán en la India, por ejemplo, estuvo precedida por un pujante movimiento social surgido en el año 2000 en la comunidad de Kelwara, cuyos ciudadanos se organizaron de forma activa para exigir mayor transparencia en la distribución de alimentos y servicios subsidiados por el gobierno. Los ciudadanos demandaron acceso a documentos públicos, como los padrones de beneficiarios y la programación oficial de distribución, para evitar seguir siendo presas de extorsiones a la hora de recibir la ayuda gubernamental. Las banderas del movimiento social liderado por el grupo Mazdoor Kisan Shakti Sangathan son reveladoras del alto grado de politización de las gestas protransparencia en la India: "Democracia es transparencia con rendición de cuentas para el pueblo", "No buscamos un Honda, no buscamos una pepsicola, ni un nuevo Marutti, demandamos salarios justos, alimentación y ejercer nuestro derecho a la información" (p. 2). Esta gesta fomentó varias luchas similares en otras regiones de este poblado país y para 2004 nueve gobiernos estatales de la India ya habían adoptado instrumentos normativos para asegurar el derecho de acceso a la información.

El libro también da testimonio de casos como el de la ciudadana tailandesa Sumalee Limpa–Ovart, quien exigió acceso a los resultados oficiales del examen de ingreso a una de las universidades públicas más prestigiosas de Bangkok. Esto ocurrió después de que su hija, una estudiante de excelentes credenciales académicas, hubiera sido rechazada para estudiar en esa institución. La demanda de acceso, que recibió varias respuestas negativas por parte de las autoridades universitarias e involucró diversos recursos de apelación, fue muy tediosa y duró más de dos años. Pero la gesta cívica valió la pena, ya que desnudó la compleja red de corrupción, nepotismo y rentismo que se había enquistado en el núcleo del sistema educativo del país. La información conseguida al final de esta lucha demostró que muchos de los jóvenes aceptados en las universidades tailandesas no eran necesariamente los mejor calificados, sino aquellos provenientes de familias con importantes conexiones sociales y políticas, quienes a través de pagos ilícitos obtenían un lugar en la universidad.

El ejemplo de Japón también es muy llamativo, pues su ley de acceso a la información surge como una imposición de Estados Unidos, ya que la falta de un instrumento de este tipo constituía una barrera al libre comercio. Después de que en abril de 2001 la ley de transparencia japonesa entrara en vigor, el gobierno se vio inundado de solicitudes de acceso a la información (tan sólo en ese año más de cuatro mil) por parte de los ciudadanos en general. Esto demuestra que en la sociedad japonesa existía una genuina sed de información política y cívica, más que únicamente comercial, a pesar de que el móvil inicial fue asegurar el supuesto "libre comercio" y la competencia.

Roberts señala que, desde los noventa, historias como éstas son el pan de cada día alrededor del mundo. Son historias de pequeñas y grandes batallas que han conseguido triunfar bajo el amparo del ejercicio del derecho a saber y a informarse. Conocer información fundamental, como las estadísticas de los servicios secretos de Rumania, cifras del tráfico de armas de la era apartheid en Sudáfrica, detalles de las debilidades en el sistema del voto electrónico en Irlanda o de la corrupción en la privatización de las empresas estatales de la República Eslovaca, ha sido fruto de la evolución y consolidación de la transparencia a nivel internacional. El autor incluso se muestra muy sorprendido de haber comprobado que la teoría y práctica de la transparencia ha permeado incluso en países como China, cuyo gobierno se había caracterizado por su secretismo y opacidad, y donde los periodistas han tenido que librar crudas batallas y sufrir serios acosos.

En todo este gran movimiento global hacia la transparencia destaca el elemento central de la máxima publicidad o de la "presunción de que la información en poder del gobierno debe ser pública a menos que los gobernantes justifiquen de manera puntual y técnica el daño o el peligro que ésta generaría sobre intereses legítimos como el de la seguridad nacional, seguridad económica o el derecho a la privacidad" (p. 9). Este principio de máxima publicidad se ha vuelto un elemento básico de la nueva gobernabilidad democrática a la que todos los países debían aspirar, y en México resulta muy alentador que este principio ya figure en el artículo 6°constitucional.

Aunque Roberts acepta los avances en materia de transparencia, también nos invita a analizar las principales barreras que a la fecha subsisten y que han hecho que la vieja carta de naturalización de la secrecía gubernamental no se encuentre completamente extirpada de lo público. Entre los elementos principales que el autor enlista tenemos, por ejemplo, la existencia de enclaves dentro del gobierno en los cuales el derecho a saber no ha tenido mucho eco. Aquí hablamos de una gran colección de instituciones gubernamentales vinculadas con la seguridad pública: defensa, inteligencia, policías, etc. Estos ejemplos son analizados con detalle en la primera parte del libro (capítulos 2 al 5), donde se concluye que existe muy poca justificación real de tener mayor secrecía en los ámbitos de la seguridad pública y nacional. Por el contrario, Roberts sostiene que el libre flujo de información muchas veces puede ayudar a mejorar la seguridad nacional y la defensa, y para ello refiere el propio caso del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Otro reto para la transparencia son las profundas reconfiguraciones organizacionales del Estado moderno. El establecimiento de nuevas redes de gobernanza, a través de las cuales se han reinventado formas de opacidad, la profundización de las tendencias a la privatización y desincorporación de amplios sectores otrora gubernamentales y la emergencia de foros deliberativos supranacionales son algunos ejemplos de estos cambios que alejan lo público de la transparencia y la rendición de cuentas. La segunda parte del libro (capítulos 6, 7 y 8) da cuenta de estos cambios estructurales. Finalmente, la tercera parte del libro se aboca al análisis del rol de las tecnologías orientadas a producir y distribuir información y que muchas veces de forma paradójica pueden obstaculizar la posibilidad de obtener información gubernamental.

En síntesis, Blacked Out: Government Secrecy in the Information Age constituye ya un referente fundamental en la literatura sobre la transparencia. Su tesis central vincula la batalla pro transparencia con las gestas de combate a la corrupción. También sostiene la imperiosa necesidad de continuar movilizándose para frenar las prácticas burocráticas de opacidad y las inercias políticas escondidas en la famosa "razón de Estado", hoy aderezada con la retórica de la defensa de la seguridad nacional, que resurgen con fuerza en la era de la información.