Introducción

Si bien el número de estudios sobre la relación entre satisfacción democrática y opinión sobre la corrupción entre la ciudadanía se ha incrementado en décadas recientes (^{Anderson y Tverdova, 2003}; ^{Corral y Orcés, 2013}; ^{Seligson, 2002}; ^{Weitz-Shapiro, 2007}), pocos de ellos se han concentrado en examinar un problema metodológico relevante para la validez de los resultados hasta ahora obtenidos: el riesgo de “endogeneidad” cuando la dirección de la causalidad entre ambas variables no resulta del todo clara.¹ ¿Qué determina a qué?; ¿es la opinión del ciudadano sobre la corrupción lo que hace que éste se sienta satisfecho o no con la democracia?; ¿o bien la opinión pública en torno a la democracia resulta la variable determinante cuando la gente evalúa el estado que conserva la corrupción en su país?

La vasta literatura sobre la satisfacción democrática ha permitido establecer que ésta puede ser explicada por indicadores económicos (^{Corral y Orcés, 2013}; ^{Mattes y Bratton, 2007}); factores políticos (^{Aarts y Thomassen, 2008}; ^{Hofferbert y Klingemann, 1999}), características sociodemográficas de la población (^{Booth y Seligson, 2003}) y, desde luego, a partir de la opinión que tiene la ciudadanía sobre lo que ocurre en su entorno: el estado de la economía (^{Chu et al., 2008}; ^{Dalton, 2004}; ^{Seligson y Smith, 2010}); la seguridad pública (^{Carreras, 2013}; ^{Richard y Booth, 2008}); el desempeño y la eficiencia política de las instituciones (^{Aarts y Thomassen, 2008}; ^{Anderson, 1998}; ^{Hofferbert y Klingemann, 1999}; ^{Mishler y Rose, 2001}) y el aumento de la corrupción (^{Anderson y Tverdova, 2003}; ^{Corral y Orcés, 2013}; ^{Chang y Chu, 2006}; ^{Seligson, 2002}). En el caso de este último tipo de investigaciones, que privilegia a la opinión pública sobre la corrupción como variable independiente subyace, implícitamente, el argumento de que la relación de causalidad corre de la opinión del ciudadano sobre este problema -la variable independiente- hacia la satisfacción ciudadana que experimenta la población -la variable dependiente- cuando la causalidad podría ser en sentido inverso. El artículo analiza este problema metodológico, para lo cual utiliza la encuesta de 2013 realizada por la organización Latinobarómetro, que incluye a 18 países² y más de 17 mil observaciones.

La siguiente pregunta guía la investigación: ¿cuál es la dirección de la causalidad entre las variables “satisfacción democrática” y “opinión ciudadana sobre la corrupción”? Para contestarla, el artículo se organiza de la siguiente manera: primero, hace una breve pero pormenorizada revisión de la literatura sobre las determinantes de la satisfacción democrática; segundo, explica las principales expectativas teóricas a través de la formulación de la hipótesis de trabajo; asimismo, describe los datos y metodología de la investigación y presenta los resultados obtenidos. Finalmente, a manera de conclusiones, se analizan las posibles implicaciones de dichos resultados y se sugieren líneas de investigación a considerar.

Enfoques teóricos sobre la satisfacción democrática

Dada su naturaleza, el presente estudio no pretende atrapar las actitudes de los ciudadanos hacia un concepto ideal de la democracia ni de tipo idiosincrático, ajustado al contexto específico de una nación. En lugar de ello, utiliza un enfoque comparativo que busca integrar un concepto de satisfacción democrática aplicable a diferentes contextos, entendiéndola como la “opinión ciudadana” sobre la manera específica en que se desempeña, trabaja y/o funciona la democracia (^{Fuchs, Guidorossi y Svensson, 1995}; ^{Norris, 1999}), definición que ha sido empleada en múltiples estudios (^{Anderson y Tverdova, 2003}; ^{Carreras, 2013}; ^{Weitz-Shapiro, 2007}), entre otros por la encuesta de Latinobarómetro 2013, utilizada para esta investigación, como se explica en la metodología.

Desde los primeros estudios enfocados en el tema, los hallazgos mostraron que la satisfacción de la ciudadanía por la democracia resulta un fenómeno complejo, el cual obedece a la presencia de un conjunto de variables. Algunos trabajos han descubierto que crecimiento y desarrollo económicos influyen en la forma como la ciudadanía evalúa su sentir hacia la democracia (^{Corral y Orcés, 2013}; ^{Mattes y Bratton, 2007}). Otras investigaciones más que apostar por indicadores económicos, prefieren ver en la opinión ciudadana sobre la economía a la variable clave para entender la satisfacción democrática (^{Przeworski, 1991}; ^{Rose, Shin y Munro, 1999}). El punto anterior, la opinión ciudadana, remite al concepto de opinión pública, clave en este trabajo, que se ha entendido como la “opinión de un grupo de personas que se encuentran confrontadas en torno a un problema; están divididas en relación con la forma particular de cómo encarar el problema, y toman una posición sobre el mismo” (^{Glynn et al., 2004}). Este artículo distingue al concepto de opinión pública de otros términos como “creencias” -predisposición hacia un objeto o persona-, “actitud” -organización y conjunto de creencias- y “conductas” -acciones que pueden ser observadas- (^{Martín, 2002}), ya que el análisis se concentra en las respuestas que el ciudadano da sobre un cierto problema: el de la corrupción; en su disposición por adoptar una postura, pensar y manifestar su opinión, en este caso a través de una encuesta.

Al tratar de explicar las determinantes de la satisfacción democrática, no pocos trabajos ofrecen evidencia concentrándose en factores vinculados con el contexto político, como la eficiencia de las instituciones (^{Mishler y Rose, 2001}), el liderazgo de los dirigentes políticos en los partidos (^{Anderson, 1998}) y la participación política de la ciudadanía (^{Aarts y Thomassen, 2008}). Otros estudios han encontrado que los factores sociodemográficos (^{Booth y Seligson, 2003}) permiten anticipar si el ciudadano se siente o no satisfecho con la democracia. Algunos investigadores ven en la satisfacción personal al “mejor predictor” de la satisfacción democrática (^{Stadelmann-Steffen y Vatter, 2012}); otros consideran que la manera como los medios de comunicación presentan información periodística influye en la satisfacción por la democracia (^{Zaller, 1992}). Finalmente, publicaciones sobre el crimen y su relación con la satisfacción que experimenta el ciudadano por la democracia han comenzado a ser más comunes (^{Carreras, 2013}; ^{Richard y Booth, 2008}).

En décadas recientes, han proliferado con insistencia los trabajos concentrados en la corrupción, específicamente en la opinión pública sobre este fenómeno, como determinante de la satisfacción democrática. Desde luego, en el presente texto se reconoce la complejidad de un concepto como corrupción y los esfuerzos por precisarlo, que van desde una definición maximalista a una minimalista. La primera apuesta ambiciosa por determinar la corrupción en términos conceptuales, y que implica ciertos riesgos para su operatividad, la entiende como “una infracción a las reglas, donde una ‘regla’ es un criterio de comportamiento que indica las maneras correcta e incorrecta de hacer las cosas” (^{Newell, 2008: 2}). Diferentes investigaciones han echado mano de una definición como la anterior (^{Bailey y Paras, 2006}; ^{Redlawsk y McCann, 2005}), lo cual resulta válido, pero al mismo tiempo metodológicamente limitado, ya que refiere a un código de comportamiento específico, de un determinado contexto o país, que un sujeto particular ha infringido. Desde luego, esto complica la posibilidad de realizar un estudio comparativo, de tipo transversal, como el presente. Por tal razón, este escrito parte de una definición más acotada, de tipo minimalista y aplicable a diferentes contextos; se comprende por corrupción “el mal uso por parte de la autoridad pública del ejercicio de sus funciones para la obtención de recompensas personales” (^{Sandholts y Koetzle, 2000}). Esta definición es la base de varios trabajos que han visto a la corrupción como un fenómeno global, recurrente en varios países (^{Bohn, 2012}; ^{Canache y Allison, 2005}; ^{Treisman, 2000}), entre otros la encuesta de ^{Latinobarómetro 2013}, utilizada para esta investigación, como se explica en la metodología.

Desde esta línea de investigación, la corrupción como determinante de la satisfacción democrática, es posible identificar tres enfoques principales. El primero privilegia como unidad de análisis el dato agregado; se examina la relación entre la satisfacción por la democracia y la opinión pública sobre la corrupción a nivel nacional (^{Pharr, 2000}; ^{Anderson y Tverdova, 2003}). El segundo opta por una unidad de análisis intermedia: los gobiernos locales, estatales o regionales (^{Gibson, 2006}; ^{Hiskey y Bowler, 2005}; ^{Hiskey y Seligson, 2003}; ^{Weitz-Shapiro, 2007}). Finalmente, el tercer enfoque trata de hacer un análisis micro, a partir de la experiencia que cada ciudadano, de manera individual, ha tenido con la corrupción (^{Espinal, Hartlyn y Kelly, 2006}; ^{Mishler y Rose, 2001}; ^{Seligson, 2002} y ²⁰⁰⁶).

Sin duda, los estudios mencionados han enriquecido nuestro conocimiento no solamente de la satisfacción democrática sino también nuestro bagaje sobre el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, varios de estos trabajos han dado por supuesto que la dirección de la relación de causalidad entre la opinión sobre la corrupción y la satisfacción democrática se da en un único sentido (de la primera hacia la segunda), soslayando que es posible que vaya en sentido inverso (de la segunda hacia la primera), situación que puede derivar en un problema de endogeneidad. Ante este desafío, vale reconsiderar cómo los autores han atendido el problema.

^{Seligson (2002)} utiliza como estrategia metodológica para atender este problema la inclusión de la preferencia partidista como variable control. El impacto que tiene la percepción ciudadana sobre la corrupción en la satisfacción democrática se mantiene, aun incluyendo la variable control mencionada; Seligson concluye que la relación de causalidad corre en esa dirección. ^{Weitz-Shapiro (2007)} opta también por la inclusión de variables control, pero en su caso enfocadas en la eficiencia y rapidez del servicio de los gobiernos locales a los ciudadanos. Para atender tal problema metodológico, ^{Bohn (2012)} distingue entre los efectos que tienen la percepción sobre la corrupción y las experiencias vinculadas con la corrupción, respectivamente, en la satisfacción democrática. Ambas variables muestran ser significativas y la autora soslaya cualquier problema de endogeneidad. Como en los casos anteriores, ^{Corral y Orcés (2013)} recurren a la estrategia metodológica basada en la inclusión de variables control. Su aporte es presentar un análisis jerárquico, que incorpora variables a niveles agregado e individual.

El trabajo de ^{Anderson y Tverdova (2003)} atiende el posible problema de endogeneidad con una estrategia metodológica distinta: el uso de una variable instrumental que permite identificar cuál es el sentido de la causalidad entre ambos factores. La estrategia, en palabras simples, implica que ante dos variables sumamente correlacionadas entre sí se corre el riesgo de que no sepamos la dirección de la causalidad: si X determina a Y, o si Y es la variable independiente y la causa de X. El problema puede ser atendido mediante el uso de una tercera variable (Z) -instrumental- que afecte a X pero no a Y. Se reconoce que Z puede afectar a Y, pero no directamente; si la afecta solamente será indirectamente mediante los efectos que produce en X, para considerarla una variable instrumental idónea en términos estadísticos (^{Wooldridge, 2003: 484-488}). El estudio de ^{Anderson y Tverdova (2003)} deja algunos pendientes de tipo metodológico, derivados de que no presentan un análisis completo, desde el punto de vista estadístico, de la variable instrumental utilizada. Si bien es cierto que su trabajo hace un aporte sustantivo, los autores se limitan a mencionar en una nota a pie de página que utilizaron una variable instrumental en su análisis, el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que corresponde al comercio, y una medida que identifica la libertad económica de cada nación. Sin embargo, Anderson y Tverdova no presentan una investigación completa que corresponda a la regresión de mínimos cuadrados en dos etapas, como pretende el presente trabajo. Asimismo, se apoyan en el Índice de la Percepción de la Corrupción (IPC)³ de Transparencia Internacional, lo cual, en cierto sentido, restringe la variación de la percepción ciudadana sobre la corrupción a un valor por país, ya que el dato empleado es el promedio que registra cada nación anualmente. Es cierto que el texto de Anderson y Tverdova incluye diferentes tipos de democracias -nacientes y consolidadas-, lo cual permite analizar la relación satisfacción democrática / opinión sobre la corrupción en diferentes contextos, pero al mismo tiempo ello dificulta analizar a profundidad dicha relación en un contexto caracterizado en las últimas décadas por sus altos índices de corrupción, como sucede en América Latina. Limitaciones que el presente estudio considera y busca superar.

Expectativas teóricas y formulación de hipótesis

La sección anterior permitió identificar a la opinión pública sobre la corrupción como una de las variables clave que afectan la satisfacción democrática. Desde esta perspectiva teórica existe un mecanismo, con características específicas, por medio del cual la opinión pública sobre la corrupción tiende a diezmar la satisfacción democrática: la corrupción se desarrolla en las sociedades por medio de prácticas clientelares; el ciudadano establece una relación de este tipo con el servidor público, quien lo atiende en una oficina de gobierno, a quien le ofrece un pago -una mordida- para que el servicio ofrecido sea menos ineficiente y tardado, ya se trate de obtener una licencia para conducir, un permiso para construir una vivienda o un crédito, entre otros ejemplos. Igualmente, el ciudadano se sitúa en un vínculo clientelar con los partidos políticos; vende su voto a cambio de algún tipo de ayuda: la promesa de una vivienda, unos zapatos para sus hijos, despensas alimenticias, entre otras. En ambos casos descritos, la confianza que el ciudadano le tiene a su patrón -los servidores públicos corruptos y los partidos políticos- aumenta conforme se obtiene el beneficio esperado, aunque al mismo tiempo la confianza en el sistema político disminuye (^{Etzioni-Halevy, 1985}; ^{Johnston, 1979}).

Diversos estudios han encontrado que los efectos negativos de la opinión sobre la corrupción en la satisfacción democrática tienen un mayor impacto en las democracias nacientes. La falta de instituciones políticas sólidas y de una cultura anticorrupción consolidada favorece el desarrollo de la corrupción y sus mecanismos, por medio de las mordidas a servidores públicos y la compra de votos por parte de partidos políticos (^{Doig y Theobald, 2000}; ^{Rose-Ackerman, 1999}). De ahí que este trabajo se concentre en las nuevas democracias latinoamericanas, que si bien tienen contextos distintos comparten la presencia de la corrupción como determinante clave de la insatisfacción democrática. La evidencia empírica apoya este supuesto: según el IPC, Venezuela, Paraguay, Honduras, Ecuador y Nicaragua estuvieron entre las naciones más corruptas del mundo en 2014 (^{Transparencia Internacional, 2014: 2}). Más aún, en varios países latinoamericanos se piensa que gobierno es sinónimo de corrupción: 58 por ciento de los chilenos y 76 por ciento de los mexicanos han afirmado que la mayoría de los funcionarios públicos son corruptos y aceptan mordidas (^{Clark, 2001: 88}; ^{Klesner, 2001: 128}). Por lo tanto, en este artículo se espera que la opinión pública sobre la corrupción sea una determinante clave de la satisfacción democrática. De ello se deriva la siguiente hipótesis:

Al principio del trabajo se mencionó que el sentido de la relación de causalidad entre la opinión pública sobre la corrupción y la satisfacción democrática puede ir en otra dirección, distinta a la expresada en la H1, donde la variable independiente es la satisfacción democrática y la dependiente es la opinión ciudadana sobre la corrupción. En este sentido, algunos estudios han argumentado que el ciudadano tiende a evaluar los acontecimientos del contexto político social a partir de las actitudes que tiene hacia el gobierno en turno (^{Anderson y Guillory, 1997}; ^{Anderson y LoTempio, 2002}). ^{Anderson y Tverdova (2003)} encuentran que el status que poseen quienes se asumen como partidarios del gobierno en turno actúa como una especie de pantalla que afecta su percepción sobre la corrupción: “Quienes eligieron al gobierno en turno tienen mayores probabilidades de ver a la corrupción en las instituciones de gobierno como algo menos negativo, que aquellos que no lo apoyaron con su voto” (^{Anderson y Guillory, 1997: 74}). ^{Mishler y Rose (2001)} sugieren que los efectos que la opinión pública sobre la corrupción tiene en la confianza ciudadana no son del todo autónomos, sino que se ven afectados por la evaluación que los ciudadanos hacen del desempeño de las instituciones políticas. ^{Seligson (2002)} argumenta que la opinión sobre la corrupción no es homogénea entre los ciudadanos; está determinada, en cierto sentido, por la identificación partidista: quienes votaron por el presidente la consideran un mal inevitable y soslayan sus efectos negativos; en cambio, quienes votaron por la oposición ven en ella un problema muy grave, respecto del cual la autoridad responsable es el presidente en turno.

Incluso existe evidencia empírica que sugiere que la ciudadanía tiene tendencia a ver los acontecimientos del mundo político-social de forma que sean consistentes con sus predisposiciones políticas; por ejemplo, el apoyo o rechazo hacia la democracia (^{Zaller, 1992}). Otros autores han encontrado que la gente exagera sus evaluaciones sobre los sucesos de su entorno político-social, manteniendo cierta congruencia con sus actitudes por el gobierno, bien sea democrático, semidemocrático o autoritario (^{Duch, Palmer y Anderson, 2000}). Desde esta perspectiva, la hipótesis que guiaría la investigación se formularía de esta manera:

Para examinar ambas hipótesis, este trabajo utiliza como estrategia metodológica el uso de una variable instrumental que permite identificar el sentido de causalidad en la relación opinión pública sobre la corrupción/satisfacción democrática, mediante modelos de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de dos etapas, estrategia que se describe en la siguiente sección.

Datos y metodología

La encuesta en las que se basa este estudio fue hecha por ^{Latinobarómetro (2013)}. Es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los resultados.

En total, la encuesta contiene más de 17 mil entrevistas realizadas en viviendas. Se localizaron éstas a través de un procedimiento probabilístico, multietápico y estratificado. El diseño muestral de los países tuvo cierta variedad: en algunas ocasiones se realizó en tres etapas y otras en cuatro; en ambos casos fue por cuotas en la etapa final. Aproximadamente 950 personas fueron encuestadas⁴ en promedio por cada país. En los modelos que se corrieron con todas las variables, cerca de 900 personas se incluyeron por nación. Las encuestas se realizaron en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Una entrevista de aproximadamente cincuenta minutos fue llevada a cabo con un adulto en una vivienda escogida al azar, con igual probabilidad entre hombres y mujeres. En todos los países la edad adulta es de 18 años, excepto en Brasil y Nicaragua, en donde es de 16. Los adultos que contestaron el cuestionario fueron elegidos, como ya se dijo, al azar, con idéntica probabilidad de ser entrevistados.

El propósito de esta investigación es medir la relación y la dirección de la causalidad entre la satisfacción por la democracia y la opinión pública sobre la corrupción. El estudio utiliza un análisis de regresión de mínimos cuadrados en dos etapas, a partir del uso de una variable instrumental.

La práctica de la corrupción es un fenómeno que se presenta en formas diversas, lo que maximiza su complejidad y al mismo tiempo dificulta la posibilidad de medirla estadísticamente. Trabajos previos (^{Sandhotz y Koetzle, 2000}; ^{Seligson, 2002}; ^{Treisman, 2000}) han mostrado los riesgos metodológicos de utilizar medidas aparentemente objetivas, como las cifras policíacas oficiales y los registros provenientes de las cortes. Contar simplemente el número de arrestos y denuncias vinculados con la corrupción puede conducir a una medida espuria; a una mayor vigilancia de la autoridad, una mayor cantidad de arrestos y denuncias, algo completamente independiente de la tasa de corrupción. Medidas que capten la opinión ciudadana sobre la corrupción pueden ser una alternativa; sin embargo, el acceso a estos índices de manera directa, consultando la base de datos de los entrevistados, es difícil y solamente se puede conocer el dato acotado, que ha homogeneizado el sentir ciudadano, reduciéndolo a un número por año y país a la manera del IPC. Otra medida derivada de la opinión de la ciudadanía es la experiencia del ciudadano con la corrupción; sin embargo, esta alternativa mide una relación más directa de la gente con las prácticas corruptas, más allá de su propia opinión, por lo cual -y en cierto sentido- esta opción se aleja del fenómeno que estudia el presente artículo: el problema de endogeneidad entre la satisfacción democrática y la opinión ciudadana sobre la corrupción, dos variables derivadas de la perspectiva de los encuestados.

Resulta común que al analizar la relación entre dos variables que miden la opinión sobre un par de fenómenos se presente un problema de endogeneidad; es decir, de causalidad inversa, donde no parece claro qué variable es la independiente y cual la dependiente. Este problema metodológico es recurrente en la ciencia política y diferentes autores (^{Anderson y Tverdova, 2003}; ^{Angrist y Krueger, 2001}; ^{Jensen y Rosas, 2007}; ^{Pinto y Zhu, 2016}) proponen como estrategia el uso de un análisis de regresión de mínimos cuadrados en dos etapas, a partir del uso de una variable instrumental.

La idoneidad de una variable instrumental resulta clave para realizar un análisis estadístico sin sesgos; ello depende de que la variable instrumental cumpla con dos requisitos principales: 1) la variable instrumental (Z) debe estar correlacionada con la variable explicativa endógena (X), lo cual puede ser probado en la regresión de mínimos cuadrados de la primera etapa; y 2) la variable instrumental (Z) no debe estar correlacionada directamente con Y, solamente puede estarlo de modo indirecto -es decir, a través de X, específicamente de los efectos que tiene Z sobre X-; Z no puede afectar directamente a Y para ser considerada un buen instrumento.⁵ Esto puede ser verificado por medio de dos pruebas principales: la Durbin Test y la Hausman Test, las cuales presentan en la regresión de mínimos cuadrados de la segunda etapa (^{Treisman, 2000: 408}). Las dos pruebas examinan la idoneidad de un instrumento comparando la diferencia entre los “estimadores” obtenidos a través de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios con aquellos derivados del análisis de la regresión de mínimos cuadrados en dos etapas. La diferencia es que la Durbin Test utiliza una estimación de la varianza del error basada en un modelo cuyo supuesto es que las variables -los instrumentos- que se están probando son exógenas; la Hausman Test da por sentado que son endógenas (^{Stata Press, 2013: 948}).

El presente estudio utiliza como variable instrumental el grado de “proteccionismo” del comercio internacional de un país, ya que teóricamente cumple con los dos requisitos mencionados previamente. En el primer caso -la variable instrumental Z (el proteccionismo comercial) debe estar correlacionada con la variable explicativa endógena X (opinión pública sobre la corrupción)-; varios estudios han mostrado el alto grado de correlación entre la corrupción y el proteccionismo (^{Angrist y Krueger, 2001}; ^{Jensen y Rosas, 2007}; ^{Maclean, 1993}; ^{Sandholtz y Koetzle, 2000}; ^{Treisman, 2000}). La lógica es la siguiente: cuando el Estado y su aparato administrativo ejercen un gran control sobre la economía, los servidores públicos toman decisiones que determinan quiénes disfrutarán del acceso a los recursos económicos y las oportunidades. En estas condiciones, el éxito económico depende menos de actividades del mercado y más de la habilidad para influenciar a los funcionarios y servidores públicos. Por lo que las mordidas, la extorsión, sobornos y pagos ilegales convierten a la corrupción en el medio ideal y más viable para influenciar la distribución de la riqueza (^{Sandholtz y Koetzle, 2000: 37}; ^{Treisman, 2000: 406}).

En relación con el segundo requisito -la variable instrumental Z (el grado de proteccionismo económico) difícilmente puede estar directamente correlacionado con la variable dependiente Y (el grado de satisfacción democrática)-; el uso de la variable grado de proteccionismo económico⁶ está en correspondencia con la posibilidad de ser un buen instrumento, ya que aparece como “exógena” a la variable satisfacción democrática; puede suponerse que si tuviera efectos sobre ésta no serían directos sino indirectos, vía las consecuencias que el grado de proteccionismo económico tiene sobre la opinión ciudadana sobre la corrupción. La validez de este supuesto será puesta a prueba mediante la Durbin Test y la Hausman Test, ya mencionadas.

Este artículo utiliza variables control que han mostrado su poder explicativo en tanto que determinantes de la satisfacción democrática en trabajos previos, según ha mostrado la revisión de la literatura. De tal forma, el estudio incluye como controles la opinión del ciudadano sobre la economía y el desempleo (^{Carreras, 2013}; ^{Corral y Orcés, 2013}; ^{Chu et al., 2008}; ^{Dalton, 2004}; ^{Seligson y Smith, 2010}), y variables sociodemográficas como ingreso, educación, edad y sexo (^{Booth y Seligson, 2003}; ^{Weitz-Shapiro, 2007}). La forma de operacionalizarlas aparece en el Cuadro 1.

Cuadro 1 Variables utilizadas en el análisis econométrico 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Latinobarómetro (2013)}. Nota 1: en general los resultados de la relación satisfacción democrática y las variables sociodemográficas no son del todo homogéneos; sin embargo, hay cierto consenso en que los ciudadanos con mayor nivel de ingresos se sienten más satisfechos con la democracia por los beneficios económicos, que desde su perspectiva, la acompañan; las personas con mayor edad probablemente se vieron más expuestas al autoritarismo, por esa razón es más recurrente su apoyo a la democracia; los más educados tienden a ser más críticos con la democracia y por eso experimentan menor satisfacción; en relación con el género los resultados no han sido consistentes (^{Anderson y Tverdova, 2003}; ^{Booth y Seligson, 2003}; ^{Carreras, 2013}). Integran el análisis un par de variables dummies para las regiones: América del Sur, América Central y el Caribe; el grupo referente es México. Nota 2: La mayoría de los valores originales de las variables fueron recodificados.

Resultados

El análisis del presente estudio comienza con modelos OLS (mínimos cuadrados ordinarios).⁷ El modelo uno (M1) del Cuadro 2 presenta los resultados donde la satisfacción democrática es explicada exclusivamente por una variable independiente: la opinión pública sobre el progreso para reducir la corrupción. Se trata de un modelo base para observar si la relación entre las dos anteriores variables mencionadas se mantiene, incluso agregando una serie de variables control. El M1 aporta el primer hallazgo: cuando la ciudadanía considera que se ha progresado en la reducción de la corrupción, la satisfacción del ciudadano por la democracia aumenta notablemente; este efecto es fuerte y significativo, con el 99 por ciento de nivel de confianza. Al aumentar una unidad la variable independiente “progreso en reducir la corrupción”, la “satisfacción democrática”, variable dependiente, aumenta 0.26. Lo anterior parece fortalecer la H1 de este artículo: entre más positiva es la opinión pública sobre el progreso en reducir la corrupción, mayor satisfacción del ciudadano por la democracia. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué tanto dicho efecto resulta real o espurio? Los siguientes tres modelos del Cuadro 2 permiten contestar dicha pregunta.

Cuadro 2 Análisis de la satisfacción democrática 2013 como variable dependiente: modelos (OLS) mínimos cuadrados ordinarios (errores estándar robustecidos en paréntesis) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Latinobarómetro (2013)}.

En el modelo dos (M2) se agregan variables que miden la opinión ciudadana sobre la economía y el desempleo, las cuales han demostrado -como indicó la revisión de la literatura- gran poder explicativo sobre la variación de la satisfacción democrática (^{Przeworski, 1991}; ^{Rose, Shin y Munro, 1999}). De las cinco variables agregadas, cuatro son significativas con el 99 por ciento de nivel de confianza. Evidentemente, resulta hasta cierto punto notorio que si bien la variable “percepción prospectiva de la economía personal” afecta positivamente a la satisfacción democrática -como marca la teoría-, dicho efecto no alcance a ser significativo estadísticamente hablando; sin embargo, tal situación puede deberse a la correlación entre las variables que miden la percepción económica -sea personal o del país- en sus dos perspectivas: retrospectiva y prospectiva. En términos estadísticos, parte de lo que explica la relación entre la percepción prospectiva de la economía personal y la satisfacción democrática es explicado por el vínculo de esta última variable con las otras que miden la percepción económica.

En el modelo tres (M3) se agregan las variables sociodemográficas: ingreso, educación, edad y género (hombre).⁸ En general, tienen gran poder explicativo para entender la satisfacción democrática, con el 99 por ciento de nivel de confianza. Los resultados coinciden con los de investigaciones previas: las personas con mayor ingreso y edad tienden a sentirse más satisfechas con la democracia; y las más educadas -en términos de grado de escolaridad- son más críticas hacia la democracia y, por ende, se sienten menos satisfechas (^{Booth y Seligson, 2003}).

En el modelo cuatro (M4) se añaden variables de tipo contextual: la primera se refiere a si el encuestado vivía en un país de América del Sur o no; y la segunda, si vivía o no en América Central o en el Caribe. Aquí el grupo referente es México. El M4 incluye estas variables porque la literatura muestra que el contexto donde viven los ciudadanos también puede afectar su perspectiva sobre la democracia (^{Anderson y Tverdova, 2003}; ^{Carreras, 2013}; ^{Seligson, 2002}; ^{Bohn, 2012}). Metodológicamente, según muestra la literatura (^{Baum, 2006}; ^{Stock y Watson, 2005}; ^{Wooldridge, 2003}), estas variables buscan capturar el posible efecto que pueden tener la historia, la cultura y la ideología de un cierto contexto en la percepción de los individuos, aunque se reconoce la dificultad para que dicho objetivo sea alcanzado. Al mismo tiempo, dicha literatura (^{Baum, 2006}; ^{Stock y Watson, 2005}; ^{Wooldridge, 2003}) advierte que la inclusión de tales variables, por ser dummies -que solamente pueden tomar dos valores: cero y uno-, puede aumentar el riesgo de que uno de los regresores (variables independientes) sea expresado como una función lineal de los otros, socavando el poder estadístico del análisis. Para evitar este problema, la misma literatura sugiere que se incluya un número restringido de variables dummies con el fin de atrapar los posibles efectos que tiene el contexto en la percepción de los individuos, sin tener que debilitar el análisis estadístico realizado, como pretende este trabajo. Las dos variables dummies que incluye el M4 son significativas. El grupo referente es México.

Los cuatro modelos que aparecen en el Cuadro 2 ofrecen evidencia empírica concreta para aceptar la H1: entre más positiva es la opinión pública sobre el progreso en reducir la corrupción, mayor satisfacción del ciudadano por la democracia. El M4 muestra que aun incluyendo variables control, al aumentar una unidad la variable independiente “progreso en reducir la corrupción”, la variable dependiente “satisfacción democrática” aumenta 0.18. Sin embargo, esto no necesariamente implica rechazar la H2: a mayor satisfacción del ciudadano por la democracia, se produce una opinión pública más positiva sobre el progreso en reducir la corrupción. Hasta este momento el análisis no ha ofrecido evidencia empírica para saber la dirección causal entre estas dos variables: ¿la opinión pública sobre la corrupción determina la satisfacción democrática o viceversa? Con el fin de atender esta pregunta y aceptar o rechazar la H2, el presente texto utiliza como estrategia metodológica un análisis de mínimos cuadrados ordinarios de dos etapas, que se presenta en el Cuadro 3.

Cuadro 3 Analizando la satisfacción democrática 2013 como variable dependiente a través del uso del proteccionismo económico como variable instrumental 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{Latinobarómetro (2013)}. Nota: en M5 y M7 (modelos OLS de primera etapa), la variable dependiente es el “progreso en reducir la corrupción”; en M6 y M8 (modelos OLS de segunda etapa) la variable dependiente es “satisfacción democrática”.

El Cuadro 3 presenta una serie de modelos OLS de dos etapas que se basan en el uso de una variable instrumental, en este caso el grado de proteccionismo económico de un país. La selección de esta variable se debe a lo que la literatura -según se apuntó- marca como rasgos metodológicos clave para aspirar a ser un “buen y eficiente” instrumento: 1) la variable instrumental (Z) debe estar correlacionada con la variable explicativa endógena (X); y 2) la variable instrumental (Z) no debe estar correlacionada directamente con (Y). La correlación entre la variable “proteccionismo económico” (Z) y “progreso en reducir la corrupción” (X) es de -0.08, con un nivel de confianza de 99 por ciento. Por el contrario, la correlación entre la variable (Z) y la “satisfacción democrática” (Y) es claramente menor, de -0.01, y no es significativa en términos estadísticos. Este dato sugiere que el instrumento utilizado en este estudio -el grado de proteccionismo económico- puede ser una variable instrumental óptima para el análisis. Los modelos OLS de dos etapas buscan fortalecer este argumento.

Los resultados de la primera etapa, presentados en el modelo cinco (M5), nuevamente fortalecen la viabilidad de la variable “proteccionismo económico” como un instrumento pertinente en términos estadísticos, ya que afecta la opinión sobre el progreso en reducir la corrupción en el sentido esperado: a mayor proteccionismo, la opinión pública de que se ha progresado en reducir la corrupción disminuye un 0.008. Este efecto es significativo con el 99 por ciento de nivel de confianza, lo cual muestra que el instrumento Z esta correlacionado con la variable explicativa X.

El modelo seis (M6) indica que la variable “proteccionismo económico” pasa las dos pruebas de endogeneidad que la literatura (^{Baum, 2006}; ^{Stock y Watson, 2005}; ^{Wooldridge, 2003}) sugiere para mostrar la idoneidad del instrumento empleado (la Durbin Test y la Hausman Test). Con el fin de interpretar los resultados, resulta pertinente recordar que en ambos casos la hipótesis nula, H0, es que el instrumento utilizado es exógeno (es decir, no está correlacionado con la variable Y, en este caso la satisfacción democrática). El valor P es de 0.48 para las dos pruebas mencionadas, lo que indica que la hipótesis nula no puede rechazarse y debe ser aceptada; es decir, se tiene que admitir que la variable instrumental “proteccionismo económico” es exógena a la satisfacción democrática, demostrando que el análisis estadístico no es espurio. Sin embargo, el M6 también indica que la variable “reducción de la corrupción” es significativa, pero solamente con el 85 por ciento de nivel de confianza, lo cual está alejado de los estándares de significancia que generalmente se aceptan, es decir, de 90 por ciento en adelante.

Con base en los hallazgos previos (^{Sandholtz y Koetzle, 2000}; ^{Seligson, 2002}; ^{Treisman, 2000}) -los cuales al medir la relación entre proteccionismo económico y opinión sobre la corrupción emplean la función logarítmica del primero-,⁹ los modelos siete (M7) y ocho (M8) utilizan también como variable instrumental la función logarítmica del proteccionismo econó mico. Esta estrategia metodológica permite depurar el análi sis. Como puede verse en el M7, al igual que el M5, la variable “proteccionismo económico” afecta significativamente, y en la dirección esperada, a la opinión ciudadana sobre el progreso en reducir la corrupción. El efecto es del 99 por ciento de nivel de confianza. Al igual que el M6, el M8 supera las dos pruebas de endogeneidad -el Durbin Test y el Hausman Test-demostran do la pertinencia de la variable instrumental empleada. Lo más importante: al ser esta la función logarítmica de la variable pro teccionismo económico, la opinión de la ciudadanía sobre el progreso para reducir la corrupción se vuelve, nuevamente, significativa con un nivel de confianza del 95 por ciento. Cuan do aumenta una unidad el “progreso en reducir la corrupción”, la “satisfacción democrática” aumenta 0.19. Esto arroja ele mentos empíricos para tres hallazgos: 1) Aceptar la H1: la opi nión sobre la corrupción determina la satisfacción democrática del ciudadano; 2) rechazar la H2 de este artículo, según la cual la satisfacción democrática determina la opinión ciudadana sobre la corrupción; y 3) Sostener el argumento de que la di rección de la causalidad en la relación opinión pública sobre la corrupción y la satisfacción democrática corre de la primera hacia la segunda, es decir, la opinión ciudadana sobre el pro greso para reducir la corrupción determina el grado de satis facción democrática, y no al revés.

Conclusiones

Son varias las contribuciones que se pretende realizar con este trabajo. La primera es de orden metodológico: analizar la dirección de la causalidad en la relación satisfacción democrática-opinión sobre el progreso en reducir la corrupción.

La revisión de la literatura mostró que la mayoría de los estudios que abordan este tema ha apostado por incluir variables control cada vez más estrictas, para de esa forma fortalecer el análisis estadístico presentado. Esta es una vía atractiva, pero no la idónea en términos estadísticos, ya que por más controles que se integren al estudio no se desarrolla un análisis que de manera específica se enfoque en la dirección de la causalidad entre las variables mencionadas. ¿Qué determina a qué?; ¿es la opinión del ciudadano sobre la corrupción lo que hace que se sienta satisfecho o no con la democracia?; ¿o bien, la opinión ciudadana en torno a la democracia resulta clave para la gente cuando ésta evalúa el estado que conserva la corrupción en su país?

El presente artículo ha ofrecido tanto argumentos teórico-metodológicos, a partir de la revisión de la literatura, como de tipo estadístico para respaldar sus resultados. Desde el primer punto de vista, tal como sugiere la literatura revisada, la variable instrumental utilizada en este estudio -el proteccionismo económico- cumple con dos requisitos: 1) estar correlacionada con la variable explicativa endógena -en este caso la opinión sobre el progreso en reducir la corrupción-; y 2) no estar correlacionada directamente con la variable dependiente -la satisfacción democrática-. En relación con el primer requisito, los hallazgos previos muestran que cuando el Estado ejerce un gran control sobre la economía -proteccionismo económico- los servidores públicos toman decisiones que determinan quiénes disfrutarán del acceso a los recursos económicos y las oportunidades, creando un terreno fértil para las mordidas, la extorsión y la corrupción (^{Sandholtz y Koetzle, 2000: 37}; ^{Treisman, 2000: 406}). En cuanto al segundo requisito, el grado de proteccionismo económico difícilmente podría estar correlacionado directamente con la satisfacción democrática; puede suponerse que si la primera variable tuviera efectos sobre la segunda no serían directos, sino indirectos por las consecuencias que el grado de proteccionismo económico tiene en la opinión pública sobre la corrupción. Probar la validez de estos supuestos conduce a los métodos estadísticos realizados.

En el caso de los argumentos estadísticos, para poner a prueba la validez de la variable proteccionismo económico como instrumento, el presente estudio utilizó la Durbin Test y la Hausman Test. En ambos casos, la variable instrumental demostró ser exógena a la relación satisfacción democrática-opinión sobre el progreso en reducir la corrupción, y por lo tanto un instrumento válido para poder analizar dicha relación y concluir que la opinión sobre el progreso en reducir la corrupción es la que determina a la satisfacción democrática, y no al revés.

Asimismo, el presente análisis intenta hacer aportes significativos para ahondar en la satisfacción democrática, la opinión pública sobre la corrupción y la relación entre ambas. En primer lugar, si bien es cierto que el número de análisis sobre las determinantes de la satisfacción democrática se ha incrementado (^{Anderson y Tverdova, 2003}; ^{Corral y Orcés, 2013}; ^{Selgison, 2002}; ^{Weitz-Shapiro, 2007}, entre otros), varios de estos trabajos se limitan a estudios de caso; en esta investigación se han incluido 18 países latinoamericanos para trascender tal enfoque. En segundo lugar, mucho se ha escrito sobre los efectos negativos de la corrupción en la economía (^{Fisman y Svensson, 2007}; ^{Friedman, et al., 2000}; ^{Rahman, Kisunko y Kapoor, 2000}), y en menor medida sobre sus efectos sociopolíticos. El texto que antecede es un esfuerzo para equilibrar tal desproporción. En tercer lugar, el estudio satisfacción democrática-opinión sobre la corrupción ha sido abordado en mayor medida en los últimos años, pero la dirección que guía la causalidad de dicha relación ha sido poco estudiada.

El trabajo representa un intento más para utilizar diferentes estrategias metodológicas que permitan mayor entendimiento de la relación satisfacción democrática-opinión pública sobre la corrupción. El uso de otro tipo de variables instrumentales, el manejo de estudios de panel y el empleo de la variable “proteccionismo económico” en contextos distintos al latinoamericano son tareas pendientes que permitirán fortalecer lo que sabemos hasta ahora.