Introducción

El objetivo de este artículo es revisar y discutir, a la luz de investigaciones recientes realizadas en comunidades rurales de las nuevas regiones migratorias (^{Durand y Massey, 2003}), algunos de los cambios que han sido potenciados por la migración generalizada de los jóvenes del campo; cambios que obligan a revisar de manera crítica al menos dos de las conceptualizaciones con las que desde la antropología en especial, aunque no únicamente, se ha observado y entendido a las sociedades rurales: los hogares como unidades de producción-consumo cuya dinámica está pautada por una trayectoria de ciclo de vida doméstico definido y unilineal.

Desde luego que no se pueden atribuir sólo a la migración los cambios que se observan en los hogares campesinos -muchos de ellos indígenas- que desde la década de 1990 comenzaron a migrar hacia Estados Unidos o donde se ha generalizado el jornalerismo como forma de vida. La migración interactúa con otros procesos, en especial con las transiciones económicas y sociodemográficas (^{García y De Oliveira, 2011}). Pero en esos hogares de comunidades de Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz, los estudios han captado de manera precisa las tensiones y arreglos recientes que se han suscitado entre la migración y las normas y relaciones tradicionales que definían la situación de las mujeres. Normas y relaciones que dependían, en buena medida, de condiciones económicas y sociodemográficas muy estables, que hoy no existen.

Desde el punto de vista de los estudios de género la interrogante es cómo la migración puede estar modificando las dinámicas de los hogares rurales tradicionales, basadas, como se sabe, en relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres (^{Ariza, 2007}; ^{Hondagneu-Sotelo, 2007}; ^{González Montes, 2002}). Para una corriente de los estudios de género es en el interior de los grupos domésticos donde se procesan las dinámicas y conflictos de género que es preciso detectar y analizar de manera crítica y donde todavía hay mucho que explorar (^{Wolf, 1990}).

El cambio de modelo económico, la crisis económica de 1994, el colapso de las actividades agropecuarias de los productores campesinos de pequeña escala y las dificultades de las economías regionales afectaron las posibilidades de sobrevivencia y permanencia de las familias en las comunidades rurales (^{Appendini y de Luca, 2006}; ^{Arias, 2009}; ^{Córdova et al., 2008}). La destrucción de los tejidos económicos locales y regionales y la necesidad de salarios regulares y en efectivo, han obligado a la gente a buscar trabajo e ingresos fuera y lejos de sus comunidades de origen de manera prolongada si no es que indefinida (^{Arias, 2009}; ^{Chávez Galindo y Landa Guevara, 2007}; ^{Córdova et al., 2008}; ^{Robledo Hernández, 2009}). La migración, interna e internacional, tiende al establecimiento en los lugares de destino más que al retorno a las comunidades de origen (^{C. de Grammont y Lara Flores, 2010}). Hoy por hoy el campo mexicano es un mundo en despoblamiento acelerado y la migración se ha convertido en el fenómeno más generalizado, transformador y trastornador de las sociedades rurales (^{Arias, 2009}).

La crisis de actividades y empleo que detonó la migración generalizada de la población rural afectó la organización económica y la reproducción social tradicionales de las sociedades rurales; en especial en lo que toca a las relaciones y jerarquías que definían la posición y normaban las obligaciones de las mujeres. Los estudios etnográficos recientes ofrecen evidencia suficiente para cuestionar la noción de estrategias familiares de reproducción donde la toma de decisiones se entendía como una decisión colectiva y consensuada para dar pie a una situación donde los diferentes miembros de los grupos domésticos, también las mujeres, buscan sacar adelante proyectos conyugales o personales. Aunque persistan vínculos y compromisos vigorosos entre los miembros de los grupos domésticos, hay que aceptar que en este momento existe una “menor influencia de las familias de origen y los parientes para delimitar las pautas de individualización e independencia que dan soporte a los núcleos individuales” (^{Esteinou, 2008: 12}). No sólo eso. Ya no es posible presuponer el contenido de las relaciones que se establecen entre los miembros en el interior de los grupos domésticos nada más porque comparten un hogar y viven en el espacio rural.

El cambio no ha sido fácil, pero tres conjuntos de factores han contribuido a detonar cambios que han dado lugar a nuevos fenómenos y configuraciones de género: el desmantelamiento de los recursos, actividades y poderes tradicionales de los grupos domésticos, los cambios sociodemográficos y la emergencia de nuevos patrones migratorios.

La economía rural hoy

La situación del campo y los campesinos actuales difiere mucho de la época en que Arturo Warman pudo considerarlos los “hijos predilectos del régimen” (1980).

En primer lugar, han disminuido los productores campesinos. En 2006 se calculaba que había 4.3 millones de productores en el campo (^{Delande y Paquette, 2007}). En 1992 más de la mitad (65%) de los hogares rurales eran campesinos, es decir, derivaban sus ingresos de las actividades agropecuarias. En 2004 la proporción se redujo a menos de una tercera parte (31%), lo que quiere decir que en su mayoría los hogares rurales (69%) ya no podían considerarse hogares de economía campesina (^{C. de Grammont, 2008}).

En segundo lugar, ha disminuido la proporción del ingreso y los productos agrícolas en la economía campesina. ^{C. de Grammont (2008)} calculó que a mediados de la década de 1980 la agricultura representaba la mitad del ingreso de las familias campesinas, proporción que en 2004 se redujo a menos de una tercera parte. Se habían incrementado los ingresos asalariados y las actividades propias no agrícolas, pero lo que más había aumentado eran los ingresos que provenían de la migración, vía las remesas y los subsidios privados y públicos (^{Arias, 2009}). La dependencia creciente de los hogares de las remesas de los migrantes ha minado la autoridad y el poder de los padres en la toma de decisiones de los hogares (^{Córdova, 2007}).

En tercer lugar, desde la década de 1980, a lo menos, se constató un incremento de la participación femenina en los mercados de trabajo locales y regionales. La incorporación de las mujeres al trabajo asalariado fue un primer detonador de cambios en la posición de las mujeres en sus hogares y comunidades (^{Mummert, 2003}). Más tarde se incorporaron ampliamente al trabajo estacional ofrecido por las visas H2A (agricultura) y H2B (servicios) para Estados Unidos y el PTAT para Canadá. De esa manera se convirtieron en migrantes temporales legales que pasan varios meses al año en los lugares de trabajo en esos países (^{Montoya, 2008}; ^{Trigueros, 2008}).

En cuarto lugar, los ejidatarios y en general la población rural han experimentado procesos de envejecimiento. Los hombres que en la década de 1990 recibieron su certificado de propiedad ejidal tenían 51.3 años en promedio; las mujeres 56.4 años (^{Warman, 2001}). Información más reciente mostró que seis de cada diez ejidatarios tenían más de cincuenta años y tres de ellos eran mayores de sesenta y cinco años (^{Robles Berlanga y Concheiro Bórquez, 2004}).

En quinto lugar, la extensión de la propiedad agraria ha disminuido. Desde el reparto agrario la tierra estuvo sometida a procesos de concentración y fragmentación, así como a cambios de propietarios. Esos procesos y el incremento de la población redujeron, generación tras generación, el tamaño de las parcelas de uso agropecuario, la disponibilidad de solares urbanos, y la extensión y usos de los bienes comunales. A esto hay que agregar el impacto de la titulación individual de ejidos y comunidades a sus titulares. Con las reformas al artículo 29 constitucional se canceló el reparto agrario, que permitía a las sucesivas generaciones tener acceso o derecho a parcelas y solares (^{Arias, 2009}). Los titulares, muchas veces ancianos, no han repartido sus tierras y cuando lo hagan sólo habrá un heredero.

Esta situación ha resultado en que cada vez haya más jóvenes sin tierra. Una encuesta aplicada entre 1997 y 2000 en las regiones hortícolas de los estados de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Sonora mostró que la mitad de los jefes de hogar carecía de tierras en sus comunidades de origen y vivía de sus ingresos como jornaleros (^{C. de Grammont y Lara Flores, 2010}). Información de 2006 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio cuenta de que más de la mitad (62%) de los jornaleros y jornaleras que iban a trabajar a Canadá como parte del PTAT eran campesinos sin tierra (^{Becerril Quintana, 2010}). ^{Leticia Rivermar (2008)} documentó que en Santa María de la Encarnación Xoyatla, Puebla, menos de la mitad de la población tenía tierras de cultivo; la agricultura había sido abandonada y las tierras comunales habían sido repartidas para construir viviendas.

En sexto lugar, el mundo rural se ha empobrecido. En la década de l990 los mayores índices de pobreza se concentraron en el campo: en 2002, 60% de la población que vivía en pobreza extrema, entendida como consumo alimentario insuficiente, se encontraba en las áreas rurales (^{Burstein, 2007}). En 2004 más de una cuarta parte (28%) de la población rural se hallaba en situación de pobreza extrema, y más de la mitad (57%) en pobreza moderada. En verdad, 60.7% de la pobreza extrema nacional era rural (^{Valero et al., 2007}).

En séptimo lugar, ya es muy sabido que la migración mexicana ha transitado de un patrón de migración circular, temporal, laboral y masculino a un patrón migratorio familiar, prolongado, indefinido y de retorno incierto, donde se ha incrementado el flujo de mujeres (^{Córdova Plaza et al., 2008}; ^{Durand y Massey, 2003}; ^{The World Bank, 2011}). La situación más generalizada parece ser la de familias con migrantes, hombres y mujeres, que se establecen de manera indefinida en los lugares de destino (^{Arias, 2009}; ^{Lacy, 2007}; ^{Sánchez Gómez, 2011}).

En síntesis, en el campo habitan familias y grupos domésticos envejecidos, empobrecidos, que han dejado de vivir de las actividades agropecuarias y que dependen, cada vez más, de recursos externos, en especial dos: los subsidios públicos a través de los programas de subsidio a la pobreza y las remesas que envían los migrantes. La pérdida de viabilidad de la agricultura, la falta de empleos locales y regionales, así como el escaso acceso a la propiedad han obligado a los jóvenes a migrar de manera continua y a permanecer cada vez más permanentemente en los lugares de destino; y a los grupos domésticos a vivir separados a largo plazo, de manera indefinida.

La migración femenina

Desde mediados de la década de 1990 los estudios con perspectiva de género empezaron a interesarse por lo que ocurría con la salida cada vez más prolongada de los hombres y así dieron cuenta de la situación de las mujeres que permanecían en los pueblos, pero también de su incipiente pero imparable salida (^{Ariza, 2007}; ^{D’Aubeterre, 2002}; ^{Hondagneu-Sotelo, 2003}; ^{Robledo Hernández, 2009}; ^{Rosas, 2005}). Esos estudios, que se realizaron sobre todo en comunidades de las nuevas regiones migratorias, en especial en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, detectaron los nuevos arreglos, no exentos de tensiones conyugales, familiares y sociales, que se habían suscitado en los grupos domésticos en los lugares de origen y de destino (^{Canabal Cristiani, 2006}; ^{Córdova Plaza et al., 2008}; ^{D’Aubeterre, 2002}; ^{Rosas, 2005}; ^{Velasco, 2002}).

Los estudios que se realizaron en las nuevas regiones migratorias dieron cuenta de un gran cambio. Como es sabido, cuando predominaba la migración masculina, circular y de retorno, las esposas permanecían en los lugares de origen esperando el regreso anual de los ausentes. En el caso de la migración internacional, la mayoría (63.6%) de los migrantes de la era indocumentada (1964-1986) realizaba viajes de menos de un año a Estados Unidos (^{Massey et al., 1991}). Pero desde la década de 1990, cuando el retorno se ha vuelto incierto y la estancia en los lugares de destino, nacionales e internacionales, se ha prolongado de manera indefinida, las parejas, en especial las mujeres casadas, han tratado de reunirse con sus esposos donde quiera que ellos estén: en algún lugar de Estados Unidos, en alguna ciudad del país, en los campos agrícolas del norte de México o Estados Unidos (^{Arias, 2009}; ^{Bacon, 2006}; ^{Chávez Galindo y Landa Guevara, 2007}; ^{Velasco, 2002}).

La intensificación de la migración femenina se advierte por diferentes indicadores. En cuanto al etnográfico, un recuento realizado en 2006 en Santa María de la Encarnación Xoyatla, una comunidad rural pequeña y en despoblamiento del estado de Puebla, indicó que las mujeres representaban ya la tercera parte de los migrantes (^{Rivermar Pérez, 2008}). El censal, con información de 2010, revela que casi la mitad (49%) de los migrantes mexicanos eran mujeres (^{The World Bank, 2011}).

Con el tiempo las etnografías descubrieron que habían comenzado a migrar otras mujeres: jóvenes, solteras y recién casadas, pero sobre todo las que se habían quedado “solas”, es decir, las abandonadas, las divorciadas, las que habían dejado de recibir remesas o las que habían decidido salir de relaciones de violencia doméstica; salida que en muchos casos tendía a convertirse en permanente (Canabal, 2008; ^{D’Aubeterre y Rivermar, 2008}; ^{Marroni, 2009}; ^{Rosas, 2005}; ^{Sánchez Gómez, 2011}). La encuesta de 1997-2000, ya mencionada, mostró que una décima parte (10%) de los hogares jornaleros en las regiones hortícolas estaban encabezados por mujeres solas, es decir, sin pareja, que vivían acompañadas por sus hijos y quizá por algún pariente o paisano (^{C. de Grammont y Lara Flores, 2010}). En 2006 la mayoría (87%) de las mujeres contratadas mediante el PTAT para ir a trabajar a Canadá eran madres solteras, viudas, divorciadas y separadas. Sólo 3% eran casadas y 10% solteras, en claro contraste con los hombres que en su gran mayoría (94%) eran casados o vivían en unión libre (^{Becerril Quintana, 2010}). La información del PTAT mostraba además el incremento, entre 2002 y 2006, de las jornaleras que eran madres solteras y divorciadas (^{Becerril Quintana, 2010}).

La migración de esas mujeres ¿podía entenderse, como se decía a principios de la década de 1970, como “una estrategia de división de labores dentro de la unidad familiar”? (^{Arizpe, 1978: 87}). Concebida como estrategia colectiva, la migración le permitía a la familia campesina captar recursos y poder “continuar con su producción así como asegurar su reproducción” (^{Arizpe, 1980: 11}). La evidencia etnográfica reciente apunta a que las mujeres ya no aceptan salir de sus comunidades sólo para cumplir obligaciones familiares, ni se van sólo por razones de reunificación familiar, como se suponía, sino también por motivos particulares y decisiones propias derivadas de las nuevas situaciones domésticas que ha acarreado la migración.

La propensión de las mujeres a salir y a permanecer fuera de sus comunidades se ha convertido en uno de los fenómenos más trastornadores de los grupos domésticos, las familias y la organización social en las comunidades rurales. Esto por cuatro razones.

En primer lugar, porque la migración en general y la migración México-Estados Unidos sigue siendo un fenómeno predominantemente rural (^{Durand y Massey, 2003}). Aunque sólo una quinta parte de la población mexicana vive en el campo, una proporción mucho mayor de los migrantes hacia Estados Unidos es de origen rural: 44% (^{Burstein, 2007}).

En segundo lugar, porque los nuevos flujos migratorios corresponden a sociedades tradicionales, en muchos casos indígenas, en donde las comunidades y las familias mantenían estructuras jerárquicas y sistemas de poder patriarcales que enmarcaban las acciones de sus miembros con claras desventajas para las mujeres y los jóvenes (^{González Montes, 2002}; ^{Trigueros y Rodríguez, 1988}). Por ese motivo los cambios atribuidos o acelerados por la migración que han afectado la trama profunda de la organización social se sienten y resienten especialmente en los grupos domésticos de las comunidades indígenas.

En tercer lugar, porque el incremento de la migración femenina sucede además en comunidades rurales pequeñas, empobrecidas, envejecidas y en proceso de despoblamiento. Las etnografías han mostrado que las familias han sido renuentes a la migración de las mujeres casadas y de las jóvenes solteras, en especial, aunque no exclusivamente a Estados Unidos (^{D’Aubeterre, 2002}; ^{Marroni, 2000}). Siempre ha habido presiones de las familias para que los maridos no se las lleven (^{Córdova Plaza et al., 2008}; ^{Lestage, 2009}; ^{Oehmichen, 2005}). De hecho, se ha asegurado que las que más resienten la salida de las mujeres son las suegras (^{Fagetti, 2002}). Con su salida las suegras pierden una ayuda fundamental y gratuita en los quehaceres domésticos, ayuda que hacía posible el autoempleo y el trabajo asalariado de otros miembros de los grupos domésticos (^{D’Aubeterre, 1995}; ^{Moctezuma Yano, 2002}). Las nueras, al menos una de ellas, eran las que se encargaban del cuidado de los suegros ancianos (^{Fagetti, 2002}).

La salida de las esposas es un indicador de que disminuirán el monto y la regularidad de las remesas, situación que puede derivar en el abandono de los ancianos en los lugares de origen (^{Córdova Plaza et al., 2008}; ^{Fagetti, 2002}). Un estudio de 2002 basado en una muestra intencionada de adultos mayores en una comunidad rural mostró la asociación positiva entre el bienestar y la migración: los hogares con mayor bienestar (nivel de vida, seguridad para resolver problemas, seguridad de que sus familiares se encargarían de ellos, tranquilidad sobre el futuro) eran aquellos donde al menos un hijo o hija vivía en Estados Unidos (^{González-Vázquez et al., 2011}). De acuerdo con ese estudio las personas que estaban en condiciones más desfavorables eran los adultos mayores que no recibían remesas, las mujeres separadas y las viudas con hijos pequeños (^{González-Vázquez et al., 2011}).

En cuarto lugar, porque los que se van y prolongan su residencia fuera de las comunidades son jóvenes y parejas jóvenes. La encuesta a jornaleros hortícolas de 1997-2000 mostró que la mayoría de esos trabajadores tenía entre 6 y 19 años y las parejas entre 15 y 34 años (^{C. de Grammont y Lara Flores, 2010}). Eso significa que la mayor parte de las vidas conyugales y laborales de esos jóvenes transcurren fuera, también lejos del control social de sus grupos domésticos.

Finalmente, porque han variado el ritmo y la velocidad de los cambios. En la región histórica de la migración las comunidades y familias dispusieron de muchas décadas para procesar e integrar los reacomodos que les exigieron los sucesivos patrones migratorios (^{Durand y Massey, 2003}). En las nuevas regiones migratorias la intensificación de la migración y el cambio en el patrón migratorio se han acelerado desde 1990, es decir, en apenas dos décadas (^{Córdova et al., 2008}; ^{Rosas, 2008}; ^{Sánchez Gómez, 2011}).

¿Pervive la unidad de producción-consumo?

En las condiciones antes descritas ¿es posible seguir hablando de la pervivencia de una “economía campesina”? Hay que recordar que el modelo campesino de producción-consumo se sustentaba en siete pilares: posesión o usufructo de la tierra, producción agrícola de autoconsumo, intensificación del factor trabajo, reducida necesidad de dinero, abundancia y permanencia de hijos que muy pronto se convertían en trabajadores, aportación de trabajo por todos los miembros del grupo doméstico, y aceptación indiscutible de las jerarquías de género y generación (^{Chayanov, 1974}; ^{Warman, 1980}). Cuando se daban todas esas condiciones se podía hablar de la familia o, más bien dicho, del grupo doméstico como unidad de producción-consumo. La sobrevivencia y reproducción del grupo se basaba, se suponía, en el trabajo individual y colectivo de cada uno de sus miembros en beneficio de la unidad doméstica de la que formaban parte.

Un principio básico era que la producción agrícola era suficiente para garantizar el autoabasto, es decir, la autosuficiencia alimentaria, y además generaba un excedente comercializable con el cual se podían comprar los demás productos que requería la familia, los cuales en principio eran muy pocos. La unidad de producción agrícola se organizaba de acuerdo con el ciclo de vida del grupo doméstico y estaba jerarquizada conforme a la edad y sexo de sus miembros, elementos de diferenciación característicos de las sociedades tradicionales. Para ^{Chayanov (1974)} la organización económica de la familia campesina dependía de su composición demográfica. Como la producción dependía “del tamaño y composición de la familia”, elementos que determinaban el equilibrio entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades familiares (^{Chayanov, 1965} y ¹⁹⁷⁴; ^{Durand, 1983}), otro principio fundamental era la permanencia o el retorno de los miembros a sus grupos domésticos y a sus comunidades.

En la actualidad sería casi imposible encontrar grupos domésticos que mantuvieran esas características, ni siquiera algunas de ellas. En el intenso e irreversible proceso de cambios sociodemográficos, crisis y cambio económico, laboral y de ingresos, los migrantes ganaron protagonismo y visibilidad. A partir de la década de 1990 se observó que los jóvenes de casi todo el mundo rural comenzaron a irse a los grandes espacios metropolitanos, a los espacios turísticos, a la frontera norte del país, pero sobre todo a Estados Unidos. Pero a diferencia de lo sucedido en décadas anteriores, los retornos se han hecho cada vez más irregulares, las estancias más breves en sus comunidades de origen, las salidas más prolongadas y la recepción de remesas más incierta (^{Massey et al., 1991}; ^{D’Aubeterre, 1995}; ^{Oehmichen Bazán, 2005}; ^{Pauli, 2007}; ^{Rosas, 2005}).

Todos los estudios han mostrado que la economía de las familias campesinas depende cada vez menos de los productos que generan las actividades agropecuarias y cada vez más de salarios e ingresos muy diversificados que se obtienen mediante la pluriactividad, es decir, de la combinación de actividades y empleos de muy diversa índole que se generan en condiciones y espacios muy distintos con una elevada participación de las mujeres (^{Arias, 2009a}; ^{C. de Grammont, 2009}). La economía de las familias rurales se integra con ingresos regulares e irregulares provenientes de quehaceres por cuenta propia y empleos asalariados, de recursos en efectivo y de subsidios públicos y privados. Se trata de ingresos que se generan dentro, pero sobre todo fuera de la comunidad donde participan hombres y mujeres. La pluriactividad laboral, la multiplicidad de ingresos y la dependencia de los salarios caracterizan la economía de los grupos domésticos en las sociedades rurales (^{C. de Grammont, 2009}). Pero ya no hay evidencia de que esos ingresos pasen a formar parte de una unidad de producción y consumo.

La situación, aunque con tensiones y diferencias entre regiones y comunidades, ha cambiado. Desde hace mucho tiempo las mujeres se han convertido en aportadoras importantes y visibles de sus grupos domésticos (^{González Montes y Salles, 1995}; ^{González Montes, 2007}; ^{Mummert, 1995}). Los estudios dieron cuenta cómo, en la agroindustria en Zamora, Michoacán, o en las maquiladoras de prendas de vestir en Xalatlaco, Estado de México, las mujeres, casadas y solteras lucharon por el derecho al trabajo; más tarde pugnaron por disponer de manera independiente de una parte o del total de sus ingresos (^{González Montes, 2007}; ^{Mummert, 2003}; ^{Rosado, 1990}). El trabajo asalariado femenino había detonado nuevas formas de solidaridad entre madres e hijas en torno al derecho de estas últimas a disponer de sus salarios (^{Mummert, 2003}).

La migración también ha contribuido al proceso de individualización de los ingresos de los diferentes miembros de las unidades domésticas. Desde luego que los migrantes envían remesas, pero resulta imposible que los padres conozcan el monto, reciban y decidan sobre los ingresos totales de hijos que no viven con ellos, de quienes desconocen incluso dónde trabajan. Aunque en ocasiones lo intentan, los padres ya no pueden impedir que los migrantes les envíen dinero directamente a sus esposas, que privilegien inversiones personales o de pareja, como construir casas independientes de los solares familiares (^{Arias, 2009}; ^{D’Aubeterre, 2002}; ^{Marroni, 2009}; ^{Pauli, 2007}; ^{Rivermar Pérez, 2008}). Esto último es hoy día el uso más buscado y generalizado de las remesas.

En comunidades de Puebla, Oaxaca y Veracruz se ha notado que las jóvenes le han dado un uso directo y conyugal a las remesas de sus maridos con un objetivo: construir en poco tiempo una vivienda independiente y de esa manera reducir el tiempo de la residencia patrilocal (^{Rosas, 2005}; ^{Sánchez Gómez, 2011}). Todos los estudios recientes han constatado que la principal motivación femenina para trabajar o ahorrar las remesas es construir una casa, aunque sea un cuarto, pero que les dé la posibilidad de establecer una residencia independiente con sus parejas (^{Córdova Plaza et al., 2008}; ^{Córdova Plaza, 2002}; ^{Pauli, 2007}; ^{Rosas, 2008}; ^{Sierra, 2004}).

El derecho de las mujeres a disponer de sus ingresos y los de los migrantes para utilizar las remesas con fines personales ha puesto en entredicho un supuesto fundamental de la economía campesina: la solidaridad de los miembros de los grupos domésticos, que de esa manera, se decía, compensaba la desigualdad de los intercambios económicos con la sociedad urbana (^{Warman, 1980}). Se suponía que cada quien, en la medida de sus posibilidades -edad, género- y de sus habilidades -fuerza, meticulosidad, orientación- debía cooperar para apoyar la sobrevivencia colectiva de la familia. La colaboración y la solidaridad de cada uno de los miembros hacia el objetivo común de la sobrevivencia familiar y la reproducción social fueron, durante mucho tiempo, supuestos indiscutibles, aunque nunca puestos a prueba (^{Wolf, 1990}).

Esa manera de entender la solidaridad se asentaba en la existencia de una economía basada en productos donde la agricultura era el principio ordenador -y jerarquizador- de la economía de los grupos domésticos, encabezados por los hombres. La jerarquización a partir de la agricultura alcanzaba el nivel de las relaciones intrafamiliares y comunitarias. Como proveedores de sus hogares, el poder familiar y social lo tenían y ejercían de manera indiscutible los hombres (^{Córdova et al., 2008}; ^{Rosas, 2008}). La contribución de las mujeres al trabajo y los ingresos familiares estaba siempre presente, pero permanecía velada y desvalorizada. El mecanismo que mantenía la desvalorización del trabajo femenino era la forma de caracterizarlo: todo lo que ellas hacían aparte del trabajo doméstico formaba parte de la “ayuda” y la complementariedad. Las tareas incluso agropecuarias que realizaban las mujeres invariablemente se consideraban “complementarias” (^{Arias, 2009}; ^{Sánchez Gómez, 2011}).

Sin embargo los estudios con enfoque de género mostraron otra perspectiva. La noción de solidaridad resulta muy discutible ante la certeza de que las unidades domésticas están organizadas de acuerdo a una jerarquía de poder que se encarna en las relaciones de género y generación donde la colaboración y la solidaridad coexisten con los conflictos y la violencia (^{Ariza, 2007}; ^{González Montes, 2002}; ^{Hondagneu-Sotelo, 2007}). De esa manera, algunos de sus miembros, en especial los hombres, habían podido imponer sus opciones y decisiones al conjunto de la familia, en especial a las mujeres (^{Bruce y Dwyer, 1988}; ^{Ward, 1993}). En ese sentido la solidaridad era el resultado de la aceptación, pero también de la imposición de relaciones de poder, familiares y sociales que subordinaban a las mujeres.

Esto se manifestaba en la migración. Lo que la agricultura no proporcionaba había que conseguirlo en otras actividades y empleos. Un mecanismo muy usual durante las décadas del desarrollo por sustitución de importaciones fue enviar a los hijos e hijas solteros a trabajar en las ciudades, cuyo crecimiento y desarrollo demandaban muchos trabajadores. Desde la década de 1970 “la migración de los jóvenes mazahuas a la Ciudad de México se convirtió en parte integrante de las labores del grupo doméstico a lo largo de su ciclo” (^{Arizpe, 1980: 29}). En ese contexto se suponía entonces que la unidad doméstica tenía el poder y la capacidad de imponer decisiones a sus diferentes miembros y que éstos las aceptaban sin discusión. La decisión de migrar aparecía no como una decisión individual sino como una atribución del grupo doméstico, que decidía quiénes debían migrar, aparentemente en beneficio de todos (^{Wolf, 1990}).

En verdad, el mismo estudio pionero de ^{Arizpe (1978)} puso en evidencia las diferencias de género que había en cuanto a la solidaridad entre los mazahuas. Los varones que migraban podían destinar sus ingresos a mejorar su situación económica personal y su posición dentro de la estructura de poder local. Ellos no perdían ningún derecho comunitario y el dinero que ganaban por el trabajo migrante les ayudaba a retornar en mejor situación económica y de esa manera empezar a ejercer la ciudadanía plena basada en el sistema de deberes y derechos tradicionales.

No así las mujeres. Las migrantes mazahuas regresaban a sus comunidades sin que hubiera modificaciones en la condición previa a la migración: la solidaridad con sus grupos domésticos las había obligado a enviar casi todo lo que ganaban a sus padres sin nada a cambio. Los salarios que recibían en la ciudad se destinaban a financiar la agricultura y muchos otros gastos de los distintos miembros de sus grupos domésticos. En el caso de las mujeres la solidaridad no tenía retribución ni reconocimiento, fuera de que se les consideraba “buenas hijas”. El retorno, para ellas, significaba casarse y comenzar a vivir con los recursos y bajo las normas tradicionales (^{Arizpe, 1978} y ¹⁹⁸⁰).

Aunque se puede decir que persisten o se han recreado algunas formas de ayuda y colaboración en el interior de los grupos domésticos y entre familiares, hay que entender que se trata de arreglos muy diferentes de la solidaridad tradicional.

Los estudios han dado cuenta de la generalización de una situación que afecta a las mujeres: la monetarización del cuidado de los niños cuando ellas trabajan o migran. Aunque se ha suscitado una expansión de los mercados de trabajo femenino, e incluso la migración masculina ha abierto mercados de trabajo locales para las mujeres, las condiciones de trabajo son precarias y las retribuciones que ellas perciben son menores que las de los hombres (^{García y De Oliveira, 2011}; ^{Marroni, 1995}; ^{Mummert, 1988}). Con toda su precariedad, los ingresos femeninos han contribuido a paliar la pobreza de los hogares y, sin embargo, ellas siguen siendo las responsables únicas de sus hijos. La participación femenina en los mercados de trabajo no ha llevado a una redefinición de las áreas, deberes y derechos domésticos en el interior de los hogares, con o sin maridos (^{García y De Oliveira, 2011}).

Cuando los hombres migran, los hijos se quedan sin discusión a cargo de sus madres. Pero cuando ellas pretenden trabajar o migrar tienen que empezar por resolver la atención y el cuidado de sus hijos. Para lograrlo deben buscar a otra mujer -hija mayor, madre, suegra, hermana, cuñada, comadre- que las sustituya durante su ausencia, pero a cambio de un pago en efectivo o, en menor medida, en especie (^{Arias, 2009}; ^{Becerril Quintana, 2010}). La ayuda entre familiares, incluso en el interior de los grupos domésticos, se negocia y se consigue mediante el pago a otras mujeres. El cuidado de los hijos de las migrantes se establece a cambio del compromiso ineludible de enviar dinero para sus hijos.

Estudios realizados en Oaxaca o Veracruz han mostrado que los grupos domésticos son más tolerantes con los hombres que con las mujeres cuando unos y otras dejan de enviar remesas; y son más exigentes con ellas cuando han migrado y han dejado a sus hijos en los lugares de origen. Ellas no pueden dejar de enviar remesas para sus hijos y continuamente se les pide dinero para gastos extra (^{Castaldo Cosa, 2004}; ^{Montoya, 2008}; ^{Peña Vázquez, 2004}). En verdad, las remesas se usan no sólo para los gastos de los hijos de las migrantes, sino para ayudar a sostener los hogares de los padres o apoyar a otros miembros de las familias.

Así las cosas, la monetarización de la ayuda pone en entredicho dos supuestos de la solidaridad en los grupos domésticos campesinos: la gratuidad y la igualdad de acceso. La monetarización actual descubre el sesgo de género que conllevan el apoyo y la solidaridad que requieren las mujeres para poder cumplir con su derecho a ser trabajadoras o migrantes. O, dicho de otra manera, con la monetarización se observa el surgimiento de una configuración de relaciones de género que constituye una nueva desventaja para las mujeres.

El ciclo de desarrollo doméstico

Como es sabido, Chayanov y Fortes acuñaron de manera independiente el concepto de “ciclo de desarrollo doméstico” para entender a la familia como un proceso dinámico (^{Robichaux, 2007}). Así, se ha aceptado que los grupos domésticos campesinos transitan por tres grandes fases de desarrollo: expansión, dispersión o fisión, y reemplazo o sustitución (^{Robichaux, 2007}). Para ^{Chayanov (1965} y ¹⁹⁷⁴⁾, preocupado por considerar a la familia como unidad económica y productiva, las fases se definían de acuerdo con la edad de los hijos, quienes establecían el balance entre el número de productores y consumidores. Para algunos estudiosos la familia extensa corresponde a una agricultura que requiere muchos trabajadores, y la familia nuclear se asocia con la modernización y los cambios que ha suscitado el impacto del capitalismo en la agricultura, en especial el trabajo asalariado (^{Arizpe, 1980}; ^{Robichaux, 2007}; ^{Wolf, 1996}).

Las fases de expansión, fisión y reemplazo de los grupos domésticos mesoamericanos están modeladas por tres principios culturales: residencia patrivirilocal, herencia igualitaria de la tierra con privilegio patrilineal, y herencia de la casa por ultimogenitura masculina (^{Robichaux, 2007}). En el modelo mesoamericano las mujeres están excluidas de la herencia en sus hogares de origen y en los de sus esposos (^{González Montes, 2003}; ^{Robledo Hernández, 2009}). El reparto agrario, gran proyecto posrevolucionario en México, reforzó la herencia de la tierra con predominio masculino y patrilineal.

El modelo supone una fase más o menos prolongada de residencia patrivirilocal de los hijos y sus esposas, fase en que las recién casadas se convierten en trabajadoras de esos grupos domésticos (^{González Montes, 2007}; ^{Hirsch, 2003}; ^{Moctezuma Yano, 2002}).

El modelo de reproducción social mesoamericano, sin duda el más antiguo, difundido y persistente del México rural, vincula de manera explícita el cuidado de los ancianos con la herencia de la casa al hijo menor (^{Robichaux, 1997} y ²⁰⁰⁷). Como se sabe, el ciclo de desarrollo del grupo doméstico se inicia con una primera etapa de residencia patrivirilocal de los hijos, a la que sigue la separación, paulatina pero inexorable, de los mayores y la permanencia del hijo menor (y su esposa) en la casa de los padres, la cual, a su muerte, hereda (^{Fagetti, 1995}; ^{Good, 1988}; ^{Lazos Chavero, 1995}; ^{Robichaux, 1997}; ^{Robledo Hernández, 2009}). A cambio el hijo menor, el “xocoyotl”, puede encargarse también de trabajar las tierras del padre para con sus frutos mantener a sus progenitores y, con la ayuda de su esposa, atender las necesidades y el cuidado de sus padres hasta su muerte (^{Robichaux, 1997}). La regla no se aplica de manera invariable en todos los casos; siempre ha habido excepciones, tensiones y reacomodos, pero es el trasfondo normativo que define los derechos y obligaciones de los diferentes miembros, hombres y mujeres, en sus grupos domésticos.

En el modelo mesoamericano las mujeres al unirse salen de sus grupos domésticos para no regresar: después de la etapa más o menos prolongada de residencia patrivirilocal en casa de sus suegros, pasan a otra etapa de residencia neolocal, donde al poco tiempo empiezan a su vez a expulsar hijas y recibir nueras. El ciclo de desarrollo doméstico supone que la mayoría de los miembros del grupo doméstico, al menos el heredero deseable, permanezca en los lugares de origen cumpliendo los compromisos filiales, familiares y sociales de acuerdo al sexo y la edad (^{Robichaux, 1997}). Esto ya no sucede. El deterioro de la condición agrícola-agraria y la migración se han llevado cada vez más hombres y mujeres de las comunidades, lo cual ha abierto un enorme ámbito de incertidumbre y tensión respecto al destino de los herederos y el futuro de los recursos heredables (^{Fagetti, 1995} y ²⁰⁰²).

La noción de ciclo de desarrollo supone también que la sucesión de fases es un proceso rápido e irreversible: las personas transitan en pocos años de una condición a la siguiente, es decir, son hijos, adultos y ancianos en lapsos de tiempo relativamente cortos. Y, finalmente, aunque no se formule de manera explícita, está muy presente la idea de que los grupos domésticos evolucionan en un solo sentido, y si algo extraño sucede es eso, algo extraño, temporal. En ese esquema las mujeres son hijas en sus hogares de origen, esposas en residencia patrivirilocal y madres y suegras en residencia neolocal. El modelo supone la salida pero no el retorno de las mujeres a sus grupos domésticos de origen.

Esa dinámica del ciclo de vida doméstico no toma en cuenta los cambios sociodemográficos que han experimentado las familias en las últimas décadas: reducción de su tamaño; aumento en la esperanza de vida de los hombres y sobre todo de las mujeres; envejecimiento de la población rural; aumento de la edad al matrimonio; reducción de la tasa de fecundidad, que ha abatido el número de hijos por mujer; incremento de los hogares encabezados por mujeres (^{García y De Oliveira, 2011}). Los estudios han constatado tres cambios muy significativos: el aumento de las uniones consensuales, la creciente inestabilidad de las uniones, y la formación de hogares independientes encabezados por mujeres que han decidido salir de la violencia doméstica (^{García y De Oliveira, 2011}).

Ciertos asuntos que hoy resulta imposible eludir, como el abandono, las separaciones y los divorcios de las parejas, lo que supone el abandono de los hijos por los padres (^{Mindek, 2007}); el retorno obligado de mujeres a sus grupos domésticos de origen, y el incremento de las madres solteras, no tienen cabida ni explicación en la dinámica tradicional del ciclo de vida; se les concibe como excepciones, como algo que no debe ser. De hecho, para evitar esa situación los grupos domésticos han preferido negar las separaciones y, muchas veces, se han negado a recibir a sus hijas cuando ellas han querido salir de las casas de los maridos (^{Guiteras-Holmes, 2002}; ^{Mindek, 2007}). Para las mujeres ha resultado difícil regresar a sus grupos domésticos de origen cuando enfrentan problemas conyugales o con los familiares de sus maridos (Hirsh, 2003; ^{Sierra, 2007}). Y cuando lo logran su situación resulta muy precaria: ellas están constantemente expuestas a las exigencias económicas y al control moral de sus propios familiares (^{Arias, 2009}). Así las cosas, se puede decir que la trayectoria lineal del ciclo de vida doméstico conlleva un fuerte sesgo de género: las mujeres deben aceptar, sin negociación ni apoyo, la residencia y las condiciones de vida que les imponen sus grupos domésticos de origen y los de sus parejas.

Y es ahí justamente donde los estudios han constatado las tensiones y cambios mayores. El ciclo de vida de los grupos domésticos ha sido afectado por la migración de los jóvenes y por los intereses de las jóvenes. Como ha sido ampliamente documentado, la residencia de las jóvenes en la casa de sus suegros suele ser la peor etapa en la vida de las mujeres, el periodo de mayor aislamiento familiar y social de las vidas femeninas (^{Mindek, 2007}; ^{Oehmichen, 2002}; ^{Pauli, 2007}; ^{Sierra, 2007}). En el hogar de sus maridos, las jóvenes son sistemáticamente maltratadas por ellos, pero también por las suegras, cuñados y cuñadas, incluso por los suegros (^{González Montes, 2007}; ^{Sierra, 2007}). Cuando un hombre deja de enviar remesas o entabla una relación con otra mujer, la situación de su esposa e hijos se vuelve insostenible en el grupo doméstico de su cónyuge (^{Robledo Hernández, 2009}).

Las mujeres siempre se han quejado, incluso ante la justicia, de los maltratos asociados a su condición de nueras (^{Sierra, 2004} y ²⁰⁰⁷; ^{Varley, 2007}). Ha sido también el principal motivo por el que han salido de esos grupos domésticos, han abandonado a sus maridos o presionado con hacerlo, y han migrado solas a las ciudades (^{Mindek, 2007}; ^{González Montes, 2007}; ^{Robledo Hernández, 2009}; ^{Varley, 2007}). En Chiapas una causa adicional de tensiones y de migración femenina a las ciudades es la poligamia (^{Robledo Hernández, 2009}).

En un principio la migración de los jóvenes casados exacerbó la residencia patrivirilocal de las esposas y su consiguiente control y maltrato. El control de la sexualidad femenina ha pasado a un primer plano del control familiar y social. Cuando los maridos migran, ellas tienen que permanecer en la casa de sus suegros bajo la mirada vigilante y siempre desconfiada de la suegra, el suegro y los cuñados (^{Pauli, 2007}). La residencia patrivirilocal facilita el control de las nueras durante la ausencia de los maridos (^{Pauli, 2007}). La migración de los maridos puede incluso intensificar el maltrato a las esposas en la casa de los suegros (^{Rosado, 1990}).

Y ha sido ahí donde las mujeres, en especial las jóvenes, han empezado a dar una ardua aunque silenciosa batalla. La norma de residencia patrivirilocal posmarital que durante tanto tiempo garantizó el servicio gratuito de las mujeres, su participación sin retribución en las actividades económicas, el cuidado de los niños, la atención de los suegros ancianos, que apoyó el retorno de los ausentes a los terruños, ha sido subvertida por argumentos que hablan de intereses, valores, sentimientos personales de ellas que resultan inesperados pero incontrovertibles. Las mujeres, solteras y casadas, han elaborado nuevos discursos para defender su derecho a construir trayectorias de vida conyugal no sólo fuera de la casa de sus suegros, sino también lejos de sus pueblos.

La migración indefinida de sus esposos y novios les ha dado la posibilidad de reivindicar el derecho a irse con ellos y de esa manera salir de la residencia patrilocal. Las casadas comenzaron a esgrimir y popularizar el argumento de que “quieren vivir con sus maridos” dondequiera que ellos estén; migrar es la única manera de estar junto a su pareja, dicen ahora. Las jóvenes de San Miguel Acuexcomac, Puebla, quieren hacer sus vidas junto a sus parejas, por lo cual buscan irse a Los Ángeles, donde están ellos (^{Fagetti, 1995}). Ya sea para restaurar el vínculo matrimonial debilitado por la distancia o movidas por un nuevo ideal de vida conyugal, las jóvenes abandonan el pueblo, y dejan a sus padres y suegros (^{D’Aubeterre, 2002}). Las mujeres casadas de Patamban y Zipiajo, Michoacán, ya no están conformes con quedarse en casa de sus suegros y ayudar a sus suegras frente a un horizonte de vida con maridos indefinidamente ausentes; los emigrados regresan pero a llevarse a sus mujeres a Estados Unidos; las solteras saben que la posibilidad de encontrar novio está en el otro lado y no dudan en irse a la menor oportunidad (^{Moctezuma Yano, 2002}).

Las mujeres solas -madres solteras, abandonadas, divorciadas- suelen buscar en la migración una vía para enfrentar las carencias económicas que las afectan de manera especial, y para salir del control económico y moral que se ejerce contra ellas en sus grupos domésticos (^{Arias, 2009}; ^{Córdova et al., 2008}).

Por otra parte, las jóvenes han descubierto que las remesas les pueden ayudar a modificar esa norma residencial que tanto las ha afectado siempre. Utilizan la migración y las remesas para reducir o eliminar de sus vidas la fase de residencia patrivirilocal. Para lograr o acelerar la residencia neolocal las jóvenes han recurrido a tres estrategias, en ocasiones combinadas: casarse con un migrante que ha construido su casa antes del matrimonio; aprovechar la ausencia del marido para trabajar y de esa manera acelerar la construcción de la casa independiente, y ahorrar parte de las remesas que les envían sus cónyuges para destinarlas a ese propósito (^{D’Aubeterre, 1995}; ^{Pauli, 2007}). Si bien, como dice D’Aubeterre, el mantenimiento de las nuevas viviendas “requiere de más tiempo y dinero” (^{1995: 293}), la calidad de vida neolocal parece mejorar las relaciones y decisiones de las parejas, en especial para las mujeres.

Se ha constatado que, efectivamente, la residencia neolocal favorece la independencia de las parejas: los padres no conocen los salarios y empleos de sus hijos, de manera que éstos pueden retener una mayor parte de sus ingresos; las esposas pueden trabajar para sus propios hogares; ellas pueden eludir el cuidado cotidiano y a largo plazo de los suegros; pueden mejorar las relaciones y acuerdos entre las parejas en torno a asuntos centrales como la fecundidad, los intervalos entre los partos, las tareas del hogar, los permisos y la toma de decisiones (^{Echarri Cánovas, 2004}; ^{Pauli, 2007}). La residencia neolocal incrementa la injerencia de las mujeres en la toma de decisiones de los hogares, algo que no sucede cuando viven en los grupos domésticos de sus maridos (^{Echarri Cánovas, 2004}).

La residencia patrivirilocal de los jóvenes, elemento inicial clave del ciclo de vida doméstico, era uno de los prerrequisitos para retener a las mujeres en los hogares, para que los padres tuvieran acceso o controlaran los ingresos y remesas de los hijos. De ahí que las mujeres hayan centrado sus luchas en ese objetivo estratégico: la salida, mediante la migración o el uso de las remesas, de esa norma residencial patrilocal que marcaba el comienzo de los peores años de sus vidas.

Con la salida de los jóvenes, hombres y mujeres, con su permanencia indefinida lejos de sus grupos domésticos, sus retornos temporales, y el regreso de las mujeres a sus grupos domésticos, la estructura y la composición de los hogares se modifican de manera continua, pero no en el sentido unilineal que supone la noción del ciclo de desarrollo doméstico. A pesar de las resistencias, las mujeres han podido permanecer en los hogares pese a ser madres solteras; regresar a ellos en caso de separación; migrar cuando son abandonadas o quieren salir de relaciones violentas y dejar a sus hijos al cuidado de alguna otra mujer, por lo regular de sus grupos domésticos (^{Hirsch, 2003}; ^{Rosas, 2005}). En los hogares conviven miembros de diferentes generaciones con base en arreglos distintos y cambiantes. Y, aunque con tensiones, dificultades y negociaciones, se trata de decisiones y arreglos personales, aunque, claro, tomadas dentro de los escenarios y situaciones familiares, conyugales y filiales que hoy las afectan.

Así las cosas, los incesantes desplazamientos de los miembros de los hogares en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida hacen difícil saber en qué momento del ciclo vital se encuentran los grupos domésticos y, sobre todo, predecir cómo van a evolucionar.

En síntesis

La migración, combinada con los profundos cambios económicos y sociodemográficos que han experimentado las familias rurales, ha modificado los escenarios, motivaciones y decisiones que toman los hombres y mujeres en sus grupos domésticos.

En las condiciones actuales de la vida rural, donde la sobrevivencia ya no depende de la propiedad que se usufructúa o hereda, sino de los logros del trabajo desterritorializado (^{Fishburne Collier, 1997}), resulta imposible sostener que los grupos domésticos campesinos operan como unidades de producción-consumo, y que la solidaridad sea un atributo invariable e inmune a las diferencias de género. Las nociones de la familia campesina como unidades de producción-consumo y la trayectoria del ciclo de desarrollo doméstico están atravesadas por relaciones de poder y desigualdad de género que suponen e imponen la subordinación de las mujeres.

Así las cosas, hay que asumir que la toma de decisiones dentro de los grupos domésticos es un asunto a investigar, que las tramas de poder y jerarquía se han resquebrajado y que han sido las mujeres quienes han luchado por redefinir y modificar la jerarquización tradicional de los derechos y deberes rurales. Hay que revisar en la práctica qué queda o cómo se redefinen los compromisos, obligaciones y apoyos en el interior de los grupos domésticos y a lo largo del tiempo en contextos migratorios de no retorno o de ausencias muy prolongadas: de los padres a los hijos e hijas, de los hijos a sus padres, de las hijas a sus padres, entre hermanos y hermanas. Por lo pronto se constata que hoy por hoy no hay acuerdos persistentes ni gratuitos, menos aún para las mujeres. El apoyo y cuidado que necesitan las mujeres se consigue mediante negociaciones e intercambios monetarizados.

Las etnografías recientes han mostrado que para ellas la migración ya no corresponde únicamente a decisiones y motivaciones familiares. Las mujeres han encontrado en la migración la posibilidad de reunirse con sus parejas, de mejorar su situación económica, y también de modificar las condiciones de subordinación generalizada que han enmarcado y definido a largo plazo la vida femenina en las comunidades rurales.

De esa manera podemos entender mejor los impactos que ha potenciado la migración femenina, entendida como una decisión de las mujeres por motivaciones específicamente femeninas que surgen de la desigualdad de su condición en las estructuras familiares tradicionales dentro de sociedades donde las mujeres tenían muchas obligaciones y pocos derechos.

Desde ahí hay que entender los motivos peculiares y particulares de la migración de las mujeres: de las casadas para salir de la residencia patrivirilocal; para reunirse con sus maridos o para abandonarlos; para construir nuevas formas de convivencia conyugal; para salir de situaciones de violencia doméstica, conyugal y familiar; para trabajar y crear mejores condiciones de vida para sus hijos; para encontrar nuevas parejas. De las solteras para trabajar y ganar más dinero que en sus comunidades, para eludir la residencia patrilocal al momento del matrimonio, para estudiar, salir del hogar, y conseguir pareja con nuevos criterios. La salida de las comunidades se ha convertido en una importante opción para las mujeres solas -madres solteras, abandonadas, divorciadas- que crían, educan y mantienen a sus hijos sin la ayuda de los progenitores.

Así las cosas, para entender la migración femenina y las opciones de las mujeres actuales tenemos que pensar en las demandas específicas de aquellas que se encuentran en diferentes situaciones y momentos de sus vidas personales, no como elementos indispensables, siempre disponibles, de los grupos domésticos de los que forman parte pero muchas veces quieren dejar de serlo.