La necesidad de establecer el territorio de la pobreza y la marginación se debe a la importancia que han adquirido las ciudades y sus periferias como articuladoras de diferentes procesos socioeconómicos.

Por tal motivo, desde un punto de vista general la expansión física de las ciudades de América Latina resulta de la ausencia de políticas sociales, lo que obliga a realizar investigaciones empíricas dirigidas a conocer sus dinámicas particulares, pues es imposible construir una explicación general sobre una ciudad cuya composición se basa en una diversidad de hechos de naturaleza económica, social, política y cultural.

El libro del doctor Abel Pérez Zamorano tiene el acierto de estudiar la pobreza y la marginación de la Zona Oriente del Valle de México (ZOVM),¹ que explica atendiendo a varias dimensiones: población, economía, vivienda, servicios públicos, medio ambiente y salud, educación, cultura y deporte. Las transforma en variables cuantitativas que indican la magnitud de la problemática socioeconómica de la ZOVM.

Sin embargo, al utilizar un solo punto de vista teórico -el derivado de algunas ideas de Carlos Marx (pp. 21-22)- limita el análisis de una problemática compleja que demanda la incorporación de otras teorías para explicar las nuevas características que presenta la pobreza urbana.

Por otro lado, la concentración de población en las ciudades, no solamente ha sido consecuencia de la migración del campo a la ciudad; también de la transformación de las ciudades en fuerzas productivas (^{Garza, 1985}), de ahí que las ciudades sigan conservando aún sus ventajas para los inversionistas privados nacionales o extranjeros.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas que obligan a la población de bajos ingresos a ocupar espacios con déficit de servicios urbanos en donde edifica su vivienda por medio de la autoconstrucción? La respuesta, para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es que se ha hecho un uso político de las penurias de los pobres ante la falta de un mercado de suelo para una creciente población no solvente que se dedica a las actividades económicas informales (^{Azuela, 1989}).

La consolidación del mercado de trabajo informal mexicano fue consecuencia de la estrategia que siguió el Estado al vincular el salario real al tipo de cambio. Olvidó al mercado interno al restringir el apoyo a las empresas nacionales para darle prioridad a las exportadoras (^{Puyana y Romero, 2009: 51-83}).

Entonces, el salario real varía conforme al tipo de cambio y no porque exista o no un ejército industrial de reserva, que según la teoría marxista en que se apoya el autor, presiona a la baja los salarios de quienes trabajan en la economía formal (p. 43).

El término marginación o marginalidad, de acuerdo con el doctor Abel Pérez Zamorano, significa “falta de participación o exclusión de una parte de la sociedad”, lo que resulta contradictorio cuando cita que se puede considerar como parte de la desigualdad social (p. 75).

Recordemos que en las sociedades democráticas modernas hay un conflicto entre la igualdad formal y las desigualdades reales (^{Durand Ponte, 2010: 23-74}), es decir, en las sociedades contemporáneas la desigualdad social ha aumentado debido a la pérdida del carácter universal de los sistemas de bienestar estatal (^{Esping-Andersen y Palier, 2010}), y para el caso de México y otros países latinoamericanos el aumento de la desigualdad social ha resultado de la aplicación de la política económica neoliberal (^{Ibarra, 2009: 11-28}).

Por otro lado, el autor afirma que “donde hay pobreza hay marginación y donde existe ésta, generalmente encontramos a la primera. En general, podemos decir que son términos complementarios y que uno implica al otro” (p. 76). Acepta así que la pobreza y la marginación son problemas de carencias y de bajos ingresos. Por tanto, la pobreza y la marginación son una situación y no un proceso.

Sin embargo la pobreza es el resultado de un proceso que ha convertido a los grupos sociales en vulnerables, es decir, ante la ausencia de derechos sociales y de protecciones sociales se sufren de manera directa los efectos negativos de la marcha de la economía capitalista, manifestados en el desempleo y el subempleo (^{Castel, 2004}).

La pobreza urbana en México es un problema de rezagos que se manifiestan en un conjunto de déficit, como el habitacional, el educativo y el de servicios públicos, que se han agudizado a partir de 1982 debido a la desaparición del Estado social autoritario que ha significado el abandono de las políticas de distribución, que son un compromiso estatal con el bienestar de las clases populares (De la ^{Garza, 1988}). Este hecho explica por qué el Estado mexicano no aplica políticas redistributivas, que están ausentes en la zona de estudio del autor (p. 80).

En consecuencia, coincido con el doctor Pérez en que los municipios que sufren marginación requieren el apoyo de los gobiernos estatales y del federal (p. 81). Sin embargo en los últimos cuatro sexenios gubernamentales dicho apoyo se ha otorgado a través de programas de asistencia social de tipo focal que siguen reproduciendo la pobreza y la miseria (^{Vite Pérez, 2001}).

La pobreza y la miseria están territorializadas, pero a lo largo de la obra se les ha caracterizado como “patologías del subdesarrollo”, como los bajos niveles de salud, los reducidos salarios, el desempleo, etc. (p. 162), olvidando que el Estado mexicano ha apoyado el modelo de organización económica y social neoliberal y que ha sufrido al mismo tiempo transformaciones al sustituir su función social de tipo corporativo por una función punitiva. Es decir, ha criminalizado la pobreza y la miseria, pues los grupos sociales que la sufren solamente se pueden dedicar a actividades informales, las cuales se encuentran al margen de la ley (^{Wacquant, 2007}).

El autor establece que Chimalhuacán es el más rezagado de los seis municipios que integran la ZOVM, pues los indicadores que utiliza muestran que posee los valores más bajos; sin embargo sobresale en él una característica: “se formó como municipio en medio de un completo caos, sin orden ni concierto, conforme llegaban las oleadas de migrantes y los fraccionadores ilegales hacían el negocio de su vida” (p. 195). Pero este hecho ha venido acompañando a la llamada urbanización popular y no se puede considerar un acontecimiento extraordinario. Además, gran parte de los municipios conurbados se han convertido en amplias zonas dormitorios, pues es mucho el tiempo de recorrido entre el lugar que se habita y el lugar donde se labora.

Por otro lado, me parece interesante el análisis que realiza el autor en el último capítulo del libro sobre la distribución federal de los recursos económicos a los diferentes municipios porque muestra los mecanismos de que se vale la federación para perpetuar la desigualdad municipal, con nefastas consecuencias en la calidad de vida de sus habitantes.

Critica el criterio gubernamental, basado en la Ley de Coordinación Fiscal, porque toma como referente el monto de la población estatal, olvidándose de integrar el criterio de pobreza (p. 218). Por tal motivo propone una fórmula alternativa, considerando las siguientes variables: población ocupada del municipio que percibe menos de dos salarios mínimos, población municipal de 15 años o más que no sepa leer y escribir, población municipal que habite viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, y población municipal que habite viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad (p. 219).

Considera que los municipios que integran la ZOVM deberían haber recibido más recursos de la federación por su condición de pobreza y marginación: “Por ejemplo, en el periodo se asignan aproximadamente 158 millones de pesos menos a Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, La Paz y Toluca; en cambio, se asignan 154 millones de pesos de más a Almoloya de Juárez, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco Solidaridad” (p. 223).

De esta manera, el libro nos presenta el estado de pobreza de los municipios que forman parte de la ZOVM y el autor se hace eco en sus conclusiones de algunas propuestas que han aparecido en otros estudios sobre el desarrollo urbano mexicano, como la intervención estatal por medio de la inversión pública y de planes para que la pobreza deje de ser una situación descrita a través de indicadores.