INTRODUCCIÓN

En el presente ensayo me propongo describir los paradigmas del proceso de civilización del campesino desde el porfiriato hasta principios del siglo XXI, ya que este largo periodo corresponde, según yo, a la inserción completa y definitiva de México en la modernidad. A modo de hipótesis planteo que durante dicho periodo ha existido una voluntad irrenunciable por parte de las elites nacionales para civilizar a las poblaciones rurales. Mi objetivo en el presente estudio es analizar cómo la organización del campesinado ha sido un instrumento predilecto del régimen -independientemente de la ideología predominante- para transformar el habitus (^{Bourdieu, 1986, pp. 40-44}) de la gente del campo. Ya sea como organización tradicional de los lugareños, trabajadores integrados a una empresa rural, asalariados sindicalizados o grupos vinculados al ámbito religioso, de manera general la congregación de individuos ha ofrecido al gobierno en turno la ventaja de potenciar sus acciones civilizadoras. Enseguida presentaré los principales ámbitos de la vida del campesino en los cuales el Estado ejerció su acción demiúrgica. La intención es mostrar la relativa homogeneidad y convergencia de estas políticas gubernamentales, incluso frente a iniciativas subalternas de “des-civilización” (^{Elias y Dunning, 1992, p. 61}), es decir, de acciones genuinas de resistencia.

Cabe aclarar que el campesinado es una categoría que reagrupa una gran diversidad de sujetos. Según la región del país considerada, el campesino poseía rasgos culturales específicos. La actividad laboral, aunada a sus condiciones de realización, otorgaba al campesino rasgos específicos en cuanto a sujeto social. También siendo mestizo o indígena, dueño o no de una parcela, alfabeta o analfabeta, solía considerar de determinada manera las intervenciones de las autoridades en su vida colectiva. Como lo entenderemos fácilmente, el campesino, como categoría social, se fue construyendo de manera paulatina y errática en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX a favor del proyecto político de creación de un Estado-nación moderno. En la presente exposición consideraré al campesinado, mestizo e indígena, como una categoría genérica de la población que se caracterizaba por morar en zonas rurales y llevar a cabo actividades directa e indirectamente relacionadas con el ámbito agropecuario.

Mi análisis se encuentra en el cruce de la sociología rural y de la historia. Adicionalmente, llevo a cabo una reflexión general sobre el uso político de la organización encaminado hacia la urbanización de los modales de los campesinos, por lo que no circunscribimos el trabajo a un área geográfica determinada. Soy de la idea de que en el periodo considerado existen suficientes elementos comunes a las intervenciones regionales que me llevan a esbozar una evolución general de las mismas. Para sostener mi argumentación, me apoyo en publicaciones periodísticas y ensayísticas del periodo histórico abarcado, así como en el trabajo de sociólogos e historiadores contemporáneos.

En la primera parte de mi exposición se explorarán las grandes líneas de acción del Estado y los hacendados para redimir al campesino mediante su incorporación al mundo laboral asalariado. Mostraré que existe cierta continuidad entre el último cuarto del siglo XIX y los años treinta aproximadamente, en cuanto a la concepción estadista del proceso de civilización de los peones mestizos e indígenas. En la segunda parte se hará hincapié en el proceso de organización vertical, autoritaria y centralizada del campesinado a partir del corporativismo cardenista. El control político de un campesinado pacificado se manifestó mediante su tutelaje por un Estado benefactor y paternalista que mantuvo programas de corte asistencialista hasta alrededor de los años ochenta. En la tercera y última parte haré explícito que a partir de los noventa del siglo XX, aproximadamente, las familias campesinas han sido concebidas como unidades mediadoras entre lo rural y lo urbano, localizadas en territorios en los cuales el bienestar es visto como producto de la coparticipación de los sujetos locales en programas gubernamentales. Finalmente, en las conclusiones retomo los principales elementos correspondientes a cada uno de los tres periodos históricos del desarrollo de la civilización en el medio rural mexicano.

LIBERAR AL LABRADOR

Entre la autoritaria “liberación de la mano de obra” decretada por Porfirio Díaz y la “liberación del ejidatario” anunciada por el presidente socialista Cárdenas, pasaron más de cinco décadas durante las cuales se logró mantener cierta lógica civilizatoria -con sus continuidades y bifurcaciones-, a pesar del surgimiento de acontecimientos de gran trascendencia. La revolución mexicana precedió la primera guerra mundial con el incremento de la deuda pública para sufragar el apetito de progreso de sus elites; la multiplicación de intercambios comerciales con su cortejo cada vez más grande de perdedores; la progresiva industrialización de una agricultura de exportación voraz e insaciable frente a la cual se erigieron ideas socialistas y anarquistas “tropicalizadas”, es decir, adaptadas libremente a la realidad mexicana; el incesante vaivén de reformas y contrarreformas agrarias sobre un trasfondo de irredenta corrupción; el dominio político perenne de hombres fuertes (big men) cuyo valor fue reconocido en los campos de batalla (^{Lloyd Mecham, 1986, pp. 143-156}); la competencia entre la Iglesia y el Estado por el control de la plebe rural; todos, elementos que condicionaron e incluso decidieron las formas de organización de los campesinos. Lejos de ser monolíticas, las sociabilidades en el medio rural fueron tan variadas como complejos fueron los principios vernáculos y estructurales de distinción (^{Guerra, 1988, pp. 132-145}). La organización era cuadrilla cuando se trataba de trabajadores, batallón cuando eran reclutas, cooperativa cuando se refería a ahorradores católicos o socialistas, comunidad cuando eran atrasados, pandilla cuando eran insumisos y, finalmente, sociedad agrícola y club cuando de dominantes se trataba. La agrupación de individuos en el medio rural en este periodo debe comprenderse como una herramienta, genuina o interesada según los casos, para posicionarse colectivamente unos con respecto a otros. La lucha de clases -si aceptamos su existencia- fue sobre todo una lucha por el control de los instrumentos de organización de las colectividades.

Durante el porfiriato, casi todos los aparatos del Estado que operan en el ámbito rural están orientados, de una u otra forma, al control de los trabajadores agrícolas. Las autoridades municipales, los jefes políticos, el ejército y la Guardia Rural tienen, por lo menos, una tarea común: garantizar el abastecimiento de fuerza de trabajo a haciendas y plantaciones, y vigilar que los trabajadores se desempeñen a satisfacción del contratador (^{Bartra, 1996, p. 345}).

Si bien existía un inicuo tráfico de personas en ciertas regiones del país para abastecer permanentemente haciendas-cárceles de trabajadores, tal como lo denunció ^{Turner (1974)} para Yucatán y el Valle Nacional de Oaxaca, no obstante, en muchas otras regiones se desconocía esta esclavitud laboral. Sin negar las acciones perjudiciales de hacendados-tiranos y sus cómplices, podemos afirmar que, generalmente, había una adaptación a las contingencias por parte de los terratenientes, así como por parte de los trabajadores agrícolas quienes, separadamente y juntos, desarrollaban estrategias de defensa colectiva de sus intereses (^{Katz, 1982, p. 32}). Las sociedades agrícolas, por un lado, y la coalición de pueblos, por el otro, eran formas de organización clasista que a menudo coexistían con la organización social-laboral de las haciendas, la cual construía un difícil equilibrio entre los beneficios y las obligaciones de unos y otros (^{Nickel, 1989, pp. 15-23}). El lema oficialista de “liberación de la mano de obra” no solamente buscaba aumentar el volumen y la dependencia de una mano de obra asalariada, sino que atacaba el comunalismo, esta forma arcaica de organización socioterritorial que regía la vida de los pueblos y que constituía un serio obstáculo a la vertiente económica y capitalista del proceso de civilización.

En las haciendas, fincas, fábricas y minas, la organización laboral, instituía un nuevo orden, a menudo arbitrario pero eficaz, para controlar a los trabajadores. Las inconformidades colectivas no eran desconocidas, y la respuesta de los patrones dependía en gran medida del apoyo del jefe político y del gobernador, como en el caso de las huelgas de mineros de Sultepec y El Oro: la primera fue escuchada por las autoridades mexiquenses y la segunda, reprimida (^{Mentz, 2001, pp. 555-607}). Rancherías y pueblos solían organizarse para oponerse jurídicamente, o por la fuerza, al acaparamiento de sus tierras. En el periodo histórico concernido, siempre hubo inconformidades en el campo por el despojo de tierras, la tiranía económica de comerciantes pudientes, el pago de injustificadas multas y exorbitantes contribuciones, así como por la práctica de la leva (^{Buve, 1998, pp. 121-152}). Las formas de acción colectiva variaban en función de la importancia del movimiento de protesta, la gravedad de las afectaciones, la respuesta de los hacendados y funcionarios públicos. La organización genuina de los campesinos era combatida frecuentemente y temida siempre. Por ejemplo, para justificar la represión judicial y laboral de los peones, el Congreso de Chiapas declaró en 1896 que “los indios libres no podían formar más que falanges de mendigos o de ladrones” (^{García de León, 1993, p. 165}). En el norte, la resistencia de las tribus apaches fue aplacada por el ejército con la misma crueldad que la resistencia de los ocho pueblos yaquis reorganizados por Cajeme; los movimientos milenaristas de los tarahumaras de Tomochic y mayas de Yucatán fueron combatidos, sin piedad, de la misma forma que las sublevaciones en San Martín Texmelucan, en la Sierra Gorda, la Sierra Nayarita, en la Ciudad del Maíz en San Luis Potosí, en Acayucan y Papantla, Veracruz, etc. Interminable sería la lista de las protestas de pueblos indios, rebeliones de comuneros y peones inconformes, así como motines de soldados-campesinos enrolados a la fuerza. Empero, la oposición de los trabajadores hacia una organización laboral deshumanizante se manifestaba excepcionalmente con una huelga; la mayoría de las veces, y en ausencia de líderes, la resistencia laboral se expresaba bajo la forma de un discurso oculto construido por chistes, chismes, rumores, por una amplia gama de pequeños y anónimos sabotajes, así como por secretas insubordinaciones (ilustradas por el oximorón “obedezco, pero no cumplo”) (^{Scott, 2000}).

Del control de las formas de organización del campesinado dependía el alcance del proceso de civilización llevado a cabo incidentemente por las elites políticas regionales en nombre del gobierno. Junto con gobernadores y caudillos, los diferentes regímenes políticos promovieron, con desigual interés, la colonización de territorios donde cundía la agitación, así como el establecimiento de nuevas fronteras agrícolas y restablecimiento del orden. Puede citarse el caso paradigmático de San Luis Potosí que contó con ocho y hasta trece colonias militares bajo el mandato de Saturnino Cedillo, las cuales constituían la guardia pretoriana del poderoso caudillo (^{Falcón, 1984, pp. 179-184}). En no pocas ocasiones estas unidades poblacionales dedicadas al trabajo del campo y organizadas en grupos de autodefensa apoyaron a las tropas federales. Estos núcleos de población fueron siempre constituidos por soldados-campesinos dotados de méritos propios (lealtad a un caudillo victorioso) o heredados (viudas y huérfanos de la guerra). Desde la década de 1880 hasta la de 1940, aproximadamente, el soldado-campesino leal fue un modelo de referencia, incluso cuando el Estado posrevolucionario le agregó más virtudes laborales y morales. De cierta forma, las colonias agrícolas militarizadas eran experimentos sui generis para asentar el principio del clientelismo y la lealtad de “los de abajo”, como lo detalló ^{González Milea (2012, pp. 191-219)} para el caso de Coahuila.

Alcoholismo, suciedad, analfabetismo, promiscuidad sexual y demás avatares del primitivismo pasaron a ser temas de estudio. Revistas, boletines científicos, sociedades secretas y sociedades científicas como la Sociedad Mexicana de Eugenesia, por ejemplo, también los Congresos Católicos Agrícolas de Puebla, Tulancingo y Zamora, celebrados entre 1903 y 1906, constituyeron plataformas discursivas que hicieron posible la posterior organización corporativa del campesinado pobre sobre la base de su idiosincrasia. El peón pasó de ser una mano de obra barata, pero indispensable para la reproducción de las desigualdades, a ser objeto de estudio. Apóstoles del progreso, los maestros se interesaron en descifrar el misterio del atraso cultural de los campesinos para mejor disciplinar, organizar y cambiarlos. El saber empírico de los dominantes sobre los subalternos no desapareció con la revolución, sino que pasó gradualmente a constituirse en un saber científico que sirvió a los intereses del Estado (^{Lutz, 2014, pp. 161-179}). “El crecimiento del aparato de construcción y vigilancia del campesinado posrevolucionario se manifestaba claramente en la expansión de los equipos de especialistas que integraban las Misiones Culturales”, explica ^{Palacios (1999, p. 86)} ; expansión que incluyó “dos agentes de organización social, un hombre y una mujer, encargados respectivamente de atender las necesidades de su género en las comunidades”. Si bien las misiones culturales fueron sustituidas por Cárdenas por brigadas de educación socialista, no obstante, la remisión de los autóctonos seguía siendo concebida de forma colectiva. A estos esfuerzos institucionales por crear, en los mismos pueblos, organizaciones para revolucionar el pensamiento vernáculo, se sumó la estrategia plurisecular de utilizar asociaciones existentes, genuinas o institucionales, para renovar los diferentes saberes sobre las razas, la inteligencia, así como el cuerpo físico, su disciplina y rendimiento.

Las prenociones culturales que delimitan el bien del mal en la ciencia jurídica -el “espíritu de las leyes”, como lo llamó acertadamente Montesquieu-, se fueron consolidando gracias a la comprobación científica del atraso y la peligrosidad de la plebe rural. Al respecto, el predicamento de la ciencia médica reforzó los dispositivos normativos de control de la masa campesina porque validó categorías diferenciadas de individuos sobre una base de cientificidad. La milicia primero, luego la escuela y el ejido, sirvieron a los regímenes posrevolucionarios al permitir jerarquizar a los mejores y merecedores dentro de un proceso global de homogeneización de la población: el proceso de civilización del campesinado masificaba al mismo tiempo que diferenciaba (hombres/mujeres, titulados/sin tierra, sanos/viciosos, etc.).

Por un lado, el ejército seguía estando conformado en su gran mayoría por varones de extracción rural y, por el otro, muchos cuadros de las organizaciones campesinas eran oficiales del ejército, como el general Graciano Sánchez, exlíder de la Liga Nacional Campesina (LNC) y primer secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC). El Estado posrevolucionario profundizó el papel del ejército como máquina edificadora del hombre nuevo y se aprovechó de los avances de la ciencia médica de tal manera que la vigilancia de la higiene y sexualidad del soldado-indígena logró conformar una moderna biopolítica, para retomar la terminología de ^{Foucault (1998, pp. 196-199}; ^{2005, pp. 83-85}). Los objetivos declarados de esta tecnología de gobierno eran el control de las intimidades, pasiones, deseos y vicios de los pobres. Julio Guerrero, al unísono con la elite política y castrense de su tiempo, aseveraba que el trabajo civilizador empezaba por la moralización de la tropa porque la adquisición de los rudimentos de la forma de ser citadina era, para esos batallones de jóvenes incultos, la puerta de entrada al mundo moderno. Yendo aún más lejos, el influyente criminólogo planteó la necesidad de codificar la “anatomía del placer” de los pobres para poder convertirla en una “técnica de felicidad” (^{Guerrero, 1977, pp. 163, 389}). Acorde con este eugenismo de rehabilitación para varones en armas, se implementaron instrumentos no solamente para hacer de la tropa un ejemplo de buena conducta sino para que los soldados, a su vez, coadyuvaran a civilizar poblaciones marginales ofreciendo consultas médicas, cortes de cabello, regalando alimentos industrializados, creando equipos deportivos, etc. El modelo castrense de organización es, indudablemente, el que más sedujo a los estadistas de este periodo histórico para encauzar el proceso de civilización de la población rural, por lo que las veleidades de militarización de la sociedad civil marcaron, en forma discontinua, estas primeras décadas del siglo XX. Puede mencionarse la efímera segunda reserva del general porfirista Bernardo Reyes, y las milicias civiles alentadas por el presidente Huerta, como en la localidad de Mapimi, Durango, donde un coronel de Irregulares encabezó en 1913 un Cuerpo de Voluntarios conformado por 1 000 campesinos con la exclusiva misión de cuidar a las haciendas (^{Langle, 1976, pp. 69-70}). El propio general Cárdenas, heraldo del movimiento agrario, ordenó distribuir al mismo tiempo tierras y rifles. Desde antes de que México participara en la segunda guerra mundial, el militarismo podía percibirse ya en este gusto civilizado por las banderas, el porte del uniforme, las jerarquías, las bandas militares, los desfiles… Las propias organizaciones campesinas adquirieron con frecuencia esta capacidad camaleónica para convertirse, según las circunstancias y la dirección de sus líderes, en una falange de militantes, un equipo de futbol, un grupo de peticionarios o una milicia. Esta disposición natural para la subordinación solía constituir, al mismo tiempo, una eficaz estrategia para negociar determinados apoyos gubernamentales.

En este sucinto esbozo de las formas de sociabilidades civilizatorias entre, aproximadamente la década de 1880 y los años treinta del siglo XX, debe mencionarse el lugar cada vez más importante que logró ocupar la escuela rural. Justo Sierra había soñado con una instrucción popular para las masas, proyecto que nunca pudo concretarse. Pedagogos mexicanos imbuidos de eugenesia y extranjerías plantearon también la posibilidad de (re)educar al pueblo. Hasta la década de 1920, la educación en el medio rural se había limitado básicamente a la labor incierta de maestros itinerantes, escuelas rudimentarias en algunas haciendas y ranchos, e internados confesionales cuyo objetivo, muchas veces era civilizar a los indígenas, convirtiéndolos y educándolos. El reagrupar permanentemente a los educandos en un mismo lugar tenía la doble virtud de aislarlos -de forma temporal- de su medio, posibilitar su instrucción y, sobre todo, inculcarles valores citadinos como la higiene y los modales urbanos. Vasconcelos fue el primero en hacer de la pedagogía un instrumento al servicio del Estado y la civilización, merced al apoyo incondicional que recibió por parte del general Obregón. Dominó durante ese periodo una concepción utilitarista de la escuela rural -que no contradijo el humanismo universalista del autor de la “Raza cósmica”-, concepción que buscaba disciplinar a los educandos para que obedecieran y se instruyeran en los oficios de su género. Asimismo, en consonancia con su tiempo, el presidente Cárdenas veía en la escuela ejidal un instrumento idóneo para “forjar trabajadores aptos” (^{Cárdenas, 1972, p. 211}). Jamás se perdió de vista la posibilidad de utilizar la escuela como plataforma institucional para consolidar las organizaciones locales como la asociación de padres de familia, el comité femenil antialcohólicos, el comité agrario y la asociación para el crédito, entre otras (^{Vaughan, 2006, pp. 156-175}). En la primera Ley de Crédito Agrícola de 1926, la Escuela Central y el Banco Ejidal tenían como objetivo el educar a los niños y financiar la modernización de las actividades agrícolas de sus padres (^{Mesa Andraca, 1975, p. 51}). Una doble economía de bienes simbólicos (el saber) y bienes fiduciarios (el crédito) se estructuraba para cambiar, educar y disciplinar, simultáneamente, dos generaciones de campesinos. De esta forma, se pretendía crear “Centros de emancipación” -para retomar un vocablo en uso en esa época- en los cuales los indios alcanzarían el nivel de desarrollo material y económico de los campesinos mestizos. Al respecto, el influyente Lombardo Toledano, quien preconizaba “liquidar la economía de autoconsumo”, tenía la siguiente propuesta pedagógica:

Hagamos un programa mínimo para la escuela del campo, convirtámosla en verdadera escuela de desanalfabetización mental, moral y económica. Con dar a nuestros indios la idea del valor que representan, en el tiempo y en el espacio, y hacerlos sentir el beneficio económico del producto de su trabajo, inteligentemente orientado, la integración de su cultura vendrá después espontáneamente (^{Lombardo Toledano, 1973, p. 63}).

En suma, puede afirmarse que las organizaciones en el medio rural del porfiriato hasta la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin jamás estar totalmente desvinculadas de lo agrario y lo productivo, solían extenderse en los ámbitos social, deportivo, político e incluso religioso. Podían inscribirse tanto en la dirección del proceso -oficial o genuino- de civilización, tanto en la dirección opuesta de des-civilización bajo las formas radicales de bandidaje o comunalismo. En todo caso, las sucesivas y a veces contradictorias interpretaciones oficiales en torno a la liberación del campesino compartieron los mismos prejuicios clasistas y culturales, los cuales guiaron las políticas de civilización del indio y campesino organizados. Asimismo, la “representación del campesino como un ser incompleto fue fundamental para permitir la constitución de un aparato político-institucional destinado a la tarea revolucionaria de ‘mejorarlo’ y ‘completarlo’” (^{Palacios, 1999, p. 236}).

ORGANIZAR AL EJIDATARIO

Entre 1930 y 1940 se produjeron cambios decisivos en el proceso de civilización del campesinado, merced a una corporativización total de la sociedad que incluyó, entre otros, al sector militar, a los terratenientes y jornaleros agrícolas. Politizados, sectorializados y sistematizados, los programas para cambiar la mentalidad de la plebe adquirieron un carácter de política de Estado. El pretexto del conflicto mundial permitió al Estado legitimar su política de disciplina de las masas varoniles en vista de las labores del campo y del combate. Con 2 400 000 campesinos arbitrariamente afiliados, la Confederación Nacional Campesina (CNC) empezó su tarea civilizatoria mediante sus Secretarías de Educación Campesina y de Acción Militar, esta última tratando “todo lo relativo a la preparación militar de los campesinos, la coordinación de sus deberes cívicos y de trabajo” (^{CNC, 1988, p. 79}). La disciplina era entendida en un sentido amplio, como una nueva forma de vivir según un modelo de conducta citadino. El rigor de la disciplina castrense en los lugares de encierro debía convertirse en una autodisciplina laboral, moral y ejemplar, cuyo mérito social iba a ser su reproducción -por capilaridad- en todos los ejidos del país. Asimismo, la lealtad de los campesinos cosechada gracias al otorgamiento de una parcela, un rifle y a veces un crédito, se verificaba cuando se pedía a ejidatarios movilizarse para apoyar a un candidato oficial o sofocar una acción colectiva hostil al gobierno. El Estado creó grupos de cenecistas armados capaces de mantener el orden interno, proporcionar información e incluso actuar ocasionalmente como grupos de choque (^{González Navarro, 1977}). El general Cárdenas no dudó en recurrir a la fuerza para aplacar el segundo movimiento cristero (1932-1940) que se levantó en armas contra el “agrarismo hecho soldado” (^{Meyer, 1980, p. 84}), para neutralizar los Cuerpos Sociales de Defensa que constituían el agrarismo rojo de la Liga Nacional Campesina en Veracruz, y también para masacrar la milicia del caudillo potosino Saturnino Cedillo. Según esta nueva lógica, la milicia campesina cenecista y los soldados profesionales debían de luchar juntos para defender la unidad del proletariado (^{CNC, 1938}), la cual posibilitaba a su vez una gobernanza vertical y autoritaria.

Se aplicaron también los principios castrenses de obediencia y disciplina en las escuelas de agronomía, en las escuelas regionales campesinas y en las misiones culturales que, en su conjunto, formaban funcionarios de la burocracia agraria. Los directores diseñaron y mejoraron regularmente la estructura organizacional con el fin de optimizar la vigilancia panóptica de los estudiantes por los docentes. ¹ La idea de convertir a los educandos del campo en celadores morales de su propia conducta perduró más allá de este periodo del militarismo/militantismo educativo, como lo comprueba el caso de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. ² Por otro lado, la organización en 1964 del Cuerpo de Defensas Rurales con ejidatarios ganaderos para proteger sus propiedades y combatir el abigeato, sucede precisamente cuando desaparece la Secretaría de Acción Militar de la CNC. Asimismo, podemos interpretar el fin de la organización castrense de los campesinos como la victoria del proceso de pacificación de las masas pauperizadas; victoria que fue también la del modelo de control corporativo. Si bien se siguió empleando la fuerza física para sofocar brotes de inconformidad (como fueron las guerrillas rurales de Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas) que no habían podido extinguirse con la cooptación de los líderes ni los anuncios demagógicos, las autoridades continuaron privilegiando la negociación de apoyos y favores. En la era del Estado benefactor, protestar se convirtió en incivilidad: la resolución de los conflictos debía pasar por la vía judicial. Esta casi neutralización de la inconformidad correspondió al auge del tratamiento burocrático de los problemas agrarios. “En las décadas siguientes [a Cárdenas] el estilo de tramitación es tan moroso y dilatado que muchos expedientes en lugar de avanzar retroceden. Y pronto ya no es necesario frenar los solicitantes con amenazas o bayonetas, basta un enorme muro de papeles y la siniestra y laberíntica burocracia que los manipula” (^{Bartra, 1992, p. 68}).

Podemos ver en el paso de un control laboral-coercitivo de los grupos campesinos hacia una dominación esencialmente burocrática, la transformación de una sociedad de tipo feudal a una sociedad moderna: la sublimación de la violencia bélica como un signo de civilización. El espectáculo de los desfiles y congregaciones multitudinarias de campesinos leales -verdadera coreografía de la subordinación colectivizada-, se fue convirtiendo en el epítome del control corporativo de las masas.

Este progresivo e irregular proceso de invisibilización de la violencia de Estado corresponde a la construcción de un cooperativismo institucional de nuevo cuño. Inspirándose en experiencias europeas de la posguerra, por un lado, y buscando capitalizar las prácticas nacionales de cooperativismo agrícola de corte católico y comunista, por el otro, los gobiernos priistas alabaron la solidaridad desinteresada de los subalternos organizados. Por ejemplo, en el Congreso Nacional Agrario celebrado en 1959, en Toluca, frente a la supuesta escasez de recursos públicos se recomendaba a los líderes reunidos la “promoción de la ayuda mutua y propia” (^{Anónimo, 1959, p. 77}). De manera general, el Estado se esmeró en capitalizar los beneficios de la solidaridad genuina entre las familias campesinas y los ejidatarios relacionados por obligaciones mutuas. Tan es así que se implementaron programas gubernamentales de duración y alcance variables, para imponer diversos modelos cooperativos, con el fin de reforzar el tutelaje oficial. La diseminación de estas experiencias organizativas en todo el país retroalimentaba la idea de que las obligaciones morales del habitante del campo lo predisponían a ofrecer gratuitamente su tiempo y trabajo para defender una causa común, como lo era la cooperativa. Esta casuística oficial, cuyo léxico se fue renovando en el transcurso de los sexenios, nunca perdió de vista el beneficio político del control económico de campesinos pacíficos ocupados en la resolución colectiva de sus problemas.

Al respecto, puede señalarse que un número significativo de organizaciones creadas por el Estado giraban alrededor del crédito. En 1940, de las 5 139 asociaciones ejidales oficialmente registradas, 99% giraba en torno al crédito, y el 1% restante se enfocaba en la producción agropecuaria (^{Secretaría de Economía, 1949, pp. 89-92}). Los sucesivos regímenes posrevolucionarios buscaron no tanto erradicar el agiotismo porque permitía la reproducción de una clase capitalista útil al gobierno, sino tomar el control del sistema de crédito. La creación de bancos rurales, instituciones oficiales de crédito y fideicomisos ³ permitió ampliar la base de los acreedores dependientes. “El campesino que debe dinero mejor se porta bien y tranquilo. Si no, puede que le exija violentamente el pago, tan violentamente que pueda ir a dar a la cárcel o morirse. O posiblemente sólo se le avise que si mantiene su mal comportamiento se le retirará el crédito y a ver cómo se las arregla. Si el prestamista es un banco oficial se le coloca en una lista negra” (^{Warman, 1988, p. 108}).

Para el Estado benefactor, el crédito fue solamente uno de los elementos que le permitió al mismo tiempo aglutinar a los campesinos en unidades burocráticas verticales y dividirlos en miríadas de subgrupos con prebendas desiguales. “Para que el indio pueda libertarse del dominio de los acaparadores y de los intermediarios, para que pueda obtener el justo precio de su trabajo, es necesario organizar su economía”, preconizaba el destacado sociólogo ^{Mendieta y Núñez (1938, p. 69)} , quien hacía eco de la opinión mayoritaria de los funcionarios públicos. Poca distancia había que recorrer entre la organización de su economía y la organización social. Al mismo tiempo que desarrollaba más y mejores instrumentos institucionales para controlar las masas rurales, el Estado hablaba de la necesidad de liberar la economía campesina. El sentido económico de la liberación del indio en la era posrevolucionaria correspondía, para sus voceros, con la posibilidad de convertirse en productor/consumidor por completo. En su justificación del decreto de la sustitución de la Dirección de Asuntos Indígenas por la Secretaría de Economía y Cultura indígena en 1941, un diputado federal declaró: “Que siendo el problema del indio fundamentalmente un problema de origen económico, debemos atacarlo partiendo de esta base, es decir, enseñarlo primero a trabajar para hacerlo un factor de producción, y después, crearle necesidades que lo obliguen a alimentarse, vestir y vivir mejor, capacitándosele así posteriormente para aprender a leer y escribir la lengua de la nación.” ⁴

Y también: “Determinar cuáles de estas razas se encuentran más preparadas para transformarse en grupos productores y consumidores y cuáles se encuentran en condiciones en general, menos preparadas y otras en estado de ‘momificación’”. ⁵ La ausencia de desarrollo de los pueblos rurales se explicaba oficialmente por el predominio de una economía doméstica irracional que se caracterizaba por su falta de planeación, su desorganización, su aleatoriedad y priorización de gastos superfluos como el alcohol y las fiestas. El propio presidente Ávila Camacho declaró:

Es cierto que la previsión individual, única posible mientras no se establezca la social, no debe practicarse a expensas de la satisfacción de necesidades elementales de la vida; pero sí debe reemplazar en la economía popular a los dispendios, por pequeños que se les suponga, en que se incurre cuando faltan educación económica y normas técnicas para regular la alimentación, el vestuario y la morada (^{Departamento Agrario, 1941, p. 64}).

Esta forma genérica de vida del sector rural pobre de la sociedad era denunciada no solamente por ser antieconómica, sino que tenía consecuencias directas sobre el retraso del desarrollo de los pueblos indígenas y, de manera general, sobre el avance de la nación entera hacia el progreso.

Este doble propósito de hacer del indio un buen consumidor y un buen productor ha sido un objetivo político constante para lo cual se emplearon diferentes unidades administrativas del gobierno. La escuela pública, y en particular los internados indígenas como espacios disciplinarios de control (cf.^{Foucault, 2002, p. 130}), proporcionaron a las mujeres cursos de economía doméstica, higiene y costura, mientras que los varones recibían una formación práctica como panadero, herrero, soldador, tejedor, zapatero, etc. El taller comunitario era un modelo bastante difundido por las autoridades para transformar las condiciones locales de producción en una economía capitalista en pequeña escala, que mantenía arraigada la población y aprovechando su saber hacer tradicional. Esta voluntad de secularizar los estereotipos de la artesanía indígena de acuerdo con su lugar de origen, era ciertamente un epifenómeno del costumbrismo que veía en el folclor una razón única y suficiente para no erradicar a los campesinos indómitos. Además, la creación de estas organizaciones productivas locales daba a los líderes la posibilidad de emprender redituables negocios.

Durante ese periodo que corre de los años treinta hasta principios de los noventa, las organizaciones corporativas oficiales, las organizaciones rurales afiliadas al PRI y las agrupaciones independientes buscaron todas, con desigual sinceridad, captar recursos para el mejoramiento material y cultural de sus agremiados.

De manera general, líderes sindicales e intelectuales compartían esta visión de una transformación definitiva, total y radical de la forma de ser de los campesinos. Siendo candidato a la presidencia, Lombardo Toledano refrendó la necesidad de contar con un programa nacional para la agricultura que incluía la elevación del nivel de vida, alimentación, vestido y manera de vivir. “Deben desaparecer para siempre los jacales, las chozas insalubres, oscuras, llenas de parásitos, verdaderos focos de infección. Deben hacerse nuevos poblados higiénicos, limpios, alegres. […] Es menester, también, educar médicamente a la masa campesina para desterrar en ella prejuicios ancestrales” (citado por ^{Silva Herzog, 1964, p. 530}). El proceso de civilización no cumplía con las expectativas de las elites para que fuera visto como campaña profiláctica o bien como cruzada moral de la pastoral católica. La política gubernamental de negociación coyuntural y diferenciada de las demandas de los grupos para solucionar (parcialmente) sus problemas, aunada a una corrupción generalizada del aparato burocrático y una histórica desigualdad socioeconómica en el campo, frenaba el desarrollo de los ejidatarios pobres. Javier Rojo, secretario general de la CNC, reiteraba con fuerza en 1962 que “La cultura de las masas es fundamental para su progreso. Urge mejorar su mentalidad, su aptitud y ambición por alcanzar una vida mejor” (^{CNC, 1988, p. 165}). Estas llamadas de emergencia de la clase política para acelerar y eficientar el proceso de cambio de las masas rurales desembocaron en una serie de iniciativas gubernamentales dentro de las cuales puede ser mencionada la creación, en 1970, del Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (IMPI), cuyo propósito era transformar “mujeres otrora entregadas a trivialidades, en madres responsables y trabajadoras sociales para el bienestar de sus propios hijos y de su comunidad. En suma, el IMPI va cambiando el rostro y la mentalidad de una sociedad ociosa, en una sociedad productiva”. ⁶ Es de resaltar que el Estado benefactor se interesó cada vez más en el control del tiempo y sus usos: según él, la vida de las sociedades rurales debía de ser regida por el mismo ritmo que el de las colectividades industrializadas. Desde la escuela, la administración pública y las corporaciones gremiales se trató de erradicar las cosmovisiones autóctonas en torno al tiempo y el ser humano. En nombre de un nuevo saber científico-administrativo sobre el campesinado (saber legitimado por la revolución verde y la industria), las autoridades gubernamentales fomentaron la medición de las actividades útiles e inútiles, el cálculo de los tiempos económicos y la planificación de la productividad cotidiana de los pobres. La economía rural matematizó las carencias, aptitudes y necesidades en un afán por clasificar las conductas colectivas frente al capital. Se buscaban soluciones para incrementar los ingresos de los subalternos mediante la optimización de su tiempo. Precisamente, una vertiente del combate institucional de lo que se llamó infrasubsistencia, marginación y luego pobreza, fue el combate del ocio de las masas campesinas. En talleres para dirigentes cenecistas, por ejemplo, se enseñaba a estos últimos cómo llevar una agenda de trabajo, cómo organizar el empleo de su tiempo diario y semanal.

En suma, el Estado intentó, con resultados imperceptibles, transmutar sucesivamente el ocio en tiempo libre, y luego el tiempo libre en tiempo productivo. Esta voluntad acéfala, pero duradera, de convertir el ocio improductivo de los campesinos en libertad emprendedora se basó, durante más de 50 años, en la visión de un campesinado bajo tutela. El corporativismo dominó la vida organizativa de las poblaciones rurales. Por su parte, el campesino solía posicionarse diferentemente frente a los programas gubernamentales, agrupándose o alejándose en función de los beneficios escomptados.

LIBERTAR AL TRABAJADOR RURAL

A finales de los años ochenta, grosso modo, se empezó a esbozar una nueva relación del Estado con los ciudadanos. El progresivo abandono del Estado de bienestar se enmarcó dentro de una serie de contingencias como la crisis del petróleo y la devaluación de la moneda nacional, y una mayor dependencia de México para con los organismos internacionales de desarrollo. También el proceso de democratización de la vida política caminó a la par con la apertura escalonada del mercado interno. En lo que concierne a la relación del Estado con las organizaciones campesinas, se dislocaron las empresas paraestatales, los apoyos a la producción/comercialización se vieron opacados por programas de bienestar social, y la estructura ejidal se fue fragmentando (^{Flores Lúa, Paré y Sarmiento, 1988, pp. 232-236}). Aparecieron más asociaciones autónomas junto con un neocorporativismo que, hasta cierto punto, logró cooptar las organizaciones rurales que no estaban afiliadas a un partido político. Esta progresiva pero irreversible reorientación de las políticas públicas hacia el sector rural, cuyos lineamientos -en no pocos casos- fueron diseñados por organismos internacionales de desarrollo, llegó a transformar el universo de las organizaciones campesinas mexicanas debido a que planteó la problemática del desarrollo rural fuera del marco corporativo.

En el prólogo del libro de Salinas de Gortari, Producción y participación política en el campo, publicado en 1982, Camacho Solís escribió: “El campesino ya no es el talón de Aquiles de la estabilidad política, aunque es el principal cuello de botella para un proyecto de desarrollo rural” (^{Salinas de Gortari, 1982, p. VI}). Esta aseveración, por parte de un destacado miembro de la aristocracia política, indica que el proyecto histórico de civilización del campesinado no estaba concluido: la fuerza del corporativismo priista había podido controlar los disensos y las disidencias, más no cambiar por completo la mentalidad de los campesinos pobres. La vigilancia panóptica de las y los trabajadores durante más de medio siglo no desarraigó totalmente las creencias tradicionales: seguían existiendo en el campo rizomas de pensamientos sincréticos que desafiaban el orden capitalista. Asimismo, esta crítica genérica de Camacho Solís en contra de la sociedad rural anunció una batería de medidas políticas en cuyo centro estaba la colectividad rural y su refuncionalización.

La renovación de la perspectiva gubernamental en torno a las organizaciones rurales debe entenderse en el marco de la integración económica mundial de México con su ratificación del acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1992, y dos años después con su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El modelo empresarial se impuso como modelo organizacional para las agrupaciones locales con el triple propósito de seleccionar a los beneficiarios con el mejor perfil de gestores, formar empresarios diletantes con virtudes pedagógicas y hacer de la empresa social el núcleo de un desarrollo multidimensional. Con la anuencia del Estado, la lógica mercantil se destiló en las organizaciones campesinas independientemente del nombre del partido en el poder. ⁷ Leyes, reglas de operación, obligaciones de los accionistas y metas anuales qué alcanzar, se convirtieron en un saber especializado en manos de una minoría local y regional. La contraparte de esta sobrevaloración institucional de los conocimientos administrativo-financieros fue un mayor distanciamiento entre representantes y representados al interior de las agrupaciones. El proceso de burocratización de las colectividades rurales legitimó las diferencias de capital (cultural y de educación) entre los socios, lo cual convirtió la adquisición de un saber especializado -como la gestión financiera de proyectos, por ejemplo- en un instrumento de movilidad social de los más aptos. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 prometió:

Impulsar programas integrales de capacitación y organización de los campesinos en todo el territorio nacional. Esto les permitirá conocer y beneficiarse de los derechos que la ley les concede respecto de la tenencia de la tierra, para desarrollar sus habilidades productivas, aprovechar los avances tecnológicos y usar racionalmente sus recursos, con el propósito de elevar su nivel de vida y con ello alcanzar su integración al desarrollo nacional. ⁸

Mediante la multiplicación de convocatorias, concursos y premios, se fue rediseñando el proceso de civilización a partir de la colectivización de la superación personal y emulación de los emprendedores exitosos. De manera más o menos directa según los programas, los beneficiarios han sido conminados a reagruparse alrededor de un líder capaz y capacitado quien, mutatis mutandi, ve legitimar su posición dominante. La figura del broker, tal como la analizó ^{Wolf (1956, pp. 1065-1078)} en el medio rural mexicano a mitad del siglo XX no ha sufrido mayores cambios en la era del neocorporativismo porque el Estado sigue requiriendo de autóctonos con espíritu voluntarista para fungir como portavoces de sus coterráneos. Lo que sí puede notarse es que, en el papel, la balanza se vino inclinando más hacia la capacidad de gestión que hacia la lealtad partidista; aunque es menester reconocer la pervivencia de la corrupción y la discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos gubernamentales. La legitimación de la dominación social de gestores instruidos y bien relacionados se enmarca dentro de la normalización sistemática de las sociabilidades genuinas; una etapa que fue desde el corporativismo estatal al social (^{Schmitter, 1992, pp. 15-66}).

El poder ejecutivo federal emprendió la regularización de las actividades de las organizaciones civiles ⁹ para enmarcar la acción colectiva desinteresada: filantropía, altruismo y voluntariado. En estas últimas tres décadas se ha podido notar una voluntad transexenal de “partidización” de la sociedad civil mediante la orientación de los apoyos a asociaciones afines y la creación de organizaciones afiliadas al partido en el poder (^{Lutz, 2017, pp. 61-88}). La gestión, por terceros, de programas de apoyo constituye una vertiente del proceso de transformación institucional de las sociedades rurales. En efecto, el Estado abre convocatorias y firma contratos con profesionistas seleccionados, quienes realizan la labor de identificar posibles beneficiarios en zonas prioritarias, convencerlos y capacitarlos para que se organicen y “bajen” recursos. La generalización de la subcontratación debe entenderse como una estrategia institucional para “tercerizar” el desarrollo social y rural, lo que a su vez limita la intervención directa del gobierno en turno. De esta forma se tiende a ocultar la orientación partidista de los recursos para el desarrollo social y rural.

Se ampliaron los mecanismos para fomentar la autoorganización de subsectores de la población rural con la veleidad de desmoronar el habitus del asistido y sembrar la idea de ciudadanos corresponsables de su destino económico. Este paradigma de sujetos “activamente dependientes” para con el gobierno no se circunscribe a la producción agropecuaria, sino también a los ámbitos de la salud, educación, de lo social y cultural. ¹⁰ Los sucesivos regímenes políticos apoyaron la idea de que las agencias de desarrollo rural, asociaciones civiles y los prestadores de servicio profesional (PSP), convenzan a los núcleos familiares para constituirse ya sea en empresa social o en cooperativas, aprovechándose de sus relaciones consanguíneas para capitalizar necesidades económicas comunes.

En el marco de la flexibilidad laboral, se alienta a los campesinos marginados (es decir los sin tierra, desempleados e insatisfechos) para que busquen trabajo fuera de su lugar de origen. El jornalero agrícola y el inmigrante se convirtieron en figuras emblemáticas del proceso contemporáneo de civilización en el campo, pues el Estado ve en ellos una mano de obra barata y polivalente. Es más, se han impulsado programas para trabajadores rurales temporales en los cuales se seleccionan cuadrillas de campesinos jóvenes fuertes, disciplinados y sanos, cuya experiencia agrícola es exigida pero no reconocida. ¹¹

De manera general, desde la última década del siglo XX se está apostando explícitamente por una economización de lo social a través de una explotación intencional de las sociabilidades genuinas en vista del mercado. Académicos y burócratas comparten cada vez con más frecuencia el axioma de que lo económico es inmanente a toda organización social. ¹²

El léxico gubernamental banaliza la asociación de las palabras “social” y “empresa”, como lo muestra el repetido uso de las expresiones “empresa social”, “empresa socialmente responsable” y “cooperativas”.

Las organizaciones deben contar con principios universales del cooperativismo que han generado éxito en un sinnúmero de empresas de productores a nivel mundial y que son la autogestión, la autorresponsabilidad y la autoayuda… [para crear] una mayor capacidad autónoma de crecimiento de sus habitantes y modificar las relaciones entre los grupos sociales, para un mejoramiento económico, intelectual, social y de bienestar de la población de un determinado territorio (^{SAGARPA, 2009, pp. 8, 13}).

Esta referencia extraída de un documento oficial ilustra el paso de un cooperativismo gremial dirigido por el Estado benefactor, a uno empresarial basado en el voluntarismo compartido. Se privilegia, ya sea en nombre de la globalización o de una “regeneración nacional”, un proceso de civilización operado por los propios subalternos organizados quienes deben de competir entre sí para beneficiarse de recursos públicos. Precisamente, este viraje epistemológico puede verse en la operación de un sistema de control de los marginados del campo basado en el hecho de que son ellos quienes deben ejercer sus derechos, organizarse, asimilar los lineamientos de la política gubernamental y solicitar asesoría para lograr su emancipación.

Como consecuencia de la delegación parcial de responsabilidades a la ciudadanía, se incrementó de manera exponencial el número de organizaciones civiles desde las décadas de los ochenta-noventa, al grado que una ley federal de 2004 ordenó sustituir el término organización no gubernamental (ONG) por organización de la sociedad civil (OSC), obligando a estas últimas a tramitar su registro público, rendir informes, así como comprobar el uso y destino de los recursos que administran (^{Sánchez y Cabrera, 2018, pp. 122-126}). Aunque en menor medida que en las ciudades, las zonas rurales conocieron también esta dinámica de aparición de nuevas sociabilidades debido a la dinámica poblacional de migración, por un lado, y la elevación del nivel educativo, por el otro. Según el tamaño del poblado, sus características y problemáticas, pueden operar: brigadas de un partido político, un comité local de desarrollo rural, una asociación de regantes, de padres de familia, una organización de defensa de los derechos humanos, un colectivo de jóvenes, un comité de fiesta, bandas de música, clubes deportivos, grupos de autoayuda (alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos…), células de la mafia y asociaciones religiosas. Esta lista no exhaustiva debe incluir también la acción comunitaria de las fundaciones que se dedican al desarrollo material y cultural de regiones rurales marginadas. Precisamente, estas organizaciones urbanas que cuentan con financiamiento de filántropos, organismos internacionales de desarrollo y de la administración pública -como el cofinanciamiento de la Secretaría del Bienestar, por ejemplo-, refuerzan la acción civilizatoria del Estado. Dedicadas muchas de ellas a la organización específica de poblaciones indígenas, construyen escuelas y albergues; encauzan el respeto por la naturaleza y la conservación del medioambiente; mejoran la alimentación de los más pobres con dietas balanceadas; promueven valores urbanos de igualdad y democracia en la comunidad… En otras palabras, filántropos humanistas ven en la distancia cultural que los separa para con los subalternos, una oportunidad para manifestar su magnanimidad bajo la forma de un “desinterés fingido”. ¹³

Por otro lado, se dio una reorganización de las estrategias militares en el campo enfocándose en una guerra de baja intensidad en contra de los campesinos inconformes con los proyectos del gobierno. Según un experto de la ONU, en 2011 operaban 167 grupos paramilitares en todo el país (^{Ravelo, 2011, pp. 10-15}). En el estado de Guerrero, las escisiones del Ejército Popular Revolucionario (EPR), aunadas a la violencia armada de células de los cárteles de droga dieron pie a la creación de grupos ilegales de autodefensa en las numerosas comunidades rurales donde se produce y transporta droga. Allí los pobladores rurales se organizan, clandestinamente o no, para defenderse de una violencia acéfala, aceptando formas de des-civilización, o bien, inventando proyectos alternativos de civilización. La creación de policías comunitarias en Guerrero, Michoacán y Oaxaca es, en muchos casos, una respuesta local a la inseguridad (^{Gasparello, 2009, pp. 61-78}). Pero cuando estas iniciativas se despliegan más allá de las fronteras livianas del autoempleo y empiezan a poner en entredicho la acción de la “mano derecha del Estado” -para retomar una metáfora de ^{Bourdieu (1999, pp. 11-22)} -, la respuesta de este último se torna violenta porque pretende reafirmar su monopolio del uso legítimo de la fuerza. De hecho, la terciarización de los apoyos sociales permite al gobierno consolidar la acción de su mano derecha, lo cual implica el monitoreo, infiltración y neutralización de grupos de opositores, armados o no. En estos frentes de guerra -incluso cuando el gobierno en turno declara emplear estrategias pacíficas- se mantiene el tutelaje gubernamental para organizar batallones de civiles como brigadas comunitarias, grupos de autodefensa y paramilitares. En el marco de la corresponsabilidad y del voluntariado, el Estado pide la cooperación de la ciudadanía rural organizada para estrechar su vigilancia sobre los individuos, siendo un ejemplo el funcionamiento interno de los grupos locales del programa PROSPERA, y los actuales comités ciudadanos/consejos de los pueblos. El ciudadano se volvió una pieza clave de su propio control en un periodo de la historia en el que se busca disolver la distancia entre el modo de vida rural y urbano en nombre de una emancipación ciudadana. Un objetivo del proceso contemporáneo de civilización consiste precisamente en dar un alcance universal al autocontrol y la autovigilancia.

Aunado a lo anterior, es posible afirmar que detrás de las diferencias ideológicas entre los partidos que han gobernado a México en las tres últimas décadas se vislumbra una voluntad perenne por intervenir en el destino colectivo de los sujetos rurales. Sin haber dejado de ser un cliente del Estado, el productor es considerado también como víctima de políticas anteriores (siempre erróneas) y vestigio de un pasado colectivo que se resiste a morir. El campesino es visto en el periodo actual como un agricultor en potencia y se le ha pedido en ocasiones, obligado en otras, convertirse en el agente activo de su propio cambio. Si bien la lucha transexenal en contra de la pobreza ha permitido federar las carencias individuales en nombre del bien común, no obstante, la reconversión productiva, la pluriactividad, el narcotráfico y la migración son fenómenos que han trastornado la categoría clásica de “campesino”. El reconocimiento de la diversidad se ha vuelto parte del paradigma de lo políticamente correcto, pero, en los hechos, hombres y mujeres del campo han estado cada vez más relacionados con la delincuencia organizada que opera en el medio rural, como víctimas, productores de amapola y marihuana o, eventualmente, pandilleros. Al flagelo de la violencia estructural con sus casi 50 000 000 de pobres en México, se han sumado los estragos de la violencia criminal, tal como se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. ¹⁴

En el programa Sembrando Vida, destinado a jóvenes agricultores con aspiraciones para la forestería sustentable, se menciona: “Además, se promoverá la organización social y productiva de las/los sujetos agrarios, como una forma de recuperar el tejido social en las comunidades, lograr la autosuficiencia alimentaria de las/los sujetos agrarios, mejorar la calidad de vida de las localidades en donde opere el Programa, y en un mediano plazo, generar procesos de valor agregado y comercialización”. ¹⁵

La expresión “recuperar el tejido social” es entendida por los estadistas contemporáneos como la reconstrucción de sociabilidades sobre la base de valores enlistados por el gobierno. Se trata de una iniciativa que, en el campo, pretende empoderar a los sujetos sociales para que sean patriotas y apegados a los principios ciudadanos, económicamente solventes, fuertes físicamente, además de disciplinados.

CONCLUSIONES

En un poco más de un siglo, el campesino mexicano ha sido objeto de una atención constante y plural por parte del Estado, para obligarlo a abandonar su particular forma de ser. Con sus avances y estancamientos, sus estrategias coercitivas y sus incitaciones subliminales, el proceso de civilización recurrió siempre a formas colectivas de organización. De manera general, esta voluntad perenne del Estado para cambiar la mentalidad del campesinado se caracteriza por: 1) conservar la hegemonía histórica en cuanto al control de una jurisprudencia del saber-vivir en sociedad; 2) remarcar constantemente el atraso cultural y material de la plebe rural, explicando el segundo por el primero; 3) inculcar modales elementales para modificar el habitus del campesino pero con la posibilidad de liberarse de la dominación de clase, y 4) utilizar la masificación del campesinado al mismo tiempo que dividirlo en subcategorías jerarquizadas y excluyentes. Estos elementos se encuentran diversamente combinados en los tres grandes periodos que hemos discernido.

De 1880 a la revolución, aproximadamente, predominó un proceso de civilización coercitivo pero incompleto porque se dejaba a la Iglesia y a los terratenientes la tarea de redimir a los trabajadores del campo. Si el trabajo educaba, la disciplina instruía. De manera paulatina se vino consolidando el modelo castrense de organización del campesinado, además de ver el paternalismo caciquil retomado progresivamente por caudillos presidentes. En las tres primeras décadas del siglo XX, se discutieron nuevas formas de organización de los labradores a partir del acceso a la tierra y al crédito, mientras surgían multitudes de agrupaciones con propósitos diversos. A la par con la edificación de una poderosa burocracia agraria, el Estado posrevolucionario promovió el arquetipo de un “hombre nuevo”, trabajador mestizo, sano, fuerte y leal al gobierno.

Entre 1940 y 1980, grosso modo, se fortaleció un Estado benefactor cuyo control omnipotente del campesinado pasó por una política de cooptación/represión de las organizaciones. Los diferentes movimientos sociales que sacudieron el paisaje rural pusieron a prueba la capacidad de negociación de las autoridades. Es también un periodo histórico en el cual la ciencia se puso al servicio del proceso de civilización evaluando, proponiendo y dando seguimiento a los programas gubernamentales de desarrollo social y rural. Si bien se mantuvo el modelo corporativo de representación política de las masas del campo, no obstante, se fue privilegiando a las organizaciones económicas cada vez más pequeñas. Al lado, y a menudo a la par con el surgimiento de organizaciones independientes, se crearon cohortes de sociedades rurales espurias para captar recursos.

De la década de 1990 a la fecha, el proceso de civilización del campesino conoció una reorientación. El fin del Estado interventor y paternalista en un contexto de democratización de las instituciones y liberalización del mercado, permitió, por un lado, la eclosión de una gran variedad de agrupaciones de la sociedad civil y, por el otro, consolidó el perfil gerencial de las organizaciones de productores. Asimismo, se dejó a terceros la tarea de encauzar el desarrollo rural sobre la base de criterios universales, y se dejó también a los propios campesinos la responsabilidad de su destino económico. Por su parte, el neoindigenismo ya no considera grupos indígenas que civilizar sino sujetos que deben ejercer colectivamente sus derechos.

Finalmente, es pertinente aseverar que el proceso de civilización del campesinado ha perdurado desde el inicio del proceso de modernización del país porque constituye la materia sobre la cual el Estado ensaya sus poderes demiúrgicos. Los resultados, pues, no han estado a la altura de las esperanzas de la elite, pero la organización rural sigue siendo vista como un factor prioritario de transformación económica y cultural de los habitantes del campo.