Los jornaleros y las haciendas durante el último cuarto del siglo XIX en Yucatán

La historiografía indicó que al terminar el siglo XIX en México la propiedad estaba concentrada en unas pocas manos. Y el sustento legislativo era tal que la ley de 1894 permitió a las haciendas absorber las tierras de los indígenas, tanto baldías como comunales; es por ello que el 97 % de las tierras estaba en manos de los hacendados y terratenientes, mientras que solo el 1 % siguió siendo comunal. Así, los indígenas perdieron la propiedad de las tierras donde sembraban maíz y otros productos (^{González Navarro 1970 a, 179-194}; ^{Soler dos Santos 1986, 197}; ^{González Navarro 1994, 66-81}). De acuerdo con ^{González Navarro (1994)}, el cultivo de henequén se extendió desde 1850 gracias a la enajenación legal de tierras baldías y comunales. Ante la falta de tierras para sembrar, los indígenas mayas trabajaban jornadas extensivas empleados bajo el esquema de las leyes de 1863, que permitían la permanencia tanto del trabajo forzado como el endeudamiento (^{Alamilla y Pellicer Larrea 1994, 16-17}; ^{González Navarro 1994}). Los peones de las haciendas, al recibir bajos salarios, recurrían a préstamos y, si no cumplían con sus obligaciones, se les aplicaban castigos corporales.

En 1909 Kenneth Turner denunció los abusos que los trabajadores sufrían a manos de los capataces y de los hacendados en Yucatán, en su libro México bárbaro (^{González Navarro 1970 b, 203-204}); ahí describió cómo el cultivo del henequén permitió a la oligarquía yucateca generar una enorme fortuna gracias a la opresión laboral de los jornaleros, quienes eran vendidos como parte de la hacienda, y podían ser susceptibles de cualquier clase de castigo, incluso la muerte (^{Kenneth Turner 1993, 10-12}). Turner acusaba a Porfirio Díaz de haber restablecido la esclavitud y el peonaje en México (^{González Navarro 1970 a, 260-261}).

De tal manera que los asesinatos y castigos corporales públicos a los jornaleros podrían servir para mantener el control social descrito por ^{Michel Foucault (1990)}, cuando apunta que el castigo público disciplina al transgresor y, de paso, a los concurrentes, quienes comprendían que eso les pasaría si actuaban de la misma forma. Así, las penas sobre el cuerpo eran un correctivo no solamente individual sino colectivo. Kenneth Turner apuntó que se «la explicó muy claramente don Felipe G. Cantón, secretario de la Cámara. Es necesario pegarles. Porque no hay otro modo de obligarles a hacer lo que uno quiere» (^{Kenneth Turner 1993, 18}). Los hacendados castigaban con látigo a los peones capturados en intentos de fuga del centro laboral, y esta sanción enfatizaba el poder del hacendado sobre los peones (^{Soler dos Santos 1986}).

Un panorama de las condiciones de trabajo en las haciendas es descrito en el Libelo difamatorio de don Tomás Pérez Ponce.., en donde acusaba al C. Audomaro Molina, dueño de la hacienda Cumpich, de ser esclavista. El documento narra que los jornaleros trabajaban catorce horas al día y que la finca era una prisión para ellos y para sus familias. Manuel Escoffié reconoció que las fincas constituían un sistema esclavista «egoísta e injusto» que generó la riqueza pública de Yucatán (^{Escoffié 1960, 25-27}). ^{Manuel Palma (1978)} indicó que «las haciendas se convirtieron en campos de esclavitud, y por cualquier falta eran castigados con encarcelamiento (o) azotes» (15-16). La élite meridana quería guiar a Yucatán por el camino de la industrialización al modernizar la agricultura; integraron el henequén con el mercado mundial y del centro de México para posicionar sus productos. La falta de mano de obra les impedía extender la producción, pero el endeudamiento y su legislación en 1863 garantizó la permanencia del peón maya en la hacienda (^{García Quintanilla 1990, 134-137}; ^{Peniche 1990}; ^{Pérez de Sarmiento 2002, 98, 109}).

A pesar de que las condiciones laborales de los campesinos mayas eran muy duras, se decía que contaban con servicio médico, casas con patio para sembrar y criar animales domésticos, en comparación con los indígenas del resto de México (^{Escoffié 1960, 24-26}). La ley de 1863 permitía a los encargados de las haciendas (mayordomos y capataces) dar castigos corporales y escarmientos públicos a los jornaleros; esto quedó justificado en pro de aumentar la laboriosidad y la erradicación de la inmoralidad en la que se decía que vivían los peones. También se valían de la «nohoch cuenta», instrumento que consistía en crear una deuda que se incrementaba de acuerdo al criterio del hacendado que la imponía. ^{Kenneth Turner (1993, 15-16)} mencionó que lo más sorprendente en torno a la deuda es que no existía libro alguno que lo registrase. Al final, la pequeña deuda se tornaba impagable. La demanda de mano de obra era tal que, en algunas ocasiones, otro hacendado pagaba la deuda del jornalero para que este se fuera a trabajar para él (^{Soler dos Santos 1986, 191}). Lo descrito fue denominado como esclavitud por la prensa decimonónica y empezó a documentarse en los periódicos por el enorme interés por parte de la población.

Periodismo y crimen en México

De acuerdo con ^{Irma Lombardo García (1998, 25)}, en el siglo XIX, hacia la década de los setenta, empezó a figurar en la redacción de algunos órganos el especialista en la noticia, denominado en ese entonces como reporter (actualmente conocido como reportero).² Gracias a esta figura, aparecieron géneros como el reportaje y la entrevista (25). Manuel Caballero fue el primer reportero mexicano, que después de un viaje a Estados Unidos importó a nuestro país el noticierismo sistematizado en el periódico El Noticioso -1880- (77).

Una de las temáticas que resultaron más propicias para vender fueron las noticias policiacas, bautizadas como nota roja, particularmente en El Mercurio Occidental -diario de Guadalajara- (^{Lombardo García 1998, 88)}. Según ^{Lara Klahr y Barata (2009, 23)} el coloquialismo decimonónico calificaba como nota roja al tratamiento popular de una temática periodística -la policiaca y judicial- que apareció de manera formal con la prensa industrial en México a lo largo del último cuarto del siglo XIX.

A finales de los años ochenta del siglo XIX, las páginas de la prensa mexicana se llenaron de tinta roja, ya que los reporteros informaban sobre personas desaparecidas, mujeres enterradas vivas o exhumaciones de cadáveres. También abordaban robos, asesinatos, incendios, estrangulamientos, inundaciones, descarrilamientos de trenes, aprehensión de políticos, descubrimientos de tesoros, eventos que despertaban el interés del público (91).

El reportaje en poco tiempo sobrepasó a la crónica, ya que su demanda fue en aumento y paulatinamente se incorporó a las primeras planas, a pesar de que se les consideraba de poca calidad y se les acusaba de dar un trato banal a los hechos y de incurrir en excesos en nombre de la oportunidad informativa (93-94). Según Lombardo García, el sensacionalismo del reportaje fue un éxito porque existía un público ávido de noticias de ese género. La crisis cotidiana de la sociedad se veía reflejada en esos reportajes y el público aceptó leer en los periódicos la difícil situación en la que se vivía (97).

De acuerdo con ^{Lara Klahr y Barata (2009, 51)}, «la nota roja ha servido en México para señalar un conjunto de informaciones referidas a temas que entran en conflicto con la ley penal, así como aquellos que dan cuenta de múltiples desgracias sociales, cuya dimensión remite a otros tiempos, cuando las consideraciones sobre la justicia estaban atrapadas entre las imprecisiones y el oscurantismo de las leyes, y los rígidos preceptos teológicos eran tan claros como el miedo al castigo».

Así que, para finales del siglo XIX, en México los hechos dramáticos eran una pieza fundamental en la conquista de los públicos masivos y la consolidación del periodismo industrial (^{Lara Klahr y Barata 2009, 51}). Los asesinatos y acontecimientos dramáticos se convirtieron en los grandes temas de los reporteros, al reinventar el periodismo con descripciones detalladas, al relatar crímenes y hechos de sangre. El ímpetu de sus narraciones y el masivo consumo popular hicieron creer a la sociedad en la existencia de una violencia superior a la de antes, pero Lara Klahr y Barata afirman que «se trataba de una violencia narrada más que una violencia vivida» (52).

Para el caso del estado de Yucatán, según ^{Castillo Canché y Mex Albornoz (2010)}, la selección de hechos de sangre aparecidos en la prensa a finales del siglo XIX se encontraba más vinculada a las relaciones laborales en las haciendas yucatecas y a los conflictos electorales. Las primeras notas rojas como género periodístico en el caso de Yucatán fueron sobre política (45). Estos autores mencionan que el primer caso con las características del periodismo moderno en Yucatán fue «El crimen de Tekax», por parte de El Eco del Comercio, que dio seguimiento del caso, para lo cual se requirió acudir al lugar de los hechos y tomar nota de todo lo que permitiera aclarar el homicidio.

Antecedentes

Al inicio de la década de 1880 la prensa yucateca ya presentaba descripciones de crímenes de jornaleros. La Revista de Mérida³ publicó el 24 de febrero de 1882 que los crímenes estaban aumentando. Para Castillo, este incremento era resultado de la tensión social debida al crecimiento modernizador (^{Castillo Canché 1995, 36-38}). También La Revista, en otra noticia del 21 de julio de 1887, expresó: «es de lamentarse que a pesar del tiempo transcurrido poco se ha hecho por esclarecer lo consumado entre los labradores. Deben los jueces poner en actividad toda su inteligencia para descorrer el oscuro velo que encubre a los delincuentes.

Es preciso que brille la verdad jurídica». En el contexto yucateco de la época había un aumento en el número de crímenes, por lo que desde la prensa se exigía esclarecer los delitos y aplicar la ley contra quien resultara responsable.

En el caso «Lo de Maxcanú», publicado en La Revista el 8 de enero de 1895, se relató que el capitán Idelfonso Sánchez asesinó, con tiro de revólver, a Trinidad Chim porque él y otros dos individuos que apresó se negaban a ir a Sahcab a construir la Casa Escuela que ordenó el jefe político. Este fue un escarmiento público ejecutado por las autoridades militares; un ejemplar castigo con la misión de disciplinar a la gente (^{Foucault 1990}). La Revista consideró que dicho acontecimiento pugnaba «contra el estado de civilización ultrajando a la sociedad». Estos ejemplos muestran el interés de la población meridana sobre los sucesos que acontecían en las áreas rurales. El crimen continuó registrándose; sin embargo, la forma de retratar a los criminales fue cambiando, al igual que la manera de narrar los sucesos.

«Crimen de Tekax»

Una narración periodística que describía la muerte violenta de un jornalero recibió una gran cobertura por parte de El Eco del Comercio,⁴ fue «El crimen de Tekax». Cabe subrayar que, tras una ardua revisión hemerográfica, no se hallaron evidencias de otro crimen tan documentado por un periódico durante el Porfiriato en Yucatán. La noticia se publicó de tres a cuatro veces por semana alrededor de tres meses.

Todo sucedió en Tekax (significa ‘lugar agreste’), sitio que antes de la Conquista perteneció a la provincia de Tutul Xiu; tras la Conquista conformó una encomienda. En 1823 se consolidó como cabecera y en 1825 formó parte del partido de Alta Sierra. En 1840 recibió dicho nombre; al año siguiente, el Congreso le concedió a esta villa el título de ciudad. Ahí se estableció un cuartel militar para contener a los mayas rebeldes de la guerra de castas y se comenzó a explotar la caña de azúcar. En septiembre de ese año, tropas estadounidenses entraron para apaciguar a los mayas (^{Duch Collel et al. 1998, 548-549}). En 1850 volvió a ser atacada y el 14 de septiembre de 1857 hubo una matanza que permitió expulsar a los mayas rebeldes. En 1877 se comenzó a plantar henequén en Tekax, por lo que el trasporte de esta materia prima hizo indispensable la aparición del ferrocarril en 1893. Esta próspera región contó con dos periódicos: El Fronterizo, que circuló de 1879-1888, y El Eco de la Sierra, en 1890-1899 (548-549).

El 23 de agosto de 1890 El Eco publicó una nota donde informó que en Tekax: «del lado norte de la población que conduce al pueblo de Pencuyut, sorprendieron a un perro que traía una cabeza humana, esas buenas gentes lograron que el perro dejara a su presa e inmediatamente se dio parte del suceso». La nota cuenta que la autoridad no podía descubrir la autoría del crimen ni la identidad de la víctima porque la cabeza estaba maltrecha. Fueron el reportero y las autoridades quienes encontraron, siguiendo al can, el resto del cadáver, decapitado entre espinas y zarzas. El hallazgo fue descrito de la siguiente forma: «¿Cómo estaba la cabeza y cómo el resto del cuerpo? ¡Horror! La crueldad llegaba a su último grado». No sabían quién(es) era(n) responsable(s) del hecho, pero fueron catalogados como «víctimas de instintos salvajes, abortos de la naturaleza, monstruos repulsivos de la especie humana». La noticia informó que la autopsia reveló que la decapitación no la causó el perro, sino que ocurrió por dos heridas que dividieron el temporal y parental izquierdo hasta la masa cerebral, y otra del temporal izquierdo que le arrancó la oreja. El cuerpo también presentaba una herida en la oreja derecha y otra más en la mandíbula inferior. El pecho tenía una penetración que dividía el corazón. El hombro derecho casi se descolgaba del resto del cuerpo al igual que la mano izquierda, el nivel de violencia ejercido bien se puede resumir en la frase: «ojalá nunca se repitan estas escenas que mucho desdicen de la moralidad y de la cultura».

El 26 de agosto de 1890, El Eco aseguró que supo por un telegrama el nombre de la víctima: Silverio García, jornalero de la hacienda Catmís. La nota destacó que «la autoridad de Tekax ha sido impotente para descubrir a los autores del crimen tan atroz [...] es lamentable la impotencia de la autoridad, el hecho de haber sido identificado el cadáver del occiso [...] es bastante para llegar a los asesinos». La información publicada destacó que, desde el 26 de agosto, se detuvo a los mayordomos⁵ Fuentes y Calderón, por considerarlos responsables del homicidio de Silverio García, sin embargo, confirmaba también que, tras su aprehensión, fueron liberados prontamente, hecho que causó indignación, pues se consideró que por «obediencia de la misma autoridad a influencias poderosas o artimañas a mala ley fueron mandados poner en libertad». El tráfico de influencias fue planteado en las páginas centrales del periódico el 30 de agosto de 1890, al dar a conocer a los lectores que Calderón y Fuentes persiguieron al occiso por orden del personero Araujo, quien dijo que Silverio le debía dinero al dueño de la finca y que por tanto no podía dejarla.

El 30 de agosto de 1890 El Eco informó a sus lectores que no se sabía nada de los asesinos del jornalero de Catmís, y exigieron «al Sr. Juez de 1.^era instancia de Tekax no omita diligencia alguna para el esclarecimiento de los culpables sin detenerse en consideraciones de ningún género».

Los hechos subieron su tono cuando El Eco aseveró el 2 de septiembre de 1890 que había enviado a «un reportero a los pueblos del sur, por los que fue paseada la víctima, solo con el objeto de recoger datos verídicos del público y de esta manera contribuir al esclarecimiento y castigo de los verdugos». Podría interpretarse que la autoridad del lugar no hacía lo necesario por esclarecer el crimen, ya que la investigación que emprendió era insuficiente.⁶

La prensa presionaba a las autoridades para actuar. El 2 de septiembre de 1890, se dio a conocer que el gobernador de Yucatán, coronel Daniel Traconis, envió una carta al periódico diciendo: «existe la autoridad en Tekax que procede en la averiguación del asesinato pudritorio. Al mismo tiempo se ha dirigido al jefe político de Tekax ordenándole preste a la autoridad judicial todo el apoyo para sus investigaciones», y agregó que a las autoridades de Tekax tenían que reportar semanalmente el estado de las investigaciones. Al parecer, la presión que ejerció El Eco impactó sobre la investigación.

La persecución de Silverio García se dio cuando los mayordomos Fuentes y Calderón lo siguieron hasta Tenabo, de allí a Penkuyut y por último a Tekax. El Eco indicó el 2 de septiembre de 1890, que Fuentes, Calderón y Araujo eran los autores y, además, aseveró que «quien sabe cuántos otros delitos se han cometido con los sirvientes del sur».

A lo anterior se sumó la carta que Calderón envió al editor de El Eco el 6 de septiembre de 1890. Este documento afirmaba que él permaneció incomunicado mientras estuvo preso, desde el sábado a las seis de la tarde hasta las dos de la tarde del martes en que quedó libre. Calderón destacó, delante del alcalde del pueblo, que era sospechoso del homicidio de Silverio García y que estaba allí para dar cuenta de sus actividades; en su declaración decía que Fuentes lo involucró en el asunto y que no era empleado del dueño de la hacienda, licenciado Manuel Cirerol y Canto, ⁷ y que tampoco conocía a Silverio García.

El Eco destacó que personas del pueblo de Teabo dijeron que «se pidió el auxilio de la fuerza armada para la persecución de Silverio García cuando Calderón lo solicitara, uno de tantos mayordomos de las fincas de campo del Sr. Cirerol que ese cateó por tres días consecutivos las casas de la esposa, madre y abuela del muerto y todo fue inútil puesto que García se encontraba fuera de Teabo». Calderón persiguió a García porque al huir incumplía con la deuda que tenía con la hacienda, por tanto, este tipo de persecuciones eran justificables.

En nota publicada por El Eco el 6 de septiembre de 1890, se relató sobre las reacciones ante la muerte del jornalero por parte de su familia. La abuela de García era muy pobre y «tenía los ojos rojos por el desconsuelo y los párpados hinchados por el llanto, vivía en compañía de su hija, nieta, la hermana de Silverio, y Eusebia Naal (la esposa del difunto), todas llorando».

El corresponsal transmitió a los lectores una descripción casi literaria de la esposa del occiso: «Eusebia Naal es una joven de 24 años de edad, de constitución fuerte, hermosa y simpática de fácil palabra y con una cabellera más que hermosa espléndida». Ella vivía con su suegra, María de la Cruz García, en compañía de sus dos hijos gemelos, Pedro y Sofía, de dos años de edad. Ella contó al corresponsal que Silverio tenía una relación laboral con el señor Cirerol, quien compró la hacienda de Catmis a Sixto Hercila entre abril y mayo de 1890 y aseveró que la venta incluyó a los empleados: «cambiamos de amo, pero Silverio quería seguir trabajando con D. Sixto Hercila y este le dijo que debía de servir a su nuevo amo». Pero Silverio pidió licencia para salir a comprar jabón y sal. El permiso le permitió huir para esconderse en casa de su antiguo amo en Tekax. Los permisos los daba el personero Araujo, «encargado de los ranchos y de la casa del Sr. Cirerol». Eusebia Naal indicó que Calderón empezó la persecución su «esposo. Vinieron a catear esta casa por el mayordomo al frente de una tropa armada que mandaba un tal Español, como si fuéramos ladrones otra vez la catearon con fuerza armada mandaba creo uno de Tixmenac que es D. Manuel Sosa. Catearon la milpa de mi madre y de mi hermana (están) situadas en un terreno [...]. Ese allanamiento lo verificó Timoteo Paredes y soldados de Teabo […] ya teníamos miedo porque venían con fusiles». El Eco evidenció cómo las autoridades y hombres armados servían a los intereses de los hacendados.

La esposa de Silverio relató cómo se enteró de la muerte de su esposo: «Procedentes de Tekax trajeron a Teabo la noticia de la muerte de Silverio, reconocieron las prendas no lejos del cadáver el cual no alcanzaron a ver por haber sido ya sepultado. Después fui llamada por D. Zacarías Sansores que por orden de D. Sixto me entregaba $2 que no recibí y me dijo que pase a Tekax para arreglar la deuda de mi esposo, llena de zozobras e inquietudes pasé a Tekax en compañía de mi madre y de mi suegra. Ya en Tekax fui introducida al despacho del juzgado habiendo sido rechazada mi madre y mi suegra. En el juzgado reconocí las prendas de mi esposo tuve ganas de gritar, sentí que se me obscurecía la vista y que se me mojaban los ojos que me estaban ardiendo». La anterior declaración reprodujo la confrontación de la mujer con el Sr. Hercila: «si no lo hubieses engañado para que abandonase el servicio de D. Manuel Cirerol, no hubiese pasado esta desgracia».

El 8 de septiembre de 1890, El Eco publicó que se observó un carruaje que tenía las cortinas sueltas, y dentro estaba uno de los mayordomos del Sr. Cirerol; era Calderón, quien se dirigía a Teabo. Estando allí averiguó que: «vecinos de Penkuyut fueron llamados a declarar ante el juzgado de Tekax, el interrogatorio fue limitado a hechos que ayudaban al esclarecimiento de la verdad». En esa misma fecha el reportero señaló que un informante le mostró el lugar donde se halló el cadáver «la 1.era diligencia judicial lo recogió de este lugar, hace suponer que había sido traído de otra parte y tirado. No se halla aquí gota de sangre, y hay más, el hecho de haberse encontrado al lado opuesto de ese camino fue para confundir a la justicia».

La actitud de la administración de justicia en Tekax fue seguida por El Eco, y en la nota del 8 de septiembre felicitó a la autoridad tekaxena y al Juez de primera instancia por la recopilación de datos para aprehender a los presuntos criminales (Fuentes, Araujo y Calderón). Luego criticó la pronta liberación advirtiendo: «la sociedad lo deplora, pareciera desvanecido el consejo de la autoridad judicial. La conciencia pública deseosa de conocer hasta dónde fuese posible la actitud del Sr. Juez hará sus deducciones, le expresé los deseos de contribuir por el deber impuesto por la ley a todo ciudadano de cooperar para ayudar a la justicia para los esclarecimientos de los hechos sometidos a la acción penal».

El 9 de septiembre de 1890, El Eco demandó que la sociedad contaba con el derecho de estar informada, y criticó la acción del juez en el siguiente tenor: «si el Juez hubiese obrado con la cautela e inteligencia […] los asesinos no habrían sido liberados. [La autoridad] debió constituirse al lugar donde fue encontrado el cuerpo de García y detallar todos los accidentes y circunstancias, haciendo notar todas las huellas o señales para formar un juicio exacto de que si allí se efectuó el homicidio o si solo fue llevado el cadáver».

El Eco insistió en elevar el nivel de la investigación pericial con tres acciones: un cateo en las propiedades o bodegas del Sr. Cirerol para determinar si lo mataron o no allí Fuentes, Araujo y Calderón; la toma de declaraciones a cocheros de los ranchos, y la exigencia de incomunicarlos previamente.

En esa nota del 9 de septiembre, El Eco expuso: «No aceptamos dejar al tiempo y a la casualidad la averiguación de posdelitos». Además, se presumió la existencia de tráfico de influencias, ya que el exdueño de la finca, Sixto Hercila, era secretario del Juzgado, por lo que se dijo: «fuera de toda duda lo primero que debió de haber hecho el Juez de la causa era separarlo de esta Secretaría». El Eco expresó que Hercila ocultaba información para encubrir la gravedad del suceso. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. El editor de El Eco, Manuel Heredia Argüelles, fue citado por el Juzgado Primero de lo Criminal para hacerle un exhorto. El interrogatorio fue para cuestionarle cómo obtuvo todos los datos de sus notas. La actitud de la autoridad fue criticada por El Eco el 09 de septiembre de 1890: «está perdiendo un tiempo precioso con exhortos inoportunos: dijimos que en los números 1108 y 1109 nuestro periódico fue el fonógrafo de la opinión pública, repitió las versiones que circulaban más o menos verídicas pero sin hacerse autor ni responsable de ninguna. Tengamos poca esperanza del resultado de estas diligencias que no en Mérida sino en Tekax, la justicia debe de encontrar toda verdad del último crimen, puesto que sin ser jueces la hemos recogido».

El 10 de septiembre de 1890, El Eco continuó acusando a las autoridades de Tekax de dejar al asesinato como un enigma. Advirtió a sus lectores que parece no haber «nada que indique que se quiera llegar a la averiguación de este crimen proditorio, un pobre jornalero, que no tenía más delito [que] haber abandonado el servicio considerándose como prófugo. Con franqueza ya esta conducta de las autoridades encargadas del castigo de los criminales nos hará escépticos y descreídos y exclamar, parodiando a Bruto: ¡Justicia! No eres más que una palabra». Además del descrédito hacia las autoridades civiles, también se denunció el interés por saber sobre los atropellos que sucedían en las haciendas.

Al parecer, el escándalo del asesinato de Silveiro García desató repudio entre los demás jornaleros, quienes empezaron a buscar medios para impedir este tipo de acciones, narraciones que fueron expuestas el 10 de septiembre de 1890. Por ejemplo: Policarpio Cul asistió con el Juez de Paz Nicolás Canto para denunciar la flagelación de Pedro Chim que recibió por parte de José M. Ramírez, mayordomo de la hacienda Catmís, cerca de «cien azotes a tal grado de tener gusanera», para luego encerrarlo en una celda para que se recuperara de las huellas del castigo; por tanto, «pide fundado en estos poderosos motivos su separación de aquella finca para librarse de tratos inhumanos».

El 16 de septiembre de 1890 El Eco publicó la declaración de Luisa Ku, quien «estaba presa en San Antonio Catmís». Así, las autoridades rurales fueron expuestas por El Eco como ineficaces para la administración de la justicia. Para el editor, este tipo de acciones eran «actos de barbarie que pugnan contra los fueros de la ley y de la humanidad, nosotros como hijos y vecinos de esta localidad deseamos el esclarecimiento y castigo de aquellos actos tan repugnantes».

F. Montes de Oca⁸ y Manuel Tenreiro eran los redactores de El Eco de la Sierra, y enviaron una carta a El Eco en donde denunciaban la intervención del Estado para la aplicación de la justicia, y emitieron la siguiente opinión en la nota del 10 de septiembre de 1890: «esta es la errónea herencia que tenemos de la esclavitud y de la crueldad que ejercen los hacendados sobre los humildes y sufridos jornaleros».

Los días pasaban y el crimen de Tekax no se esclarecía. El Eco publicó el día 13 de septiembre de 1890 que: «la autoridad Judicial del Departamento de Tekax guarda completa inacción en el asesinato de Silverio García». En esa misma publicación figuraba un escrito de F. Montes de Oca y Manuel Tenreiro M. Ambos sostenían que los jornaleros eran «tratados de forma inhumana y tiránica, condenan y rechazan con toda energía a los que son capaces de estos actos de barbarie que pugnan contra los fueros de la ley y de la humanidad». Y aseguraban que «la sociedad ha llegado a un grado tal de desmoralización y desenfreno que mira con indiferencia los ataques más cínicos a la inviolabilidad humana». Con lo anterior, la publicación pretendía demostrar la injusticia sobre el caso de Tekax y de los abusos constantes sobre los jornaleros.

El interés que despertó lo sucedió en Tekax traspasó las fronteras del periodismo de Yucatán. El Eco reportó en una nota del 13 de septiembre que El Metropolitano del Distrito Federal publicó, en su número 2099 del 31 de agosto de 1890, parte de los sucesos del asesinato de Silverio García. Desde luego, tenían el conocimiento y hasta cartas de relatos de tratos similares a los trabajadores. «Se trata de un hacendado que por un fusil [sic] pretexto castigó a varios de sus trabajadores de su hacienda de caña, solo porque no se conformaban con el jornal que se les tenía asignado». El periódico capitalino presentaba a los hacendados como tiranos y déspotas frente a la opinión pública, lo cual puede verificarse con la siguiente afirmación: «existe la costumbre de tratar a sus criados peor que animales».

El Eco también advirtió que periódicos metropolitanos, como El País, daban a conocer este tipo de hechos atrayendo la mirada de reprobación sobre Yucatán, al afirmar que en sus haciendas «son maltratados los sirvientes y que D. Fulano o D. Sótano [sic] sean hombres crueles, no se puede seguir así». Tras las denuncias de El Eco, se removió de su cargo como secretario del Juzgado a Sixto Hercila.

El 23 de septiembre de 1890 se mencionó que Valerio Fuentes y Miguel Araujo fueron detenidos, indicando que «ya hay indicios de cumplir con la justicia». En una carta publicada con la misma fecha se pidieron cateos en las fincas del Sr. Cirerol, enunciando lo siguiente: «desmoraliza, mantener a sus sirvientes en la ignorancia de sus derechos y de las autoridades que están colocadas para resolverlo, creemos que es nuestro deber llamar la atención sobre la conducta del Juez de Tekax», y afirmó que dieron a conocer la declaración de Ku para despertar a la opinión pública. El Eco mantenía su postura pidiendo cárcel para los homicidas al presionar al Juez primero de Tekax a cumplir con su labor.

Ante todo lo sucedido en Tekax, El Eco fue el único medio que difundió este hecho de manera amplía. Sin embargo, La Revista publicó el mismo día, 23 de septiembre de 1890, una carta del Juez de Tekax, licenciado Dionisio González, con fecha 18 de septiembre del mismo año, en donde decía: «he tenido que guardar silencio respecto de los ataques repetidos que me dirige la redacción de El Eco con motivo de las diligencias que practica el Juzgado de primera instancia de mi cargo para averiguar quiénes son los autores del homicidio en la persona de Silverio García, atribuyéndome indiferencia, debilidad y torpeza en la tramitación de ellas». En líneas posteriores justificó su actuación aludiendo que su proceder se apegaba al protocolo del sumario vigente: «tengo que suplicar a la sociedad que por ahora suspenda su juicio y no pronuncie fallo alguno hasta que pueda fundarlo en el conocimiento de la causa, y a la redacción de El Eco y a cualquier otro periódico que se ocupe del asunto que omita publicar datos y declaraciones, que aun en el supuesto de que sean verídicas producen el grave perjuicio de prevenir a los criminales y suscitar dificultades en la tramitación de la causa y aprehensión de los culpables».

A pesar de esa publicación, El Eco siguió informando en torno al crimen de Tekax y pidiendo el castigo de los responsables. En el número del 27 de septiembre de 1890 dijo que no bastaba con detener a Araujo y Fuentes, pues Calderón, un tal Español, Manuel Sosa y Timoteo Paredes continuaban libres del peso de la justicia. También criticó la flagelación dada a Pedro Chim, por haber huido de la hacienda Catmís, quien eventualmente falleció por las heridas: «no parece intencional esta inercia de la autoridad pues que permite el tiempo para que los autores de las flagelaciones de San Antonio y Catmís hagan borrar y desaparecer las huellas de su atroz crueldad».

Por otra parte, La Razón Católica,⁹ el 27 de septiembre de 1890 publicó el artículo «Silverio García», de D. Juan F. Molina Solís, en el cual llamó la atención sobre las aseveraciones que se hacían contra los hacendados yucatecos diciendo que podrían ser calumnias. El tono del escrito no contradijo a El Eco, hasta elogió la cobertura noticiosa, pero exhortó al esclarecimiento de los hechos para evitar que se etiquete públicamente a los hacendados como esclavistas.

La Revista retomó los sucesos de «El crimen de Tekax» en una nota del 5 de octubre de 1890; pedía al «mentado periódico» (El Eco) que no publicará datos del crimen, y exigió que dejara de manchar el nombre del Juez del lugar, alegando que «los ataques contra el Sr. Juez González han concluido por hacer dudar a muchos de la competencia de este honorable funcionario, lo cual significa un error basta con recordar que el Lic. González es uno de los autores de la administración de justicia que hasta hoy vigente en nuestros tribunales y colaborador en la formación de la constitución política del Estado, aquel funcionario pide justicia del periódico que lo ataca, que omita la declaración de datos y hechos que deben de permanecer reservados para no entorpecer el curso del proceso y a la sociedad se suplica se abstenga de pronunciar su fallo». A El Eco le pareció absurda tal aseveración, y replicó lo siguiente el 7 de octubre de 1890: «Creemos que no tienen razón para pedir que la sociedad suspenda su fallo sobre la conducta que ha observado. En cuanto a La Revista es de deseársele mejor criterio».

Los crímenes contra los jornaleros no dejaron de figurar en el periodismo meridano decimonónico; sin embargo, no se registró otro asesinato ni flagelación que captara la atención como sucedió con el caso de Silverio García en Tekax. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 1890 El Eco dio a conocer el homicidio de Silvestre Concha, un carpintero de la hacienda Chacan del Partido de Tixkokob, quien fue victimado a machetazos por sirvientes de la hacienda. En Tekax, un año más tarde se reportó el homicidio de Feliciano Uicab, quien fue muerto por causa de una flagelación. Al parecer el crimen quedó impune, y El Eco esgrimió la siguiente pregunta el 10 de octubre de 1891: «¿Están prohibidos los azotes por nuestra legislación penal? O la muerte causada por flagelación constituye delito calificado». El peritaje de los médicos legistas sobre este crimen destacó lo siguiente: «hallaron de la espalda hasta las nalgas un sin contar de azotes con inflamación horrible con 31 golpes en la cara, uno mayor que existe sobre el ojo izquierdo que llegaba hasta las sienes y lo demás del cuerpo estropeado. En ambas pantorrillas existen rozadoras donde fue amarrado para evitar que no se pudiera mover». La nota también informó que por este crimen el mayordomo Canuto Soberanís fue condenado a doce años de cárcel y su cómplice Marcelino May a seis años. El 11 de marzo de 1893, El Eco reportó que, en la finca de Cirerol de Cenotillo, un mayordomo fue macheteado mientras dormía por mano de los jornaleros; posiblemente se trató de un ajusticiamiento. El licenciado Manuel Cirerol tenía varias fincas, y en ellas sucedían cosas similares, pero la prensa revisada nunca lo señaló con el ímpetu del crimen de Tekax, sino que lo dejó en un tono de denuncia social que únicamente atacaba a las autoridades rurales, mas nunca a dicho hacendado.

El homicidio de Silverio García dejó de figurar en las páginas de El Eco después del 7 de octubre de 1890, probablemente por la presión que ejercieron las autoridades y también quizá por amenazas de los hacendados, quienes posiblemente temían la etiqueta pública que mencionaba La Razón Católica que se les daría, la de esclavistas. Ya no se reportó qué sucedió con los autores del crimen. Sin embargo, las muertes por persecución o flagelación en las haciendas no dejaron de suceder. La redacción informaba de asesinatos y agresiones que acontecían entre sujetos del mismo peldaño social, y solía destacar la presencia de alcohol cuando la víctima o el victimario estaban intoxicados durante la ejecución del hecho.

Discusión

El crimen de Tekax de 1890 se sitúa en Yucatán durante el gobierno de Daniel Traconis (1890-1894). ^{Marisa Pérez de Sarmiento (2002, 22)} sostiene que este periodo se caracterizó por la consolidación política que tendió a favorecer a determinados grupos familiares que ejercían tanto el control político como el económico. Sin embargo, ^{Lara Klahr y Barata (2009)} apuntan que la prensa muchas veces criticaba la forma de hacer justica. El caso analizado planteó una crítica sobre las costumbres que pervivían en Yucatán a finales del siglo XIX al igual que sobre la ley y sus modos de impartir justicia, los cuales desfavorecían a los peones mayas en pro del auge del henequén o la caña de azúcar y de las familias latifundistas. La revisión historiográfica apuntala esta idea e ilustra cómo fue el contexto en donde moraba el peón. En ese sentido, podría ser conveniente revisar comparativamente la nota roja y su crítica en varios estados mexicanos, para analizar las diferencias de criminalidad y el marcado número de asesinatos a periodistas que caracteriza a México.

Algunos historiadores como ^{Elisa Speckman Guerra (1992)}, ^{Pablo Piccato (2010)}, ^{Jorge Isidro Castillo Canché y Luis Canto Valdés (2010)} estudiaron crímenes reportados en la prensa y revisaron percepciones de la conducta antisocial relatadas por la misma como un aparato moralizador citadino siempre en el mismo grupo social. Este crimen es diferente, ya que no exhibe dos partes antagónicas, sino que más bien muestra evidencias de cómo se integraba en la nota roja una crítica a las condiciones laborales y al andamiaje legal y de investigación que cimentaban el maltrato de los jornaleros mayas por el personal del hacendado.

Si bien es cierto que en la nota roja de «El crimen de Tekax» narrado por El Eco, de acuerdo con lo que señalaron Jorge Isidro Castillo Canché y Mario David Mex Albornoz, aparece la figura del reporter, conviene reconocerlo como un ejemplo de cómo un periódico, gracias a la investigación, cumplía con la función de informar a una sociedad sobre algo. Y criticaba el contexto jurídico en el que ocurría, los errores y omisiones de procedimiento y cuestionaba desde su percepción ética lo que consideraba injusto.

La documentación hemerográfica (El Eco, La Revista) revisada, tanto del crimen de Tekax como de otros en la prensa yucateca, reportó maltratos de jornaleros mayas por parte de capataces y personeros. Pero, tal como en el crimen de Tekax, el nombre del dueño de la finca, Manuel Cirerol y Canto, nunca figuró como autor intelectual del crimen; de hecho, El Eco apuntó que era el dueño de las haciendas en donde los crímenes acontecían, pero su nombre nunca fue manchado, aun cuando se podría suponer que él sabía la forma en la que sus empleados administraban sus haciendas, donde campeaba la injusticia.

Conclusión

Este crimen coincide con lo mencionado por ^{Servando Otoll (2015)}, Claudio ^{Lomnitz (2015)} y ^{Beatriz Alzate Ángel (2014)}, quienes destacan que en ocasiones hubo sucesos que transcendieron debido a la cobertura que se les dio, en respuesta a replanteamientos políticos. La nota roja, en ocasiones, se convertía en un suceso que daba lugar a repercusiones que generaba críticas sobre lo que venía acaeciendo desde antaño. Estos autores destacaron que los periodistas realizaban investigaciones donde reproducían parte de la información recabada, y el testimonio fungía como arma de denuncia social, teniendo como punto de partida un hecho real, el cual era manejado por el periodismo.

Como se documenta aquí, las injusticias sociales en las que vivían los peones mayas acasillados no eran algo nuevo para la década de 1890, por lo que el crimen de Tekax fue uno de muchos otros, donde los peones eran maltratados y asesinados con brutalidad. El Eco en 1890 cuestionó este tipo de actos, pero la legislación yucateca permitía el endeudamiento, y la «aprehensión» de los peones que huían de las haciendas se realizaba con uso de la fuerza, aduciendo deudas.

Como se argumenta, en el Congreso Agrícola celebrado en 1896 en Tuxtla Gutiérrez se replanteó la situación del endeudamiento y del maltrato de jornaleros, hasta entonces vigente, a pesar de denuncias existentes, tales como la del crimen de Tekax para el caso de Yucatán. De hecho, ^{Lomnitz (2015)} menciona que uno de los miedos empleados para reprimir el crimen en la capital mexicana era la amenaza del envío de infractores a haciendas, para inhibir las conductas no deseadas, como robos y asesinatos atroces. Esto demuestra que los sistemas de producción y sus injusticias eran vistos y juzgados como inhumanos e inapropiados. La prensa de entonces recopilaba testimonios y los presentaba a partir de reportajes. En este tenor ^{Beatriz Alzate Ángel (2014)} indicó, para el caso de Putumayo, que había intereses sobre lo que sucedía en los ingenios de producción, y de inmediato apareció el maltrato a los jornaleros y la población cautiva en estos espacios por diversos mecanismos legales que favorecían al empleador, por lo que quizá no fue algo privativo de Yucatán, sino una realidad histórica compartida hasta las postrimerías de finales del siglo XIX e inicios de la primera década del siglo XX, temporalidad en donde se inscribió la investigación de Kenneth Turner, quien casi una década después encontró lo que se narró años atrás en periódicos como El Eco.

El crimen de Tekax evidenció que la prensa de la última década del siglo XIX comenzó a criticar un hecho, el de la cuasiesclavitud de las haciendas henequeneras que contaba con un amparo legal y con el apoyo de las autoridades, el cual debía de ser replanteado, y eso fue lo que se hizo en la Convención de Chiapas de 1896, sin embargo, la historia muestra que las cosas tardarían en cambiar.