Introducción

En lo que respecta a la migración centroamericana, particularmente la procedente de Guatemala, Honduras y El Salvador, México es conocido tradicionalmente por ser un país de tránsito de migrantes.¹ Desde los años noventa, cientos de miles de personas procedentes de Centroamérica transitan cada año el territorio mexicano dirigiéndose principalmente a Estados Unidos (^{Alba y Castillo, 2012}; ^{Nájera Aguirre, 2016}; ^{Canales Cerón y Rojas Wiesner, 2018}).

Esta movilidad a gran escala se debe principalmente a la falta de empleo y los diferenciales de ingresos, la violencia pandillera y los conflictos políticos en los países de origen (^{Giorguli et al., 2018}; ^{El Colef, 2018}). Asimismo, entre los factores que conducen a las personas centroamericanas a elegir Estados Unidos como destino, cabe destacar las oportunidades laborales con mejores salarios, los mayores niveles de seguridad y las redes sociales con las que cuentan los migrantes en territorio estadounidense -especialmente cuando se trata de familiares cercanos-.² En comparación con el tránsito, las cifras de la inmigración centroamericana en México captadas en la encuesta intercensal del año 2015 refieren un fenómeno cuantitativamente más reducido, pues las personas de quince años o más procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador se estimaban en 42 900, 14 500 y 10 600, respectivamente (cifras en ^{Masferrer y Pederzini Villareal, 2017}). No es de extrañar que la migración en tránsito haya acaparado el interés de numerosas investigaciones y que sean considerablemente menos aquellas cuyo énfasis está puesto en las personas centroamericanas asentándose/estableciéndose³ en México.⁴ No obstante, los patrones de movilidad y asentamiento de la diáspora centroamericana parecen estar en proceso de cambio.

Un conjunto de trabajos de corte cualitativo muestra a los migrantes centroamericanos estableciéndose en territorio mexicano⁵ por periodos de tiempo que permite su consideración como inmigrantes temporales o permanentes. El asentamiento en el territorio mexicano puede resultar del abandono o aplazamiento de planes iniciales de alcanzar Estados Unidos, o el resultado de la elección de México como destino final desde un principio. Sin embargo, estos trabajos no permiten cuantificar el fenómeno más allá de un reducido número de casos observados. Apenas existe investigación que analice el fenómeno del establecimiento de los migrantes centroamericanos en México por medio de las fuentes estadísticas disponibles (como excepción, véanse, por ejemplo, ^{Masferrer y Pederzini Villarreal, 2017}; El Colef et al., 2019).

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que los recientes cambios en las políticas migratorias de México y Estados Unidos pueden dar lugar a cambios en los patrones de movilidad y asentamiento de las personas centroamericanas en Norteamérica. Por un lado, desde los noventa hasta la actualidad, las políticas migratorias y de protección internacional de ambos países han impuesto diversas trabas (muros, restricciones legales, controles migratorios, etcétera) para dificultar o impedir que los migrantes y los refugiados alcancen el territorio estadounidense. Por otro lado, en la última década, México ha desarrollado ciertos mecanismos jurídicos (refugio, protección complementaria,⁶ entre otros) para proteger y ofrecer oportunidades laborales a una parte de la población que deja atrás sus países de origen en Centroamérica.

El objetivo de este trabajo es analizar las fuentes estadísticas que permiten una aproximación al fenómeno de establecimiento de migrantes y refugiados en México en cuanto a la elección de este país como destino final y como lugar donde solicitar refugio u otra forma de protección internacional, dando cuenta de sus alcances y limitaciones. Para la consecución del mismo se desarrollan tres secciones. Primero, se examinan los antecedentes en la literatura académica sobre asentamiento de las personas centroamericanas en México y se debate sobre algunos de los conceptos relevantes para el análisis. Segundo, se analizan las políticas migratorias y de protección internacional tanto estadounidenses como mexicanas prestando especial atención a la manera en que promueven a México como lugar asentamiento de los migrantes centroamericanos. Tercero, se analizan los datos de diversas fuentes de datos estadísticos que permiten un mejor entendimiento del fenómeno del establecimiento de la migración centroamericana en México: Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur), encuestas realizadas a participantes de las caravanas de migrantes⁷ en la ciudad de Tijuana, registros de organizaciones de la sociedad civil, registros administrativos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Migrantes asentándose en México: ¿una parada en el viaje o final del camino?

Las investigaciones cualitativas sobre los migrantes centroamericanos en México han examinado varias de las razones por las cuales se establecen en determinados lugares de la geografía mexicana⁸ y las han confrontado con los proyectos migratorios originales. En particular, gran parte de la reflexión ha girado en torno a cómo se produce el asentamiento en territorio mexicano en relación con el destino inicialmente planeado.

Como se mencionó, los migrantes procedentes de Centroamérica mayormente pretenden alcanzar Estados Unidos, pero durante su travesía es frecuente que tengan que realizar estancias cortas en México. Así, algunos migrantes deciden trabajar en este país durante un tiempo para obtener recursos con los que sufragar los costes de viaje y contratar servicios de coyotaje (^{González Arias y Aikin Araluce, 2015}). También realizan estancias que duran el tiempo necesario para el logro de documentos que les permitan desplazarse libremente por el territorio mexicano sin correr el riego de ser detenidos y deportados por las autoridades (^{Candiz y Bélanger, 2018}; ^{París Pombo, 2018}).

Sucede que algunas de estas estancias cortas terminan en permanencias por largos periodos de tiempo y en que los migrantes se asienten en México (^{Fernández Casanueva, 2014}; ^{Rivas, 2014}; ^{Fernández Casanueva y Rodríguez, 2016}; ^{Faret, 2017}). Incluso las paradas de un día pueden suponer cambios relevantes. ^{Candiz y Bélanger (2018)} analizan las estancias⁹ que realizan los migrantes en los albergues; estos autores encuentran que estas breves estadías son relevantes para mantenerse en la movilidad, pero también que son propicias para que se modifiquen las trayectorias migratorias.

Algunos investigadores refieren razones por las que los migrantes en tránsito deciden asentarse en un determinado lugar de tránsito: 1) oportunidades de emplearse y lograr medios de subsistencia, 2) establecer relaciones de pareja, 3) tener hijas/os en México o traer a las hijas/os nacidas/os en sus países de origen, 4) tener cercanía con sus lugares origen y la posibilidad de hacer y recibir visitas de familiares, 5) la incertidumbre y peligros de proseguir el camino (^{Fernández Casanueva, 2014}; ^{Fernández Casanueva y Rodríguez, 2016}).

Aunque la evidencia presentada es escasa, la investigación cualitativa también muestra casos de migrantes centroamericanos cuyo destino final es México, entre ellos, personas deportadas que recibieron el castigo de la prohibición de reingreso a Estados Unidos. Además, existe un fenómeno de personas que parten sin rumbo fijo empujados por la pobreza y la violencia en sus países de origen y que podrían quedarse en México si encuentran oportunidades laborales (^{Rivas, 2014}).

Regresado a aquellos que pasan del tránsito a establecerse en México, la literatura académica se ha planteado esta interrogante: ¿Hasta qué punto los asentamientos son permanentes o siempre quedará la esperanza y el deseo de alcanzar Estados Unidos? Para el caso de los migrantes haitianos que han estado estableciéndose en la ciudad de Tijuana a partir del 2016, ^{Méroné y Castillo (2018)} se preguntan si la permanencia de estos en dicha ciudad supone un tránsito prolongado o el desarrollo de un nuevo destino migratorio. Para el caso de la migración en tránsito hacia Europa, Streiff-Fénart y Poutignat, 2014 (citado en ^{Faret, 2018}), consideran que:

la instalación en la ciudad de tránsito nunca se presenta como una opción de vida, e incluso después de años de presencia y el abandono definitivo del proyecto de Europa, el lugar del anclaje sigue siendo vivido como un espacio liminar, un umbral que ya no está limitado por el cruce de la frontera, sino por la promesa siempre abierta y futura de una buena vida en otra parte.

Otra cuestión similar es la siguiente: ¿Cuánto tiempo debe permanecer un migrante en México para que deje de estar en tránsito y se considere inmigrante en el país? Para este caso tampoco hay una respuesta generalmente aceptada.¹⁰ Esto se debe en gran medida a que el tránsito migratorio es un fenómeno complejo que va más allá de trayectorias migratorias simples y lineales que conducen a los migrantes del país de origen al país receptor, pues el tránsito incluye las estancias (etapas) en determinados lugares que pueden durar meses o incluso años (^{Faret, 2017}; ^{París Pombo, 2018}). Lo que puede hacer difusa en ciertas ocasiones los límites entre tránsito migratorio e inmigración.

Todo este conocimiento cualitativo debe complementarse con el análisis de la evidencia empírica cuantitativa que posibilite dimensionar el fenómeno y la generalización de resultados. ^{Masferrer y Pederzini Villarreal (2017)} emplean la encuesta intercensal 2015 y los censos sobre población y vivienda de 2000 y 2010 para dimensionar la población de Guatemala, Honduras y El Salvador en México, y su evolución en el tiempo. Estas autoras distinguen entre migrantes recientes y no recientes, según el lugar de residencia en el país de origen 5 años antes. Encuentran que la evolución de las magnitudes de migrantes ha sido modesta. Asimismo, estiman que 6 576 guatemaltecos, 3 131 hondureños y 1 878 salvadoreños son migrantes recientes (esto es, no residían en México en 2010).

Aunque estas cifras palidecen en comparación con las magnitudes poblacionales de México y de la migración en tránsito centroamericana, consideremos que es relevante analizar a través de encuestas y registros administrativos que proporcionen información para intervalos más cortos que los censos y encuestas intercensales -anuales, semestrales, etcétera- por las siguientes razones: 1) Las necesidades y exigencias en términos de políticas públicas son diferentes en lo que respecta a una población que se está estableciendo respecto a una que pasa solo semanas o pocos meses en tránsito. 2) Todo apunta a que las cifras de asentamiento están en aumento. 3) Aunado a lo anterior resulta relevante tener en cuenta que las políticas migratorias mexicanas y estadounidenses de la última década están favoreciendo que México sea cada vez más lugar de destino y de mayor asentamiento de la diáspora centroamericana.

Entre la ambivalencia de México y la ofensiva política antiinmigrante de Estados Unidos

Los gobiernos de México y Estados Unidos han buscado dar forma al flujo de migrantes centroamericanos a través de políticas migratorias de control cuyo carácter restrictivo no embona con las necesidades vitales y de protección de la población procedente de Centroamérica, con la consecuente generación y predominio de la situación de irregularidad. Aunque hasta la fecha se puede hablar más del fracaso que del éxito de estas políticas,¹¹ esto no significa que no estén teniendo cierto grado de incidencia para moldear los patrones de movilidad y asentamiento de las personas centroamericanas; por lo que resulta fundamental un análisis sobre la manera en que estas políticas migratorias mexicanas y estadounidenses pueden incidir en que México sea observado como destino y en que se incremente el establecimiento de los migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador en el territorio mexicano.

Desde los años noventa se ha producido un endurecimiento de las políticas migratorias en ambos países norteamericanos -especialmente en el caso estadounidense- y, por lo general, una falta de solidaridad y sensibilidad ante el hecho de que una parte de este fenómeno migratorio lo constituyen personas necesitadas de protección, compuesto tanto por quienes podrían gozar -si prosperan sus solicitudes- de reconocimiento legal de acuerdo a legislaciones nacionales e internacionales (véase, por ejemplo, quienes encajan en las definiciones legales de refugiado) como por quienes no (véanse, por ejemplo, los migrantes que huyen de situaciones de pobreza extrema y/o violencia que no encajan en los tipos que son protegidos en los diferentes marcos legales -en ocasiones denominados de manera incorrecta como migrantes económicos o laborales-).

En México, al menos desde el año 2000, los sucesivos gobiernos federales han primado el control y la perspectiva de la seguridad nacional en respuesta a la realidad migratoria del tránsito. En este sentido el gobierno mexicano ha erigido una frontera vertical oficial que pone a los migrantes en riesgo continuo de ser detenidos y deportados por las autoridades mexicanas en cualquier punto de México (^{Silva, 2015}).¹² El Programa Integral Frontera Sur anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en 2014, cuya finalidad declarada era la protección de los migrantes extranjeros que transitan por el territorio mexicano con destino a Estados Unidos, supuso con un auge importante de las detenciones y deportaciones realizadas por autoridades mexicanas a Honduras, El Salvador y Guatemala (El Colef et al., 2019; ^{Araiza et al., 2019}).

Recientemente, México ha incorporado el enfoque de la protección de los derechos humanos de los migrantes extranjeros en tránsito en sus diversos discursos políticos y legales respecto a la migración -Ley de Migración (LM) y Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP), ambas de 2011 y reformadas posteriormente-. Aunque se ha criticado tanto el contenido de tales leyes como su aplicación práctica (véanse, por ejemplo, ^{Suárez et al., 2017}; ^{Amnistía Internacional, 2018}), esto no quiere decir que no se hayan producido avances. En lo que respecta a los migrantes necesitados existen nuevos mecanismos de protección que han sido crecientemente empleados. Por un lado, de acuerdo con la LRPCAP, los migrantes pueden solicitar la condición de refugiado. Por otro, la lm permite, en los casos dispuestos por dicha ley, otorgar Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a personas que se encuentra en el territorio, con independencia de su estatus legal.

En sus primeros meses de mandato, la política respecto a la migración en tránsito centroamericana del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado marcada por dos grandes desafíos: primero, atender al fenómeno de la migración necesitada de protección -en el que destaca la población centroamericana, incluida los participantes de las caravanas de migrantes-; segundo, hacer frente a la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como se verá más adelante ha emprendido un conjunto de medidas contra la migración centroamericana y ha vinculado las relaciones económicas con México a la gestión que este último haga del fenómeno migratorio en tránsito.¹³ Por lo que la administración de López Obrador ha sido compelida a hacer la labor de contención de los flujos migratorios de migrantes centroamericanos que llegan al territorio estadounidense.

Tanto el discurso como las primeras acciones del nuevo gobierno han sido impactados por los retos señalados. En los primeros compases de la administración de López Obrador, varios funcionarios presentaron los lineamientos para una nueva política migratoria basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, el desarrollo económico de los países de Centroamérica y el abandono de las lógicas de estado policial y de contención (^{García, 2018}). Bajo esta visión pudo haber mayor laxitud en cuanto al control de la frontera y se otorgaron Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) y permisos de trabajo a integrantes de las caravanas -tales documentos han sido considerados por la prensa como un aliciente para que se establezcan en México (^{Ernst y Semple, 2019})-. En cualquier caso, las cifras de presentados (detenciones) del primer trimestre de 2019 no solo son equiparables a las del año anterior, sino que las superan en más de nueve mil eventos (^{Segob et al., 2014-2019}).

A principios de junio de 2019, en respuesta a las amenazas de imposiciones arancelarias de Estados Unidos, el gobierno de López Obrador anunció que mandaría a 6 000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur, que estaría limitando las autorizaciones para cruzar la frontera e incrementando el número de deportaciones (^{Cabrera, 2019}). Pocos días después el gobierno mexicano se plegó a las exigencias del mandatario estadounidense de realizar acciones de control migratorio que mostrasen resultados en el plazo de 45 días (^{Zavala, 2019}; ^{Ebrard Casaubón, 2019}), quedando sobre la mesa la posibilidad de que México firmase un acuerdo de tercer país seguro -afirmó Trump que si México falla tendrá que firmar un acuerdo de ese tipo (^{Redacción, 2019})-, algo que la administración actual había rechazado categóricamente apenas cinco meses antes (^{Villa y Caña, 2018}). Además, en el acuerdo para detener los aranceles, México asumió la expansión de la estrategia de que Estados Unidos devolviera a los solicitantes de asilo al territorio mexicano mientras se resuelven sus casos (^{Ebrard Casaubón, 2019}). Las cifras de detenciones realizadas por México en los meses subsiguientes permiten hablar de una renovada política de contención mexicana.

En lo que respecta a las políticas inmigratorias estadounidenses, la administración del presidente Trump ha seguido la tónica de mandatos anteriores, esto es, ha reforzado las políticas que restringen la entrada de migrantes indocumentados y ha buscado reducir la cifra de quienes ya están establecidos en el territorio estadounidense de manera irregular.¹⁴ En lo relativo a la frontera, en añadidura a la ingente cantidad de recursos humanos y materiales anteriormente desplegados para el control fronterizo (^{Meissner et al., 2013}), desplegaron varios cientos de miembros de la Guardia Nacional en la frontera México-Estados Unidos, activaron una política de tolerancia cero para dar prioridad a la persecución de los crímenes inmigratorios, temporalmente se llevó a cabo una política de separación familiar, incrementó el número de agentes de la patrulla fronteriza y construyeron/renovaron barreras en la frontera con México, entre otros muchas medidas (^{Pierce, 2019}).

La ofensiva no se ha limitado a los migrantes que pretenden cruzar de manera indocumentada al territorio estadounidense, sino a aquellos que buscan llegar a la frontera para solicitar asilo, ya sea en los puertos fronterizos o cruzando de manera indocumentada y solicitar el asilo una vez han sido detenidos por la patrulla fronteriza. Entre otras medidas y prácticas del gobierno de Trump en contra de los migrantes necesitados de protección internacional se pueden destacar la continuidad del sistema conocido como metering por el cual quienes desean hacer una solicitud de asilo deben esperar semanas, o incluso meses, en ciudades fronterizas (^{Heyman y Slack, 2018}); reducir los casos de violencia por los cuales los migrantes pueden solicitar asilo en Estados Unidos; incrementar los estándares de las entrevistas de miedo creíble. Todas estas medidas han dificultado más, si cabe, la posibilidad de que los migrantes procedentes del Centroamérica logren obtener el reconocimiento legal de asilo en Estados Unidos y enfrenten tasas récord de rechazo de sus solicitudes (^{TRAC, 2018}).

El 11 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Trump, aunque sea de manera temporal, mientras los tribunales resuelven el caso, denegar el asilo a quienes hubieran pasado por México y otros países sin haber intentado solicitar esa protección en los mismos (^{EFE, 2019}).

En suma, todo el conjunto de políticas recogidas en párrafos anteriores estaría dificultando enormemente que los migrantes centroamericanos alcancen Estados Unidos, incluidos quienes pretenden llegar a aquel país para solicitar asilo. Las mayores trabas son para aquellos que cuentan con menores recursos económicos y que no pueden sufragar los costes que requieren el acceso a estrategias de tránsito como el coyotaje. Por lo tanto, resulta oportuno preguntarse de qué manera podrían estar cambiando las trayectorias migratorias de las personas centroamericanos y sus estancias en México.

Hacia un nuevo escenario de establecimiento de personas centroamericanas en México

Destino final: México

Aunque no existe una fuente que permita saber con exactitud las cifras de migrantes centroamericanos que tienen a México como destino final, existen varios instrumentos con los que podemos aproximarnos a los planes migratorios de las personas centroamericanas: la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur (Emif Sur), las encuestas a los participantes en las caravanas de migrantes y los registros de la Red de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).

Entre los flujos de migrantes centroamericanos captados por a la Emif Sur se encuentra el de migrantes devueltos por las autoridades mexicanas a los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. De acuerdo con los datos de la encuesta para 2018, las devoluciones a Honduras fueron 40 000 eventos; a Guatemala, 34 000 y a El Salvador, 9 000. En esta encuesta se solicita a los migrantes deportados que indiquen cuál era su destino final. En la Gráfica 1 se aprecia que en los últimos años el porcentaje de quienes contestan que México es su destino ha incrementado tanto para los migrantes procedentes de Honduras como del Salvador, pues en el periodo 2013-2018, pasaron de 2.1 % a 20.8 %, y de 12.8 % a 27.8 %, respectivamente.¹⁵ Aunque el alcance de los resultados se circunscribe a los flujos de migrantes devueltos por las autoridades mexicanas a los tres países centroamericanos, este auge en la cifras refiere un mayor interés por México como destino final.

Fuente: Elaboración propia con base en El Colef et al. (²⁰¹⁶, ²⁰¹⁹)

Gráfica 1 Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por autoridades mexicanas, por país de origen y según país de destino final, 2013-2018. 

Como lo señala ^{Rodríguez (2018)}, en años recientes hay que considerar las estadísticas que se están generando a partir de la sistematización de los registros de organizaciones civiles en albergues, comedores y estancias que atienden a migrantes. Respecto a tales fuentes, se debe señalar que la población de migrantes que hace uso de los albergues y refugios es la que cuenta con menor capital social y económico, y que se apoya en estos recursos institucionales de manera estratégica para lograr atravesar el país (^{Silva, 2015}). Por lo que los resultados de este tipo de registros de organizaciones de la sociedad civil se circunscriben exclusivamente a una parte de las personas extranjeras más desfavorecidas.

Durante el año 2017 la Redodem contó con datos de más de 27 000 migrantes atendidos en los albergues, comedores y estancias asociadas a la misma; siendo el 69 % hondureños -población que ha sido señalada como la más vulnerable (^{París Pombo, 2017})-, 10 % guatemaltecos y 10 % salvadoreños (datos en ^{Redodem, 2018}).

El principal país de destino declarado por las personas encuestadas por la Redodem fue Estados Unidos, con 55.3 %, seguido de México, con 28.5 %. Aun teniendo en cuenta que el 11 % de personas son de otras nacionalidades (incluidos un 8 % de mexicanos), los porcentajes de migrantes procedentes de Centroamérica que indicarían México como lugar de destino serían superiores al 17 %. Además, un 14.7 % declaró no saber cuál es su destino -población que encaja en uno de los perfiles encontrados por las investigaciones cualitativas (^{Rivas, 2014})- : el de personas que viajan sin rumbo fijo, exiliadas de sus países de origen por las condiciones de violencia y extrema pobreza; y que están dispuestas a quedarse allá donde se presenten oportunidades.

En el informe de la Redodem del año 2018, 28.6 % de las personas encuestadas indicaron que querían quedarse en México, cifra similar a la observada para 2017 (28.5 %) (datos ^{Redodem, 2019}). En esta ocasión precisan que el 25.7 % de las personas centroamericanas encuestadas (un total de 34 099: 28 254 de Honduras, 3 013 de Guatemala y 2 154 de El Salvador y 678 de otros países de la región) están en proceso de asentarse en México, lo que supone 8 767 personas de Centroamérica y Belice. En lo que respecta las personas centroamericanas que van sin rumbo fijo este porcentaje fue del 3.6 % (1 215 personas).

También las encuestas realizadas por El Colef en la ciudad de Tijuana a los participantes de las primeras caravanas de migrantes¹⁶ incluyen una pregunta sobre los planes migratorios futuros de sus integrantes. Un primer levantamiento se hizo en la Unidad Deportiva Benito Juárez el 22 de noviembre -donde fueron hospedados a su llegada a Tijuana el grueso de los integrantes de las caravanas- y un segundo, en los albergues provisionales Contra Viento y Marea y El Barretal, los días 11 y 13 de diciembre, donde los migrantes se quedaron tras haber sido clausurado el primero.¹⁷ La gran mayoría de los migrantes entrevistados eran de origen hondureño, el 81.8 % y 74.4 %, respectivamente, en cada levantamiento (ver Cuadro 1).

Cuadro 1 Características de los encuestados en albergues provisionales en Tijuana. 

Albergue	U. D. Benito Juárez	Contra Viento y Marea y El Barretal
Número de encuestados	1037	907
País de procedencia (en %)
Guatemala	9.6	6.9
Honduras	81.8	74.4
El Salvador	7.3	16.4
Otro país	1.4	2.2
Qué piensa hacer (en %)
Solicitar asilo en EE. UU.	20.6	20.1
Cruzar a EE. UU.	50.2	33.2
Quedarse en Tijuana	21.0	40.2
Ir a otro lugar en México	0.2	1.8
Regresar al lugar de origen	0.8	0.6
Otro	7.1	4.2

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{El Colef, 2018}, 2019.

Se puede observar que en el primer levantamiento el 70.8 % de los entrevistados pretendían llegar al territorio estadounidense de un modo u otro y 21 % declararon que su plan era quedarse en Tijuana. En contraste, en el segundo levantamiento, la cifra de quienes querían cruzar a Estados Unidos o solicitar asilo en aquel país fue más baja (53.3 %), especialmente -debido al menor porcentaje de quienes pretendían cruzar (presumiblemente de manera indocumentada) al territorio estadounidense (33.2 %)- el porcentaje de migrantes que señalaron que se quedarían en Tijuana fue mucho mayor (40.2 %). Entre las posibles explicaciones para estas considerables diferencias se pueden señalar estas: 1) que quienes pretendían cruzar de manera indocumentada ya lo hicieron, 2) las dificultades de alcanzar Estados Unidos por la región fronteriza en la que se encuentra Tijuana y 3) las mejores posibilidades para trabajar con las que se encontraron en El Barretal -empresas y particulares les ofrecieron diversos empleos (en empacadoras, la construcción, supermercados, trabajos como jornaleros, entre otros)-.¹⁸

Debido a la práctica del metering, los migrantes participantes en las caravanas -al igual que el resto de migrantes- tuvieron que esperar semanas o incluso meses en Tijuana para pedir asilo ante las autoridades estadounidenses. En junio de 2019 las autoridades mexicanas reportaron que casi 19 000 personas esperaban en un puerto de entrada fronterizo, aún en territorio mexicano, para poder dar comienzo a sus solicitudes de asilo ante Estados Unidos.

Pero los migrantes que pretenden obtener asilo en Estados Unidos no solo deben esperar en México para solicitar, sino que ya son 8 835 los migrantes que son retornados de Estados Unidos para que aguarden en territorio mexicano mientras realizan su proceso migratorio ante tribunales estadounidenses (^{Secretaría de Relaciones Exteriores et al., 2019}). Y al final de 2019 la cifra de los que esperan podría elevarse a 60 000 personas (^{Rodríguez, 2019}).

La protección internacional en México

México cuenta con diversos instrumentos jurídicos para la protección de poblaciones migrantes extranjeras necesitadas (refugio, protección complementaria, Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias, entre otros). Aunque el otorgamiento de este tipo de reconocimientos legales no asegura que estas personas necesariamente se vayan a quedar en México, se considera que están relacionadas con una mayor propensión a establecerse en el territorio mexicano respecto a quienes no disponen de ellas. Por ejemplo, se ha señalado que las solicitudes de refugio indican que México ha pasado a ser un país de destino permanente para algunas personas migrantes centroamericanas que iban en tránsito a Estados Unidos (^{Nájera Aguirre, 2016}).

De acuerdo con los datos de la Comar, el número de solicitudes de refugio de migrantes procedentes de países de Centroamérica ha crecido de manera considerable entre 2013 y 2018, de 530 a 13 674 solicitudes en el caso de personas hondureñas y de 309 a 6 193 solicitudes en el caso de personas salvadoreñas (ver Gráfica 2). Los datos referidos a los meses de enero a agosto de 2019 apuntan a cifras récord en cuanto a peticiones de refugio; destacan las solicitudes de personas procedentes de Honduras, pues realizaron 23 064 peticiones, lo que supone casi la mitad (47.8 %) de las realizadas en el periodo.

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de ^{Segob-Comar (2013-2019)}.

* Los datos de 2019 solo incluyen las solicitudes realizadas entre enero y agosto.

Gráfica 2 Solicitudes de refugio recibidas por la Comar, por país de origen, 2013-2019.* 

Este auge de las solicitudes pudo deberse tanto a procesos de más largo aliento como a cuestiones de tipo coyuntural. Entre ellas se encuentran las siguientes: 1) el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas centroamericanas en sus lugares de origen; 2) las mayores dificultades para alcanzar el territorio estadounidense y cruzar de manera indocumentada o solicitar asilo en aquel país, que reconducirían a la población en busca de ayuda humanitaria a México -donde la obtención de la condición de refugiado sería más sencilla y la seguridad relativamente mayor que en sus países de origen-; 3) el hecho de que entre los albergues, refugios y otras organizaciones de la sociedad civil que defienden a los migrantes, organismos internacionales y los propios migrantes circule la información sobre esta posibilidad y que existan mecanismos de promoción de la misma.

En cualquier caso, el solo hecho de que un migrante pida el reconocimiento legal de refugiado no quiere decir que finalmente se vaya a quedar en México. Para empezar porque no todos logran tener éxito en su solicitud, o no la solicitan con la intención de quedarse en México. En la Gráfica 3 puede observarse que anualmente menos de la mitad de los migrantes acaban obteniendo el refugio o la protección complementaria, puesto que la suma de quienes obtienen una resolución negativa y de quienes desisten o abandonan el trámite supera el 50 % para las tres poblaciones en todos los años. Las altas cifras de abandonos y desistimientos, especialmente altas en 2017 -que posiblemente se mantendrán en 2018-, se deben en gran medida a que los tiempos para obtener una resolución se dilataron conforme aumentó el número de solicitudes y los medios con los que cuenta la Comar para llevar a cabo las tramitaciones resultaron cada vez más insuficientes (^{París Pombo, 2019}). También responde al hecho de que algunos migrantes pueden estar solicitando esta condición jurídica como paso previo a las solicitudes de las TVRH; estas tarjetas les permiten transitar libremente por el país hacia Estados Unidos sin ser detenidos por las autoridades mexicanas, la posibilidad de emplearse para conseguir recursos para el viaje y seguir rutas y emplear medios de transporte más seguros.

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de ^{Segob-Comar (2013-2018)}.

* En 2018 solo se incluyen los meses de enero a septiembre.

Gráfica 3 Distribución porcentual de las resoluciones emitidas por la Comar a las solitudes de la condición de refugiado en México, por país de origen y según tipo de resolución, 2013-2018.* 

A falta de que se resuelvan las solicitudes pendientes en 2017, resulta llamativo que al comparar dicho año frente al de 2016 -que fue el año con mayor porcentaje de resoluciones respecto al refugio afirmativas para las tres nacionalidades- los porcentajes de otorgamiento de refugio son menores mientras que los de protección complementaria son mayores. Este cambio podría deberse a que las características de los solicitantes de 2016 y 2017 son diferentes pese a que los montos de solicitantes son similares para Guatemala, Honduras y El Salvador, pero requerirán de un mayor análisis futuro que descarte que no se trata de un endurecimiento en los criterios de otorgamiento de refugio -ya de por sí restrictivos-.

Tanto los que logran refugio como protección complementaria tienen acceso a una tarjeta de residente permanente legal que les permite residir y trabajar en México y moverse libremente por el territorio mexicano. Dado que se trata de un trámite que requiere de meses para su obtención y de que podría dificultar/ imposibilitar el asilo en Estados Unidos, permite hipotetizar que se trata de una población que tiene la intención de establecerse en México.

En lo que respecta a las TVRH otorgadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), su volumen ha crecido sustancialmente en los últimos años. La Gráfica 4 muestra la magnitud de personas hondureñas y salvadoreñas a los que se otorgó TVRH en 2018 fue de 7 677 y 3 696 respectivamente. Cifras que se verán ampliamente superadas en 2019, puesto que tan solo de enero a agosto de 2019 el volumen de tarjetas emitidas para personas hondureñas y salvadoreñas es de 18 158 y 4 819, respectivamente. Este tipo de documentos se otorgan a los migrantes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en el territorio del país; b) ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, y c) ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria en México (artículo 52, fracción V de la Ley de Migración).

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de Segob-UPMRIP-INM (2014-2019).

*Los datos de 2019 son preliminares y solo incluyen las tarjetas emitidas entre enero y agosto.

Gráfica 4 TVRH otorgadas por el INM, según país de origen, 2014-2019.* 

Sin embargo, excepcionalmente se puede conceder a personas que no se incluyan en ninguno de los supuestos anteriores, como fue el caso de muchos de los participantes de las caravanas de migrantes que recibieron este tipo de documentos: “También la Secretaría podrá autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración” (artículo 52 Ley de Migración).

Muchos migrantes centroamericanos han solicitado la TVRH para poder cruzar libremente el territorio mexicano con destino a Estados Unidos sin ser detenidos por las autoridades (^{Candiz y Bélanger, 2018}). Sin embargo, tales tarjetas implican al menos dos tipos de permanencia: primero, la necesaria para lograr que se prolongue por semanas e incluso meses; segundo, algunos la solicitan porque tienen la intención de establecerse en México, ya sea de manera temporal o definitiva. De acuerdo con los hallazgos de la literatura anteriormente mencionados las estancias cortas pueden convertirse en indefinidas.

Reflexiones finales

Una mirada de conjunto a las encuestas y los registros administrativos permite apreciar que para una proporción creciente -aunque todavía minoritaria- México es desde un inicio o se convierte en su destino final. Por lo tanto, establecerse en territorio mexicano forma parte, cada vez más, de las trayectorias migratorias de las personas centroamericanas.

Entre las razones de estos cambios en la direccionalidad y en los patrones asentamiento de los migrantes están los siguientes: i) las políticas migratorias restrictivas y de contención de migrantes -incluidos tanto quienes requieren de protección internacional como los solicitantes de asilo- que dificultan enormemente alcanzar Estados Unidos. ii) Las oportunidades que ofrece México -a cierta población se le ha dado acceso a estatus legal que le permite quedarse en territorio mexicano de manera temporal o indefinida para residir y trabajar, entre ellos el refugio, la protección complementaria o las TVRH-. Se requiere de mayor análisis tanto sobre cómo las políticas antiinmigrantes entre ambos países están moldeando las trayectorias migratorias como sobre los motivos del auge del número de personas que piden refugio en México.

Futuras investigaciones deberán indagar más sobre cómo los diferencias en cuanto a estatus legales que se confiere a las personas centroamericanas facilitan o dificultan el asentamiento en México y su integración sociolaboral. Asimismo, queda pendiente observar el rol que las redes sociales con las cuentan las personas centroamericanas, en tanto que vínculos entre personas en orígenes y destinos migratorios que facilitan a nuevos migrantes tanto su movilidad como en el asentamiento e integración en la sociedad receptora, pues como fue observado por ^{Massey et al. (1993)}, estas redes tienen un rol fundamental tanto en la continuidad de las migraciones como en la elección del destino.

De acuerdo con lo anterior, sigue siendo muy necesario recabar más información sobre la inmigración centroamericana en México. El censo de población y vivienda de 2020 permitirá conocer mejor la magnitud de los que están permaneciendo en México y su distribución geográfica a lo largo del país. Sin embargo, para un mayor entendimiento de la elección del destino y de la permanencia de los migrantes centroamericanos en México sería recomendable contar con una encuesta de datos longitudinal que recabase año con año las experiencias vitales de los migrantes en las dimensiones migratoria, familiar y laboral; ya que las encuestas de este tipo, como el Latin American Migration Project, han sido claves para entender los patrones de movilidad y asentamiento en otras geografías.

Aunque resulta apresurado prever cuál será la tónica general del sexenio de López Obrador, las contradicciones de los primeros compases de la política migratoria del gobierno permiten trazar paralelismos con los mandatos del presidente estadounidense Barack Obama: un discurso relativamente menos contrario a los migrantes que contrasta con cifras récord de deportaciones.