Artículo original

 

Principales problemas identificados en la investigación y atención de víctimas de la explotación sexual comercial infantil en México

 

Principal problems identified in research on and treatment of victims of the commercial sexual exploitation of children (CSEC) in Mexico

 

Leticia Vega,¹ Rafael Gutiérrez,¹ Angélica Juárez Loya,¹ Eva María Rodríguez,¹ Jorge Galván¹

 

¹ Investigadores de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

 

Correspondencia:
Mtro. Rafael Gutiérrez.
Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales,
INPRFM. Calz. México–Xochimilco 101,
San Lorenzo Huipulco, Tlalpan, 14370 México, D.F. Tel.: 4160 5149.
E–mail: gutzbej@imp.edu.mx

 

Recibido primera versión: 9 de agosto de 2010.
Segunda versión: 28 de marzo de 2011.
Aceptado: 25 de julio de 2011.

 

SUMMARY

The purpose of this study is to identify and describe the actions designed to combat the commercial sexual exploitation of children (CSEC) which jeopardizes or affects the victims of exploitation. To this end, the paper analyzes the paradoxical results obtained in the research and actions to combat CSEC, implemented under the auspices of the institutions to promote research on CSEC and the prevention, protection and care of child victims of the phenomenon.

These results were obtained by the research team when it systematized 16 CSEC diagnoses undertaken in various parts of the country and from the information derived from the fieldwork carried out between 2000 and 2005 by the Inter–Institutional Committees to combat CSEC and at the institutions for the protection and care of child victims of sexual exploitation.

The fieldwork involved participant observation during the working meetings of the Inter–Institutional Committees and at the <<closed door>> shelters inhabited by children and teenage victims of sexual exploitation. Individual interviews were conducted with the population of the shelter. Individual interviews were carried with the population at the shelter, with a good rapport being established with the various informants. They were asked to give their informed consent and assured of the confidentiality and anonymity of their identity. Participants were also given information on their health and referred to medical and psychological services when required.

The systematization of the 16 diagnoses basically describes the parts of the country where the studies were carried out; the type of institution responsible for the diagnosis; the objectives pursued; the type of techniques used to obtain information and whether or not the study complied with the basic ethical standards for the care and benefit of the informants participating in the diagnoses. The researchers stressed the ethical handling of the information and the implications of this for the child victims identified.

The main results show that the research was carried out in 48 municipalities, with 68.75% being carried out by institutions and organizations specializing in social assistance and/or private consultancy. Only a third of the studies (31.25%) were conducted by institutions specializing in social research. A total of 62.5% of the studies utilized quantitative techniques, while 43.75% employed qualitative techniques and 6.25% of the research combined the use of both techniques.

Key words: Commercial sexual exploitation of children (CSEC), systematization of studies, national CSEC reports.

 

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es identificar y describir las acciones en contra de la explotación sexual comercial infantil (ESCI) que ponen en riesgo o afectan a las víctimas de dicha explotación. Para ello, se documentan los resultados paradójicos obtenidos en la investigación y en las acciones contra la ESCI, implementadas bajo el auspicio de instituciones promotoras de la investigación de la ESCI y de la prevención, protección y atención a victimas infantiles del fenómeno.

Estos resultados fueron obtenidos por el equipo de investigación al desarrollar una sistematización de 16 diagnósticos de la ESCI promovidos en diferentes partes del país, y al sistematizar la información del trabajo de campo desarrollado entre los años 2000 y 2005, en los comités interinstitucionales en contra de la ESCI, y en instituciones de atención de las víctimas infantiles de la explotación sexual.

El trabajo de campo consistió en la realización de observación participante durante las reuniones de trabajo de los comités interinstitucionales y en los albergues de <<puertas cerradas>> donde llegaban a residir niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual. Con la población del albergue se realizaron entrevistas individuales, estableciéndose un buen rapport en todo momento con los distintos informantes. Se les solicitó su consentimiento informado asegurándoles la confidencialidad y anonimato de su identidad. Además se les proporcionó información sobre su salud y canalización a servicios médicos y psicológicos cuando esto era requerido por los participantes.

La sistematización de los 16 diagnósticos describe básicamente en cuáles regiones del país se hicieron los estudios; el tipo de institución a cargo del diagnóstico, los objetivos perseguidos; el tipo de técnicas empleadas para la obtención de información y si el estudio cumplía o no con los estándares éticos básicos para el cuidado y beneficio de los informantes participantes de los diagnósticos. Cabe destacar el manejo ético de la información y las implicaciones de ello para los niños y niñas víctimas identificados.

Los principales resultados señalan que las investigaciones se realizaron en 48 municipios; el 68.75% de éstas fueron realizadas por instituciones y organismos especializados en la asistencia social y/o por la consultoría privada. Sólo la tercera parte de los estudios (31.25%) estuvo a cargo de instituciones especializadas en la investigación social. El 62.5% de los estudios ocuparon técnicas cuantitativas y 43.75% emplearon técnicas cualitativas; 6.25% de las investigaciones combinaron el uso de ambas técnicas.

Palabras clave: Explotación sexual comercial infantil (ESCI), sistematización de estudios, reportes nacionales de ESCI.

 

INTRODUCCIÓN

Hace quince años, diferentes organizaciones de la sociedad civil y distintas agencias de las Naciones Unidas* denunciaron que alrededor de un millón de niñas, niños y adolescentes eran amenazados, raptados, vendidos, engañados o maltratados física y mentalmente, con el fin de reclutarlos para formar parte de esa gran industria conocida como explotación sexual comercial infantil (ESCI).

Esas mismas organizaciones celebraron varios congresos mundiales contra la ESCI¹ y su activismo suscitó varias investigaciones sobre la naturaleza de la problemática.^2–8 También promovieron la adopción del enfoque de derechos para organizar y operar la prevención/protección/atención de las víctimas, impulsando sobre todo la ratificación de instrumentos de derechos humanos de carácter vinculatorio contra la ESCI promovidos por las Naciones Unidas entre los países.⁹ El Estado mexicano ratificó varios de esos instrumentos y realizó sus primeras acciones contra un fenómeno que durante años había desatendido.^10–12 Estas acciones incluyeron la constitución de una coordinación nacional interinstitucional contra el fenómeno, la puesta en marcha de un plan de acción integral y una investigación de la ESCI en seis ciudades del país.¹³ Esta última reveló diferentes tipos de explotación de niñas y niños que se reproducen en la industria sexual de ciudades con bajos índices de pobreza y marginación pero con un alto grado de anomia social. El reporte identificó varios tipos de víctimas y estimó su número en 16000. Además describió las diferentes formas de operar de los delincuentes explotadores y señaló la escasez de programas de atención, así como la corrupción de las autoridades.

Algunas organizaciones mexicanas adoptaron el enfoque de derechos y, con el apoyo de agencias internacionales de las Naciones Unidas, organizaron comités interinstitucionales y planes de acción contra la ESCI. Además celebraron varios congresos, foros y seminarios de difusión y discusión de la explotación. Algunas organizaciones promovieron los operativos policiales en contra de los explotadores y en determinados casos rescataron a algunas víctimas. Asimismo, otros organismos contribuyeron a la modificación o creación de legislaciones para penalizar a los explotadores y poner en marcha programas de prevención/protección/atención de víctimas. También elaboraron manuales de capacitación y protocolos de atención para promotores comunitarios, ministerios públicos y hoteleros, entre otros. De igual forma, distribuyeron miles de folletos para turistas nacionales y extranjeros, advirtiéndoles que la explotación sexual comercial de niñas y niños era una violación de derechos y celebraron acuerdos con cadenas hoteleras para prevenir la explotación en sus instalaciones. A su vez, realizaron campañas de radio y de televisión, en algunas ciudades pintaron bardas y regalaron a los automovilistas calcomanías contra la ESCI. Algunas organizaciones publicaron numerosas notas periodísticas y otras promovieron investigaciones del fenómeno en varias ciudades del país.^{1,3,7,13–22}

Desafortunadamente, las acciones realizadas después del Primer Congreso Mundial contra la ESCI,²³ año 1996, y hasta la primera mitad de la década anterior no se tradujeron en una disminución en el número de niños y niñas explotados en la industria sexual ni en una mejora en las condiciones de vida de las personas en riesgo.²⁴ Más sorprendente aún es el hecho de que algunas de las acciones a favor de las víctimas terminaron en su contra. En un artículo previo²⁵ se documentó un caso del periodismo de investigación que buscó sensibilizar a la sociedad y alertar a las autoridades policiales para salvaguardar a las niñas de la explotación sexual, pero puso en riesgo la vida e integridad física de las víctimas al entrevistarlas sin respetar su dignidad, confidencialidad y anonimato, y sin ofrecerles protección en contra de sus explotadores y de los posibles daños debidos a su participación como informantes de la investigación.

Este caso se reproduce también en otros ámbitos de la prensa escrita. Un estudio de la OIT IPEC,⁹ analizó 2001 notas publicadas entre enero y noviembre de 2006 en 11 diarios de circulación nacional y 101 de circulación local de las 32 entidades federativas del país. El análisis reveló que se incrementó el número de artículos periodísticos con enfoque de derechos, pero todavía es mayor el número de las notas periodísticas basadas en el paradigma de la situación irregular. Este último asume que la explotación sexual comercial es originada por factores estrictamente individuales (problemas de personalidad o traumas mentales de la víctima), y/o de su familia, amistades, o ambiente social de desarrollo (maldad, ambición, perversión), etc. De hecho este enfoque es el hegemónico en la nota roja, de ahí que los medios informativos emitan juicios condenatorios, discriminatorios y suelan reproducir expresiones prejuiciosas. Algo común en la nota es revelar el nombre de los niños y de las niñas que sufren o han cometido abusos o agresiones.

También encontramos resultados similares en investigaciones académicas y en acciones de prevención, protección y atención de víctimas, durante el trabajo de campo realizado en comités interinstitucionales en contra de la ESCI y en instituciones de protección y atención de las víctimas. Con el objetivo de identificar y describir las acciones en contra de la ESCI que ponen en riesgo o afectan a las víctimas de la explotación, se reportan parte de los resultados de dicho trabajo de campo, correspondientes al periodo 2000–2005.

 

MÉTODO

El trabajo de campo consistió en la realización de observación participante durante las reuniones de trabajo de los comités interinstitucionales y en los albergues de <<puertas cerradas>> donde llegaban a residir niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual. También se realizaron entrevistas a profundidad con la población de los albergues. En ambos casos se llevó un diario de campo durante el periodo 2000–2005; la información contenida en estos diarios fue de utilidad para complementar el análisis.

Los comités estaban estructurados por cuatro subcomisiones: investigación, prevención, protección y atención. Aunque estas subcomisiones perseguían distintos objetivos, todas promovían acciones integrales que buscaban garantizar a las víctimas el pleno ejercicio de la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Por ejemplo, desde este enfoque, la subcomisión de investigación no sólo promovía investigaciones, sino también acciones de prevención, de protección y de atención de las niñas y niños participantes en las investigaciones de la ESCI. Algo parecido hacía la subcomisión de atención, la cual promovía acciones de atención a la salud física y mental para las víctimas, así como su escolarización, prevención y protección jurídica y policial en los centros de salud, los albergues, la escuela, etc.

Cada subcomisión se reunía una o dos veces vez al mes; casi siempre asistían representantes de organizaciones gubernamentales y en menor medida de la sociedad civil organizada. La mayoría de los representantes no conocía ni trataba directamente casos de ESCI. A la subcomisión de prevención asistían representantes de organismos ocupados en campañas de sensibilización de la comunidad. La subcomisión de protección estaba integrada por legisladores, abogados y policías, y la subcomisión de atención por representantes de instituciones que prestaban servicios de salud, educación y albergue para niñas y niños explotados. Cada subcomisión tenía un representante que coordinaba las juntas, las cuales duraban de dos a tres horas por sesión. Seguían el orden del día establecido en la junta anterior y se desarrollaban en un clima amigable, donde se permitía la improvisación y la discusión. Se asistió a las reuniones de cada subcomisión durante cinco años consecutivos.

El equipo participó en varias actividades de estas subcomisiones, de las que destaca la sistematización de resultados de investigación de la ESCI. La institución promotora de la subcomisión de investigación ofreció al equipo el acceso a los 16 <<diagnósticos de la ESCI>>, realizados en diferentes partes del país, para su sistematización. El equipo entregó un reporte de dicha sistematización, en la que incluyó los problemas éticos y metodológicos identificados en los diagnósticos de la ESCI, e hizo recomendaciones y talleres de capacitación para mejorar la situación.

Otra de las actividades del equipo de investigación consistió en visitar dos albergues dos veces por semana durante cuatro meses. Los albergues tenían un promedio de 30 niñas y niños albergados por diferentes causas, que van desde la discapacidad motora y psicológica hasta el maltrato familiar y el abandono. Durante ese tiempo se hicieron entrevistas con niñas que voluntariamente aceptaban participar en la investigación después de garantizarles confidencialidad y anonimato. Esta actividad fue de utilidad para tener conocimiento de las experiencias significativas de las niñas y niños en riesgo y para contactar otros informantes adolescentes del albergue con experiencias similares. A los participantes se les sensibilizaba sobre las ventajas de confiar y emplear los servicios médicos y psicológicos de la institución o de otros, ya que no siempre las niñas y niños hablaban de estas situaciones de abuso con los psicólogos y médicos de los albergues.

El equipo de investigación también participó en la coordinación de reuniones e intercambio de experiencias de investigación, dando conferencias en eventos organizados por cada institución, elaborando manuales de capacitación y capítulos de libro de difusión respecto al fenómeno de la ESCI y de sus causas, así como analizando reportes de investigación de la ESCI en diferentes ciudades del país.

 

RESULTADOS

Los principales resultados del trabajo de campo en distintos escenarios (albergues) y los de la sistematización de los diagnósticos de la ESCI revelan algunas situaciones que pusieron en riesgo a las víctimas.

La ética de los diagnósticos de la ESCI

Los diagnósticos de la ESCI se realizaron en 48 municipios: 18 en Estados del Sur del país, 16 en los Estados del Centro y 14 en los del Norte. El 68.75% de las investigaciones fueron realizadas por instituciones y organismos especializados en la asistencia social y/o consultoría privada. Sólo la tercera parte de los estudios (31.25%) estuvo a cargo de instituciones especializadas en la investigación académica.

Los diagnósticos tenían como fin identificar distintos casos de ESCI en el municipio (prostitución y pornografía infantil, trata de personas, turismo sexual) la percepción de la comunidad y el punto de vista de las víctimas. Para tal efecto, los diagnósticos ocuparon distintas técnicas de investigación. El 62.5% de los estudios utilizaron técnicas cuantitativas (observaciones puntuales, aplicación de cuestionarios y test psicológicos) y 43.75% emplearon técnicas cualitativas (la observación participante, la entrevista en profundidad, los grupos focales). Algunas investigaciones combinaron el uso de ambas técnicas.

El uso de estas técnicas de investigación exige el cumplimiento de estándares éticos básicos.²⁷ Los diagnósticos debieron haber obtenido por lo menos el consentimiento informado de las víctimas o niñas y niños en riesgo. Sin embargo, sólo el 18.5% de las investigaciones reportó haberlo obtenido y el 6.25% buscó beneficiar a las víctimas informantes (facilitó información y servicios médicos, jurídicos, asistenciales o la canalización hacia los mismos). En contraste, el 75% de los informes no reportaron el consentimiento informado ni algún beneficio para las víctimas entrevistadas.

Los 16 diagnósticos de la ESCI proporcionan información que facilita la identificación y ubicación de las víctimas, las características de la zona donde se les encuentra, los nombres de los hoteles que frecuentan y en algunos casos la descripción física de las adolescentes y el apodo de sus explotadores. En este caso, la ausencia de confidencialidad y anonimato pone en riesgo de daño a las víctimas.

Además, la información revelada no se usó para prevenir posibles riesgos o daños para las víctimas o para facilitarles información o su canalización a los servicios médicos, jurídicos y asistenciales. Tales deficiencias son evidentes en las investigaciones encubiertas, que se dedicaron a detectar a las víctimas por su mera apariencia física en la industria sexual y el comercio del sexo en vía pública. Dieron por hecho que identificaron a víctimas menores de edad con sólo mirar su aspecto. Además, emplearon tales estimaciones para hacer generalizaciones y conclusiones sin respaldo empírico.

La atención de las víctimas

En los albergues de puertas cerradas que se visitaron se identificó a tres víctimas de la ESCI. Ellas decían haber llegado a los albergues referidas por el Ministerio Público.

El ingreso de las víctimas a los albergues estaba organizado conforme a un protocolo de atención que establecía las siguientes medidas: no recibir visitas de familiares, ser examinadas por un médico y permanecer aisladas de los residentes hasta conocer su estado de salud (si tenía enfermedades contagiosas, embarazo), y orientación y prácticas sexuales.

Aunque el personal directivo hablaba del protocolo de ingreso como ejemplo de una medida a favor de la salud de las víctimas, en la práctica resultaba discriminatorio y en ocasiones las recomendaciones del protocolo no se seguían, o se postergaban, poniendo en riesgo la salud y la vida de la víctima.

Las primeras medidas de ingreso a la institución, el <<aislamiento>>, el <<saneamiento>> y la restricción de visitas, eran discriminatorias, y solamente se implementaban con las víctimas de la explotación sexual comercial (prostitución). Estas medidas eran omitidas cuando se trataba de adolescentes varones con antecedentes de maltrato y abuso sexual infantil, que molestaban por las noches en la cama o en los baños a otros compañeros o compañeras, tocando/manoseando sus cuerpos, incluso buscando violarlos. Este tipo de fenómenos no recibía atención especializada, pues no había recursos para ello. Las autoridades, médicos generales y personal operativo sabían que el fenómeno ocurría por las noches pero poco podían hacer ya que el albergue carecía de suficiente personal de guardia para controlarlo durante esas horas.

Es cierto que el protocolo de ingreso de las niñas rescatadas de la ESCI resultaba útil para detectar algunos problemas de salud, como en el siguiente caso: una adolescente con cuatro meses de embarazo reportó que había sido rescatada de un bar por un operativo policial. Durante el protocolo de ingreso señaló que el personal detectó su embarazo y lo comunicó a la dirección. Ella dijo a los médicos que el responsable de su embarazo era uno de los explotadores del bar. El informe del protocolo señalaba que presentaba un embarazo de riesgo y un estado de salud físico y mental sumamente deteriorado por las condiciones de violencia y explotación sufridas (incluía dos abortos previos provocados por uno de sus explotadores quien, a golpes, le había inducido los abortos). Según el personal del albergue, el embarazo de la niña era de alto riesgo para su vida y recomendaba priorizar la atención de su salud: procurarle atención ginecológica y psiquiátrica especializada.

Sin embargo, las recomendaciones del protocolo de dicho caso no se siguieron a favor de la víctima. El albergue no contaba con recursos ni redes de apoyo institucional que le permitieran priorizar la atención de la salud de la niña. Aunque ella debió haber sido informada de que su embarazo era de alto riesgo y de que podía abortar si lo deseaba, el personal nunca le informó nada de esto, pero sí le aconsejaron y la convencieron de que lo mejor era <<dar a luz y después dar a la criatura en adopción>>, a través de la propia institución.

Ella vivió todo el embarazo con el constante riesgo de abortar y de poner su vida en peligro porque no podía ser atendida por especialistas; no siempre había dinero para medicamentos, ni quién la llevara al médico cuando se sentía mal por las noches. Además, había un deterioro evidente en la salud mental de esta niña; según el reporte de los psicólogos, esto se debía a la violencia que experimentaba a manos de sus explotadores. El reporte destacaba que desde su ingreso mostró gran renuencia a comunicarse en general, y hablar de las condiciones de explotación en las que se encontraba. El reporte psicológico del albergue señalaba un gran aplanamiento afectivo en la menor y retraimiento del entorno circundante, por lo que generalmente ella prefería aislarse de otras/os compañeras y de las actividades del albergue. Esto pareció agudizarse en el transcurso de su embarazo, cuando éste se fue haciendo más evidente con el crecimiento de su vientre. Se hallaba sumamente incómoda y parecía avergonzarle mucho el que se hiciera evidente que ella estaba embarazada, y que con ello además se hiciera público que había experimentado un abuso sexual. Todo el tiempo parecía ajena y distante hacia los otros y hacia la experiencia personal de su embarazo.

 

DISCUSIÓN

En el curso de la sistematización de los 16 diagnósticos de la ESCI y de nuestro trabajo de campo en albergues encontramos que las acciones de investigación y de atención de las víctimas de la ESCI terminaron poniendo en riesgo a éstas. Violaron los cuatro principios generales de la CDN, ratificada por el Estado mexicano en 1990: la no discriminación (art. 2°); el interés superior del niño (art. 3°); el punto de vista y voz del niño (art. 12); el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (art. 6°).

Todo esto ocurrió en un periodo en el que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales estaban apremiadas por mostrar avances en el cumplimiento de la agenda de Estocolmo²³ y en la aplicación de los instrumentos de derechos vinculatorios de las Naciones Unidas.⁹ En ese contexto, varias acciones a favor de los niños y niñas explotados se organizaron y ejecutaron sin contar con los recursos para ello (los comités de ética de investigación, la atención médica especializada, las redes de atención a la salud necesarias, los albergues, etc.), incluso sin haber asimilado profundamente el enfoque de derechos.

La mayoría de las acciones a favor de las víctimas de la ESCI fueron improvisadas desde un enfoque de derechos de carácter formalista. La apropiación formalista de la CDN asume que el mero reconocimiento legal y oficial de los derechos de los niños cambia las creencias y prácticas culturales asistencialistas o de la <<situación irregular>>. Sin embargo, en lugar de ese cambio de creencias y prácticas, éstas se mezclaron y organizaron para actuar a favor de las víctimas de la ESCI. Por eso tales acciones pueden reconocer los derechos de los niños y niñas y, al mismo tiempo, discriminarlos y ponerlos en riesgo, sin considerar su perspectiva ni actuar a favor de su mejor interés.

En la mayoría de los estados latinoamericanos que ratificaron la CDN también se obtuvieron resultados no deseados de las acciones a favor de los derechos de las niñas víctimas de la ESCI. Muchas de las aplicaciones del enfoque de derechos también fueron de carácter formalista.²⁶ Al igual que en México, varias organizaciones supusieron que la mera cita de los artículos de la CDN en las leyes, procesos legales, comités interinstitucionales, investigaciones, programas a favor de las niñas y niños, trípticos para turistas, programas de radio y televisión, etc., bastaría para cambiar creencias y prácticas culturales que durante muchos años han servido a los adultos para interactuar con los niños como si éstos fueran <<menores>>, subordinados, una propiedad o incluso una mercancía.

Después de una década de aplicaciones formalistas de la CDN en América Latina, los resultados indican que ningún Estado ha logrado garantizar a todos los niños y niñas el goce efectivo y sin discriminación de los derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo, a la participación, y a la protección en situaciones especiales de vulneración de derechos.^26,27 Tampoco ha ocurrido la esperada sustitución de creencias y prácticas del paradigma de la situación irregular por las del enfoque de derechos, sino la coexistencia de ambos. Al igual que en México, también se observa un proceso de avances y retrocesos producto de la desigual penetración de los principios de la Convención en diversos ámbitos institucionales y culturales. Esta penetración está determinada por varios factores: el grado de asimilación de la CDN en disposiciones normativas; la diversidad sociocultural de las poblaciones a las que se pretende beneficiar; el rol del Estado, el mercado y la sociedad civil en la provisión de servicios para la niñez; la disponibilidad y accesibilidad de recursos; las resistencias corporativas al cambio; la influencia de partidos políticos, entre otros.

De acuerdo con Pilloti,²⁶ la aplicación formalista de la Convención en la región latinoamericana es ejecutada desde concepciones rígidas y excluyentes que ignoran el momento y contexto histórico social y cultural, y no contribuyen al análisis de los problemas que afectan a los niños y niñas y/o elaboración de estrategias para desalentarlas. La aplicación formalista de la CDN tiende a sobrestimar el papel de las leyes y procedimientos judiciales como instrumentos de cambio social, disociando el discurso de los derechos del niño de la realidad socioeconómica y cultural en la que se manifiestan las injusticias que afectan a la infancia.

 

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NOTA

* Terre des Hommes y la Red de Organizaciones e individuos <<End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes>> Save The Children;. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, entre otros.