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Perfiles educativos

Print version ISSN 0185-2698

Perfiles educativos vol.29 n.115 México Jan. 2007

 

Claves

 

Educación superior privada durante la reforma neoliberal en dos regiones de Michoacán

 

Private higher education during the neoliberal reform in two areas of Michoacán

 

Luis Arturo Ávila Meléndez*

 

* Doctor en Antropología Social, El Colegio de Michoacán. Miembro del SNI, nivel I. Investigador del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, Pátzcuaro, Michoacán. Sus áreas de investigación son cultura regional y educación. Entre sus publicaciones recientes están: (2004) "Proyectos de educación intercultural. Una crítica fundamental y problemas vinculados", Ethos Educativo, núm. 31, sep.–dic., pp. 107–114, y (2003) "Universidades locales: Marcos de interacción para el establecimiento contencioso de convenciones culturales", Revista Educaçao e Filosofia (Brasil), núm. 33, Universidad Federal de Uberlandia, pp. 139–169.

Correo electrónico: avilart48@hotmail.com

 

Recibido: 16 de octubre de 2005
Aprobado: 26 de marzo de 2007

 

Resumen

El artículo sintetiza la perspectiva de análisis cultural que orientó una investigación sobre el desarrollo de dos instituciones de educación superior privadas en Michoacán. Esta perspectiva contribuye a la comprensión del desarrollo de patrones que están emergiendo y predominando en distintas partes del mundo pero en formas diversas debido a las peculiaridades de las culturas regionales en las que se concretan. Así, busco explicar el desarrollo de un nuevo Estado neoliberal mexicano considerando sus efectos diferenciados por regiones en el funcionamiento de las instituciones de educación supieron privadas. Primero, detallo algunos procesos económico–políticos y culturales del siglo XX que han tenido consecuencias duraderas en dos regiones de Michoacán, y que resultan pertinentes para comprender el peculiar desenvolvimiento de las dos instituciones analizadas. En seguida presento las adaptaciones y propuestas que hace cada institución frente a algunas tendencias predominantes de la política educativa nacional a partir de los años ochenta que condicionan su funcionamiento. Argumento que dichas respuestas están orientadas por las culturas regionales en las que emergió cada institución.

Palabras clave: Educación superior privada / Estado neoliberal / Cultura regional

 

Abstract

This article presents the cultural analysis vision that underlies a research about the development of two higher education institutions in Michoacán. This view contribuyes to the understanding of how patterns which have been emerging and prevailing in several parts of the world can develop themselves in different ways because of the peculiarities shown by the regional cultures in which they are implemented. That's how the autor tries to explain the development of a new neoliberal Mexican state, showing its differentiated effects by regions on the working of private higher education institutions. First, he shows in a detailed way some of the economic, political and cultural processes undergone during the 20th century that had lasting consequences in two areas of Michoacan and that turn out to be relevant to understand the peculiar development of the two analyzed institutions. The second part of the article presents the adaptations and proposals made by each institution to tackle some of the prevailing trenes of the Mexican educational policies since the eighties that determine its operation. I assert that those answers are orientated by the regional cultures in which each of those institutions emerged.

Keywwords: Private Higher Education / Neoliberal State / Regional Cultura

 

INTRODUCCIÓN

El objetivo del artículo es presentar evidencias de la influencia de dos culturas regionales distintas en Michoacán sobre la forma específica que adopta un proceso presente en todo el país, proceso de alcance nacional que está relacionado con las reformas políticas neoliberales puestas en marcha desde principios de los años noventa, referentes a la educación superior del país.

Aunque las dos regiones del estudio resienten de manera ostensible los efectos de dichas reformas políticas nacionales, argumento que las culturas regionales orientan las condiciones concretas que adopta la reforma en instituciones específicas. Para demostrarlo me referiré en este artículo a un proceso de alcance nacional que consiste en el incremento en números absolutos y en la expansión territorial de un tipo de instituciones de educación superior que algunos autores denominan "instituciones de absorción de demandas estudiantiles" —en adelante IAD—. Estas instituciones privadas de pequeñas dimensiones, que ofrecen carreras altamente demandadas y no requieren instalaciones ni equipos costosos, han acelerado su crecimiento sobre todo a partir de los años noventa en ciudades de todo el territorio nacional.

Este proceso nacional, derivado de las políticas educativas recientes (Ibarra, 2001; Vries, 2000), será analizado a partir de dos casos concretos, dos IAD localizadas en ciudades vecinas que están inmersas en dos culturas regionales distintas. Es cierto que son conocidos los rasgos generales de estas instituciones y el lugar que ocupan dentro del conjunto de instituciones de educación superior en México (García, 2001). Sin embargo, quiero mostrar que la perspectiva de análisis que consideré para el estudio de estas dos IAD permite identificar las bases sociales persistentes que modifican y generan posibilidades regionales distintas para una misma reforma política nacional. De tal suerte que, no obstante la fuerza que tengan las políticas y las condiciones organizativas de las instituciones nacionales, cada región cuenta con capacidades propias que modifican los rasgos particulares de algunas instituciones locales y, a la larga, pueden generar alternativas o respuestas distintivas.

La perspectiva que retomo se basa en un concepto de cultura que busca entender la conformación de significados sin desligarla de las relaciones de poder cambiantes entre los grupos culturales que se desarrollan en un espacio regional específico. En cambio, dentro del campo de la investigación educativa en México predomina un concepto de cultura de orientación interpretativa cuyo principal objetivo es determinar peculiaridades de los patrones, símbolos o significados de grupos culturales específicos, más que los procesos simbólicos que se generan en las relaciones económicas y políticas entre dichos grupos (Ávila, 2006).

Diversos estudios muestran la necesidad y relevancia de considerar unidades de análisis y procesos que rebasen el ámbito institucional y el presente de las instituciones, y de hecho se refieren a "aspectos estructurales", "condiciones sociales", "campos de fuerza" o simplemente al "contexto" de las universidades (Flores, 2005; Miranda, 2001; Platt y Jorge, 2006). La perspectiva que presento de manera sintética en este artículo puede aportar, a estudios como los citados, herramientas conceptuales que contribuyan a evitar una separación simple entre lo interno y lo externo en lo que se refiere al desarrollo de las instituciones educativas de nuestro interés, precisamente por la forma en que plantea el concepto de cultura regional.

Las fuentes primarias para la elaboración de este texto se encuentran en las entrevistas a profundidad con los fundadores y promotores, las autoridades, profesores, alumnos y egresados de dos instituciones privadas de educación superior del estado de Michoacán, una ubicada en la ciudad de Zamora, al noroeste, y otra en la ciudad de Zacapu, al centro–norte del mismo estado. Durante el trabajo de campo se hicieron descripciones etnográficas de diversos acontecimientos académicos (ceremonias, reuniones de profesores, conferencias, clases comunes) entre los años 2000 y 2003. Más que en las técnicas y fuentes de la investigación, comunes en la etnografía, el aporte de este trabajo está en el aprovechamiento de la información etnográfica e historiográfica para intentar precisar las relaciones culturales, económicas y políticas regionales en la que emerge una institución educativa, tomando en cuenta el proceso de reforma del Estado en el que está inserta.

En el primer apartado expondré en qué consiste el proceso nacional de expansión de las IAD y su relación con las políticas educativas impulsadas en los noventa. Enseguida profundizaré en el concepto de "cultura regional" para precisar en qué sentido digo que es posible hablar de dos culturas regionales distintas que orientan el desarrollo de las dos IAD bajo estudio. También describiré de manera sintética las relaciones políticas y procesos históricos pertinentes para comprender el predominio de ciertos grupos e ideologías en cada región, y el lugar que ocupan los actores regionales que fundaron o promovieron las IAD. Finalmente, describiré las principales características institucionales de las dos IAD de esta investigación que a mi consideración muestran de forma más clara que la cultura regional, por medio de cada IAD, altera las formas específicas que adopta la reforma educativa en cada región.

 

POLÍTICA EDUCATIVA Y EXPANSIÓN DE IAD

Las reformas a la política educativa del Estado mexicano a partir de inicios de los noventa han afectado drásticamente la organización y vigilancia de las funciones básicas de las universidades. Iniciativas como ésta han tenido impacto en las instituciones de educación superior de toda Latinoamérica (Naidorf, 2005). En el sector público, la competencia por financiamientos extraordinarios individuales e institucionales por medio de la aplicación de mecanismos de evaluación ha sido uno de los puntos medulares de la reforma (Pedroza, 2001: 119). En el sector privado, las restricciones al crecimiento del sector público y la falta de mecanismos efectivos de supervisión al sector privado ha permitido que prospere gran cantidad de instituciones privadas de pequeñas dimensiones. La política educativa nacional permite actualmente otorgar el registro de validez oficial de estudios (RVOE) mediante la Secretaría de Educación del estado o de un gobierno estatal, por lo que ya no es privilegio de las universidades autónomas o de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que existe una diversidad de disposiciones legales que da pie a un conjunto de Instituciones de Educación Superior Privadas (IES Privadas) con derechos y obligaciones diversos. Las IAD constituyen un subconjunto específico de esta gran diversidad de IES privadas.

En México se estima que sólo alrededor de 20.7% de la población en edad de cursar estudios de licenciatura, entre 19 y 23 años, se encontraba en dicha situación (SEP, 2003). Dicho porcentaje se considera bajo, en contraste con países económicamente poderosos, a pesar de que en los últimos veinte años la matrícula total de nivel licenciatura se ha incrementado aceleradamente. La matrícula de 2000 duplica la de 1980 y es más de siete veces la de 1970.

Las IES de sostenimiento privado en México comenzaron a atender a una proporción cada vez mayor de la matrícula total principalmente a partir de la década de 1980. De 1970 a 2003 se incrementó de 13.2% a 33.3% la proporción de alumnos en IES privadas (SEP, 2003). A la par que ha crecido la demanda de este nivel de estudios, como se observa en la gráfica 1, debido al desarrollo de los distintos sectores de la población por edades en México en los últimos treinta años, se ha contraído el apoyo a la universidad pública, con excepción de los institutos y universidades tecnológicos.

La gráfica 2 muestra un crecimiento menor de las universidades públicas en la década 1990–2000, mientras que la matrícula de los institutos y universidades tecnológicos crece notoriamente, y aún más la correspondiente a universidades privadas.

Con respecto a las características del origen social, situación económica y condiciones de estudio en casa, el sistema de educación superior mexicano se encuentra claramente segmentado, en el sentido de que las de la mayoría de la población de las universidades públicas contrasta con las correspondientes a la de las universidades privadas de élite, según De Garay (2002). Este autor reconoce que estadísticamente las muestras de su estudio eran limitadas a ocho ciudades, por lo que no son válidas para la generalidad del país, pero son una aproximación útil (De Garay, 2001: 34). Una precisión importante en este estudio es que las universidades privadas que consideró son "instituciones que cuentan con una importante trayectoria, reconocimiento y prestigio académico en cada una de las regiones". En términos de la clasificación de Mendoza (1998), corresponderían a instituciones de élite. Por ello, entre los estudiantes de las universidades privadas también habría dos mercados de oferta segmentados, con valor desigual en el mercado y con restricciones de acceso a cada uno.

La ubicación de las IAD dentro del mercado de la educación superior se debe a que los estudiantes de bajos recursos que no encuentran cupo en las instituciones públicas, o suspenden sus estudios o continúan en las opciones más baratas del sistema privado que, debido al bajo costo de las matrículas y a los pocos recursos con los que funcionan, "se caracterizan por una educación de menor valor en calidad y en la rentabilidad del título, que muchas universidades del sector público" (García, 2001: 82). Con base en las definiciones de García (2001) y Mendoza (1998), hice un cálculo propio de la cantidad de estudiantes inscritos en IAD, considerando la información estadística de la SEP (2000) y ANUIES (2003) sobre la totalidad de IES en el país y además con la información disponible en las páginas electrónicas de 48 instituciones privadas con más de 5 000 estudiantes, y obtuve los resultados que se muestran en el cuadro 2.

Las instituciones que pueden ser clasificadas como IAD aumentaron considerablemente entre 1995 y 2003, llegando a captar 60% de los alumnos de licenciatura de las IES privadas. Respecto al total de la matrícula de licenciatura (1 244 942), la matrícula calculada en IAD en 2003 equivalía a 20.2%, una quinta parte del total de los estudiantes de licenciatura.

Otra cuestión relacionada con la restricción al crecimiento de la universidad pública y el fomento a la creación de IAD es la distribución geográfica de las instituciones. En el caso de Michoacán, es uno de los diez estados con mayor concentración de la educación superior en su ciudad capital. La oferta más importante de educación superior pública, la Universidad Michoacana, concentra más de 85% de su matrícula en la ciudad de Morelia. En 1970 la concentración de educación superior (privada y pública) en Michoacán era de 96.8% y en 2000, de 78.2% (Ríos, 2001).

Como señala Vries (2000: 33), la situación indica que el gobierno no ha conducido organizadamente ni supervisado el desarrollo del llamado "sistema educativo". La falta de vigilancia propicia un proceso de privatización impredecible en el que el gobierno sólo ha restringido el sector público y ha dejado surgir iniciativas diversas para satisfacer la demanda. La existencia de las IAD, a pesar de las dificultades económicas de quienes asisten a ellas y, en consecuencia, de las instituciones, demuestra una demanda de formación en este nivel de estudios y la incapacidad para pagar en otras instituciones con condiciones materiales y de personal más favorables o para cubrir los gastos que requiere desplazarse a otra ciudad con universidades públicas (desigualdad económica regional y de clase). Su existencia demuestra, en los hechos, que jóvenes con capacidad, interés y necesidad de formarse en el nivel superior sólo están logrando el acceso de esta manera, y manifiesta los efectos en todo el territorio nacional de una política que ha limitado el crecimiento de la educación superior pública.1

En el siguiente apartado presentaremos una síntesis de las condiciones regionales en las que emergieron dos instituciones de absorción de demandas estudiantiles como parte del proceso nacional de expansión de este tipo de instituciones, orientado por la política educativa nacional señalada. El objetivo es mostrar que a pesar de responder a influencias de la política nacional y a condiciones demográficas nacionales, como la elevada proporción que constituye la población de entre 15 y 25 años en la pirámide de población del país, las regiones proporcionan bases políticas, económicas e ideológicas que dan características peculiares a cada IAD. Analizar así el desarrollo de dos IAD muestra de forma concreta un proceso conducido por actores que aprovechan las posibilidades políticas, económicas e ideológicas regionales al desenvolverse dentro de las condiciones nacionales contemporáneas, de tal forma que es posible apreciar las distintas capacidades de respuesta y una toma de posición política, fundamentada en una cultura regional, frente a dichas condiciones y sus consecuencias locales.

 

CULTURAS REGIONALES

El concepto de cultura regional que retomo está basado en la propuesta de Lomnitz (1995), quien a su vez retoma ideas de geógrafos marxistas interesados en la comprensión de la formación de clases sociales en contextos regionales específicos. La propuesta de Lomnitz se ubica dentro de una corriente antropológica a la que algunos autores se han referido como realismo histórico (Smith, 1999), interesados en la comprensión de dinámicas de formación de grupos sociales tomando en cuenta su interacción política, económica e ideológica con otros grupos. Por lo tanto, resulta indispensable conocer tanto las peculiaridades culturales de cada grupo en un momento dado, como las relaciones económicas y políticas que involucran a distintos grupos culturalmente diferenciados, relaciones que contribuyen a la generación de sentidos compartidos y negociados sobre los que se fundamenta el orden social, relaciones que participan de la transformación cultural de los mismos grupos abriendo posibilidades para la existencia material y simbólica de unos, la desaparición de otros y la emergencia de nuevos grupos culturales (Wolf, 1987). Así que el término "cultura regional" tiene más que ver con las relaciones sociales establecidas entre grupos culturalmente diferenciados en un espacio regional y en un momento determinado, que con una especie de "esencia" o tradición cultural cuya presencia en una región fuese independiente de sus procesos políticos e históricos. La perspectiva parte del reconocimiento de la diversidad cultural que se encuentra integrada por relaciones de poder en una región.

Aproximarse así a lo que, en términos vagos, muchos estudios se refieren como el "contexto" de las instituciones educativas, tiene la ventaja de incorporar en la comprensión de las instituciones contemporáneas los procesos históricos de formación de grupos culturales, las ideologías parcialmente compartidas que sirven para mediar conflictos y consensos entre los grupos, y las bases económicas regionales (instalación de infraestructura social y productiva).

En el caso de la cultura regional contemporánea de Zamora, los estudios historiográficos y etnográficos de la región indican la pertinencia de procesos políticos y económicos ocurridos en un periodo que va de 1890 a 1936, lapso en el que la organización social del trabajo regional se establece en torno a grandes haciendas favorecidas por avances en las comunicaciones ferroviarias y el control de inundaciones de los productivos valles agrícolas. En dicho periodo, la extensión regional de la dinámica económica y simbólica se debió a la importancia del capital privado y de la Iglesia para las obras de infraestructura productiva y servicios sociales. La élite económica de principios de siglo tuvo fuertes vínculos financieros con la Iglesia, así como lazos familiares con miembros de la misma, promoviendo cambios en la infraestructura productiva. Sus miembros ocupaban puestos políticos locales y nacionales y la importancia de los lazos familiares hacía difícil distinguir intereses personales, familiares y públicos (Lizama, 2000).

Para comprender la situación actual también es pertinente reconocer que la transición entre este periodo y el siguiente, marcado por una intervención del Estado en la propiedad de la tierra (reforma agraria tardía) y en la formación de nuevos grupos políticos locales, tuvo etapas y zonas de enfrentamiento pero también prontas alianzas y predominio de una nueva élite regional que estableció en muchos casos lazos con miembros de la precedente (Calderón y Sánchez, 1995). También resulta relevante el desarrollo de una influencia económica regional basada en la agroindustria con centro en la ciudad de Zamora a partir de 1940. La apertura del Banco de Zamora en ese año con la participación de "nueve poderosos de la agricultura, el comercio y la industria locales" (González, 1997: 144) señala un pronto afianzamiento de grupos locales económicamente fuertes luego de la caída de la anterior organización económica basada en la hacienda. Es relevante la inclusión de grupos de empresarios y comerciantes locales en los planes federales de fortalecimiento a la producción ejidal. La relación entre éstos y la inversión estatal para la producción comercial fue en buena medida de asociación (Verduzco, 1992: 108). Se consolidaron así como un grupo naciente denominado por algunos como la "nueva burguesía" de Zamora, aunque la mayoría provenía de municipios del área rural cercana a esta ciudad: Ixtlán, Chavinda, Ecuandureo, Tangancícuaro, Chilchota (Pi–Sunyer, 1973). La actividad financiera y comercial en Zamora continuó haciendo atractiva la ciudad para subsecuentes migraciones, al menos hasta 1980. El momento de la fundación del Banco de Zamora coincide además con el esfuerzo del gobierno federal en torno a la "Unidad nacional" que propicia menores trabas a proyectos vinculados directa o indirectamente a la iglesia católica, con la que miembros importantes de la nueva élite formaron vínculos ideológicos y políticos (Almada, 2001).

Por tanto, resulta comprensible que en la actualidad, aunque la función de las élites y sus lazos económicos en la región son distintos a los de la élite de principios del siglo xx, la tradición católica popular impulsada desde entonces se conjuga con la centralidad de Zamora como ciudad regional para posibilitar que persistan ideologías basadas en una comunidad religiosa, compartidas por varias clases sociales que incluyen sectores amplios de la población regional, y para posibilitar un impacto regional en los marcos de institucionales con sede en dicha ciudad, controlados y propuestos por miembros de la élite económica de orígenes regionales, como el caso de la IAD considerada en esta investigación.

Por su parte, la ciudad de Zacapu es en la actualidad el centro de mercado de una micro–región que involucra en su dinámica a localidades de los municipios colindantes de Villa Jiménez, Coeneo y Huaniqueo. En esta micro–región las identidades en torno a corporaciones sectoriales (campesina, obrera) han formado la parte central de una dinámica cultural que regula importantes relaciones entre grupos sociales diversos, consolidada con el proyecto del Estado revolucionario desde 1926. La lograda vinculación entre líderes locales y el proyecto revolucionario, y las violentas rupturas en la organización social del trabajo local anteriores a esa fecha favorecieron que en la actualidad dichas identidades tengan sentido en la vida cotidiana de grupos sociales locales y cuenten con grandes posibilidades de ser centrales y funcionar de manera efectiva en la concreción de pequeños proyectos locales económicos, políticos y culturales, así como en la definición de un proyecto nacionalista que resalte la justicia social para dichos sectores "populares". Esto, a pesar de los cambios en la política económica desde los años ochenta y las incertidumbres consiguientes en las organizaciones sindicales y campesinas que indican el carácter residual de un proyecto de Estado revolucionario–corporativo y el predominio de un proyecto neoliberal.

La persistencia en Zacapu de un nacionalismo pos revolucionario basado en la representación de una alianza social entre clases se debe a que las coyunturas más importantes, con consecuencias radicales para la organización social del trabajo y desarrollo de la población, no fueron dirigidas ni enfrentadas por élites locales con vínculos duraderos y definitorios con instituciones relevantes para la renovación y persistencia de tradiciones culturales locales. Entre 1880 y 1946 no existieron élites regionales contrarias o con proyectos alternativos que mantuvieran vínculos estrechos con instituciones culturales locales políticamente centrales y con amplia cobertura (Purnell, 1999). Durante todo ese periodo Zacapu fue una localidad muy pequeña, sin ninguna preeminencia, salvo por su productividad agrícola, en el conjunto de localidades del distrito de Pátzcuaro. Durante el porfirismo radical, que apoyó la modernización con capital extranjero enfrentado por una oposición liberal, se instauró en Zacapu una gran hacienda moderna y tuvo lugar la desecación de la ciénega a principios del siglo XX que destruyó las bases de la organización de las comunidades de agricultores y pescadores. Con la victoria de la resistencia liberal en alianza con el socialismo revolucionario local se formaron nuevos grupos políticos asociados al Estado revolucionario. El surgimiento de nuevos líderes locales (1917) formó parte central del nuevo Estado.

En una coyuntura posterior (1946), con la instalación de la planta industrial CELANESE con capital extranjero, el crecimiento e influencia de Zacapu como centro de mercado de una micro–región se llevó a cabo sin la participación central de grupos locales económicamente preeminentes. La planta industrial se fundó con capital foráneo y empleó gran cantidad de población de otros estados. La continuidad más importante en esta coyuntura en la política y cultura locales fueron las identidades corporativas del Estado revolucionario. La organización obrera local surgió cuando ya existían corporaciones obreras nacionales en otras partes de la república integradas a la estructura estatal (Domínguez, 1998). Las corporaciones sectoriales y la representación discursiva de Zacapu mismo, "cuna del agrarismo", en la narrativa de la historia de la "Revolución", han formado parte central de la definición de una "cultura de Estado" (Lomnitz, 1995): una cultura de las relaciones sociales o un conjunto de identidades y prácticas que median el intercambio e interacción entre grupos de clase. Incluye las reglas formales explícitas pero también reglas no explícitas del aparato burocrático y prácticas que fueron desarrolladas y aprendidas en el proceso de institucionalización del nuevo orden estatal. Aunque este proceso fue impulsado en todo el territorio nacional, en la región de Zacapu no se topó con formas de organización social regionales amplia y positivamente aceptadas.

La síntesis presentada en este apartado sirve para mostrar que la persistencia de ciertas ideologías en una región no se debe a una inercia ahistórica y apolítica, sino a la actuación que grupos específicos han realizado siguiendo sus intereses y según sus posibilidades, en una búsqueda por participar en la organización de las diferencias culturales en la región, de manera que favorezca sus intereses. En el siguiente apartado se mostrará que la cultura de cada región orienta el desarrollo contrastante de dos IAD que han surgido como parte de un proceso de expansión de este tipo de instituciones en el territorio nacional.

 

CASOS INSTITUCIONALES

Cada IAD es impulsada por actores que pertenecen a grupos culturales regionales que emplean sus recursos económicos e ideológicos fundamentados en un proyecto cultural que expresa su posición política frente a debates nacionales relevantes que están teniendo consecuencias en la vida cotidiana de las personas. La ardua dedicación concedida por algunos actores a estos proyectos muestra que ellos comprenden la importancia del poder que puede emanar de la organización cultural de las diferencias. La posibilidad de comprender el desarrollo de dos instituciones educativas bajo las condiciones de una cultura regional deriva de la propuesta de Wolf, quien afirma que como las relaciones sociales dependen de

"la organización de la diversidad" a través de la interacción recíproca [debemos tratar de comprender] "cómo trabaja el poder en las relaciones sociales para dar coherencia a formas lingüísticas y culturales [...] debemos tratar de identificar los medios instrumentales, organizacionales o ideológicos que mantienen la costumbre o subyacen la búsqueda de coherencia [...] debemos tratar de identificar los agentes sociales que fundan y defienden instituciones y que organizan la coherencia, para quiénes y contra quiénes (Wolf, 1999: 66–67).

La aproximación que aquí presentamos es útil para apreciar cómo los actores locales tienen conciencia y conocimiento del marco discursivo estatal predominante que acompaña a la reforma estatal (Roseberry, 1994), y muestra cómo participan diversos grupos de interés mediante las instituciones educativas en una lucha por organizar la coherencia o, en términos de Bakhtin, una lucha por "marcar" el sentido de los signos (1987).

Desde la perspectiva de Bakhtin, los procesos predominantes de centralización política, tanto de alcance regional como nacional o global, deben expresarse en términos ideológicos, haciendo necesaria una lucha y negociación sobre las formas de representación de la realidad y sobre el sentido de los signos.2

Si consideramos el proceso de expansión de las IAD en todo el país como resultado de grupos de interés nacionales que están consolidando una política educativa nacional (centralización política), es posible apreciar sus efectos en algunas localidades del estado de Michoacán. Aunque es uno de los estados con baja proporción de educación superior privada, apenas 14% (ANUIIES, 2003), la elevada concentración de la educación pública en la capital (78%) posibilita el impacto del proceso de expansión de IAD en la entidad. En Zacapu la única oferta de educación superior correspondía precisamente a la IAD analizada en este estudio, mientras que en Zamora existían cinco IAD que tenían en conjunto una matrícula equivalente a 51% de los estudiantes de educación superior, como se muestra en el cuadro 3.3

Los actores regionales que crearon las IAD participan en este proceso recurriendo a las posibilidades económicas, sociales e ideológicas de cada región, y los resultados de su participación se reflejan en las características peculiares de cada institución.

Enseguida destacaré brevemente algunas de las respuestas que han dado los responsables de las dos instituciones analizadas a dos debates vinculados con la emergencia de un marco discursivo estatal neoliberal: privatización vs. derecho a la educación pública superior, y educación para el trabajo vs. educación para el desarrollo humano. En ellas se aprecia precisamente la tensión entre la aceptación de un marco discursivo dominante que ya ha tenido consecuencias concretas que limitan su acción,4 y la promoción de un proyecto alternativo de sociedad (sin que "alternativo signifique necesariamente progresivo"), tensión debida a una lucha que se está llevando a cabo sobre el sentido de "signos" desde distintas culturas regionales existentes.

En torno al debate sobre el acceso a la educación superior como un derecho o como una mercancía, la institución de educación superior privada de Zamora, a la que me referiré en adelante como IZA, nació del impulso de un grupo regionalista ligado a la iniciativa privada y a la Iglesia católica. Desde sus inicios los actores vinculados han subrayado el papel de la iniciativa privada como complemento de la labor gubernamental, por lo que no cuestiona en lo fundamental la pertinencia de proyectos privados de educación superior. Discursivamente oponen a una privatización excluyente sus "actos de justicia" mediante las colegiaturas "personalizadas" (becas). En los hechos se observa que un alto porcentaje de alumnos recibe algún descuento en la colegiatura —alrededor de 30%—. El monto de las becas equivaldría a tener 16% del total de la matrícula con beca completa. Sin embargo, esta acción tiene que analizarse en dos sentidos. Por una parte, es un esfuerzo institucional notable que ha beneficiado a un sector amplio de alumnos (30%). Pero por otra, debe analizarse el detrimento de las condiciones generales de la institución (infraestructura, personal) y del valor del título que otorgan en un mercado de educación superior jerarquizado (García, 2001), en tanto que tales condiciones dependen claramente de los ingresos por inscripción y colegiatura de los alumnos. De modo que el otorgamiento de becas también parece ser una estrategia de la IZA para insertarse en el mercado local de educación superior en Zamora, puesto que así hace atractiva su oferta al menos para una tercera parte de sus estudiantes.

Respecto a la falta de supervisión y planeación de la oferta educativa superior privada derivada de la política educativa actual, acorde con la primacía que otorga la IZA en sus principios al buen comportamiento de las personas fundamentado en principios teológicos, se ha soslayado analizar y poner en práctica acciones sistemáticas para enfrentar los problemas académicos de formación profesional y de inserción al mercado laboral que enfrentan sus egresados. No existen evidencias de que la IZA esté proponiendo soluciones a la falta de innovación en la formación universitaria. Considerando todas las IES de Zamora, la oferta de carreras, a pesar de algunas diferencias en los programas, es redundante y orientada a carreras altamente demandadas. De las 15 carreras que se ofrecen, diez están entre las que poseen mayor número de estudiantes en todo el país.

En los años en que fueron abiertas las carreras de la IZA existían carreras similares y en años posteriores se abrieron instituciones que incrementaron la redundancia en la oferta.

Las restricciones en el acceso a la educación superior de calidad son notorias en la localidad. La ciudad de Zamora, por el aprovechamiento que hace la población de más de 15 municipios cercanos de los servicios de salud y educativos, públicos y privados, se ha reafirmado como una ciudad regional. En el caso de la IZA esta condición se aprecia en la extensión territorial de la procedencia de sus alumnos. Es decir, se aprecia la relación entre la necesidad de servicios educativos no elitistas y la concentración e insuficiencia de la oferta de la universidad autónoma estatal, por lo que instituciones como la IZA han respondido a una necesidad del mercado educativo regional, dentro de las restricciones financieras que implica mantener una institución exclusivamente a partir de las aportaciones de los alumnos.

Por su parte, la institución de ecuación superior privada de Zacapu —en adelante IZU— nació como un intento de fundar una extensión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al fracasar, las fundadoras registraron la institución como centro de educación superior privado obteniendo las autorizaciones correspondientes en 1991. Tras diez años de laborar de esta manera, nuevamente, en 2001 iniciaron una tentativa más de transformar la IZU en institución pública y hasta la fecha (noviembre 2003) seguían en negociaciones con el gobierno del estado. Por lo tanto, de manera directa se han opuesto a su propia existencia como institución de educación superior privada. Dentro de esta orientación, la institución ha procurado disminuir al mínimo indispensable sus gastos en administración (personal, trámites, etc.), recurriendo a una organización efectiva y al apoyo de alumnos y egresados mediante el desempeño de su servicio social. De esta manera, ha logrado mantener las cuotas más bajas entre las instituciones de educación superior privada de todo el Estado, aun sin tener competencia en la ciudad de Zacapu, y mantener el pago por hora a sus profesores en un nivel relativamente alto, similar al de la Universidad Pedagógica Nacional. El hecho de ser la única opción de nivel superior en esta ciudad parece indicar que no ha sido un lugar atractivo para las escuelas privadas con presencia en el estado, aunque la emigración de jóvenes para estudiar carreras no existentes en la IZU indica que hay una demanda que no ha buscado atender la IZU.5

En cuanto a la relación falta de supervisión gubernamental, en 2004 sus dos programas de estudios se encontraban entre los más demandados en el ámbito nacional, considerando a Planeación Agropecuaria como administración por su énfasis en esa área. Pero hay que considerar que hace veinte años, en 1984, la situación era diferente en el ámbito estatal: no existían en la UMSHN las dos carreras que ofrece, Planeación Agropecuaria e Ingeniería Industrial, ni existía la oferta de los tecnológicos. Así que su propuesta fue innovadora en su tiempo. Por el énfasis que pone la IZU en la relación entre formación profesional, ascenso económico y solidaridad de clase, plantean como un reto central para los profesionistas la generación de empleo y el ascenso económico compartido con sus familiares. El principio de la universidad pública según el cual los profesionistas deben retribuir de alguna manera a quienes con sus impuestos sostuvieron sus estudios, en este caso adopta la forma concreta de retribución directa a los familiares de cada estudiante. De manera equivalente a la defensa de los intereses nacionales, el reto de impulsar la economía de Zacapu merced a su labor profesional deriva en un localismo congruente con el desarrollo paralelo de la formación académica y de la trayectoria laboral de los estudiantes. Sus fundadoras vinculan discursivamente la labor de sus egresados con la situación de injusticia social y desigualdad económica. Explican que sus egresados, por ser las personas más preparadas "del pueblo", tienen la responsabilidad moral de generar empleos y auxiliar con asesoría especializada a la gente menos favorecida que se los requiera, así como de dar clases en universidades públicas.

Como un problema central, se le ha dado a lo largo de los años un tratamiento sistemático y explícito a la relación entre el ascenso económico y la formación profesional pertinente e innovadora. Sobre la marcha y con dificultades han desarrollado estrategias como los diplomados que permiten un acercamiento de los estudiantes a problemas cotidianos de las microempresas locales, similar a las "estadías" en empresas de las universidades tecnológicas. Aunque no todos los alumnos participan en ello, al menos se trata de tentativas concretas con consecuencias que han sido valoradas por la población zacapense. Algunas materias, como Desarrollo de la comunidad, también son aprovechadas para enfrentar a los jóvenes a problemas concretos de organizaciones y empresas en comunidades rurales. Con acciones en pequeña escala pero concretas como éstas, a lo largo de veinte años de labor han logrado cierta legitimidad como una institución de interés público, a pesar de su carácter legal de institución privada, al grado que han conseguido apoyos puntuales del gobierno estatal y municipal. Aunque se trata de una institución de pequeñas dimensiones, sus logros son destacables si consideramos que se sostienen principalmente con las colegiaturas de los estudiantes.

El surgimiento y desarrollo de la IZU es interesante para apreciar otro problema relacionado con la asignación de presupuesto a las universidades públicas y la posible participación del municipio en la definición de proyectos institucionales de las universidades públicas: la descentralización educativa. A pesar del Acuerdo para la modernización de la educación básica, "la proporción del gasto educativo nacional que aportan los diversos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal" prácticamente no han cambiado en veinte años. "El Plan de Desarrollo Educativo 1995–2000 anuncia asimismo la descentralización en el nivel superior. En las dimensiones fiscal y financiera esta propuesta enfrenta las mismas limitaciones que la educación básica" (Kent et al., 1998). En su afán por expandir la universidad pública y por su labor constante en veinte años, la IZU ha cristalizado un vínculo con la sociedad local a la manera de una modesta "universidad urbana" en la pequeña ciudad de Zacapu.6 Su trabajo ha impulsado muy a su manera la participación del municipio en un proyecto educativo local. En concreto, ha logrado hacerse acreedora, en ocasiones gracias a las gestiones del gobierno municipal, a recursos públicos federales, estatales y municipales en montos pequeños y en ocasiones muy contados, pero aún así ha plasmando en los hechos un posible modelo institucional: una institución pequeña, con una administración eficiente, que ofrece formación profesional pertinente (con egresados colocados en puestos vinculados con su carrera) y atiende a población local: alumnos, empresas asesoradas y núcleos de población rural que reciben el servicio social de los estudiantes (asesoría profesional y académica). Esta situación muestra que una desconcentración mediante pequeñas unidades de una universidad pública podría propiciar vínculos que fortalecerían la participación del gobierno municipal en la orientación de los servicios y en el financiamiento de dicha unidad. Esta organización se contrapone a la restricción del crecimiento de la Universidad pública que deja en manos de las IES privadas e institutos tecnológicos la expansión de la educación superior a ciudades menores, aunque no se opone a la tendencia neoliberal de que al menos en parte la universidad sea auto–financiable, pues los diplomados de la IZU son una fuente de ingresos alterna a las colegiaturas de los estudiantes. Esta situación ha posibilitado que, a pesar de ser una institución privada, proporcione un procedimiento ejemplar para el financiamiento de una universidad pública desconcentrada, acorde con procedimientos de descentralización promovidos en el nuevo marco estatal.

En el debate en torno a la función social de la educación superior, ha sido criticado el renovado impulso reciente dado a la educación tecnológica basada en una concepción simplista del ser humano y del proceso de enseñanza aprendizaje que reduce a los egresados a mano de obra especializada (Flores, 2005: 28). En el caso de la IZA, aunque la apertura de carreras de alta demanda que supuestamente se adecuan a demandas del mercado laboral local ha sido una de las principales formas de lograr recursos para su sostenimiento, ha procurado mantener la carrera de Trabajo Social a pesar de la baja matrícula. En algún sentido esta carrera está siendo sostenida por las aportaciones de carreras con matrículas más numerosas. Aunque no se trata de ciencias básicas, al menos se distingue así de tecnológicos y de la mayoría de las instituciones de atención a la demanda. La otra carrera en la que desarrolla una postura peculiar de humanismo en la formación profesional es la licenciatura en Psicología. La orientación de la carrera de Psicología se enlaza con la visión de realidad que proyecta la IZA, sostenida en principios de un humanismo cristiano.

Por su parte, aunque las dos carreras que ofrece la IZU están orientadas a la producción y al mercado, se han incluido materias de ciencias sociales y humanidades como Ecología, Cultura purépecha y Desarrollo de la comunidad. De ellas, se han derivado acciones concretas como la asesoría para el trazado de calles, asesorías a talleres de artesanos en comunidades rurales, y organización de cursos para apoyo a la educación escolarizada de niños y jóvenes. Las actividades duran al menos un semestre y se plantean nuevas acciones de acuerdo a las materias programadas en los planes de estudio. Al tiempo que se interactúa directamente con la población próxima a la IZU, se incrementa la conciencia crítica y el humanismo de los estudiantes, humanismo entendido en este caso como una sensibilidad hacia las desigualdades socioeconómicas y crítica a las condiciones que la generan. Se pone en práctica una forma de entender la función social de la educación superior desde la formación de los profesionistas de carreras "técnicas". Y sin embargo, debido a la misión de la IZU de insertar a sus egresados en el mercado laboral regional, en los diplomados a microempresas y en los cursos de licenciatura se enseñan temas como círculos de calidad, procesos de certificación, calidad total, temas referentes al control de procesos productivos que han puesto en marcha industrias transnacionales establecidas en Zacapu.

 

COMENTARIOS FINALES

De forma resumida he intentado mostrar que las orientaciones ideológicas de cada IAD tienen fundamentos regionales, y que los actores regionales aprovechan las oportunidades que se presentan en una reforma estatal, con la creación misma de las IES locales, pero al mismo tiempo buscan activamente diferenciarse y en algunos puntos confrontar el marco discursivo y normativo predominante. Dichas ideologías no son simples inercias, sino resultado de luchas políticas previas entre grupos culturales y de clase que los actores contemporáneos emplean, puesto que forman parte de su identidad pero también como parte de una estrategia que consideran provechosa para sus propios intereses.

Más allá de los logros concretos de cada institución al promover un proyecto de sociedad nacional desde las regiones, este enfoque nos permite comprender el alcance y orientación de las instituciones educativas a partir de las condiciones regionales de su existencia, y las posibilidades de acción de los actores regionales dentro de procesos nacionales como lo es una reforma del Estado, sin establecer una dicotomía formal entre el análisis institucional y el análisis del contexto social. En pocas palabras, se trata de comprender la historicidad de las instituciones educativas y no sólo de elaborar una historiografía de su contexto social.

Espero que este reporte de investigación sirva para la reflexión en torno a las tendencias predominantes en el análisis de las instituciones de educación superior en México. El valor de esta investigación deriva principalmente del esfuerzo por adaptar una perspectiva de análisis de la antropología al estudio de instituciones educativas. Esta perspectiva puede contrarrestar el énfasis dado en la mayoría de los análisis de la educación superior contemporáneos, en los que destacan perspectivas organizacionales o de gestión y políticas públicas. En cambio, esta investigación pretende explicar las complejas relaciones que guardan dos instituciones contemporáneas con procesos históricos de alcance regional.

 

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NOTAS

1. Según una encuesta realizada a 65% de los estudiantes de la universidad de Zamora y con información de los archivos del Centro Universitario de Zacapu, en el caso de las IAD analizadas, 42% de los padres de los alumnos eran empleados u obreros, 35% eran dueños de pequeños negocios (comercio informal), y 87% no tenían estudios universitarios.

2.  En este caso, "centralización política" refiere a un proceso estructural en el que ciertos grupos, recursos e ideas sobre la organización política y social ocupan una posición central en la estructura política de un país o una región. El proceso de una reforma del Estado sería un caso de proceso de centralización política nacional.

3.  Los porcentajes nacionales eran 77% en instituciones públicas y 33% en privadas, durante 2003.

4. Como señala Ibarra (1998), basado en Foucault, la definición de clasificaciones institucionales, índices e indicadores privilegia ciertas acciones y desalienta otras, afectando el contenido y organización del trabajo universitario aun antes de que se instrumenten evaluaciones basadas en dichos índices y clasificaciones.

5. En enero de 2000 se anunciaba apenas la instalación de un centro de la Universidad Autónoma de Guadalajara, institución privada dedicada a formar "profesionales asociados" (carreras de dos años) pero en 2003 aún no se concretaba (www.uag.edu.mx, consultado en julio 2003).

6. Casi 80% de los alumnos provienen del municipio de Zacapu. 75% del total residen específicamente en la ciudad de Zacapu.

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