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Perfiles educativos

Print version ISSN 0185-2698

Perfiles educativos vol.27 n.109-110 Ciudad de México Jan. 2005

 

Claves

 

El declive de la universidad pública: la interface de una ideología*

 

Ernani Lampert**

 

* Traducción de Ileana de la Cruz Salgado

** Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Campinas, Brasil. Profesor adjunto Fundação Universidade Federal do Río Grande, Brasil.
Email: erncas@bol.com.br

 

Recibido: 29 de noviembre de 2004
Aprobado: 26 de julio de 2005

 

Resumen:

Este trabajo analiza el declive de la universidad brasileña ante las políticas neoliberales. Está dividido en dos partes. En la primera se contextualiza y teoriza sobre la problemática de la universidad de Brasil; inicia con una breve introducción histórica en la que se enfatizan algunos factores que intervinieron en el desarrollo de la educación superior en los periodos colonial, imperial y republicano. Siguiendo la óptica de diferentes autores, analiza cuestiones polémicas y crónicas de la universidad brasileña. En la segunda parte se describe la metodología utilizada en la investigación, cuya población fueron los docentes, alumnos y funcionarios de las universidades federales situadas en el estado de Río Grande del Sur. También se describen los procedimientos y se ofrece al lector algunas inferencias derivadas de este estudio, para el análisis y la reflexión.

Abstract:

This article analyzes the decline of Brazilian university system due to the neoliberal policies. It consists of two parts, which are tightly connected. The first part gives us a contextualization and a theoretical approach of the problem, based on a short historical introduction in which the author emphasizes some of the factors which influenced the development of higher education during the colonial, imperial and republican period. According to the vision of several authors, it analyzes polemic aspects and chronicles about the Brazilian university. The second part contains a description of the methodology that have been used for this research, for which the object of study were the teachers, students and civil servants at the federal universities within the state of Rio Grande do Sul. It also gives an overview of the proceedings and and some of the inferences that are made possible by this study as a basis for analysis and reflexion.

Palabras clave: Universidad / Neoliberalismo / Educación superior / Brasil

Keywords: University / Neoliberalism / Higher Education / Brazil

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y TEORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

La historia de la educación superior brasileña necesita ser analizada a la luz de las universidades del mundo occidental, ya que desde su origen está fundamentada en ese paradigma. Los parámetros estadísticos son importantes en la comprensión del proceso evolutivo de la educación superior; no obstante, la lectura del contexto, desde diferentes perspectivas, permite ampliar el campo de conocimiento, visualizar mejor la realidad e inferir que, históricamente, la universidad ha sido elitista y alejada de la realidad. Al desantender el principio de igualdad de oportunidades y de equidad social, acabó por sobrevalorar los privilegios de orden socioeconómico vigentes. Mientras tanto, la verdad es que "la universidad tiene que ser vista en su conjunto, en el contexto social en el que se sitúa y en el periodo histórico vivido" (Vigevani, 2002, p. 43).

No es la intención de este estudio describir la educación superior brasileña, ya que en la literatura especializada hay un número significativo de trabajos en este sentido pero, como una breve introducción a la historia y con ayuda de algunos datos puntuales, pretende dar al lector un acercamiento a la evolución de la educación superior en Brasil. A partir de esta perspectiva y según la cronología clásica, se destacarán algunos puntos del periodo colonial, imperial y republicano que, según la óptica del autor de este estudio, esclarecen fenómenos y dan pie a cuestionamientos y reflexiones.

En el periodo colonial, durante la dominación portuguesa, existen divergencias en las posturas de diferentes autores en relación con la educación superior. De acuerdo con Cunha, "en la Colonia, la educación superior se impartía en colegios jesuitas (cursos de filosofía y de teología) y, después de la expulsión de esa orden religiosa del reino portugués, en 1759, los conventos franciscanos los sustituyeron en Río de Janeiro y San Pablo" (1997, p. 13). Teixeira, citado por Cury, al referirse a las primeras instituciones de educación superior en la Colonia y el imperio, afirma que Brasil pasó por toda clase de obstáculos para la creación de escuelas de educación superior, incluso por parte de los pontífices papales. "La posibilidad de tener una formación superior la tenían los hijos de las élites que eventualmente viajaban a los países de Europa, en especial a Portugal. Lo que se podía tener era apenas una preparación para hacer fuera lo que estaba prohibido en Brasil" (1997, p. 41). Se sabe que Portugal no manifestaba interés en la instalación de un sistema de educación superior en Brasil y por eso ponía trabas para que esa idea se concretara. Por el contrario, la dominación española, básicamente precedida por organizaciones religiosas, tuvo una mayor preocupación en lo referente a la educación superior y en 1523 instaló la primera universidad de América Latina en la República Dominicana.

En el imperio, al debilitarse el poder portugués (virreinato) en 1808, se facilitó el proceso de instalación de cursos superiores. En 1813 se crearon las academias de Medicina y Cirugía de Bahía y de Río de Janeiro y, en 1832, se las erigió como facultades. A su vez, en 1827, se crearon las facultades de Derecho de Olinda y San Pablo. Las facultades formaban parte de la burocracia del Estado. La Constitución de 1824 decretaba la libertad de expresión y de pensamiento, la instrucción primaria gratuita y la posibilidad de crear colegios y universidades, donde serían enseñadas las ciencias, las letras y las artes. En general, la creación de la universidad desde la Constitución de 1823 fue una situación compleja y sin mucho éxito.

En la República Vieja (1889–1930), gracias a ciertas reformas y aspectos legales otorgados, se hicieron evidentes algunos avances respecto al funcionamiento de las instituciones superiores, tanto en lo referente a la estructura administrativa como a lo pedagógico. En la República Nueva (1930–1937), con un cierto atraso, se creó el Estatuto de las Universidades Brasileñas. La Constitución de 1934 abrió caminos para la creación de la Universidad de San Pablo y en virtud de la ley n452/1937 se creó la Universidad de Brasil, reorganizando la Universidad de Río de Janeiro de 1920, que fue fruto de la unión de las tradicionales escuelas de Derecho, Ingeniería y Medicina, existentes en esa ciudad. Dicho proceso se llevó a cabo para otorgar el título de doctor honoris causa al rey de Bélgica que visitaba el país por la celebración del Centenario de la Independencia.

En 1937, con la instalación del Estado Nuevo (1937–1945), establecido como un régimen dictatorial, las libertades civiles fueron prácticamente suspendidas, lo que afectó también a la educación superior. Así, gracias a la ley n1.254/50 nació el proceso gradual de federalización de los establecimientos de educación superior, que posteriormente apoyó la creación de las universidades federales.

La ley 4.024/61, que abarcaba los diferentes niveles de educación, fue ampliamente discutida por más de una década en el Congreso Nacional; su gestación tuvo lugar cuando, en el ámbito internacional, la guerra fría se intensificaba y Brasil formaba parte de la zona de influencia dominada por Estados Unidos, y en el ámbito nacional, el populismo, el nacionalismo y el desarrollo estaban en auge. En cuanto a la educación superior, dicha ley aumentó el control del poder normativo del Consejo Federal de Educación; posibilitó que la educación superior fuese brindada tanto en las universidades como en escuelas aisladas; mantuvo el sistema de cátedra, garantizó la representación estudiantil en los órganos colegiados, etc. La citada ley dio paso a la regulación de los cursos de posgrado y distinguió tres categorías de educación: grado (licenciatura), posgrado y especialización. Fue promulgada en un periodo de desarrollo económico en el que la masificación y la privatización de la educación no formaban parte del escenario sociopolítico educativo, y se constituyó en un parámetro de la calidad de enseñanza superior, así como de la preescolar, primaria y secundaria.

Con la promulgación de la ley n5.540/68 (durante el Gobierno Militar, 1964–1985) cambia significativamente la educación superior, y se consolida el trinomio educación, investigación y difusión. Aquel fue un acto político del gobierno para aplacar el movimiento estudiantil, atender ciertas reivindicaciones de los docentes y alumnos, y atraer a las universidades el interés del capital estadounidense. Esa ley, atendiendo a las sugerencias de la usaid, apuntaba a la eficiencia, la modernización, la flexibilidad administrativa y la formación de recursos humanos de alto nivel como factores determinantes en el desarrollo del país. La Ley de Reforma de la Educación Superior, un instrumento a favor de los intereses predominantes, pretendió formar mano de obra barata y especializada para atender a los empresarios nacionales e internacionales; institucionalizar la dependencia de la universidad a los intereses de las grandes empresas; producir mano de obra para mantener la estructura tecnocrática militar del neocapitalismo de Brasil y producir una legislación represiva para contener a los estudiantes y a la población, legitimando el modelo político–económico implantado por los militares en 1964. En relación con este tema, se puede afirmar que:

La reforma Universitaria, implícitamente, intentaba mantener bajo control las actividades políticas de los estudiantes y el control de la reorganización universitaria, es decir, el mantenimiento de la realidad socioeconómica y la cooperación en la viabilidad del proyecto económico y político de los detentores del poder, a partir del golpe militar de 64. Así, la tradición liberal de universidad es interrumpida. Surge la universidad tecnocrática. Con base en el autoritarismo, el poder pasa a ser ejercido por los militares y tecnócratas, y las actividades universitarias son controladas por ellos (Lampert, 1999, p. 41).

Fue muy cuestionada la forma como se presentó la reforma universitaria y, por su contenido explícito e implícito, se convirtió en un parteaguas en la historia de la educación brasileña, pues introdujo la investigación, especialmente mediante los cursos de posgrado stricto sensu (maestría y doctorado) y latu sensu (de especialización). Ambos tipos de posgrado fueron una respuesta al desafío progresista y, debido a los intereses políticos y a las necesidades de la época, apuntaban a la formación de personal calificado para la investigación y el magisterio superior en las diferentes áreas del conocimiento.

Durante la Nueva República —a partir de 1985—, la ley 9.394/96 establece las nuevas directrices y bases de la educación nacional y trae consigo, de forma implícita, la ideología neoliberal que sujeta la educación a las prerrogativas globalizadoras del mercado, lo que provoca la inclusión de una minoría contemplada y la exclusión social de una gran mayoría, al igual que de las ideas de democracia, justicia social, ciudadanía, etc. Además, la ley reduce la intervención del Estado, impone la privatización, incentiva la competitividad y excusa al Estado de cumplir con sus funciones básicas. En contrapartida, permite espacios para que las instituciones de educación innoven y se organicen administrativa y pedagógicamente, dentro de sus posibilidades, límites e intereses.

Los datos históricos descritos permiten inferir que, entre omisiones, obstáculos, avances y retrocesos, la educación superior brasileña siempre fue influenciada por factores políticos, económicos, sociales y culturales tanto internos como externos, que determinaron y marcaron su trayectoria. Además, es posible constatar que el caos en que se encuentran las universidades públicas federales es consecuencia, en la mayoría de los casos, de esos momentos históricos y de la ausencia de una política capaz de revertir esa situación. Por otro lado, se percibe el enorme progreso realizado por las universidades brasileñas que, a pesar de existir hace no mucho tiempo en comparación con las universidades seculares, han contribuido valiosamente en prácticamente todas las áreas del saber humano y en el desarrollo cultural, político, económico, social y educativo del país, actuando la mayoría de las veces en condiciones precarias de infraestructura.

En la actualidad, con raras excepciones, la situación en las universidades públicas brasileñas es preocupante. En ese sentido, Arraes afirma:

Apenas 13% de los brasileños de entre 18 a 24 años tienen acceso hoy a la educación superior. Cerca de un millón de jóvenes son excluidos anualmente de la matrícula universitaria. Presionada por la reducción de fuentes de financiamiento, la inexistencia de planes de estudio adecuados, reducción de la plantilla de profesores y servidores técnico–administrativos, falta de políticas que incentiven la ciencia y la tecnología y respondiendo a la necesidad de asegurar crecientes niveles de excelencia, la universidad pública brasileña pide ayuda (2002, p. 21).

La ampliación de las plazas y el avance significativo de las últimas décadas no acompaña al crecimiento poblacional y al índice de alumnos egresados de la educación media aptos para ingresar al nivel superior. Dentro del contexto actual, en el que la competitividad y la productividad son exigencias globales, "la búsqueda creciente de estudios de nivel superior ocurre en América Latina, así como en otras regiones del mundo, lo que refleja la conciencia de que el cambio en los medios de producción y las herramientas que los manipulan requieren cada vez más de una formación especializada" (Gottifredi, 2002, p. 77).

Es necesario que la oferta del sector público sea ampliada y accesible a los diferentes segmentos sociales excluidos. Una posibilidad para la democratización y la expansión es el ofrecimiento de cursos nocturnos. Para Sposito (1998) dicha propuesta, además de volver viable la multiplicación de plazas, es la única alternativa para la gran mayoría de los alumnos aptos para ingresar a la educación superior, de proseguir sus estudios. En este sentido, datos del Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos (2000) demostraron que el número de plazas en el periodo de 1980 a 1999 se incrementó de 408 814, a 849 390. La participación del sector privado pasó de un 68.6% a 75.5% de los lugares.

En Brasil, el quinto país más grande del mundo en extensión territorial y población, el acceso a la educación básica, por lo menos desde el punto de vista legal, es universal exceptuando los "restantes". El acceso a la educación media tuvo un incremento en los últimos años, sin embargo, las tasas de deserción y reprobación son elevadas. Cada año se constata que más jóvenes concluyen la educación media y están listos para ingresar al nivel superior. Por ello urge que el país enfrente el desafío de ampliar el acceso a la educación superior pública de calidad. Lo anterior tiene que ver con cuestiones vitales como: financiamientos adecuados y comparables a los de las naciones industrializadas; presupuestos flexibles y compatibles con las necesidades reales; políticas públicas adecuadas para la solución de problemas de recomposición del cuadro de personal; mantenimiento e inversión en los hospitales universitarios; renovación de los acervos de las bibliotecas, y equipamiento al servicio de la ciencia y la tecnología.

Por lo tanto, para que el país continúe desarrollándose es imprescindible un plan para aumentar las plazas en las universidades públicas. Ese instrumento ambicioso deberá ser discutido por los diferentes segmentos sociales, considerando variables como: la capacidad de absorción de las universidades públicas, las diferencias regionales, las preferencias por área de conocimiento, las áreas prioritarias para el país y, sobretodo, la posibilidad de financiamiento del sector público. De nada servirá aumentar el número de alumnos si se deja de lado la calidad, elemento esencial y una de las características que distinguen a la universidad pública brasileña. Otro aspecto que necesita ser considerado es el propio concepto de universidad a la luz de la Constitución de 1988, que establece la idea de educación, investigación y difusión como un concepto indisociable. Brasil precisa de universidades críticas, que consideren la investigación, y no sólo de universidades productivas y mercantilistas, que dan prioridad al capital en detrimento de la formación de ciudadanos críticos que se inserten en un proyecto político capaz de revertir la situación actual.

Junto a la problemática de las plazas está la cuestión de los alumnos que estudian en el nivel superior. El resultado del Examen Nacional de Cursos (Provão) de 1997 (Rossetti, 1997) mostró que la educación superior brasileña, tanto del sector público como del privado, atiende básicamente a una élite y segrega personas de ingresos diferentes por tipos de cursos. Setenta y cinco por ciento de los estudiantes que participaron en el examen vive en familias con un ingreso mensual superior a los diez salarios mínimos, lo que representa apenas 17% de las familias brasileñas.

En contrapartida, datos de la Investigación Nacional en Vivienda (PNAD) de 2001, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, presentados por el ex presidente del Instituto, Simón Schwartzman, permiten trazar el perfil de los estudiantes de la educación pública, comparado con los que estudian en el sector privado. El ingreso mensual familiar de los estudiantes del sector público es de R$ 2 433, en comparación con los R$ 3 236 del privado. La investigación de Schwartzman muestra que en el sector privado 50% de los estudiantes provienen de familias con un ingreso mensual que representa a 10% de la población con mayores ingresos en Brasil, mientras que en el sector público ese porcentaje se reduce a 34.4%. El autor de la investigación formula dos hipótesis: la primera evidencia la idea de que los alumnos con familias de mayor ingreso económico comienzan a evitar las instituciones públicas por temor a las huelgas, la falta de docentes y el deterioro de las instituciones. "La élite puede estar huyendo del sector público para el privado en un movimiento semejante al que ocurrió en la educación media, cuando el sector público comenzó a perder calidad y los alumnos de la clase alta se fueron al sector privado" (Gois, 2003, p. c4). La segunda hipótesis es la de que las instituciones públicas están en un proceso de democratización.

A la luz de esos datos, parece fundamental delinear algunas preguntas pertinentes a la problemática: ¿Por qué, históricamente, el sistema de educación superior excluyó a la clase popular, que en muchos casos es el objetivo de las discusiones que orientan a las instituciones públicas de educación? ¿La universidad pública está predispuesta a trabajar con la clase popular? ¿El acceso de ese contingente provocará que la universidad pública pierda su estatus y disminuya la calidad de la educación? ¿Qué es, concretamente, lo que la universidad pública brasileña está haciendo para cambiar tal escenario? ¿La clase popular no alcanza la matrícula universitaria por cuestiones estructurales, o porque no aspira a puestos más elevados en la pirámide social?

Las universidades públicas, prácticamente en todo el mundo, han sido afectadas por la disminución de inversión y el recorte de presupuesto. Las universidades de América Latina han sufrido mucho con las políticas de ajuste exigidas por organismos multilaterales que determinan un nuevo orden político y económico internacional. En relación con esa problemática, Borja dice que:

el mundo fue alterado por la onda expansionista del neoliberalismo, con su programa de Estado desertor, con las vergonzosas directrices a las cúpulas políticas de todos los países, con la privatización indiscriminada, con el "darwinismo" económico que postula con cinismo el predominio del más fuerte, con la concentración piramidal de la riqueza, con la intensificación de las diferencias socioeconómicas y la generación de más pobreza que se sumó a la pobreza tradicional de nuestros pueblos (2002, p. 35).

Moreira (2001), en un estudio que discute la cuestión del financiamiento y el presupuesto de las instituciones federales de educación superior, en el periodo 1994–1999, comprobaba por medio de datos dispuestos en cuadros y gráficas, que los gastos públicos de las Instituciones Federales de Educación Superior (IFES) han disminuido crecientemente. La solución a ese problema, según la autora, está principalmente en los gobiernos, aunque no descarta la posibilidad de que las instituciones por sí mismas busquen los recursos complementarios que les son indispensables. "En Brasil, las universidades públicas buscan formas de financiamiento adicionales y otras utilizan su prestigio para captar recursos para la investigación en fuentes externas" (Vigevani, 2002, p. 55).

La cuestión de los financiamientos se debe discutir por los diferentes segmentos sociales. Le corresponde al gobierno, en primer lugar, realizar su parte mediante atribuciones presupuestales directas e indirectas, pues un país que no invierte en educación superior, producción de conocimientos, ciencia y tecnología al ritmo actual, tenderá a disminuir. Por otro lado, es indispensable que las universidades busquen recursos complementarios en los diferentes órganos de fomento a la investigación, pero sin perder su visión y compromiso social. La mayoría de los órganos de fomento a la investigación afectados por la política neoliberal, que privilegia el sector financiero en detrimento del social, están siendo perjudicados por los recortes presupuestales. Por ejemplo, la Fundación de Amparo a la Investigación de Río Grande del Sur (FAPERGS), en 1997 y 1998, llegó a ocupar la segunda posición entre las fundaciones más importantes en el área científica del país. Hoy es la fundación estatal número 16 en importancia nacional.

La falta de presupuesto amenaza la investigación gaúcha. FAPERGS recibió hasta el momento apenas 7% del valor anual previsto en la Constitución del Estado, que corresponde a 1.5% del presupuesto. Fueron R$5 millones de los cerca de R$70 determinados por ley. A pesar de que no se está cumpliendo lo que establece la Constitución, históricamente los montos presupuestales han sido reducidos (Correio do Povo, 29 de septiembre de 2003).

La investigación es la función principal de la universidad. Debe ser la pieza principal del posgrado. El investigador no se puede limitar a hacer ciencia. Debe "reflexionar sobre el significado, las implicaciones de su actividad para la sociedad en su conjunto" (Oliveira, 2002, p. 26). Villalba (2002), al referirse a la universidad latinoamericana frente a la globalización, señala que los objetivos de la investigación de cara a la política neoliberal han tenido un vínculo poco estrecho con la sociedad, pues las necesidades sociales no han sido prioridad para quien financia las investigaciones. La autora enfatiza que las humanidades y ciencias deben asumir una responsabilidad de reflexión conjunta. Deben, unidas, buscar la preservación de la justicia social merced a las aulas universitarias y que éstas tengan como objetivo la formación de personas con conciencia crítica. Para Lampert (2000), es imprescindible que la universidad abra espacios para la práctica en las aulas, los laboratorios y, sobre todo, en las comunidades, a fin de encontrar alternativas para disminuir las desigualdades sociales, los problemas políticos, económicos, educativos y culturales, eliminando la miseria, el hambre, la corrupción, la violencia, etc. Por lo tanto, para que la universidad pueda cumplir con su función de investigación, lo que le confiere su estatus de universidad, es indispensable recuperar la capacidad de fomento del Consejo Nacional de Investigación y de las fundaciones y fondos de financiamiento a la investigación. Sin esas ayudas, el acto de investigar se vuelve inviable.

Es importante saber que los países desarrollados han invertido fuertemente en su sistema educativo, tanto en la educación básica como en la superior, así como en proyectos de investigación; en la actualidad continúan haciéndolo, pues son conscientes de que la mejor inversión que una nación puede hacer es en la educación, un bien de inconmensurable valor individual y social. Esta inversión fue un puente hacia el progreso de estas naciones y permitió que fueran sentados los pilares actuales de su desarrollo. Dantón, uno de los líderes de la Revolución Francesa, decía: "después del pan, la mayor necesidad de un pueblo es la educación". Por otro lado, los países en vías de desarrollo o económicamente atrasados, que atraviesan graves crisis económicas y que además no cuentan con recursos suficientes, no ven en la educación y en la investigación una posibilidad de salir de ese atraso, de la pobreza y de la miseria. De esa forma, la brecha que existe entre el mundo industrializado y los países menos desarrollados aumenta cada vez más y, a corto y mediano plazos, sin una revisión adecuada de la problemática, la convivencia en el planeta será prácticamente imposible. "El sistema educativo que adopta un país representa la visión que construye de su futuro" (Salmerón, 2002, p. 3).

En relación con los recursos humanos, mediante sucesivos recortes de plazas y de personal, sobretodo en la última década, la situación, casi en todas las universidades públicas, es caótica. Según la Asociación Nacional de Dirigentes de las Instituciones Federales de Educación Superior (ANDIFES), en 1994 la plantilla de personal de las IFES era de 45 243 profesores y de 71 408 servidores técnico–administrativos. En 1997, esa plantilla paso a ser de 42 227 servidores. El déficit acumulado representa 3 016 profesores y 9 981 servidores menos.

El gobierno federal ha establecido como medida provisional para disminuir el problema, la contratación de profesores por tiempo determinado. Estos profesionistas, con raras excepciones, no tienen una formación académica adecuada y no están preparados para la docencia, sin embargo, se empeñan en mantener la dinámica de la universidad. Los profesores sustitutos, contratados temporalmente sin derechos y con salarios que oscilan entre los R$ 600 y los R$ 1 100 000 se encuentran, la gran mayoría, sin compromiso político o pedagógico y sin perspectivas de continuidad, además de que corresponden aproximadamente a 25% de los docentes en activo. La situación de los técnico–administrativos es peor. Datos del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Federal de Ceará (Arraes, 2002) señalan que existe una carencia de 22 mil servidores entre plazas desocupadas y vacantes indefinidas. A pesar de la aplicación por parte del gobierno de Lula del Proyecto de Reforma de la Prevención, la situación continúa empeorando y ciertamente provocará un caos en el servicio público. Los recortes dispuestos apuntan al declive de la universidad pública en un corto plazo. Los profesores altamente calificados, que se dedican a la investigación, a la educación y a la difusión, están emigrando a las universidades particulares y los profesores sustitutos, con alta carga de horas aula, se dedican exclusivamente a la educación. Las funciones básicas de investigación, educación y difusión están amenazadas y sin perspectiva de continuidad. Ese fenómeno no es una casualidad. Es uno de los dos pilares de la política neoliberal que busca por todos los medios reducir el gasto público y social, incentivar la privatización de la educación superior y abrir caminos a la mercantilización de la educación, conforme lo determina la ALCA.

El Ministerio de Educación (MEC), y el Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos (INEP, 1999) analizaron estos datos en forma descontextualizada y desde una perspectiva meramente técnica, y presentaron un informe estadístico donde mostraron la evolución de la realidad de la educación superior en Brasil de 1980 a 1996, intentando soslayar que ese nivel de educación está "contra la pared" y a punto de perder la batalla frente a la iniciativa privada. Esos datos no sólo necesitan ser clasificados, sino analizados, tomando en cuenta la historia, la misión, la función, el tipo de educación, los servicios de difusión y la investigación que la universidad pública brinda a la sociedad, lo cual es muy diferente a lo que realizan las instituciones privadas, salvo algunas excepciones. Analizando esa problemática, Siquiera señala que:

La divulgación de los datos del censo, exaltados para el gran público, los medios y la prensa, vuelve aún más distorsionada la cuestión. Al presentar un estudio que considera el número de instituciones, número de alumnos matriculados, egresados, de recién ingreso, profesores en activo, funcionarios, plazas vacantes, provoca la pérdida de una visión total y lleva a un conteo que no sólo posibilita sino que induce conclusiones apresuradas, erróneas y reducidas del trabajo que se lleva a cabo en las instituciones públicas, mostrando un supuesto mejor desempeño en el sector privado, el cual debería ser medido con los mismos parámetros [...] Pero, ¿qué parámetros?, ¿para qué cursos?, ¿para qué nivel?, ¿qué formación?, ¿sobre qué bases? (2000, p. 65).

Salmerón (2002), al analizar la escuela privada y la universidad pública, asegura que las universidades privadas, con algunas honrosas excepciones, son empresas comerciales que, privilegiando el lucro económico, se dedican exclusivamente a la formación profesional de los estudiantes, sin preocuparse por la formación de un ciudadano consciente que transmita las bases culturales. Las universidades públicas buscan mantener las aspiraciones culturales y crean las condiciones de trabajo intelectual para los jóvenes de generaciones futuras, lo cual es indispensable para el progreso de un país. "Al mismo tiempo que limita de sobremanera las posibilidades de crecimiento de la universidad pública, el régimen apoya a las universidades privadas, concediéndoles recursos públicos y estableciendo la expansión del sistema universitario por cuenta de las empresas privadas (financiadas con recursos públicos)" (Roio, 2002, p. 15).

Belloni (1988), en su artículo "Educación superior pública: un compromiso con la ciencia y la justicia social", alienta la necesidad y la importancia de la educación superior pública tanto para la formación del ciudadano como de la sociedad. "El carácter público de la educación es la mejor garantía de la democracia política, de la pluralidad ideológica, cultural y religiosa". "Solo en virtud del amplio acceso de la población a la educación pública en todos los niveles, se vuelve efectivo el pluralismo que una sociedad democrática necesita" (p. 29). La educación superior pública, además de propiciar el crecimiento económico, auxilia a la población en la búsqueda de mejores condiciones de vida y en el avance científico y tecnológico del país, porque es en las universidades donde se desarrolla la mayor parte de la investigación pura y aplicada. Por tanto, la educación superior es un derecho del ciudadano y de la sociedad.

La universidad pública, que a lo largo de su existencia tiene un papel de suma importancia en el desarrollo del país, debe producir conocimientos en la ciencia, la tecnología y las humanidades, para eliminar y disminuir los crecientes rezagos con respecto a las regiones desarrolladas del mundo. Por eso, le corresponde a la universidad "producir la educación y los conocimientos que puedan contribuir para mejorar el nivel intelectual y la calidad de vida de toda la sociedad o de algunos sectores, particularmente los menos beneficiados por el desarrollo científico y cultural contemporáneo" (Vigevani, 2002, p. 44). Moraes (2002), al analizar la universidad y su espacio, destaca que ésta debe reivindicar, obtener y garantizar un espacio relevante —tanto para el estudio como para la enseñanza— a aquello que es general, no inmediato y no local, a aquello que hasta parece abstracto e irrelevante para quien está inmerso en problemas comunes. "Es indispensable garantizar, en la educación y la investigación, un espacio para lo que no tiene aplicación inmediata y directa, pero que permite y prepara para el aprendizaje de una adaptación permanente" (p. 77).

Siguiendo esta línea de razonamiento y al referirse a la globalización, Borja señala:

Frente a este panorama sombrío, el gran papel de la universidad del siglo XXI es el de comprometerse activamente con el futuro de manera que reconcilie la ciencia con la ética y levante su pensamiento y su voz por encima de la desorganización general, la degradación de valores, del crecimiento desenfrenado de las injusticias, del desencanto de la posmodernidad, de la subcultura de las imágenes de televisión y de la presencia de la video–política, que sustituyen la inteligencia por la fotogenia, la personalidad por la imagen, la realidad por la apariencia, la verdad por la verosimilitud, el discurso por el estilo, el contenido por la forma y la consistencia de ideas por la eufonía (2002, p. 41).

López Segrega (2001), en un texto que discute los efectos de las políticas aprobadas en la Conferencia Mundial de Educación Superior (1998) en los sistemas nacionales de educación superior y en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, señala que los cambios ocurridos en los ámbitos mundial y regional, durante las últimas décadas del siglo XX, volvieron más complejos y heterogéneos a los sistemas naciones y a las instituciones. La masificación y el crecimiento vertiginoso del sector privado contribuyó al desarrollo de las naciones, y los gobiernos adoptaron la postura de laissez fare (dejar hacer) propia de la década de los ochenta, en que la privatización era un paliativo de expansión cuantitativa, sin que se controlara la calidad. Del descontrol se pasó a la reformulación y adopción de políticas de control de calidad. Mediante la validación institucional, se intentó conciliar la expansión con la calidad, sin interrumpir el proceso de desarrollo de las instituciones particulares, pero cuestionando el instrumento de control. Es sabido que las políticas asumidas son incipientes y que tal vez no signifiquen una modificación sustancial en lo que se refiere a las instituciones de educación superior, sin embargo, constituyen un impacto real y una innovación en un proceso liderado por la UNESCO que busca un verdadero salto cualitativo.

"Universidad de excelencia", "control de calidad", "calidad total" son algunos términos de uso frecuente en el medio universitario. Históricamente la sociedad occidental ha utilizado ciertos eslogans para definir periodos, rupturas, crisis, valores, modelos. La calidad total no es reciente. Nació con el propio hombre, pero se constituyó como uno de los grandes temas de las últimas décadas. Ese movimiento mundial inició a partir de 1950 en Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial, aparte del gran número de víctimas civiles y militares, destruyó política y económicamente a las grandes potencias, generando profundas crisis en todos los sectores de la producción humana. Los países del eje Berlín–Roma–Tokyo se apoyaron en el concepto de calidad para restablecer en poco tiempo el orden político, económico, social y educativo. La guerra fría intensificó entre las superpotencias la competitividad del mercado mundial. La calidad asumió un papel importante en las relaciones y en los intercambios comerciales. Lo importante era producir al menor precio, pero con calidad, para satisfacer las expectativas del cliente.

Actualmente, el eslogan "calidad total" forma parte de la vida de los industriales, empresarios, profesionistas y del público en general. Es prácticamente sentido común el hecho de que todos aquellos insertos en el tercer milenio, necesariamente, se tendrán que familiarizar con esa terminología. Consecuentemente la educación, para acompañar al progreso, recurre a esos pilares (visión sistemática, unidad totalizadora, etc.) que hacen referencia a dicha práctica. Se habla de la "pedagogía de calidad total" (educación centrada en el alumno, en el proceso, en los nuevos paradigmas, en la gestión democrática, etc.). Fernández Enguita, en su trabajo "El discurso de la calidad y la calidad del discurso", dice que "la problemática de calidad estuvo siempre presente en el mundo de la educación y de la enseñanza, pero nunca había alcanzado antes ese grado de importancia" (1998, p. 96).

Considerando lo expuesto y tomando en cuenta la realidad de la educación superior, se observa que la calidad total en la educación es un eslogan utilizado por algunos autores y se considera una utopía. ¿Cómo es posible exigir calidad cuando la falta de inversión en la educación provoca escasez de recursos y el deterioro físico, material y humano, que repercute directa y negativamente en el trabajo escolar? ¿Cómo es posible referirse a la calidad total, cuando los gobernantes intervienen en las pocas gestiones democráticas existentes e intentan atropellar con maniobras políticas altamente cuestionables los derechos ya adquiridos de los trabajadores? ¿Cómo es posible hablar de "pedagogía de calidad total" cuando se sabe que en la educación vale el producto, y que el alumno es un mero objeto de manipulación de los grupos? ¿Cómo es posible aceptar que las herramientas de ingeniería empresarial sean trasladadas a la educación esperando con eso un alumno de calidad total? ¿Cómo es posible hablar de calidad educativa cuando gran parte de la población está excluida de la educación superior?

Gentilli, en su trabajo "El discurso de la calidad como nueva retórica conservadora en el campo educativo", critica la línea de pensamiento de la calidad total en la educación, y dice que "en una sociedad democrática y moderna, la calidad en la educación es un derecho inalienable de todos los ciudadanos, sin distinción. No existe calidad posible cuando se discrimina, cuando las mayorías son sometidas a las miseria y condenadas a la marginalidad, cuando se niega el derecho a la ciudadanía a más de dos tercios de la población" (1998, pp. 176–177).

Urge que las universidades, mediante diferentes mecanismos e instrumentos, procedan a autoevaluarse y sean vigiladas y avaladas por organismos externos con la intención de que sea alcanzada una calidad deseable en la educación, en la investigación y en los servicios de difusión. Mientras tanto, el término calidad es ambiguo y tiene diferentes interpretaciones; lo que para una institución significa calidad, no tendrá que ser lo mismo para otra. Respecto a esa problemática, Fernández Enguita dice: "no existe un criterio absoluto que permita establecer lo que se atribuye o no al concepto "calidad", excepto si la consideramos como una característica compartida por todos los productos y procesos. La expresión "calidad" distingue un bien o un servicio de los demás que ofrece el mercado para satisfacer las mismas necesidades" (1998, p. 107).

En la evaluación institucional es necesario considerar la historia, la misión, las peculiaridades y las condiciones de infraestructura de la institución, y considerar dichos factores como parte de un todo. "Sólo es posible alcanzar la calidad de una universidad en su totalidad; aunque sea necesario evaluar cada una de sus piezas, no se puede dejar de lado el funcionamiento del conjunto" (Holgado y Lampert, 2002. p. 63).

A partir del modelo de producción capitalista, y en la reforma administrativa del Estado adoptada por Fernando Henrique Cardoso (1995–1998), la flexibilidad, la competitividad y la evaluación del Estado forman parte de esta dinámica, mecanismos de vigilancia y de evaluación son utilizados para obtener credibilidad y control. Así, la evaluación, considerada un instrumento de la lógica capitalista, se fortaleció en Brasil a partir del gobierno de Cardoso. El Examen Nacional de Cursos (Provâo) y el Análisis de las Condiciones de Oferta (ACO) son mecanismos de evaluación de la educación superior. "La evaluación se convirtió en uno de los pilares que fundamenta la reforma de la educación superior implementada por el gobierno de dicho presidente, cuyo modelo se reduce al establecimiento de metas e indicadores de desempeño con el objetivo de reducir los gastos" (Chaves, 2002, p. 110).

El Provão y el ACO, creados legalmente por el gobierno federal, han servido de base a la evaluación de los alumnos y las instituciones. El Provão, creado mediante la ley 9333/95 y posteriormente incluido en la ley 9394/96, enfrentó mucha resistencia por parte de los diferentes segmentos de la universidad. Mediante varios mecanismos coercitivos, el Ministerio de Educación aseguró la participación efectiva de los estudiantes en ese proceso. En cuanto al acO, son evaluadores externos los que visitan a las instituciones cuyos cursos participan del Provão y así analizan las cualidades de los docentes, la organización didáctico–pedagógica y las instalaciones. Mientras el Provão centra su atención en el rendimiento del alumno, el acO funciona como una acreditación o desacreditación de la institución; es una evaluación institucional. Dice Ibañez Ruiz, "el Provão es una de la formas de fingir que se está controlando la calidad de las universidades. Hay cursos que obtienen la mejor calificación y en donde la media de los alumnos no alcanza el cinco en una escala de cero a diez" (2001, p. 79). La rectoría de la Universidad de San Pablo (2000), aun admitiendo las contradicciones existentes en el Provão,

comprende su utilidad en la situación específica de Brasil, donde, durante décadas, muchos cursos superiores fueron abiertos sin regulación, sin el rigor necesario. Así, mientras esas instituciones no asuman sus responsabilidades, como siempre hicieron las de alto nivel académico, el Provão sería bienvenido como medida transitoria, como un mal necesario (p. 24).

El Provão y el ACO fueron criticados por diferentes actores sociales, por seguir las políticas neoliberales y ser una forma autoritaria de imposición; considerar prioritarios aspectos cuantitativos en detrimento de la calidad; fomentar la competencia entre las instituciones; generar un alto grado de ansiedad en los alumnos, docentes y coordinadores de carreras, y provocar descontentos en la administración superior; así, son percibidos como negativos en la evaluación institucional. A pesar de todo, se puede decir que el proceso, benéfico para las arcas públicas, fue una tentativa válida en la medida en que desestabilizo instituciones que utilizaban la fachada de "universidad" sin un compromiso real con la educación.

Cabe señalar que el actual gobierno, mediante su ex ministro de educación, Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque, puso fin a ese proceso y por medio de la medida provisional n.147, del 15 de diciembre de 2003, instituyó el Sistema Nacional de Evaluación y Progreso de la Educación Superior, con el objetivo de evaluar la capacidad institucional, el proceso de la educación y producción de conocimiento, el proceso de aprendizaje y la responsabilidad social de las instituciones de educación superior evaluadas.

La universidad pública, muy cuestionada por los gobiernos y por diferentes sectores de la sociedad civil, ha sido contundente en su contribución al desarrollo del país. Lo anterior puede ser comprobado gracias al siguiente análisis presentado por Vigevani:

Los datos existentes muestran que el papel de la educación pública es absolutamente decisivo en los proyectos nacionales de gran alcance y para la política de superación del rezago. Carvalho da Silva (2000a, 2000b), Bossi (2000a, 2000b) y Neves Ramos (2000) presentan datos innegables: 89% de los cursos de posgrado los ofrece la universidad pública y 91.5% de la producción publicada, también. Según el Consejo Nacional de Investigación (CNPQ) 78.3% de los grupos de excelencia I y II se encuentran en las universidades federales y estatales" (2002, p. 50).

En el documento "Presencia de la universidad pública", la rectoría de la Universidad de San Pablo (2000) asegura que "la universidad pública es responsable de los mejores cursos de graduación y posgrado, y de casi la totalidad de la investigación científica y tecnológica de Brasil" (p. 23). También, salvo algunas excepciones que surgen de la iniciativa privada, es en la universidad pública donde se forman los mejores y más destacados profesionistas: médicos, abogados, ingenieros, contadores, agrónomos, psicólogos, bioquímicos, matemáticos y científicos.

La universidad pública —que paulatinamente se desmantela por la evasión de responsabilidades por parte del Estado— es una cuestión importante que merece un lugar permanente de discusión. La mundialización del capital, el avance del sector cuaternario, la propagación del modelo neoliberal que ve a la educación como una mercancía, han gestado la actual universidad que, sin embargo, no es la que se desea. ¿Hasta qué punto la universidad está sirviendo de aparato de reproducción, que realza la educación para la empresa, para el avance de la tecnología, sin considerar si ese propósito es adecuado y cumple con una responsabilidad social? ¿Hasta qué punto la universidad, que históricamente fue una institución social legitimada por la sociedad, se está transformando en una "universidad operacional"?

Urge que los diferentes sectores de la universidad pública brasileña aboguen por una institución que busque soluciones para construir una sociedad más justa, que adapte la producción de conocimientos científicos para eliminar las crecientes diferencias, que dé prioridad al pensamiento crítico, que apueste por el diálogo como una práctica indispensable para el progreso, que difunda el saber adquirido y que privilegie las ciencias humanas para la formación de ciudadanos cosmopolitas. Se vuelve indispensable cuestionar y objetar la política neoliberal, así como revalorar la misión social de la universidad, la docencia y la investigación con fines sociales.

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

En esta segunda parte, a partir de referentes teóricos, se describirá la metodología de investigación utilizada en este estudio, cuyo objetivo fue analizar el derrumbe de la universidad pública y que tuvo lugar en las siguientes instituciones: Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS), la Universidad Federal de Santa María (UFRGS), la Universidad Federal de Pelotas (UFPEL) y la Fundación Universidad Federal de Río Grande (FURFG). Debido a la complejidad de esas instituciones, investigar la universidad es tarea ardua, principalmente cuando se busca analizarla de modo amplio y multidimensional. "La primera sensación que tenemos al abordar el tema de la universidad es la de que es una tarea irrealizable. Son tantos y tan complejos los elementos que tienen que ser considerados, que no parece posible enfrentarlos con suficiente coherencia y sistematicidad" (Zabalza, 2004, p. 7). Frente a lo expuesto, este estudio da prioridad a cuestiones como: educación, investigación, difusión universitaria, infraestructura, recursos humanos, desafíos y perspectivas, sin olvidar a la universidad en su totalidad.

La recolección de datos ocurrió en dos momentos distintos. En primera instancia, se recabaron los informes pertinentes de los departamentos de personal, graduación, posgrado, investigación y difusión, por correo y teléfono. En una segunda etapa, mediante un instrumento específico (anexo), se solicitaron datos a los diferentes actores sociales: profesores en activo y jubilados, alumnos y ex alumnos de licenciatura y posgrado (cursos de especialización y de stricto sensu) y a los funcionarios.

La población de la muestra, intencionalmente escogida en algunos casos y en otros según la disponibilidad de alumnos, docentes y funcionarios, incluyó las principales áreas del conocimiento humano: artes, humanidades y letras; ciencias sociales, administración, derecho, ciencias, matemáticas y computación, ingeniería, producción y construcción, agricultura y veterinaria, salud y bienestar social.

 

Análisis de datos

En el análisis de los datos se consideraron los informes de las divisiones de graduación, posgrado, difusión, investigación y de recursos humanos de las cuatro universidades y los testimonios de los docentes, alumnos y funcionarios, totalizando 96 informantes. Cabe señalar que los datos que se presentan en los cuadros 1, 4, 5, 6 y 7 son aproximados, ya que la realidad de las universidades, tanto en lo referente al personal como a la matrícula de alumnos, se altera constantemente.

En cuanto al número de testimonios, éstos son ínfimos si consideramos la población general de alumnos, profesores y funcionarios; sin embargo, en una dimensión cualitativa, son significativas en la medida en que, muchas de ellas, en forma de relato, expresan una parte significativa de las historias de vida de alumnos involucrados en proyectos de investigación y de docentes y funcionarios que fueron alumnos de las licenciaturas y posgrados, y que ahora forman parte de la plantilla funcional de las universidades. La muestra abarcó sujetos del sexo masculino y del femenino, cuya edad va de los 20 a los 68 años. Muchos de ellos estudiaban o trabajaban por lo menos en dos instituciones federales del Estado.

En una primera instancia, se analizaron los testimonios de manera global, y después, para facilitar la interpretación, en las categorías recursos humanos, infraestructura, investigación, educación, servicios de difusión, desafíos y perspectivas.

Al observar el cuadro 1 se puede constatar que las universidades públicas en cuestión ofrecen 206 cursos de licenciatura y atienden 44 474 alumnos, lo que representa un contingente significativo de la población estudiantil de educación superior en el estado de Río Grande del Sur. Cabe señalar que tres universidades en los últimos años aumentaron su oferta de cursos y de plazas conforme lo demuestra el cuadro 2.

En el cuadro 2 se observa que, excepto la Universidad Federal de Pelotas, las Universidades aumentaron su oferta de plazas en forma mínima. El aumento de 532 puestos en seis años es insuficiente para atender la demanda, pero expresa una preocupación de las administraciones superiores de las universidades por buscar alternativas para aumentar la oferta de plazas, sin comprometer la calidad de la educación.

Otro aspecto interesante para reflexionar es que, como puede observarse en el cuadro 3, en 2004 el número de candidatos a los exámenes de admisión a las universidades, excepto en la UFPEL, disminuyó. Ese caso ciertamente atípico es reflejo de la actual situación política, económica y social, que da prioridad a la educación privada, cuyas instituciones están dispersas en la mayoría de los municipios del estado de Río Grande del Sur. A lo anterior se suma el alto costo que supone mantener un hijo fuera de casa (alojamiento, alimentación, material escolar).

Como se puede observar, hubo un crecimiento significativo de la demanda de candidatos en el año 2000 (18.54%) y en 2003 (4.75%), pero también una disminución significativa en el 2004.

Como se advierte en los cuadros 4 y 5, hay 10 programas de maestría profesional, 95 maestrías académicas y 76 programas de doctorado que abarcan las principales áreas del saber humano. En esta modalidad de enseñanza se promueve la investigación y las instituciones públicas se destacan y difieren de las instituciones privadas, principalmente la Universidad Federal de Río Grande del Sur, que posee, entre maestrías académicas y doctorados, 118 programas y atiende a cerca de 6000 alumnos, lo que representa aproximadamente el número de alumnos de graduación de la FURFG. Las declaraciones de los participantes en los testimonios expresan mejor tal contexto, que se caracteriza por la calidad.

Veo a la universidad pública brasileña, en especial a la que estoy vinculado, como la principal promotora de la investigación en nuestro país. Aun enfrentándose a la falta de recursos y a los presupuestos limitados, la universidad pública ha buscado en asociaciones no gubernamentales un camino para desarrollar un trabajo de excelencia en investigación (pos–graduado en Ingeniería Civil–UFGRS).

Las actividades de educación y de investigación, evidencian que las universidades ofrecen mejores condiciones para su combinación, ya que, al contrario de las universidades privadas, permiten que el profesor pase la mayor parte del tiempo fuera de las aulas, revisando textos, orientando a los becarios, escribiendo artículos y libros (ex alumno del Posgrado en Historia – UFGRS).

Respecto a los cursos de especialización, se percibe un aumento significativo en los últimos años. Éstos, con raras excepciones, son pagados y administrados financieramente por las fundaciones de las universidades.

Es necesario analizar la cuestión del personal académico desde diferentes perspectivas. Como es del conocimiento público, el gobierno busca descalificar a la universidad pública, dando con ello más espacios a las universidades privadas. Una de las formas es no renovarlas, contratar profesores temporales en lugar de realizar concursos para ocupar nuevas plazas; se observa un creciente número de profesores substitutos. Ese aumento resulta más evidente en las instituciones menores (FURFG y UFPEL). En el cuadro 7 se puede observar que 37% del cuadro de la plantilla de la FURFG es ocupada por sustitutos y 30% lo es en la Universidad Federal de Pelotas. Los testimonios dejan claro ese fenómeno que es reciente en la universidad pública brasileña.

Según Samios, director del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (2003), hacia fin de 2003 la UFRGS estaba amenazada de perder aproximadamente 990 servidores, lo que equivale a 20% de su plantilla de servidores permanentes.

Algunos testimonios dicen:

Recursos escasos, desvalorización profesional, baja remuneración, gran competencia profesional (funcionario–UFPEL).

En lo que respecta al personal académico, sabemos que las universidades se encuentran en condiciones precarias y existen muchos profesores sustitutos en la plantilla que, aun estando calificados para desempeñarse como académicos, no se sienten vinculados con la institución, lo que ocasiona que no participen en cuestiones organizacionales, restringiendo su función a la educación (profesora substituta–FURFG).

La mayoría de los profesores son sustitutos, lo que perjudica la enseñanza pues están muchas veces pocos preparados para impartir clases (profesora de Enfermería–FURFG).

La falta de reposición de las plazas vacantes que han dejado los académicos jubilados en la última década y la excesiva utilización de profesores sustitutos son cuestiones preocupantes y acarrean perjuicios sobre la universidad pública (profesor de Educación Física–UFSM).

Respecto a la "visión global de la universidad y la infraestructura", un porcentaje significativo de personas (profesores, alumnos y funcionarios) destacan la falta de inversión y el olvido de las instituciones públicas, tanto en lo referente a la infraestructura como en el personal y los presupuestos.

Las universidades públicas están día a día siendo desmanteladas a propósito (alumno de Arquitectura–UFRGS).

La universidad pública está agonizando y necesitamos ayudarla a resurgir (alumno de Filosofía–UFPEL).

De modo general, la universidad pública brasileña está cada vez más desamparada en lo que respecta a la educación, la investigación, la difusión, la infraestructura, los recursos humanos. Sobre todo en las investigaciones, muchas veces (si no es que en la mayoría) los laboratorios se ven obligados a buscar ayuda en la iniciativa privada o en otros órganos públicos para captar recursos y continuar así con sus proyectos de investigación (graduado de Ingeniería Mecánica–UFRGS).

La universidad pública brasileña pasa por un periodo de pocos recursos financieros, causado por la falta de inversión en educación por parte del gobierno, lo que perjudica directamente la calidad de la educación debido a los bajos salarios, las pocas contrataciones y también a la infraestructura (alumno de Medicina–FURFG).

Creo que la calidad de la educación pública brasileña está decayendo, lo que ocurre debido a la poca importancia que se le da a la educación por parte del gobierno federal y la baja inversión en este sector, ello provoca una infraestructura precaria y académicos poco preparados (alumno de Enfermería–FURFG).

Se debe crear o regular una ley que haga que el Gobierno Federal destine recursos específicamente destinados a la asistencia estudiantil (estadía, restaurantes, salud, comisiones académicas, movimiento estudiantil (alumno de Biología–UFRGS).

La infraestructura es precaria, incluyendo una biblioteca bastante deficiente (ex alumna de Geografía–UFPEL).

Lo que pude observar y constatar en este tiempo involucrado con la FURFG es en primer lugar la gran influencia de las políticas públicas de educación en el ámbito administrativo, financiero y presupuestal sobre la universidad, sería extraño si no fuera así. Tales políticas reflejan la miseria de recursos (físicos y técnicos) en las actividades desarrolladas en el ámbito universitario y, por consiguiente, en el aprendizaje, educación y aplicación del conocimiento (funcionario de la FURFG).

Antes la infraestructura fue mejor; hoy, debido a la falta de inversión, no hay materiales en algunas áreas del hospital (alumno de Medicina–FURFG).

En lo referente a la infraestructura de las universidades públicas, se percibe claramente que las condiciones ofrecidas están deteriorándose debido a la falta de recursos para el mantenimiento y para la ampliación de las instalaciones (alumno del Posgrado en Historia–UFRGS).

Los últimos gobiernos han sido corruptos en lo referente al mantenimiento de su infraestructura y de los recursos humanos. Actualmente la universidad enfrenta un serio desafío para su supervivencia, causado inesperadamente por un gobierno de izquierda que supuestamente debería preservar los recursos educativos del país (alumno de Posgrado–UFSM).

Creo que la universidad pública, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, posee un buen número de profesores capacitados, comprometidos con la educación, la investigación y la difusión (alumno de Contaduría–FURFG).

La universidad pública brasileña está mostrando serios indicios de desgaste financiero, administrativo y pedagógico, sin embargo, aún es una institución seria que valora al alumnado (alumno de Posgrado–FURFG).

El informe del Provão mostró que de las 5 897 licenciaturas de las instituciones federales que evaluaron sus cursos, 52% obtuvieron las calificaciones A o B; 17.3 D o E. A su vez, el conjunto de cursos de la red privada, 19.3% alcanzaron la calificación A o B y el 30.9% C o D. Considerando el contexto nacional del estado Río Grande del Sur, las universidades federales de esa región se destacaron, con excepción de la UFPEL, que en los 16 cursos evaluados obtuvo solamente dos calificaciones máximas. La Universidad Federal de Río Grande del Sur obtuvo 21 calificaciones máximas entre los 26 cursos evaluados; la Universidad Federal de Santa María obtuvo 14 en los 26 cursos, y la FURFG, de los 17 cursos evaluados, obtuvo 9 calificaciones máximas.

Los siguientes testimonios ilustran mejor esta realidad:

Su enseñanza, investigación y difusión son de calidad superior. Su plantilla académica está altamente capacitada y llena de idealismo y abnegación (ex alumno de Posgrado–UFSM).

En cuanto a la UFRGS, puedo decir que me siento privilegiado por tener acceso a esa universidad, ya que la misma presenta una calidad excepcional. Creo que la UFRGS es un ejemplo de universidad pública gratuita y de óptima calidad (alumno de Agronomía–UFRGS).

Respecto a los desafíos y perspectivas, muchos docentes, alumnos y funcionarios dieron su testimonio:

Creo que uno de los grandes desafíos de la universidad pública está en mejorar la calidad [laboral] de sus trabajadores. Con excepción de la planta docente, cuya calificación es incuestionable, la universidad pública sufre mucho con la ineficiencia generada por la cultura de la burocracia, de los demás funcionarios (alumno de Posgrado en Ingeniería Civil–UFRGS).

Ciencia, educación y difusión cultural nacional deben ser desarrolladas por interés de la sociedad, alejándose de las leyes del mercado (alumno de Biología–UFRGS).

El gran desafío de la universidad pública creo que será mantenerse viva, o sea, continuar ofreciendo lugares y oportunidades para las personas que lo necesitan; al mismo tiempo, necesita modernizarse y acompañar el desarrollo tecnológico y social (alumno de Ingeniería Mecánica–UFRGS).

Necesitamos una universidad participativa, educadora y democrática, donde los pobres y los ricos puedan ocupar los mismos pupitres escolares en igualdad de condiciones y de manera gratuita (alumna de Medicina–FURFG).

En cuanto a los desafíos y las perspectivas que se presentan para las universidades públicas, la principal cuestión tiene que ver con la necesitad de comprometerlas efectivamente en la resolución de los problemas sociales crónicos del país. No menos importante es la cuestión de la ampliación de plazas y de cursos ofrecidos, de modo que no se pierda más espacio frente a las universidades privadas (alumno de posgrado en Ciencias Sociales–UFRGS).

 

CONSIDERACIONES FINALES

Las concepciones neoliberales —antes identificadas como tesis monetarias— actualmente constituyen un enfoque multidimensional que abarca aspectos políticos, económicos, institucionales, educativos, sociales, filosóficos, éticos y culturales. El neoliberalismo, además de determinar cambios en la posición de los países, ha provocado una concentración de la producción, del comercio, de las finanzas y ha agravado la distribución de los impuestos. Ha entregado a las empresas trasnacionales y a la tríada Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio, las normas de regulación de las relaciones internacionales, en concordancia con los intereses de los países centrales, lo cual antes era manejado por el Estado. En este sentido, Marín, en su artículo "La lucha contra el cerco neoliberal en América Latina", asegura que:

las políticas neoliberales han elevado la sobreexplotación, "flexibilizando" el trabajo mediante la intermediación, el subcontrato, el trabajo a domicilio, la extensión de la jornada, disfrazando eso con [términos como] "calidad total" o "reingeniería". Aumentaron el desempleo estructural, los focos de pobreza, la exclusión, la desindustralización, la desintegración social. Han estimulado la segregación y la discriminación, las carreras armamentistas y las guerras locales y regionales (1998, p. 132).

En lo que concierne a la investigación propiamente dicha, a partir del análisis de los datos recolectados, se puede concluir que:

• La política neoliberal ha afectado a la educación superior. Por un lado, la educación superior en las universidades públicas está prácticamente paralizada, pues fueron ínfimos los aumentos a la oferta de plazas en los últimos años y a corto plazo no hay ninguna perspectiva de corregir ese cuadro caótico; por otro lado, la universidad privada, mediante los diferentes tipos de instituciones, se está estableciendo en ese sector. "Solo la facturación de las instituciones privadas aumentó de cerca de 3 billones en 1997 a 10 billones de reales en el año 2002" (Rosenberg, 2002, p. 36). Ese fenómeno es una de las consecuencias de la política neoliberal, que busca disminuir los gastos del sector social y trasladar a la iniciativa privada la exploración de ese mercado, muchas veces considerado como, simplemente, un servicio.

• Los últimos gobiernos, a partir de la década de los 90, además de no realizar las debidas inversiones ni implementar políticas públicas ajustadas a la realidad de la educación superior pública, están reduciendo los presupuestos, lo que afecta a la universidad en su conjunto, en lo concerniente a las funciones básicas de educación, investigación y difusión y pone en riesgo la operatividad, la manutención y la infraestructura de las instituciones federales de educación superior. De acuerdo con el Correio do Povo (2004), la ANDIFES, para ejemplificar el riesgo de colapso, realizó un estudio sobre la situación de las entidades federales de educación superior. Constató que perdieron 77% de su inversión en cinco años y en el mismo periodo los recursos destinados a cubrir gastos de mantenimiento sufrieron una reducción de 24%. Además de eso, uno de los aspectos más dolorosos de la situación es aquel ocasionado por los presupuestos restrictivos y los salarios desfasados. Es cada vez más alto el número de profesores que podrían continuar trabajando pero que, desanimados, buscan lugar en los contratos de las universidades particulares.

• Las administraciones superiores de las universidades, mediante diversos mecanismos (creación de las fundaciones de apoyo, organizaciones no gubernamentales, convenios y otras iniciativas) han enfrentado la escasez de recursos y buscan caminos, entre los extravíos, para mantener la universidad pública, gratuita y viva.

• Los hospitales universitarios, onerosos en comparación con la situación económica, además de proporcionar a la población asistencia en salud y bienestar, son verdaderos campos de fomento a la investigación y merecen mayor atención por parte de los gobernantes, principalmente en lo que se refiere a recursos financieros y humanos, para poder continuar atendiendo principalmente a la población con más carencias y desprovista de asistencia.

• La calidad de la educación en las universidades públicas, a pesar de todo el declive, continúa siendo superior a la de las instituciones privadas. Esta afirmación, comprobada por el Provão, se justifica por la excelente calificación profesional, idealismo y compromiso político y social de los profesores, la mayoría de ellos involucrados en proyectos de educación, de investigación y difusión, y además vinculados con los programas de posgrado. Los docentes, éticamente comprometidos, consiguen mantener la calidad de la educación, los proyectos de educación, investigación y difusión, indispensables para la calidad de la educación superior, y la producción académica de reconocimiento nacional e internacional.

• En el posgrado se fomenta una parte significativa de la investigación nacional, lo cual marca una gran diferencia entre la universidad pública federal y las instituciones de educación superior privada. Esa modalidad de educación es extremadamente cara, pues además de exigir condiciones adecuadas de infraestructura (laboratorios, bibliotecas y carga horaria ajustados a los proyectos, a la docencia y a la investigación), exige un cuerpo docente altamente calificado, involucrado en proyectos de investigación y que cuenten con producción científica de renombre nacional e internacional. La investigación es la función más importante del posgrado y gracias a ella la universidad se proyecta en el escenario regional, nacional e internacional.

• La contratación temporal de un contingente de profesores, a pesar del esfuerzo de éstos, han afectado no solamente la calidad de la educación, sino también la investigación y los servicios de difusión. Muchos de esos docentes se empeñan en conseguir un trabajo de calidad; otros, por inexperiencia o falta de cualidades profesionales dejan mucho que desear.

• Si se comparan las condiciones de trabajo de los docentes de las universidades federales con las de los profesores de instituciones privadas, se verifica que poseen mejores oportunidades y condiciones para realizar un buen trabajo, pues además de la dedicación exclusiva, disponen de carga horaria destinada a la investigación y los servicios de difusión.

• Las bibliotecas, de manera general, no cuentan con un acervo adecuado y actualizado para atender las necesidades y exigencias más apremiantes de una sociedad en constate cambio. El mismo fenómeno ocurre con los laboratorios que, sin convenios o acuerdos con organismos externos, no es posible mantenerlos actualizados.

• Los servicios de difusión no siempre son los más adecuados y no siempre son suficientes para la demanda creciente de quienes buscan nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida.

• Los testimonios dejan claro que tanto el cuerpo docente como el alumnado y los funcionarios están conscientes de lo que la política neoliberal provoca en la educación, específicamente en lo que respecta a la educación superior, y de la consecuente necesidad de revertir ese panorama mediante la designación de recursos adecuados con las prioridades de las instituciones. Se percibe una atmósfera de pesimismo acerca del futuro de la universidad pública, ya que muchos apostaban a favor del gobierno de Lula, y éste como ningún otro está masacrando a funcionarios y profesores.

Se espera con el nuevo gobierno nuevas directrices en lo referente a la educación pública en todos los niveles. Pero lo que se observa es el retroceso a ideas y posturas anteriores, hoy utilizadas con mucho más vigor, como por ejemplo están dejando vacía a la universidad gracias a la reforma de prevención; no se reconoce la necesidad de aumentar la remuneración; se niega la mejora en la estructura de trabajo, y se colocan toda suerte de trabas para la creación de proyectos de investigación y de renovación de los métodos de educación (profesor de UFPEL).

• En cuanto a los desafíos y perspectivas, la gran mayoría de los testimonios coinciden. Prácticamente son unánimes al afirmar que los desafíos serán enormes y aumentarán al pasar de los años, pues la preocupación del actual gobierno y de los que vienen será seguir las determinaciones de los organismos internacionales, restringiendo los presupuestos, lo que afectará a la universidad en su infraestructura, recursos humanos, calidad de educación, investigación y proyectos de difusión. "Exigen cautela en la inversión, pero por el otro lado, de forma maquiavélica, exigen calidad" (profesor de UFPEL). Respecto a las perspectivas para mantener la universidad de calidad, gratuita y viva, la unión de diferentes segmentos es condición indispensable. Muchos consideran que la formación de profesionistas críticos, que consigan rescatar el papel de la universidad pública, es una de las opciones para revertir el panorama actual.

Por lo tanto, las universidades federales situadas en el estado de Río Grande del Sur, a pesar de todo el abandono y el golpeteo por parte del gobierno federal, están resistiendo a la política neoliberal y, merced a diferentes alternativas, consiguen enfrentar algunos problemas crónicos y otros que surgen día a día, manteniendo así la calidad en las licenciaturas, posgrados, investigación y difusión. La UFRGS es la institución que más se ha destacado, constituyéndose en referencia regional, nacional e internacional.

 

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