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Estudios de historia moderna y contemporánea de México

Print version ISSN 0185-2620

Estud. hist. mod. contemp. Mex  n.38 México Jul./Dec. 2009

 

Artículos

 

Masonería, papeles públicos y cultura política en el primer México independiente, 1821–1828

 

María Eugenia Vázquez Semadeni*

 

* Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. E–mail: maruvas@prodigy.net.mx

 

Resumen

Se revisa el proceso mediante el cual el debate público se convirtió en un principio de legitimación clave dentro de la cultura política mexicana de la primera década de vida independiente. El análisis del debate se acota al tema masónico, pues en torno a él se discutieron algunos de los conceptos fundamentales del nuevo sistema político.

Palabras clave: cultura política, debate público, masonería, legitimidad, identidades políticas.

 

Abstract

This article reviews the process whereby public debate became a key principle of legitimization within Mexican political culture during the first decade of independent life. Analysis of the debate is restricted to masonry, since this constituted the core of the discussion of some of the main concepts of the new political system.

Key words: political culture, public debate, masonry, legitimacy, political identities.

 

Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.

MIGUEL HERNÁNDEZ,
Vientos del pueblo me llevan

 

Introducción

La crisis que vivió la monarquía española en 1808 ocasionó cambios fundamentales en la cultura política.1 La pérdida de legitimidad derivada de esa crisis hizo necesaria la formulación de nuevos mecanismos de legitimación, dentro de los cuales el debate público desempeñó un papel central. Pronto se convirtió en un espacio tan importante —o a veces más— como las elecciones o las disposiciones constitucionales. La finalidad de este trabajo es mostrar la consolidación del debate público como parte relevante del proceso de construcción de una nueva cultura política que se gestó ante el arranque de un sistema político diferente, con instituciones novedosas y maneras distintas de acceder al poder y negociar con él.

Del gran entramado que conforma el debate público de las primeras décadas del siglo XIX, esta investigación se concentra en el tema masónico, pues su discusión se vinculó profundamente con la del sistema político. Entre 1821 y 1828, en torno a la masonería interactuaron varios de los aspectos que conforman la cultura política: la soberanía, la legitimidad, la representación, las prácticas políticas. Además, después de 1826 las identidades políticas de los grupos en contienda por el poder se formularon a partir de las pertenencias masónicas. Las discusiones públicas acerca de la masonería resultan entonces fundamentales para comprender la cultura política del periodo, ya que detrás de ellas se puede observar la exposición y puesta en juego de los principios que sostenían y trataban de difundir los actores políticos; el análisis y la definición de las nuevas reglas de participación política; las disertaciones sobre lo que debía ser la nación, los representantes, las instituciones, así como las relaciones y negociaciones de y con el poder.

Realizar un estudio de este tipo implica adoptar una postura distinta respecto del carácter de fuentes de los papeles públicos (folletos, publicaciones periódicas, manifiestos, planes). En este trabajo los impresos son considerados como hechos históricos en sí mismos. Se les concibe como lo que Lucien Jaume ha denominado "textos de intervención política", es decir, que no pretendían limitarse al ámbito de la deliberación, que fueron elaborados con una intención y procuraban generar reacciones concretas en sus lectores. La finalidad del debate público era discutir, difundir principios, valores y consolidar el nuevo vocabulario político; o bien fungir como tribunal frente a los actos del gobierno, para impedir los abusos. Pero también era un espacio de incitación a la acción, en el que se procuraba orientar los resultados de las elecciones, apoyar o deslegitimar a un gobierno, promover la aceptación de una ley, calmar los ánimos o exaltarlos, presionar a las autoridades para que dictaran o no alguna disposición.

Los papeles públicos aquí estudiados contenían y expresaban un pensamiento político, pero puesto en acción; con ellos, no se buscaba elaborar teorías ni modelos, sino incitar a los lectores a la ejecución, a la toma de postura, a la participación política. Dicho pensamiento proporcionaba a los actores políticos parte de su utillaje conceptual, les otorgaba herramientas prácticas para su accionar. Además, elaborar, consumir y discutir estos impresos, y fundamentarse en ellos para deslegitimar ciertas acciones, negociaciones o exigencias, era una forma de hacer política.

 

Antecedentes

La masonería comenzó a ser objeto de debate en Europa durante el siglo XVIII, al irse distinguiendo de otras sociabilidades de la época por una serie de características peculiares, tales como: a) la existencia de prácticas secretas y el juramento de guardar ese secreto; b) su heterogénea composición social; c) la convivencia de hombres de diversos credos; d) el influjo que comenzó a tener en la opinión pública; y e) los rituales que –a decir de la iglesia– afectaban la pureza de la religión al mezclar elementos sagrados y profanos.2

Estas características generaron rechazo entre las autoridades civiles y eclesiásticas, las cuales dictaron varias prohibiciones contra la masonería, que pronto fueron apoyadas por numerosas obras antimasónicas. Los principales argumentos en contra de esa asociación eran: 1) su carácter secreto, que por una parte se consideraba "intrínsecamente malo" por ser contrario a la religión, y por otra se temía que pudiera convertirse en espacio para la conspiración; 2) arrogarse atribuciones que no le correspondían, como crear sus propias leyes y ejercer justicia, y 3) que sus miembros superponían las obligaciones que les imponía la masonería a las que tenían con las autoridades legítimas.3

En las obras antimasónicas publicadas a lo largo del siglo XVIII, esas ideas se fueron relacionando con el pensamiento dieciochesco y con los principios liberales, en un discurso que en primera instancia fue elaborado por los detractores de la masonería, quienes la acusaban de ser "enemiga del altar y el trono".4 Esta postura se radicalizó tras la revolución francesa y el establecimiento de medidas "anticatólicas" tomadas por los gobiernos posteriores a ésta, pues muchos publicistas consideraron que habían sido instigadas por la masonería.

Con la llegada del imperio napoleónico la relación masonería–liberalismo dejó de ser sólo parte del discurso antimasónico, ya que Bonaparte la empleó como un instrumento de difusión de los principios revolucionarios. Así, la masonería quedó identificada con el filosofismo francés, con ideas como el uso de la razón, la igualdad, la soberanía del pueblo, la lucha contra el fanatismo. En términos generales, sus apologistas la presentaron como simiente y difusora de prácticas y principios benéficos para la sociedad.5

Las posturas encontradas sobre la masonería generaron un extenso debate en Europa, pero a nueva España no llegó como tal, pues las noticias que se tuvieron sobre ella fueron sólo las prohibiciones papales y monárquicas, así como algunas obras antimasónicas. Con ello se fue creando un clima de rechazo y convicción de que la masonería estaba relacionada con el liberalismo, con un sentido peyorativo fundado en las implicaciones anticlericales y antimonárquicas.

Tales ideas eran las que privaban cuando comenzó la lucha por la Independencia, durante la cual tanto insurgentes como realistas consideraron la masonería como un peligro y un enemigo a combatir. Esto puede observarse en las obras de destacados autores realistas, como Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, donde la insurgencia aparece como vertiente de una supuesta conspiración masónica para acabar con el altar y el trono, que tenía como finalidad ulterior consagrar en todo el orbe el imperio napoleónico "de irreligión e impiedad".6 También en los impresos independentistas, en los que las ideas antimasónicas se empleaban como herramienta para justificar la sublevación y deslegitimar tanto al gobierno virreinal como al gaditano, pues se sostenía que ambos estaban dispuestos a someterse a la "herejía" masónica, mientras los verdaderos americanos (los insurgentes) eran quienes lucharían por liberarse del yugo napoleónico y por conservar intacta la fe.7

A pesar de las percepciones negativas que circulaban sobre la masonería, algunos de sus miembros lograron establecerla de forma organizada en el territorio novohispano durante la lucha por la Independencia. La fecha exacta de fundación de las primeras logias se desconoce, aunque Mora la ubica en 1813, Alamán en 1817 o 1818 y Tornel en 1820. Pero estos autores coinciden en señalar que las integraban principalmente españoles de las tropas expedicionarias y algunos religiosos franciscanos. Alamán sostiene que estaban comandadas por el oidor español Felipe Martínez de Aragón y Fausto de Elhuyar, y que se incorporaron a ellas algunos americanos partidarios de la Independencia, como José María Fagoaga, Ignacio García Illueca y Tomás Murphy.8 Además, varios mexicanos se iniciaron en Cuba o en España, y en Yucatán se fundó un Gran consistorio que dependía del de La Habana.9

Que se haya podido establecer la masonería organizada en territorio novohispano a pesar de las prohibiciones y la negativa imagen pública que tenía, permite suponer que algunos sectores de la sociedad no estaban tan prejuiciados contra ella, y comenzaban a considerarla como una asociación útil y como un medio alternativo de organización política. Para ello deben haber influido los contactos de algunos novohispanos con la masonería de otros países; el arribo de las tropas expedicionarias, en las que venían masones que la consideraban como "cosa buena" y que difundían sus principios, amén del surgimiento de nuevas prácticas políticas —por ejemplo, el establecimiento de asociaciones secretas como Los Guadalupes— que dieron a la masonería su sustento práctico.

 

Los primeros debates, 1821–1823

En 1820 la revolución de Rafael Riego puso fin al sexenio absolutista de Fernando VII y restableció la carta gaditana, en un movimiento que fue considerado por algunos sectores políticos y sociales de ambos hemisferios como el símbolo del liberalismo que se oponía a la tradición política española.10 En nueva España, con el restablecimiento de la constitución vino el de la libertad de Imprenta; poco después se consumó la Independencia y finalmente se instaló el imperio de Iturbide. Estos cambios radicales en el ámbito político, y los que se habían venido dando en la cultura política desde la crisis de 1808 —como el cuestionamiento sobre el origen y el asiento de la soberanía, y sobre los principios de la representación—, generaron un ambiente propicio para el surgimiento del debate público acerca de la masonería.

Al parecer, el rito escocés había logrado consolidarse en el país, gracias al impulso de varios masones que venían en el séquito de Juan O'Donojú, los cuales se unieron a las logias que ya existían y formaron algunas nuevas. Entre ellos destacaba el médico catalán Manuel Codorniú, quien fundó la logia llamada "El sol", el periódico del mismo nombre y la escuela lancasteriana de idéntica denominación. También se incorporaron a él algunos diputados que regresaban de las cortes gaditanas, como Mariano Michelena, Lorenzo de Zavala y Miguel Ramos Arizpe.11

Sin embargo, estos masones escoceses no se identificaron públicamente como tales ni se formularon una identidad política en torno a su pertenencia masónica, como sí harán más tarde los yorkinos. De hecho, aunque algunos autores como Alamán o Bustamante consideraban que el periódico de Codorniú, El Sol, era el órgano de las logias escocesas, sus editores no lo presentaron con ese carácter ni hablaron en él de su pertenencia masónica. En consecuencia, el tratamiento que se hizo del tema masónico en el debate público de 1821 a 1823 pareció responder a ideas preconcebidas sobre los masones y su ideario político, pues no muestra un conocimiento claro de la filiación masónica de algunos miembros de la clase política.

Aunque la literatura antimasónica siguió teniendo gran impacto, en estos años por primera vez aparecieron en México textos que defendían a la masonería, con lo que surgió un verdadero debate sobre ella, que se basó primero en reimpresiones de textos peninsulares, pero pronto fue abordado por publicistas mexicanos que se interesaron en el asunto. Como se verá, las posturas adoptadas en el debate fueron plurales; quienes eran partidarios de un régimen liberal se apoyaban en muchos aspectos que podrían considerarse tradicionales, como la importancia concedida al factor religioso, y quienes podían ser considerados partidarios del orden tradicional acudían al debate público como espacio para legitimar sus ideas o utilizaban conceptos liberales.

El detonador que incorporó el tema masónico al debate público fueron las elecciones al Congreso constituyente del imperio. Debido a que existía el prejuicio de que la masonería estaba ligada con los principios liberales y que dominaba las cortes peninsulares,12 hubo quienes temieron que los futuros diputados mexicanos fueran masones y estuvieran a favor de la aplicación de medidas anticlericales semejantes a las que habían dictado las cortes de Madrid, como la supresión del fuero eclesiástico o la reducción de diezmos.

Estos autores reimprimieron o escribieron numerosos folletos en los que intentaban desprestigiar a los sujetos de renombre que manifestaban esas tendencias, para tratar de evitar que los votos recayeran en ellos.

La afirmación más recurrente de dichos publicistas fue la supuesta impiedad y herejía de la "falsa filosofía" y, por ende, de la asociación masónica y de sus miembros, que los invalidaba para ser diputados de una nación católica como lo era la mexicana. Otro argumento contra la masonería fue su carácter secreto; algunos autores lo consideraban una afrenta a los preceptos bíblicos, mientras otros sostenían que "chocaba" con el "sistema liberal", pues si el único fin de los masones era defender la libertad del hombre y reconocer sus imprescriptibles derechos, no tenían por qué ocultarse.13 Estos últimos escritores hacían sus críticas a la masonería con términos liberales, como la publicidad o la legalidad, aunque muchos conservaban ideas cercanas a lo que en la época definía al servilismo, como la obediencia al papa y el respeto a la autoridad de los príncipes. O bien, fundaban sus asertos en preceptos religiosos entendidos como "verdades incuestionables", a las que sin embargo estaban sometiendo a debate al incluirlas en las discusiones públicas.

Otros autores buscaron defender a los posibles diputados de las imputaciones que se les hacían. Algunos procuraban deslindarlos de la masonería, asegurando que ser enemigos del despotismo y amantes de su patria y de la libertad no implicaba que fueran masones o jacobinos. Otros criticaban que se hiciera creer a los lectores que la religión estaba en peligro porque abundaban los francmasones, pues esto, a su juicio, no era cierto, sólo era resultado de que los intereses de los tiranos se identificaran con la religión y así se manipulara la fe.14

Hubo además quienes, basándose en la constitución de cádiz, sostuvieron que los ciudadanos libres no tenían por qué aceptar las prohibiciones contra la masonería, cuyos principios les parecían nobles y elevados, aunque algunos de estos publicistas también creían que los filósofos franceses la habían utilizado como maquinaria política para trastornar al estado. Es decir, desligaban a la masonería de un tipo específico de filosofía liberal: la francesa, más no de la gaditana, en la cual se apoyaban. Otros escritores sostenían que la masonería sí estaba vinculada con principios como la libertad, la igualdad y la legalidad; aceptaban que la existencia de cuestiones secretas podía dar la apariencia de que la asociación era contraria al sistema liberal, pero aseguraban que no era así, pues el secreto no concernía a ninguna cuestión que pudiera afectar al sistema político.15 En general, en este tipo de folletos la masonería dejaba de ser enemiga del "altar y el trono" para convertirse en baluarte del nuevo sistema político.

Además de la diversidad de posturas frente a la masonería, hay otro aspecto de estos primeros debates que fue fundamental para el posterior desarrollo del tema masónico. Las tendencias políticas de estos años eran variadas: había monárquicos absolutistas y constitucionalistas; republicanos partidarios de un gobierno central fuerte y otros de una mayor dispersión del poder; los había proclives a la limitación de ciertos derechos, como la propiedad o la libertad de Imprenta, y otros que deseaban un absoluto respeto a esos derechos; había quienes querían promover una participación política más amplia y quienes preferían una reducida o por sectores sociales; algunos pugnaban por un ejecutivo poderoso y otros se inclinaban hacia la preeminencia del legislativo. Sin embargo, en el debate público las divisiones de la clase política se presentaron únicamente como resultado de la existencia de dos grupos opuestos: los liberales y los serviles.

Las características que definían a dichos grupos fueron heredadas de la península. El término "liberal", como sustantivo aplicado a un partido o a algunos individuos, apareció en cádiz alrededor de 1810 para designar a los partidarios de las reformas propuestas por las cortes, del gobierno representativo y constitucional, así como de una "administración ilustrada". El término "servil" se empleó para designar a los absolutistas y englobaba a todos los que se oponían a las reformas gaditanas y al régimen constitucional.16 En función de estas categorías, en el debate público mexicano se fue construyendo un discurso polarizado sobre la situación política del país, y a partir de él se fueron perfilando las identidades políticas de quienes, a la larga, serían conocidos como yorkinos y escoceses.

Esa polarización parece haber sido una estrategia de los autodenominados liberales, en función de la cual se presentaron los defensores de la libertad, que estimaban sólo la virtud y el saber, y buscaban ilustrar al pueblo para hacerlo conocer sus derechos. Al mismo tiempo, unificaron a todos sus contrincantes en la categoría de serviles, identificándolos con los absolutistas de ambos hemisferios, que deseaban mantener el orden tradicional, el poder de la monarquía, los privilegios de la iglesia y la "ignorancia" del pueblo mediante el fanatismo y las prerrogativas de nacimiento.17 Definir así a los serviles, cuando el nuevo orden político mexicano tenía que fundar su legitimidad en principios como la soberanía del pueblo o la nación, y cuando el liberalismo gaditano estaba siendo cada vez más aceptado, resultaba muy eficaz como mecanismo para disminuir su influencia en el nuevo gobierno. El recurso de los serviles, por su parte, fue definir a los liberales como destructores del orden, que deseaban acabar con la religión, corromper las costumbres e imitar a los franceses, y en muchas ocasiones, acusarlos de ser masones, lo cual —por la mala imagen que aún privaba sobre la masonería— también resultaba un mecanismo útil para evitar que obtuvieran cargos en la representación nacional.

El hecho de que los publicistas consideraran que esas estrategias podían resultar eficaces, que podían influir en los votos de los ciudadanos, en su aceptación de determinados principios o proyectos políticos, es una muestra de cómo el debate público se estaba convirtiendo en un principio de legitimación importante, que tenía incidencia en el funcionamiento de algunas de las nuevas instituciones y prácticas como las elecciones. También permite constatar que el pensamiento político se ponía en acción al ser expresado en los papeles públicos con la finalidad concreta de provocar acciones políticas.

 

Iturbidistas–federalistas versus borbonistas–centralistas, 1823–1825

En 1823 cayó el imperio de Iturbide y se instauró un gobierno republicano. Esto significó una ruptura más notable respecto del orden anterior, que se tradujo en importantes cambios en la cultura política. Si bien desde 1808 la soberanía del pueblo empezó a ser considerada por varios escritores y actores políticos como el nuevo fundamento de legitimidad, el establecimiento de la república implicó que el elemento divino fuera desplazado casi por completo como origen del poder político. Se redefinió la ciudadanía, se instalaron nuevas instituciones como los congresos locales y se consolidaron prácticas como las elecciones. Además, la relación entre las provincias y el gobierno central hubo de ser reformulada.

Tras el fracaso del imperio, la monarquía se fue identificando con la tiranía; para muchos publicistas la "verdadera libertad" sólo podía darse dentro de una república. Esto redujo las opciones políticas y las posturas que podían adoptarse abiertamente en el debate, pues en él había una exigencia de unidad derivada de la concepción de que la voluntad general era única, lo cual implicaba la descalificación de cualquier proyecto político distinto a la república, o al que se presentara como deseado por la "mayoría de la nación".18

Pero en la clase política aún existían importantes divisiones; había iturbidistas, monárquicos, borbonistas y republicanos; estos últimos, a su vez, estaban divididos en centralistas y en defensores de los distintos tipos de federalismo. Además de esas diferencias, existían dos temores muy concretos que parecen haber marcado esos años: el de la reconquista y el que despertaban los iturbidistas, con sus intentos reales o supuestos de volver a colocar a su caudillo en el poder. En ese contexto, las dos publicaciones periódicas más importantes de la capital representaban, a decir de sus contrincantes, uno de esos temores: El Sol a los que apoyarían los intentos de reconquista y el Águila Mexicana19 a los de los iturbidistas, cuyos ideales y principios se expresaban también en El Iris de Jalisco. En los discursos de estos periódicos, y el extenso debate que se generó en torno a ellos, se fueron formulando las identidades políticas de los grupos en contienda por el poder.

La primera razón para que estos periódicos fueran considerados los órganos de esas facciones fue la personalidad de sus editores, directores o patrocinadores. El Sol estaba comandado por Codorniú, quien era conocido como escocés por los miembros de la clase política; se había mostrado a favor del Plan de Iguala y en contra del imperio de Iturbide. Esta publicación recibía el apoyo de Fagoaga, también escocés, partidario de la monarquía constitucional y a quien se tachaba de borbonista en el Congreso. Se publicaba en la Imprenta de Lucas Alamán, ministro de relaciones y señalado como centralista.20 A pesar de la presencia de Codorniú y Fagoaga, es preciso recordar que los editores y redactores de El Sol no se presentaron como escoceses en su periódico, no se otorgaron tal nombre ni se elaboraron una identidad política en función de su filiación masónica.21

Por su parte, el Águila Mexicana nació como propiedad de Juan Gómez de navarrete, el apoderado de Iturbide, y uno de sus editores fue Germán prisette, periodista francés de marcada tendencia iturbidista. Poco después lo compró Lorenzo de Zavala y la edición quedó a cargo de Antonio Valdés, emigrado de La Habana, cercano colaborador de Agustín I., editor de El Iris de Jalisco y diputado por ese estado.22

En 1823, reconocidos iturbidistas se mostraron como defensores del federalismo. Luis Quintanar y Anastasio Bustamante, junto con la diputación provincial de Jalisco, presionaron al Congreso a fin de que formulara la convocatoria para el nuevo constituyente, en busca de una mejor representación y mayor influjo para los nacientes estados.23 Por su parte, en las páginas del Águila, prisette se catalogó como federalista y acusó al Congreso de estar dominado por una facción —seguramente haciendo referencia a la comandada por Fagoaga— que intentaba restablecer el trono Borbón. Un comunicado inserto en El Sol le respondió negando la existencia de facciones en el Congreso e interpelándolo por llamarse federalista, si había sido partidario del imperio.24

Esta crítica de El Sol muestra que la alianza entre iturbidistas y federalistas aparecía como incongruente a los ojos de sus contrincantes, pues los consideraban proyectos excluyentes entre sí, dada la tendencia centralista que había manifestado el imperio, y por estar uno fundado en un sistema republicano y el otro en uno monárquico. Pero El Iris de Jalisco explicaba dicha alianza en estos términos: federalistas e iturbidistas tenían en común ser americanos, patriotas y amigos de la Independencia. Podían tener algunas diferencias de forma, pero en el fondo lo único que querían era conservar la Independencia, proteger al sistema y a la patria de sus enemigos. En cambio, entre sus contrincantes había republicanos centralistas muy buenos patriotas, pero también estaban los que habían sido iturbidistas sólo por ambición, los borbonistas y los españoles. Para Valdés, el editor, los enemigos de la Independencia buscaban el centralismo porque facilitaría la reconquista, ya que las provincias no contarían con los medios para defenderse.25

Poco después el clamor de los estados por la forma federada llevó a varios diputados del Congreso constituyente a sostener que la voluntad general estaba por la federación, y que los representantes tenían la obligación de seguirla. En su voto particular, que fue publicado en un folleto, el diputado por Veracruz José María Luciano Becerra sostuvo que la presencia de iturbidistas, borbonistas, centralistas, etcétera, mostraba que no existía tal voluntad general hacia la federación, pues como señalaba Rousseau, cuando había diversos partidos no había voluntad general. Y aun si la hubiera, los legisladores no estaban obligados a seguirla, ya que el pueblo podía ser engañado con facilidad o convertirse en tirano, por lo que los representantes debían analizar esa voluntad, y dirigirla cuando fuera preciso, para alcanzar la felicidad de la nación. Para Becerra, la verdadera voluntad general residía en que todos aspiraban a lo mejor, pero el pueblo no siempre sabía lo que era lo mejor para él, y definirlo era la labor de sus representantes.26

La postura de Becerra fue impugnada por El Iris de Jalisco, donde se sostenía que podía haber varios intereses, pero sólo los deseos de la mayoría eran la voluntad general, y ésta se pronunciaba por el federalismo. La opinión federalista se componía de "la masa general de los pueblos, de la gran mayoría de los antiguos insurgentes radicados en las provincias, del ejército en general" y de los iturbidistas que habían abandonado sus pretensiones imperiales. Valdés identificaba a los centralistas con la "aristocracia mexicana" (los sectores económica, política y socialmente privilegiados) del centro del país, que sólo tenía el apoyo de una parte del ejército y de algunos funcionarios provinciales impuestos desde la capital; y aseguraba que deseaban un gobierno central fuerte porque éste les permitía dominar a los estados.27

Esa idea fue repetida en numerosas ocasiones, y se fue entretejiendo con otros argumentos desarrollados en las publicaciones iturbidistas–federalistas. Para mediados de 1825 un comunicado en el Águila afirmaba que quienes defendían el centralismo eran hombres soberbios, que se mostraban contrarios a la soberanía de los estados porque creían que sólo ellos sabían gobernar, y que no respetaban la opinión general que había triunfado –es decir la federalista– pues pretendían dirigir todo aristocráticamente desde México.28

Otros conflictos de estos años también fueron fundamentales en la formulación de las identidades políticas. En 1823 tuvieron lugar los movimientos antigachupines comandados por José María Lobato y Manuel Reyes Veramendi. Más tarde, en mayo de 1824, se descubrió una conspiración iturbidista en la que aparecieron implicados Francisco Santoyo, José Antonio Andrade, Francisco Hernández, Luis Quintanar y Anastasio Bustamante, entre otros. Estos movimientos habían recibido apoyo de los redactores del Águila, de El Iris de Jalisco y de folletistas como José Joaquín Fernández de Lizardi y Pablo de Villavicencio, a todos los cuales se les consideraba iturbidistas. Esto proporcionó elementos a los redactores de El Sol para sostener que los movimientos contra los españoles sólo eran un pretexto para realizar conspiraciones para regresar a Iturbide al poder.29 así, la hispanofobia quedó incorporada a la identidad política de los iturbidistas–federalistas, mientras que la defensa de los españoles se incluyó en la de los borbonistas–centralistas representados por El Sol. Un poco después, a finales de 1825, los redactores de El Sol se pronunciaron en contra de los poderes especiales que se habían concedido al presidente Victoria, pues los consideraban una afrenta a los derechos de los ciudadanos. Esto permitió que Lizardi, el payo del rosario y los redactores del Águila catalogaran a los de El Sol como falsos liberales que sólo querían proteger a los españoles, con lo que se terminó de consolidar su imagen de hispanófilos.30

Por otra parte, en 1826 se publicó una encíclica del papa León XII en la que se afirmaba que la iglesia y la fe estaban siendo afectadas por las rebeliones en América , por lo que pedía a los prelados americanos que proclamaran entre su grey las calidades de Fernando VII, para que regresaran la paz y la unión, y pudiera florecer de nuevo la religión.31 Tales afirmaciones contribuyeron para que a buena parte del alto clero mexicano se le identificara con el sector borbonista, enemigo de la Independencia.

Con todas estas descripciones, El Iris de Jalisco y el Águila fueron fundiendo en uno solo a todos los supuestos o reales enemigos del sistema republicano federal y, al mismo tiempo, cohesionaron la imagen de su propio grupo presentándolo como el defensor de dicho sistema. Así, la diversidad de intereses, proyectos y tendencias que existía en la clase política quedó oscurecida por un discurso, elaborado por los iturbidistas–federalistas, que tradujo a las nuevas categorías de centralistas y federalistas la anterior polarización de liberales y serviles. Este discurso fue una hábil estrategia de los iturbidistas–federalistas para presentarse ante los lectores como la "mayoría de la nación", la expresión de la voluntad general, al tiempo que descalificaban a todos sus contrincantes, atribuyéndoles proyectos contrarios a esa voluntad general, transformándolos así en una mera facción que buscaba colocar sus intereses por encima de los de la nación.

En los planteamientos desarrollados por los autores que escribían en El Sol, o en las acciones políticas de los supuestos borbonistas–centralistas, se puede observar que su postura en muchas ocasiones no tenía nada de servil; que en términos generales eran proclives a la Independencia y al gobierno republicano, aunque algunos de ellos como Alamán, Mier y Carlos María de Bustamante sí prefirieran el sistema central. Pero la imagen negativa que sus opositores les formularon en el debate determinó en gran medida la forma en que su actuación política fue comprendida por los lectores de los papeles públicos, les ocasionó desprestigio, despertó recelos contra ellos en algunos sectores políticos y sociales, e incluso contribuyó a reducir sus conquistas electorales en 1826. Esto muestra cómo había cambiado la cultura política; los valores que pocos años antes defendía buena parte de la población políticamente activa —por ejemplo la defensa de la religión y de la monarquía ahora resultaba un argumento contraproducente para quienes lo postulaban—. Y dado que los llamados borbonistas–centralistas no se construyeron una imagen pública propia, no tuvieron suficientes elementos para contrarrestar la que les habían creado sus opositores.

Como habrá podido verse, en respuesta a la aparición de preocupaciones diferentes, derivadas de la aplicación del nuevo sistema político, los temas en el debate público cambiaron. La adopción de ciertos principios considerados liberales dejó de ser motivo de discusión, pues tras el establecimiento del sistema republicano se dio por hecho que dichos principios eran parte del nuevo orden. Comenzó entonces a discutirse acerca de las bases sobre las que debía constituirse la nación.

En las discusiones arriba reseñadas puede observarse cómo se estaban poniendo en juego algunos de los conceptos fundamentales del sistema político, los nuevos mecanismos de negociación, los valores y principios que alimentaban a la nueva cultura política, y la forma en que el debate, al mismo tiempo que difundía esos valores, desempeñaba un papel político fundamental, pues movilizaba, legitimaba y deslegitimaba a los grupos políticos, con lo que los publicistas ponían en acción su pensamiento político.

En medio de este nuevo entramado temático y argumentativo, el tema masónico no ocupó un lugar relevante en el debate de 1823 a 1825, pues las transformaciones en la cultura política que eliminaron a la monarquía como una opción liberal ocasionaron que la forma en que hasta entonces se había abordado la masonería en el debate comenzara a carecer de sentido ante los nuevos contenidos de las discusiones públicas. Se había adoptado la república, el único sistema que muchos publicistas ahora consideraban liberal, por lo que ya no había trono que proteger, la religión ya no era el fundamento principal de legitimidad del gobierno y los principios del nuevo orden político ya no eran tan radicalmente opuestos al ideario que se consideraba masónico.

Sin embargo, es muy probable que estos cambios en la cultura política hayan favorecido que la masonería se fuera aceptando como una opción viable de participación política, y el rechazo inicial de que había sido objeto se dejara de lado, con lo que poco tiempo después las logias proliferaron, muchos actores políticos ingresaron en ellas y el tema masónico recuperó su lugar central en el debate público.

 

La definición de escoceses y yorkinos, 1825–1826

Al parecer, el rito de york, o al menos la Gran Logia, se estableció en México alrededor de septiembre de 1825. Sus principales promotores fueron el senador José María Alpuche, el ministro de hacienda Ignacio Esteva, el oficial mayor del ministerio de Justicia y negocios eclesiásticos Miguel Ramos Arizpe, el coronel Ignacio Mejía y el también senador Lorenzo de Zavala. La patente para la Gran Logia fue obtenida de la Gran Logia de nueva york, por intermediación del ministro estadounidense Joel T. Poinsett. A ellos se unieron otros miembros, destacados personajes de la clase política, con lo que representantes del grupo iturbidista–federalista, como Anastasio Bustamante, Manuel reyes Veramendi y Antonio Valdés quedaron relacionados con emigrados del rito escocés, como Zavala y Ramos Arizpe, y también con destacados ex insurgentes como Vicente Guerrero y Pedro María Anaya.32

Pronto el Águila Mexicana, periódico en el que participaban dos de los principales yorkinos, Zavala y Valdés, planteó su nuevo discurso acerca de la masonería. En él se sostenía que si el objeto de los masones era fomentar la libertad y destruir la tiranía, toda la nación mexicana era un pueblo de francmasones; pero que las logias cuyas bases no fueran sostener las leyes, el gobierno legítimo y la libertad eran reuniones liberticidas, antinacionales, contrarias al sistema republicano y, por ende, conspiradoras.33

En esta perspectiva la masonería se convirtió en herramienta, en un medio que permitía alcanzar determinados fines, que podían ser diversos; podía ser un espacio para la conspiración, pero también para la lucha por la libertad, la defensa de las leyes, el sostén del sistema político y del gobierno. Así, la masonería dejó de aparecer en los papeles públicos como intrínsecamente benéfica o perjudicial; su efecto dependía ahora de sus miembros, así como de sus tendencias y finalidades.

Tras estas afirmaciones, no tardaron en aparecer en diversas publicaciones referencias explícitas a que en México existían dos ritos masónicos opuestos. Para mayo de 1826 el Águila hablaba de una "fraternidad masónico gachupinesca" que cometía actos despreciables. El autor del artículo aseguraba que, en cambio, las sociedades yorkinas se componían de patriotas, "de americanos, amigos declarados de la federación, de la patria, de las leyes constitucionales, de la beneficencia y de la moral pública".34 Gran parte de las características que antes se atribuían a los iturbidistas–federalistas eran con las que ahora se identificaba a los yorkinos. Estos últimos aplicaron la misma estrategia política que habían empleado anteriormente, construyendo un discurso con el que se formulaban una identidad política que los legitimaba, al mismo tiempo que deslegitimaban a sus opositores, a quienes ellos mismos denominaron escoceses.35

Las diferencias políticas que hasta entonces se habían manejado con las categorías de liberales y serviles primero, y de borbonistas–centralistas e iturbidistas–federalistas después, se trasladaron hacia las de escoceses y yorkinos. Las transformaciones que sufrió la cultura política entre 1823 y 1826 permitieron a los yorkinos reformular las anteriores interpretaciones sobre la masonería, en las que —para bien o para mal— se identificaba a los masones con los liberales. Tras la adopción del sistema republicano y federal, pudieron sostener que, efectivamente, había masones liberales, los yorkinos, pero también había masones serviles, los escoceses. La intención con que elaboraron este discurso parece clara: era preciso ganar al pueblo, conseguir su apoyo para la contienda electoral y para consolidar el sistema político tal como ellos lo concebían. Por tal razón, construyeron las nuevas identidades políticas a partir de dos aspectos fundamentales que les atraerían adeptos: la composición social de los ritos y sus principios políticos.

En cuanto a la composición social, en el discurso yorkino los escoceses aparecieron como los aristócratas, los "señores principales", los hombres ricos del centro del país, en su mayoría españoles o proclives a ellos; y los yorkinos se presentaron como los patriotas americanos, hombres comunes que no pertenecían al "grupo grande" de la sociedad, sino que trataban de exterminar a la aristocracia. Respecto de los principios políticos, mostraron a los escoceses como propensos a los abusos de poder, partidarios de la monarquía y el centralismo, formas de gobierno a las que en la nueva cultura política muchos publicistas catalogaban como despóticas por concentrar el poder en unas cuantas manos; en cambio, los yorkinos aparecían como los defensores del federalismo, el "preferido por la mayoría", que mediante la dispersión del poder podía contener las tendencias despóticas de los aristócratas del centro.

Una consecuencia de este discurso, que muestra la injerencia que el debate público tenía en la cultura política y en la política cotidiana, fue que las acciones y planes de los personajes señalados como escoceses aparecieron en los papeles públicos como actos contrarios a la independencia, la federación, la república y la libertad, con lo que perdieron fuerza política. Y las acciones políticas de los yorkinos ganaron prestigio y legitimidad, al aparecer como resultado de la defensa de principios y valores que, según sostenían, eran los que defendía la mayoría de la nación.

Con ello, lograron mostrarse como los voceros del nuevo fundamento de legitimidad: la voluntad general; como los protectores del sistema político elegido por los mexicanos y de los intereses nacionales. Construyeron su identidad política por oposición, en contra de la que le imputaban a los escoceses, a los que hicieron aparecer como una mera facción, que por proteger sus miras particulares estaba dispuesta a renunciar a los logros que habían conseguido los patriotas, nombre que los yorkinos adoptaron y con el que se presentaban en los papeles públicos.

Por su parte, los escoceses no se formularon una identidad política que contrarrestara la que les estaban construyendo los yorkinos, pues continuaban sin asumirse públicamente como escoceses; pero sí elaboraron un discurso antiyorkino. En él, en cuanto a la composición social, los yorkinos aparecían como una turba de aspirantes, formados por la "canalla", por la parte más "ignorante" de la sociedad. En cuanto a los principios políticos, los calificaban de iturbidistas, o de anarquistas que trataban de destruir el orden establecido, y como aduladores del pueblo, al que manipulaban para obtener los empleos, aunque ello implicara cometer "irregularidades" en los procesos electorales.36

A partir de estas definiciones es posible observar algunas diferencias entre los proyectos políticos de ambos grupos, que no necesariamente son resultado de que unos fueran "liberales" y otros "serviles", sino de que concebían de distinta manera el sistema político recién adoptado, que estaban tratando de implementar. La más evidente es que lo que para los yorkinos era una virtud, es decir, no ser "hombres grandes" sino gente común, para sus opositores era un defecto que los transformaba en "aspirantes" inadecuados para ocupar los cargos públicos. A este respecto, el problema no residía tanto en las condiciones económicas, sino en los méritos, en los conocimientos, en la capacidad para realizar las labores inherentes a dichos cargos.

Otro aspecto a destacar es que los yorkinos entendían que el sistema político que había elegido la mayor parte de la nación no sólo debía ser liberal, sino estar indisolublemente vinculado con el sostenimiento de ciertos principios o valores que ellos consideraban indispensables: el ser americano, la defensa de la Independencia, la lucha contra los españoles, el patriotismo, el federalismo, la república, la igualdad y una amplia participación política. Es decir, no bastaba con aplicar principios del liberalismo clásico como el respeto a los derechos individuales; de hecho, esos derechos a veces podían subordinarse a los intereses de la nación, por ejemplo a la protección de la Independencia recién conseguida. Pronto esta idea se traduciría en que, para ser un verdadero patriota, era preciso ser yorkino.

 

La masonería frente al sistema político, 1826–1828

Debido a que la formulación de las identidades políticas se realizó en torno a la pertenencia masónica, a partir de 1826 en el debate público se comenzó a cuestionar si esa asociación era pertinente dentro del sistema político que el país había adoptado. La pregunta ya no fue si la masonería era benéfica o perjudicial en sí misma, sino si su existencia, su forma de organización y la participación de sus miembros en la vida pública eran convenientes frente a las nuevas instituciones y prácticas políticas. Esto habla de una mayor apertura en el debate, así como de preocupaciones diferentes en la pluma de los escritores y en la agenda política.

El suceso que desató de nuevo las discusiones públicas sobre la masonería fue la propuesta que hizo, el 23 de abril de 1826, el senador Manuel Cevallos para proscribir las juntas secretas, pues a su juicio atentaban contra la religión, desestabilizaban el orden político al estimular el espíritu de facción y monopolizaban los empleos públicos.37 Juan de Dios Cañedo se opuso a la moción afirmando que no había fundamentos para asegurar que las logias atacaban a la religión y al estado, y si no intervenían en las operaciones del gobierno, tampoco los había para sostener que iban en contra del orden público. Consideraba que la propuesta tendía a dirigir las actividades de los ciudadanos y que las bondades de las acciones personales no podían determinarse sólo por la publicidad ni podían prohibirse sólo por el secreto. Si la opinión pública condenaba a las logias como perjudiciales a la libertad de las elecciones o como protectoras de intrigas contra las instituciones, entonces podrían prohibirse, de lo contrario se carecía de razones para hacerlo.38

Paralelamente al debate legislativo, en los papeles públicos se desarrolló una amplia discusión acerca de si debía dictarse o no la ley de prohibición. En una anónima respuesta al voto particular de cañedo se sostenía que los masones debían proscribirse porque, aunque no atacaran las creencias religiosas, sí cuestionaban la autoridad del papa, y además proclamaban la tolerancia, que no sólo era contraria a la religión, sino también a la constitución, que señalaba a la católica como única. En un folleto semejante se afirmaba además que lo que debía privar era la ley, no los masones.39

Desde luego, también hubo autores que escribieron a favor de la masonería. En un papel titulado ¿Quién ha causado más daños, los frailes o los masones? el escritor realizó una larga disertación sobre los perjuicios que los frailes habían ocasionado a la religión y al estado, mientras los masones eran "los más grandes sabios, los más ilustres personajes" y "los patriotas más decididos por la independencia y la libertad".40

Para el Payo del Rosario, Cevallos se había dejado llevar por su condición de eclesiástico para proponer el exterminio de los masones, con lo que mostraba "preocupaciones más propias de un inquisidor que de un representante de la república". Luis Espino, por su parte, criticando una solicitud del senado que pedía al ejecutivo informes sobre las logias existentes, sostenía que si los "esbirros" podían introducirse a las casas para averiguar al respecto se repugnaba el sistema representativo y se consideraba a los ciudadanos como "súbditos de un príncipe", amén de que al ejecutivo no le competía informar sobre los particulares, porque el fin del gobierno no era hacer hombres justos, sino "puramente arreglados".41

En los párrafos precedentes se observa cómo los argumentos religiosos iban perdiendo terreno respecto de los que ahora se presentaban como los últimos reductos de autoridad para fundamentar las argumentaciones: la ley y la opinión, a las que recurrían tanto los publicistas antimasónicos como los filomasónicos. El secreto no se consideraba "intrínsecamente malo", ni siquiera en virtud de la publicidad que exigía el nuevo sistema político, pues los hombres privados no podían ser condenados por no hacer públicas sus opiniones. También estaba cambiando la concepción de la finalidad del gobierno, que no tenía que "salvar a las almas", sino sólo regular que los ciudadanos se comportaran con arreglo a las leyes. Para ese momento, lo que se discutía en torno a la masonería era el derecho del gobierno para intervenir en las actividades de los ciudadanos, la forma en que debían comportarse las autoridades, los abusos de poder y la manera de preservar el adecuado funcionamiento de las nuevas instituciones.

Este debate continuó hasta 1828, y aunque fueron muchos los temas que se discutieron, dos de ellos acapararon la atención de los legisladores y de los publicistas: el secreto y los partidos.

 

Secreto

A este respecto, el argumento más recurrente era que, si los fines de la masonería eran consolidar y defender al gobierno establecido por la voluntad general, no había necesidad de esconderse. En un folleto titulado Se denuncian al buen juicio las sociedades secretas y caballeros masones el autor sostenía que en los "gobiernos constitucionales" estaban comprendidas las libertades de escribir y publicar obras en las que se demostraran "los vicios de las leyes"; ésa era la manera legal y noble de "ilustrar a los ciudadanos" y no mediante "conciliábulos secretos". La "censura pública" era la única manera de contener a un gobierno cuando comenzara a volverse tiránico, pues intentarlo con "tramas oscuras" sólo ocasionaría que se volviera más despótico.42

En el informe que como respuesta a la solicitud del senado envió el ministro de relaciones, Juan José Espinosa de los Monteros, el ejecutivo reconocía que el que en esas asociaciones hubiera algún secreto las volvía sospechosas, pero en un sistema con "principios constitucionales e instituciones liberales", no era posible prohibirlas sólo por ser secretas.43

La Comisión del Senado encargada de dictaminar sobre la ley empleó varios de los argumentos esgrimidos en los papeles públicos para fundamentar su postura. En su dictamen señalaba que a través de los impresos se habían podido conocer las pretensiones y las respectivas opiniones de las sociedades masónicas, lo cual las había vuelto sospechosas, además de que alarmaban al pueblo y al clero por su condición de secretas.44 Más tarde, en marzo de 1827, una nueva Comisión sostenía que:

Un país libre cuyas instituciones prestan a los habitantes sobrados recursos para reclamar los abusos y las infracciones de las leyes y proponer las reformas convenientes, no debe consentir que se procure el bien público por medios misteriosos que no se sujetan al examen de toda la nación y sus autoridades.45

Si esto se permitiera resultaría que la nación estaría regida por asambleas ocultas y se desconocerían la constitución y las leyes.

La legislatura de Veracruz, que urgía al senado para que dictara la ley de prohibición y ya había promulgado una para su estado, sostenía además que si bien los ciudadanos en algunos ámbitos podían sustraerse de la injerencia estatal, cuando actuaban hacia la sociedad, cuando buscaban "el bien público", debían someterse al examen de las autoridades y de toda la nación por medio de la publicidad y de las instituciones.46

Entonces, el secreto por sí mismo no bastaba para proscribir a la masonería, como había sucedido en las disposiciones papales y monárquicas; en un sistema autocalificado como "liberal", el secreto sólo podía ser sancionado si se hacía un uso político nocivo de él. El problema era que, al menos en el discurso yorkino, la masonería aseguraba buscar el bien público, la ilustración de los ciudadanos y la consolidación del sistema político; pero sus opositores consideraban que lo hacía a través de "medios misteriosos", lo cual resultaba improcedente. Por una parte, porque dicho sistema estaba fundado en que los actos del gobierno fueran públicos, como medio para contener los abusos y como elemento de legitimidad de sus acciones. Y por otra, porque existían las vías legales e institucionales para que los ciudadanos participaran en la vida pública; salirse de ellas parecía peligroso y contraproducente, y podía terminar generando un orden alterno al del estado.

Para conservar el adecuado funcionamiento del sistema político era menester mantenerse dentro de los límites marcados por la ley. Permitir que algunos ciudadanos se sustrajeran a ellos implicaba una pérdida de control que llevaba a la disolución del orden y por eso la masonería, al colocarse fuera de los linderos señalados para la participación en la vida pública, ponía en jaque los fundamentos del sistema político, porque los obligaba a confrontarse con sus propios límites, los sometía a debate.

 

Partidos

Los dos aspectos principales que se discutieron respecto de los partidos fueron: la posibilidad de aceptarlos como una característica inherente al régimen representativo y las implicaciones que tenía el hecho de que los partidos estuvieran organizados en sociedades secretas, en ritos masónicos.

Debido a esa relación entre la masonería y los partidos, la moción de cevallos para prohibir las sociedades secretas fue entendida por varios publicistas como una medida para acabar con los partidos. Para Spes in Livo, era impolítico dictar leyes represoras de los partidos, pues eran "funciones del mecanismo del sistema". Consideraba que en los "pueblos de esclavos" no había partidos porque todos tenían que seguir las huellas del "déspota", pero en los pueblos libres, regidos por autoridades electivas, siempre los había y eran precisamente una muestra del "amor a la libertad".47

Los editores de El Amigo del Pueblo –periódico editado y redactado por varios miembros de la primera plana yorkina– sostenían que los partidos eran "ejercicios de los espíritus libres y generosos en el campo de una ambición honrosa". Eran una característica de los pueblos libres en los que era lícito aspirar a la dirección de los negocios. Sólo les imponían como condición no permitir que sus intereses particulares, aunque fueran honestos y patrióticos, comprometieran los intereses de la nación.48

Espinosa de los Monteros, en el informe arriba mencionado, consideraba que los partidos eran necesarios para consolidar las instituciones, pero que si estaban organizados en sociedades secretas sí era necesario exterminarlos, porque eso les proporcionaba medios para hacerse más fuertes y podían llevar a la guerra privada.49

En contraposición con las anteriores afirmaciones, la legislatura de Veracruz señalaba que los partidos tendían a la destrucción de sus contrarios y eso ocasionaba la disolución del orden establecido. Otros autores sostenían además que las sociedades secretas tenían diferentes planes y proyectos, por lo que causaban la división en facciones. Incluso Rafael Dávila, quien por entonces era uno de los principales defensores de los yorkinos, afirmaba que los partidos causaban división, que llevaban la "semilla del aspirantismo" porque su finalidad era controlar al gobierno y los empleos. Pero también aseguraba que como ya existían los partidos en México, era preciso unirse a uno, que a su juicio era el de los yorkinos, porque defendían la independencia y la libertad.50

Parte de las críticas a los partidos se hacían específicamente respecto de las prácticas que se imputaban a los yorkinos. En el periódico poblano El Argos se les acusaba de relajar las leyes electorales, de movilizar al pueblo a su favor y de cometer múltiples irregularidades para vencer en las elecciones. Los editores de otro periódico de aquella ciudad, El Patriota, les respondían que esas actividades, lejos de ser "atropellamientos", eran muestra del entusiasmo e interés con que el pueblo participaba en las elecciones, lo cual era parte de los "elementos del sistema"; ésas eran las características de las elecciones hechas por la "multitud" y si no se hubieran hecho de ese modo hubiera sido muy fácil perder el sistema republicano, porque los ciudadanos hubieran votado como "esclavos".51

Sobre este tema los argumentos de los legisladores en el senado también tomaban varios elementos del debate público. Los legisladores que estaban a favor de los partidos sostenían que dentro de la sociedad era necesario que existieran divisiones, por lo que resultaba ilusorio dictar leyes cuyo objeto fuera que no las hubiera. También señalaban que el aspirantismo no podía ser objeto de pena, porque no era un crimen. Incluso, un senador llegó a mencionar que, como uno de esos partidos estaba muy bien organizado, confiaba en que la ley de prohibición no lo alcanzaría y así podría destruir a su oponente; con ello repetía en la legislatura uno de los principales argumentos del discurso yorkino que se oponía a la ley de prohibición.52

Los senadores que estaban en contra de los partidos aseguraban que uno de los principales problemas era que esas sociedades podían ramificarse y relacionarse concertadamente en los estados, convirtiéndose en "personas morales" que tenderían a dominar en la nación y a privar a los pueblos de su libertad para otorgar los empleos a las personas más dignas, pues tendrían que dárselos a los miembros de su partido. También consideraban que no eran reuniones de hombres libres, pues estaban gobernadas despóticamente por sus dirigentes. Además creían que estas asociaciones ya no tenían su finalidad primitiva de destruir la tiranía —que ya no existía, pues estaba representada por la monarquía y el absolutismo—, por lo que se dedicaban a dirigir los negocios públicos y a amoldar el gobierno a sus ideas particulares. Y si para lograrlo se apoyaban en los miembros del ejército, podían entonces disponer de las fuerzas armadas y convertirse en facciones que se colocarían por encima de la ley y de la "nación soberana".

Finalmente en el senado se aprobó un proyecto de ley que prohibía las sociedades secretas, imponía como penas la separación de sus cargos de quienes resultaran miembros de ellas y continuaran siéndolo después de la publicación de la ley, y en casos de reincidencia, causaría la pérdida de la ciudadanía. Sin embargo, por el momento el proyecto no fue aprobado por la cámara de diputados.

Estas discusiones muestran que numerosos publicistas incorporaban al concepto de partido una connotación negativa que atravesaba por la noción de unanimidad heredada de la tradición corporativa, por el temor a la experiencia francesa y por la concepción unitaria de la soberanía nacional derivada de los planteamientos gaditanos.53 Pero sobre todo, porque el concepto de la voluntad general era contrario a la existencia de los partidos, ya que los ciudadanos debían manifestar libremente sus ideas y no estar subordinados a otro tipo de lealtades que se colocaran por encima de la que se le debía al estado.

En cambio, en términos generales los yorkinos se inclinaban por la defensa del sistema de partidos. Para ellos la movilización social durante las elecciones era inherente al sistema liberal, para que el pueblo pudiera aprovechar el único momento en que ejercía directamente su soberanía.

 

La crisis de las instituciones

El 23 de diciembre de 1827 estalló en otumba el levantamiento de Manuel Montaño, basado en un Plan de Cuatro Puntos que pedía la extinción de las sociedades secretas, la remoción del gabinete, la expulsión de Poinsett del país y el estricto cumplimiento de la constitución y las leyes. A este movimiento se unieron varios personajes que en los papeles públicos eran señalados como escoceses, entre ellos Molinos del Campo y el vicepresidente Nicolás Bravo, gran maestro del rito escocés.54 Poco después, Miguel Barragán en Veracruz y Gabriel Armijo en San Luis Potosí se pronunciaron a favor del plan. El levantamiento fue fácilmente sofocado por tropas al mando de Vicente Guerrero, el 7 de enero de 1828.

Los principales periódicos yorkinos, que para ese momento eran el Correo de la Federación Mexicana y El Amigo del Pueblo, presentaron el levantamiento como una conspiración de los escoceses. Las personas de los implicados y los puntos que exigían fueron más que suficiente para que las publicaciones de orientación yorkina lo presentaran como un Plan de Miras Borbónico–Centralistas, aunque en su contenido no había ninguna alusión al respecto. Con ello se endureció el discurso yorkino contra los escoceses, los españoles y las autoridades que pretendían tratar con lenidad a los implicados en el movimiento. Y al mismo tiempo, autores como Rafael Dávila, el Payo del Rosario y Spes in Livo recuperaron y enfatizaron el tema de las diferencias sociales que existían entre escoceses y yorkinos.

El debate se intensificó a partir de la aparición de un nuevo grupo en la contienda: los imparciales. De acuerdo con la narración de tornel, éstos fueron un partido organizado por Francisco García salinas y Marcos Esparza, que tenía como finalidad trabajar por medios francos para oponerse al cariz que estaban tomando los acontecimientos políticos del país. Su programa se fundaba en el sostenimiento del sistema federal "en toda su pureza" y en la reprobación de toda junta masónica, de "toda combinación política que traspasara los límites de las leyes", que forzara a las autoridades a separase de la constitución y que prefiriera los intereses de partido a los de la comunidad. En la Ciudad de México sus agentes principales fueron Valentín Gómez Farías, Juan Gómez de Navarrete, Juan Bautista Morales y Miguel Ramos Arizpe.55 El periódico por el que se expresaban era el Águila Mexicana, que desde enero había quedado bajo la dirección de Gómez Farías, al parecer con subsidio del gobierno.56

La nueva redacción del Águila sostenía que los partidos eran perjudiciales porque formaban un "cuerpo aparte", con fines particulares, que los separaba del común que era la "voluntad de la mayoría". Si se organizaban en sociedades secretas el problema era peor, porque afectaban todo el funcionamiento del sistema, ya que estas asociaciones, aunque tenían apariencia federal, en realidad su forma era "naturalmente central", pues hacían que "muchas porciones de ciudadanos distantes obraran con un solo impulso". Las sociedades secretas tenían una "reunión principal", ubicada en la capital, que trabajaba mediante sus subalternas en los estados para que todos los funcionarios fueran miembros suyos, y actuaran conforme a las órdenes que recibían del centro.57

Con ello se alteraban los fundamentos del sistema político, pues los individuos en las cámaras sólo tratarían lo que antes hubiera sido examinado en sus reuniones secretas, con lo que las leyes serían resultado de la voluntad de éstas. Si así fuera se estaría cayendo en el "más riguroso centralismo", pues sería la "voluntad de un puñado de hombres" la que gobernara a toda la nación, y las autoridades serían "esclavas" de ellos en lugar de ser el órgano de sus pueblos. Así, los redactores del Águila sostenían que las sociedades secretas formaban una especie de "gobierno oligárquico", en el que "las miras de unos eran adoptadas por muchos", todo lo contrario al sistema federal, donde "la voluntad de todos los ciudadanos era expresada por algunos".

Por todo lo anterior, para los imparciales el problema principal era la manera en que la organización masónica afectaba al sistema federal; estaban tratando de protegerlo de los conflictos entre escoceses y yorkinos, para que las disputas entre éstos no llegaran a afectarlo o a ponerlo en entredicho. Su rechazo a las sociedades secretas no estaba basado en su carácter secreto, sino en la forma de organización de la masonería, en el tipo de control que, suponían, ejercía sobre sus miembros y en la posibilidad que esto les ofrecía para introducirse en las distintas instituciones, violentar su funcionamiento y su legitimidad, pues al hacerlo las logias usurpaban la voluntad general.

Los patriotas, desde luego, respondieron a los ataques de que fueron objeto en el Águila. Para los editores del Correo y de El Amigo del Pueblo, el problema de los partidos en México estaba indisolublemente ligado a las identidades políticas —que ellos mismos habían elaborado—, por lo que no debían analizarse en abstracto, sino juzgarlos por sus obras.58 Los del Correo sostenían que en los gobiernos libres siempre había dos partidos poderosos, pero en un país republicano debía haber uno dominante que representara la "voluntad general", si no, ésta podía perecer, pues un partido bien organizado podía imponerse aunque tuviera a toda la nación en contra. Consideraban que el pueblo mexicano era el soberano, la mayoría de ese pueblo debía gobernar y era su voluntad la que debía mover a quienes tuvieran un poder delegado por esa mayoría. Aseguraban que en México el partido dominante era el yorkino porque la nación se había ido identificando con él, al comprender que estaba a favor de la Independencia y la forma de gobierno, mientras su contrario, el escocés, era enemigo de esos principios. Por eso para ellos no había necesidad de pertenecer a la masonería para ser yorkino, lo era todo aquel que defendiera "la religión, la Independencia, la libertad y la federación".59

Incorporando a su partido a cualquiera que cooperara "a sostener los intereses primordiales de la nación" y negando la existencia de un secreto, los yorkinos se deslindaban de su organización masónica y se asumían como un "partido disciplinado" que interpretaba la voluntad general y la salvaguardaba, tratando de mantener en un segundo plano el hecho de que estuviera cimentado en una sociedad secreta.60

Tanto imparciales como yorkinos fundaban su legitimidad en la mayoría de la población, que era la que detentaba la voluntad general. Pero mientras para los imparciales ésta atravesaba necesariamente por los estados, para los yorkinos parecía depender de los individuos, pues en ningún momento hacían referencia a las voluntades parciales. Esto podría confirmarse con la idea de nación expresada en El Amigo del Pueblo: donde se entendía como "el conjunto de ciudadanos que la componen", ordenado por la colección de estados, pero que en última instancia era una suma de individuos.61

Otro problema en esta discusión era la pregunta acerca de si podía haber voluntad general habiendo partidos. Para los imparciales parece evidente que no; de hecho sería lo contrario, los partidos usurpaban la voluntad general. En cambio para los yorkinos sí la había y el objetivo del partido dominante era representarla y preservarla del pequeño grupo que procuraba oponérsele. Y para ello sí era importante su organización a través de la masonería, pues consideraban que ésta les proporcionaba los medios para lograrlo. Quienes expresaron con más claridad esta idea fueron los redactores de El Patriota, al sostener que el hombre debía "educarse en la vida civil" y en la "ciencia del mundo" para ser capaz de reconocer las "arterias" de sus enemigos y poder vencerlas. Pero esto no podía lograrse aisladamente, era obra de la "combinación, el apoyo y la unión", para lo cual se requería una sociedad cuyos individuos pertenecieran "a todas las clases y a todas las corporaciones", a fin de que cada uno pusiera lo que tuviera, unos el influjo, otros el poder, la riqueza, la astucia o el trabajo material. Esa sociedad, obviamente, era la yorkina.62 En este sentido, el partido yorkino sería aquel que por una parte educara a los ciudadanos y por otra, gracias a la fuerza de la unión, velara para que la voluntad general fuera respetada.

Una postura contraria, semejante a la expresada en el Águila, era la de Juan cayetano portugal, diputado por Guanajuato, quien en un discurso pronunciado en abril de 1828 sostuvo que en las sociedades secretas los hombres "obraban en cuerpo", y los cuerpos que adquirían fuerza política no podían ser combatidos por un "gobierno popular", pues todo el vigor de esa forma de gobierno provenía de la "unión" y la "opinión general", las cuales desaparecían ante la formación de dichos cuerpos.63 unos meses más tarde, los editores de El Mensajero Federal —periódico de xalapa cuyo responsable en esta época parece haber sido Sebastián Camacho— 64 argumentaban que la masonería era "incompatible con las instituciones republicanas" a causa del "espíritu de cuerpo", por el que toda reunión de hombres ocupados en un interés común estaba expuesta a extraviarse si no había un resorte que la contuviera. Y, afirmaban, esa tendencia era tan fuerte que incluso los "cuerpos legales" serían peligrosos si no tuvieran el freno de la ley señalando sus funciones y el de la opinión reclamando sus excesos. Según estos autores, como la masonería no estaba sometida a una ley que la reglamentara ni a la opinión, porque sus trabajos se mantenían en secreto hasta que ya habían causado sus "estragos", entonces era del todo incompatible con un sistema cuyos fundamentos eran la ley y la publicidad.65 Con base en estas argumentaciones puede sostenerse que las críticas a los partidos organizados a través de la masonería fueron una de las primeras muestras de rechazo al espíritu de cuerpo en México.

Con esta hábil narración, en la que se unieron el tema de los partidos, las sociedades secretas, el espíritu de cuerpo y el aspirantismo, los opositores de los yorkinos consiguieron invertir el argumento de aristocracia que los yorkinos esgrimían contra ellos. En este discurso, los miembros del rito de york habían establecido un gobierno "aristocrático" al infiltrarse en las distintas instituciones e instancias del poder, porque los empleos públicos se encontraban en manos de hombres que "formaban cuerpo", que no actuaban por impulso propio sino por el de unos cuantos cuyo centro de organización residía en la capital y cuyos intereses protegían.66

El momento en que tuvo lugar esta discusión era particularmente crítico, porque se avecinaban las elecciones para presidente de la república. Los yorkinos habían decidido apoyar a su entonces gran maestro, Vicente Guerrero,67 mientras sus opositores se inclinaban por Manuel Gómez Pedraza. Para triunfar en el proceso electoral, los yorkinos tenían que hacer muchas alianzas y negociar de diversas maneras, pero un aspecto fundamental era recuperar su legitimidad y su carácter de partido nacional que el discurso antiyorkino estaba poniendo en entredicho. A fin de lograrlo, recurrieron una vez más a la unificación de sus contrarios. El apoyo que los redactores de El Sol le habían dado a los del Águila en sus críticas a los yorkinos y el hecho de que Gómez Pedraza era miembro del rito escocés les proporcionaron las armas para hacerlo. Gracias a ello pudieron tachar de escoceses a todos sus opositores, imputándoles los mismos cargos de borbonistas, centralistas y aristócratas, e incluso llegaron a denominarlos "escoci–imparciales".68

Pero la presencia en la oposición de personajes reconocidos por su vocación federalista hizo necesario también que los yorkinos privilegiaran unas partes de su discurso sobre otras, a fin de seguirse identificando con la nación. Para ello resultó fundamental resaltar el carácter popular del partido yorkino, en contraposición con el "aristocrático" de sus contrincantes, como hicieron los redactores de El Amigo del Pueblo. Para ellos, la parte aristocrática de la nación estaba disgustada con las instituciones derivadas del sistema popular republicano, porque a causa de ellas había perdido sus privilegios y el control de los negocios públicos; en cambio, la "mayoría inmensa de los ciudadanos" las apreciaba y estaba dispuesta a defenderlas porque gracias a ellas había dejado de ser vasalla de unos cuantos.69

En un impreso, al parecer de la autoría de José Manuel Herrera, se mencionaba la existencia de tres clases: suprema, media e ínfima. A la primera pertenecían los residuos de los antiguos títulos de castilla, los capitalistas viejos y el alto clero; a la segunda los literatos, oficiales del ejército, empleados, maestros, pequeños comerciantes; y a la tercera la gente más pobre. La media era la más numerosa, con amplios conocimientos y virtudes sociales, por lo que era el eje principal de la gran maquinaria de la sociedad. Por eso las legislaturas debían otorgar sus votos al partido de la clase media, y a su candidato, Vicente Guerrero.70

Los opositores de los yorkinos no podían evidenciar su rechazo a lo popular, pues ello confirmaría las acusaciones de aristocracia y oligarquía que recibían, y además parecía contrario a los logros alcanzados con la instalación del sistema liberal, tal como se había definido hasta entonces, principalmente en términos yorkinos. Por ello, al criticarlos hacían más referencia a cuestiones morales o de conocimientos que a aspectos económicos o sociales. En ese mismo sentido definían a la "hombría de bien", a la que todavía no identificaban con los grupos propietarios o con los sectores privilegiados, como sucederá en 1830. En 1828 varios publicistas señalaban que los "hombres de bien" eran los verdaderos amantes de su patria, los hombres honrados que poseían la educación, las disposiciones naturales o adquiridas, la probidad y en general las aptitudes para desempeñar adecuadamente los cargos que se les confiaban.71

En cambio, para los yorkinos impulsar la participación de la "baja democracia", como le llamaba Lorenzo de Zavala, era inherente al sistema político que la nación había elegido. Su concepción de un sistema liberal y popular implicaba la apertura que, mediante sus instituciones, permitía el acceso de diversos sectores sociales al ejercicio del poder político, por oposición a un sistema despótico y aristocrático en el que sólo los "grandes hombres" podían intervenir en la vida pública.

Tal postura no implicaba que los yorkinos negaran el carácter selectivo que implica el sistema representativo, según lo ha descrito Bernard Manin,72 pues ellos mismos sostenían que en las elecciones debían triunfar los mejores. Los redactores de El Amigo del Pueblo aclaraban que asumían la desigualdad de clases, pero fundada en las facultades físicas y morales con que la naturaleza había dotado a cada hombre; rechazaban la búsqueda de la "igualdad quimérica de fortunas", pero también negaban el derecho que algunos creían tener para ser los únicos que debían dirigir la república; por eso el pueblo mexicano depositaría siempre sus poderes en ciudadanos virtuosos e ilustrados dignos de tal confianza.73 Pero para los yorkinos esa superioridad no tenía que estar determinada por privilegios económicos o sociales, sino por la defensa de algunos principios y valores muy claros. El primer lugar lo ocupaba una indiscutible adhesión a la Independencia, a la que por definición consideraban patrimonio de los americanos y, en especial, de aquellos que no hubieran mostrado afecto a la monarquía ni a los españoles. En segundo quedaba el patriotismo, que implicaba haber trabajado por el bien de la patria, por ejemplo tener servicios en la insurgencia o en los movimientos a favor de la libertad. En tercer lugar estaba ser republicanos y federalistas incuestionables y haberlo demostrado constantemente, así como su adhesión a las instituciones que de este sistema se derivaban.74

Pese a los esfuerzos yorkinos, en las elecciones resultó triunfador Gómez Pedraza. Unos días más tarde, Santa Anna promulgó un plan en el que pedía la anulación de la elección de pedraza, la expulsión total de los españoles, el nombramiento de Guerrero como presidente y que las legislaturas que hubieran contrariado el "voto de sus pueblos" –expresado en diversos movimientos por los que varios Ayuntamientos habían pedido a sus legislaturas que votaran por Guerrero– realizaran nuevas elecciones.75 Como Santa Anna apelaba a las argumentaciones antiescocesas elaboradas por los yorkinos, su levantamiento fue presentado en muchas publicaciones como una manipulación yorkina. Ello ocasionó que la organización partidaria en torno a las pertenencias masónicas perdiera la poca viabilidad que le quedaba, pues los partidos aparecían ahora como facciones, que hacían uso de las armas para sobreponerse al gobierno y usurpar la soberanía de la nación, por lo que, lejos de apoyar a las instituciones, las trastornaban.76

Así, con la presión de los papeles públicos y del propio ejecutivo, tras un breve debate en la cámara de diputados, el 25 de octubre de 1828 se dictó finalmente un decreto por el cual se renovaba la prohibición de "toda reunión clandestina que formara cuerpo o colegio e hiciera profesión de secreto".77

La tensión por los resultados electorales fue en aumento, hasta que el 30 de noviembre estalló el motín en la Ciudad de México, con las fuerzas de la milicia cívica y el batallón de tres Villas. Los principales dirigentes fueron connotados yorkinos como Lucas Balderas, José María Lobato y Lorenzo de Zavala. Cuando la revuelta terminó, continuaron dándose algunos saqueos, robos y actos de violencia en el distrito y en algunos otros lugares del país. Según narra Carlos María de Bustamante en su diario, "Gente decente" de la ciudad se encontraba muy atemorizada y la abandonaba.78

A pesar del generalizado rechazo que el motín despertó, los editores del Correo, e incluso el propio Vicente Guerrero, encontraron en este movimiento la manera de cerrar el círculo de las argumentaciones que se habían venido desarrollando desde 1823 contra los sectores económica y socialmente privilegiados, los cuales, según el discurso yorkino, habían intentado imponer primero la monarquía, después el centralismo y finalmente el despotismo de Gómez Pedraza. Para estos autores, después de tantos años de luchar contra ese grupo, que por conservar sus privilegios había intentado mantenerse en el poder a pesar de las instituciones republicanas, finalmente en el movimiento de la acordada los "votos de los pueblos" se habían hecho escuchar, el "poder soberano de la opinión general" había triunfado, "los padres de la Independencia y amigos de la libertad habían librado a los mexicanos de un nuevo yugo", de un gobierno dirigido por una aristocracia privilegiada que por defender sus intereses particulares pretendía controlarlo todo, al grado de que los representantes contrariaran a comitentes, lo cual no era concebible en un pueblo libre. Por todo ello, Santa Anna podía sostener que el movimiento había sido la afirmación de los "derechos del pueblo y del ciudadano" frente al intento de imponerles una nueva tiranía. Así, en el discurso yorkino el pueblo, la gran mayoría de la nación, había triunfado sobre la aristocracia.79

 

Consideraciones finales

En los años comprendidos en este estudio se formularon y se pusieron en juego las identidades políticas de los grupos que contendían por el poder, que eventualmente se construyeron en torno a las pertenencias masónicas de sus miembros. Los principios con que los publicistas definieron a los ritos escocés y yorkino influyeron en la forma en que sus acciones políticas fueron percibidas y presentadas en el debate público, lo cual en varias ocasiones incidió directamente en su eficacia y legitimidad. Así, entre 1826 y 1828 los yorkinos lograron constituirse en una importante fuerza política, no sólo en el centro del país sino en la mayoría de los estados. Y en buena medida esto se debió a la identidad política que elaboraron de sí mismos y la que le crearon a sus opositores. Su discurso fue realmente eficaz durante esos años, fue capaz de inhibir políticamente a sus contrincantes y quizá hasta de orillarlos a tomar medidas desesperadas, como el Plan de Montaño.

La forma en que se construyeron esas identidades, así como las modificaciones que se dieron en la manera de abordar el tema masónico, muestran una serie de cambios en la cultura política, que revelan cómo la aplicación del sistema republicano, representativo, popular y federal fue transformando los lenguajes, las formas de argumentación, los mecanismos de negociación, la comprensión de las relaciones políticas y de los principios en que se basaba el propio sistema. El fundamento de legitimidad se trasladó desde la soberanía de origen divino a la soberanía del pueblo, y a su expresión, la voluntad general. Los problemas hubieron de dirimirse en la lid pública. Los conceptos políticos fundamentales, como la representación, la ciudadanía y la misma nación, tuvieron que ser discutidos en los papeles públicos. Las identidades públicas se convirtieron en una herramienta para obtener adeptos y aliados, y con ellos para alcanzar una mayor fuerza política.

Todo ello evidencia el impacto y la importancia que el debate público adquirió en la construcción de la nueva legitimidad, así como en la definición de las reglas de participación política, de las instituciones y de las prácticas. Se aprecia que la interacción entre el debate público y la cultura política era ya una realidad indiscutible, que en estos años se desarrolló mediante una dinámica de dos vías. Por una parte, el debate se consolidó como un constante interlocutor del espacio institucional, y por otra, las nuevas preocupaciones de los miembros del gobierno y de las legislaturas incorporaron temas y lenguajes al debate público. La masonería tuvo que dejar de ser vista como una asociación que de suyo era positiva o negativa, para convertirse en objeto de discusión. La forma en que se la abordó en los papeles públicos, así como su intervención en la vida política nacional, presentaron problemas que obligaron a los autores mexicanos a separarse del debate europeo sobre el tema, para resolverlos de acuerdo con las necesidades específicas que generaban los acontecimientos políticos. Así, el tema masónico confrontó al sistema consigo mismo, y a la vez el sistema confrontó a la masonería como espacio de acción política e incluso como recurso discursivo.

 

FUENTES

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Notas

1 Por cultura política se entiende el entramado de sentido en el que lo político tiene lugar; es el conjunto de discursos y prácticas simbólicas mediante las cuales los individuos y los grupos articulan su relación con el poder, elaboran sus demandas políticas y las ponen en juego. Esta definición está formulada a partir de las propuestas de Keith M. Baker, Inventing the French Revolution, Nueva York, Cambridge University Press, 1990; Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político, Buenos aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, passim; Lucien Jaume, "El pensamiento en acción: por otra historia de las ideas políticas", Ayer, n. 53, 2004, y Claudia Guarisco, Los indios del valle de México y la construcción de una nueva sociabilidad política, 1770–1835, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2003. Conviene hacer la precisión de que esta afirmación no implica que antes de 1808 no haya habido cambios importantes en la cultura política novohispana, sino únicamente que a partir de esa fecha las transformaciones se consideran más drásticas e incluso más rápidas.

2 José Antonio Ferrer Benimeli, La masonería española en el siglo XVIII, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 12–13. Bula del soberano pontífice contra los fracmazones, México, Imprenta Americana de D. José María Betancourt, 1822, p. 2. Proceso del francmasón Pedro Tournon, juzgado por la Inquisición de Madrid, el año de 1757, México, Imprenta en la oficina de D. J. M. B. y socios, 1822, p.7.

3 Véase María Eugenia Vázquez Semadeni, La interacción entre el debate público sobre la masonería y la cultura política, 1761–1830, tesis de doctorado, El Colegio de Michoacán, 2007.

4 Jordi Canal, El Carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España, Madrid, Alianza, 2000, p. 32–33.

5 José Antonio Ferrer Benimeli, La masonería española, Madrid, Istmo, 1996, p. 39–82.

6 Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, Desengaños que a los insurgentes de N. España, seducidos por los fracmazones agentes de Napoleón, dirige la verdad de la religión católica y la experiencia, México, oficina de D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1812.

7 Semanario Patriótico Americano, n. 11, 27 de septiembre de 1812, y n. 26, 10 de enero de 1813, y Correo Americano del Sur, n. VI, 1 de abril de 1813.

8 Lucas Alamán, Historia de Méjico, desde los primeros movimientos que prepararon su Independencia en el año de 1808 hasta la época presente, México, Libros del Bachiller sansón carrasco, 1986, t. V. José María Luis Mora, Obras sueltas, México, Porrúa, 1963. José María Tornel y Mendívil, Breve reseña histórica de los acontecimientos más notables de la nación mexicana, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985.

9 "Discurso masónico pronunciado al abatimiento de columnas del gran consistorio de Yucatán al separarse del de La Havana y reunirse al gran consejo de Veracruz", La Inquisición se pone o la religión se acaba, n. 2, México, oficina de D. José María Ramos Palomera, 1822, p. 3–6. Artículo tomado de El Yucateco. Servando Teresa de Mier, Miguel Santa María y el Marqués del apartado se iniciaron en España con los caballeros racionales, mientras que José María Alpuche y Manuel Gómez Pedraza lo hicieron en La Habana, el primero en 1804 y el segundo en 1821. Manuel Gómez Pedraza, Manifiesto que Manuel Gómez Pedraza, ciudadano de la República de Méjico, dedica a sus compatriotas; o sea una reseña de su vida pública, Nueva Orleáns, reimpreso en Guadalajara en la oficina de Brambilas, 1831, p. 29. Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 10 de marzo de 1830, año 1, n. 49. Archivo General de la Nación, Indiferente de Guerra, v. 22, f. 27–30.

10 Jaime del Arenal, Un modo de ser libres, México, El Colegio de Michoacán, 2002, p. 20.

11 Lucas Alamán, Historia..., 1986, tomo V, p. 239, 335, 373, 410.

12 Grito de un español verdadero a toda la nación, Puebla, reimpreso en la Oficina del Gobierno, 1821, passim. Extracto de la Miscelánea de Madrid, n. 316, del 9 de enero de 1821.

13 He aquí los planes de la falsa filosofía contra la religión y el Estado, Puebla, Troncoso Hermanos, 1821. Eligio de Ulloa, Tumulto de las viejas contra el Pensador Mexicano, México, Imprenta Americana de D. José María Betancourt, 1822. El francmasón descubierto, o sea diálogo entre un payo y un estudiante, México, Imprenta de Doña Herculana del Villar y Socios, 1822. Triunfo de los francmasones, México, Imprenta de Doña Herculana del Villar y Socios, 1822.

14 C. A. G. (el amante de la religión y enemigo implacable de la tiranía), Oigan todos que el peligro apura, México, Imprenta Americana de D. José María Betancourt, 1821. El sastre viejo, La Inquisición restaurada por las dudas sobre el Plan de Iguala, México, Imprenta Imperial de D. Alejandro Valdés, 1821.

15 A. M. O., Ilustración sobre la sociedad de los fracmasones, México, reimpreso por Z. J. En la oficina de D. Mariano Ontiveros, 1822. Exámen crítico de las causas de la persecución de los francmasones, reimpreso en México, oficina de D. J. M. B. y socios, 1822. José Joaquín Fernández de Lizardi, Defensa de los francmasones, México, Imprenta Americana de D. José María Betancourt, 1822. m. s., Defensa de los llamados francmasones, México, oficina de D. José María Benavente y socios y en la Liberal de Moreno Hermanos, 1822.

16 José Antonio Bernaldo de Quirós, "La invención del término servil como denominación política", Espéculo, año VII, n. 24, julio–octubre 2003, y El escritor Eugenio de Tapia: un liberal del siglo XIX, Ávila, Caja de Ahorros, 2003.

17 Como ejemplos para observar las definiciones de liberales y serviles en el debate público mexicano, véanse El Ingenuo, ¿Sí vendrán a ser las cortes como el toro chicharrón?, México, Imprenta Americana de D. José María Benavente, 1822. El Liberal, Comparación entre el liberal y el servil, México, Imprenta (contraria al despotismo) de D. J. M. Benavente y Socios, 1822.

18 Servando Teresa de Mier, Memoria político–instructiva, enviada desde Filadelfia en agosto de 1821, a los gefes independientes del Anahuac, llamado por los españoles, Nueva España, México, oficina de D. Mariano Ontiveros, 1822. Carlos María de Bustamante, 20 de abril de 1825, en Josefina Zoraida Vázquez y Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (eds.), Diario histórico de Carlos María de Bustamante, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/El Colegio de México, 2000, CD–1. Edmundo O'Gorman, La supervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el monarquismo mexicano, México, Fundación Cultural Condumex, 1969, p. 11–27. David Pantoja Morán, El Supremo Poder Conservador. El diseño institucional en las primeras constituciones mexicanas, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán, 2005, p. 9–11. Alfredo Ávila, En nombre de la nación, México, Centro de investigación y Docencia Económicas /Taurus, 2002, y Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio 1821–1823, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Históricas, 2004.

19 El periódico Águila Mexicana nació con el nombre de La Águila Mexicana, pero a partir de junio de 1823 suprimió el artículo "La" del título, quedando únicamente como Águila Mexicana; por esta razón, cuando en el presente trabajo se habla de "el Águila", el artículo no se pone con mayúscula ni en cursiva, pues no pertenece al título de la publicación. Miguel Ángel Castro y Guadalupe curiel (eds.), Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX: 1822–1855, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 3–6.

20 Lucas Alamán, Historia..., op. cit., p. 239. Torcuato di Tella, Política nacional y popular en México 1820–1847, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 75. Carlos María de Bustamante, 15 de junio de 1823, 16 de agosto de 1823 y 7 de febrero de 1826, Diario..., op. cit. Miguel Ángel Castro y Guadalupe Curiel (eds.), Publicaciones..., op. cit., p. 415.

21 Con esta puntualización no se pretende sostener que los escoceses no actuaron políticamente aprovechando su pertenencia masónica, sino sólo que no lo hicieron público.

22 Miguel Ángel Castro y Guadalupe Curiel (eds.), Publicaciones..., op. cit., p. 3. Celia del Palacio Montiel, La disputa por las conciencias. Los inicios de la prensa en Guadalajara 1808–1835, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2001.

23 Catherine Andrews, "The defence of Iturbide or the defence of Federalism? rebellion in Jalisco and the conspiracy of the calle de Celaya, 1824", Bulletin of Latin American Research, v. 23, n. 3, 2004. Jaime Olveda, "Jalisco: el pronunciamiento federalista de Guadalajara", en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), El establecimiento del federalismo en México (1821–1827), México, El Colegio de México, 2003, p. 189–213.

24 El Sol, n. 28, 12 de julio de 1823, p. 111–112.

25 El Iris de Jalisco, Guadalajara, Imprenta de Sanromán, n. 1, 1 de diciembre de 1823, p. 3. Celia del Palacio, La disputa..., op. cit., p. 349.

26 José María Luciano Becerra, Voto particular del señor Becerra, diputado por la provincia de Veracruz, sobre el proyecto de Acta Constitutiva, México, Imprenta del supremo Gobierno en Palacio, 1823.

27 Águila Mexicana, México, Imprenta del Águila, t. III, núm. 271, 10 de enero de 1824. Artículo tomado de El Iris de Jalisco.

28 Pedro Grullo, comunicado inserto en Águila Mexicana, México, Imprenta del Águila, año III, n. 94, 13 de julio de 1825.

29 Carlos María de Bustamante, Diario..., op. cit., 13 al 23 de enero y 14 de marzo de 1824. Celia del Palacio, La disputa..., op. cit., passim. Torcuato di Tella, Política..., op. cit., p. 158. El payo del Rosario, O se destierra el coyote ó mata nuestras gallinas, México, Imprenta de Mariano Ontiveros, 1824. Rafael Dávila, El nuevo Congreso de los tecomates, México, Imprenta de Ontiveros, 1824. Catherine Andrews, "The defence...", op. cit. Alfredo Ávila, "La oposición clandestina y el orden republicano: las conspiraciones iturbidistas de 1823 y 1824", en Cristina Gómez Álvarez y Miguel Soto (coords.), Transición y cultura política. De la Colonia al México independiente, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 2004, p. 111–141.

30 Justo Clarión, comunicado inserto en Águila Mexicana, México, Imprenta del Águila, año 2, n. 264, 3 de enero de 1825. El Payo del Rosario, El quitasol, México, Imprenta de Alejandro Valdés, 1824.

31 Encíclica del papa León XII. En auxilio del tirano de España Fernando VII. Con una disertación en sentido opuesto, por Félix Mejía, Filadelfia, 1826.

32 Michael P. Costeloe, La primera república federal de México (1824–1835). Un estudio de los partidos políticos en el México independiente, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 50. Lucas Alamán, Historia..., op. cit., p. 474. Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1808 hasta 1830, París, F. Dupont et G. Laguionis, 1831–1832, p. 257–258. José María Tornel, Breve reseña..., op. cit., p. 46. José María Mateos, Historia de la masonería en México, México, Herbasa, 2003, p. 16.

33 Águila Mexicana, México, Imprenta del Águila, año III, n. 159, 21 de septiembre de 1825.

34 Águila Mexicana, México, Imprenta del Águila, año 4, n. 18, 18 de mayo de 1826.

35 Esta afirmación no implica que los escoceses hayan sido una invención yorkina. Lo único que se pretende afirmar es que quienes sacaron a la luz pública la existencia de los escoceses fueron los yorkinos, y que también fueron ellos quienes les formularon su identidad política.

36 El Sol, México, Imprenta a cargo de Martín Rivera, año 4o., n. 1143, 31 de julio de 1826, y año 4o., n. 1401, 8 de abril de 1827. Diálogo entre un liberal..., op. cit. Plan de los yorquinos para centralizar el gobierno, México, Imprenta a cargo de Martín Rivera, 1826. (Carlos María de Bustamante), Diálogo entre un barbero y su marchante sobre las elecciones primarias, celebradas el día 20 de agosto, México, Imprenta a cargo de Martín Rivera, 1826. El enemigo de masones y defensor de la patria, Acábense los yorkinos y salvemos a la patria. Tercera parte, México, oficina de la testamentaría de Ontiveros, 1827. J. I. Patria, Infamias de los yorkinos presentadas a la patria, México, Imprenta de Galván, 1827. Manifiesto del Congreso de Veracruz a la nación mexicana, xalapa, Imprenta del Gobierno, 1827. El luto tras de las pascuas, México, Imprenta de Mariano Galván, 1826.

37 El Sol, n. 1053, 2 de mayo de 1826, citado por Rafael Rojas, La escritura de la Independencia. El surgimiento de la opinión pública en México, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas/Taurus, 2003, p. 137–138.

38 Juan de Dios Cañedo, Discurso pronunciado en el Senado por el ciudadano Cañedo, en la sesión del 24 de abril, contra el proyecto de ley que presentó el ciudadano Cevallos, para la estinción de las juntas secretas, México, Imprenta del Águila, 1826.

39 La razón, ¿ La verdad? es un enredo el discurso de Cañedo, México, impreso en la Oficina del Águila, 1826. La razón, En nuestras instituciones no caben los francmasones, México, impreso en la Oficina del Águila, 1826.

40 El Filósofo, ¿Quién ha causado más daños, los frailes o los masones?, reimpreso en Guadalajara, Oficina de Sanromán, 1826.

41 El Payo del Rosario, Tronó en el Senado el cohete y salió un domingo siete, México, Oficina de la Testamentaría de Ontiveros, 1826. spes in Livo, El Senado ya se burla del público y del gobierno, México, Oficina de la testamentaría de ontiveros, 1826.

42 Carlos María de Bustamante, Diario..., op. cit., 21 de agosto de 1826. Se denuncian al buen juicio las sociedades secretas y los caballeros masones, reimpreso en México, Imprenta del ciudadano Alejandro Valdés, 1826.

43 Juan José Espinosa de los Monteros, Informe de la primera Secretaría de Estado, México, Imprenta del supremo Gobierno en Palacio, 1826.

44 (¿?) Medina, (José Antonio) Quintero, (Dictamen de la Comisión para examinar el informe del gobierno sobre sociedades secretas), México, 27 de diciembre de 1826. Archivo Histórico del Senado de la República, libro 11, f. 102–107.

45 (Juan de Dios) Rodríguez, (Antonio) Tarrazo, (¿?) Guzmán, (dictamen de la Comisión especial encargada del expediente sobre logias masónicas), México, 30 de marzo de 1827, Archivo Histórico del Senado de la República, libro 11, f. 109–111.

46 Manifiesto del Congreso..., op. cit..

47 Spes in Livo, El Senado..., op. cit.

48 El Amigo del Pueblo, México, Imprenta del Águila, 1 de agosto de 1827.

49 Juan José Espinosa de los Monteros, Informe..., op. cit.

50 Manifiesto del Congreso..., op. cit. Se denuncian..., op. cit. Rafael Dávila, Taller de cohetería. Diálogos crítico–alegóricos entre un cohetero y un tamborilero. Diálogo veinte y nueve, México, Imprenta de la Ex Inquisición, 1827.

51 El Patriota, Puebla, Imprenta del periódico Patriota, año 1, n. 17, agosto 1 de 1827.

52 (Discusión sobre el dictamen de la Comisión encargada del expediente sobre logias masónicas), México, 17 de abril de 1827, Archivo Histórico del Senado de la República, libro 11, f. 113–122. El siguiente párrafo está basado en los tres documentos del senado.

53 Alfredo Ávila, "El partido popular en México", Historia y Política, n. 11, 2004, p. 55. François–Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones atlánticas, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 273–274.

54 No se han podido localizar documentos que comprueben el hecho de que Nicolás Bravo era el Gran maestro de los escoceses, pero en el Correo de la Federación Mexicana (México, Imprenta del Correo, t. VI, n. 465) se le señaló como tal el 9 de febrero de 1828.

55 José María Tornel, Breve reseña..., op. cit., p. 236.

56 Carlos María de Bustamante, Diario..., op. cit., 14 de enero de 1828.

57 Un amante de su patria, Colección de artículos selectos sobre política, sacados del Águila Mexicana del año de 1828, México, Imprenta de Galván, 1828. El siguiente párrafo está basado en este mismo texto.

58 El Amigo del Pueblo, México, Imprenta del Águila, t. 3, n. 8, 20 de febrero de 1828. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, n. 38, julio–diciembre 2009, p. 35–83.

59 Correo de la Federación Mexicana, México, Imprenta del Correo, t. VI, n. 459–478, 3 a 22 de febrero de 1828.

60 Ibidem, t. VI, n. 478, 22 de febrero de 1828. El Sol, México, Imprenta a cargo de J. P. Márquez, año 5, n. 1822, 10 de junio de 1828.

61 El Amigo del Pueblo, México, Imprenta del Águila, t. 1, n. 2, 8 de agosto de 1827.

62 El Patriota, Puebla, Imprenta del periódico Patriota, año II, n. 90 y 97, 13 de abril y 7 de mayo de 1828.

63 El Sol, México, Imprenta a cargo de J. P. Márquez, año 5, n. 1773, 22 de abril de 1828.

64 Carlos María de Bustamante, Diario..., op. cit., 23 de octubre de 1828.

65 El Amigo de la Verdad, Puebla, oficina del C. Pedro de la Rosa, 24 de octubre de 1828. Artículo tomado de El Mensajero Federal de Xalapa.

66 Un mexicano, comunicado inserto en El Amigo de la Verdad, Puebla, Oficina del C. Pedro de la Rosa, año 1, n. 18, 8 de septiembre de 1828. Artículo tomado del Águila Mexicana.

67 El carácter de Gran maestro de Guerrero puede constatarse en Secretaría de la M .·. R .·. G .·. L .·. N .·. M .·., [Circular...], O.·., de México a los 4 días de 5.·. m .·. m .·. a .·.1.·. 5828 (4 de julio de 1828).

68 El Patriota, Puebla, Imprenta del periódico Patriota, año II, n. 72, 10 de febrero de 1828. En su manifiesto publicado en Nueva Orleáns, el propio Pedraza reconoció haberse iniciado en la masonería en La Habana, en 1821, y en 1825 haberse incorporado al rito escocés en México. Manuel Gómez Pedraza, Manifiesto..., op. cit., p. 29.

69 El Amigo del Pueblo, México, Imprenta del Águila, t. 3, n. 9, 27 de febrero de 1828.

70 Los amantes del bien público [José Manuel Herrera], Oigan todos los congresos el voto de la República o sea, la expresión de la voluntad general, con respecto a los patriotas en quienes deben recaer los altos empleos de presidente y vicepresidente, México, Imprenta de la Testamentaría de Ontiveros, 1828. El dato de que el autor es herrera lo proporciona Carlos María de Bustamante, Diario..., op. cit., 30 de julio de 1828.

71 El Amigo de la Verdad, Puebla, Oficina del C. Pedro de la Rosa, año 1, n. 7, 1 de agosto de 1828; año 1, n. 17, 5 de septiembre de 1828, y año 1, n. 20, 15 de septiembre de 1828.

72 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

73 El Amigo del Pueblo, México, Imprenta del Águila, t. 1, n. 6, 5 de septiembre de 1827.

74 El Patriota, Puebla, Imprenta del periódico patriota, año II, n. 74, 17 de febrero de 1828, y año II, n. 97, 7 de mayo de 1828. El Amigo del Pueblo, México, Imprenta del Águila, t. 1, n. 6, 5 de septiembre de 1827.

75 José María Tornel, Breve reseña..., op. cit., p. 345–346. Michael P. Costeloe, La primera..., op. cit.,p. 194–195.

76 El Sol, México, Imprenta a cargo de J. P. Márquez, año 6, n. 1926, 22 de septiembre de 1828, y año 6, n. 1928, 24 de septiembre de 1828. El Amigo de la Verdad, Puebla, Oficina del C. Pedro de la Rosa, año 1, n. 24, 24 de septiembre de 1828.

77 Juan de Dios Cañedo, Decreto sobre las reuniones clandestinas, México, 1828.

78 Carlos María de Bustamante, Diario..., op. cit., 21 de diciembre de 1828.

79 Correo de la Federación Mexicana, México, Oficina del Correo, t. VII, n. 217, 4 de enero de 1829; t. VII, n. 218, 5 de enero de 1829; t. VII, n. 218, 6 de enero de 1829; t. VII, n. 226, 13 de enero de 1828.

 

Información sobre autor(a)

* María Eugenia Vázquez Semadeni, mexicana, es doctora en Historia por El Colegio de Michoacán. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, gracias a una beca otorgada por la Coordinación de Humanidades. Sus principales áreas de investigación son la cultura política mexicana del siglo XIX, la formación de grupos políticos y la masonería en México de ese mismo periodo. Entre sus publicaciones destacan "La masonería durante el periodo juarista", en Las rupturas de Juárez, coordinación de Israel Arroyo y Conrado Hernández (2007); "La masonería mexicana en el debate público, 1808–1830", en La masonería española en la época de Sagasta, coordinación de José Antonio Ferrer Benimeli, Logroño, Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española/Gobierno de Aragón, 2007, y "Juárez y la masonería", Metapolítica, número especial Juárez Desconocido, México, v. 10, n. 46, marzo–abril 2006.

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