Artículos

 

Entorno y estructura: los límites del marco de acción de los electricistas del SME¹

 

Context and Structure. The Limits of the Frame of Action for Energy Workers at SME

 

Edgar Belmont Cortés

 

El autor estudia actualmente el doctorado en el Centro Pierre Naville de la Universidad d'Evry, en Francia, Correo electrónico: becoed@hotmail.com.

 

Texto recibido el 1 de diciembre de 2002,
aprobado el 22 de agosto de 2003.

 

Resumen

Analizar los procesos en los que se definen y eligen acciones a través de los marcos de acción colectiva y en consecuencia del discurso sindical, nos permite identificar dos momentos clave en la orientación estratégica del Sindicato Mexicano de Electricistas; en ambas etapas, "alianza política" y "confrontación política", puede apreciarse el rol protagónico de la dirección sindical, a partir de que el espacio de negociación continúa siendo el espacio político. Sin embargo, asegurar la modernización del sector y de la empresa, Luz y Fuerza del Centro, implica no sólo la construcción de acuerdos sociopolíticos, sino también la construcción de compromisos a nivel de la empresa. En este sentido, la participación de las representaciones departamentales y de los trabajadores, y en consecuencia, la descentralización del proceso de negociación colectiva, constituye un aspecto central de la reestructuración del sector y aparentemente la gestación de una etapa que aún no toma forma.

Palabras clave: Compañía de Luz y Fuerza del Centro, trabajadores electricistas, descentralización, negociación colectiva.

 

Abstract

Analyzing the process through which actions are defined and decided within the frames of collective action and, therefore, union discourse, allows us to identify two turning points in the strategic orientation of the Sindicato Mexicano de Electricistas. In both stages, "politic alliance" and "politic confrontation", the protagonic role of the union leadership is visible while the negotiation space continues to be the political space. However, insuring the modernization of the energy sector and of the company, Luz y Fuerza del Centro, implies not only the construction of socio-political agreements, but also the construction of compromise within the company. In this sense, the participation of department representatives and of the workers, and the ensuing decentralization of collective bargaining is a central topic in the restructuring of the energy sector and the likely beginning of a new stage which hasn't yet taken shape.

Key words: Compañía de Luz y Fuerza, energy workers, decentralization, labor bargaining.

 

INTRODUCCIÓN

La reforma del servicio público de energía eléctrica y, como consecuencia, su modernización, implica la búsqueda de consensos sociopolíticos que fortalezcan el rol social y económico de las empresas estatales; ello exige compromisos no sólo entre los partidos políticos, el Poder Ejecutivo y Legislativo, la administración y los sindicatos, sino también la construcción de acuerdos productivos que den viabilidad operativa a las empresas y modernicen sobre todo su área comercial, la atención al usuario. Por ello, la búsqueda de consensos para consolidar la autonomía financiera y operativa de las empresas no solamente implica la definición jurídica del modelo energético que conviene al país, sino también la participación de los trabajadores, las representaciones departamentales y la administración para consolidar la reorganización y actualización de los procesos de trabajo. En otras palabras, la posibilidad de desarrollar estrategias concertadas en torno a la modernización exige la definición de un esquema que fortalezca al sector y la apertura de espacios de discusión y análisis que aborden la viabilidad operativa de la empresa y, como consecuencia, la revisión de convenios departamentales. Nos proponemos, en este sentido, analizar la dinámica política intersindical con el ánimo de identificar las condiciones que existen para este escenario y analizar, sobre todo, la orientación estratégica del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por medio de los marcos de acción sindical y del rol protagónico que ha jugado desde la década pasada la dirección del sindicato.

 

PERSPECTIVA DE ANÁLISIS

Las organizaciones sindicales enfrentan, sin duda, un escenario sumamente complejo. La crisis de la representación sindical y la dinámica de la economía globalizada exige de éstos el diseño de estrategias que les permitan reestablecer equilibrios (capital-trabajo) y participar, al mismo tiempo, en los proceso de reestructuración productiva. Todo ello ocurre en medio de un panorama de desestabilización política; la tensión entre crecimiento económico y protección social se hace evidente con la persistencia del desempleo generalizado, la creciente precariedad y flexibilización de las relaciones laborales y contractuales y la cada vez más estrecha capacidad de negociación colectiva de las organizaciones sindicales y participación de los trabajadores en la esfera política y en la empresa misma.

Ante esta problemática, nuestro punto de partida es reconocer en los actores sociales su capacidad reflexiva para identificar y problematizar situaciones colectivas compartidas e imputables a una causa social. La intervención de los liderazgos sindicales y la construcción de marcos de acción implican el análisis no sólo el proceso comunicativo en que se definen y eligen acciones de interés colectivo, sino también como éstos orientan el posicionamiento estratégico de los actores colectivos en un contexto de negociación (de conflicto).

El análisis de marcos de acción colectiva se apega a una perspectiva cualitativa y, en este sentido, se distingue de las perspectivas objetivistas que habrían dominado el estudio del sindicalismo mexicano hasta la década de los ochenta, en las cuales se privilegiaba la descripción y la imagen del sindicato como actor político. La disponibilidad de recursos organizativos, el grado de democracia sindical en función de su independencia del Poder Ejecutivo y del partido oficial, su capacidad de negociación colectiva y, como consecuencia, los vínculos que se establecían entre los líderes sindicales y la élite política estatal, entre otros temas —como la institucionalización del conflicto capital-trabajo y el carácter tutelar y mediador del Estado en las relacionase laborales—, constituían, grosso modo, las líneas de investigación dominantes, en las cuales predominaba la imagen del sector obrero y de los sindicatos como actores homogéneos, entidades coherentes y verticales.

A partir del impacto de los cambios tecnológicos y las reestructuraciones productivas en la clase trabajadora y en las estrategias sindicales, el espacio de la empresa, de la representación sindical y de su legitimidad toman mayor importancia. El abordaje de las estructuras y las culturas sindicales permitiría romper con la imagen de actores homogéneos al privilegiarse el análisis de las dinámicas intersindicales. En este sentido, la crisis del corporativismo estatal, el monopolio de la representación sindical y, como consecuencia, la pluralidad y competencia intersindical, serían abordados no sólo a partir de las condiciones formales o los diseños institucionales que limitaban o promovían su democratización, sino también a partir de los intercambios intersubjetivos, materiales y simbólicos que ocurren al interior de las organizaciones sindicales. La legitimidad como construcción social representaba, en esta lógica, un avance importante para el análisis de las dinámicas internas de las organizaciones desde una perspectiva claramente cualitativa.

Ahora bien, reconociendo estos avances, los marcos de acción colectiva nos remiten al análisis del discurso sindical, a la identificación de los esquemas interpretativos con los cuales se plantean posibles soluciones a problemas colectivos. En este sentido, dramatizar y convocar acciones colectivas son rasgos característicos de los marcos de acción.

El desarrollo de una acción colectiva como "compromiso social" no es incompatible con la dimensión organizativa e institucional; en todo caso, los procedimientos para la toma de decisiones son también recursos organizativos que buscan reducir la incertidumbre en la definición de acciones, al sancionar procedimientos válidos en la elección de acciones colectivas. Justamente, los marcos de acción colectiva aluden al proceso de definición de dichas acciones, que tiene un carácter comunicativo. En este sentido, analizaremos someramente el proceso en el que se definen y eligen acciones de interés colectivo en el SME, y especialmente el rol de la dirección sindical y sus marcos de acción.

La definición y selección de acciones colectivas supone la articulación de ambas dimensiones: formal u organizativa y simbólica, recursos institucionales y esquemas interpretativos que buscan reducir la incertidumbre en el desarrollo de acciones colectivas (la acción colectiva como compromiso social e institucional).

En este marco analítico, es central la imagen del sujeto estratega.² Se trata de reconocer en los sujetos su capacidad reflexiva al justificar y jerarquizar acciones, describir y evaluar escenarios, diagnosticar y dramatizar cursos de acción. La negociación e intercambio de sentidos y significados implica analizar la acción colectiva como un constructo social.³

El análisis de los marcos de acción parte, entonces, de que los actores sociales producen significados y se comprometen con la acción, evalúan los límites de su campo de acción, definen, eligen y toman decisiones, negocian y comunican su identidad.⁴ El discurso sindical constituye, entonces, una intervención, es decir, no sólo es un marco interpretativo capaz de motivar la acción, sino una intervención en el contexto de movilización, al constituir un posicionamiento discursivo respecto de otros agentes que intervienen en la situación problemática. Como sostiene Teresa Carbó, el discurso es una forma de acción social en la cual el hablante se sitúa históricamente con referencia al comportamiento y discurso de otros agentes sociales.⁵

Justamente a partir de este esquema, intentaremos analizar los marcos de acción colectiva en el SME, en tanto refiere aspectos explicativos al describir y diagnosticar la situación de la empresa y del sindicato mismo, la identificación de causalidades, la motivación y justificación de acciones a partir de los intereses colectivos. Uno de los aspectos que nos parece central en los procesos comunicativos que se desarrollan al interior del SME es que existe una fuerte identidad colectiva que constituye, al mismo tiempo, un recurso de la organización y un mecanismo de control para los líderes sindicales.

El enfoque analítico que proponemos integra tres dimensiones: a) la estructura organizativa, recursos organizativos en la toma de decisiones colectivas; b) la identificación de esquemas interpretativos, marcos de acción, y c) la orientación estratégica de los sujetos, su posicionamiento en un contexto de negociación y conflicto. Estructura sindical y marcos de significación están contenidos en la propuesta de análisis del sindicato como actor colectivo.

En resumen, la dinámica intersindical y el proceso en el que se definen y eligen acciones sindicales suponen procesos comunicativos en los cuales se negocian e intercambian significados. La construcción de marcos de acción colectiva implica la fijación temporal, consensos inestables, de paradigmas argumentativos y de esquemas interpretativos que, por su carácter temporal, están en referencia con el contexto y situación de habla. El discurso sindical, al polemizar, es una intervención política en una correlación de fuerzas, siendo el discurso la forma en que el agente toma posición ideológica respecto de una situación política.⁶ Se trata de articular el discurso sindical como acto simbólico que adquiere sentido en un contexto social, es decir, analizar el discurso sindical en el espacio de significación en que los actores sociales se articulan.

Una vez identificadas las dimensiones de análisis, abordaremos al SME como actor colectivo en el contexto de reestructuración del sector eléctrico, así como su intervención en el debate desarrollado entorno a la privatización y reestructuración del sector y de la empresa.

 

LA REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA Y SU IMPACTO EN LA ESTRUCTURA SINDICAL

No pretendemos hacer una descripción exhaustiva del contexto en el cual se sitúan la estrategias de movilización del SME; creemos, en cambio, que para comprender con mayor cabalidad los marcos de acción colectiva y las estrategias sindicales debemos tener en claro algunos antecedentes históricos referidos constantemente en el discurso sindical.

La nacionalización del sector eléctrico en 1960 proyectó, en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975 (LSPEE), la integración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y, como consecuencia, la fusión entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la entonces Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC). La integración de las empresas traería consigo la creación de una sola corporación sindical, al integrar al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y al SME. En este sentido, la LSPEE de 1975 dejaba en un estado de indefinición e incertidumbre la orientación de la empresa y, como consecuencia, el riesgo latente para el sindicato de perder la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT).

Si bien es cierto que la integración de las empresas y sindicatos no se concretó, el estado de liquidación de LFC permaneció estipulado en la legislación (LSPEE) de 1975 hasta 1989, lo que limitó en gran medida el crecimiento de la empresa, sobre todo en su capacidad de generación. Muestra de ello es que el día de hoy la empresa genera casi 2% de la energía que distribuye en la zona de trabajo de LFC, con poco más de cinco millones de usuarios.

Tal indefinición era una fuente de incertidumbre para el SME, que se agudizaría con el viraje de la política social, el ascenso del neoliberalismo y la reestructuración del Estado mexicano. Justamente, en el periodo que abordaremos, pueden identificarse una intensa negociación (etapa de concertacesión) para suprimir el estado de liquidación de la empresa, (LSPEE-75) 1989-1994. Destaca que en la revisión contractual de 1992-1994 se integró a la cláusula 2 del CCT el convenio con el que se constituyeron la Comisión Mixta de Productividad como una entidad paritaria; y consultiva para la reestructuración y modernización de la empresa.

En este periodo, el discurso de la bilateralidad se asentaría a partir de las negociaciones para la constitución de un nuevo organismo descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia y que, de acuerdo con el proceso de negociación, entraría en vigor en 1994.

Los compromisos que se establecieron entre el comité central del sindicato, la administración de la empresa y el gobierno federal se resumen en respetar la fuente y materia de trabajo, mantener la titularidad del CCT por parte del SME, así como en concertar acciones que promuevan el crecimiento productivo y modernización de la empresa. Dicho proceso de negociación puede ser sintetizado en el siguiente recuadro.

El aparente esquema de bilateralidad que se reflejaba en estos acuerdos se vería trastocado por dos factores importantes que implicaban la transición hacia una etapa de negociación conflictiva. El primero fue que los compromisos de la SHCP y de la CFE para la asunción de los pasivos se politizarían nuevamente con el cambio del Poder Ejecutivo y por la coyuntura de la crisis económica de 1995. En el Plan Nacional de Desarrollo de Ernesto Zedillo (1994-2000) se anunciaba la necesidad de promover cambios al marco jurídico para ampliar la participación de los particulares en el mercado eléctrico,⁸ aprovechando los cambios introducidos por Carlos Salinas (1988-1994) en el artículo 3o. de la LSPEE, que permitían la generación del fluido eléctrico a particulares en las modalidades de autoconsumo, producción independiente y cogeneración, principalmente, lo cual propiciaba las condiciones para abrir la producción, restando abrir la comercialización, para lo cual es necesario cambios constitucionales (artículos 27 y 28).

El segundo factor fue de orden intersindical: la alianza política entre el Comité Central del SME y el Poder Ejecutivo se desequilibró no sólo con el cambio presidencial, sino desde la dirección del sindicato. La oferta política del secretario general, Rosendo Flores (1998-2005), fue desconocer en principio los convenios firmados hasta entonces, debido, principalmente, al incumplimiento del Poder Ejecutivo para la asunción de los pasivos de la extinta LFC. Por otra parte, aludiendo a la tradición asambleísta del SME, consideraba que la integración de la Junta Directiva de la nueva empresa se realizó sin la consulta a la asamblea. Veamos el programa de trabajo de Rosendo Flores en su toma de protesta en 1997.

[...] La derogación de los convenios del 25 de febrero de 1993, con (sus) indicadores de productividad que para cumplirse traían como consecuencia la separación de 11,000 trabajadores. [...] la creación de un nuevo organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, defensa del Contrato Colectivo de Trabajo en todo su clausulado, con especial atención a la cláusula 64, y salvaguardar el grupo de jubilados y sus derechos contractuales. Recuperación de nuestra vida sindical y dignificación de la misma, erradicando el porrismo en todos los actos sindicales así como en nuestras instalaciones; celebración de asambleas para la toma de decisiones de los asuntos sindicales, así como restituirle a las Secretarías, Pro-Secretarías, Sub-Comités Divisionales y Comisión de Trabajo su derecho estatutario a participar en todos los asuntos de su competencia.⁹

El viraje hacia esta segunda etapa de negociación conflictiva se agudizaría hasta la confrontación, a partir de la política de privatización sostenida por el gobierno de Ernesto Zedillo. En este proceso, la centralización de la toma de decisiones en la dirección del sindicato se hace también evidente con el discurso de la "unidad y disciplina".

La complejidad del entorno y la centralización de la información han impactado la dinámica intersindical y el modelo de democracia asambleísta del SME, pues la Comisión de Trabajo, integrada por los representantes departamentales, se ha visto limitada para intervenir en la definición de acciones debido a que la dirección del sindicato ha sido protagonista en el diseño de las estrategias sindicales.¹⁰

Justamente, desde el periodo de Jorge Sánchez (1987-1993), la negociación política centralizada ha implicado este protagonismo; ello se debe, en parte, a que la orientación de la empresa hace de la negociación colectiva una negociación política centralizada. En este sentido, el rol del Comité Central del SME y de la Secretaría General ha sido protagónico. La Comisión de Trabajo y los representantes departamentales, aunque juegan un rol central en la estructura sindical, han sido desplazados por esta dinámica de negociación política; sin embargo, la reestructuración de la empresa y su viabilidad operativa requieren de que se construyan las condiciones para que las representaciones departamentales sean capaces de debatir y fundar consensos en torno a la reestructuración operativa de la empresa.

Otro aspecto importante en este proceso de centralización de las decisiones son los problemas técnicos que enfrentan las democracias asambleístas. Aunque no es la intención abundar en ello, nos parece que la complejidad del entorno y de la información hacen que la manipulación de las decisiones tenga el riesgo de la concentración de información, o bien que las decisiones se orienten más por la popularidad que por su eficacia. Esto nos lleva a analizar en serio los procesos organizativos y los mecanismos para la toma de decisiones.

El discurso sindical tiene la función de reducir la incertidumbre, dramatizar el contexto de acción, identificar causalidades y acciones consecuentes, justificar y orientar la definición y selección de acciones y, en este sentido, fijar esquemas narrativos que son, a la vez, consensos inestables. Es por ello que los liderazgos sindicales y las dinámicas organizativas nos parecen importantes para señalar que la hegemonía política es al mismo tiempo una hegemonía discursiva.

No podemos permitir que un proyecto de este tipo socave a la industria eléctrica nacionalizada, pues el desarrollo social sería detenido, el crecimiento económico volcado al interés especulativo de los capitales del capital mundial. Electrificar significa desarrollo social; por ello, se promueve impedir que la Organización Mundial de Comercio integre a la energía eléctrica como un elemento estrictamente mercantil.¹¹

La centralización de las decisiones y el protagonismo de la dirección del sindicato para influir en el proceso de definición y selección de acciones implica, entonces, analizar los marcos de acción como esquemas narrativos que se reproducen en la clase política sindical. Sería imposible en este espacio abundar en la comprobación de dicho proceso; sin embargo, nos parece importante señalar que a lo largo de entrevistas a trabajadores electricistas pudimos comprobar que dichas cadenas argumentativas son compartidas y establecen consensos. La acción colectiva en las organizaciones sindicales puede abordarse, entonces, no sólo a partir del esquema demandas-beneficios o de incentivos positivos o negativos, sino analizando también la acción como compromiso social.

 

Marcos de acción, liderazgos sindicales y estrategias de acción

Hasta el momento hemos identificado dos etapas de movilización sindical: la primera, caracterizada por la concerta-cesión, y la segunda, por una negociación conflictiva y de confrontación. Una tercera estaría por configurarse a partir de que la modernización de la empresa comienza a reproblematizarse. La búsqueda de consensos en esta última enfrenta un escenario sumamente complicado y, en principio, requiere de reconstituir la confianza y compromisos a nivel de la empresa y fuera de ella.

En la primera etapa, el proceso de negociación giró en torno al estado de liquidación de la extinta LFC y parecía crear espacios y condiciones favorables para la discusión bilateral del proceso de reestructuración y modernización de la nueva empresa. La alianza política con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para quitarle el estado de liquidación es referida como "pacto de Necaxa"; sin embargo, las consecuencias de este proceso de negociación no han sido del todo reconocidas, sobre todo si consideramos que las reformas a la LSPEE de 1975 introducía las modalidades de participación privada en la generación de energía antes referidas.

La constitución del nuevo organismo derivaron en acuerdos paralelos, entre ellos, el compromiso del sindicato para elevar indicadores de productividad y la restricción de crecimiento en la plantilla laboral por cinco años (1994-1999); por parte del gobierno federal, la asunción de pasivos de la extinta compañía y el compromiso de incentivar la inversión pública para la modernización de la nueva empresa.¹² Jorge Sánchez, entonces secretario general del SME (19871993), se refería a este proceso como un cambio en la estrategia tradicional del sindicato:

Nosotros lo que hicimos fue una alianza política [...] habría que entablar una alianza política con un candidato, no con un partido, era un apoyo directo al candidato, ¿para qué? Lo dije con toda claridad, necesitamos [...] cambiar la imagen que tenemos al exterior del sindicato; ya no será una imagen de choque, ya que nos consideran anti-todo [...].

Esto lo dije en aquel tiempo y se nos dio la oportunidad. Ahora, ¿qué sucede en el sindicato? ¿Se ha mutilado el contrato? No. ¿Se cumplió con el compromiso de rescatar Necaxa? Sí. ¿Se ha separado a algún trabajador? No. ¿Se quitó la liquidación a la Compañía de Luz? Ya se quitó la liquidación a la Compañía de Luz; está en proceso el nuevo organismo.¹³

El Sr. Presidente de la República Lic. Carlos Salinas de Gortari, me hizo entrega, de propia mano, del documento que representa la estabilidad de nuestra fuente y materia de trabajo, que garantiza la preservación de nuestras conquistas democráticas y contractuales.¹⁴

Yo les pedí [...] que nos dieran oportunidad [...] a cambiar la estrategia para buscar rescatar a nuestra empresa del inminente estado de liquidación. En aquella ocasión existía una coyuntura política en el país, se gestaba un nuevo proceso electoral... la estrategia de aquel 19 de febrero en nuestra hermana División de Necaxa, donde llevamos al entonces candidato [Carlos Salinas de Gortari] [...] Necesitábamos quién escuchara nuestra razón.¹⁵

La firma del convenio de 1989 y la constitución del nuevo organismo en 1994 se señalaban como triunfos históricos del SME que darían certeza a la nueva empresa y a la materia de trabajo. El marco de acción que justificaba la concertacesión política con el Ejecutivo Federal giraba en torno a la certidumbre que traerían los convenios de 1989 para la nueva empresa y, como consecuencia, para los trabajadores, que conservarían su materia de trabajo, su contrato colectivo y el sindicato mismo.

Justamente, un hecho simbólico en el que se reafirma "nuestra empresa" fue retirar del edificio de la extinta compañía el logotipo de la CFE por el de LFC. Parecía abrirse un antes y después de los convenios de 1989; existía confianza, incluso en el crecimiento de la empresa y su modernización.

La contracción de las inversiones han imposibilitado a Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el crecer y fortalecerse. Cada revisión contractual se plantea el hecho de que está en liquidación y, por ello, no se puede otorgar el financiamiento que le permita consolidarse como la empresa de servicio público [...] que la zona metropolitana requiere.¹⁶

Hoy coincide la propuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas por crear y consolidar a una empresa acorde a los tiempos contemporáneos [...] Sin ésta concertación poco puede lograrse. Durante años se estuvo combatiendo tanto en CFE como en la Compañía, una visión liquidatoria, que encasillaba y delimitaban en ínfima categoría los trabajos y compromisos sociales de la empresa.

Ahora bien, aunque la bilateralidad y la negociación se privilegiaban en el discurso, la alianza política se desestabilizaría con el cambio presidencial, hecho que coincide con el cambio en la dirección del sindicato, que encabezaría Pedro Castillo (1993-1997).

La política de Ernesto Zedillo para el sector eléctrico estaba clara: promovería la apertura del sector al capital privado al aprovechar el marco jurídico reformado por Carlos Salinas de Gortari (LSPEE-92). La contracción de la inversión pública en el sector fue evidente: de 1995 a 2000 la capacidad instalada que se incrementó con recursos del Estado fue sólo de 1500 MW,¹⁷ mientras que la capacidad de generación licitada a particulares, es decir, comprometida o en construcción, representó, en el mismo periodo, poco más de 17700 MW.¹⁸

La crisis económica de 1995, la escasez de recursos y la falta de voluntad política para promover la modernización de las empresas paraestatales desestabilizaron la negociación bilateral y el seguimiento de los compromisos previos asumidos por el SME, el gobierno federal y la administración de la empresa. Entre las primeras confrontaciones con el gobierno federal fue la negación, por acuerdo de la asamblea, a firmar el "Acuerdo de unidad para superar la emergencia económica" en 1994, en el cual se establecía un tope salarial de 4%, con 3% de productividad y una escala inflacionaria de 5% anual: "la discusión demostró que esta firma ataba al Sindicato en su próxima revisión salarial del 16 de marzo de 1995".¹⁹

En el periodo de Pedro Castillo (19931997), uno de los ejes argumentativos centrales giraba en torno al concepto de bilateralidad. La firma de los convenios de productividad era planteada, en la revisión contractual de 1994, como la continuidad de las acciones emprendidas por el sindicato para darle seguridad jurídica y viabilidad a la empresa, ahora mediante su modernización. Sin embargo, el costo político de participar en la Junta de Gobierno sin la consulta previa a la asamblea general, implicó una ruptura de consensos al interior del sindicato; el desconocimiento de los compromisos firmados hasta entonces y la denuncia de la falta de voluntad política para invertir en la modernización de la empresa y del sector en su conjunto desestabilizarían el proceso de negociación concertada.

Los compromisos asumidos previamente por el sindicato limitaron la gestión de Pedro Castillo en la medida que no existían condiciones para darles continuidad. El discurso desarrollado desde la dirección sindical en torno a la reestructuración de la empresa requería una amplia discusión y, como consecuencia, su descentralización. Tal escenario de aparente parálisis se reflejaba en el informe de labores de Pedro Castillo, en el que hacía un llamado a entrar en una nueva etapa.

[...] los objetivos y metas de productividad (que han empezado a cumplirse), firmados en febrero de este año, la reestructuración en puerta y las necesarias inversiones para nuevas tecnologías y generación, aún pendientes de autorizar, representan en conjunto una nueva etapa.

El futuro está vinculado al éxito o fracaso de la industria eléctrica en el centro del país. Como trabajadores, los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas tenemos un gran reto; nuestra experiencia productiva y conciencia social están de nuevo a prueba en el proceso de reestructuración ya iniciado.

Visualizar y proyectar una institución así, requiere de la participación de administradores y trabajadores, en la formulación de los estudios necesarios que, en su conjunto, sustenten una nueva estructura sólida y fuerte.²⁰

La tensión interna y el incumplimiento del gobierno federal para la asunción de pasivos se expresó en la contienda electoral por la Secretaría General del SME en 1997. La polémica giró alrededor de la integración de la Junta de Gobierno (por los titulares de la Secretaría de Energía, subsecretarios de Hacienda, Desarrollo Social, Comercio y Agricultura, tres representantes del sindicato titular del ccr), así como por la entrada en vigor de la nueva estructura administrativa de la empresa.

El discurso de la dirección sindical justificaba la participación de la dirección en la junta de gobierno y evaluaba su postura de esta manera:

La participación de tres miembros de la Dirección del Sindicato en la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza (Secretario General-Pedro Castillo, Secretario del Exterior-Horacio Romo y Secretario del Trabajo-Francisco Carrillo) es un punto que ha suscitado una amplia discusión, por los diferentes actores políticos de nuestra Organización.

[...] dentro de la junta de Gobierno, siempre tendremos capacidad de acción; fuera de ella, estaremos relegados a la reacción con los peligros que esto encierra.

[...] respecto al proceso de reestructuración, quiero ser reiterativo en el sentido de que, el mismo, fue reconocido como una necesidad en el convenio firmado por el SME, Gobierno Federal y funcionarios de la antigua Compañía de Luz el 14 de marzo de 1989. Esta necesidad posteriormente fue ratificada en la cláusula quinta del convenio de creación de Luz y Fuerza del Centro el 1 de febrero de 1994, y muy recientemente en la cláusula décima novena del convenio final de la revisión contractual 1996-1998. En relación a lo anterior la Dirección lo único que ha hecho con decisión y responsabilidad, es dar consecución a este compromiso.²¹

La oposición a la dirección de Pedro Castillo denunciaba, sobre todo, los riesgos de romper con la tradición asambleísta, al considerar que la negociación de la reestructuración debía desarrollarse sobre esta base. Pronto esta posición alentaría una corriente de opinión importante: estos argumentos se expresan con claridad en la asamblea del 7 noviembre de 1996:

Aquí el problema que tienen el sindicato es un problema de rescatar dos años de democracia que hemos perdido en torno a este problema de la reestructuración, de acuerdo con el informe de los compañeros desde septiembre de 94 que la empresa presentó un proyecto, debimos de haber convocado al sindicato para discutir esto democráticamente, ya se dejó pasar el tiempo y ahora en septiembre del 96 nos presentan un folleto donde ya se plantean una propuesta de junta de gobierno que implica una reestructuración que rebasa lo que el sindicato había aprobado en febrero de 94.²²

En Lux se escribía al respecto:

Dicho espacio de tiempo (94-96) sin información, fue causa de tres críticas fundamentales:

1. La primera por la no realización de asambleas en las que se informara de las condiciones prevalecientes en la relación entre Sindicato y Organismo, que llevara a que en diversas reuniones, aún en las realizadas con la Comisión de Trabajo, el Comité Central reconociera el error y aceptara asumir las consecuencias.

2. La segunda, orientada a cuestionar la participación del Sindicato en la Junta de Gobierno, fundamentalmente porque existe la impresión de que no se informa a la base sobre los asuntos tratados en aquélla y sus implicaciones para el sindicato. Cabe hacer la aclaración, para que recordemos, que el Comité Central en diversos momentos ha informado sobre aspectos sobresalientes tratados y en algunos casos ha habido discusión, quizás no como se hubiera requerido.

3. Y la tercera, derivada por la preocupación, hasta cierto punto natural, por el significado que pudieran tomar los procesos de reestructuración y modernización, en los que podemos identificar reacciones que matizaron y ahondaron la preocupación en los trabajadores, por las posibles afectaciones resultantes.²³

Tal escenario repercutió, por supuesto, en la dinámica intersindical y significó un cambio importante en la orientación estratégica del sindicato hacia la confrontación política. La ruptura en el Comité Central se expresó en las elecciones de 1997 por la Secretaría General, siendo las votaciones favorables a Rosendo Flores (1998-2005).

La negociación conflictiva en torno a la defensa del Sector Eléctrico Nacional (sen) fortificó el liderazgo de Rosendo Flores, al distanciarse de la política energética impulsada por Ernesto Zedillo y desarrollar una importante movilización para oponerse a la iniciativa de privatización presentada por el Poder Ejecutivo en 1999, que buscaba en lo esencial abrir el mercado de consumidores y fragmentar el sen. En su argumentación, se decía que aun cuando se tuvieran los recursos necesarios para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, el sector debía abrirse al mercado para adaptarse a una nueva forma de gestión pública, pues si bien la LSPEE-92 permitía la generación del fluido a particulares, éstos se veían limitados para comercializarla y distribuirla, lo que implicaba abrir la red de transmisión, la distribución y comercialización a los particulares.

Así pues, las estrategias del sindicato se desarrollaron en el espacio político; la reestructuración de la empresa, su modernización y la bilateralidad pasaban a un segundo plano. En su marco de acción, se hacía énfasis en que la movilización y la defensa del sector sobrepasaban el interés de mantener el control sobre la fuerza de trabajo o de resguardar las garantías contractuales alcanzadas.

Un aspecto importante del cual no se habla demasiado, por considerar que rompe con la "tradición apartidista" del SME, han sido los vínculos que, de manera informal, se establecieron con el Poder Legislativo, ya sea en las comisiones energéticas, en la participación en foros de análisis y discusión, o bien en la asesoría de aspectos técnicos del sector y de la empresa. La participación de la clase política del SME ha estado presente y ha establecido importantes redes fuera del sindicato; ello permitió, incluso, coordinar acciones e intercambiar información que inciden en el diseño de las estrategias del SME.²⁴

Siendo la esfera política el espacio de negociación, Rosendo Flores ha sido capaz de resignificar el capital cultural de la organización. En su discurso político, la defensa de la industria eléctrica es, al mismo tiempo, la defensa del proyecto nacional revolucionario como cuadro histórico; en él se sitúa la emergencia no sólo de la empresa pública, sino las conquistas laborales. La resignificación del proyecto nacional revolucionario revalora el nacimiento y la persistencia del sindicato, el crecimiento del sector y la nacionalización de la empresa, las conquistas sociales de la clase trabajadora y de los electricistas, la huelga de 1936 y el CCT; expresa, en resumen, un anclaje identitario en el ser mexicano, el ser nacionalista.

El manejo recursivo de la historia les ha permitido hacer la analogía entre el Porfiriato y el neoliberal i smo. La privatización del sector y su apertura a capital externo es expresada, entonces, como una experiencia ya vivida con la Mexican Light and Power y la referencia a la nacionalización de la empresa, de capital canadiense, se exalta como una conquista social que deben ser resguardadas por el sindicato.

"No podemos permitir que un proyecto de este tipo socave a la industria eléctrica nacionalizada, pues el desarrollo social sería detenido, el crecimiento económico volcado al interés especulativo de los capitales del capital mundial".²⁵ Este discurso preexistente, recurso de la organización, ha sido el principal eje de movilización colectiva y constituye, además, el núcleo duro de los lazos identitarios de la organización y amplía, por otro lado, el contexto de valoración de sus acciones hacia el espacio público, político. El desplazamiento de las relaciones de trabajo con la empresa y de los procesos de trabajo en las estrategias argumentativas de la dirección del sindicato se hace evidente en este periodo de oposición a la privatización del sector.

Aunado a ello, el discurso de unidad y disciplina, característico del periodo de Rosendo Flores, ha logrado conectar como ejes de acción la defensa de la materia de trabajo y del CCT con la defensa de la soberanía y de la nación. Tal discurso opera al interior del sindicato y nos permite entender por qué no tuvo oposición la elección de Rosendo Flores como secretario general durante dos periodos (1999-2001, 2001-2003), hecho inédito dentro de la tradición política del SME. El llamado a la unidad se acompaña, en este sentido, con una evaluación de los riesgos de que exista oposición.

El momento actual sigue siendo crítico. El interés de las grandes empresas, corporaciones y organismos financieros internacionales está fijo en la privatización de la industria eléctrica y especialmente en Luz y Fuerza, es un negocio particularmente atractivo, tiene un mercado sólido y factible de expandirse, sus límites son el sindicato y el contrato colectivo. Flexibilizarlos o destruirlos es su objetivo final.²⁶

El protagonismo de la dirección del sindicato se hace, entonces, aún más evidente en el periodo de Rosendo Flores, debido en gran medida a que el debate sobre la privatización hizo más visible el rol de la Secretaría General y del Exterior en el desarrollo de una estrategia política eficaz, que se fortaleció con la creación del Frente Nacional de Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE).

El discurso político del SME, en el cual se aprecia una reivindicación del pasado, de la historia, ha sido un referente importante e incluso, como corriente de opinión política, el rechazo a la privatización del sector le permitió articularse con otros sectores sociales e identidades y revivió posiciones que en el Partido Revolucionario Institucional parecían socavadas por la tendencia tecnocrática y salinista. La desconfianza hacia la política económica neoliberal, su fracaso y su consecuencias evidentes, encontró eco en los slogans: "La patria no se vende, la patria se defiende", "Si privatizar es la cura, ¿porqué Argentina agoniza?", etc. El respaldo, en un primer momento, de la población a la posición del SME le permitió ampliar su margen de negociación política y su capacidad de interlocución.

En el esquema narrativo de la dirección sindical, la articulación de conceptos como Estado y desarrollo, seguridad energética y soberanía, interpeló no sólo a los partidos políticos. Desde 1999, año en el que Ernesto Zedillo presentó la iniciativa de privatización, el ambiente y las alianzas políticas han cambiado significativamente. El cambio en el Poder Ejecutivo Federal (con la presidencia de Vicente Fox) motivó un acercamiento con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PRI. El dictamen de la iniciativa de Zedillo, del Partido Acción Nacional (pan) y del Verde Ecologista (PVEM) salió del Senado y desde entonces se han opuesto a ella el senador Manuel Bartlett y una corriente contraria a la privatización. Este hecho reorientó el debate en torno a la reestructuración y modernización del sector eléctrico, pues para distintos actores queda claro que dicha reforma es necesaria y que implica, en principio, dar una autonomía financiera y operativa real a las empresas eléctricas.

Basta señalar que, en una primera etapa, el debate legislativo abarcó tres iniciativas de reforma constitucional a los artículos 27 y 28 (iniciativa del Ejecutivo, del pan y del PVEM), coincidiendo todas en abrir el mercado de generación, distribución y comercialización y reservando al Estado sólo el control operativo de la Red Nacional de Transmisión.

En este mismo periodo, 1999-2002, el discurso político del SME se posicionó con mayor fuerza; sin embargo, tras el dictamen del Senado de dichas iniciativas (de 24 de abril de 2002), en el cual se concluye, en lo esencial, que no existen argumentos suficientes para sostener que las empresas y el sector no son viables o que hayan cumplido con su función histórica, y que es preferible, como consecuencia, de acuerdo con la experiencia internacional, que el Estado mantenga el control y la verticalidad del sen (Sector Energético Nacional), nos parece que la estrategia de confrontación política parecía desplazarse a otros actores. El discurso de oposición y de no a la privatización parecía entonces insuficiente para mantener una posición de rechazo, considerando que la modernización del sector eléctrico y su viabilidad implica, también, la participación del sindicato, de los representantes departamentales y de los trabajadores. El "proyecto" para el sector se convirtió en un campo problemático; en este sentido, la indefinición jurídica que prevalece, su dependencia aún de la política de gobierno es, para las empresas, un desgaste importante e impide que se debata la modernización. El debate legislativo se encuentra en un impasse que deja en la incertidumbre la proyección del sector a largo plazo, así como la orientación estratégica del sindicato.

Habiendo coincidencias entre el pri y el prd para reformar las leyes secundarias, la posición de la dirección del sindicato será importante, en el sentido de que el SME es un actor central no sólo en la negociación política, sino en la reestructuración de la empresa. Reconocer los límites y obstáculos que enfrenta esta reestructuración será un proceso de negociación colectiva intenso.

Esta posición puede leerse en el informe de labores de la Secretaría General, de diciembre de 2002, y parece apuntar favorablemente hacia un escenario que recupere la negociación bilateral; sin embargo, se trata de un marco inestable en la medida en que la correlación de fuerzas políticas y la composición de la Cámara de Diputados en la próxima Legislatura es igual de incierta. Además de que no se ha dado continuidad a este discurso debido a las inercias intersindicales que obstaculizan seriamente la negociación de la reestructuración del sector y de LFC.

Nuestra lucha nos ha allegado muchos e importantes adeptos; sin embargo, los estudios al respecto de quienes, como nosotros, se oponen a la privatización de la industria eléctrica nacional, señalan la imperiosa necesidad de reestructurar y modernizar nuestra Empresa, con el objetivo de desarrollarla con nuevas tecnologías que permitan trámites más oportunos, una mejor supervisión de las labores y desalentar prácticas deshonestas para mejorar la eficacia y eficiencia de nuestro servicio al público usuario. No podemos hacer oídos sordos a esas recomendaciones; por lo tanto, los invito a que juntos, Dirección, Representantes y trabajadores, redoblemos esfuerzos en ese sentido, para cumplir con un compromiso que como Organización tenemos pactado y que nos permitirá demostrar que la Empresa Pública, de carácter social, puede cumplir cabalmente con los objetivos que la Constitución le señala.²⁷

Dado lo anterior, parecería inaugurarse una etapa en la cual se harán visibles los obstáculos que enfrentará la reestructuración de la empresa, incluso, poco después de que se diera a conocer el dictamen del Senado al que nos hemos referido más arriba, Manuel Bartlett (PRI) y Demetrio Sodi (PRD) presentaron, en el salón de actos del SME, el 9 de julio de 2002, su posición con respecto a la reforma. Se hizo hincapié, entonces, en que la reforma eléctrica implica dotar de un marco jurídico que brinde autonomía de gestión operativa y financiera a las empresas y que el desarrollo del sector requeriría de la participación de todos los trabajadores, a la hora de entrar al debate sobre la reestructuración. El mensaje era claro: la indefinición y falta de consensos no ha creado condiciones para tal debate.

El debate actual gira entorno a lo que representa o no el servicio público de energía eléctrica. La iniciativa de Vicente Fox pretende fragmentar el mercado de consumidores al distinguir los usuarios calificados, es decir, aquellos que consumen más de 2500 MWh/ año (consumidores de alta y media tensión que absorben aproximadamente 70% del fluido eléctrico), de los usuarios que utilizan regular y permanentemente la energía sin obtener un beneficio económico de su consumo (servicio doméstico). Estos últimos, en su iniciativa, son los que entrarían en el concepto de servicio público. Entonces, el servicio seguirá siendo responsabilidad del Estado y será prestado por CFE y LFC. Se trataría, en todo caso, de permitir a los usuarios calificados —industrias, comercios, etc.— la libertad de contratar el servicio con algún productor independiente, quienes podrán acceder indiscriminadamente a la red nacional de transmisión. En fin, las consecuencias de dicha iniciativa no son nada reconfortantes.

Tal escenario muestra la complejidad que está detrás de la reforma eléctrica. Nos queda claro que se trata no sólo de un debate legislativo, político-ideológico, financiero, técnico y operativo, y que, como consecuencia, implica abordar los procesos de trabajo y compromisos productivos, es decir, la descentralización del debate mismo. En la reforma de la empresa intervienen, entonces, también culturas laborales e identidades.

Obstáculos y límites para la reestructuración de la empresa: algunas líneas de trabajo

La revisión de los convenios departamentales representa, quizás, la problemática más aguda en la modernización de la empresa; implica desarrollar esfuerzos por hacer más eficiente la estructura operativa de la misma, abatiendo la duplicidad de labores y la modernización de los sistemas y procesos de trabajo, sobre todo comercial, además de trastocar dinámicas intersindicales, como la correlación de fuerzas políticas intersindicales, asociadas a las cuotas de representación departamental y definidas por la composición numérica de los trabajadores por departamento.

El papel de la representación departamental será fundamental. Ello implica que la Comisión de Trabajo asuma su papel en la modernización de LFC. Si bien la dirección del sindicato, mediante su Comité Central, desarrolló una efectiva estrategia política en torno a la defensa del sector eléctrico nacionalizado, la Comisión de Trabajo tiene reservado un lugar central en la definición y perspectivas de la empresa. Así, los derechos y obligaciones de los usuarios, un mejor servicio y la participación de los trabajadores debe ser reconocida como sustancial en la reorientación de la empresa.

Restablecer la confianza entre el gobierno federal, la administración de la empresa, el Comité Central del SME, las representaciones departamentales, los trabajadores y los usuarios requerirá de un esfuerzo importante. Fortalecer la bilateralidad y la cogestión implica, entonces, reconocer que la negociación colectiva es la construcción de consensos, de compromisos.

La estructura de representación del SME es propicia para que se desarrolle este proceso; sin embargo, lo anterior lleva ha trastocar dinámicas internas, cambios cualitativos en la relación laboral y en las dinámicas intersindicales.

Apropiarse de la discusión acerca de los procesos de trabajo involucra dinamizar las representaciones departamentales y superar el carácter gestor al que se han visto reducidas. La representación departamental, definida en los estatutos, es el actor protagónico dentro del modelo de organización del SME y jugará un papel trascendental en las perspectivas que se configuren para la reestructuración de la empresa y del sector eléctrico.

El papel de la dirección del sindicato será fundamental para crear las condiciones discursivas que permitan dinamizar el rol de la Comisión de Trabajo. La reestructuración y modernización de la empresa comienza poco a poco a perfilarse como un problema colectivo. En este sentido, la construcción de un proyecto que atienda la problemática de la empresa sólo puede ser viable con la participación y experiencia de los representantes departamentales y de los trabajadores.

 

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Notas

¹ Este artículo constituye, de alguna forma, el resultado de una investigación más extensa (Belmont, 2002).

² La noción del sujeto estratega hace referencia a la capacidad de producir significados y de comprometerse con la acción, en tanto los sujetos sean capaces de evaluar los límites de su campo de acción, de elegir, tomar decisiones, negociar y comunicar su propia identidad. La identidad colectiva, señala Gilberto Giménez, es solamente resultado de un sistema de relaciones y representaciones que permiten la interacción colectiva (Giménez, 1996).

³ El análisis de marco de acción colectiva se separa de la lógica racionalista de la acción; se trata del análisis de "marcos de significación", pues el "significado de la acción" es, en sí, una construcción colectiva. La acción colectiva se analiza, entonces, como un producto social, al considerar que los individuos son capaces de proveerse de mecanismos que permiten orientar su acción mediante constructos sociales en los cuales se orientan las formas de cooperación e integración y, como consecuencia, la identidad colectiva (Crozier y Friedberg, 1990; Melucci, 1999).

⁴ Loredana Sciolla, citada en Giménez (1996: 16), distingue tres dimensiones de la identidad: la locativa, porque permite al individuo situarse en un universo simbólico y en su campo de acción en la medida que el sujeto traza fronteras; la selectiva, referida a la capacidad de los individuos para ordenar sus preferencias y optar o descartar otras, y la integrativa, en el sentido de que el individuo dispone de un marco interpretativo que le permite entrelazar experiencias.

⁵ El relato de los acontecimientos o de una acción histórica implica, para Van D. Jick, la construcción de un modelo en el cual se definen y diferencian opiniones, creencias y valores, en tanto la representación de una acción implica el posicionamiento respecto de una situación social. Así, los modelos interpretativos definen opiniones, se encuentran organizados por un esquema abstracto que responde a categorías como escena, participante y acciones y que, a decir de Van D. Jick, puede cumplir una función persuasiva en la reproducción de conocimientos, creencias, actitudes, valores, normas e ideales de los grupos sociales (Carbó, 1993 y 1984; Van D. Jick, 1998).

⁶ El discurso político es motivante para el desarrollo de la acción colectiva, expresión de la capacidad humana en la medida que el hombre es un animal político capaz de construir imágenes y marcos simbólicos del orden social. Así, las estructuras conceptuales (que se expresan en el discurso político) compiten en el espacio público por la fijación parcial de esquemas narrativos con los que se pretende interpretar las experiencias históricas, estructurales o coyunturales. Se trata de un ordenamiento simbólico de la experiencia individual y colectiva. En palabras de Cliffort Geertz, los modelos interpretativos o esquemas conceptuales transforman el sentimiento en significación, es decir, en una motivación capaz de promover la participación colectiva en situaciones y experiencias compartidas, lo que implica reconocer la existencia de procesos en los cuales se desarrolla una "competencia" entre esquemas conceptuales que buscan prevalecer como apropiados frente a otras narrativas o estrategias de acción, en tanto los esquemas conceptuales habilitan la acción organizada. Para Gilberto Giménez, la confrontación argumentativa es la forma en que se asume en el plano ideológico discursivo, las tácticas y las estrategias de las relaciones de poder (Giménez, 1983 y 1989; Geertz, 1987).

⁷ SME, Contrato Colectivo de Trabajo 2000-2002.

⁸ En las negociaciones para constituir el nuevo organismo, LFC y Carlos Salinas de Gortari negociaron las modificaciones a la LSPEE que permitirían la participación de particulares en la generación de energía eléctrica (artículo 3o.) en las modalidades de autoconsumo, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, importación, exportación y generación en situaciones de emergencia.

⁹ Lux, julio 1997, p. II.

¹⁰ La necesidad de incentivar la formación de cuadros políticos sindicales comienza a ser reconocida como problemática. La escasa participación de los jóvenes, situación no privativa de los sindicatos, puede provocar el vaciamiento de estructuras organización a les que normativamente pueden ser consideradas como democráticas. Por ejemplo, en la pasada revisión legislativa del CCT (2002-2004), siete de los diez miembros de la Comisión Permanente eran jubilados; ello muestra una problemática real de renovación de cuadros, pues para 2004 la mitad del Comité Central se jubilaría sin posibilidad de ocupar espacios de dirección. Tal situación es compleja y merece ser tratada en particular en otro espacio; aquí se recupera sólo para puntualizar algunas de las transformaciones que se han venido desarrollando en la estructura sindical.

¹¹ Rosendo Flores, "Informe de labores", en Lux, diciembre de 1999, p. II.

¹² La deuda de LFC era del orden de 21 mil millones de pesos; actualmente representa poco más de 23 mil millones de pesos.

¹³ Lux, septiembre de 1991, p. 29.

¹⁴ Ibid., p. XIV.

¹⁵ "Informe de la Dirección, 14 de diciembre de 1989", en Lux, enero-febrero de 1990, p. XI.

¹⁶ Lux, núm. 387-388, enero-febrero de 1990, pp. 4-5.

¹⁷ Apodaca, J., "Reflexiones sobre la propuesta de reforma eléctrica del Presidente Fox". Documento inédito.

¹⁸ Comisión Reguladora de Energía, www.cre.gob.mx.

¹⁹ Lux. enero-febrero de 1995, p. 4.

²⁰ "Informe de labores de Pedro Castillo", en - Lux, diciembre de 1994.

²¹ Ibid.

²² Acta de Asamblea", 7 de noviembre de 1996.

²³ Lux, enero-febrero de 1996, p. 27.

²⁴ En la elección de diputados federales de 2003 se presentaron dos candidatos del SME: por el PRD, Francisco Carrillo Soberón, ex secretario de Trabajo del Comité Central, y Ramón Pacheco, hasta entonces secretario del Exterior del Comité Central, por el Partido del Trabajo.

²⁵ "Informe de actividades, diciembre de 1999", en Lux.

²⁶ Ibid., p. 10.

²⁷ "Informe de labores, diciembre de 2002", en Lux, p. 8.

 

Información sobre el autor

Edgar Belmont Cortés. Maestro en sociología política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora Profesor asociado en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y en la Facultad de Estudios Superiores-Aragón (UNAM) Calle Francisco Márquez núm. 38, col. Ampliación San Miguel Xalostoc, Ecatepec de Morelos, CP. 55390, Estado de México edgarbelmont@yahoo.com.