La naturaleza del cambio

Durante los últimos veinticinco años, los cambios que ha experimentado el sistema político mexicano han sido profundos. Se ha pasado de un régimen autoritario caracterizado por el predominio de un solo partido político a un régimen democrático. El cambio ha sido el resultado de una combinación de movilizaciones sociales y del incremento de la competencia entre partidos políticos reconocidos. Llaman la atención el carácter gradual de esa transformación, su ubicación en el marco constitucional establecido, la ausencia de ruptura brusca con el pasado y la persistencia de la mayoría de los actores políticos del antiguo régimen, algunos de ellos debilitados pero otros esenciales al funcionamiento del nuevo orden político.

En el centro del amplio proceso de reformas, la transformación de la institucionalidad electoral y de sus reglas de competencia ha ocupado un lugar esencial. Más particularmente, el periodo que se extiende de 1989 a 1996 ha sido marcado por un intenso ciclo de reformas electorales que reprodujo un ciclo de: elecciones-protestas-reformas-elecciones-protestas-reformas-reformas (insurrección zapatista)-elecciones-reformas. Este ciclo fue dominado por las negociaciones entre los tres principales partidos que gozaban de representación en el Congreso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN). Y durante diez años la nueva institucionalidad electoral logró producir un nivel de confianza suficientemente aceptable entre adversarios para canalizar las impugnaciones electorales por la vía institucional.⁷

Pero sobre todo, ese ciclo de reformas logró generar un sistema político más plural en su representatividad, más competitivo en el proceso de elección de sus autoridades y representantes, más confiable en la organización y supervisión de sus elecciones y, probablemente, más equitativo en la participación en las contiendas electorales. Esa transformación en el proceso de reclutamiento de los representantes políticos y los gobernantes tuvo por lo menos dos efectos importantes sobre el funcionamiento del sistema político en su conjunto: 1) contribuyó a la separación efectiva de los poderes ejecutivo-legislativo y, luego, judicial; 2) y coadyuvó a la activación del sistema federal con el acceso a los distintos niveles de gobierno de gobernantes de distinto signo político.

A la vez, se ha instituido una serie de órganos autónomos encargados de proteger ciertos derechos y de regular la actividad en ciertos ámbitos de la actividad pública. Esas entidades van desde el banco central a las distintas comisiones que regulan actividades económicas particulares, pasando los distintos organismos que protegen los derechos humanos, supervisan las elecciones y garantizan el acceso a la información.⁸

En estos veinticinco años, la sociedad mexicana ha ganado más libertad en cuanto a la expresión de ideas y opiniones, tanto en los medios de comunicación en general como en el espacio público. Ese incremento en la libertad de expresión es también el reflejo de una mayor tolerancia hacia la diversidad.

Es importante subrayar esas características, por más que puedan ser objeto de diferentes apreciaciones en cuanto a la intensidad del cambio democrático que vivió el país. Pues resulta fundamental tener en mente el trayecto que ha recorrido el sistema político mexicano en estos últimos veinticinco años para, por una parte, evaluar correctamente el estado actual de la democracia en el país y, por la otra, poder apreciar cómo dicho Estado y algunas de sus deficiencias están estrechamente asociados con la naturaleza del proceso de cambio en México.

Entre las características del proceso cabe resaltar otra vez su naturaleza gradual. En efecto, no ha sido un cambio súbito o espectacular y sería difícil identificar un hecho histórico que señale una ruptura profunda en la democratización del país o bien ponerle fecha al cambio de régimen.

El cambio se dio en el marco del orden constitucional e institucional existente. Y sin negar la importancia de las movilizaciones sociales en el proceso y de las transformaciones que han sufrido los valores y prácticas de muchos agentes sociales y políticos, los cambios han sido esencialmente el producto de negociaciones entre actores que ya estaban incorporados al sistema político. Muestra de ello es el papel central que jugaron los grandes partidos -el PAN, el PRI y el PRD- en la negociación de nuevas reglas de competencia electoral y luego el del Congreso en la adopción de reformas democratizadoras. Esa forma de administrar el cambio tiene grandes virtudes, entre ellas la de ofrecer un grado aceptable de estabilidad y civilidad. Pero, a la vez, esas grandes virtudes contribuyen a explicar el “suave” desencanto que expresa la ciudadanía con respecto a las cualidades y bondades de la vida democrática.

Un motivo de desencanto con respecto al funcionamiento de la democracia es su aparente y relativa ineficacia. Si bien sabemos que las cualidades de los sistemas democráticas no se valoran únicamente en términos de sus resultados, esos no dejan de tener un efecto en su evaluación. Desde 1997, el nuevo pluralismo mexicano ha producido lo que los norteamericanos llaman “gobiernos divididos”, es decir gobiernos en los cuales el presidente no cuenta con mayoría en el Congreso. Desde una perspectiva estadística, cuando se considera el conjunto de las iniciativas aprobadas por el Congreso esa división no ha tenido un efecto mayor sobre la colaboración legislativa entre fuerzas políticas. Sin embargo, cuando se toman en consideración las grandes reformas juzgadas esenciales (fiscal, sector energético, etc.), la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas ha dificultado su adopción o ha propiciado la aprobación de leyes sin grandes efectos en cuanto al desempeño económico, a la seguridad pública o a la consolidación del Estado de derecho. Por dar algunos ejemplos, el paquete de iniciativas en materia fiscal, La nueva hacienda pública distributiva, presentado por Vicente Fox Quesada el 3 de abril de 2001 a la Cámara de Diputados o el paquete de iniciativas de reforma en materia Energética, Propuesta de Reforma Energética, propuesto por el Felipe Calderón Hinojosa siete años después, el 8 de abril de 2008, no han logrado satisfacer los aspectos trascendentales de una política integral en materia fiscal y energética, respectivamente.⁹

La fragmentación del poder propia de un mayor pluralismo, la necesidad de crear mayorías electorales y la persistencia de actores sociales del pasado que ocupan un lugar estratégico en los campos de la economía, de la información y de la vida sindical contribuyen también a limitar el horizonte de las reformas y a crear la percepción de una vida democrática profundamente asimétrica. Es otro motivo de desencanto como también lo es la falta de correspondencia entre derechos y prácticas así como el lento proceso de transformación de esas últimas.

De esta manera, después de subrayar a grandes rasgos y de manera positiva la intensidad de los cambios por los cuales ha atravesado el sistema político mexicano en los últimos años, me quedo con una simple observación: “…y sin embargo…”. Y esa observación me conduce a la segunda parte de esta reflexión, en la que examino diversas dimensiones de la vida democrática nacional.

Algunas dimensiones de la vida democrática nacional

El regreso del PRI

En efecto, el 1 de julio de 2012, Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México formada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ganó la elección presidencial con 38.2% de los votos. Asumió el poder el 1 de diciembre de 2012 después de doce años de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN).

Si bien la victoria del viejo partido hegemónico suscitó muchas interrogaciones en cuanto a su significado real, hablar de un “retorno” de ese partido plantea ciertas dificultades, porque en realidad durante los años en que no gobernó el país ese partido siguió teniendo una presencia ineludible en la vida política nacional. Hemos visto en las secciones anteriores cómo el PRI fue un actor importante de las sucesivas negociaciones que llevaron al cambio de régimen en las décadas de 1980 y 1990. Aún en la primera década del siglo XXI, con la excepción del periodo 2006-2009, el PRI mantuvo una sustantiva representación en la Cámara de Diputados: de hecho, en los periodos 2000-2003 (208), 2003-2006 (222) y 2009-2012 (241) su bancada parlamentaria fue la más numerosa. De la misma manera, durante ese mismo periodo nunca gobernó menos de 17 de los 32 estados de la República. En nueve de esos estados nunca dejó de ser gobierno, es decir que nunca hubo alternancia en el poder. Por lo tanto, en cuanto a la representación política, el PRI se mantuvo como un actor de peso en la vida política nacional.

Durante todo ese tiempo, siguió siendo el partido con más presencia en el conjunto del territorio nacional, como lo atestigua el hecho de que las competencias electorales en los estados solían darse entre binomios PRI-PAN o PRI-PRD, lo que llevó a hablar de un sistema bipartidista de tres partidos, en el cual el PRI era el eje de las contiendas.²² Por ello, el aparato electoral de ese partido siguió siendo el más poderoso del país.

Pero la victoria del PRI se puede explicar sobre todo porque, a raíz de sus derrotas electorales, aprendió a competir electoralmente (aun si algunos dudan de sus métodos de movilización de los votos), porque logró recrear la cohesión de su dirigencia nacional ahora unida en torno a un candidato popular y, más que nada, porque supo sacar provecho de la insatisfacción del electorado después de doce años de gobierno del Partido Acción Nacional. Paradójicamente, el partido que está asociado históricamente al régimen autoritario supo sacar provecho del juego democrático y presentarse como una mejor opción de gobierno que el partido de oposición de izquierda, el PRD.

Ahora, las preguntas que interesan a los analistas en esta situación son las siguientes: ¿se trata de un nuevo PRI? y ¿esa victoria electoral significa un regreso al autoritarismo?

La respuesta a la primera pregunta es ambigua. No hay ningún acontecimiento antes de las elecciones de 2012 que nos permita hablar de una refundación de ese partido político, es decir que no hubo ningún congreso en el cual se proclamara la adhesión a nuevos principios y valores democráticos (probablemente porque ese partido siempre se consideró a sí mismo como democrático). Al mismo tiempo, hay que reconocer que desde mediados de la década de 1990 el PRI acató los principios elementales de la competencia electoral democrática. Además, para responder de manera más directa a la pregunta acerca del carácter novedoso o no del PRI actual, se puede observar que el gabinete del nuevo presidente está constituido por una mezcla de viejos políticos de ese partido con una nueva generación de jóvenes políticos cuyo apego a los ritos y prácticas del pasado ignoramos.

De todas maneras, el argumento más poderoso para responder a la pregunta reside no tanto en el PRI, en sus convicciones y prácticas, sino más bien en los cambios que se han efectuado en el sistema político en los últimos años. El PRI que está en el gobierno en el año 2012 se encuentra funcionando en un entorno institucional en el cual existe una separación real de los poderes (con una presidencia menos poderosa que en el pasado), en el cual el federalismo ha sido reactivado y en donde existe una serie de órganos estatales autónomos que ejercen funciones de regulación y supervisión de la vida pública. Además, se da una competencia política real entre partidos, hay un gran pluralismo en la representación política y una opinión pública más vigorosa. En pocas palabras, el gobierno tiene contrapesos.²³

Es previsible que la influencia de la vieja cultura política del PRI sobre el estado de la democracia en el país sea puesta a prueba cuando el gobierno se enfrente con problemas asociados a prácticas autoritarias o arbitrarias en el seno de esa misma formación política. Pienso por ejemplo en la actitud que adoptará el gobierno frente a prácticas autoritarias o actos de corrupción o clientelismo de gobernadores u otros funcionarios electos de ese mismo partido. Es importante recordar que se trata de un partido que reúne a una coalición muy heterogénea de intereses e individuos con valores y prácticas muy distintos, y que en muchas regiones del país sigue practicando la política a la antigua.

Ahora, los primeros meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han mostrado un cambio en las prioridades del gobierno y, sobre todo, en la estrategia de comunicación social de los nuevos dirigentes. Se ha promovido tanto en el nivel internacional como en el doméstico una idea del “momento de México” o “the Mexican moment” para retomar la expresión en inglés. Esa estrategia consiste en promover las oportunidades económicas que ofrece el país dejando en el segundo plano el tema de la violencia que caracterizó al sexenio anterior. En cierta medida, la promoción de esa imagen parece estar funcionando por lo menos en cuanto al espíritu que anima a la opinión pública inclusive si la realidad no ha cambiado sustantivamente. Desde luego, ese optimismo aparente nos obliga a cuestionar el origen del “suave desencanto” con la democracia, al que hago referencia en las primeras páginas de este artículo. Muchos analistas políticos podrán argumentar que ese desencanto estaba más asociado a la insatisfacción con el gobierno del presidente Calderón que a problemas estructurales de la nueva democracia mexicana. Sin embargo, muchas acciones del nuevo gobierno y de los principales actores políticos parecen responder a un diagnóstico de dificultades de fondo en el funcionamiento del sistema político.

Resulta difícil contrastar planes de gobierno, buenas intenciones y voluntad de reforma con los problemas estructurales de la nueva democracia evocados en las páginas anteriores. Hay una diferencia de registro importante. Además, la evaluación de las acciones de gobierno obliga a tomar en consideración un ciclo largo de toma de decisiones y aplicación de las políticas. En el caso de México, esto significa tomar en consideración para las reformas fundamentales la negociación y aprobación de los cambios a la constitución, la discusión y votación de las leyes secundarias correspondientes, la instrumentación de las nuevas políticas y la evaluación de sus efectos. Se trata pues de un ciclo cuya duración rebasa por mucho los pocos meses que lleva el gobierno del PRI en el poder.

Sin embargo, queda claro que el diagnóstico del equipo gobernante en cuanto a la eficacia del sistema democrático coincide parcialmente con la reflexión desarrollada en las páginas anteriores, por lo menos en lo que atañe a la capacidad del Estado y al desempeño de los gobiernos democráticos. La cuestión de los derechos civiles, del Estado de derecho y del cambio de las prácticas y valores está presente, pero ocupa un lugar más bien secundario en esa evaluación.

El fortalecimiento del Estado y de su capacidad reguladora pasa en parte por una reivindicación nostálgica de las formas institucionales anteriores en donde la Secretaría de Gobernación (el Ministerio del Interior) vuelve a ocupar un lugar central en el aparato estatal. No sólo se trata de recuperar la dimensión mítica de esa súper secretaría encargada de supervisar la política doméstica, sino también de volver a concentrar en ella las funciones de mantenimiento de la seguridad y orden internos como en el tiempo del Antiguo Régimen. Esa reminiscencia de la idea de un Estado fuerte se ve acompañada por un discurso y acciones que apuntan hacia el fortalecimiento de la función rectora de ese mismo Estado como lo ha mostrado la acción del gobierno frente a algunos de los actores sociales que presumían una importante capacidad de bloqueo de los intentos de transformación de la vida pública. Es en ese sentido que debemos interpretar el arresto y encarcelamiento en febrero de 2013 de la líder del poderoso Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien se oponía a una iniciativa presidencial de reforma constitucional en el sector de la educación pública. De la misma manera, la presentación y aprobación de una reforma constitucional en el sector de las telecomunicaciones fueron interpretadas como una afirmación de la autoridad estatal frente a los importantes consorcios de la televisión, Televisa y TV Azteca, y de la telefonía, Telmex.²⁴ Más allá del contenido mismo de las reformas, se trataba de mostrar la fuerza de los poderes públicos frente a los “poderes fácticos” que ponían en evidencia la débil capacidad regulatoria del Estado democrático en una situación de pluralismo asimétrico. Desde luego, por el momento, lo único que se puede apreciar es la dimensión simbólica de esos gestos. Habrá que esperar para poder evaluar plenamente el alcance de esas medidas y su efecto sobre el fortalecimiento de las instituciones políticas.²⁵

Quizás, la respuesta más interesante del gobierno con respecto a su evaluación de las dificultades de funcionamiento del sistema democrático tiene que ver con la colaboración legislativa entre los grandes partidos políticos en torno a lo que definí como las reformas esenciales que necesita el país. En efecto, las elecciones legislativas de julio de 2012 produjeron de nuevo resultados en los cuales ningún partido podía ostentar una mayoría en la Cámara de Diputados (cuadro 10). Esto significa que una vez más se iba a reproducir la situación de gobierno dividido que prevalece desde 1997 y no permite al presidente en ejercicio gozar de una mayoría legislativa.

Un año antes, en el momento de discutir una reforma política propuesta por el entonces presidente Calderón, los diputados del PRI cercanos al precandidato Peña Nieto abogaron en favor de la reintroducción en la legislación de una cláusula de gobernabilidad que permitiría la constitución de una mayoría artificial para el partido con el mayor número de votos en las dos cámaras. La iniciativa no prosperó. Más bien, el 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de posesión del nuevo gobierno, se anunció la firma de un Pacto por México endosado por los tres principales partidos políticos, el PRI, el PRD y el PAN.²⁶

El pacto consiste en 95 compromisos legislativos con un calendario preciso para su realización, a los cuales suscriben los firmantes para definir la agenda legislativa de los próximos tres años. La administración de esos acuerdos se pone en manos de un consejo rector integrado por representantes de la dirigencia de los partidos participantes. Hay así un desplazamiento del eje de negociación entre el poder ejecutivo y los partidos de oposición del recinto legislativo hacia las dirigencias partidistas. Entre los compromisos asumidos, hay reformas importantes en los sectores de la educación, de la fiscalidad, de las telecomunicaciones, de la energía y de las instituciones y procedimientos políticos, es decir muchas de las reformas consideradas como esenciales. Un antecedente importante a ese nuevo espíritu de cooperación legislativa en torno a temas esenciales ha sido la aprobación de una reforma mayor a la legislación laboral (reforma que estaba en la agenda pública desde hace más de veinte años) durante la primera sesión de la nueva legislatura que se había iniciado el 1 de septiembre de 2012.

¿Cómo explicar ese nuevo espíritu de colaboración legislativa y por qué funcionó cuando intentos similares por parte de los gobiernos de Acción Nacional fracasaron?

Primero, la idea misma del Pacto político en torno a una agenda global o a un “proyecto nacional” tenía raíces profundas tanto en el PRI como en el PRD. Por lo menos, era la solución que esos partidos proponían reiteradamente frente al bloqueo legislativo incluso si no estaban dispuestos a ponerla en vigor durante los gobiernos del PAN. Por parte del PAN, muchos de los 95 compromisos eran parte de su agenda política. Además, la idea de una democracia de consenso global (en contraste a una democracia de mayoría cambiante) tiene mucho arraigo en la cultura política nacional.

La coyuntura política postelectoral se prestaba también a la firma de ese acuerdo sobre todo en lo que se refiere a la vida interna de los dos grandes partidos de oposición. En efecto, tanto la dirigencia del Partido Acción Nacional como la del Partido de la Revolución Democrática se enfrentaban a tensiones muy fuertes en el seno de sus respectivas organizaciones partidistas. En el PAN, el presidente Madero tenía la oposición de los antiguos cuadros del gobierno calderonista cuya inconformidad desembocará meses después en una rebelión de algunos de los senadores del partido en contra de la estrategia de la dirigencia. En el PRD, el presidente Zambrano tenía que hacer frente al proceso de separación y creación de un nuevo partido por los seguidores del candidato presidencial de la izquierda derrotado en las elecciones de 2012, Andrés Manuel López Obrador. En ambos casos, los resultados del Pacto podían servir de legitimación a las dirigencias partidistas frente a sus adversarios internos. De la misma manera, la dinámica de funcionamiento de ese mecanismo de concertación les permitía mantenerse también en el centro de la vida pública nacional. Finalmente, la participación en ese acuerdo constituía un instrumento de vigilancia y de presión constante de la oposición sobre la acción del gobierno como se mostró meses después cuando los partidos de oposición denunciaron el uso clientelar de recursos públicos por parte del gobierno priista de Veracruz y amenazaron con dejar el Pacto si no se controlaban esas prácticas por parte del gobierno. Desde luego, en una perspectiva más positiva, uno podría ver en ese acercamiento entre partidos el inicio de un esfuerzo para definir conjuntamente un esbozo de definición del bien común más allá de las diferencias entre adversarios.

En sus pocos meses de existencia, el Pacto por México ha logrado producir reformas constitucionales de envergadura, reformas que eran parte de la lista de las iniciativas legislativas consideradas como sujetas a bloqueo y polarización entre las diversas fuerzas políticas y grupos de interés: las reformas de los sectores de la educación, de las telecomunicaciones, de la fiscalidad, del sector energético y de las instituciones electorales. Como ya se mencionó, es sólo una parte inicial del proceso de elaboración de las políticas públicas y, por ello, todavía falta mucho para considerar que se trata de un proceso en materia de colaboración legislativa. Pero, en el plano simbólico, esas iniciativas muestran que el pluralismo no es sinónimo de ineficiencia política. La verdadera prueba para el Pacto se dio en el momento de discutir las leyes secundarias que permiten la aplicación práctica de las reformas. Ahí, como se pudo observar en el primer semestre de 2014, el aliento de colaboración legislativa se fue agotando. De hecho, a partir de enero de 2014, el mecanismo del Pacto se fue desvaneciendo al punto de desaparecer sin que se pusiera formalmente fin a su existencia.

El fortalecimiento de la capacidad del Estado no pasa solamente por la realización de acciones espectaculares frente a grupos de interés poderosos o por la reivindicación de un modelo de organización que trae recuerdos de un aparato estatal con mayor poder despótico, para retomar un concepto de Michael Mann. Como ya se estableció anteriormente, la fortaleza del Estado democrático pasa obligatoriamente por la consolidación del Estado de derecho. En ese campo, existen desafíos enormes. Uno de ellos está relacionado como lo hemos visto al funcionamiento del sistema judicial. En 2008, se aprobó una importante reforma judicial en materia de derecho penal que tiene entre otros objetivos la homologación de los códigos criminales en toda la federación y la introducción del procedimiento del juicio oral. El horizonte de aplicación de la reforma en todo el territorio nacional es 2016. Se supone que su entrada en vigor contribuirá a hacer que la impartición de justicia sea más eficiente y más expedita. Hasta ahora, encontramos referencias frecuentes a la necesidad de pronta adecuación de los códigos penales estatales a la reforma nacional en el discurso del nuevo gobierno. ¿Es suficiente para comprobar el compromiso del gobierno del PRI con el Estado de derecho? Desde luego que no. La demostración de ese compromiso se dará fundamentalmente con el despliegue de la estrategia del gobierno en su lucha contra el narcotráfico y la violencia que está asociada con ella. Por el momento, si bien hay un cambio en el discurso sobre ese grave problema y anuncios de intenciones de reorientación de las políticas, existen pocos elementos para juzgar la acción del gobierno. La intervención del gobierno federal en el estado de Michoacán para hacer frente a los grupos de narcotraficantes y permitir la reinserción de los grupos de autodefensa en el marco institucional mostró una gran capacidad de negociación política a la antigua, pero difícilmente constituye en este momento una medida de fortalecimiento del Estado de derecho.

Por fin, una última dimensión vinculada a la calidad de la vida democrática tiene que ver con los valores y las prácticas. No basta con reformar las instituciones para cambiar los comportamientos. Uno de los temores suscitados por la victoria del PRI es la reafirmación de una manera de hacer política propia del pasado autoritario del país. Si bien el PRI no es el único partido portador de esa cultura política, es el que la pone en práctica de la manera más natural, o por lo menos así se piensa en el imaginario colectivo nacional. Habrá que ver qué actitud adoptará el nuevo gobierno ante casos de corrupción de los miembros del partido -en este momento hay por lo menos dos exgobernadores bajo escrutinio público y mediático por ese motivo- o de prácticas clientelares con recursos públicos o de actos de gobierno arbitrarios. Si bien el contexto democrático que resulta de los cambios por los cuales atravesó el sistema político en los últimos años constituye una limitación al regreso a prácticas del pasado, los actos del propio gobierno deberán contribuir también a evitar esas prácticas.

Conclusiones

A manera de conclusión, es posible afirmar que la situación de la democracia en México no es de ninguna manera catastrófica, aun si un “suave desencanto” con la democracia flota en la vida pública. Como sabemos, las democracias pueden sobrevivir de esta manera durante años, si bien, ciertamente, no es éste el camino para producir democracias vigorosas: cualquier acontecimiento imprevisto puede poner en evidencia la fragilidad de los arreglos democráticos.

A fin de superar las dificultades señaladas en este texto, se requeriría, en primer lugar, un aprendizaje que amplíe el horizonte temporal de la vida democrática y permita superar el actual ciclo que va de contienda electoral en contienda electoral. En ese sentido, es interesante constatar la aparente conciencia por parte de la clase política nacional de la necesidad de encontrar mecanismos para privilegiar acuerdos en torno a la resolución de problemas nacionales fundamentales. El contenido del Pacto por México firmado por las tres principales formaciones políticas muestra la existencia de un diagnóstico compartido en torno a esos grandes problemas y a las reformas necesarias para intentar darles una solución, incluso si queda por definir su contenido exacto y sus modos de implantación. Es un primer paso en la buena dirección. Ojalá prevalezca una concepción compartida del bien público que sea suficientemente resistente para sobrevivir los azares de la lucha política dentro y fuera de los partidos políticos. Este mecanismo podría permitir el fortalecimiento de la capacidad del Estado democrático mediante la coordinación de los diversos segmentos del sistema político. Es muy pronto para evaluar los efectos de ese artefacto para facilitar la colaboración política entre adversarios en un contexto de competencia democrática. Además, para responder a las dificultades estructurales de la nueva democracia mexicana descritas en este capítulo, se requiere la adopción de un número importante de reformas relacionadas tanto con los arreglos institucionales que sustentan el aparato de Estado como con políticas cuyo objetivo contribuya a fortalecer la capacidad de ese mismo Estado. Es un proceso largo y accidentado. En el campo de los derechos de diversa naturaleza y de la ciudadanía, la promoción de valores y prácticas democráticas es un elemento fundamental para el robustecimiento de un Estado de misma naturaleza. De la misma manera en que el régimen autoritario se apoyaba en arreglos informales, hay que fortalecer la informalidad propia a unos arreglos institucionales democráticos. Si bien es un empeño que corresponde al conjunto de la clase política y de la sociedad, no deja de ser paradójico que para los próximos años el gobierno responsable de esa tarea sea un gobierno del Partido Revolucionario Institucional.