El plan federal para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 me parece ético, apegado a derechos humanos y con fundamento en los factores de riesgo mayores ya identificados en la población mexicana y ajustados por distribución etaria. A casi 11 meses de duración de la pandemia en México, la evolución y resultados epidemiológicos reales, que no estimados, indican la presencia de mutaciones genéticas en SARS-CoV-2, que aumentan ~70 % la capacidad de contagio del virus, el cual infecta cada vez más a niños y jóvenes. Por ello es, quizás, el momento de ajustar el programa de aplicación de la vacuna y reorientarlo hacia los grupos de menor edad, empezando con los de riesgo conocido, con mayor razón dado que, según el plan inicial, serán los últimos por vacunar. Por otro lado, en la población menor de 18 años, la industria farmacéutica no ha recomendado la aplicación de ninguna de las vacunas autorizadas, por lo que sería conveniente aprobarlas como tratamiento preventivo de emergencia y hacer ensayos clínicos con dicho fin en ese grupo de edad.¹,²