Señor editor: La pandemia de Covid-19 ha presentado desafíos de pocos precedentes, no sólo por ser una emergencia a nivel mundial, sino porque ha impactado con fuerza las primeras líneas de defensa de la salud pública. Países como China e Italia han informado que los trabajadores sanitarios representan hasta 20% del total de casos confirmados positivos.1
En China, un estudio de enero de 2020 en personal sanitario con Covid-19 reportó que 63% adquirió la enfermedad durante el periodo en que no había una adecuada prevención mediante utilización de equipo de protección personal (EPP).2 Este es un escenario interesante si se compara con cifras del 5 de abril de 2020 en Italia, cuando 12 252 trabajadores de la salud estaban infectados (aproximadamente 10% de los contagiados).3 Con base en estos datos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alude a la aplicación de medidas preventivas de forma eficiente (uso obligatorio de EPP) junto al desarrollo de políticas pertinentes.1 El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Estados Unidos, recomienda el uso de mascarillas N-95 o de un nivel de protección superior en salas con pacientes sospechosos o confirmados por Covid-19.4 La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone el uso de guantes, delantales, gafas de protección, batas descartables y mascarillas N-95 durante el manejo de estos pacientes.5 Asimismo, no deben pasar desapercibidos los riesgos psicosociales en los que están implicados colaboradores de zonas y empleos de alto riesgo quienes, además de verse expuestos a alta tensión física debido al uso de EPP o aislamiento, resultan estigmatizados, lo que más tarde puede derivar en mayores niveles de estrés.1
Por lo tanto, estudios locales y organizaciones referentes a nivel mundial sugieren el suministro y adecuado uso de EPP, así como el acompañamiento de normativas institucionales y políticas que favorezcan un abordaje integral de los riesgos laborales del personal de salud.