I. Introducción

En el derecho internacional de los derechos humanos, la noción “dignidad humana” ocupa un lugar central. El sistema interamericano de derechos humanos (en adelante “Sistema IDH”) no es una excepción, y la dignidad es mencionada en los más importantes cuerpos normativos. A pesar de ello, la forma abstracta en la que se enuncia pareciera dar lugar a una falta de claridad en lo que quiere denotarse mediante este término. Aunque su uso es constante, el significado de esta unidad lingüística sería un campo de crecientes disputas -que, además, muchas veces no parecieran ser conscientes o intencionales-.

Este artículo se enmarca en un proyecto de investigación que indaga en la multiplicidad semántica que reviste el término “dignidad” en los casos contenciosos y en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH). Por supuesto, ello implica partir de la hipótesis de que dicha variedad de significados existe, y de que el análisis de este tópico es relevante, por cuanto permite clarificar el impacto de las posturas tomadas sobre la concreción de derechos. El proyecto de investigación se orienta a contribuir con una sistematización de los distintos significados que recibe la expresión “dignidad humana” en los usos por parte de la Corte IDH y la realización de una propuesta hermenéutica superadora que dé unidad a la utilización argumentativa del termino. Al ser un valor fundante, el hecho de que su semántica no sea clara generaría un problema en la comprensión de los derechos vigentes en el sistema, y, por ello, reclama un estudio sistemático del lugar que ocupa la dignidad humana en el discurso jurídico de la Corte IDH.

Las dificultades en la aplicación de la noción de dignidad, por la disparidad de criterios en torno a su significado, han generado una fuerte tensión en torno a su alcance y utilidad.¹ Para Waldron, no es sorprendente que haya disenso sobre la caracterización de la dignidad, y ello no menoscaba la idea de que dicho valor es fundamento de derechos humanos, pues considera que se trata de un proceso o trabajo en elaboración que nos lleva a prestar atención a preguntas sobre los derechos.² En tal sentido, no ingresaremos aquí en el debate de fondo sobre el fundamento de la dignidad.³

En ese contexto, el trabajo que aquí presentamos constituye una primera aproximación al estado de la cuestión a partir de una revisión de las posiciones doctrinarias respecto de qué significados puede tener el término “dignidad”, con especial referencia a las normas e interpretación jurisprudencial en el ámbito de los derechos humanos. Ello contribuye a comprender la complejidad del tema, no sólo para el sistema interamericano, sino para todo tipo de estudio o aplicación jurídica que involucre a esta noción. De esta manera, las próximas páginas anticipan las clasificaciones que distintos autores han postulado a la luz de la interpretación de documentos jurídicos internacionales y constitucionales.

En una primera instancia, nos detendremos en una rápida enumeración acerca de cómo la noción de “dignidad” aparece en los principales instrumentos de derechos humanos. En segundo término, efectuaremos el recorrido por las presentaciones doctrinarias referidas a los usos de la dignidad en general, distinguiendo los estudios centrados en el análisis de los cuerpos normativos, y los estudios que se dedican al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al sistema interamericano de derechos humanos y a los tribunales nacionales. Esta revisión del estado de la cuestión nos servirá para realizar una propuesta de sistematización y clasificación de esos posibles usos para futuros trabajos de investigación jurisprudencial.

II. La noción de “dignidad” en los documentos de protección de derechos humanos

La noción de “dignidad” aparece en gran parte de los documentos tutelares de derechos humanos a nivel internacional,⁴ tanto en aquellos que poseen naturaleza vinculante para los Estados parte como para aquellos que constituyen soft law. A continuación, nos detendremos brevemente en algunos de los principales instrumentos en los diferentes sistemas.

En el marco del sistema universal de los derechos humanos, la dignidad es mencionada en diversas oportunidades con un sentido semejante: como un elemento propio de la naturaleza humana. Ya en la Carta de las Naciones Unidas⁵ aparece mencionada en el preámbulo cuando reafirma “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”. En la Declaración Universal de Derechos Humanos,⁶ aparece en el preámbulo, al señalarse que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los seres humanos, y que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en la dignidad de la persona humana. Por otro lado, en el artículo 1 se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad; en el artículo 22 se menciona a la dignidad como una guía para la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales, y en el artículo 23, como un estándar al cual adecuar los derechos sociales y laborales. Por otro lado, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,⁷ en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,⁸ en la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad⁹ y en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño¹⁰ la dignidad figura como una nota inherente al ser humano.

En el sistema europeo, en el artículo 26 de la Carta Social Europea,¹¹ se la menciona como una nota del trabajo, y en el preámbulo, en el título I (artículos 1 a 5)¹² y artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,¹³ como una característica propia del ser humano.¹⁴ Por otro lado, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,¹⁵ este término no aparece, aunque sí es mencionado en los considerandos del Protocolo núm. 13, relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia,¹⁶ con el mismo sentido que el de la Carta de Derechos Fundamentales.

En el sistema africano, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos¹⁷ se refiere a la dignidad en su preámbulo en dos oportunidades. En la primera de ellas, menciona que la dignidad (no especifica si se aplica al ser humano como individuo, a condiciones de desarrollo o a las comunidades) es un objetivo esencial para la realización de las legítimas aspiraciones de los pueblos africanos. En la segunda, claramente hace alusión a una nota de los pueblos africanos que luchan “por su dignidad y genuina independencia”. Por otro lado, este mismo documento, en el artículo 5, se refiere a la dignidad humana como propiedad de los individuos. La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño¹⁸ menciona a la dignidad en seis oportunidades, todas ellas como un elemento inherente del ser humano y como un valor intangible.

Asimismo, en el sistema americano de tutela de los derechos humanos, en el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,¹⁹ se menciona que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de dicha libertad. Finalmente, en el artículo XXIII se menciona el derecho a la propiedad privada en el marco de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la persona. Para Quintana, “desde una perspectiva filosófica política, pero también jurídica, su Preámbulo es un paradigma de sociabilidad difícil de superar”.²⁰

Por su parte, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,²¹ el término “dignidad” aparece como una nota inherente al ser humano en el marco del derecho a la integridad personal (artículo 5), al mencionar que ésta no debe ser afectada por el trabajo forzoso (artículo 6) y al establecer el derecho a su reconocimiento (artículo 11). Ferrer MacGregor y Pelayo Möller señalan que

si bien en el Preámbulo de la CADH no hay una referencia explícita a la dignidad de la persona humana, fácilmente puede advertirse que este es el sentido de la justificación de los derechos de la Convención a la que se hace referencia en las expresiones “fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre”, “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado” y “tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.²²

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales²³ menciona a la dignidad en el preámbulo al garantizar su reconocimiento en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, por un lado, y los civiles y políticos, por el otro, y en el artículo 13, al remarcar que la educación debe capacitar para lograr una subsistencia digna.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura²⁴ trae a colación la dignidad humana en el preámbulo, al reafirmar que todo acto de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen ofensas a ella.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas²⁵ y la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia²⁶ mencionan, en sus respectivos preámbulos, que los delitos a los cuales se abocan constituyen graves ofensas a la dignidad. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer²⁷ menciona el término en tres oportunidades, en dos de ellas en relación con la dignidad como inherente a la naturaleza humana, y en una para hacer referencia a la dignidad de la mujer.

III. Estudios doctrinarios sobre el uso de la dignidad en los cuerpos normativos

La interpretación del término “dignidad” se presenta como un tema de actualidad y de decisiva significación para el derecho internacional de los derechos humanos. Según Shulztiner y Carmi, la dignidad humana es un concepto central del constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial.²⁸ Antes de 1945 sólo cinco países lo tenían en sus Constituciones (México, Weimar, Finlandia, Irlanda, y Cuba), y después de diciembre de 2012, ciento sesenta y dos países lo han incorporado; esto es, el 84% de los 193 que componen las Naciones Unidas (los primeros tres en incorporarlo fueron Alemania Occidental, Japón e Italia). Estos autores realizan un análisis cuantitativo y cualitativo del término “dignidad” en los textos constitucionales.

Además del estudio del uso del término a lo largo del tiempo, resulta interesante el análisis de las causas o influencias que dieron lugar al incremento del uso del término, entre las que los autores ubican la decisiva influencia de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, la difusión de la democracia (120 países a fines del siglo XX, o sea, el 63%) y la caída de la cortina de hierro. Entre los motivos del trasplante del término se destacan su prestigio, la presión internacional, una cuestión de ahorro de tiempo, la situación poscolonial y los usos a nivel regional. También hay influencia de quienes no la usan: en especial Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

Shulztiner y Carmi identifican tres usos de la dignidad en las distintas Constituciones:

Para Lucy Michael, las distintas definiciones de dignidad son complementarias, y pueden reconducirse a dos categorías: la dignidad inherente, que es una cualidad o valor que pertenece a todo ser humano sin admitir diferencias, y la dignidad no inherente, que es una condición adquirida y variable según las circunstancias o el comportamiento de una persona.²⁹

La dignidad ocupa un lugar central en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre los muchos autores que se refieren al tema cabe mencionar a Mary Ann Glendon, quien destaca la Declaración como el más importante punto de referencia para la discusión intercultural sobre la libertad y la dignidad humanas en el mundo actual.³⁰

En cuanto al término “dignidad” en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Glendon resalta el hecho de que en ella la noción en cuestión es considerada como “inherente”, es “reconocida”, al igual que los derechos, y no concedida, que los seres humanos nacen libres e iguales, dotados de razón y conciencia. Ante la pregunta de si la Declaración tiene un valor último y fundante, Glendon responde que el candidato obvio para tal valor es la dignidad humana, que goza de un lugar de privilegio en el texto: es afirmada al inicio del preámbulo antes que los derechos, tiene prioridad en el artículo 1, y es mencionada en otras tres partes claves. Aunque luego aclara que los redactores de la Declaración eran conscientes de que el principio de la dignidad no poseía una inmunidad especial contra su potencial deconstrucción, y que ningún documento estaba exento del peligro de la manipulación.³¹

En el sistema europeo de derechos humanos, la dignidad ha sido objeto de varios estudios a pesar de que la Convención Europea de Derechos Humanos no contiene expresamente el término “dignidad” en su articulado. En cambio, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta de Niza, 2000) comienza afirmando en su artículo primero: “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”.

Un estudio de relevancia es el realizado por Malvestiti,³² quien desarrolla la evolución histórica del concepto de dignidad humana: en una primera etapa, asociada a las edades antigua y medieval, implicaba atribuir una cualidad a alguien que se distinguía del resto; una segunda etapa se inicia con Kant, en el siglo XVIII, donde se la concibe como una característica intrínseca del hombre en cuanto a la racionalidad, como un concepto moral que sigue implicando una distinción entre los seres humanos. Por último, a partir del siglo XX, el concepto de dignidad humana ingresa al ámbito jurídico cuando se pasó del plural (dignidades) al singular “dignidad”, entendida como una cualidad intrínseca que pertenece a todo ser humano indistintamente. Así, la dignidad desde el punto de vista jurídico ingresó de la mano de la “igualdad”. Para esta autora, la dignidad implica la negación del orden jerárquico, no admite grados, y no se necesita ninguna característica para definirse como un ser portador de dignidad, tan sólo la pertenencia al género humano. Es una dignidad “no relacional”.

De acuerdo con Malvestiti, en la Carta de Niza hay tres significados del término “dignidad”: como valor, como principio y como derecho. A su vez, desde el punto de vista de la interpretación jurídica, considera que la dignidad puede tener dos sentidos: como fundamento del derecho y como derecho. Finalmente, entiende que hay tres conceptos de dignidad que provienen desde afuera del derecho, pero que informan la interpretación jurídica: dignidad de la persona (implica tutela de la persona, tutela de la humanidad y límite a la autonomía); dignidad social y dignidad del individuo.

Esta autora entiende que la dignidad humana debe considerarse una “norma suprema” del ordenamiento jurídico, y ello puede plasmarse a su vez de tres formas: primero, como norma material suprema; segundo, como norma axiológica suprema fruto del acuerdo de los intérpretes, y tercero, como norma axiológica suprema in re. Para cada modo de concreción la autora muestra regulaciones jurídicas de diferentes Estados y jurisprudencia.³³

En el marco del sistema interamericano, aunque desde una reflexión predominantemente iusfilosófica, Ilva Myriam Hoyos constata tres modos en que las normas jurídicas y los doctrinarios hacen referencia a la dignidad: 1) la dignidad funcional, es decir, aquella que refiere al merecimiento que corresponde a una persona por los papeles o funciones que desempeña o por las acciones que realiza en la sociedad; 2) la dignidad referida a la autonomía, de raíz kantiana, que adopta una perspectiva moral, y que coincide con la libertad del hombre de hacer uso de su propia razón y determinar el sentido de sus actos responsablemente, y 3) la dignidad referida al ser, entendida como la eminencia que corresponde a la persona, es decir, quien subsiste en una naturaleza que de suyo dice perfección.³⁴

Otro estudio, que involucró dieciséis países, advierte que términos como “dignidad humana”, “dignidad de todos los miembros de la familia humana”, “dignidad individual”, “dignidad persona”, “dignidad de los seres humanos” y “vida digna”, son usados en forma alternativa o acumulativa, sin especificar las razones de su elección. La autora entiende que aunque no hay único significado del término, hay un interés universal en él, porque es capaz de promover y apoyar distintos tipos de reclamos, y ello ofrece una riqueza que es importante para el derecho e incluso la bioética.³⁵ Este trabajo destaca cuatro usos de la dignidad como instrumento: i) declarativo para condenar la tiranía de los Estados; ii) para asegurar la efectividad de los derechos subjetivos; iii) para la transformación social; iv) para restringir la libertad.³⁶

IV. Los usos de la dignidad por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El término “dignidad”, además de figurar en cuerpos normativos, también es utilizado por diferentes instituciones judiciales, en donde los inconvenientes sobre la pluralidad semántica se replican. Así como en el proyecto de investigación en el que este artículo se enmarca se parte de la hipótesis de la no claridad en el uso del concepto, diferentes trabajos académicos describen un fenómeno similar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, TEDH).

Cabe agregar que existen aproximaciones a este fenómeno desde diferentes perspectivas, que van desde la mirada hermenéutica,³⁷ hasta las preocupaciones por la concreción de la protección de los derechos que hacen a la dignidad humana,³⁸ pasando por otras, como el análisis de las formas de coordinación que se da en el proceso de integración europeo, de manera tal que los organismos supraestatales no arrasen con la soberanía nacional sin por ello dejar de tutelar la dignidad,³⁹ o la propuesta de una dimensión interpretativa europea como garantía de los derechos⁴⁰ y el rol constitucional en los Estados europeos del concepto de dignidad.⁴¹ Por su parte, otro estudio que tiene como eje el sistema europeo señala tres aspectos de la dignidad que son relevantes jurídicamente: la obligación de respeto, la prohibición de tratar a otros como objetos y la prohibición de relaciones de dominación desproporcionadas entre seres humanos, por su igualdad ontológica.⁴²

En cuanto a la multiplicidad de significados, Costa afirma que el TEDH recurre habitualmente a la dignidad como fundamento de su razonamiento legal, y analiza la dignidad en relación con la jurisprudencia a partir de los distintos derechos enunciados en la Convención Europea de Derechos Humanos. Este autor distingue el uso positivo del uso negativo. El primero utiliza la dignidad para reforzar un razonamiento que lleva a sostener la violación de un derecho de la Convención. El segundo, en cambio, recurre a la dignidad para rechazar planteos o pretensiones basados en argumentos que son en sí mismos contrarios a la dignidad.⁴³

Un estudio de importancia es el que realizaron Kuteynikov y Boyashov, quienes analizaron 86,000 documentos relacionados con la CEDH (sentencias, decisiones, comunicaciones, opiniones consultivas y sumarios legales) publicados desde 1949 hasta 2015, de los cuales 1937 (1.9%) contenían el término “dignidad”.⁴⁴ Según estos autores, el primer caso donde hubo referencia a la dignidad data de 1958, aunque los casos que sí la mencionan durante el siglo XX no superan los doce por año. Los autores constatan un notable incremento de sentencias que mencionan la dignidad a partir de 2000, con un promedio de cien decisiones por año que contienen la palabra “dignidad” entre 2004 y 2014. Las violaciones a la dignidad que fueron motivo de decisión del TEDH se vinculan con los siguientes temas: discriminación por razón de género, etnia o religión; malos o degradantes tratos para presos o personas internadas en hospitales; limitaciones en la libertad de elección del paciente; violaciones del honor y la reputación; trabajos forzados y extradición, expulsión y deportación.⁴⁵

Un estudio particularmente interesante por el efecto que menciona respecto del uso del concepto de dignidad sobre la concepción de los derechos clasificados como absolutos y relativos es el de Grewe, quien se enfoca en las técnicas legales utilizadas para invocar y proteger la dignidad en la jurisprudencia del TEDH.⁴⁶ Desde el inicio, aclara que, en su parecer, la dignidad se invoca especialmente para forjar, fortalecer o ampliar un derecho, pero escasas veces o, más bien, nunca para limitar o “volverse” contra el titular de la dignidad. Grewe basa su análisis en cómo la invocación de la dignidad ha ayudado a borrar la distinción entre derechos absolutos (no derogables, intangibles) y derechos relativos (típica en el contexto europeo por la diferente forma en la que están redactados los artículos que protegen unos y otros derechos en el Convenio Europeo, en el que los derechos relativos están sujetos a cláusulas de limitación).

En relación con derechos que considera “absolutos”, como el derecho a la vida (artículo 2), la prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes (artículo 3) y la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso (artículo 4), afirma la autora que la invocación de la dignidad podría parecer evidente, “natural”, e incluso inútil. Sin embargo, sostener esto implica apartarse de la promoción de esos derechos. Esta última tiene que ver, por un lado, con la ampliación de la protección de los derechos por parte de la jurisprudencia. El alcance del artículo 3 del Convenio Europeo, por ejemplo, se extiende ahora a las extradiciones y a las deportaciones, a las condiciones de detención, al tratamiento de las personas con discapacidades mentales. Por otro lado, la promoción de estos derechos conlleva no sólo una obligación de los Estados de no interferir, sino además una pluralidad de obligaciones positivas.⁴⁷ De esta manera, se sometería a estos derechos implícitamente a un control de proporcionalidad, lo cual los acerca a los derechos relativos.⁴⁸

Por el contrario, la invocación de la dignidad humana en el caso de los derechos relativos (derechos contemplados en los artículos 8, 9, 10 y 11) puede sorprender, pues no parecen ser intangibles ni articular valores fundamentales. Además, la técnica de balancear los derechos en juego (propia del examen de proporcionalidad que se aplica a los derechos relativos) no encaja bien con el concepto de dignidad (que simboliza lo universal, lo inmanente, lo inmutable y objetivo).⁴⁹

Según Grewe, para resolver disputas difíciles, nuevas, “sociales” y complejas, la dignidad humana resulta ser un argumento particularmente propicio en tanto ayuda a enriquecer los derechos o a poner énfasis en sus aspectos sociales. Este argumento suele aparecer en el ámbito del artículo 8, de protección del hogar, de la vida privada y familiar. La vida privada se extiende a la autonomía de la persona, a su identidad, a los derechos de la personalidad. El hogar tiende a abarcar el derecho a no ser expulsado de la vivienda, al menos en situaciones de precariedad o de estigma racial o étnico.

Grewe sostiene que la invocación de la dignidad en estos casos ―incluso en presencia de los derechos absolutos― es impredecible, azarosa, evolutiva. La autora critica el carácter aleatorio de la invocación de la dignidad, y lo relaciona con las doctrinas del margen nacional de apreciación y de consenso regional. Cuando, en su opinión, no existe consenso, el TEDH se niega a utilizar el concepto de dignidad para promover un derecho. Esto se aplica bastante extensamente a los derechos sociales y a las cuestiones relacionadas con el comienzo de la vida o la muerte. Esto no sólo plantea problemas de seguridad jurídica, de coherencia jurisprudencial y de calidad de la argumentación de la sentencia, sino que también crea una tensión adicional en relación con el concepto de la dignidad (Grewe, 2014, pp. 6 y 7).

Finalmente, Grewe analiza la función que cumple la dignidad con relación a la tarea judicial. Así, cuando se trata de la dignidad, el Tribunal debe realizar un arbitraje “horizontal” entre la dignidad y otros valores. Así, entiende que cuando está en juego un valor explícito, el Tribunal ha considerado que es mejor referirse a él directamente. Así, incluso en el caso sobre la negación del holocausto, el TEDH ha preferido centrar su razonamiento en la aplicabilidad del artículo 17 sobre los valores de la paz y de la justicia más que sobre la dignidad. A su vez, hay un arbitraje “vertical” entre el derecho europeo y el derecho nacional, la ley del Estado demandado y los derechos de los particulares, el margen de apreciación y las normas europeas. Se presume que la ley del Estado corresponde a las exigencias de una sociedad democrática. A priori, no hay por lo tanto ninguna razón para dudar de la corrección de la legislación nacional, y mucho menos para decir que no respeta la dignidad humana. Esto se refleja en el margen de apreciación nacional. No obstante, la misión del Tribunal de salvaguardar y de desarrollar los derechos humanos incluye la interpretación dinámica del Convenio, así como la corrección de las leyes nacionales cuando no han respetado suficientemente los derechos individuales. El pluralismo y el respeto de las minorías desempeñan un papel importante a este respecto y dan a la legislación europea su carácter evolutivo. La autora finaliza afirmando que los valores y, en primer lugar, la dignidad humana, intervienen para dar, si es posible, una dirección general a la casuística predominante. Esto hace que sea más fácil entender la naturaleza impredecible e impredecible de la llamada a la dignidad sin excluir la crítica del estado actual de cosas (Grewe, 2014, p. 11)

V. Estudios doctrinarios sobre la dignidad en el sistema interamericano de derechos humanos

Para el estudio de los usos del término “dignidad” en el Sistema IDH, resulta insoslayable la referencia a Antonio Augusto Cançado Trindade, quien fuera juez y presidente de la Corte IDH, y quien ha publicado como editor un trabajo titulado El respeto a la dignidad de la persona humana.⁵⁰ En esa obra, César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú, desglosa las siguientes funciones constitucionales de la dignidad: función legitimadora; ordenadora; temporal; esencial; integradora; limitadora, y libertaria.⁵¹

También podemos mencionar el estudio de Luis Amezcua sobre la dignidad en la jurisprudencia de la Corte IDH. Este autor analiza los contextos en que el tribunal hizo referencia al concepto de dignidad humana y observa que hasta ese momento, los contextos estaban relacionados en su mayoría con hechos relativos al derecho a la vida, desapariciones forzadas, privación ilegal de la libertad y torturas. Comenta que también se la menciona en casos relacionados con las comunidades indígenas en cuanto a su derecho de circulación y derecho de propiedad, el caso de las minorías lingüísticas, personas con discapacidad mental y los casos atinentes a la violencia sexual. Aunque gran parte de los fallos hasta ese momento tenían que ver con la protección de los derechos civiles y políticos, ya se vislumbraba la inclusión en el debate de los derechos económicos, sociales y culturales.⁵²

Sobre el punto que cierra el párrafo anterior, Ibáñez Rivas estudia la dignidad y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH. Allí, partiendo de la sentencia “Velázquez Rodríguez vs. Honduras”,⁵³ en que la Corte IDH sostiene que “los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana”, sistematiza los fallos desde de la distinción entre “protección directa” e “indirecta” de los DESC.⁵⁴,⁵⁵ Sobre la protección directa, a su vez, se refiere al artículo 26 de la CADH, por un lado, y a otros derechos humanos con “contenido dual” que permiten la protección directa. En cuanto a la protección indirecta, distingue entre la protección indirecta general y la protección específica de los DESC.⁵⁶ Igualmente, aunque su foco está puesto en el fundamento de la argumentación de la Corte y su vinculación con la igualdad material, cabe señalar la investigación de Mary Beloff y Laura Clérico sobre el derecho a condiciones de existencia digna y la vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte IDH ⁵⁷.

Por su parte, en el estudio de Bohórquez y Román se analizan cinco sentencias de la Corte IDH en torno a la dignidad, y se concluye que “la dignidad aparece no solo como un derecho o un principio reconocido en los tratados internacionales sino además renace como criterio de interpretación a favor del sentido más amplio de los derechos humanos”,⁵⁸ aunque señalan que aún quedan preguntas sin resolver tanto en el nivel teórico como en una valoración crítica de la jurisprudencia de la Corte IDH. Estos autores identifican tres tensiones en torno al concepto de dignidad: a) entre su carácter natural y artificial; b) entre su carácter abstracto y concreto; c) entre su carácter universal y particular.⁵⁹ Ello supone tres preguntas o paradojas conceptuales de la dignidad:⁶⁰ a) ¿es la dignidad humana un aspecto natural de los seres humanos, o es, por el contrario, un aspecto consensual creado por la voluntad política y legislativa de los Estados?; b) ¿es la dignidad humana un valor abstracto o, por el contrario, es posible definirlo en relación con aspectos concretos de la vida humana?, y c) ¿es la dignidad humana un valor absoluto y universal o, por el contrario, es un valor particular dependiente de contextos históricos, culturales e, incluso, individuales?

Estos autores entienden que, respecto a la tensión entre el carácter natural o consensual de la dignidad, la respuesta varía según se parta desde el iusnaturalismo o del iuspositivismo. Para el iusnaturalismo, la dignidad es un rasgo natural del hombre, que lo tiene por el solo hecho de serlo y desde el momento de la concepción. Es una dignidad dada al hombre por la propia naturaleza o por Dios, independientemente de los accidentes de cada uno. Por el contrario, desde el punto de vista iuspositivista, la dignidad humana aparece como algo artificial, dada en forma consensual por los hombres. La dignidad sería una ficción política, moral y jurídica, realizada para mantener la paz y hacer posible la convivencia entre los hombres.

Respecto al carácter abstracto o concreto de la dignidad, estos autores entienden que hay un concepto abstracto de dignidad que implica considerarla un fin en sí mismo. Así, remiten a Kant, quien sostenía que todo ser humano con razón y libertad para seguir los imperativos morales está dotado por ese hecho de dignidad humana universal. Para los autores, este concepto está vacío de contenido y puede generar problemas a la hora de instrumentarlo en la práctica (por ejemplo, para ciertos trabajos, nivel de educación, etcétera), pues carece de contenido práctico. Por su parte, el concepto concreto, en cambio, ofrece a la dignidad humana aspectos más precisos y con más nivel de verificación; por ejemplo: la libertad de escoger la profesión implica también la garantía de recibir una remuneración justa por ella. Este concepto permite una aplicación práctica. Tiene que ver con la necesidad de que toda definición de dignidad humana pueda relacionarse claramente con aspectos concretos de la misma dignidad humana. En la dignidad humana está presente la idea del buen vivir: nadie aceptaría que fuera definida únicamente en términos formales y abstractos.

Finalmente, el carácter universal de la dignidad humana implica considerar que existe una sola dignidad aplicable a todo individuo, en todo tiempo y lugar. El problema es que si relacionamos este concepto con la idea del buen vivir se daría lugar a una contradicción, ya que para cada cultura “buen vivir” significa algo distinto. Por otro lado, el carácter particular de la dignidad humana consiste en considerar la existencia de muchas dignidades, una para cada grupo social y cultural. Este concepto atiende a las necesidades de cada persona en particular.⁶¹

VI. Estudios sobre los usos de la dignidad por los tribunales nacionales

La doctrina se ha ocupado también de los usos de la dignidad por tribunales nacionales. Uno de los autores más influyentes en este tema es McCrudden, quien elabora un “contenido mínimo” de la dignidad que entiende incluye tres elementos: i) que todo ser humano posee un valor intrínseco, por el solo hecho de ser humano; ii) que este valor intrínseco debe ser reconocido y respetado por otros, y que algunas formas de trato por otros son inconsistentes, o son requeridas, por ese valor intrínseco; iii) reconocer el valor intrínseco de cada individuo requiere entender que el Estado existe para el bien del ser humano individual y no a la inversa.⁶² Este autor constata las diferencias en las concepciones de dignidad en la interpretación judicial, sobre todo entre las concepciones más individualistas y las comunitaristas, sobre el peso y el estatus de la dignidad, sobre la dignidad como soporte de derechos o como limitación de derechos, sobre la posibilidad de renunciar a la dignidad, sobre la dignidad de quién debe considerarse, y sobre quién debe juzgar o proteger la dignidad.⁶³ Con todo, McCrudden se muestra escéptico de que la dignidad pueda servir como base para alcanzar un consenso sustantivo sobre la noción de derechos humanos, en razón del carácter abierto y no específico que tiene el término, de la posibilidad de que sea manipulable y de su aparente universalidad que oculta la importancia de los distintos contextos culturales para determinar su contenido.⁶⁴ Este autor rescata el uso institucional que tiene la dignidad en tanto proporciona un lenguaje en el que los jueces pueden aparecer justificando cómo resuelven tópicos tales como el balance de derechos, la aplicación a nivel local de los derechos y la generación de nuevos derechos.⁶⁵

Rao tiene dos importantes trabajos sobre el tema. En el primero se refiere al uso y el abuso de la dignidad en el derecho constitucional,⁶⁶ y en un posterior estudio señala tres grandes conceptos de dignidad por la revisión de las sentencias de cortes constitucionales: la dignidad como valor inherente a cada individuo independiente de su inteligencia, moralidad o estatus social; la dignidad como expresión de valores sustantivos que se vinculan con formas de vida y conductas en una comunidad (como cuando las cortes en Francia prohíben el espectáculo del lanzamiento de personas enanas), y finalmente el uso de la dignidad como reconocimiento y respeto que implica la comprensión de la pluralidad individual a la luz de los diferentes colectivos que puede integrar un sujeto.⁶⁷

Por su parte, Barroso sistematiza cuatro usos diferentes de la dignidad en la jurisprudencia: como valor fundamental, como principio constitucional, como fuente de derechos y obligaciones y como criterio de interpretación.⁶⁸

^{Carozza, quien fuera presidente de la Comisión IDH entre 2008} y 2009, considera que el consenso no puede ser un determinante decisivo del mínimo contenido que corresponde al principio de la dignidad humana, y enfatiza la importancia del diálogo sobre el contenido sustantivo de la dignidad, sin quedarse en aspectos meramente procedimentales.⁶⁹

Por su parte, Meltzer Henry identifica cinco concepciones de dignidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos:⁷⁰ la dignidad como estatus institucional (rango y jerarquía); la igualdad como dignidad; la libertad como dignidad; la integridad personal como dignidad, y la virtud colectiva como dignidad. La dignidad como estatus institucional es un concepto que depende de la existencia de jerarquía social, y se lo utiliza para naciones extranjeras y Estados, en relación con su inmunidad y la imposibilidad de ser llevados a juicio. La dignidad como igualdad se presenta como intrínseca y universal, no contingente. La expresión habitual es la “igual dignidad” de los seres humanos, y su uso ha sido fundante de la jurisprudencia antidiscriminatoria. La dignidad como libertad se presenta como contingente, y se posee en la medida en que se es capaz de tomar decisiones con autonomía. Se la ha usado para legitimar decisiones personales individuales en temas controversiales vinculados con la sexualidad y la vida. La dignidad como integridad personal se vincula con la teoría de la virtud, y tiene que ver con la integridad como condición para perfeccionarse. Se ha utilizado para proteger la reputación y evitar tratos o intrusiones degradantes o humillantes (por ejemplo, la realización de un allanamiento de forma intrusiva y violenta o la obligación de realizar un análisis de orina de trabajadores de ciertas empresas con otra persona al lado escuchando). Finalmente, la dignidad como virtud colectiva está relacionada con la totalidad de la vida humana en una determinada sociedad, y su protección puede llegar a limitar la autonomía personal, en favor de la dignidad o de la virtud colectiva. Se ha usado contra la tortura, la práctica de arrojar enanos, la prostitución, la esclavitud, la pena de muerte, las condiciones carcelarias, y la práctica del aborto por nacimiento parcial.⁷¹ Este autor sigue la teoría lingüística de Wittgenstein, según la cual hay lenguajes naturales y otros referenciales (como la geometría), entendiendo que solo estos últimos pueden tener significados fijos. Considera que la dignidad entonces no es un concepto, sino muchas concepciones, que varían de acuerdo con el contexto. Y para saber cuáles son esas concepciones, hay que estudiar cómo se usa el término en el lenguaje.

Otra investigación publicada en el contexto norteamericano es la de Goodman, quien estudia la dignidad en la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de los Estados Unidos y se refiere a ella como un “valor constitucional”, que subyace ante algunos reclamos constitucionales, y propone estándares para determinar cuándo las demandas de la dignidad deben prevalecer.⁷²

También podemos mencionar a Jackson, para quien la dignidad funciona como un concepto básico unificador que se vincula tanto con las garantías de los derechos y libertades civiles negativos como con los conceptos positivos de derechos humanos para alcanzar adecuadamente las necesidades básicas de la vida.⁷³

En un trabajo de 2017, Shulztiner aborda los desafíos que plantea el concepto de dignidad humana para la toma de decisiones judiciales, y propone cuatro principios para su uso en tal ámbito: usar el concepto con estricta relación a la ley escrita; definir el concepto y su significado en las sentencias; ser consistentes en el uso del concepto en presentes y futuras decisiones, y usar el concepto únicamente para el progreso de los derechos humanos.⁷⁴

Glensy indaga sobre el sentido del “derecho a la dignidad” en el contexto de Estados Unidos de América, y enuncia cuatro teorías sobre los usos de este concepto: el enfoque de los derechos positivos, que considera a la dignidad como un derecho sustantivo accionable; el de los derechos negativos (o de no interferencia), de modo que la dignidad funciona como una norma de soporte; el enfoque de refuerzo, en virtud del cual la dignidad tiene un uso heurístico para reforzar otros derechos, y el enfoque expresivo, en el que la dignidad es presentada como un valor retórico.⁷⁵

En Canáda, Goubau considera que hay un uso muy frecuente y creciente del término “dignidad humana” en la legislación y la jurisprudencia, y encuentra las siguientes connotaciones del término: como un elemento de la estima personal que debe ser respetado por otros; como un límite a ciertas acciones, fundado en la común humanidad y la dignidad como expresión de la autonomía individual.⁷⁶

En el contexto alemán de posguerra, el concepto de dignidad humana ha sido fundamental, ya que ha sido incorporado al artículo 1 de la Constitución (también conocida como “Ley Fundamental de Bonn”) luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.⁷⁷ En la literatura italiana se destacan los trabajos del profesor Viola⁷⁸ y la profesora Malvestiti,⁷⁹ entre otros.⁸⁰

En Inglaterra, a pesar de ser un país sin una Constitución escrita o una tradición de codificación, los tribunales han invocado la dignidad con relación a los derechos de los presos y la condena perpetua; en materia laboral, con relación a la dignidad del empleado y las condiciones de trabajo, y en relación con la no discriminación, por orientación sexual.⁸¹ En este sentido, Callus distingue dos grandes usos: la dignidad como principio de respeto por el intrínseco valor de cada ser humano, y la dignidad como principio al servicio de los derechos subjetivos, con particular referencia a la vida privada y la calidad de vida. Según este autor, en los últimos tiempos en ese país se ha pasado de una visión más comunitaria de la dignidad hacia una visión más liberal.⁸²

En España, podemos mencionar un trabajo que profundiza en la dignidad como “valor constitucional” explícitamente presente en el artículo 10.1 de la Constitución, afirmando que ha cumplido tres funciones: una función fundamentadora del orden político, una función promocional y una función hermenéutica.⁸³

La producción académica francesa también incluye trabajos de investigación sobre la dignidad similares a los aquí propuestos, entre los que se destacan el de Burgorgue-Larsen -centrado en la dignidad según los jueces europeos, de tribunales tanto domésticos como regionales de derechos humanos-.⁸⁴ Otros artículos científicos exploran el concepto de la dignidad de un modo más general, como concepto jurídico.⁸⁵ Finalmente, unos más lo consideran en relación con aspectos específicos.⁸⁶

Barak profundiza en el uso del término “dignidad” en la Corte Suprema de Israel, y distingue la dignidad como valor constitucional de la dignidad como derecho constitucional.⁸⁷ Ahora bien, en cuanto derecho constitucional, Barak señala el problema del “solapamiento” de la dignidad con otros derechos y trata de identificar el área que cubre la dignidad, para distinguirla del contenido de los otros derechos. Explica Barak que para la Corte Suprema de Israel la dignidad es un derecho que enmarca a otros derechos o un “derecho-madre” (“framework right” y “mother-right”).⁸⁸

Un estudio publicado en 2018 da cuenta de los usos de la dignidad en China, y concluye que se trata de un concepto controvertido por razones semánticas vinculadas con las distintas traducciones del término. La dignidad personal mencionada en leyes positivas no puede ser entendida como un principio constitucional que sirva de base al régimen político o como principio fundante del ordenamiento jurídico, y en los tribunales la dignidad viene protegida como parte del derecho al honor o un derecho general a la personalidad.⁸⁹

En el plano regional, podemos citar el trabajo de Chávez-Fernández Postigo, quien analiza algunas sentencias del Tribunal Constitucional peruano en torno a la forma de concebir la dignidad como fundamento de los derechos humanos. En el estudio, constata que el Tribunal Constitucional reconoce el fundamento de los derechos humanos en la dignidad humana, pero también concibe a la dignidad como un derecho autónomo. El jurista peruano señala que dado que “la dignidad es portadora de un contenido ético-jurídico amplio que incluye el de todos los derechos fundamentales -implícitos y explícitos- que sustenta y la expresan”, parece difícil justificar ese contenido autónomo. También observa que el Tribunal entiende a la dignidad desde dos concepciones que aparecen en tensión o antagonismo: la idea de una mera autonomía con cierta raigambre kantiana y la idea de una dignidad referida al ser u ontológica.⁹⁰

En Argentina, podemos mencionar el trabajo de Estela Sacristán, quien luego de una pormenorizada recorrida por las menciones al término “dignidad” en el ordenamiento jurídico argentino analiza los usos que hace la CSJN sobre el término, tomando como eje las acepciones del término brindadas por el Diccionario de la lengua española:

(i) cualidad de digno (entendiéndose, por digno, merecedor de algo); correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo; que tiene dignidad o se comporta con ella; propio de la persona digna; que puede aceptarse o usarse sin desdoro, es decir, sin menoscabo en la reputación o el prestigio (salario digno, vivienda digna); de calidad aceptable; (ii) excelencia, realce; (iii) gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse; (iv) cargo o empleo honorífico y de autoridad; (v) en las catedrales y colegiatas, prebenda -v. gr., beneficio eclesiástico- que corresponde a un oficio honorífico y preeminente; prebenda del arzobispo u obispo; (vi) en las órdenes militares de caballería, cargo de maestre, trece, comendador mayor, clavero, etc.⁹¹

VII. Una propuesta de sistematización de los usos de la dignidad

Luego de esta revisión de las clasificaciones sobre los usos de la dignidad que realizan los distintos autores, ya sea en su análisis de los cuerpos normativos como de los usos que realizan los tribunales, internacionales o nacionales, esbozamos a continuación una propuesta de sistematización, que constituye la base para el futuro análisis de los usos del término que realiza la Corte IDH, siguiendo cuatro criterios: a) dignidad en función del sujeto o elemento impersonal; b) dignidad en relación con la ponderación en la implementación de derechos; c) dignidad en torno a la concepción del individuo; d) según el rol de la dignidad. Se trata de criterios que no necesariamente se excluyen, y que pueden resultar complementarios según el uso que se haya dado al término “dignidad”.

VIII. Consideraciones finales

El término “dignidad” es uno de los más relevantes en el marco de la protección internacional de los derechos humanos. Tan es así, que aparece reiteradamente en los principales documentos fundacionales de los diferentes sistemas. Asimismo, ha sido una preocupación de diversos doctrinarios esclarecer qué debe entenderse y qué se entiende por dicha noción. En este trabajo hemos presentado diferentes clasificaciones con la expectativa de poder mostrar la pluralidad semántica posible que encierra la “dignidad”. En particular, hemos intentado concentrarnos en los sentidos que parecieran subsumir gran parte de las categorías postuladas por los autores.

Esta clasificación opera como una conclusión provisoria, que orientará la tarea de indagar los usos que hace del término “dignidad” la Corte IDH. Una vez realizada esa investigación, se podrá verificar si la sistematización propuesta ha sido útil o si hace falta alguna rectificación. Ello sin perjuicio de enfatizar que el objetivo central de la investigación será determinar si la Corte IDH realiza un uso unívoco de la noción de dignidad o bien si hay una variación semántica que genera problemas al momento de cumplir la tarea de resolver las controversias que se le plantean.

Como puede notarse, en el estado de la cuestión existen diversas formas de entender la dignidad en la práctica jurídica, es decir, ya sea en la normativa general o en las sentencias de los casos concretos. No obstante, a pesar de los diferentes usos, es posible que existan puntos en común. En abstracto, podemos ver lo dificultoso que puede resultar diferenciar tajantemente algunas de las clasificaciones que hemos propuesto. Creemos que en el análisis de los casos contenciosos y opiniones consultivas de la Corte IDH encontraremos solapamientos de las categorías antedichas, tanto si este organismo usa de manera indistinta como diferente al concepto de dignidad. Lejos de resultar un inconveniente, tal vez esto permita encontrar un sentido focal desde el cual podamos identificar definiciones analógicas. Precisamente, la búsqueda de un común denominador a partir de resaltar la diversidad (al menos en el plano teórico, en la investigación constataremos qué sucede en los hechos) puede ser el mayor aporte de las categorías que hemos propuesto y del estudio de los fallos y opiniones de la Corte IDH sobre la dignidad.