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Introducción1
Existen lugares que hablan de forma gráfica sobre los dilemas de una sociedad, la profundidad y complejidad de los problemas sociales y las acciones que emergen para abordarlos. Pobreza y carencias, déficit de vivienda digna, violencia estatal y violencia delictiva, migraciones e interculturalidad, tensiones sociales, y también solidaridad, apoyo mutuo, dignidad y esperanza se pueden observar en un mismo territorio.
Todo territorio es una construcción socioespacial con historias y significados en circulación y disputa (Fernández-Labbé, 2020) ; para comprender la configuración de un lugar con las características señaladas, nos son útiles los conceptos de estigmatización y efectos institucionales.
El concepto de estigmatización territorial se utiliza para dar cuenta del fenómeno de lugares desvalorizados y deslegitimados socialmente, discriminados y culpabilizados de su deterioro (Wacquant, 2007; Slater, 2013; Wacquant et al., 2014; Meade, 2021) , tales como el Bronx en Nueva York, Cabrini-Green en Chicago (Wacquant, 2007) o La Legua en Santiago (Lin, 2021) . En su configuración como territorios estigmatizados, la acción estatal cumple un rol central (Wacquant, 2007), siendo relevante prestar atención a los mecanismos institucionales en el origen (Steinberg, 2010; Slater, 2013 y 2015) o, lo que Ruiz-Tagle et al. (2021) denominan efectos institucionales: aquellos efectos de las instituciones de impacto local, en la emergencia y recrudecimiento de problemas sociales.
Si bien el rol de los poderes exógenos en el desarrollo de los territorios ha sido estudiado para las zonas rurales (Berdegué et al., 2015) , la corriente de investigación de la estigmatización se ha centrado en las metrópolis o grandes urbes, en cuyo interior existen sectores estigmatizados y, sólo de modo emergente, se comienza a mirar también bajo este lente territorios no metropolitanos ni urbanos (Hincks y Powell, 2022.
En América Latina, esta aproximación se ha utilizado para describir los fenómenos de precarización de sectores urbanos en países como México (Bayón, 2021) , Argentina (Kessler, 2012; Elorza, 2019) y Chile (Labbé, 2020; Lin, 2021) . En este último se han estudiado poblaciones (secciones de la ciudad con altos niveles de pobreza) de la capital del país.
En nuestro caso, la usamos para analizar un territorio que, junto con ser ejemplo paradigmático de precariedad, corresponde a una ciudad intermedia lejana de la metrópolis y enclavada en un paisaje desértico: Alto Hospicio. Contigua a la ciudad de Iquique, cabecera de la región de Tarapacá en el norte de Chile, su configuración como poblado y comuna ha sido explosiva en el tiempo (su población ha pasado de apenas 400 habitantes a más de 100 mil en menos de cuatro décadas), y el rol del Estado ha sido protagónico (Guerrero, 1995; Mansilla et al., 2020) .
Nos interesa poner a la luz, a partir de la voz de actores que habitan el territorio y movilizan acciones colectivas, las operaciones institucionales que estarían produciendo y reproduciendo su pauperización, además de las acciones de activistas y dirigentes sociales como respuesta al abandono estatal o bien a su sobre-intervención descoordinada (Labbé, 2020) .
Con base en el análisis de entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión con activistas y dirigentes sociales, se estudian, por un lado, los mecanismos institucionales que han operado sobre el territorio de Alto Hospicio, y por otro, la acción colectiva de sus habitantes, comprendiendo la conformación del territorio como resultado de la combinación de ambos.
Estigmatización territorial, efectos institucionales y acción colectiva
La estigmatización opera otorgando un menor valor social a ciertos grupos, que son objeto de discriminación social y a los cuales se culpabiliza de su situación de pobreza, omitiendo o ignorando las causas estructurales o el rol de los poderes públicos en ella (Bayón, 2012).
En este proceso, la territorialización refuerza el estigma, pues cuando en un lugar se concentran privaciones múltiples, se tienden a validar los juicios negativos sobre quienes residen en él (Kessler, 2012) . Esto se vincula a procesos de discriminación estructural (Elorza, 2019) , y sus impactos pueden ser físicos, materiales, económicos y hasta ontológicos, reforzando la espacialización del racismo, sectarismo, colonialismo y riesgo ambiental (Meade, 2021) .
Los territorios estigmatizados son considerados peligrosos y se les atribuyen múltiples males sociales, por lo que se les teme, evita y desprecia (Wacquant, 2007) . Sectores desprovistos de servicios y equipamiento urbano, así como la ausencia de instituciones públicas, derivan, a su vez, en zonas abandonadas por las instituciones privadas, lo que redunda en privaciones materiales y denigración simbólica. Ruiz-Tagle et al. (2021) resumen los mecanismos a través de los cuales las instituciones afectan a los barrios pobres: i) inversiones y desinversiones selectivas, infraestructura pública y servicios comerciales; ii) inacción e ineficacia estatal; iii) promoción simbólica y estigmatización territorial.
La estigmatización es violencia simbólica, ejercida a través de discursos públicos, medios de comunicación y acciones u omisiones estatales. Siguiendo a Liberona y Piñones (2020) , en territorios como las tomas2 existe una violencia estructural, que es una violencia generalizada y sistemática, la cual constriñe la agencia de sus víctimas y que está instalada en la estructura social, donde no es fácil identificar un agente individual (Galtung, 1969, citado en Liberona y Piñones, 2020), aunque el actor más visible es el Estado.
Se ha sostenido que el estigma provoca el debilitamiento de los vínculos sociales en los territorios estigmatizados (Wacquant, 2007) y que, al culpabilizar de su situación a los propios habitantes, omitiendo los factores estructurales que los sobrepasan, se les despolitiza (Bayón, 2021) ; sin embargo, otras investigaciones reconocen su potencial para suscitar identidad y resistencia (Wacquant et al., 2014; Meade, 2021; Power et al., 2021) . En la experiencia de habitar un territorio estigmatizado también puede generarse la acción colectiva, en respuesta a los padecimientos sociales.
Estigmatización, acción y omisión estatal traducida en violencia estructural, y acción colectiva territorial, pueden producir un cierto tipo de territorio, que en el presente trabajo indagamos desde los discursos de los agentes sociales que lo habitan.
Alto Hospicio (región de Tarapacá, Chile)3
Origen, poblamiento y rol de la política de vivienda
Alto Hospicio4 tiene un carácter periférico respecto de Iquique y está signado por ser destino de grupos empobrecidos que fueron poblando la localidad mediante tomas de terreno y la autoconstrucción de viviendas. De acuerdo con Guerrero (1995) , en 1986 se produce la primera erradicación de pobladores desde una toma en Iquique y su posterior asentamiento en Alto Hospicio. A los parceleros agrícolas y comunidades aymaras que estaban asentadas tradicionalmente, se comienzan a sumar migrantes urbanos de otras regiones del país (Guerrero, 1995), a los cuales más tarde se sumarán migrantes internacionales. En 1982, Alto Hospicio registraba 381 habitantes e Iquique 110.236 (Guerrero, 1995); en 2017, las cifras ascienden a 108.375 y 191.468, respectivamente (INE, 2018), expresando el rápido crecimiento del primero, con población atraída por actividades asociadas a la minería y al comercio en torno a la ZOFRI (Zona Franca).
Dado el bajo valor de su suelo, en la década de 1990 concentró conjuntos de vivienda social promovidos por la política habitacional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), identificándose desde su origen como “patio trasero de Iquique” (Subdere, 2008). En la producción del territorio de Alto Hospicio, las políticas habitacionales han tenido un rol protagónico (Mansilla et al., 2020) . Los conjuntos de vivienda subsidiada ubicados en el sector crecen durante las décadas de 1990 y 2000, sin estar acompañados de infraestructura, servicios ni capacidad institucional para cubrir sus necesidades. En 1996, el sector consolidado de Alto Hospicio es rodeado por campamentos irregulares en El Boro, La Negra y La Pampa.
Los efectos de las políticas de vivienda neoliberales han sido descritos a partir de la localización de las viviendas en áreas de bajo valor del suelo, con la consiguiente segregación residencial, falta de servicios, concentración de población en situación de pobreza y estigmatización (Rodríguez y Sugranyes, 2004; Tapia, 2011) , junto con mayores índices de narcotráfico, violencia y marginalidad (Arriagada y Morales, 2006) , todo lo cual se observa en Alto Hospicio, en su crecimiento durante las décadas de 1990 y 2000.
El crecimiento poblacional se profundizó desde 2014, tras el terremoto de 8,2 grados que afectó a la zona (Infobae, 2014) y que supuso la instalación de barrios de emergencia para los damnificados; además, aumentaron los valores de terrenos y arriendos en Iquique, expulsando a importantes grupos hacia Alto Hospicio.
A fines de esa década e inicios de 2020, la llegada significativa de migrantes de otros países incrementó las tomas de terreno, lo cual se acompañó del desarrollo de un mercado no formal de vivienda, con venta de sitios irregulares (Mansilla et al., 2020) . Según el Servicio Nacional de Migraciones (2021), en 2020 residían 18.516 extranjeros en la comuna, en su mayoría ciudadanos bolivianos (52%); mientras tanto, las visas otorgadas en 2020 y 2021 en la comuna ascendieron a 24.225.
Desinversión pública y desborde de necesidades
En 2004, la localidad se constituyó en comuna y se le dotó de un municipio, cuya gestión fue desbordada por el territorio (Mansilla et al., 2020) . En 2019, el gobierno local dependía en 66% del Fondo Común Municipal (Sinim, 2020), correspondiente a recursos distribuidos desde el nivel central a partir de los aportes del conjunto de municipios del país, lo cual habla de su estrechez presupuestaria.5 A medida que aumentó su tamaño poblacional, la prevalencia de problemas sociales se hizo crítica: pobreza, falta de acceso a servicios básicos, drogadicción, narcotráfico, delincuencia, violencia de género, microbasurales, además de la falta de acceso a derechos sociales como educación, salud, transporte y cultura.
Según TECHO-Chile y Fundación Vivienda (2021), 49 de los 62 campamentos de la región de Tarapacá se encuentran en la comuna de Alto Hospicio, con 7.587 familias que viven en condiciones precarias, sin servicios básicos de agua potable, alcantarillado ni electricidad. Entre el Catastro de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de 2019 y el de TECHO de 2021, se observa en Tarapacá un incremento de 107% en el número de familias que residen en asentamientos irregulares y de 55% en el de campamentos, donde 39,4% corresponde a familias migrantes (TECHO-Chile y Fundación Vivienda, 2021). El problema más crítico se evidencia en la falta de acceso formal a agua potable, la cual es distribuida por camiones aljibes.
En 2022 se registra una inversión pública por un total de $ 28.858 millones de pesos6, según el Banco Integrado de Proyectos (BIP Data, 2022), destacando que 86% de la inversión asociada corresponde al sector salud, específicamente a la construcción del Hospital de Alto Hospicio, proyecto en ejecución desde 2013 y cuya finalización se espera para 2023. Es una inversión de gran envergadura, correspondiente a 68% de la inversión en la provincia de Iquique y a 56% de la inversión de toda la región. Sin embargo, su valor e importancia no logra ocultar lo reducido de la inversión histórica en la comuna, déficit que la ha acompañado desde que se constituyó como tal (Subdere, 2008).
De acuerdo al cálculo de presupuesto municipal por habitante elaborado por el Observatorio de Gasto Fiscal (Henríquez, 2019) , la comuna tiene un presupuesto per cápita más bajo que la de menor presupuesto de la Región Metropolitana, y ocho veces menos que la comuna del país con mayor presupuesto por habitante.
Por otro lado, en cuanto a la oferta de establecimientos educativos, sólo 6% de ellos son públicos, pues la oferta privada (particular subvencionada) es protagónica (BCN, 2021).
Alta capacidad de movilización, baja participación electoral
En cuanto a la participación sociopolítica en Alto Hospicio en los últimos años, ésta puede describirse de modo esquemático considerando tres dimensiones: la participación en movilizaciones y acciones contenciosas en la comuna; la generación de instancias de deliberación autoconvocadas; y la participación electoral (Observatorio Participación Popular y Territorio, 2021).
Respecto a la primera, son ejemplos de acciones contenciosas las marchas, manifestaciones, caravanas, tomas u ocupaciones, barricadas y performances, entre otras, cuyo registro está disponible en la Base de datos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES, 2020). En relación con la segunda, las instancias de deliberación corresponden a Encuentros Locales Autoconvocados (ELAs), realizados en el marco del proceso constituyente impulsado en 2016, cuyo registro se encuentra disponible en los informes del Comité de Sistematización del proceso constituyente (2016) y a Cabildos Ciudadanos autoconvocados desarrollados entre octubre de 2019 y marzo de 2020, sistematizados por Unidad Social (2021). Finalmente está la participación electoral, medida a través del porcentaje de votantes respecto del total de inscritos en cada comuna en las elecciones entre 2017 y 2021 con datos del Servicio Electoral de Chile (Servel, 2022).
De acuerdo con ello, la capacidad de movilización social de Alto Hospicio es relevante, con 126 acciones contenciosas en el periodo 2009-2019, lo cual representa una tasa de 11,6 por 10 mil habitantes, muy superior al promedio de las 245 comunas con elevados niveles de pobreza del país, que asciende a 3,2. Como contracara, en cuanto a la generación de instancias de deliberación, en la comuna se realizaron 14 ELAs en 2016, representando una tasa de 1,3 por 10 mil habitantes, la cual es inferior al promedio de las 245 comunas con alta pobreza, que llega a 3,9. Asimismo, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se llevaron a cabo dos cabildos autoconvocados, equivalentes a una tasa de 0,2 por 10 mil habitantes, inferior también al promedio del grupo de comunas referidas, que alcanza a 0,4.
La participación electoral de la comuna ha sido siempre, durante el periodo con voto voluntario, más baja que el promedio nacional. En la presidencial de 2017 alcanzó 36,2% (mientras que a nivel nacional fue de 49%) y en el Plebiscito constitucional de 2020 apenas llegó a 26,5% (51% en el país), experimentando un repunte en la elección de constituyentes en 2021 con 32,6% (41,6% nacional) y alcanzando su máximo -con voto voluntario- en la presidencial de 2021 con 40,7% y 40,1% en primera y segunda vuelta, respectivamente (47,3% y 55,7% a nivel nacional) (Servel, 2022).
En síntesis, en la comuna existe una importante capacidad de protesta y movilización, pero un bajo despliegue en instancias de deliberación autoconvocadas en torno a debates constituyentes (2016 y 2019-2020) y una baja participación electoral, ya sea para elección de representantes políticos como en el proceso asociado a la nueva Constitución.
Métodos y materiales
Los materiales utilizados son cualitativos y corresponden a 12 entrevistas semiestructuradas y dos grupos de discusión, abordando un total de 17 dirigentes y activistas de los sectores más poblados de la comuna, siete de asentamientos informales en el sector de La Pampa y 10 de la zona consolidada de Alto Hospicio (centro y La Negra).7
Los informantes corresponden a las siguientes agrupaciones y colectivos del territorio: Comité Flor de Población (La Pampa), Centro Solidario Cadena de Amor (Campamento Renacer), Comedor Minka (La Pampa), Solidaridad en Resistencia (SER), agrupación Semillarbol, Colectivo Cultural Vida y Arte, ONG Voluntariado Popular 18 de octubre, Red HATHA y el Sindicato de feriantes Gladys Marín. También algunos activistas participan en la Asamblea Abierta de Migrantes y Pro-migrantes de Tarapacá (AMPRO).
Resultados y análisis
Acciones y omisiones institucionales que producen precariedad
Estigma e identidad
Entre 1998 y 2001, el sector fue conocido a nivel nacional debido a los crímenes de mujeres, perpetrados por el denominado “Psicópata de Alto Hospicio”, quien asesinó a 11 adolescentes y tres adultas. Las desapariciones, que luego se comprobaría correspondían a homicidios precedidos de abusos y violación, fueron denunciadas por los familiares de las víctimas, encontrando como respuesta de las autoridades una actitud discriminatoria, al aludir que las jóvenes habrían huido de sus hogares para escapar de la pobreza en que vivían y de los problemas familiares, desestimando las denuncias de las familias. El entonces subsecretario del Interior, Jorge Burgos, declararía ante ello: "Al menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono producto de situaciones personales que tiene que ver con mala relación con los padres, violencia intrafamiliar…" (Cádiz y Campos, 2014) . De algún modo, “su sexualidad y origen social las volvía sospechosas […] las víctimas se volvían culpables” (Tuozzo, 2003: 152-153) .
Junto con la huella trazada en las vidas de los habitantes de Alto Hospicio por dichos sucesos y la respuesta estigmatizadora de las instituciones y los medios de comunicación, persiste veinte años después en su experiencia cotidiana la realidad de un lugar peligroso y olvidado por las autoridades.
Yo crecí con el tema del psicópata, la niña que sobrevivió fue mi compañera de curso, entonces hubo muchos hitos en (sic) lo largo de mi vida, que fueron marcando y fueron muchas cosas cuáticas (sic), el tema de las niñas, después el tema del niño que fue descuartizado, también fue un vecino, entonces como que muchas cosas importantes que marcaron la historia y como yo veo Hospicio (Grupo de discusión dirigentes sociales 1, septiembre de 2021).
Si ni figuramos nosotros en el sistema [...] si mucha gente muere en la toma y no aparece ni en los diarios, ni siquiera en la página roja, ya no les interesa la gente acá de las tomas (Dirigente 1 sector La Pampa, septiembre de 2021).
Existe, por cierto, una sensación de inseguridad en los propios habitantes, pero matizada a partir de una visión menos homogénea de lo cotidiano, pues, como se verá, si bien hay violencia y delitos, se enfatiza que también hay “gente buena”, hay esfuerzo y talento, además de un cierto valor por habitar y configurar un lugar “desde la nada”.
Abandono estatal y desinversión privada
Ante el crecimiento explosivo de la población, impulsado en un inicio por el propio Estado, la experiencia de los actores del territorio deja ver una permanente ausencia estatal y de servicios privados —observada en múltiples aspectos—, en contraste con la infraestructura y servicios de la ciudad contigua de Iquique.
Con el boom del crecimiento de Hospicio, fue difícil para mí, porque todo iba creciendo, pero no así mismo las oportunidades laborales o de colegios […] seguíamos no sé po (sic), caminando en chacra o no teníamos semáforo o no estaba todo pavimentado, entonces igual era difícil, después uno bajaba a Iquique y era otra cosa, era así como Miami (Grupo de discusión dirigentes sociales 1, septiembre de 2021).
Las carencias se multiplican y las respuestas estatales para abordarlas tardan en llegar o simplemente no llegan. Durante la pandemia por Covid-19 (2020-2022), a la ausencia de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad, se agrega la falta de asistencia alimentaria ante la necesidad imperiosa del hambre. Asimismo, la inexistencia de conectividad digital en ese periodo se haría relevante en relación con los procesos educativos, dado el cambio de modalidad de presencial a virtual de los establecimientos escolares. Lo anterior en un contexto de por sí deficitario en el aspecto educacional, con niños y niñas con retraso en lecto-escritura. El déficit de servicios es multidimensional y se cuestiona el abandono institucional.
La idea es que no hubiese todo esto, que no hubiesen (sic) tomas, no hubiesen (sic) mediaguas, no hubiesen (sic) ollas comunes, no hubiese nada de esto, es el sistema el que falla, por eso hay que hacerlo (Dirigente 1 sector La Pampa, septiembre de 2021).
Me preocupa la indolencia, entender que hasta la fecha de hoy se han entregado miles de platos de almuerzo y ha sido todo de solidaridad y autogestión, no está la mano de la autoridad, en ocasiones para sacarnos 100 mil fotos, pero no para ayudar, todo el amor entre vecinos, yo creo que en esta labor tienen que estar las autoridades, esta comida deben ponerla ellos, porque mira el hambre que hay acá […] acá la autoridad no... las autoridades que hay ni que habían, nunca asumieron nada, las cosas tenemos que buscarle respuestas nosotros (Dirigente 1 sector La Pampa, abril de 2022).
Expresivas son las declaraciones realizadas por la autoridad comunal a los medios de comunicación respecto a la situación del territorio: “El Estado de Chile dejó abandonado (sic) a 160.000 personas allí en Alto Hospicio” (Alcalde de Alto Hospicio, 27 de septiembre de 2022) (Cooperativa.cl, 2022).
El problema de la vivienda y las malas prácticas en su gestión
En el marco de necesidades acuciantes relativas a la obtención de condiciones adecuadas de habitabilidad y acceso a una vivienda, los actores del territorio señalan que existen mecanismos viciados en la operación de los comités de vivienda.8
En la experiencia de algunos dirigentes entrevistados, personas asociadas por los pobladores a comités de vivienda, estarían lucrando, vendiendo cupos a postulaciones y cobrando dinero por sitios en las tomas.
Los comités te cobran 10 lucas [10 mil pesos] todos los meses […] gana plata, mucha plata, los sitios se están vendiendo hoy, que estamos a un mes de supuestamente el subsidio de vivienda, se están vendiendo en dos o tres millones de pesos, un sitio pelao' (sic), ¿cómo es posible?, pero el comité te dice que te va a enganchar en la postulación (Dirigenta 2 sector La Pampa, abril de 2022).
Violencia estatal y soluciones poco pertinentes
Los habitantes de las tomas de Alto Hospicio experimentan la violencia estructural. Tal como señalan Liberona y Piñones (2020), los desalojos de las tomas suponen una violencia directa policial, la reubicación junto a un basural expresa violencia de segregación espacial y violencia de injusticia/racismo ambiental; y la falta de Estado representa violencia como abandono. En los relatos obtenidos de los dirigentes se evidencian estos procesos.
Debido a las diversas ocupaciones irregulares de terreno, han sido repetidos los desalojos de los asentamientos informales por parte de la fuerza pública, destacando por su violencia los de 2016.9
En el 2016 se formó la toma acá, El Boro se volvió muy peligroso, eh, también era muy lejos, cierto, nos salió la oportunidad y nos vinimos para acá donde hoy por hoy están construyendo el hospital nuevo. Bueno llegaron los militares y nos sacaron. Nos corrimos un poco más para allá. Llegó [el Ministerio de] Bienes Nacionales y nos sacaba también, y con desalojo y todo (Dirigenta 3 sector La Pampa, septiembre de 2021).
La presencia creciente de migrantes ha caracterizado las dinámicas del territorio en el último lustro, denunciándose, por parte de una dirigente migrante, una agudizada violencia estatal hacia ellos.
Cuántos migrantes también estaban detenidos en las cárceles, pero estas luchas, que no son tomadas en cuenta, porque siempre está el Estado clasificándonos, como que estos son más importantes y los acá no, y cuántos han sido expulsados […] Esa gente no solamente necesitaba comer, sino también necesitaba información, necesitaba también orientación, porque había un total abandono del Estado, había miedo en la prensa y un total abandono del Estado. Entonces sólo quedábamos nosotros (Grupo de discusión dirigentes sociales 2, abril de 2022).
Junto con la violencia física, se aprecia el engaño, la espera y las soluciones inadecuadas como padecimientos infligidos a los pobladores. Por un lado, con el horizonte de acceder a una vivienda subsidiada, las 200 familias de uno de los campamentos serán reubicadas en un conjunto habitacional que albergará a alrededor de 600 familias, provenientes de distintos sectores. Por el otro, la larga espera ha hecho que vayan consolidando su instalación en la toma, con mejoras de habitabilidad y servicios, las cuales se perderían con el traslado.
Pareciera tratarse de un “territorio de la espera”, como los descritos por Álvarez y Cavieres (2016) , por cuanto surge de la movilidad y se reproduce en ella (erradicaciones y desalojos de tomas), y se está a la expectativa de la entrega de la solución habitacional (vivienda en propiedad mediante subsidio estatal), la cual tarda en llegar. Sin embargo, no existe necesariamente el deseo de abandonar el lugar, sino continuar en él, pero en mejores condiciones. Por ello, las inadecuadas respuestas estatales son recibidas con recelo.
Cuando llegamos nos dijeron que íbamos a estar tres años y llevamos ocho años ahí, toda una vida, mi hija tiene 10, ha estado toda su vida ahí, tiene sus amigos ella y como mi hija todos los otros niños, tenemos un concepto de comunidad, no importó el concepto, de las 200 familias nos conocemos todos, ahora me vai (sic) a meter a 450 familias que yo no conozco po', dónde vai (sic) a meter 650 departamentos, es algo mega gigante y que resulte y que la gente se lleve bien (Dirigenta 2 sector La Pampa, abril de 2022).
Nosotros vivimos hace seis años en el campamento, luchamos sin luz, sin agua durante tres años, al cuarto año recién nos instalaron la luz porque Bienes Nacionales, es de ellos el suelo en que vivimos nosotros, recién firmaron un convenio para que pudieran instalarnos la luz domiciliaria. Pagamos 400 mil pesos, cada familia por la instalación, más tu medidor, ¿cachai? Lo pagamos en cuotas de dos años y hace tres meses recién yo dejé de pagar mis cuotas de la luz y ahora pago mi boleta tradicional, ¿cierto? y hace dos meses nos enteramos que el campamento va a desaparecer, ¿cachai?, que se viene un mega proyecto para ese terreno, donde van a construir 600 departamentos (Dirigenta 3 sector La Pampa, septiembre de 2021).
Al ser la falta de agua potable uno de los problemas más apremiantes para desarrollar la vida en el territorio, se reclama negligencia en las soluciones entregadas, como expresión de una discriminación y desprecio por la dignidad de sus habitantes. La estrategia inicial de distribución de agua mediante camiones aljibes habría supuesto un riesgo sanitario para la población, causando enfermedades por no estar habilitados sanitariamente los vehículos de distribución.
El tema del agua es que el municipio no tiene camiones de agua, no tiene camiones aljibe (Dirigente 1 sector La Pampa, septiembre de 2021).
Al principio no estaban aptos para traernos el agua potable, y hubieron (sic) muchas enfermedades, muchos niños con diarrea, eh, y colitis también adultos, adultos mayores también enfermos y era por el agua, por el agua (Dirigenta 3 sector La Pampa, septiembre de 2021).
Para la trayectoria vital de los pobladores y su proyección futura, la falta de pertinencia de las respuestas estatales cobra un carácter central. Habiendo participado de procesos de postulación a la política habitacional para recibir viviendas subsidiadas, la descoordinación institucional se hace patente cuando después de haber accedido a proyectos de equipamiento para desarrollar microemprendimientos —Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)— se les asigna una tipología de vivienda en departamentos, donde no es posible ubicar sus herramientas de trabajo ni llevar a cabo la actividad comercial promovida.
No necesitábamos este tipo de vivienda, queríamos luchar por un tema que se llama vivienda-taller, que es donde tú como emprendedor tienes tu vivienda y tu fuente laboral. Los comités de vivienda, en vez de meter a los 200 que somos del campamento, 200 casas, quieren meter a 650 familias, claro, acá SERVIU nos dijo que era por el tema de escasez de terrenos y muchas personas sin casa, según por eso se estableció lo de las torres. Yo les dije en todos sus términos que no era viable para nosotros, pero estos comités vendieron ya estos cupos (Dirigenta 2 sector La Pampa, abril de 2022).
El año pasado se ganó un SERCOTEC de tres millones y medio, que han implementado unas máquinas maravillosas pa' (sic) hacer muebles en el patio de la casa, dime dónde chucha (sic) me las meto si me voy a un departamento, ¿cachai? o qué hago yo con mi panadería solidaria, que la armamos, tenemos un horno, amasadora, sobadora, o con el mismo comedor, qué hago al menos con este emprendimiento, afuera de hecho tengo un espacio de bodega […] yo digo, qué onda la vecina que FOSIS le armó su negocito (Dirigenta 3 sector La Pampa, septiembre de 2021).
Lo anterior contribuye, además, a que se genere un círculo vicioso en relación con el resurgimiento de tomas y campamentos, pues el acceso a la vivienda subsidiada en dicha tipología no constituye una respuesta eficaz a las necesidades. Por ello, algunos pobladores que han accedido a vivienda, de igual modo se habrían instalado irregularmente en otros terrenos.
Mercado inmobiliario y proyectos expulsores
La construcción de una segunda ruta de acceso Iquique-Alto Hospicio, en un tramo en 2019 y en su segundo tramo en 2022, representa una inversión vial significativa que ofrece oportunidades de desarrollo inmobiliario (Vilas Radio, 2022; El Longino, 2022). En 2021 se anunció la construcción del proyecto “Mall Las Américas” (Edición Cero, 2021), primer centro comercial de la comuna, a lo cual se agregan proyectos inmobiliarios residenciales que destacan precisamente su conectividad, así como su cercanía a áreas de dinamismo económico.
Llama la atención cómo los proyectos de desarrollo inmobiliario resaltan aspectos positivos del territorio como su carácter multicultural10 y su calidad de vida: “Es la segunda comuna con mejor índice de desarrollo de la Región de Tarapacá”, señala la publicidad inmobiliaria, sin especificar que las únicas comunas urbanas de la región son Iquique y Alto Hospicio, correspondiendo el resto a pequeñas comunas rurales de menos de 20 mil habitantes.11
La reubicación ofrecida a los pobladores se asocia a la necesidad de abandonar los sitios ocupados actualmente, debido a iniciativas urbanas ya proyectadas. Se menciona que la construcción de la conexión vial eleva el precio del suelo, atrayendo nuevas inversiones para grupos sociales de ingresos medios.
No estamos pidiendo esos nichos que son negocio para las inmobiliarias, nosotros queremos que los terrenos se entreguen y que cada uno construya su casa, y estamos con un problema serio porque dentro del Plan Regulador su proyección con respecto a este tema es que esto va a ser el eje de la conexión sector sur de Iquique y Alto Hospicio, ya está el diseño del mall [centro comercial], no está pensado el diseño de ciudad de ellos con nosotros acá y nosotros no nos vamos a mover y esto es grande (Dirigente 1 sector La Pampa, abril de 2022).
Producción autogestionada de respuestas a los problemas y necesidades
Autogestión y ayuda mutua en un contexto de atomización social
Las condiciones de precariedad, la conflictividad y el flujo constante de nuevas familias que llegan a asentarse al territorio se han descrito como un contexto favorable al debilitamiento de la asociatividad en Alto Hospicio. A inicios de la década de 2000, algunos testimonios daban cuenta de que:
En Alto Hospicio no hay un liderazgo capaz de organizar a los pobladores en pos de sus demandas […] existe una increíble cantidad de organizaciones populares y vecinales disgregadas unas de otras, lo que conlleva a la atomización del tejido social […] resulta improbable que aquí haya un estallido social (Tuozzo, 2003: 151) .
Veinte años después, algunos dirigentes señalan algo similar:
La comunidad está tan dañada que todos tenían miedo de asociarse, de conversar, de verse, así de brígido (sic) (Dirigente 5 sector centro, abril de 2022).
Hace que hoy estemos tan separados que no sepamos ni por qué queremos luchar, no sabemos, como comunidad, cada uno sabe, pero no sabemos por qué luchar en conjunto, finalmente “sola llego más lejos”, como dice el dicho (Dirigenta 7, abril de 2022).
No obstante, si bien el tejido social efectivamente está disgregado o desarticulado, esa gran cantidad de organizaciones populares y comunitarias que se reconocía hace dos décadas hoy no sólo sigue siendo también una característica del territorio, sino que ha venido a cumplir un rol social clave en un periodo marcado por el estallido/revuelta social de 2019 y la pandemia de Covid-19 de 2020-2022. La autogestión es un sello del territorio, y ante el abandono y los efectos institucionales ya descritos, se erige en una clave poderosa para comprender la vida en Alto Hospicio.
El estallido social y la pandemia provocaron una disminución en los ingresos de las familias (gran parte de ellas dedicada al comercio informal, que se vio perjudicado de modo significativo, primero, por las manifestaciones y, después, por las restricciones sanitarias), lo cual, junto al encarecimiento del costo de la vida, afectó su situación habitacional y precarizó en general sus condiciones de vida. En opinión de las personas entrevistadas, la vivienda, los servicios básicos, el agua y la alimentación diaria son necesidades que, ante la falta de respuestas estatales, movilizan a los propios actores.
Entonces paramos el comedor, funcionaba tres días a la semana, no teníamos para más días a la semana y teníamos hartos problemas, hasta que un día, ya no eran los niños chicos, los niños chicos almorzaban, vi más gente adulta, los papás, las mamás, adultos, los hermanos mayores, pero esta vez con ollas, primer día cuando vimos las ollas y vimos la mansa cola de gente […] y ahí empezamos a pedir todos los días, por ahí, por allá, nos fue bien, la gente empezó a ser muy solidaria al principio, nacieron más ollas (Dirigente 1 sector La Pampa, septiembre de 2021).
Empezamos a ver que escaseaba la comida y decidimos convertir nuestra agrupación de mujeres en este centro solidario, a través de una olla común, que fue lo primero que hicimos, fue lo primero que se hizo en el campamento (Dirigenta 2 sector La Pampa, septiembre de 2021).
El territorio es caracterizado por sus habitantes como un lugar de abandono estatal, pero a la vez como un lugar gestado por ellos mismos.
Acciones colectivas y esperanzas
Si bien la convivencia diaria no está exenta de tensiones, las hospicianas y hospicianos han encontrado en la riqueza de los lazos vecinales interculturales, en la organización y en la solidaridad comunitaria, formas de autogestionar las soluciones a sus necesidades y anhelos. Sus dirigentes nos hablan acerca de la gran cantidad de comités de vivienda presentes desde hace años en dichos asentamientos, además de los comedores populares levantados en torno a la necesidad alimentaria. Habitar el territorio y lograr condiciones menos precarias ha sido el principal desafío.
Gracias a las campañas solidarias y al trabajo voluntario de distintas áreas en los asentamientos, iniciativas como los comedores populares escalan su cobertura de necesidades, proyectando su labor comunitaria más allá de lo alimentario, construyendo albergues para mujeres que viven violencia de género, ayudando a la población migrante a regularizar su situación de residencia, o bien planeando un espacio de cyber comunitario para dar cobertura de internet a las niñas y niños frente a los nuevos requerimientos educativos que enfrentan en el contexto de la pandemia.
Acá nosotros paramos un albergue para las mujeres inmigrantes que sufren violencia intrafamiliar […] imagínese a una mujer inmigrante que está sin documentación y dónde tiene que ir, donde el tipo que posiblemente si vuelve la mata (Dirigente La Pampa, septiembre de 2021).
Aquí se ha formado también una escuelita popular, que hay algunos docentes de la Universidad Arturo Prat que nos han venido a apoyar, algunos estudiantes de la universidad y ahí vamos, que nos hemos dado cuenta de que hay niños que no saben leer, no saben escribir (Dirigenta La Pampa, septiembre de 2021).
Líderes y lideresas impulsan y gestan espacios de organización y participación al interior de sus comunidades, los cuales, si bien de modo predominante se centran en la solución de necesidades básicas, desde allí intentan concientizar respecto al valor de la buena convivencia vecinal, el trabajo comunitario, la riqueza de la interculturalidad, la erradicación de la violencia de género y el reciclaje. Sobre este último punto, un interés emergente es el que busca el desarrollo de una vida saludable y sostenible mediante centros de reciclaje.
Y no hay reciclaje, porque yo en Iquique reciclaba todo, me vine pa' acá y fue imposible, y empecé a juntar agua en las botellas y las entregaba a los caminantes y así, eso hacía con las botellas, de alguna forma para reutilizarlas […] al final la gente se siente más segura en los lugares que están limpios, como de ese argumento nos dieron las lucas [recursos] para generar los puntos verdes (Dirigenta 4 sector La Negra, septiembre de 2021).
Se trata de iniciativas que buscan rescatar los componentes positivos de habitar en Alto Hospicio, asociándolos a la capacidad de sus habitantes de construir algo a partir de la nada, en un espacio árido, en condiciones desfavorables y donde el día a día se transforma en un desafío.
Donde no hay nada, está este lugar que apareció de repente y la gente de a poquito lo ha ido conociendo […] algo que estamos promoviendo hace poquito, desde el aniversario de Hospicio, que es el orgullo hospiciano. Entonces nosotros somos parte de ese orgullo hospiciano, hace mucho tiempo que ya tiene demasiado estigma. Y después de la pandemia peor, subieron los índices y eso estaba muy fuerte. Está muy fuerte. Está patente siempre y algo que nosotros queremos contribuir es a lo contrario, de que Hospicio sea siempre reconocido por sus talentos, por sus organizaciones, por los valores que la organización ha promovido (Dirigente 6 sector centro, abril de 2022).
Los actores entrevistados señalan que el proceso relacionado a la Nueva Constitución12 ha sido lejano a la gente del territorio, con poca vinculación con constituyentes, cabildos y encuentros, y con la sensación de que las problemáticas de Alto Hospicio no estaban siendo consideradas. No obstante dicha percepción, el texto de la propuesta constitucional incluía, entre otros, el “derecho a la vivienda digna y adecuada” (Artículo 51), así como “el derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible” (Artículo 57) (Propuesta Constitución Política de la República de Chile, 2022: 22 y 24), aspectos prioritarios para los residentes en la comuna. Lo anterior grafica la distancia existente entre los actores y el proceso.
Si bien no existe un programa contencioso dirigido al Estado, sino reacciones puntuales frente a los desalojos de las tomas, a los cortes de luz por su situación de acceso irregular al tendido eléctrico, la violencia contra las mujeres en el sector o las necesidades educativas de los niños y niñas, en el horizonte de las acciones colectivas emerge también una búsqueda de trascender la lucha por la subsistencia y avanzar hacia el fortalecimiento de una proyección de futuro con mayor bienestar.
Discusión y conclusiones
La configuración socioespacial del territorio en el caso estudiado se produce por la operación prioritaria del Estado, la dinámica del mercado de suelo y el desarrollo inmobiliario, así como por la acción colectiva de actores comunitarios que se desenvuelven en un contexto de precariedad y estigma. La política de vivienda, la desinversión pública y privada, los proyectos urbanos expulsores, la violencia y las soluciones poco pertinentes, y la autogestión y esperanza, dan forma al territorio.
La institucionalidad pública, iniciadora del poblamiento intensivo del lugar, actúa con demora y limitaciones, presupuestos reducidos, falta de urbanización, desalojos y reubicaciones en sectores expuestos sanitariamente y soluciones poco pertinentes. Se observa aquí la violencia estructural de la cual hablan Liberona y Piñones (2020) y el rol de los poderes públicos referidos por Wacquant (2007) , Slater (2013) y Wacquant et al. (2014), en especial el de las políticas de vivienda (por acción y poca atingencia), junto a la ausencia o insuficiencia de otras políticas sociales.
La política habitacional no sólo contribuye a la concentración espacial en precarias condiciones de urbanización y produce de modo indirecto un mercado informal de vivienda, como lo señalan Mansilla et al. (2020) , sino también contribuye a un círculo vicioso de reproducción de las tomas, al ofrecer soluciones que no se ajustan a las necesidades de las familias.
Por su parte, el mercado del suelo experimenta dinámicas de valorización a partir de inversiones en obras viales e infraestructura, promoviendo desarrollos inmobiliarios comerciales y residenciales que empujan al desalojo de los asentamientos informales a lugares más relegados aún. Opera un proceso de segmentación del territorio entre secciones con mayor y menor valor social. En dicho contexto, los campamentos se constituyen en “periferia de la periferia”, entendiendo a Alto Hospicio como periferia de Iquique, y a las tomas como periferia de las zonas con mayor valor de la comuna.
En relación con los actores comunitarios, la autogestión es capaz de movilizar un rico tejido social centrado en dar respuesta a la urgencia de la subsistencia, aunque no de articularse con miras a un programa contencioso frente al Estado; incapacidad que Bayón (2021) verifica también en otro sitio, aunque aquí no se trata de falta de conciencia respecto a los factores estructurales. Los dirigentes de Alto Hospicio son conscientes de que hay aspectos estructurales en la base de su situación (“es el sistema el que falla”, “lo mínimo que yo le puedo pedir a un Estado”, “fuimos duramente abandonados por toda la institución”); sin embargo, en el territorio no se logra aún una articulación colectiva que interpele al marco institucional estatal de modo organizado.
Sí se observa, en las zonas más consolidadas de la ciudad, una emergente ampliación de la acción hacia dimensiones como el desarrollo sustentable y el fomento de la cultura, que buscan permear al territorio en su conjunto; también se promueven aspectos identitarios que pretenden combatir la estigmatización. La capacidad de construir un hábitat “desde la nada”, de organizar la cotidianidad de modo solidario y responder con esfuerzo y autogestión a los desafíos de la precariedad, constituyen un insumo significativo para la emergencia de un “orgullo hospiciano”, que puede reforzar una identidad de resistencia (Meade, 2021; Power et al., 2021) . En paralelo, los poderes públicos y el mercado también buscan promover valores positivos de la zona como potencial de desarrollo, tales como su carácter multicultural y su conectividad.
La producción social del territorio estigmatizado y su configuración involucran la acción pública, las dinámicas del mercado y la agencia colectiva de los habitantes. Esta última, sometida a las urgencias de la subsistencia y la pauperización, así como a la insatisfacción respecto de las medidas estatales, se despliega en la autogestión. Sus límites se encuentran no sólo en las dinámicas internas del territorio, sino en un marco mayor de procesos institucionales que a nivel general han promovido el declive organizacional en el ámbito vecinal, tal como los describe Montes (2021) : individualización de las demandas, la pérdida de atribuciones y fragmentación de las agrupaciones vecinales, los mecanismos de focalización, los instrumentos que incentivan la competencia, la lógica tecnocrática y el clientelismo. Aun con esos marcos, la solidaridad ante la urgencia surge y tiñe los pasajes del desierto.
El presente artículo aporta al revelar de forma distintiva el tipo de acción colectiva que se despliega desde un territorio pauperizado y estigmatizado, como factor relevante en su configuración social, junto con las dinámicas institucionales y problemas sociales enfatizados en general en el campo de estudio. Asimismo, analiza un territorio correspondiente a una ciudad intermedia, alejada de las metrópolis y sus características, también usualmente abordadas en las investigaciones.
Las causas de la bajísima participación electoral y la distancia con el proceso constituyente en curso, así como las dinámicas de relación específicas entre familias nacionales y extranjeras en un contexto de fluida inmigración internacional, son elementos a profundizar en futuros análisis, para una comprensión integral de las posibilidades y límites de la acción colectiva en contextos pauperizados, estigmatizados y multiculturales.
