INTRODUCCIÓN
En este artículo se analiza el papel de las redes de confianza en el manejo de conflictos socioterritoriales. Según la propuesta de Tilly (2007), la constitución y la presencia de una red de confianza en conflictos como los estudiados aquí, se puede identificar verificando la existencia de grupos de personas interconectadas mediante fuertes vínculos en los que sus miembros confían en la ayuda y atención de otros. También se observa que los participantes de una red colaboran en la realización de iniciativas o proyectos de largo plazo, tales como la permanencia de ciertos patrones de uso del suelo que se consideran socialmente aceptables, aun cuando sus resultados pueden fallar debido al mal manejo por parte de los individuos que forman la red.
Las redes de confianza permiten estudiar de qué manera los actores o grupos van relacionándose unos con otros, creando una diversidad de vínculos de distinta fortaleza y alcance. Algunos miembros de las redes pueden estar activos en varias estructuras sociales de manera simultánea, ya sea para lograr un fin común, para acceder a recursos o simplemente por la necesidad de sentirse parte de algún grupo. Estas interacciones pueden observarse en asuntos de índole territorial, es decir, permiten conocer de qué manera la participación individual en las redes ha favorecido o repercutido en la gestión de los recursos de un territorio a partir de dichas relaciones colaborativas (Ramírez, 2016).
De acuerdo con Garrido (2001), la existencia de redes sociales implica vínculos que influyen en la conducta de los actores. La confianza y el compromiso de los miembros de una red se vuelven fundamentales para facilitar la coordinación social y enfrentar posibles conflictos entre múltiples interesados sobre un asunto determinado (Alexander et al., 2004; Hanneman y Riddle, 2005; Seligman, 1998; Tilly, 2005; Yamagishi y Yamagishi, 1994).
El funcionamiento de las redes y su papel en la coordinación de actores puede ser explicado desde distintas perspectivas. Se tiene, por ejemplo, que el enfoque racionalista destaca el comportamiento de los individuos considerando sus motivaciones e intereses personales con el fin de maximizar sus beneficios (Lozares, 1996; Pierson y Skocpol, 2008; Uribe, 2009; Shaffer, 2018). Mientras que desde el enfoque institucionalista se centra la atención en el proceder de los actores ante ciertas reglas o convenciones y en la manera en que estos adquieren, retienen y utilizan las contingencias, el conocimiento y la información dentro de esquemas o arreglos institucionales (Emirbayer, 2009; Uribe, 2009; Ostrom, 2011).
Por su parte, el enfoque relacional intenta vincular las motivaciones individuales, los contextos institucionales y los grandes procesos sociales para conocer mejor el desarrollo de los vínculos de confianza en contextos específicos. También puede usarse para entender cómo la presencia de acciones colectivas incide en las dinámicas productivas de un territorio desde la apropiación, el uso y la transformación, aludiendo así a dimensiones sociales, políticas, económicas, religiosas, ambientales y culturales (Tilly, 2005; Hanagan y Tilly, 2010; Krinsky y Mische, 2013). Así, las transformaciones de un territorio son resultado de un juego que genera ganadores y perdedores, y pueden ser vistas como dinámicas de cooperación o de conflicto que los actores sociales mantienen para enfrentar situaciones adversas o para aprovechar situaciones favorables a sus intereses.
En este artículo se recurre al enfoque relacional para analizar los conflictos generados por los cambios en los usos del suelo en el Valle de Guadalupe –región que avanza con gran rapidez hacia la conformación de un clúster turístico-vitivinícola–, debido a la reciente entrada del negocio inmobiliario como generador de problemas, sin abordar el funcionamiento de las redes de confianza.
Con base en lo anterior, se aportan evidencias en dos líneas de investigación derivadas del marco teórico-conceptual de redes de confianza y de los mecanismos operados por las mismas. Con ese propósito, el artículo se organiza en apartados donde se aborda la situación que prevalece en la región estudiada; la perspectiva teórica de Tilly (2005) sobre las redes de confianza; la estrategia metodológica implementada; la presentación y discusión de resultados, y, finalmente, se presentan las conclusiones.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VALLE DE GUADALUPE
El Valle de Guadalupe se localiza al norte del municipio de Ensenada, Baja California, a 25 km de la zona urbana y a 85 km al sur de Tecate y Tijuana; se caracteriza por su clima tipo mediterráneo (Bringas-Rábago y Toudert, 2011). Hasta la primera década del presente siglo, el sustento económico de la población local se basaba en la agricultura (Magoni, 2009), siendo principalmente apta para el cultivo de la vid (vitis vinifera), el olivo, los cítricos, la alfalfa y las hortalizas (Secretaría de Fomento Agropecuario [Sefoa], 2011). Esta región posee una extensión territorial de 66 353 hectáreas, de las cuales ocho por ciento (5 308) corresponde a tierra cultivable (Espejel, 2022); abarca los márgenes de la cuenca hídrica de Guadalupe la cual abastece de agua a esta zona y a la población de Ensenada (ver mapa 1).
En 2020 la población total del Valle de Guadalupe era de 7 089 habitantes, la cual estaba concentrada en sus tres núcleos de población más importantes, siendo Francisco Zarco la localidad más poblada (congregaba a 4 334 habitantes), seguido por el ejido El Porvenir (con 1 806) y, finalmente, San Antonio de las Minas (con 893) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2020).
Tradicionalmente, la agricultura ha sido la base económica del Valle de Guadalupe, sin embargo, a partir de la creación de la Ruta del Vino en el año 2000, el enoturismo eclosionó y comenzaron a llegar olas de visitantes que demandan servicios de ocio, recreación y hospitalidad en esta recién descubierta región vitivinícola (Quiñónez Ramírez et al., 2012; N. L. Bringas-Rábago, diario de campo, 15 de diciembre de 2022).
A lo anterior se sumó el interés de los desarrolladores inmobiliarios, quienes vieron la oportunidad de fraccionar terrenos y vender lotes para uso residencial, afectando así la tierra para el cultivo (N. Badán, comunicación personal, 25 de abril de 2020; S. Cosío, comunicación personal, 28 de abril de 2020; F. Pérez Castro, comunicación personal, 31 de marzo de 2020). Esto propició un cambio productivo debido a la derrama económica inmediata que genera el turismo (Bringas-Rábago, 2014). Como resultado de esa transición, el desempeño de la agroindustria vitivinícola del Valle de Guadalupe se vio comprometido por el crecimiento del negocio inmobiliario que sin ningún control ha ido ganando terreno y ha puesto en riesgo el futuro de esta importante región vitivinícola.
En las últimas décadas, la constelación de actores sociales con influencia política y económica en el Valle de Guadalupe ha cambiado la tierra que originalmente pertenecía a grupos nativos kumiai. A principios del siglo XIX, parte de las mismas fue adquirida por rusos molokanes quienes reintrodujeron la vitivinicultura y, posteriormente con la reforma agraria, parte de las tierras pasaron a manos de familias de ejidatarios y pequeños propietarios locales (Quiñónez Ramírez et al., 2012). A partir del año 2000 empezaron a llegar inversionistas nacionales y extranjeros tanto del sector vitivinícola como del turístico, además de desarrolladores inmobiliarios. Entre las inversiones relevantes observadas en los últimos años en el Valle de Guadalupe, destacan pequeñas y grandes casas vitivinícolas de propietarios mexicanos y extranjeros que se establecieron en la región para impulsar negocios de alojamiento, gastronomía o entretenimiento nocturno, además de invertir en empresas que fusionan la producción vitivinícola con servicios turísticos –como El Cielo, Maglén o Bruma– que demandan distintos usos del suelo (N. L. Bringas-Rábago, diario de campo, 15 de diciembre de 2022).
UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LAS REDES DE CONFIANZA Y LOS TIPOS DE MECANISMOS
Las dinámicas de cambio registradas en el Valle de Guadalupe plantean interrogantes teóricas y prácticas sobre el futuro de los usos del suelo y las opciones que tienen los involucrados para enfrentar escenarios de interacción social crecientemente contenciosos. Este apartado busca hacer un breve repaso de los fundamentos teórico-conceptuales de las redes de confianza y de los mecanismos usados por ellas en relación con los conflictos territoriales. La propuesta explicativa se basa en el análisis de dichas redes y de los repertorios de acción utilizados por diversos actores sociales para enfrentar los conflictos y tratar de lograr consenso en torno al manejo de los usos del suelo durante el período comprendido entre los años 2000 y 2020.
Perspectivas del análisis de redes de confianza
Las redes de confianza se han utilizado históricamente para múltiples fines, siendo el manejo de conflictos uno de los principales. La confianza, como tal, es resultado de procesos de interacción e interpretación. El enfoque relacional aporta diversos elementos que ayudan a entender el nexo entre redes de confianza y el rumbo que toma el manejo de los conflictos por el uso del suelo; igualmente, permite analizar la cooperación como un proceso basado en la interpretación intersubjetiva de las acciones de los involucrados en circunstancias especiales. Este enfoque describe la lógica de la constitución y el funcionamiento de dichas redes y ofrece explicaciones en torno a la confianza que se produce en las relaciones entre individuos en una diversidad de contextos (Hanagan y Tilly, 2010; Marcuse, 2010; Tilly 2005).
De acuerdo con McPherson et al. (2001), los individuos por naturaleza establecen vínculos, ya sea por su apariencia física, gustos, preferencias, objetivos en común, beneficios, etcétera. Este fenómeno es también conocido como homofilia. En ese sentido, Ramírez de la Cruz y Gómez (2016) definen esta conducta social como una red de vínculos fuertes que une a grupos o subgrupos, cuyos miembros poseen características similares y se encuentran afianzados por lazos de confianza.
La confianza así entendida es más que una actitud o una percepción que los individuos desarrollan respecto de otros. Cuando una persona brinda su confianza a otra, en ese vínculo surge un riesgo, principalmente a ser defraudados (Tilly, 2005). Sin embargo, para que un individuo brinde su confianza deberá tener en cuenta la información sobre el otro sujeto y considerar si es digno o no para estrechar lazos de confianza.
Precisamente, la confianza motiva a los miembros de la red a interactuar de manera continua (Coleman, 1990). A pesar de la incertidumbre latente ante situaciones de riesgo, los miembros estrecharán sus interacciones para mantener activa la red, puesto que de ello dependerá su existencia, compromiso y confiabilidad entre sus miembros (Hardin, 2001). La construcción de relaciones basadas en el compromiso beneficia a la organización y favorece la movilización colectiva en lo social, lo cultural y lo político, permitiendo su supervivencia y expansión (Yamagishi y Yamagishi, 1994).
Un problema que surge al analizar las redes de confianza es cómo transitar de las explicaciones centradas en los actores –enfoque racional–, hacia los nexos que facilitan la cooperación bajo arreglos institucionales –enfoque institucional– para llegar a los procesos dinámicos de interacción basados en el aprendizaje. El enfoque institucional se caracteriza principalmente por los marcos de acción, en los que los actores desarrollan diversas labores participativas, asignan recursos para lograr sus objetivos y crean estrategias ante sucesos de contingencia. De esta manera, los referentes normativos para la interacción social se efectúan dentro de marcos institucionales (Emirbayer, 2009; Ostrom, 2011; Uribe, 2009).
Para enfrentar este problema analítico, el enfoque relacional (Emirbayer, 2009; Pierson y Skocpol, 2008; Shaffer, 2018; Uribe 2009) propone horizontes para el estudio minucioso de los mecanismos causales de los eventos de contienda que tienen lugar en un momento determinado de la historia de una ciudad, una región o un país. Desde esta perspectiva se observa a la sociedad como una red de relaciones cargada de interacciones y participaciones dinámicas (Emirbayer, 2009). Desde la perspectiva relacional contemporánea, las redes de confianza son relevantes para entender los procesos de desarrollo a distinta escala porque las conexiones que establecen dos o más individuos son la base de las estructuras sociales, efectivamente operativas y funcionales.
Autores como Ledeneva (2004), Levi y Stoker (2000), Putnam (1993), Seligman (1998), Yamagishi y Yamagishi (1994), y Tilly (2005) señalan que el análisis de las relaciones basadas en la confianza es importante para entender las dinámicas participativas en la discusión de asuntos públicos, ya que estas son parte de las interacciones sociales, económicas y políticas. Además, este tipo de estudios propicia compromisos de trabajo recíprocos manteniendo canales de interacción horizontal, a niveles comunitarios, democráticos o de políticas locales (Putnam, 1993).
Conceptualización y caracterización de las redes de confianza
Entre las aportaciones realizadas al entendimiento de las redes de confianza, la propuesta de Tilly (2005) es particularmente útil para explicar los conflictos por los usos del suelo en el Valle de Guadalupe. Este autor elabora una conceptualización del funcionamiento de las redes en el segundo capítulo de su libro Trust and rule (Tilly, 2005). En dicho trabajo explica cada uno de los elementos constitutivos y operacionales de las redes. Su argumento permite indagar y profundizar en las razones por las que estas se consideran particulares y distintivas dentro de todas las estructuras sociales.
Las redes de confianza como conexiones o relaciones entre las personas contribuyen a formar fuertes vínculos que poseen características particulares de gran alcance colectivo y se distinguen por la estrecha relación que existe entre sus miembros (Tilly, 2005). Estas redes se definen por el uso que sus miembros hacen de recursos propios de gran valor para la colectividad, como el tiempo, el capital o las capacidades que cada miembro aporta para lograr sus objetivos. Estas acciones orientadas a construir confianza como bien colectivo, poseen un rasgo particular que las distingue de otras formas de interacción social: la trascendencia de sus actividades en el tiempo.
Una red de confianza puede iniciar a partir de algo tan sencillo como una amistad, la relación con algún colega del trabajo o con quienes comparten los mismos intereses. En la medida en que los lazos se van haciendo más estrechos, las relaciones escalan a niveles de confianza mayores mediante la repetición y la innovación en las interacciones. Mediante un proceso de aprendizaje, surge un prototipo de conexiones de relación-compromiso con vínculos fortalecidos que a su vez permiten el intercambio de recursos y acciones colaborativas de mayor alcance (Hanagan y Tilly, 2010).
En este tipo de red, cada integrante conoce los beneficios, los derechos y las obligaciones que tiene hacia sus compañeros, así como los objetivos que persigue el grupo, lo que favorece el compromiso y la interacción estrecha. De esta manera surgen las redes de confianza que, más allá de sus relaciones, poseen grandes capacidades para resolver, estabilizar y atender intereses tanto internos, como externos (Krinsky y Mische, 2013; Tilly, 2005).
Autores como Wasserman y Faust (1995) y Lozares (1996) coinciden con Tilly (2005) al señalar que existen tres características que distinguen a las redes de confianza de las redes tradicionales:
Poseen un nivel de interacción más frecuente entre sus miembros, lo que favorece la creación de vínculos más estrechos y suscita de manera natural el asomo de la confianza colectiva.
Al existir indicios de confianza, los miembros de las redes implementan mecanismos para disminuir los riesgos que se puedan presentar, en especial por interactuar con redes externas.
El compromiso es un rasgo distintivo de las redes de confianza, pues permite a los actores sociales operar a nivel micro o macro y a la vez, reinterpretar las relaciones construidas en dichas interacciones (Ledeneva, 2004).
Las redes de confianza pueden ser integradas al debate de los asuntos de interés público por medio de estructuras abiertas del Estado, creando marcos participativos, transacciones entre actores y mecanismos operativos para el desarrollo y la resolución de procesos contenciosos. Krinsky y Mische (2013) señalan que las redes con vínculos de confianza y compromiso han estado presentes en la solución de problemas sociales. Todos los lazos creados a lo largo del tiempo germinan en acciones que llegan a tener efectos en asuntos de política pública. Estas acciones son percibidas como un “kit de supervivencia” (Ledeneva, 2004, p. 12) ya que instituyen mecanismos para atender un fin común de la red o para hacer frente a las deficiencias de los gobiernos. Sin embargo, cuando los involucrados en un debate o en una contienda realizan eventos o acciones malversadas generan un efecto de propagación de desconfianza al interior de las redes (Petersen Cortés, 2023).
En suma, al interior de las redes de confianza circulan diversos recursos que les permiten atender defectos que los centros de mando no logran llevar a cabo y con ello lograr alcances mayores en el plano social. Como lo señalan Hanagan y Tilly (2010), además de poseer capacidades y fuerza en sus relaciones, las redes de confianza impulsan a cambios trascendentales, es decir, son capaces de inducir reformas en el entorno socioterritorial donde operan para influir en decisiones de políticas para el uso del suelo.
Categorías clave para el estudio de las redes de confianza
Al analizar las redes de confianza es importante no perder de vista que su constitución y cambio se derivan de acciones individuales que tienen lugar en contextos específicos. La percepción intersubjetiva de los individuos puede favorecer o no el desarrollo de relaciones de confianza. Un problema para la investigación empírica es la distinción de las dimensiones de la confianza y el tipo de indicadores a considerar para determinar la presencia de dichas redes.
Tomando como base el trabajo de Tilly (2005), se destacan tres categorías clave para su análisis:
Las relaciones de confianza se construyen usando diversos mecanismos. De acuerdo con Hardin (2001), estas se encuentran ligadas por incentivos, por un interés encapsulado o, como lo señalan Yamagishi y Yamagishi (1994), por una relación continua y recíproca. Así mismo, Coleman (1990) plantea que pueden surgir problemas al momento de entablar un vínculo de confianza con otra persona, debido al costo-beneficio que significa esa relación.
El tipo de actividad que realizan. Las redes permiten llevar a cabo acciones significativas a largo plazo, mientras el grupo muestre esa característica de “trascendentalidad” será un indicador de altos niveles de confianza.
Las estrategias de comunicación que establecen entre sus miembros. El uso de canales de comunicación horizontales favorece que la información fluya por toda la red de manera homogénea y, a su vez, que sea aceptada entre sus integrantes, dando como resultado mejores consensos y acciones entre los involucrados.
Para enfrentar el reto empírico de analizar las redes de confianza, Tilly (2005) propone lo siguiente: Primero, identificar los vínculos estrechos, frecuentes o recíprocos entre los miembros del grupo. Las redes con mayores relaciones de confianza mostrarán acciones de compromiso y responsabilidad entre sus integrantes al momento de emprender una actividad. Segundo, examinar el tipo de actividades que estas realizan en función de los incentivos de bienestar que les producen a sus miembros. Los recursos depositados en cada encomienda (tiempo, capital o capacidades) marcarán la trascendencia y el alcance de dichas acciones. Tercero, reconocer que las estrategias de comunicación externas a la red tienen que ver con los vínculos y el nivel de diálogo hacia otras redes, empresas cooperativas o agentes de política. Si la confianza es alta al entrar en contacto con un agente externo, sus miembros desempeñarán un papel activo y, por lo tanto, compartirán responsabilidades creando así diferentes mecanismos colaborativos que se determinarán de acuerdo con el contexto y con los intereses que cada uno persiga.
De esta revisión se puede concluir que la colaboración entre el gobierno y las redes de confianza implica la negociación o aceptación de responsabilidades compartidas, cuyos alcances y logros pueden variar en función de la disponibilidad de los recursos y estos pueden variar en espacio y tiempo (Alexander et al., 2004; Putnam, 1993; Tilly, 2005).
A grandes rasgos, las fallas que existen en los sistemas formales propician que las redes sean un medio para solucionar y atender las necesidades de diferente índole. No obstante, las redes de confianza no sustituyen la acción pública gubernamental; si bien son un medio para acceder a recursos, su capacidad para fungir como redes compensatorias se encuentra acotada por una diversidad de situaciones que vale la pena investigar a futuro (Ledeneva, 2004).
Tipos de mecanismos colaborativos
En el estudio de los nexos externos de las redes de confianza es necesario considerar que estas compiten por recursos –como capital, tierra y fuerza de trabajo– con otros actores. Esto significa que en la práctica los individuos y los grupos se ven forzados a desarrollar estrategias para hacer frente a nuevas redes y garantizar su permanencia dentro del sistema social (Tilly, 2005). En ese sentido, las redes de confianza que operan en contextos de disputa por el acceso y el control de dichos recursos crean escenarios de desigualdad en la distribución y el manejo de estos.
La revisión anterior sugiere que el papel esperado de las redes de confianza puede variar según se modifique la interacción que existe entre los integrantes de la misma, así como entre los agentes y las organizaciones gubernamentales, pero principalmente tiene que ver con los mecanismos relacionales que son importantes y recurrentes para entender las interacciones.
En el cuadro 1 se muestran los mecanismos articuladores entre las redes de confianza y el gobierno asociados a distintas prácticas de participación realizadas al interior de las redes. Estos estarán determinados por el objetivo que se proponga el gobierno en su colaboración con las redes (eje vertical). En el eje horizontal se muestran las prácticas que pueden tomar las redes en su participación con el gobierno o con otras redes. Para explicarlo, en el cuadro se usan los colores del semáforo con la intención de distinguir los grados de confianza asociados a los distintos mecanismos: en verde se destacan aquellos que constituyen y revelan mayores niveles de confianza, en amarillo los que muestran la posibilidad de establecer relaciones de confianza y, finalmente, en rojo aquellos donde la confianza es nula.
Fuente: Elaboración propia con base en Tilly (2005).
El gobierno establece tres objetivos de posible colaboración con las redes de confianza: integración/fortalecimiento, coexistencia negociada y segregación. Con el primer objetivo el gobierno busca entablar relaciones recíprocas con las redes, mostrando una confianza alta y niveles de incertidumbre bajos (Heimer, 2001). Con el segundo, la relación implica una participacion negociada en la que ambas partes aportan recursos (bienes, capital e información) para lograr un objetivo particular (Lozares, 1996; Tilly, 2005). El tercer objetivo, por segregación, desencadena relaciones que dañan la confianza y da pautas para el surgimiento de confrontaciones.
En el cuadro 1 se propone que la interacción entre redes y gobierno da lugar a nueve tipos de mecanismos dominantes que pueden ser interpretados como escenarios de confrontación o consenso. Para efectos de este trabajo se desarrollarán solamente tres de estos mecanismos: la innovación participativa, el clientelismo/evasión de responsabilidades y la apropiación discrecional. Desde un punto de vista teórico, estos tres mecanismos son indispensables para entender el manejo de los conflictos territoriales, como los observados en el Valle de Guadalupe durante el período estudiado. Los mecanismos analizados se pueden observar en la participación activa de los miembros de la red y en las prácticas que las redes adoptan en un contexto especifico.
El primer mecanismo, denominado innovación participativa, alude al resultado de una interacción activa de sus miembros que le permite integrar o fortalecer vínculos de confianza con redes externas y con el gobierno. Este es operado bajo ejercicios de compromiso y confianza, como factores clave para mantenerse interactuando de manera recíproca (Heimer, 2001; Tilly, 2005).
El segundo mecanismo es el clientelismo/evasión de responsabilidades, donde la participación de las redes opera bajo una dinámica de intercambios. Es decir, la participación costará a la red el uso de sus recursos, pero se garantiza el logro del objetivo perseguido (Auyero y Benzecry, 2016; Tarapues Taimal, 2012). La confianza en este mecanismo puede incrementarse o disminuir, dependiendo del resultado que se obtenga de la colaboración o de los incentivos que la sustenten (Hardin, 2001; Yamagishi y Yamagishi, 1994).
Por último, el mecanismo de apropiación discrecional muestra un escenario opuesto al de innovación participativa, donde las relaciones de confianza entre redes y gobierno son nulas, el interés para emprender actividades se encuentra condicionada a experiencias previas y las estrategias de comunicación son totalmente limitadas o aisladas (Tilly, 2005).
Los mecanismos planteados previamente permiten observar la posibilidad de que redes de confianza y gobiernos puedan transitar hacia el uso recurrente de repertorios de acción que contribuyan al consenso para el manejo de los recursos ante las presiones ejercidas para cambiar los usos del suelo. También deja abierta la posibilidad de experimentar procesos regresivos en la construcción de acuerdos. En ese sentido, este enfoque permite dirigir la atención a los aspectos relevantes de las acciones colectivas y sus mecanismos para entender los escenarios de disputa y confrontación en el territorio; además de observar cómo participan, cómo se relacionan y cuáles son las estrategias utilizadas frente a estos escenarios.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LAS REDES DE CONFIANZA
Para estudiar cómo han operado las redes de confianza en el Valle de Guadalupe ante los conflictos territoriales observados durante el período de 2000 a 2020, se optó por utilizar una metodología de corte cualitativo con la finalidad de obtener las percepciones e interpretaciones de los actores en los eventos contenciosos (Barragán et al., 2008). Para ello, se realizó una revisión hemerográfica que permitió identificar, en un primer momento, tanto a los involucrados como el tipo de participación que tuvieron durante las disputas por los usos del suelo.
Se utilizaron las entrevistas semiestructuradas para obtener información detallada de la participación de los actores en redes preexistentes, con el fin de recoger evidencias sobre los mecanismos utilizados por los actores en sus dinámicas de interacción y los avances en las negociaciones (Halperin y Heath, 2012). El diseño de este instrumento incorpó temas sobre las acciones colaborativas (formales e informales) que las redes vislumbran sobre el futuro de esta región y sobre la participación del gobierno respecto a la regulación del territorio en el largo plazo.
La observación no participativa fue otra técnica utilizada para prestar atención a las conductas de los entrevistados respecto a otros actores, a las situaciones de conflicto o a cualquier otro tema relacionado con la participación colectiva. Para ello se utilizó la técnica de bola de nieve (Voicu y Babonea, 2011). Esta herramienta permitió llegar a nuevos actores que no se tenían identificados en un primer momento, incrementándose así el número de informantes. Cabe mencionar que la pandemia por la COVID-19 impidió un acercamiento presencial con los informantes, por lo que se buscaron alternativas como las videollamadas para recabar la información necesaria.
Del constructo teórico se elaboró un esquema analítico para identificar los patrones colaborativos y los mecanismos que operan en contextos de contienda. Para ello se establecieron las siguientes categorías inspiradas en el trabajo de Tilly (2005): a) los tipos de relaciones observados a partir de la periodicidad y la reciprocidad de los vínculos; b) las actividades trascendentales que muestran la participación tanto interna como externa de la red hacia otras; c) las estrategias de comunicación observadas a partir del diálogo y el consenso entre los actores en torno a los cambios de usos del suelo.
Parte de los objetivos de la investigación es mostrar las estrategias y el uso de los principales mecanismos adoptados por las redes de confianza ante escenarios contenciosos con la intención de lograr un fin común, así como las evidencias asociadas a su operación. En tal sentido, se tiene que el mecanismo de innovación participativa es el que agrupa las evidencias que describen acciones de confianza y reciprocidad. Mientras que el mecanismo de clientelismo agrupa acciones en las que las redes de confianza optan por participar con la intención de procurar algún tipo de beneficio o incentivo directo para sus miembros. Por último, la apropiación discrecional muestra las actividades con asomo de disputa entre redes y gobierno o los eventos donde la confianza fue nula.
Para codificar la información se usó el programa Atlas.Ti. Se sistematizó un total de 14 entrevistas y se crearon los códigos de las dimensiones de las redes de confianza: actividades trascendentales, comunicación interna a la red, relaciones de confianza, compromisos mutuos y conexiones externas. La codificación permitió clasificar a los actores en los siguientes grupos: protagónicos, activos y casuales. Así mismo, fue posible determinar su origen: gobierno, sociedad civil, vitivinicultores, agricultores y/o ejidatarios. Debido a la incertidumbre que la pandemia generó, quedaron tres actores sin entrevistar. Cabe señalar, que ellos fueron identificados por medio de la técnica de bola de nieve, pero fue imposible entrevistarlos.
Debido a la naturaleza del estudio de las redes de confianza, para observar y comprender las posturas de los involucrados, se hizo un análisis de contenido apegado a los códigos del Atlas.Ti, el cual permitió vislumbrar de mejor manera las relaciones, la acción participativa y los significados de los actores (Fernández, 2002). Las evidencias de las acciones asociadas a los distintos mecanismos fueron identificadas por asociación de palabras. Enseguida se establecieron las relaciones entre los mecanismos usados y las distintas redes activas en el Valle de Guadalupe. Por ejemplo, en el caso del clientelismo se le identificó en asociación con palabras que describen esfuerzos deliberados de construcción y preservación del poder local, o con el uso de acciones dirigidas a lograr el control, la cohesión social, y la intimidación, entre otras (Boesten, 2014). Para evitar sesgos en el resultado y lograr un análisis más objetivo, se delimitaron los alcances de cada una de las categorías. A pesar de las dificultades que atravesó la investigación debido a la pandemia, la información obtenida fue suficiente para cumplir con el esquema analítico planteado, pues se logró entrevistar a los principales actores de cada uno de los grupos identificados.
ANÁLISIS DE RESULTADOS: TRAYECTORIAS Y MECANISMOS COLABORATIVOS
En este apartado se presentan los resultados de la investigación realizada. Se analizan primero las trayectorias colaborativas de las diferentes agrupaciones que coexisten en el Valle de Guadalupe y, enseguida, los mecanismos que describen formas de colaboración entre los actores . También se identifican los escenarios de contienda alrededor de los usos del suelo, así como los mecanismos implementados en la relación redes de confianza-gobierno en el manejo de conflictos territoriales.
Trayectorias colaborativas de las redes de confianza
Las primeras redes de confianza en el Valle de Guadalupe detectadas son de finales del siglo XX. En esos años surgieron nuevos actores sociales como empresarios de la agroindustria del vino, agricultores, jornaleros y grupos de familias migrantes que empezaban a vislumbrar al Valle como una fuente laboral y productiva para la cosecha de uva, aceituna y hortalizas (Santiago, 1999).
En ese período se fueron construyendo las relaciones entre los actores, especialmente para abordar acciones relativas a los usos del suelo, lo que es comprensible si se toma en cuenta que el desarrollo de la región era incipiente. Hasta ese momento no existía un instrumento de planeación oficial, pero sí un interés por parte de los vitivinicultores hacia la vocación agrícola del uso del suelo (Acuerdo 37 del Poder Ejecutivo Estatal de 2006).
En un primer momento, las actividades y los esfuerzos estuvieron enfocados en impulsar el desarrollo agrícola, en especial la vitivinicultura, contribuyendo así a la expansión de viñedos y la producción de vino (Magoni, 2009). A partir del año 2000 se empezó a observar la conformación de pequeños grupos para la producción de vino, con lo cual las capacidades del sector vitivinícola empezaron a fortalecerse.
Durante este período, los sectores público y privado unieron fuerzas para crear la Ruta del Vino de Baja California, lo que se tradujo en una mayor intervención de actores en esta región y en la adquisición de espacios para el desarrollo de nuevos proyectos vinícolas, restaurantes, hoteles y casas vacacionales (Quiñónez Ramírez et al., 2012). Tras el cambio de actividades primarias a terciarias, se formaron grupos para hacer frente a la creación de marcos legales con la finalidad de regular el crecimiento de la región.
Uso de mecanismos colaborativos en las redes de confianza
La estrategia analítica utilizada permite identificar la trayectoria del uso de mecanismos para impulsar la industria vitivinícola y la aparición de una serie de eventos conflictivos ocurridos a partir del año 2003. Se consideró que a partir de ese año inició un período de intercambio coyuntural en la formación de las redes de confianza debido a la proliferacion de eventos y decisiones que condujeron a la agudización de posiciones contrarias en torno al cambio de uso de suelo. Enseguida se presentan los resultados de los tres mecanismos implementados por las redes de confianza en el Valle de Guadalupe (ver cuadro 2).
Mecanismos operados por las redes |
Escenarios participativos | Actores involucrados | Objetivo de la relación gobierno-redes |
Patrones colaborativos |
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Innovación participativa |
2003. Publicación de Directrices para el Uso del Suelo… y creación del colectivo Por un Valle de Verdad |
Vitivinicultores, académicos y gobierno del estado. |
Integración / fortalecimiento |
Relaciones recíprocas y actitud de compromiso |
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2006. Publicación del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico… y del Programa de Desarrollo Regional Región del Vino. |
Sefoa, gobierno del estado, vitivinicultores, población local, ejidatarios. |
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2010. Publicación del Programa Sectorial… |
Fonatur, gobierno municipal, vitivinicultores, población local y ejidatarios. |
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2018. Actualización al Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo… |
Dependencias públicas, vitivinicultores, ejidatarios. |
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2019. Aprobación del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo… |
Provino,5
vitivinicultores, colectivo Por un Valle de Verdad, población local. |
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Clientelismo y evasión de responsabilidad |
2013. Ajuste al Programa Sectorial | Servidores públicos y desarrolladores inmobiliarios |
Coexistencia negociada |
Su participación está condicionada al incentivo de la participación (intercambio) |
|
Apropiación discrecional |
2013. Propuesta de modificación al Programa Sectorial |
Vitivinicultores, colectivo Por un Valle de Verdad y gobierno municipal |
Segregación | Disimulo y exclusión participativa |
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2019. Oposición a la aprobación del Reglamento |
Ejidatarios de El Porvenir | ||||
Mayor confianza | |||||
Posibilidad de establecer relaciones de confianza | |||||
Nula confianza |
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los resultados (Acuerdo 32 de 2003; Acuerdo 37 del Poder Ejecutivo Estatal de 2006; Acuerdo 44 del Poder Ejecutivo Estatal de 2010; Acuerdo 42 del Poder Ejecutivo Estatal de 2018, Acuerdo 61 de Cabildo de 2019; Cervantes, 2013; García, 2013; Sedesol, 2006; Valenzuela, 2013; A. De la Torre, comunicación personal, 2 de abril de 2020; R. Romo, comunicación personal, 20 de marzo de 2020).
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Innovación participativa
La presencia de este mecanismo se puede rastrear a partir de agosto de 2003, cuando la Dirección de Ecología Municipal de Ensenada concedió un permiso para instalar una planta de gas en Valle de Guadalupe, generando revuelo entre los pobladores y vitivinicultores (Luna González, 2003). Cabe mencionar que en julio del mismo año se publicaron las Directrices Generales del Uso de Suelo para esta región, las cuales eran el único instrumento de planeación oficial hasta el momento (Acuerdo 32 de 2003).
El resultado de esta movilización de redes de confianza culminó con la cancelación de dicha propuesta dando paso al surgimiento del movimiento social Por un Valle de Verdad (A. De la Torre, comunicación personal, 2 de abril de 2020). Los participantes en esta contienda trasladaron su experiencia de activismo a temas enfocados en la regulacion del uso del suelo y ampliando su repertorio de accion al cerrar carreteras, tomar instalaciones públicas y proponer la cancelación de eventos de vendimia (Vargas, 2003).
Un año después, Hugo D’Acosta funda la Estación de Oficios El Porvenir, conocida como “la escuelita”, ante la solicitud de algunos de sus amigos quienes querían hacer vino (Maceiras, 2018). Esta iniciativa creó oportunidades de cooperación entre actores diversos porque permitió que algunos ejidatarios participaran en la producción de vino ante la cancelación de contratos de compra de uva, generando una transferencia de conocimientos entre redes relacionados con temas vitivinícolas (Cuéllar, 2016).
Para el año 2006, varias redes de confianza participaron en la consulta pública de los Programas de Ordenamiento Ecológico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe (Acuerdo 37 del Poder Ejecutivo Estatal de 2006) y Desarrollo Regional Región del Vino (Sedesol, 2006). La dinámica de compromiso mutuo y las estrategias de comunicación permitieron crear consenso entre los actores durante los trabajos de planeación. Como resultado, se creó un subcomité regional conformado por asociaciones civiles, grupos étnicos, académicos, colonos y representantes de los tres niveles de gobierno.
Durante 2010, el gobierno del estado de Baja California y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) crearon el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada (Acuerdo del Ejecutivo de 2010). Debido al enfoque turístico que este poseía, se pasó por alto incluir el aspecto ejidal, es decir, la ley federal agraria bajo la cual se rigen los ejidatarios del Valle, y el tema del agua que ha generado gran controversia entre la comunidad local, las entidades gubernamentales y los vitivinicultores (J. Sandoval, comunicación personal, 20 de abril, 2020).
En 2018, la autoridad municipal reformuló el Programa Sectorial bajo la participación de ejidatarios, vitivinicultores y dependencias públicas; se incluyeron así lineamientos de desarrollo integrales relacionados con el agua, el paisaje, la comunidad y la agricultura, los cuales fueron omitidos en su primera publicación (Acuerdo 61 de Cabildo de 2019). Cabe destacar, que, desde la primera publicación, quedó pendiente la creación de un reglamento para hacer operativas las indicaciones del programa.
En 2019, durante el cierre de la administración del presidente municipal Gerardo Novelo Osuna (2016-2019), los vitivinicultores, el colectivo Por un Valle de Verdad, un representante de las comunidades indígenas y el sector gastronómico unieron fuerzas y emprendieron actividades con altos niveles de compromiso para lograr por fin la aprobación de dicho reglamento (Flores, 2019). Este ejercicio de las redes de confianza contó con la colaboración de la administración municipal y tuvo un gran impacto, finalizando con la aprobación y publicación del ansiado reglamento en el Periódico Oficial de Baja California (Acuerdo 61 de Cabildo de 2019).
Para los vitivinicultores fue un gran logro, pues el reglamento significaba garantizar un marco legal que regulara el crecimiento acelerado de esta zona. Del mismo modo, esto representaba un reto para los gobiernos venideros, cuya tarea sería asegurar la participación y el diálogo de manera gradual, así como el seguimiento para el cumplimiento cabal de esta normativa (H. Backoff comunicación personal, 25 de marzo de 2020; F. Pérez, comunicación personal, 31 de marzo de 2020).
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Clientelismo y evasión de responsabilidades
Un evento distintivo de este mecanismo fue el acontecido en 2013, cuando un grupo de desarrolladores inmobiliarios y servidores públicos propusieron un acuerdo elitista para modificar el Programa Sectorial de 2010 (Acuerdo 44 del Poder Ejecutivo Estatal de 2010). Esta propuesta posibilitaba el desarrollo de un proyecto residencial-turístico que se oponía a los objetivos de los vitivinicultores, quienes buscaban defender las áreas agrícolas (Cervantes, 2013; Olvera, 2003; Valenzuela, 2013). A pesar de conseguir su revocación, esto generó incertidumbre y descontento en las redes de confianza por el ejercicio malversado del gobierno para cambiar los usos del suelo, propagándose una total desconfianza hacia estos actores (N. Badán, comunicación personal, 25 de abril de 2020; F. Pérez Castro comunicación personal, 31 de marzo de 2020).
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Apropiación discrecional
Paralelamente a las interacciones anteriores, hubo otras donde se observaron bajos niveles de confianza. El uso de este mecanismo se observó con mayor claridad en la propuesta de modificación de los usos del suelo del Programa Sectorial de 2010. Esto causó gran furor entre las redes de confianza preexistentes, ya que la modificación propuesta permitía la construcción de viviendas, hoteles y comercios (García, 2013). A pesar de lograr la cancelación de este proyecto, se perdió la confianza en el gobierno municipal por la segregación y las prácticas clientelistas con los desarrolladores inmobiliarios (R. Romo, comunicación personal, 20 de marzo de 2020).
Bajo este mecanismo, se observó otro acontecimiento en 2019: las redes de ejidatarios presentaron una postura en contra de la aprobación al Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo de esta región, dado que este grupo se rige bajo la Ley Agraria (Decreto de 1992; Vargas, 2019). Esto conllevó a que se manifestaran ante el gobierno municipal: la resolución favoreció el cumplimiento del marco legal, lo que fue considerado como un práctica excluyente por parte de este gremio (R. Romo, comunicación personal, 20 de marzo de 2020).
A pesar de que en algún momento los ejidatarios coincidieron con los vitivinicultores en la visión de desarrollo del Valle (J. Sandoval, comunicación personal, 20 de abril de 2020), su actitud de rechazo se debió a las limitadas actividades que el Reglamento les permitiría hacer con sus tierras 4 (V. Bravo, comunicación personal, 20 de marzo de 2020; R. Romo, comunicación personal, 20 de marzo de 2020). Dicha postura tenía también un enfoque rentista, pues solamente entre 30 y 40 por ciento de los ejidatarios actuales siguen conservando sus tierras, mientras que el resto se dedicó a la venta de estas, mostrando acciones colaborativas de disimulo, niveles de confianza bajos y prácticas de exclusión (V. Bravo, comunicación personal, 20 de marzo de 2020). Esta situación puso en tela de juicio el fortalecimiento de redes amplias con capacidad de influencia en decisiones públicas (Cervantes, 2021). Estos resultados confirman una relación de bajo nivel de compromiso en asuntos colectivos. Además, el debilitamiento de relaciones entre redes, quedando expuestos a la depredación o incluso a su disolución (Tilly, 2005).
Con base en lo anterior, se observa que, en general, las redes de confianza de vitivinicultores y el comité Provino han optado por fortalecer vínculos con el gobierno actual para dar seguimiento a las actividades pendientes. Esto deja entrever que en los últimos años se han utilizado mecanismos de innovación participativa que nuevamente podrían generar niveles de confianza con los centros de mando (H. Backoff, comunicación personal, 25 de marzo de 2020; F. Pérez, comunicación personal, 31 de marzo de 2020).
Los enfrentamientos por los cambios en los usos del suelo de esta región han demandado, como lo señala Hardin (2001), el uso de incentivos para estrechar las acciones participativas, las cuales –más allá de sus relaciones– han desarrollado grandes capacidades para atender los intereses internos y los de política pública (Krinsky y Mische, 2013; Tilly, 2005).
Se observa también que los ejidatarios, la población local y los vitivinicultores han transitado de acciones bajo compromiso mutuo a confrontaciones por los cambios en los usos del suelo (Espejel, 2022; Rodríguez, 2019; Valenzuela, 2013). En parte, esto se debe a los inadecuados canales de comunicación manejados por los gobiernos anteriores, a los procedimientos confusos y al manejo de tecnicismos en los programas, causando posturas de evasión de responsabilidades y una participación indiferente por parte de las redes (Putnam, 1993; Tilly, 2005).
CONTIENDA Y USO DE MECANISMOS COLABORATIVOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
La convergencia de múltiples intereses en torno a la transformación estructural del Valle de Guadalupe ha dado lugar a una tensión latente en torno al uso de mecanismos colaborativos para solucionar problemas por los usos del suelo. La ejecución de procedimientos poco transparentes en la aplicación de la normatividad que regula los usos del suelo ha originado conflictos entre los diversos actores que confluyen en este territorio. Actualmente, los principales se relacionan con el sector inmobiliario y de servicios, especialmente por la ausencia de normativas claras que rijan los usos del suelo. Esto ha provocado que grupos de interés se movilicen para presionar a las autoridades municipales para que intervengan y desarrollen directrices que regulen este crecimiento desmesurado.
Las redes de confianza no avanzan en la misma dirección. Si bien, en un principio la trayectoria de las relaciones entre vitivinicultores y ejidatarios eran recíprocas, la entrada de nuevos actores inmobiliarios y empresas enoturísticas provocó que tierras ejidales fueran adquiridas por estos, afectando así las relaciones de colaboración y la visión que originalmente se tenía sobre el futuro de esta región vitivinícola. Contrariamente a lo señalado por Hanagan y Tilly (2010), el prototipo del vínculo relación-compromiso no se logró concretar e impidió que las relaciones escalaran a mayores niveles de confianza, disminuyendo así la frecuencia y cercanía de sus interacciones.
Igualmente, se registró una pérdida de confianza hacia el gobierno por su falta de capacidad para aplicar los marcos legales y por no darle continuidad a las políticas territoriales; esto ocasionó enfrentamientos entre redes y gobierno y creó mayor incertidumbre al debilitar la credibilidad de este último. Por el contrario, los vitivinicultores, el colectivo Por un Valle de Verdad y el comité Provino sí lograron estrechar sus vínculos, elevar sus niveles de confianza e incrementar sus capacidades, lo que no hubiera sido posible sin la confianza, los recursos y las interacciones continuas de sus miembros (Coleman, 1990; Hardin, 2001).
Esto conllevó a que las redes optaran por el uso de mecanismos para colaborar conel gobierno o con otras redes. Cabe mencionar que dichos mecanismos están condicionados por el contexto y por el tipo de relación en que se desarrollan. En este artículo se puede advertir la manera en que las redes evolucionan hacia repertorios de acción más o menos colaborativos con el gobierno.
Los cambios en el contexto han permitido que las redes adopten distintos mecanismos adecuados a la situación y a sus intereses; esto ha conducido a la creación de un modelo participativo basado en incentivos (Hardin, 2001). Un claro ejemplo de este mecanismo de innovación participativa se observa en las redes de vitivinicultores, en Por un Valle de Verdad, en Provino y en la población local, quienes han mostrado mayor colaboración con el gobierno a lo largo del tiempo, agregando también a grupos de académicos (S. Cosío, comunicación personal, 28 de abril de 2020). Esto coincide con lo que Tilly (2005, p. 25) define como la “línea disposicional”, donde las redes de confianza muestran voluntad e interés colaborativo con agentes externos posibilitando que a futuro incremente la confianza y, por ende, se lleven a cabo acciones de mayor alcance (Coleman, 1990).
Así mismo, las redes de confianza necesitan de incentivos para mantenerse operando con mecanismos de innovación que permitan el desarrollo de capacidades para impulsar la creación de políticas públicas, como el caso de la aprobación del Reglamento de Zonificación (Acuerdo 61 de Cabildo de 2019).
Respecto al clientelismo/evasión de responsabilidades, se observó que las redes de confianza han recurrido poco a este mecanismo; sin embargo, algunos grupos inmobiliarios y turísticos lo usaron en contubernio con el gobierno local. Las relaciones establecidas entre estos grupos estaban condicionadas a incentivos, lo que significaba un costo en el intercambio de recursos para lograr modificar el Programa Sectorial. Esto dejó entrever la segregación hacia otras redes y la malversación de procedimientos que deberían ser de consulta pública. Descubrir los intereses ocultos que perseguía dicha modificación, no favoreció la confianza que las redes preexistentes ya tenían hacia el gobierno. Este suceso confirmó que la confianza otorgada puede ser defraudada, tal como lo sugiere Tilly (2005).
Finalmente, en lo que se refiere al mecanismo de apropiación discrecional, se ha encontrado que, a pesar de que el grupo de ejidatarios es una de las redes más antiguas del Valle de Guadalupe, sus repertorios participativos con otras redes son limitados, especialmente con los vitivinicultores, pues consideran que estos han sido una red favorecida por el gobierno (R. Romo, comunicación personal, 20 de marzo de 2020). Esto ha generado posturas de rechazo hacia el Reglamento de Zonificación, impidiendo escalar o acercarse a mecanismos de innovación participativa, comprometiendo los vínculos preexistentes y de largo plazo (Tilly, 2005). Esta red de ejidatarios ha mostrado procesos discontinuos de construcción de confianza, tanto con el gobierno municipal, como con los vitivinicultores, siendo percibida como una red poco confiable, por ser quienes empezaron a fraccionar y a vender tierra de uso agrícola para otros usos.
La participación del gobierno en las dinámicas colectivas es percibida por las redes de vitivinicultores y ejidatarios como insegura e inestable. Así mismo, los escenarios de corrupción han propagado la desconfianza (Petersen Cortés, 2023). Al mismo tiempo, la incertidumbre de los cortos períodos gubernamentales genera inquietud respecto a las agendas políticas, principalmente en torno a los asuntos de ordenamiento del Valle de Guadalupe (F. Pérez Castro, comunicación personal, 31 de marzo, 2020). Finalmente, cabe señalar que las capacidades de los gobiernos municipales han sido acotadas en recursos y limitadas en tiempo por los períodos gubernamentales. A pesar de ello, las redes de confianza han funcionado como un kit de supervivencia (Ledeneva, 2004; Krinsky y Mische, 2013).
REFLEXIONES FINALES
El enfoque de redes de confianza permite entender que la diversidad de redes y de intereses que convergen en el Valle de Guadalupe ha generado conflictos en torno a los beneficios inmediatos que propician las actividades terciarias y el desarrollo inmobiliario, y que estos sobrepasan aquellas que por tradición han estado presentes en la región, como la vitivinicultura, que ha marcado la identidad territorial del Valle (N. Badán, comunicación personal, 25 de abril de 2020).
Los conflictos en torno a los cambios en los usos del suelo han mostrado complejidad en su manejo. En ese sentido, se observa que las redes de confianza han trabajado con esfuerzo ante un régimen gubernamental que había estado ausente, bajo mecanismos participativos aislados (N. Badán, comunicación personal, 25 de abril de 2020; H. Backoff, comunicación personal, 25 de marzo de 2020; F. Pérez Castro, comunicación personal, 31 de marzo de 2020).
Se observa que en los últimos años los mecanismos de colaboración entre redes y gobierno han transitado hacia niveles de integración e innovación participativa, lo que representa un gran avance en la construcción de diálogos, consensos y el emprendimiento de acciones dirigidas a la solución de conflictos territoriales, o como instrumento para diseñar políticas públicas que mejoren el desarrollo de ejercicios participativos integrales.
Teóricamente las redes de confianza pueden ser vistas más que como una agrupación de actores, como instrumento de planeación participativa o, en su caso, como promotoras de objetivos colectivos. Además de ser una figura vigilante de los recursos que tiene un territorio, son generadoras de acuerdos o soluciones viables para resolver conflictos de corte social, político y económico.
Un factor limitante que ha inhibido la participación y el enrolamiento de las redes de confianza en el Valle de Guadalupe, es el manejo de los procedimientos y los tecnicismos implicados en los programas y en los reglamentos (J. Sandoval, comunicación personal, 20 de abril de 2020). Las dinámicas estudiadas han generado colaboración, pero también una gran confusión y desconfianza entre la población local y los ejidatarios al momento de emprender actividades trascendentales con otros actores.
En la práctica, las redes de confianza han enfrentado los conflictos en torno a los usos del suelo y han enfrentado las ineficiencias o incapacidades de las administraciones locales. Sin embargo, uno de los principales retos que las redes enfrentan es poder procesar el aprendizaje adquirido para mejorar el manejo de las situaciones contenciosas y las disputas que pudieran surgir en el territorio. Si las redes no asimilan ese aprendizaje, tendrán que apartarse de las acciones basadas en la confianza y en la procuración de bienes colectivos, para ejercer acciones de disimulo y exclusión participativa (Tilly, 2005; Hanagan y Tilly, 2010).
Mediante el análisis de tres mecanismos operados por las redes de confianza en el Valle de Guadalupe, este artículo mostró que estas pueden inclinar la balanza hacia más y mejores niveles de cooperación o hacia conflictos irresolubles entre grupos de interés confrontados por la captura de beneficios de corto plazo. No obstante, para entender mejor la diversidad de mecanismos usados por las redes de confianza, se necesitan estudios más amplios de su funcionamiento y sus dinámicas de participación en la resolución de conflictos.
El Valle de Guadalupe ejemplifica la importancia de estudiar las redes de confianza como participantes activas en los conflictos. Esta línea de investigación y análisis puede hacer importantes aportaciones para el beneficio de las comunidades, la eficiencia de los gobiernos y la efectividad de las propias redes como instrumentos de planeación y salvaguarda del patrimonio natural y cultural de esta y otras regiones de México y del mundo.