Libertad de asociación y derechos de negociación colectiva en la industria agroexportadora de México: el caso de San Quintín, Baja California, México

San Quintín, Baja California, es uno de los principales productores de frutas y verduras frescas de México para los mercados nacionales e internacionales (^{Zlolniski, 2019}). Desde la década de 1980, la región ha crecido debido a las políticas económicas neoliberales que impulsaron la integración con los mercados norteamericanos e internacionales como parte de un régimen alimentario neoliberal global (^{Pechlaner y Otero, 2010}). Como enclave agrícola global, la producción en San Quintín está orientada hacia la exportación. Emplea innovación tecnológica, alta productividad y un uso intensificado de la mano de obra que tiende hacia la discontinuidad estacional, la flexibilidad extrema y una mayor capacidad de respuesta a los cambios del mercado (^{Moraes et al., 2012}). En San Quintín este modelo es una expansión del modelo agrícola de California hacia el noroeste de México y está dominado por corporaciones transnacionales con base en Estados Unidos y sus cadenas globales de productos (^{Garrapa, 2019}). A pesar de las altas inversiones de capital y la rápida modernización tecnológica, los enclaves agroexportadores dependen de la disponibilidad de mano de obra barata en contextos regulatorios débiles. Los jornaleros agrícolas en estas zonas sufren una explotación desenfrenada y una precariedad generalizada. Esta paradoja solo puede entenderse como una estrategia empresarial para reducir los costos laborales e incrementar la competitividad en el mercado global (^{Moraes et al., 2012}).

En San Quintín residen más de 90 000 habitantes, la mayoría de los cuales son jornaleros agrícolas temporales o asentados procedentes de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y hablan una lengua indígena (^{Zlolniski, 2019}). Un mercado laboral en expansión en las industrias agroexportadoras crea incentivos para la migración rural-rural del sur al norte de México, ya que la desregulación neoliberal exacerba la asimetría preexistente entre las industrias agroexportadoras altamente tecnológicas y el sector rural basado en tecnologías tradicionales para la subsistencia (^{Rojas Rangel, 2009}). El asentamiento de migrantes y la formación de comunidades en la región han sido ampliamente estudiados, estableciendo vínculos directos entre la producción económica impuesta en el valle y las formas de reproducción social dentro de la comunidad de jornaleros agrícolas (^{Velasco Ortiz et al., 2014}). Las prácticas locales de producción se organizan en torno a formas represivas de control laboral (incluidos los sindicatos de protección patronal) y la casi inexistencia de infraestructura pública y de servicios sociales (^{Velasco Ortiz et al., 2014}; ^{Zlolniski, 2019}). A pesar de esta explotación, los jornaleros agrícolas de San Quintín han sido agentes activos de cambio en sus condiciones laborales. Estos jornaleros se declararon en huelga en 2015, deteniendo la producción agraria. Después de meses de negociaciones, el gobierno federal facilitó un acuerdo para aumentar los salarios y otorgar el registro federal al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) (^{Lóyzaga Mendoza, 2022}).

En su análisis de la industria de las fresas de California, ^{Wells (1996)} examinó la organización local de la producción para comprender cómo las estructuras de poder regionales crean las influencias políticas que determinan los conflictos en el lugar de trabajo. Aquí, las clases distintivas, las relaciones de producción, los mercados laborales y las políticas estatales facilitan o limitan la organización de los trabajadores en el punto de producción para defender sus intereses de clase. Los estudios sobre los movimientos laborales en la zona de maquiladoras en la frontera también demuestran que la producción está localizada a pesar de la internacionalización de las relaciones comerciales y de los estándares laborales. Por lo tanto, las condiciones laborales y las oportunidades políticas de los movimientos sindicales independientes están subordinadas a las configuraciones políticas regionales (^{Quintero Ramírez, 2006}). Al igual que en las zonas rurales de exportación agrícola, la alianza entre los sindicatos de protección, los empleadores y los políticos en el sector de las maquiladoras es el principal impedimento estructural para la democracia laboral (^{Hathaway, 2002}).

Aunque los distribuidores y minoristas con sede en Estados Unidos dominan las redes agrícolas transnacionales en el noroeste de México, los productores locales y sus asociaciones controlan la política regional. La Unión Agrícola de Baja California es la asociación de productores más grande de la región, abarcando Maneadero y San Quintín. El Consejo Agrícola de San Quintín es relativamente reciente y está compuesto por productores locales orientados a la exportación. Si bien cada grupo tiene sus inclinaciones políticas y sus conexiones, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el caso del primero y el Partido de Acción Nacional (PAN) en el segundo, la mayoría de los productores locales pertenecen a ambas asociaciones e imponen contratos de protección a sus trabajadores (^{Zlolniski, 2010}). El sindicato controlado por la empresa más grande en San Quintín es el Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de Industria y Asalariados del Campo (SINTOIAC), de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), asociado con las estructuras corporativistas del largo gobierno del PRI, con derechos de monopolio sobre los convenios colectivos de trabajo con la Unión Agrícola. El segundo más poderoso es el Sindicato de Obreros y Campesinos, Cargadores, Operadores de Maquinaria en General, Similares y Conexos del Valle de San Quintín de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), que tiene contratos con Berrymex y otros. La familia Reiter es dueña de Berrymex, y también son parcialmente dueños de Driscolls. Aunque de menor relevancia, el Sindicato México-Moderno de Trabajadores de la Baja California de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) tiene acuerdos de protección con algunos productores locales que tienen conexiones transnacionales significativas, por ejemplo, la asociación principal de Andrew & Williamson Fresh Produce, Milagro de Baja (^{Bensusán Areous y Jaloma Cruz, 2019}; ^{Zlolniski, 2010}).

A pesar de la globalización, el Estado tiene una influencia abrumadora en el equilibrio de fuerzas entre los trabajadores, los productores y los sindicatos de protección. ^{Zlolniski (2010)} sostiene que el papel del Estado en la producción agrícola global no necesariamente ha disminuido. Por el contrario, dicha entidad estructura las dinámicas políticas y económicas particulares en un régimen agroexportador como el de San Quintín. La administración de López Obrador tiene un historial mixto en lo que respecta a los jornaleros agrícolas. La administración puso fin al Programa de Asistencia para Trabajadores Agrícolas (PAJA) y aumentó las transferencias monetarias sin cambiar las condiciones estructurales que generan la pobreza rural (^{Barrón, 2019}). A nivel estatal, la transición política ha significado la continuidad del poder de clase para los productores. Marina del Pilar Ávila Olmeda, la actual gobernadora de Baja California por MORENA, es una aliada cercana del Consejo Agrícola. El Secretario del Trabajo Alejandro Arregui Ibarra es un “chapulín” político, ya que pasó del PRI a MORENA. Con escaso personal y fondos insuficientes, los departamentos estatales y locales de trabajo no logran intervenir en las luchas laborales, erradicar las violaciones sistémicas de los derechos laborales ni supervisar las elecciones de legitimación de contratos. A pesar de las reformas laborales potencialmente transformadoras a nivel federal y el cambiante panorama electoral, las estructuras económicas y políticas que dan forma al conflicto de clases entre los productores y los trabajadores en San Quintín permanecen sorprendentemente inalteradas.

La razón principal de esto es la rentabilidad. Los productos de agroexportación, como las bayas, requieren una gran cantidad de mano de obra, y el trabajo es el costo de producción más significativo, especialmente durante la cosecha y cuando se paga por pieza producida (o a destajo). Para facilitar la estabilidad de la acumulación de capital, es necesario tener control sobre la mano de obra para reducir los costos laborales (^{Wells, 1996}). Los sindicatos de protección garantizan salarios bajos, derechos laborales limitados y altas ganancias, ya que el control de los productores sobre la mano de obra no se cuestiona. El nuevo modelo laboral de México prometía transformar la relación desigual entre el trabajo y el capital al crear un espacio más significativo para la organización de los trabajadores a través de un proceso de negociación colectiva auténtico. El fracaso del Estado mexicano en intervenir en nombre de las demandas legítimas de los jornaleros agrícolas para una mayor democracia en el lugar de trabajo exhibe el apoyo a la preservación de la acumulación de capital por parte de la clase económica dominante en la industria agroexportadora. En San Quintín, las estructuras de poder regionales obstaculizan la mayoría de las posibilidades de una reforma real.

Esto no significa que la lucha en el lugar de trabajo sea inexistente, como lo demuestra la huelga general en 2015. Un análisis de la resistencia de los jornaleros agrícolas resalta su excelente capacidad de movilización y oposición (^{Zlolniski, 2019}). Sin embargo, dada la organización en el lugar de trabajo y el aislamiento de los enclaves de agroexportación en áreas rurales, las demandas de los jornaleros agrícolas suelen estar contenidas y relegadas al punto de producción. El poder de los jornaleros agrícolas para exigir salarios más altos y el cumplimiento de la ley laboral mexicana se debilita debido al excedente de mano de obra resultante de la migración del sur al norte de México. Los sindicatos de protección de empleadores en los enclaves de agroexportación son posiblemente el mecanismo principal para prevenir la formación de sindicatos laborales independientes entre los jornaleros agrícolas. Su éxito en asegurar una “paz laboral” en el valle es evidente en el caso de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que buscó sin éxito organizar a los jornaleros agrícolas en San Quintín durante décadas (^{Zlolniski, 2010}). Después de la huelga de los jornaleros agrícolas en 2015, el sindicato SINDJA desafió el monopolio de control sobre los convenios colectivos de trabajo ejercido por los sindicatos de protección de empleadores. Sin embargo, no ha logrado establecer un convenio colectivo de trabajo.

Uno de los medios esenciales para que los movimientos de trabajadores urbanos industriales defiendan sus derechos es la solidaridad transfronteriza con sindicatos y organizaciones de la sociedad civil (^{De la O y Zlolniski, 2020}; ^{Domínguez y Quintero Ramírez, 2008}; ^{Rubio Campos, 2017}). Los pocos casos en los que las reformas laborales recientes han inclinado el poder hacia los trabajadores al eliminar a los sindicatos de protección se desarrollaron en el contexto de la solidaridad laboral transfronteriza utilizando los mecanismos de los capítulos laborales del T-MEC. De hecho, la investigación señala las posibilidades del sindicalismo de movimientos sociales transfronterizos y de base para fortalecer la capacidad de los trabajadores para organizarse y defender sus derechos supuestamente garantizados por la ley mexicana (^{Daria, 2019}; ^{Zlolniski, 2010}). Esto se demostró en la “Rebelión de los Trabajadores Agrícolas de la Costa del Pacífico” de 2015, que conectó a jornaleros agrícolas migrantes indígenas de Baja California, México, con Washington, Estados Unidos (^{Bacon, 2015}). Sin embargo, en lugar de una solidaridad más amplia, organizaciones de trabajadores agrícolas convencionales en los Estados Unidos, como la Unión de Campesinos,³ se han unido a empresas transnacionales productoras-exportadoras como Driscoll’s y Andrew & Williamson Fresh Produce para promover iniciativas privadas de regulación laboral como Fair Trade USA (FTUSA),⁴ y Equitable Food Initiative (EFI).⁵ Estos esquemas de certificación funcionan como otra estructura similar a un sindicato de empresa diseñada para reprimir el sindicalismo independiente y comercializar sus productos como “justos” y “equitativos”, un proceso descrito en otros lugares como fairwashing (lavado de imagen de equidad) y debilitamiento sindical (^{Daria, 2022}).

Elecciones amañadas: desafiando a los sindicatos de protección patronal en la industria agroexportadora de San Quintín

Rancho Nuevo Produce es un productor local en Vicente Guerrero, San Quintín. Fundado en 1997 por Sabino Becerra Rivera, originario de Michoacán, Rancho Nuevo Produce es un negocio familiar que opera como un productor afiliado para Andrew & Williamson Fresh Produce de San Diego, California, Estados Unidos. Inicialmente cultivando chiles y tomates, la empresa ahora dedica la mayor parte de sus 170 hectáreas a fresas y frambuesas, aunque mantiene una pequeña producción de tomates saladette y cherry. Rancho Nuevo produce bajo las etiquetas de Good Farms y Limited Edition certificadas por EFI y FTUSA. Durante la temporada de cosecha, Rancho Nuevo Produce emplea aproximadamente a 600 trabajadores (^{Rojas, 2017}). Sin que la mayoría de los trabajadores lo sepan, Rancho Nuevo Produce utiliza el SINTIOAC como su sindicato de protección.

Lucinda⁶ es una jornalera que migró de Oaxaca hace décadas y ha trabajado en Rancho Nuevo Produce la mayor parte del tiempo. Pidió que se dijera poco sobre ella, ya que teme represalias por parte de su empleador y ser incluida en las listas negras en toda la región debido a sus denuncias de abusos. Lucinda describe cómo en Rancho Nuevo “ningún sindicato nos defiende. Hay un sindicato que es la CTM, pero siempre hemos sabido que está del lado del jefe” (Lucinda, comunicación personal, 3 de mayo de 2022). Ella relata cómo, dada la presencia del sindicato represivo en el rancho y la falta de eficacia del programa EFI, los trabajadores deben arriesgar sus empleos para lograr la justicia al exigir un aumento de sueldo o salir del trabajo a una hora decente, por ejemplo:

Ellos [los representantes del sindicato de protección patronal] nunca vienen a trabajar. Nunca se presentan para defender nuestros derechos ni preguntar cómo nos tratan. Nunca están cerca. Tenemos que hablar con el jefe nosotros mismos, por lo tanto [dado los esfuerzos de los trabajadores por organizarse solos], a veces aumentan el salario por dos pesos, y a veces no. Como ahora mismo, siempre nos sacan de los campos a las cinco y media o seis, pero antes, siempre nos sacaban cuando oscurecía. Siempre nos decían: “Mientras haya luz, mientras haya sol, tienen que trabajar” (Lucinda, comunicación personal, 3 de mayo de 2022).

Aquí Lucinda resalta las violaciones salariales y de horas, incluido el sobretiempo forzado que el sindicato de protección patronal no cuestiona.

Ñuu Saví es un jornalero mixteco en Rancho Nuevo Produce que migró de Oaxaca hace aproximadamente 10 años. Por temor a represalias, también pidió ser representado con el seudónimo Ñuu Saví, que es el nombre del pueblo mixteco y significa literalmente “el pueblo de la lluvia”. Muchos de los trabajadores de campo de Rancho Nuevo son migrantes indígenas de estados del sur de México como Oaxaca, Guerrero y Chiapas que se han establecido permanente o semi-permanentemente en San Quintín, o son hijos de quienes se establecieron en el valle. Ñuu Saví rechaza la representación forzada del sindicato de protección de la empresa y argumenta que es cómplice de esta represión. “Porque el sindicato CTM es desconocido en el rancho. Los hemos visto, quiénes son, pero no sabemos su nombre”, argumentó (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022). Este trabajador agrícola describió el papel del sindicato SINTOIAC de la CTM de la siguiente manera:

Bueno, yo creo que la CTM, en lugar de ser un sindicato que protege los intereses de los jornaleros, es más bien un sindicato que protege al patrón y no a los trabajadores. Si fuera de los jornaleros, nosotros mismos pagaríamos a nuestros representantes sindicales. En este caso, en nuestro sobre, en nuestro comprobante de pago, no dice que estamos pagando al sindicato. Y puedo decir que el sindicato pertenece al patrón, no a los trabajadores, porque la nómina no muestra que les estemos pagando. Entonces, ¿quién paga al sindicato CTM? Es el patrón (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).

El descontento en Rancho Nuevo estalló en una revuelta abierta el viernes 8 de abril de 2022. Debido a las reformas a la ley laboral nacional, el sindicato impuesto por la empresa estaba obligado a legitimar el convenio colectivo con el SINTOIAC de la CTM en Rancho Nuevo Produce a través de una consulta con los trabajadores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estableció precedentes legales para regular el proceso de legitimación sindical (^{Protocolo de 2019}). Según estas regulaciones, un sindicato con un CCT anterior a la nueva reforma laboral debe notificar a la STPS que se someterá al proceso de legitimación. Este proceso se lleva a cabo a través de una aprobación mayoritaria del CCT actual mediante elecciones libres y con voto secreto. Si la mayoría de los trabajadores desaprueba, el contrato se rescinde, aunque los beneficios permanecen vigentes hasta que se renegocie. Si dos o más sindicatos disputan el CCT al solicitar el certificado después del rechazo, una elección establece el derecho de la mayoría para negociar un nuevo CCT. Si la legitimación nunca se lleva a cabo, el contrato se anula y el CCT se elimina del registro federal (^{Nolan García et al., 2021}).

Para garantizar la transparencia y la legalidad se debe observar el proceso de legitimación. En dicho proceso, el sindicato titular presenta documentos y obtiene los formularios necesarios, procedimientos y papeletas oficiales para la elección. El sindicato puede decidir si un notario público o una autoridad laboral, como un inspector federal del trabajo, verifica la elección. Aunque este proceso es gratuito, la asociación puede emplear a un notario público cuyos costos son cubiertos por el empleador. Una de las principales debilidades de la reforma laboral y el proceso de legitimación es permitir que los representantes sindicales (muchos de los cuales son sindicatos de protección patronal) elijan entre inspectores federales del trabajo y notarios públicos, individuos privados pagados por el empleador. La Red de Solidaridad de la Maquila cuestiona que la falta de supervisión gubernamental y la contratación de un notario público generan un conflicto de intereses y si es posible contar con una supervisión real con suficiente conocimiento legal (^{Nolan García et al., 2021}). Dada la lejanía de muchos enclaves agroexportadores, el Estado es casi inexistente y los representantes laborales locales y federales a menudo están sobrecargados y tienen escaso financiamiento si están presentes. Los jornaleros agrícolas rutinariamente acusan a los departamentos laborales locales y estatales de complicidad con los productores, sindicatos de empresa y corporaciones transnacionales, ya que la mayoría de las violaciones laborales quedan impunes.

El empleador es responsable de notificar a los empleados la fecha, hora y lugar de la legitimación al menos 10 días antes de las elecciones. Los empleadores también deben proporcionar una copia impresa del CCT actual al menos tres días antes. El sindicato titular es responsable de garantizar que el lugar de votación sea accesible para la mayoría de los trabajadores y esté libre de coerción. Si bien llevar a cabo la votación en el lugar de trabajo facilita la participación de los trabajadores, también puede ser una posible violación de la neutralidad (Nolan García et al., 2021). Según las regulaciones, todos los empleados bajo un CCT actual son elegibles para votar, excepto los “empleados de confianza” (por ejemplo, la gerencia) y aquellos contratados después de la fecha de notificación. Para asegurarse de que solo voten los trabajadores calificados, el sindicato actual debe crear una lista de empleados cubiertos por el contrato. Los trabajadores también deben presentar una identificación oficial para aparecer en la lista y emitir su voto durante el proceso de elección. Las regulaciones fomentan que esta lista sea firmada por los trabajadores al recibir los documentos necesarios, y esta, a su vez, se proporciona a las autoridades laborales correspondientes para documentar el estricto cumplimiento del proceso de legitimación.

Sin embargo, unos días antes de la legitimación, los trabajadores de Rancho Nuevo Produce se enteraron de una lista de votantes elegibles que circulaba en el lugar de trabajo. La mayoría de los trabajadores desconocían las legalidades que rodeaban el proceso de legitimación, ni sabían que existía un sindicato en el rancho. Tampoco el empleador ni el sindicato de protección patronal notificaron a los trabajadores sobre la votación. Los trabajadores comenzaron a movilizarse contra las posibilidades de un proceso de legitimación ilegítimo. En Rancho Nuevo, hay una base pequeña pero sólida de miembros del SINDJA, y se pusieron en contacto con los organizadores de este sindicato y explicaron que, por una razón que no entendían, el SINTOIAC convocó a una elección y ellos no estaban en la lista. El SINDJA organizó una reunión clandestina con sus miembros en Rancho Nuevo Produce, explicaron el proceso de legitimación en curso a nivel federal y distribuyeron folletos desarrollados por la STPS sobre las legalidades del proceso de legitimación. También tramaron un plan: en los días previos a la votación, este sindicato independiente y los miembros trabajadores llevaron a cabo una campaña informativa en torno a la votación. Al difundir la información en secreto en los campos y en plataformas de redes sociales como Facebook, los miembros del sindicato informaron a los trabajadores y al público en general sobre el proceso de legitimación y los derechos de los trabajadores al votar según su conciencia.

Solo ciertos trabajadores aparecieron en la lista el día de la legitimación. Aunque hay más de 500 trabajadores en el rancho, un grupo seleccionado de aproximadamente 200 trabajadores estaba en la lista, a pesar de que las regulaciones establecen que todos los trabajadores cubiertos por el CCT actual están autorizados a votar, excluyendo a los trabajadores temporales o recién contratados. Sin embargo, muchos de los trabajadores en la lista eran nuevos, habiendo estado en el trabajo solo durante unos meses. Algunos trabajadores con antigüedad, que habían trabajado durante dos, tres, cinco o incluso 20 años, quedaron fuera de la lista. La lista provocó indignación entre los trabajadores, ya que la vieron como un intento aparente de “acarrear” a los trabajadores con menos experiencia y que saben poco acerca de los problemas que históricamente han existido en el rancho.⁷ Los trabajadores percibieron que el sindicato SINTOIAC había elaborado una lista de trabajadores autorizados para votar para que el sindicato vigente pudiera ganar fácilmente el proceso de votación. Los trabajadores en Rancho Nuevo estaban indignados. Como relató el jornalero Ñuu Saví:

El 8 de abril hubo una injusticia en Rancho Nuevo porque hubo una votación para la aprobación del convenio colectivo. ¿Pero qué pasó? Un par de días antes de la votación colocaron listas con alrededor de 200 trabajadores para que se presentaran a votar en el rancho. Solo las personas enlistadas podían votar. No llamaron a todos. Las personas que fueron a votar fueron solo las que aparecían en la lista, eran personas que no saben leer, que no saben escribir, había muy pocas que sí sabían. Y al resto de nosotros no nos incluyeron. Digo que no se nos permitió porque, habiendo trabajado aquí durante cinco años, no me incluyeron (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).

Otros trabajadores describieron la misma experiencia. Lucinda, por ejemplo, relató lo siguiente:

Ahora nos harían votar, quién sabe para qué, o a favor de ellos. ¡Y ni siquiera nos explicaron nada! Solo nos dieron un convenio colectivo que ni siquiera puedes leer porque las letras son tan pequeñas y borrosas que no se pueden ver. Pero no le dieron una copia a todos, solo a algunas personas, a unas pocas personas, y al resto no (Lucinda, comunicación personal, 3 de mayo de 2022).

Muchos trabajadores se mostraron indiferentes ante la votación de legitimación; sus voces nunca fueron escuchadas en el rancho, así que ¿qué importaba si participaban? Las largas historias de injusticia significaban que los trabajadores generalmente estaban apáticos y desvinculados, ya que luchaban por sobrevivir. “¿Por qué debería ir? ¿Por qué debería votar? De todos modos, nada va a cambiar”, fue el sentimiento general que muchos trabajadores expresaron en entrevistas. El sindicato SINDJA y sus miembros instaron a los trabajadores a superar su apatía y exigir el derecho a votar según su conciencia.

Curiosamente, trabajadores de todos los niveles de la jerarquía laboral de la finca contactaron al sindicato: trabajadores de campo, inspectores, mayordomos y conductores de autobús. Por lo general, los intereses de los supervisores y los trabajadores de campo son distintos, ya que los mayordomos presionan a los trabajadores al límite y los trabajadores de campo resienten su trato a menudo abusivo. Sin embargo, esta vez los sentimientos en todo el rancho cambiaron de apatía e indiferencia a indignación, y las divisiones entre los trabajadores se superaron temporalmente al unirse en su rechazo al sindicato de protección patronal. Los mayordomos indicaron a sus compañeros de equipo que votaran en contra del falso sindicato SINTOIAC. Los conductores de autobús dijeron a los trabajadores que transportaban que hicieran lo mismo. Los trabajadores en Rancho Nuevo perdieron el miedo.

Durante la votación de legitimación, los organizadores del SINDJA se congregaron fuera de las instalaciones de Rancho Nuevo Produce con megáfonos instando a los trabajadores a votar “no”. En el interior, Lucinda describió cómo el sindicato patronal SINTOIAC presionó a los trabajadores para que votaran a favor de legitimar el convenio colectivo que nunca habían visto antes.

Cuando llegó el autobús, fuimos a votar sin ninguna explicación y sin saber. Mucha gente no sabía leer y no conocía el alfabeto. Una señora les dijo:

—No sé firmar [mi nombre].

—Digamos que aquí dice “no” y aquí dice “sí”, un cuadro dice “sí” y un cuadro dice “no”.

—No sé cómo voy a votar —dijo la señora.

—¿No? —entonces le dijeron— aquí, apunta aquí, vota aquí.

En otras palabras, ellos [los delegados del sindicato SINTOIAC] le dijeron que votara donde decía ‘sí’ porque no sabía leer. Así que se lo dijeron. Supuestamente es la decisión de la persona. Pero en otras palabras, ellos [el sindicato patronal] votaron por sí mismos porque le dijeron ‘aquí’ (Lucinda, comunicación personal, 3 de mayo de 2022).

Según los entrevistados, los trabajadores elegidos por el empleador para votar eran los más confiables o los más cercanos al patrón. Estaban en la lista para lograr un resultado positivo para el sindicato impuesto por la empresa. Los trabajadores se quejaron de que no se les proporcionó información sobre por qué debían votar; en su lugar, se les instruyó a votar a favor. Tampoco necesitaban presentar documentación oficial para votar. Algunos trabajadores denunciaron que era una elección amañada.

Los trabajadores que no aparecieron en la lista protestaron, y se manifestaron en los campos mientras que los organizadores del SINDJA se reunieron frente a la propiedad de la empresa para protestar contra el ilegítimo proceso de legitimación. Cuadrilla tras cuadrilla, a veces con el respaldo de sus mayordomos y a veces yendo en contra de ellos, exigieron su derecho a votar. Algunos mayordomos sacaron a sus trabajadores de los campos para que participaran en el proceso electoral y los conductores de autobuses llevaron a los trabajadores al lugar de la elección incluso si no figuraban en la lista oficial. Como resultado, cientos de trabajadores votaron en el proceso de legitimación desafiando al SINTOIAC y su lista de votantes fabricados. Abrumado, este sindicato tuvo que permitir que todos los trabajadores votaran. Según el jornalero Ñuu Saví:

Gracias al sindicato SINDJA, todos los trabajadores votamos, aunque no aparecíamos en la lista. Algunos compañeros de trabajo no votaron, y una cuadrilla completa en los campos de fresas no se presentó; no votaron. ¿Por qué no votaron? Porque no conocemos el contenido del convenio colectivo (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).

Aunque la lista fabricada de votantes era técnicamente ilegal, ya que no era representativa de la fuerza laboral total bajo contrato, tampoco era legal permitir que todos los trabajadores votaran si no eran elegibles según las regulaciones de legitimación. Para empeorar las cosas, la ley federal estipula que el proceso de legitimación debe ser presenciado por un representante laboral o al menos un notario público. Si un funcionario laboral o un notario público estaba presente, los trabajadores no lo sabían. Solo los trabajadores y el SINTOIAC estaban allí para presenciar si la elección se llevaba a cabo según la ley.

La votación terminó alrededor del mediodía. El rancho estaba lleno de emoción. Los miembros de SINDJA recibieron llamadas de trabajadores y mayordomos declarando que la mayoría de los trabajadores votaron “no” y, por lo tanto, consideraron ilegítimo el actual CCT. Los trabajadores votaron de manera contundente en contra de legitimar el contrato de protección patronal del SINTOIAC con Rancho Nuevo Produce. Sin embargo, hubo un problema significativo: ¡no hubo un conteo público de votos! El SINTOIAC cerró la casilla de votación y se llevó las papeletas, por lo que solo el SINTOIAC sabía cuántas personas votaron o quién ganó.⁸ Los trabajadores sienten que el resultado fue un claro “no”, pero no hay evidencia que respalde su afirmación debido a la falta de transparencia. A pesar de los esfuerzos para revocar el contrato de protección patronal del SINTOIAC, el jornalero Ñuu Saví describe cómo este sindicato realizó varias acciones ilegales en la legitimación.

Lo veo como algo ilegal porque el secretario de trabajo no estuvo presente durante la consulta. Tampoco hubo un notario público presente. Y aún peor, fue una falta de respeto que el sindicato CTM no contara los votos frente a quienes fueron a votar. Solo dijeron: “Voten sí o no”, “hagan esto; no les cuesta nada”. Y eso fue lo que hicieron. Y después de que terminó la votación, volvimos a nuestros equipos de trabajo (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).

Según Abelina Ramírez Ruiz, secretaria general del SINDJA, no se cumplieron los requisitos legales para el proceso de legitimación:

La ley exige que sea un voto libre, individual, directo y secreto, que se instalen casillas y urnas, y que esté presente la Secretaría del Trabajo. En el caso de Rancho Nuevo, (…) esto no ocurrió. La Secretaría del Trabajo estuvo ausente y se seleccionó a los trabajadores autorizados para votar (Abelina Ramírez Ruiz, comunicación personal, 5 de mayo de 2022).

El SINDJA denunció la legitimación como un fraude; acusaron que el SINTOIAC se robó las papeletas. Lorenzo Rodríguez Jiménez, Secretario de Organización del SINDJA, presentó el caso:

Nos preguntamos cuántas irregularidades ocurrieron porque los trabajadores que no estaban en la lista no pudieron votar. En otras palabras, si tienes un padrón por anticipado, debes ceñirte a él (...) La solución obvia era invalidar todo el proceso y convocar una nueva elección para que fuera verdaderamente transparente y existieran las condiciones necesarias. Así, los trabajadores votan para ver si el sindicato gana. Pero aquí hubo un sinfín de artimañas (Lorenzo Rodríguez Jiménez, comunicación personal, 9 de mayo de 2022).

Según las regulaciones, los trabajadores tienen cinco días para denunciar el proceso de legitimación. El CCT se considera legitimado si las autoridades laborales federales no realizan ninguna intervención o intermediación en un plazo de 20 días hábiles. La única opción era presentar una queja oficial ante el Centro de Conciliación y Arbitraje, la nueva junta laboral instituida por las reformas del presidente López Obrador. Sin embargo, para hacerlo, los trabajadores tenían que proporcionar sus datos al gobierno federal, lo que a su vez podría llamar la atención del empleador y posiblemente llevar a represalias. Según Rodríguez Jiménez,

Intentamos ayudarles a presentar una queja. Hubo mucha condena pública, pero al presentar una queja oficial en la página del Centro, pedían muchos datos. Solicitan tu nombre; exigen tu CURP; incluso piden tu número de empleado, si no me equivoco. Te piden información personal, lo que hace que los trabajadores eviten quejarse. Tenían miedo de que estas personas tuvieran toda su información [de los trabajadores] y que ellos [las autoridades laborales] estuvieran colaborando con la empresa o el sindicato, lo que les traería represalias (Lorenzo Rodríguez Jiménez, comunicación personal, 9 de mayo de 2022).

La euforia colectiva de la victoria cambió rápidamente a miedo una vez más. Dada la falta de anonimato y la creencia de los trabajadores de que el gobierno, los productores y los sindicatos corruptos colaboran para reprimir los derechos de los trabajadores, ¿por qué confiarían en el proceso? Lorenzo Rodríguez Jiménez lamentó: “No pudimos seguir adelante con la denuncia legal” (comunicación personal, 9 de mayo de 2022). Pasaron cinco días sin que ningún trabajador estuviera dispuesto a denunciar oficialmente el proceso. El miedo volvió a ganar.

Pasaron semanas sin un pronunciamiento oficial de los resultados de la elección. No se publicaron resultados, no se presentaron pruebas y ninguna acción fue tomada por el productor, el Equipo de Liderazgo de EFI, el comité de comercio justo del FTUSA ni el gobierno federal para validar la elección o declarar su ilegitimidad. Todo volvió a la normalidad en Rancho Nuevo con el SINTOIAC a cargo. En otras palabras, el SINTOIAC ganó la votación a través de su proceso de legitimación ilegal e ilegítimo. Ñuu Saví rió cínicamente y relató lo siguiente:

Lo que se escuchó fue desaprobación. La desaprobación fue más fuerte que la aprobación del sindicato. Debido a un alto nivel de desaprobación, en mi perspectiva, el convenio colectivo no fue aprobado en la consulta. Así que, en mi opinión, esto fue un fraude. Fue un fraude porque los votos no se contaron frente a los jornaleros. Como mencioné, la Secretaría del Trabajo no estaba presente, Conciliación no estaba presente y el notario público no estaba presente. Debido a esto, lo que hizo el CTM fue un fraude (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).

La corrupción reinaba en Rancho Nuevo Produce y el poder de los sindicatos de protección patronal sobre los jornaleros agrícolas en San Quintín permanecía intacto.

En lugar de solidaridad transfronteriza, solo hubo silencio. Los estándares de FTUSA y de EFI afirman proteger la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva. Sin embargo, ninguno de los programas evitó el fraude ni sirvió como mecanismo para remediar las violaciones legales de los derechos de los jornaleros agrícolas. El jornalero Ñuu Saví destacó las similitudes entre los programas de comercio justo como EFI y FTUSA y los sindicatos de protección patronal como la CTM.

[Los productores] tienen dos grupos: tienen el comité EFI [es decir, el Equipo de Liderazgo], y tienen el comité CTM. Ambos grupos supuestamente están ahí para proteger al trabajador y asegurarse de que se cumpla la ley. Ninguno de ellos lo hace (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).

Las organizaciones de jornaleros agrícolas con sede en Estados Unidos que respaldan estas certificaciones “éticas” no ofrecen la solidaridad necesaria para expulsar a la CTM.

Si ni los estándares laborales privados bajo esquemas de certificación “éticos” ni la STPS pudieron garantizar los derechos de los jornaleros agrícolas bajo la ley mexicana, Ñuu Saví sugiere que esta podría ser una alternativa para rectificar los problemas en el rancho:

La solución a todos los problemas, desde mi perspectiva, es la unión de todos los trabajadores agrícolas y decirle no a la CTM, exigir a la empresa Rancho Nuevo, o a cualquier otra empresa aquí en el Valle de San Quintín, la libertad para elegir el sindicato que los propios trabajadores escojan. Esta sería una solución. Y con lo que vimos ese día, es lo que mis compañeros de trabajo demandan: que nosotros, los trabajadores, elijamos el sindicato al que queremos pertenecer (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).

Ñuu Saví sabe que para que esto suceda, tiene que haber una lucha, pero el objetivo de un sindicato es beneficiar tanto al empleador como al trabajador para crear un lugar de trabajo justo donde todos puedan beneficiarse. Él describió su versión de “paz laboral” como una paz justa.

Si se estableciera un convenio colectivo de trabajo con SINDJA, tendría que ser a favor tanto de la empresa como de los trabajadores; sería para ambos. No perjudicaría a la empresa, pero tampoco dañaría a los trabajadores. Sería incluso trabajar en armonía para que se respete sobre todo la Ley Federal del Trabajo, porque nos corresponde como trabajadores. ¿Por qué nos corresponde? Porque sin nosotros los trabajadores agrícolas no tendrían comida en la mesa. Sin la labor agrícola, sin los trabajadores de campo, las grandes ciudades se quedarían sin alimentos. Eso es lo que yo creo (Ñuu Saví, comunicación personal, 2 de mayo de 2022).