INTRODUCCIÓN

La violencia de género azota a las mujeres de manera particular en la frontera entre Brasil y Paraguay. Según el Anuario del Foro de Seguridad Pública 2019, Mato Grosso do Sul fue el segundo estado brasileño con mayor número porcentual de feminicidios en 2018, con una tasa de 2.6 por cada 100 000 mujeres (^{Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019}).

Para ^{Bandeira (2014)}, la violencia de género revela la existencia de un control social sobre el cuerpo, la sexualidad y la mente de las mujeres, evidenciando simultáneamente la inserción diferenciada de hombres y mujeres en la estructura familiar y social, contribuyendo al mantenimiento de las estructuras de poder y dominación sustentadas por el patriarcado. La violencia de género se asocia a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como a otras reivindicaciones feministas que pretenden promover cambios en la estructura familiar patriarcal y colonialista.

La perspectiva feminista decolonial que guía esta investigación llama la atención sobre el hecho de que las mujeres están marginadas dentro de una sociedad colonial y patriarcal, es decir, sufren una doble colonización: primero, por la sumisión al poder de la dominación colonial; y segundo, por la dominación masculina impuesta por el patriarcado. En este contexto, ^{Jardim y Cavas (2018)} establecen que el enfrentamiento de la violencia implica, en primer lugar, la deconstrucción de los patrones culturales y las normas socialmente difundidas que banalizan, confirman y naturalizan la dominación masculina sobre las mujeres, imponiéndola mediante el uso de la violencia.

Al escudriñar el contexto en el que se insertan estas víctimas, se puede inferir que la vulnerabilidad socioeconómica de una región marcada por el narcotráfico, la facilidad con la que se pueden cruzar las fronteras entre países para escapar y la adquisición no burocrática de armas de fuego en Paraguay perpetúan diversas formas de violencia contra las mujeres en esta región fronteriza internacional (^{Corrêa y De Souza Preussler, 2018}).

Las autoras ^{López Contreras et al. (2021)}, al abordar las experiencias de violencia que sufren las mujeres en la frontera entre México y Estados Unidos, argumentan que cuando las personas están expuestas a sistemas sociales contradictorios, marcados por el desplazamiento social, político, económico o sexual, manifiestan una dinámica propia de la frontera, así como una forma particular y resistente de comportarse, que, en cierto modo, contribuye a la transformación de sus procesos de subjetivación.

A ello se suma la disonancia de las políticas públicas transfronterizas y la existencia de medidas legislativas diferentes en ambos países. En Brasil, como medidas para combatir la violencia contra las mujeres, están: la ^{Ley 11.340 de 2006} (Ley Maria da Penha [LMP]); la ^{Ley 13.104 de 2015} (Ley de Feminicidio), que insertó el feminicidio como calificativo de homicidio, y la actual ^{Ley 14.188 de 2021} que creó el tipo penal de violencia psicológica (Art. 147-B del Código Penal ) contra la mujer e implicó el tratamiento más severo al delito de lesiones cometidas por razón de la condición del sexo femenino; mientras que en Paraguay, el feminicidio fue tipificado como delito con la ^{Ley 5.777 de 2016}.

El objetivo de este artículo es analizar la violencia contra las mujeres en la frontera entre Brasil (estado de Mato Grosso do Sul) y Paraguay (Departamento de Amambay), a través de informes periodísticos publicados en línea y de las legislaciones de ambos países. Para ello, a partir de lecturas del feminismo decolonial, se lograron identificar y describir las maneras en que estos vehículos informativos dan visibilidad a la violencia de género en dicha frontera.

En este sentido, es posible afirmar que los medios de comunicación no informan de todos los casos de violencia de género que ocurren en la frontera Brasil-Paraguay. La omisión mediática, especialmente en los dominios paraguayos, corrobora la invisibilidad en el imaginario social de las desigualdades y dificultades que enfrentan las mujeres. Además, la legislación paraguaya es más laxa considerando la tipificación como delito de la violencia contra la mujer.

MÉTODO

Se trata de una investigación cualitativa de análisis documental de las noticias publicadas digitalmente en los periódicos más conocidos en cuatro ciudades gemelas del estado de Mato Grosso do Sul, dos dominios de Paraguay y un sitio web específico de casos que involucran la región fronteriza.

Para el tratamiento de los datos se adoptó la técnica del análisis de contenido. ^{Bardin (2004)} aclara las etapas de esta técnica de la siguiente manera: 1) preanálisis: en esta etapa el investigador selecciona los documentos a analizar, formula hipótesis y objetivos a dilucidar, orientando la interpretación; 2) descripción analítica: el material es sometido a un estudio en profundidad guiado por las hipótesis y el marco teórico. Procedimientos como la codificación, la categorización y la clasificación son básicos en esta fase; 3) interpretación referencial: la reflexión, la intuición basada en materiales empíricos para establecer relaciones y conexión entre las ideas. En esta etapa, el investigador profundiza en su análisis y llega a resultados más concretos de la investigación.

En la fase de preanálisis, se seleccionaron todas las ciudades gemelas del estado de Mato Grosso do Sul que hacen frontera con Paraguay, según los parámetros definidos en el Artículo 1 como ciudades hermanadas: “los Municipios atravesados por la línea fronteriza, ya sea seca o fluvial, articulada o no por obras de infraestructura”⁴ (^{Ordenanza 2.507 de 2021, s. p.}).

Para dilucidar la elección de los dominios, se presentan las ciudades gemelas de Brasil, en el estado de Mato Grosso do Sul, y las de Paraguay, ubicadas en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraguay, como se muestra en el cuadro 2.

De este listado se excluyeron las ciudades de Coronel Sapucaia y Paranhos por no tener periódicos en línea. Durante la recolección, se utilizaron los descriptores “mujer; violencia” en los dominios brasileños y paraguayos, combinados o no, según la particularidad del formato de búsqueda de cada sitio.

Solo se seleccionaron los casos específicos de violencia contra la mujer ocurridos en la zona transfronteriza internacional y en las ciudades hermanadas entre Brasil y Paraguay, así como los de gran repercusión, aunque ocurrieran en diferentes localidades. No se utilizaron para el análisis los artículos de carácter meramente informativo sobre la violencia contra las mujeres, los casos repetidos, las campañas, las audiencias públicas, la información gubernamental, las conferencias y otros casos policiales relacionados con el tema. Se realizó un estudio de los casos ocurridos en un periodo de 10 años, desde 2009 hasta 2019.

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión mencionados, se seleccionaron y analizaron 52 casos para constituir la muestra no probabilística.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La violencia contra las mujeres es un problema social que ha ganado visibilidad en la sociedad que afecta de manera particular a las mujeres de la región fronteriza de Brasil y Paraguay, debido a su contexto híbrido. Brasil es el quinto país del mundo en asesinatos a mujeres. En el estado de Mato Grosso do Sul, “los feminicidios consumados tuvieron un aumento del 33.33 por ciento de 2019 a 2020” (^{Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul, 2021, p. 9}). Así, estos datos permiten cuestionar por qué la violencia es tan latente en este estado y si esto está relacionado con el contexto transfronterizo enraizado en el patriarcado y en el machismo cultural.

Los periódicos en línea se eligieron en función de su alcance y visibilidad. A pesar de la selección de las ciudades gemelas mencionadas, se pudo detectar que estos periódicos no solo informan sobre los delitos ocurridos en estas localidades, sino que reproducen noticias de otras ciudades del estado de Mato Grosso do Sul y/o de otras localidades de Paraguay que tuvieron una visibilidad representativa. De los 52 casos analizados en total, 40.4 por ciento (n=21) se produjo en las ciudades gemelas; de éstos, 15 casos ocurrieron en ciudades brasileñas y seis en distritos paraguayos. Los demás se produjeron en ciudades de la franja fronteriza.

De esta manera, la discusión en este artículo se centra en los casos ocurridos en las ciudades gemelas, ya que representan un terreno de encuentro entre diferentes culturas, razas, etnias, clases sociales, como señala ^{Anzaldúa (1987, s. p.)}, “donde dos o más culturas se imbrican, donde personas de diferentes razas ocupan el mismo territorio, donde las clases más pobres, las medias y las ricas se tocan, donde el espacio entre dos individuos se reduce con la intimidad”. En este sentido, en las fronteras las mujeres latinoamericanas experimentan la colonialidad, aunque en diferentes niveles (^{Lugones, 2014}).

En el lapso analizado, los resultados muestran que el año 2019 presentó el mayor número de casos específicos de violencia contra la mujer, dando un total de 55.7 por ciento (n=29) de la muestra, seguido del año 2017 con 17.3 por ciento (n=9). En relación con estos datos, es importante destacar que los medios digitales informan que el año 2019 computó un importante aumento de delitos de esta naturaleza y que este aumento, lamentablemente, se sucedió en el año 2020. De acuerdo con la información contenida en el sitio web “No te calles” del gobierno estatal, el Poder Judicial (PJ/MS) registró en 2019 “30 muertes de mujeres en contexto de feminicidio, y en el año 2020, este número se elevó a 40 muertes” (^{Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul, 2021, p. 6}; ^{Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, 2020}).

En cuanto a la nacionalidad de los agresores, debido a la falta de datos personales de los sujetos implicados en el crimen, fue difícil clasificar esta representación. Sin embargo, se pudo constatar que los agresores de nacionalidad paraguaya residen en las ciudades de Pedro Juan Caballero (PY), Capitán Bado (PY) y en la ciudad gemela brasileña Ponta Porã (BR). El hecho de que esta última ciudad forme una frontera seca con Pedro Juan puede indicar la facilidad con la que estos individuos pueden cruzar la línea internacional sin necesidad de documentos que acrediten su residencia.

Para diferenciar entre los delitos ocurridos en Paraguay y los ocurridos en Brasil, se realizó un desglose de la muestra de casos ocurridos exclusivamente en Paraguay (n=7), seis en ciudades gemelas y un caso en la capital que involucra a un brasileño traficante de drogas. De los casos informados por los periódicos ocurridos en territorio brasileño (n=45), 15 ocurrieron en ciudades gemelas y 30 en municipios que se encuentran en la franja fronteriza, distantes hasta por 150 km en línea recta de los hitos geodésicos que establecen la moneda entre países.

El aspecto divergente de las muestras está relacionado con el instrumento utilizado para llevar a cabo el delito. Mientras que en Paraguay el arma de fuego es la más utilizada (50 %), en las ciudades gemelas brasileñas la fuerza física es la más frecuente, en 40 por ciento de los casos, seguida por el uso del cuchillo, en 27 por ciento de los casos.

Uno de los crímenes que tuvo lugar en una ciudad paraguaya llama la atención por su modus operandi: la víctima estaba sentada frente a su casa con su actual pareja y recibió 10 disparos de arma de fuego calibre 9 mm. Las investigaciones sospecharon del exesposo de la víctima, quien presuntamente contrató a sicarios en Capitán Bado para asesinar a su excompañera; las investigaciones no fueron concluyentes. Otro hallazgo importante es que 71.4 por ciento de los agresores (n=5) tenían como objetivo matar a las víctimas.

Aspectos comunes en ambos lados de la frontera refieren la existencia de un vínculo directo entre el agresor y la víctima (esposo, exesposo, novio, exnovio, padre, hermano, pareja, expareja), así como razones fútiles como causa frecuente de los delitos (por celos o discusiones al no aceptar el fin de la relación). En la ciudad gemela de Ponta Porã (BR), que comparte frontera seca con Pedro Juan Caballero (PY), destaca un caso ocurrido en la ciudad brasileña donde no se localizó al autor del crimen, pero el modus operandi fue similar al crimen cometido en Capitán Bado (PY). Según el informe, un hombre armado con un arma de fuego calibre 9 mm tocó el timbre de la casa, le disparó a la víctima y huyó del lugar. La facilidad para cruzar la frontera por las ciudades gemelas pudo haber contribuido a que el autor intelectual del crimen en Paraguay contratara a un sicario.

Y finalmente, en ambos lados de la frontera, el delito de feminicidio consumado fue el más evidente, demostrando así que los agresores llegan hasta las últimas consecuencias al asesinar a las víctimas utilizando diferentes instrumentos. Es así como las mujeres que habitan este territorio fronterizo están expuestas a delitos de esta naturaleza; la adquisición no burocrática de armas de fuego en Paraguay facilita la contratación de terceros⁵ para cometer los delitos por intermediación de sus protagonistas. En los casos reportados en los municipios fronterizos de las ciudades gemelas, la presencia de sicarios sin identificar en los delitos es una característica específica.

Al hablar de la nacionalidad y la responsabilidad penal en la frontera, uno de los casos que fue recogido en tres de los periódicos online que componen esta muestra tuvo una importante repercusión nacional e internacional. Se trata de un feminicidio que denota el desprecio del agresor por la víctima: fue asesinada fríamente por su novio en una celda de la cárcel de Asunción (PY).

El autor del crimen tenía una condena de 26 años por crímenes en Río de Janeiro. Era uno de los líderes del Comando Vermelho 6 y en Paraguay fue responsable de los delitos de tráfico de drogas y uso de documentos falsos, los cuales tienen penas bajas en el país. Unos meses antes de ser extraditado a Brasil, el narcotraficante apuñaló 16 veces a su novia de 18 años, de nacionalidad paraguaya, durante un encuentro íntimo en su celda, que culminó con su vida por hemorragia interna.

El sábado 16 de noviembre, presuntamente asesinó a Lidia Meza, de 18 años, en un intento de evitar su regreso al país. El crimen tuvo lugar durante un encuentro íntimo. Según la información de la policía paraguaya, el narcotraficante golpeó a la joven en la cabeza y luego la apuñaló 16 veces. Fue llevada al hospital, pero no resistió (Informe 1) (^{Ponta Porã Informa, 2018, s. p.}).

Desde el interior de la cárcel en Paraguay, el narcotraficante comandaba el tráfico de drogas y armas hacia una favela⁷ de Río de Janeiro, por lo que el asesinato de su novia vislumbraba una estrategia que le garantizaría la permanencia en un país donde la legislación más benigna favorecería el cumplimiento más rápido de su condena. Según ^{Wagner (2003)}, Paraguay se caracteriza por ser un país donde la impunidad es rampante, y al tener un Código Penal menos riguroso, se convierte en un escenario más ventajoso para los delincuentes. Cabe recordar que, en relación con el feminicidio, Paraguay fue el 18 o país de América Latina en reconocerlo como delito.

La ^{Ley 5.777 de 2016}, que entró en vigor el 17 de diciembre de 2017, contempla en su artículo 50 que la pena privativa de libertad es de 10 a 30 años. Mientras tanto, el Código Penal brasileño (^{Decreto-Ley 2.848 de 1940, Art. 121, párr. 2}) califica al feminicidio como un delito de homicidio cuya pena es de 12 a 30 años de prisión, siendo considerado un crimen atroz, con todas las restricciones previstas por la ^{Ley 8.072 de 1990}: la imposibilidad del derecho de indulto o pago de fianza, y éstas deben ser cumplidas inicialmente en un régimen cerrado.

Así mismo, el delito de tráfico de drogas se considera un crimen atroz en la legislación brasileña. Por tanto, el Artículo 33 de la ^{Ley 11.343 de 2006} prevé una pena simple de cinco a 15 años de prisión y el pago de una multa, combinada con el artículo 35, que prevé una pena de tres a 10 años y una multa para el tráfico reiterado. En Paraguay, el Artículo 37 de la ^{Ley 1.340/88} prevé una pena de 10 a 20 años para el delito de tráfico de drogas, y el Artículo 42 establece que quienes formen una asociación para practicar el tráfico serán castigados con una pena de cinco a 15 años.

Sin embargo, el artículo 43 de la misma ley prevé una pena atenuada para el tráfico, con una reducción a una quinta parte de la pena si el acusado ofrece información que permita la incautación de una cantidad considerable de droga o el descubrimiento de organizaciones de terceros (^{Ley 1.340/88}).

Así, es evidente que el autor del crimen, con la intención de prolongar su estancia en el centro penitenciario paraguayo, asesinó premeditadamente a su novia para permanecer en prisión y aprovechar las facilidades y los privilegios mientras cumplía su condena en dicho país. Así mismo, la pena mínima establecida para el delito de feminicidio en Paraguay es de dos años menos que la prevista en la legislación brasileña.

En la misma dirección, López Contreras et al., en su estudio sobre las experiencias de violencia vividas por mujeres en las fronteras entre México y Estados Unidos, apuntan que “la violencia contra las mujeres en estos espacios puede ser definida, entonces, como la articulación de las dinámicas económicas globales, prácticas políticas estatales y los discursos/imaginarios de género allí territorializados” (2021, p. 348).

En cuanto al grado de vinculación de los agresores con las víctimas, se constató que 94.5 por ciento de los autores de los delitos tenían algún grado de proximidad con las víctimas, no siendo posible computar solo los tres casos no especificados. La investigación corrobora la muestra al afirmar que las mujeres tienen más probabilidades de ser agredidas por personas cercanas que por desconocidos, y el número total de mujeres agredidas por sus parejas (al menos una vez en su vida) puede llegar a 50 por ciento (^{Ilha et al., 2010}). El Informe de Feminicidios de 2021 aduce que de los 61 casos que se obtuvo información, aproximadamente 82 por ciento de los crímenes fueron cometidos por (ex) parejas o (ex) novios. De igual manera, en 2020 señaló que en 32 de los 40 feminicidios analizados, 80 por ciento de los perpetradores “son hombres con los que las mujeres convivían” (^{Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul, 2021, p. 16}).

Según estudios realizados en diferentes contextos, claramente el hogar es el lugar donde con mayor frecuencia ocurre la violencia, es el sitio más elegido debido a la sensación de privacidad y a la ausencia de interferencias de terceros, sin olvidar el miedo y la vergüenza que siente la mujer maltratada que no revela la violencia sufrida (^{Galindo y Souza, 2013}).

En este mismo sentido, según ^{Segato (2003)}, las relaciones interpersonales de convivencia en los espacios privados y familiares son los lugares propicios para la instalación y potencialización de la violencia de género. La célula elemental de los actos violentos son las relaciones de género, y la omnipresente violencia moral, considerada normal, es la estructura que mantiene el sistema de poder jerárquico y patriarcal moderno-colonial.

Todos los casos reflejan un punto común: el sentimiento de posesión del hombre respecto de la mujer, el cual la imposibilita para decidir terminar la relación, expresar que está en desacuerdo o rechazar lo que se le impone. Del mismo modo, las lesiones físicas suelen provenir de discusiones en las que el sujeto es incapaz de desarrollar un diálogo resolutivo y recurre a la agresión física como mecanismo de imposición de la autoridad.

Tras la ruptura de la relación, la joven fue secuestrada y mantenida en cautiverio privado. En la propiedad, pasó momentos de terror siendo torturada, golpeada y violada. La violencia fue tal que, según los investigadores, la joven llegó a abortar al bebé que estaba generando (Informe 2) (^{Veiga, 2018, s. p.}).

El pensamiento de frontera es la represalia epistémica evocada por los márgenes subalternizados en oposición al margen colonial. La lucha de las mujeres latinoamericanas por la condición de sujetos epistémicos se da en la tensión entre la producción epistémica del feminismo hegemónico europeo y del estadounidense, es decir, el feminismo latinoamericano se produce en fronteras epistémicas en el espacio de la diferencia colonial. En la necesidad de romper con la dominación colonial, la interculturalidad surge como una herramienta para reivindicar el derecho a la diferencia. Por ello, es fundamental develar la interseccionalidad para que no se produzca una homogeneización de la condición social e histórica de las mujeres que conduzca a una falsa idea de despatriarcalización. El patriarcado afecta a todas las mujeres de diferente manera, por lo que la despatriarcalización no ocurre de la misma manera. La experiencia de patriarcalización y despatriarcalización está ligada a opresiones que son interseccionales, generando asimetrías y ambivalencias entre las mujeres (^{Dos Santos y Da Silva, 2018}).

El feminismo decolonial latinoamericano busca, en sus prácticas, romper con el patriarcado colonial a través de “las luchas contra el heteropatriarcado, el racismo, la misoginia (…) y la violencia cotidiana dirigida a las mujeres racializadas” (^{Espinosa et al., 2013, p. 407}). En esta perspectiva, es notoria la importancia de considerar el locus de enunciación de las mujeres, quienes no solo tienen las marcas de la opresión impuesta por el patriarcado colonial/moderno, sino también las marcas de la resistencia que caminan hacia la descolonización de sus cuerpos.

En la muestra, el delito de mayor ocurrencia fue el feminicidio, con 25 por ciento (n=13), mientras que la modalidad de tentativa constituyó el 10 por ciento (n=5). En este mismo seguimiento, el Informe Estadístico de Feminicidio (^{Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul, 2021}) señaló que en 2020 el sistema registró 27 casos de feminicidio consumado y 34 de tentativa de feminicidio. Entre las acciones penales que ingresaron al Sistema de Automatización de la Justicia (SAJ) en 2019, 69 por ciento se refirió a delitos en grado de tentativa y en 2020 el porcentaje fue de 56 por ciento. Es decir, si por un lado hubo una disminución en la distribución de las acciones penales de feminicidio en el Poder Judicial del Estado, por otro lado, hubo un aumento en los casos de feminicidio consumado cuando se analizó el resultado proporcionalmente (^{Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul, 2021}).

A pesar de la disonancia entre los tipos de feminicidio más frecuentes, ambas colecciones convergen en que la mayoría de los agresores buscaron la muerte de sus parejas, y los que no las mataron no fue por circunstancias ajenas a su voluntad, lo que constituye una tentativa. De los registros de acciones criminales de feminicidio que ingresaron al sistema del Poder Judicial de Mato Grosso do Sul, de los “61 casos analizados, en 19 las víctimas habían solicitado previamente medidas de protección, lo que representa el 32 % de los casos” (^{Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul, 2021, p. 15}). En determinadas circunstancias, las medidas de protección han sido revocadas por la autoridad judicial, demostrando una vez más la ineficacia de la aplicabilidad legislativa, lo que explica por qué muchas víctimas no dan aviso a las autoridades sobre la violencia que han sufrido.

Sin embargo, las disposiciones legales brasileñas, incluso en mayor número que las implementadas en Paraguay, no impiden que ocurran casos de violencia contra las mujeres. Las leyes que combaten la violencia contra las mujeres y las que protegen a las víctimas se configuran como un logro de la lucha y la resistencia de ellas mismas, pero no impiden que se sigan presentando casos de esta naturaleza.

Cabe destacar que la mayoría de los casos de feminicidio son perpetrados por las (ex) parejas de las víctimas, precisamente porque no aceptan el fin de la relación, mediante el uso de la fuerza física. “Nilce Elias da Rocha Bento, de 56 años, fue asesinada a golpes de cuchillo (...) el crimen fue cometido por Aderval Bento, exmarido de la víctima, que no aceptó el fin de la relación” (Informe 3) (^{Veiga, 2019, s. p}).

En estos informes se constata la presencia de actitudes patriarcales que ejercen y reviven el control sobre las mujeres. Se exacerban los sentimientos de posesión, moralismo y agresividad por celos que suelen culminar en el asesinato de la mujer (^{Carvalho et al., 2010}). Es plausible comparar los resultados de estos estudios con los discursos masculinos que ejercen el poder sobre sus parejas al centralizar decisiones como la elección de la ropa, las amistades y sobre su derecho al trabajo (^{Lamoglia y Minayo, 2009}).

Se buscó identificar la región del cuerpo donde las mujeres fueron agredidas. De los 52 informes analizados, en 29 se detalla dicho aspecto. De esta forma, fue posible verificar que la violencia física ejercida sobre las mujeres afectó principalmente a siete áreas del cuerpo: cabeza, cuello, tórax, regiones sexuales, brazos, piernas y espalda. Entre éstas, la región de la cabeza es la más afectada (45 %, n=13); también se enfatiza en el rostro, lo que sugiere el deseo de dañar la expresión facial y humillar la imagen femenina. Por su parte, la región sexual (21 %, n=6) es lesionada en los delitos que involucran relaciones sexuales forzadas, lo que nuevamente denota la cosificación y sexualización del cuerpo femenino, sumamente ligado al pensamiento sexista colonial y a la cultura de la violación.

Al respecto, ^{Monárrez (2013)}, al abordar el tema de la violencia sexual por feminicidio en Ciudad Juárez de 1993 a 2004, plantea una categoría conceptual, propia de la realidad de este fenómeno en territorio fronterizo, que la autora denomina feminicidio sexual sistémico. Explica que la estigmatización de este fenómeno en los cuerpos de las víctimas está anclada en aspectos que involucran a diversos actores sociales (la víctima, su familia, el gobierno, el proceso de industrialización) presentes en el contexto fronterizo.

La región del cuello de las víctimas (24%, n=7) suele verse afectada tras peleas de pareja, en las que el agresor asfixia a la mujer utilizando la fuerza física como forma de silenciarla, lo que también fue evidenciado por ^{Fong et al. (2016)}, en una investigación internacional sobre feminicidio. En el estudio de ^{Yamall Orellana et al. (2019)} se señala que las lesiones en la región del cuello fueron tres veces más frecuentes en los casos de feminicidio que entre otras víctimas de muerte violenta.

Entre los posibles motivos que llevaron al delito, las principales fueron las discusiones por motivos como los celos (38.1 %, n=21), seguido de los casos motivados por el hecho de que el agresor no aceptaba el fin de la relación (36.3 %, n=20). A continuación, los delitos más frecuentes fueron por motivos sexuales, cometidos sobre todo contra niños y adolescentes (9 %, n=5).

El sentimiento de posesión y el desprecio por la condición de la mujer son los supuestos motivadores de los crímenes feminicidas. Según el Informe Estadístico, en 37.7 % de los casos, el agresor no aceptó el fin de la relación y “el 26.2 % fueron celos” (^{Tribunal de Justicia de Mato Grosso do Sul, 2021, p. 14}). El ciclo de la violencia es uno de los factores que motiva a las mujeres a romper la relación con su pareja. Sin embargo, como se ha señalado, cuando no se acepta la separación, la mayoría de los agresores recurren a la violencia para intentar asustar a la víctima y hacerla desistir del intento. En estas situaciones, las mujeres se sienten desprotegidas, humilladas y desvalorizadas (^{Coelho Ramalho Vasconcelos Morais et al., 2010}).

En el estudio realizado por ^{Yamall Orellana et al. (2019)}, aproximadamente 38 por ciento de las muertes por asalto correspondieron a feminicidios, siendo el resto de las muertes el resultado de la vinculación de estas mujeres con el tráfico ilícito de drogas o con la actuación pasiva o activa de las víctimas en actividades delictivas, características de la región fronteriza de Brasil con Venezuela y Colombia. En relación a este punto, se destaca que, si bien la frontera con Paraguay es también una ruta de narcotráfico, la descripción de los delitos que involucran violencia contra la mujer no indica el mismo contexto que el señalado en el estudio realizado por ^{Yamall Orellana et al. (2019)}, ya que, en la muestra recolectada, considerando la forma en que se cometió el delito, se registraron pocos casos de feminicidio por ejecución. Mientras que en Manaos, se informa mucho sobre cómo la violencia urbana ligada al tráfico de personas provoca numerosos casos de muerte a las mujeres.

En los casos de ejecuciones en la frontera Brasil (BR)-Paraguay (PY), la hipótesis que se puede plantear es que, debido a la rivalidad entre narcotraficantes de diferentes facciones criminales, se ejecuta a las esposas de los miembros de la facción contraria como forma de venganza o demostración de poder. O bien, el feminicidio es ordenado por la expareja de la víctima porque no acepta el fin de la relación, optando por esta configuración dado el alto índice de impunidad en esta región, el fácil acceso a la portación de armas y la contratación habitual de sicarios.

^{López Contreras et al. (2021)} revelan que las mujeres contrabandistas de drogas en la frontera mexicano-estadounidense entre Ciudad Juárez y El Paso, al estar situadas en los altos puestos de la jerarquía de las organizaciones criminales, adquieren poder económico y relativa independencia de la dominación masculina.

Paralelamente, estos procesos se configurarían a partir de la interseccionalidad de la condición de género con la pertenencia étnica (o “racial”) y la edad. Así, las perspectivas analíticas para entender la experiencia transfronteriza de las mujeres narcotraficantes deben trascender las lógicas categoriales dicotómicas (femenino/masculino, público/privado, social/ doméstico) integrando miradas articulacionistas sobre la cultura, política y economía (^{López Contreras et al., 2021, p. 346}).

En un corte de la muestra, merece destacarse un feminicidio ocurrido en 2019 en la ciudad de Capitán Bado (PY). El asesinato de la víctima, cuyo principal sospechoso es su exmarido, se produjo con características equivalentes a las de una ejecución.

La fallecida estaba sentada en compañía de su actual pareja bajo un árbol frente a su casa, (...) en la ciudad de Capitán Bado, cuando llegaron dos individuos en una moto y sin mediar palabra le dispararon a la mujer un total de 10 tiros, principalmente en el pecho, brazos y piernas (Informe 4) (^{Oasis FM 94.3, 2019, s. p.}).

En Paraguay, la presencia de organizaciones criminales, el narcotráfico característico de la región fronteriza, la rápida vía de escape, la legislación más benévola para los delitos de violencia contra las mujeres y el reconocimiento tardío de la tipificación del feminicidio en 2016, marcan a la población en situación de vulnerabilidad económica y en especial a las mujeres.

El fácil acceso a las armas y la vía de escape marcan de manera particular los feminicidios en las ciudades gemelas, y sientan las bases para la impunidad de los autores de las ejecuciones en esta línea internacional. Tal como sucedió en Ponta Porã (MS) y Capitán Bado (PY), donde los pistoleros se dirigieron al domicilio de las víctimas, les dispararon varias veces, con un modus operandi propio de una ejecución, y luego huyeron.

Dada la complejidad del fenómeno de la violencia contra las mujeres, las acciones de confrontación deben ser pensadas y articuladas con el Poder Judicial y las redes fortalecidas, lo que no sucedió con la LMP. Sin embargo, fue a través de éste que la indispensabilidad del trabajo articulado e intersectorial se convirtió en una agenda legal (^{Vieira, 2020}).

La perspectiva de la diferencia defendida por el feminismo decolonial pretende resaltar la importancia de la visibilidad de las mujeres que residen en contextos de frontera, por ser una región donde permean diferentes aspectos transversales que culminan en su vulnerabilidad. La diferencia de género debe ser vista en su pluralidad; la desigualdad y la opresión que viven estas mujeres no puede basarse en un discurso universal sino analizarse desde una perspectiva que reivindique las intersecciones de género, cultura, contexto social, histórico y geográfico, entre otras, que atraviesan la vida de estas mujeres. Es en esta concepción que las subjetividades deben ser percibidas para que ocurran cambios significativos en este escenario de opresión e invisibilidad.

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio realizado sobre la violencia contra las mujeres en la frontera entre Brasil y Paraguay señala varias posibilidades de análisis. De acuerdo con López Contreras et al., “en las zonas de frontera, los mandatos patriarcales se materializan a través de distorsiones, exclusiones y violencias perpetradas contra las mujeres” (2021, p. 348).

A partir de los resultados obtenidos, se pudo comprobar que la forma en que se produjo la colonización en Brasil y Paraguay dejó heridas coloniales y patriarcales que culminaron en lógicas masculinas, patriarcales, sexistas, clasistas y racistas. Dichas lógicas deben ser entendidas desde la perspectiva de que el género no es una categoría universal, estable y descontextualizada. Los medios de comunicación no divulgan todos los casos de violencia de género cometidos contra mujeres; en la mayoría de las noticias no se describen aspectos como la etnia, el rango de edad y los lugares donde se producen los delitos, lo que podría enunciar la situación socioeconómica de la víctima. Según los estudios, esta omisión también se produce en la frontera mexicana entre Ciudad Juárez y El Paso. La invisibilidad de los marcadores sociales y raciales que diferencian a las mujeres en la frontera y contextualizan los factores constitutivos de la violencia de género, junto con los factores socio históricos y económicos, contribuyen a la perpetuación e invisibilidad de las violaciones sufridas en la región transfronteriza. De esta manera la prensa y los gobiernos naturalizan y universalizan a las mujeres victimizadas, sustrayéndolas de las políticas públicas estatales y precarizando la emancipación de las mujeres.

En la muestra predominan los delitos cometidos por agresores que antes tuvieron estrecho contacto con la víctima; los motivos más comunes son los celos y la no aceptación del fin de la relación, lo que denota prácticas machistas en el ámbito doméstico. El feminicidio sigue siendo el delito más frecuente en ambos lados de la frontera, y el principal factor que diferencia el modus operandi de estos delitos es el instrumento utilizado para llevarlos a cabo. Mientras que en Brasil predomina el uso de la fuerza física, en Paraguay son las armas de fuego y la subcontratación de “pistoleros” para que ejecuten el delito; esta práctica se extiende a las ciudades gemelas del lado brasileño.

La reflexión que surge en este punto es hasta qué punto la diferencia legislativa entre ambos países para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres, sumada a la omisión de la cobertura mediática paraguaya de los casos de violencia de género ocurridos en este territorio, así como la descripción objetiva e incompleta de las víctimas y los agresores, corrobora la invisibilidad de los factores de riesgo y las características específicas de los delitos fronterizos que imposibilitan una identificación más precisa del problema.

A pesar de la existencia de una legislación protectora en ambos países, las denuncias de violencia contra las mujeres y las tasas de feminicidio han aumentado considerablemente. Esto demuestra que, aunque la legislación apunta hacia la visibilidad de la violencia de esta naturaleza, la impunidad, la omisión de los medios de comunicación que no difunden casos locales concretos, la ausencia de un observatorio de la violencia específico para las particularidades de la frontera, y las fallas en la implementación de las medidas de protección para las mujeres, son factores que provocan que muchas sufran con la violencia continuada, o incluso, que la mayoría de ellas ni siquiera denuncie la agresión a las autoridades.

Así, para que las acciones preventivas y de responsabilización penal sean efectivas en ambos países, es fundamental articular una sólida red de asistencia con esfuerzos conjuntos y acciones para ambos países que permita lograr principalmente la protección de las mujeres y la condena de los autores de los delitos de violencia contra ellas, lo cual solo se puede conseguir a través de la aplicación efectiva de las políticas públicas.

Finalmente, cabe mencionar que una de las limitaciones de este estudio fue el hecho de que los reportajes periodísticos resultaron superficiales a la hora de detallar los marcadores sociales de las víctimas y de los agresores, lo que en un nivel más profundo hubiera revelado datos más consistentes sobre sus condiciones sociodemográficas, contribuyendo a una reflexión más directa sobre la interseccionalidad para ser discutida desde la perspectiva decolonial.