Contexto migratorio en Centroamérica

En este artículo se aborda la migración climática desde un enfoque de seguridad humana, de género y ambiental (^{Oswald-Spring, 2008}, ^2020a, ^2020b), donde los desastres climáticos en Centroamérica (^{Castillas, 2020}; ^{GFDRR, 2018}), agravados por la pobreza y la pandemia de COVID-19 (^{Bollyky et al., 2021}) han empujado a comunidades enteras hacia un dilema de supervivencia (^{Equipo Regional Humanitario de Oxfam en América Latina y el Caribe, 2020}). Los gobiernos han instrumentado políticas sanitarias (^{CEPAL, 2020}), climáticas y de seguridad erráticas (^{Leutert, 2018}) que han obligado a las familias a emigrar hacia Estados Unidos.

El gobierno del expresidente Donald Trump presionó a México para que detuviera a los migrantes en su país mediante operativos por parte de la Guardia Nacional (^{Gobierno de México, 2019}; ^{WOLA, 2021}). El Instituto Nacional de Migración (INM) entregó permisos limitados a los migrantes indocumentados y los retuvo en campamentos improvisados en las fronteras sur y norte de México (^{ACNUR, 2021}). Esta violencia estructural afectó los derechos humanos de los migrantes indocumentados y cuando el crimen organizado se apropió de los traslados clandestinos, la violencia y los costos para cruzar a México aumentaron (^{Henao Castrillón e Hincapié García, 2019}; ^{Andrade, 2021}; ^{De la Rosa, 2021}). La pobreza generada a partir de la pandemia por el COVID-19 y desastres más severos (^{OCHA, 2020}) ha obligado a los migrantes centroamericanos a integrarse a caravanas con la esperanza de enfrentar colectivamente los retenes de la Guardia Nacional y los múltiples peligros en el camino (^{Isacson, 2021}).

El objetivo general de este artículo es estudiar desde un enfoque de seguridad HUGE² la migración climática en Centroamérica, asociada a huracanes y sequías (^{Zúñiga Arias et al., 2019}), los impactos de la pandemia por el COVID-19 (^{CEPAL, 2021c}), la pobreza ancestral (Banco Centroamericano de Integración Económica ^{[BCIE], 2020}) y la inseguridad pública (^{Fundación Heinrich Böll México, Centroamérica y El Caribe, 2016}).

Los objetivos particulares son: a) entender la interrelación compleja entre desastres climáticos, pandemia (^{CEPAL, 2021c}), violencia intrafamiliar (^{Fuentes et al., 2022}), inseguridad pública (^{USAID, 2017}) y peligros migratorios, donde los centroamericanos desafían los riesgos en el trayecto hacia Estados Unidos; b) analizar las políticas migratorias estadounidenses y mexicanas que han priorizado la seguridad político-militar en lugar de la seguridad HUGE que se centra en la gente vulnerable y en el cambio climático (^{Moreno et al., 2020}); y c) incluir la perspectiva de género (^{Jelin, 2021}) para entender los riesgos diferenciales entre migrantes varones y mujeres, donde la trata y el abuso sexual (^{UNODC, 2020}) afectan directamente a las migrantes femeninas.

Supuestos

Organización del artículo

Se parte de una seguridad ampliada y profundizada que integra la seguridad humana, de género y ambiental (seguridad HUGE) (^{Buzan et al., 1998}; ^{Brauch et al., 2009}; ^{Oswald, 2008}). La orientación del objeto de referencia cambió de la seguridad político-militar (territorio y soberanía) hacia el bienestar de los seres humanos, contra la violencia de género y en favor de la protección ambiental (^{Castañeda Carney et al., 2020}; ^{IPCC, 2022a}). Los valores en riesgo son ahora la supervivencia, la igualdad de género y la sustentabilidad. Las amenazas provienen históricamente del sistema patriarcal que fincó su poder en guerras, violencia, discriminación y explotación. Dichas amenazas hoy son representadas por corporaciones transnacionales financieras y productivas (^{Díaz y Viales, 2020}) que explotan la mano de obra y emiten peligrosos gases de efecto invernadero (GEI) con los que se alteran las condiciones físico-químicas de la atmósfera global (^{IPCC, 2021}).

Posteriormente, el análisis se centra en los desastres climáticos centroamericanos de Honduras, El Salvador y Guatemala (^{Casillas, 2020}). Se revisa con perspectiva de género la migración centroamericana (^{Granada et al., 2021}) por impactos del cambio climático. Se exploran las caravanas como mecanismo para mejorar la seguridad HUGE de los participantes que escapan de las condiciones de destrucción y de pobreza, pero que no pueden pagar el traslado como indocumentados (^{Salazar, 2019}). En el tránsito por México, los peligros de secuestro y asesinato han aumentado (^{Andrade. 2021}), exponiendo a mujeres y niñas a la trata y al abuso sexual (^{UNODC, 2020}).

El 20 de marzo de 2020, a través del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), bajo la autoridad del expresidente D. Trump, por razones sanitarias del COVID19 se impuso la inmediata expulsión de los migrantes indocumentados hacia el suelo mexicano. Esta disposición, llamada Artículo 42, convirtió a México en un “tercer país seguro” (^{Cano, 2022}). Ante las expulsiones masivas, el gobierno mexicano fue rebasado en su capacidad de otorgar ayuda humanitaria con dignidad (^{ACNUR, 2021}), obligando a migrantes indocumentados a sobrevivir en condiciones precarias en la frontera norte de México. Esta política unilateral ha incrementado además los costos de traslado y los peligros que básicamente están en manos del crimen organizado (^{De la Rosa, 2021}). En la discusión se retoma el tema de la migración climática con perspectiva de género (^{Llain y Hawkins, 2020}) y en las conclusiones se expone la contradicción entre las demandas de una economía estadounidense en recuperación por la pérdida de mano de obra debido a los fallecimientos durante el COVID-19, cuya política migratoria restrictiva persiste.

Conceptualización de la seguridad

La seguridad se refiere, en el sentido objetivo, a peligros específicos (^{Brauch, 2005}), a dimensiones especiales (^{Oswald, 2020b}), a objetos de referencia de soberanía internacional y nacional, condiciones de pobreza humana, de género y de indígenas. Abarca a sectores específicos como la seguridad energética, alimentaria, hídrica, de salud y climática. En el sentido subjetivo, la seguridad involucra las preocupaciones de políticos, medios, científicos y de las personas ante amenazas potenciales. Para manejar políticamente la seguridad, los gobiernos han seguritizado los peligros por amenazas existenciales, mientras que los académicos, al des-seguritizarlas, han priorizado una visión desde abajo dentro de una comunidad cultural (^{Wæver, 1995}, ²⁰¹¹). En el cuadro 1 se compara la visión hobbesiano-tradicional de seguridad militar-política con una seguridad HUGE que incluye procesos de des-seguritización, donde los objetos de referencia incluyen a los grupos vulnerables y a los ecosistemas. Los valores en riesgo de la seguridad HUGE son la supervivencia, la igualdad y la sustentabilidad, mientras que las fuentes de amenaza provienen del patriarcado, ahora corporaciones transnacionales, el consumismo humano y el extractivismo de los recursos naturales.

Seguridad humana

La seguridad humana (SH) propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está centrada en los seres humanos (United Nations Development Programme ^{[UNDP], 1994}). Los valores en riesgo son la supervivencia de la humanidad, en especial de los grupos vulnerables. Los peligros son la corrupción (^{Transparency International, 2021}), la pobreza, el crimen, el dilema de supervivencia, el colonialismo interno (^{González, 2003}), las corporaciones transnacionales y las burguesías nacionales insaciables (^{Dal Pont, 2019}). La SH analiza las amenazas no militares contra el ser humano, aunque el complejo militar-científico-financiero-corporativo-estadounidense presiona a Centroamérica para armarse y así enfrentar al crimen organizado. En estas actividades ilegales están involucrados diversos niveles gubernamentales y policiacos, además de la élite nacional y transnacional (^{Betancur, 2020}).

La conceptualización de la SH evolucionó con cinco pilares: primero, la ausencia de miedo (^{UNDP, 1994}); segundo, la ausencia de necesidades y el cuidado de grupos vulnerables (^{UNDP, 2003}); tercero, la ausencia de desastres (^{Birkmann, 2005}) ante más severos eventos climáticos, donde se analizaron las vulnerabilidades y riesgos socioambientales (^{Oswald Spring, 2014}); cuarto, al evaluar las Metas del Milenio, ^{Annan (2005)} insistió en reforzar el Estado de Derecho con pleno respeto a los derechos humanos; y quinto, vivir en un mundo pluricultural con pleno derecho de las minorías a sus lenguas, costumbres y prácticas políticas (^{UNESCO, 2002}). Al integrar estos cinco pilares, la SH analiza amenazas, riesgos, dificultades y desafíos que pueden superarse mediante la igualdad, la cooperación y la sustentabilidad (^{Ibarra, 2019}).

Seguridad de género

^{Oswald (2014)} desarrolló el concepto de seguridad de género (SG) retomando las cuatro fases del feminismo: epistemológico, empírico, postmoderno y del punto de vista (^{Blazquez et al., 2010}). El ecofeminismo (^{Mies, 1998}) vinculó la explotación natural con la de las mujeres, mientras que las representaciones sociales (^{Serrano, 2021}), la economía del regalo (^{Vaughan, 1997}) y múltiples propuestas de movimientos sociales apoyaron la agenda de la SG. Tanto la seguridad humana como la de género parten de una seguridad ampliada y profundizada (^{Brauch et al., 2009}) que incluye mujeres, niños, indígenas, ancianos, discapacitados y LBGTT+ (^{Fraser, 2008}). Dicha profundización orientó el estudio de la SG desde lo individual hasta lo global.

El objeto de referencia de la SG incluye a grupos vulnerables, donde 70 por ciento de los pobres son mujeres (United Nations System Chief Executives Board for Coordination ^{[UNSCEB], 2020}). La opresión femenina ha desvalorizado su trabajo al recibir salarios miserables y tener condiciones laborales precarias donde no se remuneran y se invisibilizan las actividades del cuidado. En México, 10.4 por ciento de las mujeres trabajan sin salario y únicamente 39 por ciento están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las mujeres realizan cuatro horas adicionales de trabajo doméstico gratis que equivale a 1.7 billones de pesos al año (^{Inegi, 2021}). ^{Reardon (1996)} relacionó el patriarcado con la guerra, el autoritarismo y la violencia que durante milenios ha explotado a humanos y a la naturaleza por esclavitud, colonialismo, capitalismo y neoliberalismo.

El reconocimiento de género (^{Fraser, 2005}) promueve la igualdad socio-política, económica y cultural. Indaga en las relaciones directas y subyacentes del poder y la violencia. Los valores en riesgo son las relaciones de género, la igualdad, la equidad y las representaciones sociales (^{Serrano, 2021}), mientras que las amenazas provienen de instituciones patriarcales como los gobiernos autoritarios y corruptos, las élites, las corporaciones transnacionales y las religiones. ^{Vaughan (2004)} propuso superar la discriminación con una economía del regalo, al resaltar la relación madre-recién nacido. La ^{CEPAL (2021b)} propone empoderar a las mujeres mediante una economía del cuidado que consolida las autonomías económicas, políticas, físicas y de toma de decisiones, donde se garantizarían sus derechos sexuales, reproductivos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, gracias a una vida libre de violencia y sin discriminación.

Seguridad ambiental y cambio climático

El impacto climático (^{Moreno et al., 2020}) y las actividades humanas han devastado la Tierra. La seguridad ambiental (SA) no solo analiza la destrucción de la biodiversidad (^{IPBES, 2018}) y los costos financieros por desastres (^{Zúñiga Arias et al., 2019}), sino los impactos de cuatro fenómenos socialmente interrelacionados: agotamiento y contaminación del recurso hídrico (^{Pahl et al., 2015}); alteración de la composición físico-química del aire por GEI (^{IPCC, 2021}); pérdida de la fertilidad natural, salinización, deterioro y erosión de los suelos (^{FAO, 2016}); y erradicación de la biodiversidad por actividades agropecuarias y por una urbanización acelerada (^{UNDESA, 2011}). El crecimiento poblacional y la caótica urbanización en Centroamérica han agravado los desastres climáticos (^{Casillas, 2020}). Rusia-Ucrania y Estados Unidos son exportadores masivos de granos básicos (^{GCMA, 2022}), de los cuales 82 por ciento son transgénicos, lo que amenaza a las especies nativas de maíz, frijol y papas. México es uno de los cinco países mega-biodiversos (^{Conabio-UAEM, 2016}) y el subcontinente latinoamericano contiene 68 por ciento de los bosques tropicales y 40 por ciento de todas las especies vegetales y animales del mundo (^{Moreno et al., 2020}), los cuales están amenazados por las actividades humanas.

^{Dalby et al. (2009)} sistematizaron la ampliación de la seguridad ambiental (SA) en cuatro fases. La primera se relacionó con la contaminación militar por las guerras y actividades militares (^{Westing, 2013}), donde armas y químicos (el agente naranja arrojado masivamente sobre Vietnam) han provocado mutagenicidad entre la población nativa y los soldados, así como un aumento en el hoyo de la capa de ozono. La segunda fase se relacionó con la destrucción de los recursos naturales, la pérdida de especies nativas y migrantes por falta de cuidados. En una tercera fase, múltiples grupos de investigadores transdisciplinarios analizaron los forzantes del clima (^{IPCC, 2021}), las migraciones climáticas, la falta de alimentos, las hambrunas (^{FAO, 2018}) y la supervivencia precaria (^{Escudero, 2016}). La cuarta fase exploró mecanismos de conciliación ante conflictos por ambientes deteriorados, extraídos y desastres climáticos.

Dentro de la SA los valores en riesgo son la sustentabilidad, la diversidad ambiental y la vida misma, mientras que las amenazas provienen de actividades humanas que provocan el cambio climático. Ante los procesos naturales deteriorados, ^{Crutzen (2002)} propuso una era geológica nueva, el Antropoceno, debido a las alteraciones del ser humano que están cambiando la historia de la Tierra. ^{Moore (2016)} criticó la neutralidad del concepto y enunció el Capitalioceno, al mostrar que las transnacionales son las mayores responsables de esta destrucción masiva que está llevando al planeta hacia puntos de ruptura (^{Steffen et al., 2018}).

Al conjuntar SH con SG y SA, ^{Oswald (2020b)} propuso una seguridad HUGE que analiza los nexos entre los cinco pilares humanos, los cuatro enfoques feministas y las cuatro fases ambientales, así como sus interacciones complejas, impredecibles y dañinas (^{Srigiri y Dombrowsky, 2022}). Al analizar la destacada participación de las mujeres en la recuperación eco-sistémica, se retoma la economía del cuidado de la ^{CEPAL (2021b)} que consolida la dignidad, la igualdad y la equidad de mujeres, niñas e indígenas al empoderar a los sectores vulnerables para que superen la explotación, la violencia y la discriminación.

Seguridad HUGE

El concepto de seguridad HUGE propone dos funciones: como herramienta de análisis científico para problemas complejos y como guía de acción para actores humanitarios responsables de erradicar la pobreza, gestionar apoyos a desastres y atender refugiados (^{Laczko y Aghazarm, 2009}). Esta seguridad HUGE analiza los nexos y las interacciones entre ecósfera y antropósfera, incluyendo al cambio climático causado por las emisiones antrópicos de los GEI (^{IPCC, 2021}) que han alterado la temperatura de la tierra, el mar y las precipitaciones. Los forzantes han provocado desastres climáticos (^{Moreno et al., 2020}). El uso masivo de agroquímicos y la deforestación han deteriorado los suelos y el agua (^{FAO, 2016}). Los cambios en los hábitos alimentarios han aumentado el consumo de azúcares, mientras que el crecimiento poblacional y la agricultura comercial han reforzado negativamente estas interacciones naturaleza-humanos. Se ha alterado la dinámica de los sistemas naturales y agropecuarios, provocando puntos potenciales de ruptura, algunos ya irreversibles, en el sistema de la Tierra (^{Steffen et al., 2018}).

El modo de interacción impredecible entre ecósfera-antropósfera ya no es lineal y los impactos son exponenciales. Estos procesos caótico-abruptos afectan a las poblaciones, a los procesos productivos y a los ecosistemas. Su resiliencia está rebasada por eventos complejos (^{UNISDR, 2015}). La mitigación limitada y la adaptación insuficiente han provocado destrucciones y muertes. ^{Oswald (2020a)} sostiene que, para resolver estos desafíos múltiples, es necesario un enfoque ampliado y profundizado de seguridad, capaz de centrar la seguridad hacia la relación Tierra-humanos. La seguridad HUGE implica cambios epistemológicos de la perspectiva militar-patriarcal hacia la investigación de la paz y los estudios ambientales. Al analizar sistémicamente los fenómenos socioambientales, se superan los enfoques metodológico-aislacionistas y se analizan de manera holística, transdisciplinaria y transformadora las interacciones complejas entre SH, SG y SA. Las condiciones de pobreza han empujado a millones de poblaciones rurales a asentarse en cinturones urbanos de miseria en el Sur Global (^{UNDESA, 2011}), donde su consumo sigue deteriorando los recursos naturales. Otros han arriesgado el camino al migrar hacia países extranjeros (^{Ortega y Morales, 2021}).

Norte centroamericano

Los desastres climáticos en 2020 generaron un dilema de supervivencia y han aumentado el número de migrantes centroamericanos. La ^{OIM (2021, p. 1)} informó que “lo que todos tienen en común es que lo perdieron todo por el paso de los huracanes” y la emigración aumentó después de los huracanes Iota y Eta. ^{Casillas (2020)} insiste en que el cambio climático plantea riesgos para los sistemas naturales y humanos que aumentan la inseguridad alimentaria y producen desplazamientos.

^{Yup (2021)} analizó Guatemala, El Salvador y Honduras como unidad geográfico-territorial, aunque el cuadro 2 muestra diferencias socioeconómicas importantes. Guatemala tiene rezagos educativos y pobreza multidimensional, aunque un mayor PIB/cápita y una brecha de género elevada. El Salvador es el país más pequeño, con una población urbana dominante y un menor crecimiento en el PIB anual. Honduras, con una extensión territorial mayor, tiene una brecha de género alta y 59.6 por ciento de población vive en pobreza multidimensional (^{BCIE, 2020}).

Esta región contiene entre siete y 10 por ciento de la biodiversidad mundial (^{IPBES, 2018}). Los tres países cuentan con 218 municipios y 25 por ciento de su población son jóvenes de entre 15 y 35 años (^{Clement et al., 2021}). Grupos vulnerables en zonas de riesgo fueron afectados por huracanes severos, inundaciones (^{Vargas-Ulate, 2001}), erupciones volcánicas, terremotos (^{Pérez-García, 2020}) y sequías (^{Kuusipalo, 2017}). En 2020 impactaron 28 huracanes (^{Muñoz, 2020}), de los cuales Eta y Iota fueron especialmente destructores. Cuando Iota entró en categoría 5, con vientos de 260 km/h (presión de 917 mbar), no quedaban lugares en los refugios. Los limitados apoyos gubernamentales de prevención, las casas frágiles en zonas expuestas y la poca adaptación han agudizado la vulnerabilidad socioambiental (^{Oswald y Serrano, 2014}). Al perder todo, se aumentó la pobreza. En la región rural del Pacífico, la sequía (^{Miranda, 2021}) ha generado un dilema de supervivencia, forzando a la población a emigrar. El ACNUR (2021) estimó que en 2020, 867 800 personas fueron desplazadas por desastres climáticos, falta de adaptación y resiliencia (^{Naciones Unidas, 2020}).

Los hogares destruidos, la falta de agua, comida y trabajo, y la pobreza obligaron a muchas familias a emigrar hacia ciudades donde la inseguridad ha empeorado sus condiciones de vida, a pesar de los esfuerzos gubernamentales e internacionales (^{USAID, 2017}). Una urbanización caótica ha provocado deslizamientos de tierra (^{Moreno et al., 2020}) y la falta de empleos o asaltos ha empujado a múltiples jóvenes, niños y familias a emigrar (^{Zúñiga, et al. 2019}). Al cruzar por México, el ^{ACNUR (2021)} indicó que las solicitudes de asilo habían aumentado de 3 400 en 2015 a 70 400 en 2019, cayeron 41 por ciento por COVID-19 en 2020 y en 2021 aumentaron 300 por ciento, llegando a 123 187 solicitudes de asilo (^{INM, 2021}), donde 51 por ciento provino de Honduras, ocho por ciento de El Salvador y cinco por ciento de Guatemala, además de Haití, Venezuela y otros países.

Migraciones con perspectiva de género

Entre los factores de expulsión que aumentan los riesgos en el norte de Centroamérica, existe una gobernanza frágil (^{Ibarra, 2019}), agudizado por la corrupción y la coacción por parte de traficantes y de la delincuencia organizada transnacional (^{Yup, 2021}). Mujeres y niñas son especialmente vulnerables a la explotación, la trata y la victimización por violencia sexual; el sexo es coaccionado para sobrevivir. La trata y el servicio sexual (^{UNODC, 2020}) se intercambian por refugio, comida, protección o para pasar controles migratorios. La coacción de traficantes criminales ha aumentado los riesgos para estos migrantes (^{Prieto, 2021}).

Ante la pérdida de la calidad de vida y la falta de ingresos por el COVID-19, los despidos masivos, las condiciones laborales precarias, la informalidad y los desastres severos, muchas familias no disponían del dinero para alimentarse y menos para migrar. Además, 28.1 por ciento de los hogares en Honduras y 25.1 por ciento en Guatemala son encabezados por mujeres, lo que ha aumentado su precariedad (^{CEPAL, 2022}). A pesar de los cambios socioeconómicos y de salud entre los centroamericanos, la región ha cambiado las pautas de fecundidad. La tasa promedio en Guatemala es de tres hijos por mujer, por un porcentaje mayor de población indígena; en Honduras y en El Salvador es de dos hijos por mujer (^{WB, 2022}). Debido a la violencia intrafamiliar, la infidelidad masculina, la pobreza y la inseguridad pública se han producido rupturas en las parejas, por lo que las mujeres solas han tenido que desarrollar múltiples estrategias de supervivencia, como crear hogares ampliados más allá de las relaciones de consanguinidad. También ejercen la sororidad entre los hogares femeninos, viven en el terreno del patrón y cuidan casas o a ancianos a cambio de vivienda y comida para ellas y sus hijos (^{UCA, 2016}). Las mujeres en Centroamérica se han incorporado al mercado de trabajo precario o en el comercio informal. La pandemia actuó como ruptura adicional a estas actividades y afectó al tejido social. Niños y mujeres solas han migrado hacia Estados Unidos golpeadas por pobreza extrema. Ante la falta de dinero, los peligros y costos en el traslado, se han sumado a las caravanas.

Caravanas centroamericanas

Las caravanas iniciaron con madres que buscaban a sus hijos desaparecidos en México. ^{De la Rosa (2021)} indicó que son procesos transnacionales de justicia en regiones con violencia alta. ^{Sassen (2021)} demuestra que estas caravanas y la migración han incidido en la regulación global de los mercados desiguales de trabajo, donde la diferencia de salarios representa una atracción para emigrar. Además, las inversiones en la administración pública del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, son factores de atracción, mientras que la depauperación, la discriminación, la violencia y el desempleo en Centroamérica (^{Betancur, 2020}) han generado presiones para la expulsión. Otro factor de atracción migratoria es la diferencia de salarios entre Estados Unidos, México y Centroamérica. En 2021, el salario mínimo estadounidense aumentó de 7.25 a 15 dólares por hora y en la Zona Libre de la Frontera Norte de México, incrementó a 260.34 pesos (12.70 USD) por 8 horas de trabajo y a 172.87 pesos (8.43 USD) en el resto del país. Aunque la paridad del poder adquisitivo mexicano es 9.5 mayor en relación con el poder adquisitivo del dólar, el salario en Estados Unidos se ha convertido en una poderosa atracción (^{Clement et al., 2021}). Ésta se vio reflejada en el envío de remesas en 2021, las cuales alcanzaron 51 600 000 millones de dólares (MUSD) hacia México, solo rebasado por las remesas enviadas por migrantes hacia India. Incluyen las remesas que fueron enviadas a migrantes centroamericanos expulsados que viven en la frontera mexicana (^{Banco de México, 2022}) y se han convertido en una línea financiera para sobrevivir. En 2021, las remesas ascendieron en Guatemala a 15 295 000 MUSD, en Honduras a 6 484 000 MUSD y en El Salvador a 5 066 000 MMD lo que representa la mayor inversión extranjera que llega a las regiones de mayor pobreza con población indígena, las cuales se han convertido en otro factor de atracción para la migración indocumentada (^{Balcáceres, 2022}; ^{Banco Central de Reservade El Salvador, 2022}).

En enero de 2021, al cambiar la administración del expresidente Trump a la de Joe Biden, ofertas falsas en las redes informaron de la existencia de empleos con facilidades en la frontera estadounidense. Además, el uso de teléfonos celulares ha cambiado la movilidad migratoria; las personas pueden saber por dónde cruzar las fronteras, donde encontrar un traficante, tener facilidades para moverse, encontrar albergues y enterarse de las represiones gubernamentales durante los cruces por Guatemala, México y EE. UU. Se informan sobre las deportaciones, los retornos forzados y los peligros por el crimen transnacional involucrado que transporta inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos y los accidentes ocurridos a lo largo del trayecto.

En México emergieron albergues, apoyos no gubernamentales de salud, alimentación y protección social que se relacionan con la economía reproductiva. Reducen los peligros ante el crimen organizado y permiten a las personas migrantes descansar en un lugar seguro. No obstante, los criminales usan también estas redes de comunicación para cometer falsas ofertas, secuestros, extorsiones, trata y otras actividades que han aumentado los riesgos entre los transeúntes.

La movilidad social se configuró no solo como respuesta a la pobreza, los conflictos y los riesgos socioambientales, sino que mostró formas nuevas de agenciamiento que requerían audacia. Los cambios ocurridos indican también cambios en la subjetividad política centroamericana, cuya expresión pública fue el nombramiento de Xiomara Castro como presidenta de Honduras, quien es sensible a las demandas sociales de las mayorías depauperadas.

Ante los múltiples retos, en Honduras 4 500 personas desesperadas integraron en noviembre de 2021 una caravana para superar las amenazas en la trayectoria migratoria. Entre ellos había migrantes atrapados (^{Dowd, 2008}), personas que por falta de dinero no pudieron salir de su lugar de origen. Una mujer sola de 16 años con un hijo pequeño comentó: “Esta caravana representa una esperanza para escapar a nuestra miseria. Hay numerosas mujeres, familias con niños pequeños, niños solos y personas con discapacidad en nuestra caravana. No pueden viajar solos por las amenazas de las autoridades y los criminales” (comunicación personal, 4 de diciembre de 2021). Esta caravana ha promovido el reconocimiento de género (^{Fraser, 1998}) y el empoderamiento de las mujeres. Una mayor participación femenina en esta caravana ha reducido el número de muertes durante el camino y la trata de jóvenes. Al enfatizar en la SG, se pudo superar la paradoja de género (^{Lorber, 1994}) expresada en forma de discriminación y explotación. La caravana ha generado condiciones de mayor igualdad, donde las mujeres se han convertido en agentes activas, capaces de superar dificultades en las caminatas largas: ampollas en los pies, deshidratación y el cuidado de los menores.

Además, las caravanas han generado una economía del cuidado, donde grupos vulnerables han encontrado la posibilidad de llamar la atención de los medios masivos ante la inseguridad y el dolor por las desapariciones. Han visibilizado la corrupción gubernamental en sus países de origen y sus alianzas con el crimen transnacional. Se ha estimulado la capacidad de las mujeres para superar sus condiciones socioeconómicas precarias, la discriminación y la violencia en su hogar abandonado (^{CEPAL, 2021a}). El empoderamiento de las mujeres no solo se ha consolidado durante la marcha, sino que se mantuvo cuando fueron repatriadas. En su lugar de origen iniciaron la lucha por mayor igualdad y reconocimiento de su trabajo. Durante la marcha exhibieron en video las políticas inhumanas por los cierres militares en las fronteras (^{Sassen, 2021}) y estos migrantes han cuestionado las expulsiones de Estados Unidos hacia terceros países seguros, o sea hacia México (^{HRW, 2020}). Así, esta y posteriores caravanas han generado estrategias de movilidad socialmente responsables en condiciones de alta vulnerabilidad, mostrando los procesos truncados de desarrollo en los países centroamericanos por las políticas estadounidenses y sus negocios transnacionales de explotación, donde modelos gubernamentales autoritarios y corruptos han agravado la miseria de los pobres (^{Terminiello, 2014}).

Fronteras militarizadas en México y EE. UU.

Estados Unidos requiere trabajadores para cubrir los empleos por los fallecimientos del COVID-19 (>5 millones), pero también para trabajos nuevos de infraestructura por parte del gobierno del presidente Biden (^{The Economist, 2022}). Por presión estadounidense, México desplegó 25 000 elementos de la Guardia Nacional en ambas fronteras. En 2019, detuvieron a 81 000 inmigrantes en el sur y expulsaron a 62 000 personas hacia sus países de origen (^{Ruiz, 2020}). El ACNUR pidió a México en marzo de 2020 apoyar a niños, adolescentes y mujeres que cruzaban solos el país y México ese mismo año otorgó 41 329 asilos, y en noviembre de 2021 otros 108 195 permisos a centroamericanos de estancia legal en el país (^{INM, 2021}). La Organización Internacional de Migración (^{OIM, 2021}) estima que en 2050 podría haber 17 millones de refugiados climáticos solo de América Latina, en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos. El Banco Mundial (^{Clement et al., 2021}) estima que en 2050 podría haber hasta 216 millones de migrantes internos por razones climáticas.

Además, la frontera norte es altamente conflictiva por la presencia de grupos del crimen organizado que pelean por el control del traslado de estupefacientes; de acuerdo con la Red Mesa de Mujeres, solo en Ciudad Juárez en 2021 se reportaron 171 mujeres asesinadas (^{Tovar, 2022}). Vivir en esta frontera obligó a las mujeres a organizarse, ya que el gobierno no pudo garantizar seguridad y condiciones dignas de vida a los expulsados.

La ^{Border Patrol (2022)} informó que, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, alrededor de 1.735 millones de solicitantes de asilo fueron expulsados a México. En octubre de 2021 el embajador estadounidense Ken Salazar insistió en que ambos países (Estados Unidos y México) se han comprometido a retornar a los migrantes indocumentados hacia sus países y México ha retornado a emigrantes expulsados en vuelos especiales hacia el norte de Centroamérica. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) han limitado el tránsito por México con acciones disuasorias, enfrentándose a grupos migratorios provenientes de América Latina, Asia y África. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró en 2021 a 62 804 solicitantes de asilo de nacionalidad haitiana, incluyendo a sus dependientes, mayoritariamente de nacionalidad brasileña y chilena (^{Naciones Unidas, 2022b}), pero miles de nuevos solicitantes están llegando.

Retomando la propuesta de la seguridad HUGE, podemos ver que las caravanas y la auto-organización femenina, basadas en reconocimiento de género y empoderamiento, han reducido el miedo entre los y las emigrantes centroamericanos que viajan en caravana y se han visto obligados a abandonar sus hogares de origen debido a los desastres y por sus necesidades de supervivencia. En el tránsito por México de las caravanas migrantes, las ONG locales han mejorado en cuanto al respeto a los derechos humanos, de manera que, gracias a los permisos para quedarse en el país, las mujeres con niños han encontrado mecanismos para sobrevivir y acotar la violencia de las autoridades en ambos lados de la frontera. Pero el crimen trasnacional sigue amenazando y extrae dinero de esta población precarizada. Aunque la auto-organización de migrantes ha mejorado la protección y exhibido ante la prensa los peligros, no ha podido impedirlos.

Otra dificultad fue la política del Artículo 42, impuesta por la administración del expresidente Donald Trump (^{Ruiz, 2020}) en 2019, con la que amenazó a México con cobrar impuestos sobre sus exportaciones si no aceptaban a los expulsados en su territorio. Durante 2020 México recibió en condiciones precarias a 61 000 expulsados de Estados Unidos que esperaban la aceptación de sus solicitudes de refugiado (^{INM, 2021}). Estas presiones continuaron a través de los jueces durante la administración de Joe Biden, quienes implementaron políticas para expulsar de manera inmediata a dos tercios de los 1.66 millones de indocumentados llegados en 2021 (^{Bolter, 2021}).

Esta región fronteriza genera también oportunidades y los migrantes cruzan varias veces hacia EE. UU. con el riesgo de ser expulsados inmediatamente; otros encuentran trabajo en México. Especialmente las familias y las madres con hijos buscan alternativas para ingresar a Estados Unidos y cruzan en grupos por el desierto de Arizona, poniendo en riesgo su vida ante el clima extremo y las serpientes venenosas.

^{Light y Miller (2018)} investigaron si la migración indocumentada aumentaba los delitos violentos y concluyeron que la violencia proviene de contrabandistas, traficantes de personas, narcotraficantes y de las autoridades. Ellos generan la violencia y los migrantes son sus víctimas. El tráfico de personas incluye el secuestro, la extorsión, la trata, el robo, el asalto, el abuso sexual y el abandono. Estos delitos se producen en vías del tren, camiones, coches, estaciones de autobuses, carreteras, caminos rurales, autopistas, residencias privadas y terrenos baldíos. La policía local o nacional es incapaz de controlar a estas organizaciones delictivas por la corrupción o el involucramiento directo, y al dejar actuar al crimen muestra su falta de gobernabilidad (^{Redodem, 2020}). Hasta actores locales colaboran con grupos criminales y cobran dinero por cruzar u obligan a migrantes a traficar drogas y otras actividades ilegales (^{Leutert, 2018}).

Migración en tiempos del cambio climático

Hace cuatro décadas eran mayoritariamente hombres indocumentados quienes emigraban a Estados Unidos. A partir del año 2000 se incrementó el número de mujeres que cruzan la frontera en busca de trabajo en el sector servicios. Desde el 11 de septiembre de 2001, las políticas de seguridad estadounidenses han justificado la implementación de medidas drásticas para controlar la entrada de inmigrantes. Como resultado de ello, ha aumentado la burocracia y se ha promovido que las personas se vinculen con el crimen transnacional, y por lo mismo han socavado la propia seguridad nacional. Los cambios legales y el muro construido durante la administración del expresidente Trump han reforzado los controles fronterizos. Por seguridad nacional este expresidente reforzó la Patrulla Fronteriza, aumentó las deportaciones y ha separado a las familias, desterrando a niños solos a miles de kilómetros de distancia en México de donde fueron expulsados los padres. El gobierno de Biden intentó revertir esta política inhumana, pero con el Artículo 42 los migrantes siguen esperando en México la autorización de asilo, enfrentándose durante meses a las inseguridades en esta región fronteriza. Para evitar estos peligros, las reglas nuevas de inmigración a refugiados venezolanos han dado resultado y se redujeron sustancialmente sus inmigraciones indocumentadas. Las autoridades estadunidenses exigen que las personas deben solicitar su visa en el país de origen, lleguen en avión y cumplan otros requisitos para obtener una entrada autorizada.

Estados Unidos tampoco distingue entre refugiados climáticos y otros, pero en la frontera México-EE. UU. se detuvo a 200 000 personas en julio de 2021 (^{OIM, 2021}). Entre estos detenidos, 45 por ciento eran de Centroamérica; 29 por ciento mexicanos y 26 por ciento provenían de otros países. “En mayo de 2019, (…) las personas que viajaban en familia se redujeron de 64 a 38 por ciento. La proporción de (…) menores no acompañados se mantuvo sin cambios en un 9 por ciento”⁴ (Gramlich, 2021, s. p.). Debido al involucramiento del crimen transnacional, se han producido además desapariciones forzadas de migrantes en todo México (^{Naciones Unidas, 2022a}). Desde 2006, Carrasco (2013) reportó la aparición de armas de alto calibre entre secuestradores, permisos del INM y facilidades para cruzar retenes militares o puestos migratorios, lo que indica una colusión con autoridades y policías. El 6 de abril de 2011, 193 migrantes fueron encontrados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, ejecutados por el cartel de Los Zetas, lo que sacudió a la opinión pública. No se ha cumplido con la obligación legal mexicana de garantizar seguridad a los migrantes.

Nuevas agresiones siguen ocurriendo durante el trayecto y la ^{Redodem (2020)} muestra que las facilidades gubernamentales para refugiados son deficientes y que están en condiciones altamente precarias. Esta organización insiste en que los derechos humanos son violados y la migración indocumentada genera riesgos, violencias y violaciones por las barreras de la Guardia Nacional en las rutas migratorias. La Redodem exige eliminar la detención migratoria y ofrecer una seguridad HUGE en el traslado a los indocumentados y con condiciones dignas para los migrantes que no pueden entrar a EE. UU. ni regresar a su país de origen. Las condiciones precarias en dichos campos de refugiados en ambas fronteras produjeron estallidos, conflictos y violencia. ^{Padilla Pérez et al. (2020)} reconocen además que la diáspora estadounidense está apoyando el traslado de sus familiares indocumentados al pagar al traficante solo cuando éstos han llegado seguros a Estados Unidos.

Como se ha dicho con anterioridad, las tasas altas de desempleo y la falta de oportunidades y de trabajo informal han pulverizado los ingresos en todo Centroamérica, por lo que el flujo migratorio ha aumentado, y recientemente ha cambiado su composición. Estos cambios responden a la complejidad migratoria ya que en 2019 y 2020 hubo más inmigraciones familiares y de nacionalidad centroamericana (gráfica 1), que en su mayoría fueron aprehendidas y expulsadas. Mientras que en 2020 la migración mexicana aumentó por la pandemia y el consiguiente desempleo. La mayoría de los adultos detenidos fueron inmediatamente repatriados, mientras que los niños solos fueron alojados en campos estadounidenses.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ^{Border Patrol (2022)}.

Gráfica 1. Detenciones y expulsiones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur-oeste, 2019-2021 

Las condiciones inhumanas de detención en la frontera México-EE. UU. no han limitado el flujo de indocumentados. A pesar de la falta de higiene y de las condiciones de hacinamiento en jaulas, siguen llegando caravanas y migrantes a Estados Unidos. El gobierno de Biden ha vacunado a estos migrantes para proteger también a la población local y a los funcionarios migratorios. Ha facilitado vacunas al gobierno mexicano para inmunizar a toda la población en la región fronteriza, incluidos los refugiados expulsados. Las razones económicas aducidas fueron proteger a quienes trabajan en el sector de la maquila, una apertura rápida de la frontera para estimular el comercio y agilizar el transporte de mercancías de exportación e importación entre ambos países.

La región centroamericana es considerada la más violenta en el mundo sin tener una guerra. De acuerdo con el Banco Mundial, El Salvador tiene el primer lugar, con 62 homicidios, Honduras 42 (5º), México 29 (14º) y Guatemala 26 homicidios (16º) por cada 100 000 habitantes (^{BM, 2021}). Esta violencia tiene causas múltiples: el crimen organizado transnacional, la pobreza, los conflictos intrafamiliares, la violencia de género, el feminicidio, el cultivo de narcóticos, la explotación de fuerza de trabajo, la extorsión, la discriminación, la migración, así como el tráfico de personas, drogas, órganos humanos, piezas arqueológicas y plantas o animales exóticos.

Otro problema relacionado con la migración indocumentada en Centroamérica es la trata de personas. Tras la recesión económica y los desastres (2019-2020), las víctimas se han convertido en un objetivo local (^{UNODC, 2020}) y 79 por ciento de las detenidas por trata son niñas y mujeres, donde las niñas representan un tercio de las víctimas detectadas; mientras que 91 por ciento de estas mujeres traficadas son enviadas a Estados Unidos y 81 por ciento son explotadas con fines sexuales. Durante los últimos cinco años, la ^{CEPAL (2021c)} ha detectado un aumento de 40 por ciento en niñas entre las víctimas como resultado de los desastres, la pandemia y la crisis económica. La militarización en las fronteras sur y norte con elementos de la Guardia Nacional provenientes de regiones diferentes de México, ha incrementado también la prostitución. Ante los crecientes controles de la Guardia Nacional-INM a lo largo del trayecto, la vorágine migratoria ha cambiado del sueño americano hacia un trabajo estable en México, especialmente en las regiones donde se construyen megaproyectos nuevos (^{Camargo y Prieto, 2021}). Estos migrantes han solicitado visas humanitarias y permisos de trabajo en México.

Así, la historia migratoria centroamericana refleja factores complejos: las personas huyen de los desastres climáticos, la pobreza extrema, el acaparamiento de tierras, la falta de apoyo gubernamental, la violencia, la extorsión, las amenazas del crimen transnacional que pretenden reclutar a sus hijos. Los factores de expulsión en la migración están interconectados con condiciones adversas, donde aspectos sociales, económicos, familiares, climáticos y culturales interactúan y refuerzan negativamente la vida de mujeres y niñas. Las caravanas se formaron con discapacitados, mujeres y niños que estaban expuestos a situaciones de violencia en su tierra natal, lo que los estimuló a caminar cientos de kilómetros a pesar de la deshidratación y las represiones de la Guardia Nacional-INM, con la esperanza de alcanzar condiciones de vida y futuros dignos para sus hijos.

La creciente militarización en el trayecto, las políticas inhumanas contra los migrantes y la presión política de los habitantes locales han inducido a los gobiernos de Estados Unidos y de México regresar a la seguridad militar-política al aumentar la represión contra estos migrantes (^{Prieto, 2021}). No obstante, los desastres climáticos y la pérdida de la supervivencia seguirán incrementando el número de migrantes.