Introducción

El agotamiento de la industrialización mediante la sustitución de importaciones (ISI) fue un hecho técnico y traumático para el desarrollo mexicano. Cuando sucedió -en la primera mitad de los años setenta del siglo pasado-, perdió sus fuerzas endógenas de crecimiento y, desde entonces, ha enfrentado serias dificultades para lograr y mantener tasas altas de dinamismo económico.

Así, las respuestas esgrimidas son dos: la reformista y la neoliberal, son proyectos de nación que, aunque apuntalan recomendaciones de política pública para reanimar el desarrollo, rebasan con mucho el ámbito económico. Se trata de elaboraciones más sofisticadas que proponen un determinado arreglo social, cierta forma de vincular a la ciudadanía con el Estado y, especialmente, una visión de cuáles son los males de México y de cómo deberían de ser resueltos. En este sentido, se acercan al concepto gramsciano de “hegemonía”, entendida como la dirección intelectual y moral que ejerce una clase social sobre el conjunto de la sociedad, al hacer pasar sus intereses particulares como universales (^{Gramsci, 1980: 57}). Dichos proyectos son apuntalados por una coalición, no siempre homogénea, de grupos y actores sociales que conforman un “bloque”, que se alejan del concepto de “bloque histórico” de este autor, que representa la unidad entre la estructura (modo de producción) y las superestructuras (conciencia) de una formación social.

Entonces, se define al “bloque hegemónico” como la alianza entre grupos y actores sociales que se han adherido a una idea o visión del mundo y que se ha conformado con la intención de promoverla cultural y políticamente, con independencia de sus intereses. Esta visión del mundo se encuentra anclada en un ethos colectivo, y no en los intereses que, eventualmente, pueden orbitar alrededor de esa unidad. Se trata de una alianza cultural y moral, antes que de una coalición con propósitos económicos.

La victoria electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representan un triunfo de este tipo: un ethos, a partir del cual se aspira a reorganizar la vida social. La cifra inicial que lo llevó al triunfo (53 por ciento de los electores) se elevó a un apoyo de alrededor de 80 por ciento en febrero de 2019 (Aristegui Noticias, 2019); sus decisiones económicas parecen irracionales, pero son respaldadas porque se orientan hacia otros motivos que resultan más caros para la población: el combate a la corrupción, la autosuficiencia, la clausura del dispendio público; y la gente vuelve a creer que es suficiente la ejemplaridad del presidente para sanear al país.

La victoria de Morena es el síntoma de un nuevo bloque hegemónico, que merece ser analizado a la luz de la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron su conformación y triunfo, y en qué medida esas condiciones permiten adelantar los rasgos de su futuro funcionamiento?

El resultado principal de estas líneas es que el bloque hegemónico morenista es fruto de la pugna entre dos propuestas alternativas de nación: el proyecto reformista y el proyecto neoliberal; específicamente, de la forma en la que fueron derrotados y aupados los bloques históricos que los apuntalaron. Y aunque dicho triunfo representa el regreso del proyecto reformista, el nuevo gobierno que lo encabeza se ha visto obligado a conservar compromisos fundamentales con el neoliberal y con el viejo autoritarismo priísta, de los cuales los más importantes son la conservación de la apertura comercial y, por esta vía, del modelo secundario-exportador, que es el que le dio sentido a la política neoliberal; por otro lado, el intento por recuperar las condiciones políticas del crecimiento mediante la centralización autoritaria del poder. No obstante, estos compromisos son incompatibles con las apuestas de los actores que integran el bloque, lo que arroja serias dudas sobre su estabilidad.

El presente trabajo se organiza en cuatro secciones: en la primera, se exponen las respuestas al agotamiento de la sustitución de importaciones que representaron el proyecto reformista y el neoliberal. En la segunda, se examinan la derrota y el auge de los bloques hegemónicos que los apuntalaron, así como el que posibilitó la victoria de Morena. La tercera, ubica el bloque morenista en las coordenadas históricas trazadas por estos dos proyectos y, a partir de ahí, adelanta algunos rasgos de su funcionamiento. Y por último, se explora el restablecimiento de las premisas políticas de la recuperación del crecimiento económico

Respuestas al agotamiento de la sustitución de importaciones

El agotamiento de la ISI en los setenta suscitó dos tipos de respuesta. Se trata de lo que -en su tiempo- ^{Cordera y Tello (1981)} llamaron el proyecto “Reformista” (PR) y el proyecto “Neoliberal” (PN). El ethos al que se asocia el primero otorga preeminencia a lo colectivo-popular y postula un criterio de justicia distributiva solidaria, según el cual el bienestar social debe repartirse lo más equitativamente posible, con independencia de la contribución al logro de ese bienestar.

El ethos del PN ubica al individuo en el centro del quehacer social, económico y político. Lo colectivo debe subordinarse invariablemente a lo individual. Es profundamente meritocrático y postula que el bienestar social debe distribuirse de acuerdo al aporte individual a su consecución. La preeminencia de lo individual sólo puede asegurarse mediante esquemas democráticos de producir el orden.

El eje del PR busca recuperar el espíritu original de la política pública del pacto social cardenista. Los pilares en los que ésta descansaba eran cuatro: a) activismo estatal en la dirección y promoción del desarrollo; b) carácter popular, en su origen y orientación, del Estado de la Revolución mexicana; c) nacionalismo defensivo, fincado en la soberanía sobre los recursos naturales, la autodeterminación de los pueblos y el principio de no-intervención extrajera; y, d) la subordinación al Estado de todos los actores sociales.

Los primeros intentos de poner en marcha el PR los ensayaron los expresidentes Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). Sobre todo el primero emprendió una campaña de denuncias contra las desviaciones que había sufrido el pacto social revolucionario, especialmente durante la época del llamado “desarrollo estabilizador” (1958-1970). Se dijo que, a pesar del intenso crecimiento económico y de la estabilidad en las esferas económicas y social, el proceso acentuó la dependencia de Inversión Extranjera Directa (IED) y concentró más el ingreso (Bancomext, 1971).

Las variables con las que se encaró el agotamiento de la ISI fueron la distribución del ingreso y el gasto público, este último fue privilegiado por López Portillo, y ambos, por Echeverría. La mejoría en la distribución del ingreso trataba de reducir la participación de las ganancias en el ingreso nacional, a costa de aumentar la de las remuneraciones salariales. En consecuencia, la administración de Luis Echeverría activó una cruzada de aumentos salariales; alza en los precios de garantía a favor de los campesinos; reparto agrario; controles de precios para atajar la inflación, y un conjunto de medidas que fortalecían el acceso obrero a los bienes de consumo duradero y a la vivienda. Todas estas medidas fueron arropadas por una política de movilizaciones populares, destinadas a fortalecer el debilitado vínculo con las organizaciones obreras y campesinas y a encarar la resistencia del empresariado, al que se le atribuyó la escalada inflacionaria, ausente hasta entonces en la histórica económica reciente.

La administración siguiente (1976-1982) trató infructuosamente de reconciliarse con los hombres de negocios y evitar toda confrontación. La estrategia consistió en abandonar la línea redistributiva y acentuar la expansión del gasto público, como lo muestran la gráfica 1 y el cuadro 1.

Gráfica 1 Composición del Valor Agregado Total 

Como puede observarse, durante el gobierno de Echeverría no sólo la participación de los salarios en el PIB alcanzó su nivel más alto (40.3 por ciento), sino también el correlato de una política de disminución de la porción de las ganancias en el ingreso nacional. Ahí residió una de las contradicciones técnicas y, sobre todo, políticas del proyecto: se acicateó la demanda interna, pero se afectaba negativamente la tasa de ganancia. La primera impulsaba el ingreso nacional, y el segundo efecto inhibía la inversión y los aumentos futuros de producto nacional.

Esta fue una de las razones por las que durante el siguiente sexenio se dejó de lado la política progresiva de distribuir funcionalmente el ingreso, y en su lugar acentuó la estrategia fiscal y optó por una expansión más acelerada del gasto público que la que se había seguido en la administración precedente.

La estrategia fiscal expansiva no tardó en traducirse en fuertes desequilibrios en las finanzas públicas y en el frente externo. De esta forma, los dos gobiernos reformistas experimentaron ciclos de expansión del gasto público, deterioro del sector externo, desplome de divisas, devaluación, políticas fiscales y monetarias restrictivas y, por esta vía, crisis recurrentes. Una vez que las reservas internacionales se restituían, el ciclo volvía a comenzar. El problema era que las crisis se hicieron cada vez más intensas y más frecuentes (^{Casar, 1982} y 1984; ^{Millán, 1998}).

En este contexto entra el PN como solución técnica al agotamiento de la ISI y, al mismo tiempo, como una alternativa al fracaso del ensayo reformista. El proyecto volteó hacia el exterior. Ahora se trataba de crecer por medio de la exportación de manufacturas y de inaugurar lo que pronto se llamaría el modelo secundario-exportador: un patrón de desarrollo que descansaría en la demanda foránea, en lugar de la interna; y que reorientaría la producción de manufacturas, especialmente la de bienes de consumo durable -viejo eje dinámico de la segunda fase de la ISI (^{Pinto, 1973})- hacia el mercado internacional.

Los dos ejes de política económica que lo activaron fueron la apertura comercial y la reforma económica del Estado. El primero se orientó a desmontar la protección de las actividades económicas, lo que fue fundamental para la ISI. Con la eliminación de los permisos previos de importación, la desgravación arancelaria y la firma de tratados de libre comercio, se buscó el acceso a los mercados internacionales y la estimulación para la productividad doméstica al someter a la economía nacional a la competencia foránea, pero sobre todo, a eliminar el sesgo antiexportador y, por esta vía, favorecer la rentabilidad relativa de la exportación.

Al segundo eje, la reforma económica del Estado, en términos generales, se le reconoce por el retiro estatal de las actividades productivas y sociales; por el arreglo de las finanzas públicas, mediante la eliminación o reducción de los déficit fiscales, y por una política de desmantelamiento de regulaciones, orientada a estimular el libre mercado. La imagen es acertada, pero el objetivo de la reforma consistía en la realineación de los precios relativos, con el fin de facilitar que los mecanismos de mercado actuaran como el expediente más eficiente en la asignación de recursos. Se trataba de estimular la competitividad para encarar la penetración de importaciones y avanzar en la estrategia exportadora.

La intención de estimular la exportación manufacturera rindió frutos muy rápidamente, ya que se convirtió en el componente más dinámico de la demanda y en el motor del crecimiento económico. No obstante, el logro fue acompañado por una contradicción estructural: la necesidad de desmontar la protección comercial para revertir el sesgo antiexportador versus el acentuado desplazamiento de la producción doméstica por bienes foráneos, que la misma desprotección acicateaba. El dinamismo exportador necesitó de la apertura comercial para hacer rentable el mercado externo, pero ésta acabó por des-sustituir importaciones.

La consecuencia de ello fue el abatimiento de la tasa de crecimiento potencial de la economía (^{Moreno-Brid, 1998}), hasta ubicarla en niveles inferiores a los necesarios para absorber los nuevos contingentes que anualmente se incorporaban al mercado de trabajo (^{Millán, 2005}). Se erigió así un severo impedimento a la difusión del bienestar, a lo cual se agregaron otros dos: la ruptura de las cadenas productivas y la pérdida de los “efectos hacia delante” del complejo exportador. La importación de insumos sustituyó a la proveeduría local, lo cual implicaba que este complejo perdía su capacidad de arrastre sobre otros sectores de la economía nacional. Además, con la exportación se fugan al exterior los “efectos de eslabonamiento posteriores” (^{Hirshman, 1958/1981:105}) de los bienes durables, que inducen nuevas inversiones, ya sea para su consumo o su plena utilización. De esta manera, el eje exportador tendió a operar como un sector de enclave, ajeno la dinámica del resto de la economía.

En resumen, los dos proyectos de nación anidaron problemas que dificultaron su justificación mediante una narrativa convincente en torno a su capacidad para propiciar bienestar: el reformista, en virtud de los desequilibrios y las crisis recurrentes; el neoliberal, debido al carácter insular del complejo exportador y al abatimiento del dinamismo económico y del empleo.

Bloques hegemónicos de ida y de regreso

Esta sección está destinada a ubicar triunfo electoral de Morena en las coordenadas trazadas por los bloques hegemónicos que han acompañado a los dos proyectos en disputa.

El triunfo de Morena y el nuevo bloque hegemónico: la narrativa

La tarea de construir una alianza social con fines de dominación de largo alcance es siempre una lucha entre narrativas. Así lo hicieron los empresarios y los estratos medios cuando vaciaron el discurso de la Revolución e impusieron su visión neoliberal y protodemocrática. Y así lo han hecho ahora AMLO y sus seguidores contra estas formas de organizar la economía, la vida política y el ejercicio de gobierno. Las bases sobre las que se ha construido esta narrativa las aportan los resultados mediocres y ambiguos de ambas líneas de acción.

Primero, el mesianismo, cuya narrativa ha construido la idea de una élite política que, aliada al gran capital, ha conformado una “mafia del poder”. La llegada de la alternancia y de instituciones protodemocráticas posibilitaron la exhumación de esos poderes fácticos, que ahora se benefician sin mayores restricciones de los negocios que propician el libre mercado, la cercanía al poder y la corrupción. Dicha élite se distingue por su escasa representación popular y por el ensimismamiento en la promoción de sus intereses y la de sus socios capitalistas. Es una versión casi textual de la denuncia de Marx y Engels (1948/2000): el Estado como instrumento de la clase dominante.

Sobre esta base, AMLO edifica una legitimidad de tipo carismático. Por lo que vale la pena reproducir la definición de Weber: “De carácter carismático: que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas [llamada] [autoridad carismática]” (^{Weber, 1922/2002: 173}). Recordemos que en la Biblia el término “santo” quiere decir “apartado”, alejado de todo lo que contamina (Diccionario bíblico, 2018). ¿Y de qué está “apartado” López Obrador? De los vicios y pecados que atraparon a las élites políticas y, en general, a la “mafia del poder”: la corrupción, la traición y el engaño a un pueblo, que no fue representado de conformidad con la promesa de la transición democrática. La creencia en su “honestidad valiente”; la carencia de ambiciones ocultas (“no soy un ambicioso vulgar”) y la desconfianza en la sociedad civil (organizaciones intermedias) sirvieron de base para configurar a un líder que reflejaba la esencia misma de un pueblo mítico: bueno, sabio, siempre traicionado y solamente exaltado por los grandes héroes nacionales.

La segunda columna de la narrativa del nuevo bloque hegemónico fue la diatriba contra el neoliberalismo, la cual se dirigió en tres direcciones: a) su incapacidad para reducir sustancialmente la desigualdad y la pobreza; b) el retiro del Estado como regulador de la esfera social, y c) la mercantilización de la vida. La gráfica 2 reproduce los datos relevantes sobre el primer aspecto.

Gráfica 1 Incidencia de la pobreza y distribución del ingreso 

Tras aumentar drásticamente a raíz de la crisis de 1994-1995, la incidencia de la pobreza se redujo hasta 2006. A partir de entonces, emprende el ascenso que la ubicaría, hacia 2014, en niveles similares a 1992, pero no ha sucedido lo mismo con la distribución personal del ingreso, ya que después de subir entre 1996 y 2000, Índice de Gini⁶ registra una clara tendencia declinante. Sin embargo, a pesar de ello, no es suficiente para distanciarla de la cifra de 1992. La ambigüedad en el comportamiento de los dos indicadores es un reflejo de la impotencia del modelo de desarrollo para afianzar una tendencia clara. Si se le compara con el año de arranque, resulta obvio que no ha habido avances sustantivos en ambos frentes; pero si se examina lo ocurrido en el medio, sería difícil sostener que el modelo tiende a generar más desigualdad y más pobreza. La conducta errática de alzas y bajas abre la puerta para desvincularla de la dinámica del patrón de desarrollo y de su política neoliberal. Lo que en realidad revela es que ambos no están habilitados para detener el deterioro en los niveles de pobreza y desigualdad, cuando se presentan los fenómenos que lo impulsan.

Resulta importante resaltar que esta ambigüedad sirve a tirios y troyanos. Los abogados del nuevo bloque hegemónico lópez-obradorista destacan el escaso progreso desde 1992, especialmente, el aumento de la pobreza a partir de 2006. Ignoran, frecuentemente, el comportamiento del Índice de Gini desde 2000, y se enfocan en la caída de la participación de los salarios en el ingreso nacional.⁷ Se configura así una narrativa antineoliberal que presenta a esta política (curiosamente, sin mencionar al modelo secundario-exportador) como una máquina de pobreza y desigualdad.

En segundo término, en la narrativa hegemónica el neoliberalismo no sólo retiró al Estado de la economía y de la esfera del bienestar social, también desmanteló el aparato que permitía ejercer su principal función: la seguridad pública. Cuando no se coludían, las autoridades encargadas de ejercer la violencia legítima del Estado se vieron imposibilitadas de contener la ola expansiva de la delincuencia organizada, de la violencia homicida, de la trata de personas, de los secuestros. El alto grado de impunidad reflejaba esas incapacidades, o lo que es peor, su indiferencia. Esa autoridad, sujeta a la lógica neoliberal, perdía su razón de ser.

El tercer aspecto de la narrativa consiste en presentar al neoliberalismo como la esencia misma del capitalismo descarnado y sin freno. El afán de ganancias penetra hasta los rincones más íntimos de la vida humana y más sagrados de los vínculos personales. El debilitamiento de la acción estatal en casi todas las esferas de la vida nacional permitió que esta narrativa reprodujese esta visión, según la cual se asigna al neoliberalismo el deseo y la capacidad para sujetar casi todas las dimensiones de la vida a los intercambios mercantiles; desde el medio ambiente hasta la destrucción de comunidades por el afán lucrativo de las empresas mineras, pasando por la corrupción de los cuerpos policiacos, el acceso a la justicia, la desconfianza en el otro, etcétera. Es decir, la privatización de los bienes colectivos o de los bienes públicos.

¿De regreso al proyecto reformista?

AMLO ha sabido construir un bloque hegemónico de largo alcance y en aparente expansión, ya que comparte el mismo ethos que el PR, que privilegia lo colectivo sobre lo individual y pugna por una justicia distributiva solidaria. Y al igual que éste, busca conseguirlo mediante el rescate de la intervención estatal y la reconstitución de la alianza entre el Estado y las masas populares (ahora “pueblo”). El abanderamiento de ese ethos se esgrime mediante una diatriba contra el neoliberalismo, que permite presentarlo como el origen de todos los males.

Sin embargo, en el terreno de las acciones lo que se vislumbra es una mezcla entre ambos proyectos, lo que indica, en primer lugar, que es casi imposible regresar al viejo modelo de desarrollo, en sus términos cabales y a la luz del mundo contemporáneo. Es claro que el gobierno de AMLO apuesta por mejorar la distribución del ingreso, pues ya ha dado pasos en este sentido por medio de las alzas salariales y la declarada política de recuperación de este emolumento. Lo anterior propende a abatir la participación de las ganancias en el ingreso nacional. De esta forma, se estimularía el mercado interno y el crecimiento, pero la ganancias empresariales declinarían. El consecuente antagonismo de los hombres de negocios sólo podría amainarse con el impulso a otros factores contrarrestantes: el gasto público, las exportaciones y la reversión de la des-sustitución de importaciones.

El estímulo mediante una política fiscal expansiva parece ser el candidato más probable de la estrategia. Por ahora, se trata de cambiar la estructura del gasto público, sin una reforma tributaria recaudatoria. Sin más impuestos y sin mayor deuda se renuncia temporalmente a un incremento significativo avalado por una reforma fiscal de gran calado. La opción ha sido obligada: reorientación de las erogaciones hacia programas sociales cuasi clientelares (^{Casar, 2019}) y hacia obras de infraestructura energética y ubicadas en el sur-sureste. Los programas sociales nuevos se dirigen a personas que se encuentran al margen de la dinámica económica o que demandan la acción estatal para lograr su inserción. El apoyo es suministrado directamente y sin intermediarios. El argumento del gobierno es la intención de evitar la burocracia y el clientelismo y, sobre todo, la de maximizar el apoyo recibido por el beneficiario.

Con relación a la infraestructura energética y a la destinada a asentarse en el sur-sureste, la estrategia obedece a un doble propósito. Por un lado, pretende reconstruir uno de los aspectos que más contribuyeron al régimen de la Revolución y que fue de los más golpeados por la política neoliberal, el nacionalismo, en su acepción cardenista: nacionalizar. En el pasado, su función principal fue constituir un “nosotros”, que identificaba a los ciudadanos por encima de cualquier facción (^{O’Donnell, 2004}). Ahora: a) recupera la noción de pueblo-nación, pero no anula en el imaginario las diferencias socio-económicas, sino las enfatiza; b) los recursos naturales son de todos y deben de ser protegidos de la ambición extranjera, y c), la mejor forma de cumplir ambos deseos superiores es preservarlos del quehacer privado y entregarlos a la propiedad y/o la regulación estatal. El neoliberalismo emprendió sus baterías contra estas tres dimensiones del nacionalismo revolucionario, y ahora el gobierno de AMLO pretende recobrarlas. Comparte así el sentido con el PR original.

Por otro lado, la orientación del gasto hacia el sur-sureste es un adeudo de los mexicanos con sus compatriotas. Ahí no entró la Revolución y la hegemonía priísta se introdujo sin promover el desarrollo y mediante el refuerzo de muchos de los mecanismos de dominación ligados a la premodernidad. La integración a la globalización es nula o muy escasa. Ahí se manifiestan con mayor virulencia el atraso, la pobreza, el analfabetismo, el hambre y la desnutrición, y los niveles más bajos de productividad. Representa un México distinto al resto del país, en donde los niveles de vida y crecimiento son a todas luces superiores y se percibe una economía más dinámica (^{McKinesey Global Institute, 2014}). Esta reasignación del gasto está plenamente justificada, no sólo por sus efectos potenciales sobre el desarrollo regional y el abatimiento de la pobreza, sino también porque es una apuesta seria para homogeneizar la geografía económica y, por esta vía, hacer de la igualdad una palanca del desarrollo.

Es obvio que una estrategia fincada en la mera reestructuración del gasto público encontrará rápidamente sus límites y no puede constituir una política de desarrollo, ya que para esto se requiere de expansiones sostenidas del gasto público, fincadas en una reforma fiscal de gran calado, la cual AMLO ha sugerido posponerla para la segunda mitad de su gobierno. La razón es doble, por un lado, pretende asegurar la cohesión del nuevo bloque hegemónico sin que el embate fiscal ponga en riesgo la adhesión de las clases medias meritocráticas desencantadas y evitar así que las tensiones con las élites empresariales reconfiguren el viejo bloque neoliberal. Aunque dichas tensiones estarán siempre presentes y sólo podrán administrarse exitosamente mediante pactos cupulares o golpes y amenazas de autoridad, orientados a la subordinación del empresariado nacional, al tiempo que activará otros mecanismos contrarrestantes de la caída esperada del nivel de ganancias. El renacimiento de los movimientos obreros por medio de centrales alternativas, pero ligadas a AMLO, es una parte fundamental de esa subordinación y de la administración de las tensiones con el empresariado.

La segunda razón, consiste en la preservación de la estabilidad macroeconómica durante el periodo de transición hacia una recaudación tributaria más decidida. Una expansión del gasto público sin mayores ingresos fiscales amenaza el equilibrio macroeconómico no sólo en el lado fiscal, sino también en el externo y cambiario. Mayor déficit en las finanzas públicas desembocaría en mayor endeudamiento y, por esta vía, en presiones sobre la tasa de interés, que el Banco Central difícilmente podría atajar. Lo cual se cerniría contra la inversión privada, y el proyecto de recuperación del crecimiento podría naufragar, pero también se reflejarían en desequilibrios externos (Twin deficits) que presionarían el tipo de cambio. De esta forma, se inauguraría un círculo vicioso entre presiones alcistas de la cotización internacional del dólar y los tipos de interés.

La economía política de la Cuarta Transformación necesitará inevitablemente un gasto público expansivo, pero para sostenerlo deberá emprender una reforma fiscal que eleve el exiguo porcentaje de los ingresos tributarios, ya que sin ella, resulta imposible compatibilizar la estrategia económica gubernamental con la presencia constante de tensiones con el empresariado nacional. El renacimiento de las centrales obreras alternativas, pero ligadas a AMLO, forma parte sustancial de la administración de estas pugnas, pero no es suficiente para evitar que colapsos financieros derivados de déficit fiscales agrandados deriven en actitudes de insurgencia empresarial, como la de los setenta y ochenta.

En este sentido, la preservación de finanzas públicas sanas y equilibradas es un primer compromiso con la política neoliberal. Un segundo compromiso sería la conservación de la autonomía del Banco de México. Identificada como uno de principales baluartes del pensamiento y del proyecto neoliberales, su puesta en marcha obedeció a sustraer la política monetaria de la influencia del Ejecutivo federal. Su manejo arbitrario no sólo posibilitaba el financiamiento de los déficit, sino también el uso político para fortalecer a sectores y actores, cuya lealtad era clave para el régimen. Las consecuencias inflacionarias activadas desde la administración de Echeverría indicaron que tal esquema había llegado a sus límites. La Cuarta Transformación ha decidido conservar esta autonomía, pero insinúa una mutación: la necesidad de ampliar las perspectivas en el análisis de la política monetaria y, eventualmente, posibilitar que esta vía conduzca a la ampliación de los objetivos de ésta; no sólo el combate a las presiones inflacionarias, sino también la promoción del crecimiento mediante tasas de interés contracíclicas.

El tercer compromiso con el neoliberalismo está más ligado al modelo que a la política económica. Se trata de la verdadera prueba de la Cuarta Transformación, la que tiene que ver con el patrón del desarrollo. Y aquí surgen las dudas más profundas sobre sus verdaderas las intenciones, ya que la neoliberal es una política económica orientada a activar y mantener un modelo de desarrollo: el secundario-exportador. Un patrón de desarrollo, como lo fueron el primario-exportador y las dos fases de la industrialización sustitutiva. Cada uno fue acompañado de una política económica que les daba viabilidad (^{Millán, 1998}). Y lo mismo ha sucedido con la apertura comercial y el retiro de la influencia del Estado en la asignación de los recursos, pues ambos procuran mantener la exportación manufacturera como el eje del crecimiento económico, y a la demanda externa, como su fuerza motriz.

Así, la Cuarta Transformación no da señales de querer girar en otra dirección. La apertura comercial parece ratificarse con la firma del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y no se vislumbran cambios a favor de una política de protección hacia otras regiones, lo cual implica un compromiso serio, no sólo con la política neoliberal, sino especialmente con el modelo de desarrollo que le da vida y sentido. Su mediación permite atacar el meollo de la actividad económica: la reorientación de la producción hacia el exterior, porque es el instrumento del que se vale el desmantelamiento del proteccionismo para hacer más rentable el mercado externo con relación al interno. Determina la estructura de la oferta manufacturera.

No obstante, también la de la demanda doméstica, ya que las políticas de redistribución y de gasto público aspiran a ampliar el mercado interno. Esta intención se alinea perfectamente con el PR, pero puede encarar una posible limitante, derivada de la contradicción fundamental del modelo: la penetración de las importaciones. No es descartable que el estímulo al mercado interno desemboque en un desplazamiento mayor de la producción doméstica por bienes de origen foráneo, y que el intento de complementar el modelo con el mercado interno, fracase.

La clave está, sin duda, en la competitividad. Y al respecto, cabe destacar dos líneas contradictorias: la primera, alude al capital humano y a la capacidad de adaptar innovaciones tecnológicas, y el deterioro que han sufrido ambos, ya se ha mencionado. El asunto es que la Cuarta Transformación apunta, no a un cambio en esta dirección sino a una tendencia a agravarlo. La indiferencia hacia la calidad educativa -no examen de admisión, cien universidades, la reforma a la reforma educativa, menoscabo del gasto en ciencia y tecnología-, refleja la subordinación de las políticas de formación de capital humano a las necesidades políticas y consensuales, y este esquema es sostenible cuando la economía se cierra, pero no cuando permanece abierta.

En contra de este argumento se erige otro con potencia: la ampliación del mercado conduciría a un crecimiento más acelerado y, por este camino, a una mayor productividad laboral, acicateada por la repetición de operaciones (^{Ros, 2015}). Es decir, el problema central no es la productividad sino el crecimiento, donde este es la variable causal, y aquélla, la dependiente. A lo anterior se agrega otra variable que la complementa: la que invoca la primera ley de Kaldor para explicar que el bajo crecimiento económico del país ha obedecido al débil desempeño del sector manufacturero (^{Loría et al., 2019}). Ambos se relacionan con la evolución reciente del coeficiente de la sustitución de importaciones. Con el nuevo modelo se ha mostrado una clara tendencia ascendente, que es signo evidente de que la economía, en especial el sector manufacturero, ha incurrido desde entonces en el proceso inverso: la des-sustitución de importaciones. Si el robustecimiento del mercado interno acicatea la productividad y la competitividad, es probable que el coeficiente de sustitución de importaciones revierta la tendencia alcista y, en el mejor de los casos, vuelva a registrar un descenso, como lo hizo en el periodo 1940-1970. La economía mexicana recuperaría su principal fuente histórica de crecimiento.

En este sentido, la Cuarta Transformación representaría una forma sintética entre ambos proyectos -reformista y neoliberal-, propiciada por el compromiso de conservar el carácter secundario-exportador del modelo y, al mismo tiempo, introducir modificaciones favorables al mercado interno. Ese compromiso pasa por el mantenimiento de tres pilares básicos del neoliberalismo: finanzas públicas sanas, autonomía del Banco de México y apertura comercial. Aunque habría que agregar un cuarto, sobre el cual la Cuarta Transformación no parece emitir señales de cambio: la nula influencia del Estado en los precios relativos y, por esta vía, en la asignación de los recursos.

La concentración del poder y la economía de la Cuarta Transformación

Cualquier mirada a la administración de AMLO difícilmente podrá soslayar que por encima de cualquier otra línea de acción se encuentran el afán de centralizar el poder en el Estado y de concentrarlo en el titular del Ejecutivo federal. Esa forma de operar no nos es ajena, en virtud de que reproduce uno de los pilares en los que descansó el viejo sistema político mexicano que emergió de la Revolución. Lo novedoso es que el proceso apunta hacia una centralización de naturaleza caudillista, en la medida en que reposa en la persona y, menos -mucho menos- en la institución presidencial.

Morena -como su nombre lo dice- es un movimiento que reproduce de manera fiel la voz de su caudillo, a pesar de que integra un numeroso y disímil carrusel de vertientes políticas. Donde muchas de ellas pugnan por su institucionalización mediante el fortalecimiento del partido,⁸ pero el líder y sus seguidores más inmediatos se han empeñado en conservar a Morena como un movimiento perpetuo y no institucionalizado. Así, el partido opera como un apéndice, sin vida propia y, eventualmente, instrumentalizable para propósitos específicos. Toda proporción guardada se asemeja mucho a la relación que los movimientos fascistas y nacionalsocialistas mantuvieron con sus respectivos partidos. Evitar la institucionalización resulta indispensable para prolongar el liderazgo caudillista y personal; es esencial para la dominación carismática.

No obstante, los intentos evidentes para centralizar pueden ser analizados desde el marco de la economía política de la Cuarta Transformación, en la medida en que obedecen a dos retos que encara la sociedad mexicana: revertir la dispersión del poder que acarreó la transición hacia la democracia y recuperar la senda del crecimiento económico. La primer,a fue la forma obligada con la que los gobiernos de la alternancia encararon el dilema estructural de la vida política mexicana entre gobernabilidad y democracia (^{Millán, 2012}). A diferencia del Porfiriato y del PRI, apostaron a favor de esta última, pero acabaron sacrificando la primera. El presidente se debilitó y el poder se fragmentó en el Congreso, los partidos, los gobiernos locales y los poderes fácticos, incluido el narcotráfico.

Como lo han demostrado ^{Acemoglu y Robinson (2012)}, una trayectoria como la descrita conduce a la pérdida de dinamismo o, de plano, al estancamiento económico. El crecimiento reposa en una condición política necesaria: la centralización del poder. Sin ella, no es posible la obediencia al Estado, necesaria para inducir las conductas que persiguen las políticas públicas, ni mucho menos para hacer valer los derechos de propiedad, cualquiera que sea la forma que adopten. Cuando se consigue y se ejerce por vías democráticas, la incorporación de las grandes masas de población a las actividades económicas permite que la expansión sea sostenible en el largo plazo. En cambio, cuando se activa y funciona por medio de mecanismos autoritarios, el crecimiento puede prolongarse por largos periodos, pero al final se extenuará. Este fue el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y de México durante la hegemonía priísta. En ambos casos, fue la ineficiencia, asociada a una estructura de incentivos que inhibe la innovación tecnológica, la responsable de desvanecer las fuerzas endógenas del crecimiento, ya que detrás del agotamiento de la sustitución de importaciones y de la penetración de éstas en el mercado doméstico se encuentra la imposibilidad de avanzar en la producción eficiente de bienes de capital, en el primer caso, y las dificultades para estimular la competitividad de las empresas nacionales, en el segundo. Es decir, la concentración autoritaria del poder erigió límites histórico-estructurales a la recuperación del crecimiento, pero la alternancia fue incapaz de centralizar ese poder por vías democráticas, lo que acabó por cancelar las condiciones políticas para el crecimiento.

En este contexto se inscribe la estrategia de AMLO de concentración del poder, que nuevamente reproduce la vía autoritaria y ha tratado por todos los medios de desmantelar los avances democráticos que se lograron durante casi dos décadas. Pretende recuperar las bases políticas del crecimiento, pero no parece consciente de que el camino autoritario de los años sesenta y setenta quedó clausurado hace mucho tiempo, y de que aún permanecen los límites que el progreso técnico ha impuesto al desarrollo. Es más, no le da la mínima importancia a este aspecto crucial.

Conclusión

La Cuarta Transformación representa el regreso y la revancha de un proyecto gestado en los setenta desde la presidencia de la República. Se trata del proyecto “reformista”, que fue derrotado en los ochenta por otro de corte neoliberal. Ambos constituyeron la respuesta al agotamiento de la industrialización sustitutiva. El primero pretendió recuperar el crecimiento mediante la expansión del mercado interno, acicateada por la redistribución funcional del ingreso y un gasto público creciente. El segundo, en cambio, apostó por la exportación manufacturera, y con este propósito emprendió la apertura comercial y una reforma económica del Estado orientada a hacer del mercado el mecanismo de asignación de recursos.

La esencia de la derrota del PR y del ascenso del PN, fue la conformación de un bloque hegemónico entre empresarios y clases medias meritocráticas, que además sirvió para impulsar la transición hacia la democracia. Hoy ese bloque está en crisis y ha sido desmantelado por la crítica de López Obrador y sus seguidores, quienes han conformado uno nuevo, que es la base del triunfo reciente de Morena y de las transformaciones que aspira introducir en el curso nacional. Este bloque está conformado por actores sociales pre y posmodernos, así como por segmentos modernizadores de las clases medias, desencantados con los resultados de la política neoliberal y de la democracia mexicana, que en su momento formaron parte de la antigua alianza hegemónica.

El problema es que este bloque puede ser inestable, en virtud de que la Cuarta Transformación ha incurrido en una contradicción de origen: abandera el ethos del proyecto reformista y de los integrantes del bloque, pero se ve obligado a desplegar medidas de política que revelan fuertes compromisos con el proyecto neoliberal, el modelo de desarrollo vigente y el viejo autoritarismo priísta.

A pesar de la diatriba antineoliberal, la Cuarta Transformación se ha comprometido con pilares esenciales del PN: la autonomía del Banco de México, el equilibrio en las finanzas públicas, la apertura comercial y, sobre todo, la conservación de la orientación fundamental del modelo de desarrollo hacia la exportación manufacturera. La redistribución progresiva del ingreso y la reestructuración del gasto público reivindican el mercado interno como motor coadyuvante del desarrollo, pero de ninguna manera sugieren la sustitución del modelo secundario-exportador, ya que ésta implicaría el abandono de aquellos expedientes, especialmente de la apertura comercial.

Ello implica que la satisfacción a los grupos pre y posmodernos tiene límites claros, pues ambos han abogado por la eliminación del mérito y de la eficiencia en los criterios de política pública. Así lo atestiguan su pugna contra la reforma educativa, el desprecio por la técnica, su simpatía por el acceso automático a universidades, la búsqueda a toda costa por la autosuficiencia energética, etcétera. Y AMLO coincide con ellos y sus acciones tienden a satisfacerlos, pero esto puede realizarse con un conjunto de bienes no transables o que el gobierno resguarde la economía de la competencia foránea, pero no con todos, pues los tratados comerciales así lo imponen. Entonces, la estrategia por soslayar la eficiencia encarará límites, lo que puede debilitar la adhesión de los actores modernos.

Además, AMLO ha optado por una vía autoritaria para reconstituir las condiciones políticas del crecimiento económico, debilitadas por la dispersión del poder que arrojó la alternancia, y ello ha entrañado el desmantelamiento de los avances democráticos de los últimos años. De esta forma asegura la adhesión de los viejos actores premodernos, pero pone en riesgo la de los posmodernos y la de las clases medias desencantadas.

El panorama anterior arroja dudas sobre la solidez del bloque hegemónico de la Cuarta Transformación, porque anida una contradicción entre el ethos que lo unifica y los compromisos con el proyecto neoliberal. No se aprecia la conformación de un pacto social lo suficientemente sólido para equipararse convincentemente con las tres transformaciones que la precedieron. Es decir, a pesar de la estridencia declarativa, es muy probable que el saco le quede grande.