Introducción

En el presente artículo analizo las iniciativas de integración educativa universitaria desarrolladas a partir de la segunda postguerra mundial y de manera conjunta por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. El objetivo último de tales iniciativas fue la creación en Centroamérica de un espacio común e integrado de educación superior a favor de la corriente de acoplamiento político y económico que en esos años se manifestaba en la zona. Herederas ideológicas y sentimentales del unionismo decimonónico finisecular, la definición de políticas educativas integradoras dotadas de claro contenido centroamericanista significó un intento de, al menos, sumar al anclaje nacional el regional y de atribuir a Centroamérica la calidad de espacio común y compartido. De religar, en suma, lo que naturaleza e historia sustancialmente habían unido. Merced a ello, una serie de planes institucionales, programas e individuos circularon a través del istmo centroamericano.

Sin embargo y antes de adentrarme en dichas cuestiones, estimo pertinente plantear unas breves precisiones sobre el horizonte teórico de mi trabajo. Como acabo de señalar, voy a analizar y valorar en el terreno de la educación universitaria y en un tiempo y en un espacio perfectamente delimitados -cinco de las repúblicas de la América Central entre 1948 y 1975- el tránsito e intercambio de una serie de ideas, proyectos y sujetos que se percibieron, negociaron e influyeron entre sí a través de un acomodo que en la mayor parte de las ocasiones, y al menos en su primera fase, resultó amigable y sencillo. Para llevar a cabo esta tarea parto de dos nociones básicas del más reciente discurso historiográfico: las de desestabilización y descentramiento. Unos postulados que están íntimamente relacionados con el profundo debilitamiento del control epistemológico que hasta hace unas décadas el estructuralismo imponía sobre el conjunto de las disciplinas sociales y cuyo derrumbe nos posibilita, en tanto que investigadores sociales, optar por un enfoque que favorezca la fluidez antes que por otro que premie la fijeza. Estamos así ahora en disposición de rehuir el concepto estable de estructura en beneficio del más dúctil de circulación; de premiar la lectura bidireccional de los procesos de encuentro cultural y no la interpretación de estos desde la óptica impositiva y jerárquica del binomio dominador-dominado; de valorar frente a sistemas, modos y hábitos socioculturales rígidamente contrapuestos, la existencia de polos de intercambio sutilmente conectados; de evitar, en fin, imaginar paralelismos aparentemente condenados al desencuentro y saber descubrir puntos de conexión capaces de converger a través del análisis comparado.

Las nociones de desestabilización y descentramiento benefician así múltiples refracciones del quehacer historiográfico y abundan en la necesidad del enfoque dialógico. En función de dicho enfoque el que está es contaminado por el que llega y, al tiempo, aquel contamina a este. La transmisión por parte de ambos de la información resultante a su respectivo ecosistema cultural da inicio a un complejo artificio discursivo, produciéndose, en palabras del historiador británico Peter ^{Burke (2010)}, mecánicas de franca hibridación. Además y gracias a las citadas nociones, se transita de perspectivas duales a perspectivas múltiples, un salto que como historiadores nos facilita pasar, tal como Mijail Bajtin recomendaba, de la voz unívoca a la voz polifónica (^{Bajtin, 1987}). Es a partir de los conceptos de desestabilización y descentramiento que busco premiar una lectura más plural de algunos de los procesos de encuentro cultural habidos durante la contemporaneidad en el istmo centroamericano. Concretamente los que allí tuvieron lugar en el campo de la integración educativa universitaria en el tercer cuarto del siglo XX.

I. Los exitosos comienzos de la integración universitaria en Centroamérica

El unionismo centroamericano es un fenómeno histórico que ha venido manifestándose de manera periódica desde el instante mismo en el que mediante la firma del Acta de Independencia, el 15 de septiembre de 1821, la Diputación Provincial de Guatemala anuló su subordinación política a la Monarquía española. Tras el paréntesis de sujeción al Imperio Mexicano de Iturbide, la conformación en el año 1823 de las Provincias Unidas de América Central mostró la existencia de una poderosa pulsión unionista en significados sectores de población de esas unidades territoriales. Las dificultades habidas a la hora de llevar a la práctica tal empeño y su disolución final son circunstancias históricas que no deben oscurecer la fuerza y el atractivo que dicho proyecto unionista fue capaz de despertar entre no pocos de los más distinguidos prohombres criollos. Si fracasó fue debido, entre otras causas, a que la idea de nación, poderoso concepto político que las élites sociales del momento se afanaban en modelar en favor de sus más concretos intereses, se trasladó, tal y como apunta Víctor Hugo Acuña, “desde la Patria Grande hacia las patrias chicas” (^{Acuña, 2005: 255}). Una traslación del reconocimiento identitario de la federación a la nación que no impidió que a lo largo del resto del siglo XIX, entrecruzado primero con las disputas entre conservadores y liberales y, después, inserto en las décadas de predomino del orden oligárquico liberal, perviviese en tierras de Centroamérica el afán unionista.

Buena prueba del resurgir del pensamiento político federal en el istmo centroamericano fue la fundación en Guatemala del Partido Unionista de Centro América (PUCA). Erigido en 1899 alrededor de un grupo de intelectuales centroamericanos liderados por el nicaragüense Salvador Mendieta Cascante, el PUCA recuperó parte del viejo anhelo morazanista de construcción de una República Centroamericana y representó una frustrada alternativa de integración política regional desde la perspectiva de la contienda electoral.¹ Fueron estos intelectuales quienes, a partir de un pasado histórico compartido, consiguieron situar en la agenda pública un discurso perfectamente estructurado sobre la identidad nacional y regional, quienes redefinieron un imaginario común abierto a las demandas de los distintos grupos sociales y quienes crearon a partir de todo ello un novedoso proyecto ideológico. Configuraron así una de las matrices del pensamiento político centroamericano y fundaron algunos de los referentes discursivos legitimadores de la modernidad en la región. Y es precisamente el hecho de que la mayoría de los personajes que a tal empeño se ligaron pertenecieran a un grupo social por aquel entonces emergente en la zona, el de los intelectuales, lo que nos ofrece una de las claves mediante la cual podemos interpretar alguno de los posteriores proyectos de integración habidos en el istmo centroamericano. Es el caso del desarrollado a mediados del pasado siglo XX, cuando en el contexto histórico inaugurado con la segunda postguerra mundial, cupo a los intelectuales centroamericanos desempeñar un importante papel social en el ámbito de la integración regional.

Un rol de los intelectuales centroamericanos, singularmente el de aquellos que se hallaban ligados al medio académico y universitario, que mediado el siglo XX debemos enmarcar en un más amplio horizonte de carácter político y económico. En ese sentido resulta crucial atender al papel desempeñado a nivel continental por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, creada el 25 de febrero de 1948 y a la que desde el instante mismo de su fundación pertenecieron de pleno derecho las cinco repúblicas centroamericanas (también lo hizo Panamá). Fue bajo el aliento de la CEPAL y en virtud de los planteamientos de desarrollo económico formulados por esta y por su muy dinámico secretario general, el argentino Raúl Prebisch, que a comienzos de la década de 1950 y en busca de la necesaria industrialización de las distintas economías nacionales, buena parte de las repúblicas latinoamericanas consideraron la posibilidad de establecer lazos de integración comercial con otras naciones de su misma área geográfica. América Central fue pionera de tales proyectos económicos con la creación, en mayo de 1951, de un Comité de Cooperación Económica y con la firma, el 14 de octubre de ese mismo año, de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos -Carta de San Salvador-, paso previo de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).² El resultado de tales esfuerzos fue el Mercado Común Centroamericano (MCC), suscrito en 1960 por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y al que en 1962 se sumó Costa Rica. El MCC ponía especial hincapié en el impulso de la industrialización (la consabida política de industrialización sustitutiva de importaciones -ISI-), en línea con las medidas de fomento económico amparadas en la confianza en el papel dirigente que a tal efecto debía desempeñar el Estado. Pese a disfunciones y desvíos de los iniciales planteamientos económicos (se dio preferencia al establecimiento de un área de libre intercambio económico frente al programa industrializador) y de conflictos entre algunos de sus Estados miembros (tensiones entre El Salvador y Honduras que desembocaron en abierto conflicto bélico en julio de 1969), los resultados de la integración fueron, al menos durante la década de los años sesenta del pasado siglo y en términos de intercambio comercial intrarregional, mayoritariamente positivos (^{Dabène, 2010: 137-139}).

En ese contexto asociativo centroamericanista se desarrollaron distintas iniciativas de integración educativa y, más concretamente, universitaria. Unas iniciativas que venían gestándose desde tiempo atrás, tal y como lo demuestra el que ya en el mes de agosto del año 1946, el Consejo Superior Directivo de la Universidad Autónoma de El Salvador autorizase al rector de esta, Carlos A. Llerena, a invitar al resto de los rectores de universidades del istmo para estudiar de forma conjunta los “pactos internacionales sobre el ejercicio de las profesiones liberales y los planes de estudio de las diferentes instituciones universitarias, con miras a unificarlas en la mejor forma posible”.³ Esa inquietud por la consecución de un nuevo umbral educativo, por la puesta en marcha de una acción coordinada a nivel universitario centroamericano y, en definitiva, por la mejora de la enseñanza superior en la región, posibilitó que apenas transcurridos unos meses desde la creación de la CEPAL (lo cual debemos entender como anticipo en el campo de la política educativa de posteriores programas de integración económica) representantes de cuatro de las más significadas universidades centroamericanas -la de San Carlos de Guatemala (1676), El Salvador (1841), Costa Rica (1843) y Honduras (1847)- se reunieran en la capital salvadoreña para dar feliz término al proyecto auspiciado dos años atrás por la Autónoma de El Salvador.

Tuvo lugar así el Primer Congreso Universitario Centroamericano (San Salvador, 15 al 24 de septiembre de 1948), al que asistieron representantes de las cuatro universidades antes mencionadas (Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras). No mandaron delegados, dadas las fuertes tensiones políticas que recorrían al país, las dos universidades nicaragüenses, la Universidad de Nicaragua y la Universidad Libre de Nicaragua -esta última, fundada en 1946, tendría una muy efímera existencia-. Por resolución de ese Primer Congreso se creó la Confederación de Universidades de Centroamérica. Tras esas actuaciones, el 9 de diciembre de 1949 se reunieron de nuevo en la ciudad de San Salvador los delegados de esas cuatro universidades para acordar las bases organizativas del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), institución que desde el instante mismo de su creación actuó como autoridad superior de la Confederación de Universidades de Centroamérica.⁴ El CSUCA mantuvo su primera reunión ordinaria durante los días 11 al 13 de enero de 1950 en San José de Costa Rica.

Durante sus primeros años de existencia (1949-1959) el CSUCA organizó su estructura interna, perfiló los límites de su actuación institucional, planificó el intercambio de tareas entre las universidades asociadas y consolidó sus programas de acción académica e investigadora. En ese tiempo se llevaron a cabo con periodicidad anual reuniones de sus respectivos rectores, y sus actividades se coordinaron mediante el sistema de una presidencia rotativa entre las diferentes universidades que lo conformaban. La creación de una Secretaría Permanente, la cual tras una estadía temporal en la localidad nicaragüense de León (junio de 1959-junio de 1960) se decidió establecer en San José de Costa Rica, dio paso a una segunda etapa (1959-1970), marcada por la puesta en marcha y ejecución del Primer Plan para la Integración Regional de la Educación Superior Centroamericana (PIRESC I), proyecto que perseguía la formación de profesionales que acompañasen el desarrollo del Programa de Integración Económica y algunas de las tareas vinculadas a la nueva realidad social que el MCC representaba.⁵ Con dicho proyecto se ponía de manifiesto el decidido carácter instrumental que caracterizaba a las iniciativas de integración universitaria centroamericana (ejemplarizado en el caso concreto del PIRESC I en su deseo de servir de instrumento profesionalizante de aplicación práctica e inmediata), así como la supeditación de las mismas a la corriente de cooperación económica que por aquel entonces recorría la región. La llegada en los inicios de la década de los setenta de los primeros síntomas de agotamiento del modelo económico cepalino (tanto el proceso industrializador como los flujos de intercambio comercial perdieron gas a comienzos de dicha década) coincidió con, o tal vez propició, el desarrolló por parte del CSUCA de algunas de sus más importantes tareas en el campo educativo. Así, su Secretaría Permanente redirigió sus esfuerzos al ámbito puramente universitario, llevando a la práctica en esa su tercera etapa (1970-1984) la ejecución de programas académicos de proyección centroamericana relacionados con grandes áreas temáticas.⁶

En tal empeño colaboró de forma muy activa la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), fundada en 1969 en el entorno del CSUCA.⁷ A partir de ese momento y de manera conjunta, EDUCA y la Secretaría Permanente del CSUCA contribuyeron a la creación, en octubre 1970, del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales.⁸ Integrado por un director, un consejo asesor y un equipo de expertos latinoamericanos, el programa tenía entre sus primeros objetivos la puesta en marcha de distintos proyectos de investigación, la celebración de seminarios locales y regionales, la publicación a cargo de EDUCA de la revista Estudios Sociales Centroamericanos (su primer número correspondió a los meses de enero-abril de 1972), la creación de un fondo de investigación y documentación sobre docentes e investigadores destinado a las universidades del istmo, la elaboración a modo de libro básico de texto de un manual de sociología aplicado a Centroamérica y la recopilación de una Bibliografía Centroamericana de Ciencias Sociales.⁹ Además, e influido por el reformismo progresista de la CEPAL y de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (Flacso), el Programa Centroamericano de Ciencias Sociales trabajó por la puesta en marcha de unos estudios de posgrado en sociología de alcance centroamericano. Como paso previo, en agosto de 1973 inició su andadura en el seno de la Universidad de Costa Rica (UCR) la Escuela Centroamericana de Sociología, si bien para la culminación de tales esfuerzos hubo que esperar al año 1979, cuando definitivamente se instauraron en dicha universidad los mencionados estudios de posgrado.

II. El breve periplo del Instituto de Estudios Centroamericanos (IECA)

El paisaje aquí descrito sirvió de telón de fondo para la creación, mediado el año 1972, del Instituto de Estudios Centroamericanos (IECA), entidad adscrita a la Facultad Central de Ciencias y Letras de la UCR. Esa dependencia orgánica del IECA respecto a la UCR, singularizada en su inmediata subordinación al Decanato universitario, supuso que desde el primer momento quedase claro que el Instituto no era centroamericano sino costarricense. En realidad y dado que este radicaba en Costa Rica, de lo que se trataba era de estudiar temas costarricenses siempre que tuviesen vertiente centroamericana.¹⁰ Eso explica que el propio Instituto declarase, en un escrito editado a su cargo, que su objetivo y “criterio es estudiar Centroamérica desde Costa Rica. Consideramos que es conveniente (necesario) que cada uno de los países centroamericanos, cada uno según su estilo, llegue a organizar estudios similares” (^{Instituto de Estudios Centroamericanos, 1974: 351-352}). Una vez confesa su un tanto accidental vocación regional, el IECA -y con él la UCR- propugnó la conveniencia de organizar en el resto de las naciones del istmo estudios similares a los en él impartidos. Evitó así convertirse en un polo de atracción para los jóvenes universitarios centroamericanos interesados en estudiar su propio ámbito geográfico y, al tiempo, logró ejercer como ejemplo de centro académico orientado al establecimiento de un modelo de estudios centroamericanistas y a la formación de quienes debían encargarse de ellos.

El primer director del IECA fue el licenciado Carlos Meléndez, sustituido en enero de 1973 por el doctor en filosofía de origen español Constantino Láscaris Comneno, quien sería auxiliado por dos subdirectores, el también doctor Óscar Aguilar Bulgarelli y el profesor Carlos Aguilar Piedra.¹¹ Bajo la batuta de este equipo, la labor del Instituto se orientó en función de sus dos grandes áreas de interés académico, dotadas ambas de proyección regional: la planificación y puesta en marcha de planes de estudio, y la ejecución de una poderosa política editorial. Por lo que al primer asunto se refiere y apenas transcurrido un año desde su fundación, el IECA, conjuntamente con la Facultad de Ciencias y Letras de la UCR, puso en marcha para el curso 1973-1974 un plan de Licenciatura de Estudios Centroamericanos. Junto a planes de estudio de mirada regional, el Instituto capitaneó una labor editorial orientada a la edición de fuentes, catálogos y repertorios. Fruto de esa política resultó la aparición en enero de 1974 del Anuario de Estudios Centroamericanos, al cuidado del director del IECA, Constantino Láscaris, y con Mario Flores Macal, profesor huido de la dictadura salvadoreña y acogido en el IECA, como secretario.¹² Junto al Anuario, el Instituto se propuso la compilación de unas Fuentes de historia de Centroamérica (de las que esperaba editar cuatro o cinco volúmenes por año), la elaboración de un Catálogo Arqueológico y la publicación de la Revista Crítica de Literatura Centroamericana y la Revista Centroamericana de Poesía (esta última de periodicidad bimensual y cuyo primer número salió al mercado en agosto de 1973).

Sin embargo y a pesar de tan prometedores inicios, un variado conjunto de problemas externos al IECA entorpecieron la existencia de este. Los hubo económicos, políticos y culturales. Respecto a los primeros, señalar que estos derivaron en gran medida de la aplicación en toda Centroamérica de políticas de ajuste monetarista reactivas a la aceleración inflacionaria de las diversas economías nacionales, proceso que conllevó una merma de la contribución presupuestaria con la que tanto el CSUCA como la UCR alentaban al IECA. Dado el carácter eminentemente costarricense del Instituto y su dependencia a través de la UCR del presupuesto nacional, para mejor comprender lo aquí expuesto resulta interesante retener algunos datos de la economía de ese país para el periodo que nos ocupa. Así, la evolución de los precios al consumidor en Costa Rica, es decir, la tasa de inflación anual, pasó del 7.3 % en 1973 al 30.6 % en 1974. El déficit fiscal, medido en términos de saldo del presupuesto en porcentaje del PIB, pasó de 0.1 % para el ejercicio de 1970 a -2.3 % para el de 1975. Y su deuda externa se disparó desde los 270 millones de dólares en 1973 a los 462 en 1975 (^{Sebastián, 1988: 44, 45 y 47}). Los problemas políticos se manifestaron a raíz de los cambios sociales que el deterioro de la situación económica propició en Centroamérica. Y si bien dichos problemas mostraron su faz más cruda mediada la década de los setenta, cuando el CSUCA y la mayoría de las universidades centroamericanas se vieron afectadas por el conflicto armado que sufrieron varios de los países de la región, ya en los comienzos de dicha década Costa Rica, sede del IECA, padeció ese nuevo estado de incertidumbre política con la llegada, a partir de 1972, de profesores exilados de la Universidad de El Salvador y, posteriormente, de docentes chilenos, argentinos y nicaragüenses (^{Fernández, 2014b: 117}). Finalmente, los problemas culturales, que emanaron en gran medida del muy polarizado clima social que la violencia política trajo consigo a Centroamérica. A resultas de ello fue ganando terreno en la región una investigación social con nítidos y bien definidos tintes ideológicos que en absoluto casaba con el talante reformista en el que se había gestado y hasta ese momento venía desarrollándose el IECA. Baste recordar en ese sentido la impronta que en el Instituto había dejado el reformismo progresista de la CEPAL y de la Flacso, así como la herencia de similar tenor facilitada a través del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales por un organismo tan cercano a aquel como el CSUCA. La anulación de esos legados de reformismo económico y cultural -sustanciados en el debilitamiento del poder de la ODECA y del MCC, por un lado, y del CSUCA, por otro- supusieron la retracción, plenamente sentida en el seno del IECA, de objetivos de alcance integrador centroamericano en pos de proyectos de investigación social ceñidos a las distintas geografías nacionales.

Perdido el impulso fundacional otorgado por el CSUCA y la UCR, y el consenso político e intelectual del que hasta entonces había gozado, el IECA cruzó los meses finales del año 1974 y los comienzos del 75 merced a los esfuerzos conjuntos en favor de su mantenimiento auspiciados por su director, Constantino Láscaris, y por el decano de la Facultad Central de Ciencias y Letras de la UCR, el nicaragüense Chester Zelaya Goodman. Apoyos que, finalmente, no lograron evitar su desaparición. Testigo de los hechos, el filósofo y profesor nicaragüense Manuel Fernández Vílchez opina que, en el terreno de lo cultural, la obra centroamericanista que Láscaris y Zelaya defendían en el mencionado Instituto se contraponía a la ofensiva desencadenada a partir de 1974 por el “renacido positivismo decimonónico en la Universidad de Costa Rica y el CSUCA, entre el sociologismo de la CEPAL y la Flacso” (^{Fernández, 2015: 180}). En 1975 el Consejo Universitario de la UCR decidió clausurar tanto el IECA como el Centro de Estudios Sociales y de Población CESPO), entidad asimisma dependiente de dicha universidad. La base humana y material de ambas instituciones sirvió de plataforma al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), el cual ha superado ya las cuatro décadas de vida. Del IECA pasaron al iis el ya citado Mario Flores y David Luna Desola (^{Rovira, 1985: 204}). Como Flores, Luna era salvadoreño, profesor universitario y exiliado.

III. Constantino Láscaris y los proyectos de edición de fuentes históricas del IECA

A pesar de su breve existencia -apenas el trienio transcurrido entre mediados de los años 1972 y 1975- y junto a las iniciativas que aquí hemos tratado, el IECA planificó y parcialmente desarrolló una muy necesaria labor en un campo hasta ese instante casi yermo: el de la recopilación y edición crítica de fuentes históricas centroamericanas. Encontró inspiración en algunos de los avances y objetivos que la integración universitaria regional le propuso, caso de la ya citada Bibliografía Centroamericana de Ciencias Sociales del CSUCA. Desde el año 1973 estos proyectos historiográficos y documentales encontraron un destacado valedor en la figura del que por entonces era su director y profesor de filosofía de la UCR, Constantino Láscaris.

Nacido en Zaragoza en el año 1923, Constantino Láscaris se había doctorado en filosofía por la Universidad de Madrid, en cuya Facultad de Filosofía ejercería como docente durante los años 1949 a 1954.Tras abandonar su puesto de manera voluntaria, se integró en calidad de investigador en el Instituto de Filosofía “Luis Vives”, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que permaneció hasta mediados del año 1956, cuando fue invitado por Rodrigo Facio Brenes, rector de la UCR, para incorporarse a esa institución en calidad de profesor de filosofía. Ajeno a una de las posibles características del recién llegado a tierras de diáspora, cual es un escaso y superficial contacto con la vida pública de la nación de acogida, Láscaris aterrizó en Costa Rica con una radical decisión de intervención en la vida académica, cultural y social de la nación centroamericana. Así, además de colaborar en la institucionalización y reforma de los estudios universitarios en Costa Rica y de ser uno de los principales responsables de la fundación en 1957 de la Revista de Filosofía de la UCR, no dudó en encabezar una dura batalla por la restauración de la filosofía en la enseñanza secundaria costarricense.

Láscaris dio a la imprenta títulos tan significativos para la cultura costarricense en particular y centroamericana en general como Desarrollo de las ideas filosóficas en Costa Rica (1965), Historia de las ideas en Centroamérica (1970), El costarricense (1975) o, entre otros muchos, unas Ideas contemporáneas en Centroamérica (18381970) que finalizadas en el año 1976 no serían publicadas hasta 1989, transcurrida una década del fallecimiento de su autor. También resultó un publicista activo y partícipe gustoso del acontecer diario de Costa Rica. En ese sentido, frecuentó los medios de comunicación, tal y como atestiguan sus continuadas intervenciones en el Canal 7 tv -cadena televisiva ligada a la Asociación Empresarial Costarricense con cuyo liberalismo aquel se sentía cómodo- o la columna de opinión que durante años mantuvo en el también liberal diario La Nación, uno de los más importantes del país. Lo hasta aquí expuesto descubre la amplia influencia que durante las décadas de 1960 y 1970 tuvo Constantino Láscaris en Costa Rica, nación en la que fallecería de manera temprana en el verano del año 1979.

Tal y como antes señalábamos y a partir de los mandatos dispuestos para el IECA, en su intención de crear con el paso del tiempo una suerte de Archivo de Indias centroamericano, Láscaris se sirvió de los modelos que le ofrecían dos importantes obras que anteriormente habían tratado sobre tales temas, la Colección Somoza y la Monumenta Centroamericae Historiae.¹³ Y aún es posible que supiese Láscaris de la Recordación Florida (1690), en la que el historiador y poeta Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán describió, en por aquel entonces novedosos tonos etnohistóricos y desde ángulos muy variados, la Guatemala de la segunda mitad del siglo XVII.¹⁴ Además de la inspiración que le ofrecían estos títulos, durante la preparación de una de sus obras, Ideas contemporáneas en Centroamérica (1838-1970), Láscaris había viajado por todas o la mayor parte de las naciones del istmo, lo que además de incentivar su afán por recopilar fuentes históricas regionales le sirvió para ganarse el apoyo de las universidades, autores e intelectuales de la zona.¹⁵ A esas amistades y auxilios intelectuales sumó Láscaris las que desde el IECA le ofrecieron dos de sus más cercanos colaboradores, Mario Flores Macal y David Luna Desola. Finalmente, contó para su proyecto con el fondo de la “Colección Cerutti”, propiedad de Franco Cerutti, investigador contratado por el citado Instituto.¹⁶ Esos primeros esfuerzos de Constantino Láscaris por intentar sacar adelante sus proyectos de edición y crítica de fuentes históricas se vieron acompañados por algunos de los trabajos desarrollados en aquel entonces en el en torno del IECA. Es el caso de la recopilación de la correspondencia mantenida entre el diplomático costarricense Felipe Francisco Molina Bedoya y el Marqués de Lorenzana, editada de manera conjunta por el doctor Ángel Martínez de Velasco, la licenciada Luz Alba Chacón y el profesor Ricardo Blanco Segura (^{Equipo de AECA, 1976: 449}). Sin embargo y pese a todos estos apoyos y complicidades, el proyecto bibliográfico del filósofo español y, con él, el de las Fuentes de historia de Centroamérica del IECA, pronto embarrancó.

Los antes mencionados problemas externos que a partir de 1974 cercaron al IECA -materializados, recordemos, en el terreno de lo político, de lo económico y de lo cultural- ahogaron los intentos de esta institución en pos de la recopilación de fuentes históricas centroamericanas. Tal vez sea a través de las palabras de su director, Constantino Láscaris, como mejor podamos comprender parte de lo sucedido. “Pensé: las Universidades deben (y pueden hacerlo). Y me puse a la obra. Planeé en la Universidad de Costa Rica una colección de fuentes históricas; recibí apoyo del Rector Eugenio Rodríguez y una subvención del Instituto de Cultura Hispánica, pero, al primer cambio de autoridades, estas declararon que estudiar Centroamérica no entra en las prioridades” (^{Láscaris, 2014: 83-84}).¹⁷ Un fracaso el del filósofo hispano-costarricense al frente del IECA que se sumó a otros más íntimos padecidos por este a partir del año 1975, como lo fue su paulatina marginación de los resortes de poder académico de la UCR o las hasta ese momento impensables dificultades para la publicación de sus trabajos.¹⁸ La progresiva situación de debilidad institucional en el ámbito académico en la que se vio envuelto Láscaris, unida al declive del Instituto que este comandaba, muestran las dos caras de una misma realidad. Una realidad que para el caso concreto del IECA podemos sustanciar en el agotamiento de su inicial línea de actuación, fundamentada en aspectos como la puesta en marcha de proyectos de investigación y estudio de alcance regional, la formación y mantenimiento de equipos humanos interdisciplinares y plurinacionales, la dinamización en Centroamérica de los métodos y propósitos más innovadores de las ciencias sociales o, por citar tan sólo las que sin duda fueron algunas de sus más relevantes iniciativas, la creencia en la necesidad de que todas y cada una de las naciones del istmo desarrollasen, según su estilo, un modelo similar de estudios. La debilidad institucional de Constantino Láscaris y el declive del IECA provocaron el colapso de los proyectos de recopilación y crítica de fuentes históricas centroamericanas que el primero había tratado de impulsar a través del segundo.

Conclusiones

En el contexto de una América Central pionera en la puesta en marcha de procesos de integración política y, sobre todo, económica, algunos de sus intelectuales maduraron una serie de iniciativas tendentes a planificar y llevar a cabo la integración de la educación superior universitaria en la región. En muchos casos, la íntima conexión entre las élites políticas y las académicas, y los procesos de cooptación de las primeras respecto a las segundas, facilitaron tales iniciativas. También ayudó la relativa estabilidad que a lo largo de la década de los sesenta y buena parte de los setenta disfrutaron los gobiernos de la región (pensemos, aunque siendo modelos claramente enfrentados, en la Nicaragua patrimonial de los Somoza y en la Costa Rica del Estado Benefactor del presidente José Figueres). Supeditadas dichas iniciativas de coordinación educativa regional a las políticas de los distintos Estados y a los avances en su integración económica y comercial, los gestores de aquellas mantuvieron siempre vivo el deseo de modernizar e interconectar las instituciones universitarias centroamericanas, implementar estudios y programas educativos de carácter regional y favorecer la movilidad académica en el espacio ístmico sobre el que actuaban. Su pervivencia a través de los distintos planes de integración universitaria (PIRESC I, 1959-1970; PIRESC II, 1996-2004; PIRESC III, 2005-2015; PIRESC IV, 2016) muestra la oportunidad de tales proyectos, aunque también sus dificultades: obsérvese al respecto la existencia de una franja vacía entre 1971 y 1995.

Bajo esas luces debemos situar algunas de las realidades institucionales aquí mencionadas, caso de la celebración de los congresos universitarios centroamericanos, la creación de la Confederación de Universidades de Centroamérica, del CSUCA o del IECA. Alguna de ellas, sin embargo, nacieron a contrapié, en un momento signado por un cambio de ciclo económico, político y cultural. Hemos visto que así le sucedió al costarricense IECA, fundado cuando el desarrollismo económico centroamericano, la corriente de reformismo político y los proyectos de integración regional comenzaban a flaquear. El nuevo estado de incertidumbre social vivido entonces en Costa Rica, marcado por los primeros síntomas de una grave crisis económica de ámbito continental, sirve en buena medida de explicación a la retracción del gobierno del presidente Daniel Oduber hacia algunos de esos proyectos de integración educativa regional.

En cualquier caso ese cambio de época, que a la altura de 1975 resultaba manifiesto para Costa Rica y para toda la América Central, no parece justificar la inhibición y falta de sensibilidad que las universidades del istmo mostraron hacia ciertos programas de investigación. Ese fue el caso de los aquí comentados proyectos de recopilación de fuentes históricas centroamericanas, los cuales fueron abandonados al primer cambio de las personas que ostentaban la pertinente autoridad académica. Sólo cuando un determinado gobierno alentó dichos proyectos alcanzaron estos el éxito (el gobierno nicaragüense para la Colección Somoza y la Monumenta Centroamericae Historiae). Muestra de desinterés hacia una interpretación trasnacional del pasado histórico de las repúblicas centroamericanas y de acucia por encerrar el presente en las fronteras del Estado nación, el referido abandono llevado a cabo por las autoridades universitarias centroamericanas tiñe la raíz del nacionalismo cultural que todavía impregna a buena parte de la historiografía regional. Una perspectiva nacionalista en el terreno del saber histórico que casa mal con los, por otro lado, evidentes avances que en el plano de la integración educativa universitaria han sucedido en Centroamérica tras el fin, en 1996, de los más recientes episodios de violencia política habidos en la región.