Recursos para la movilización legal

En el estudio de los movimientos sociales existe una línea teórica enfocada en la movilización de recursos (^{Gamson, 1968}; ^{McCarthy y Zald, 1977}; ^{Tilly, 1978}; ^{McAdam y Snow, 1997}). Uno de los supuestos centrales de esta teoría es que los recursos son elementos centrales que explican el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales. Se enfatiza la organización amplia y el contexto de micromovilización, adhesión y reclutamiento de miembros, así como la formación y arribo de líderes para los movimientos sociales. De forma similar, dentro del estudio de la movilización legal hay una línea que se centra en los recursos para el uso y mantenimiento de esta táctica de lucha.² Según ^{Ruibal (2015)}, la dimensión organizacional en el estudio de la movilización legal se analiza desde el concepto desarrollado por Charles ^{Epp (2013)}: estructura de apoyo.³

A Charles ^{Epp (2013)} le interesa responder cuáles fueron las fuentes y las condiciones que impulsaron la “revolución de los derechos” en países bajo la influencia de un sistema judicial basado en un common law hacia finales de los años setenta. Según su argumento, esta revolución y la subsecuente creación de derechos fue impulsada por la movilización legal desde abajo y gracias a una confluencia de factores, de los cuales se destaca el desarrollo de una estructura de sostén para el uso y mantenimiento de la movilización legal:

La movilización legal depende también de los recursos, y los recursos para litigación a favor de los derechos dependen de una estructura de sostén formada por abogados y organizaciones defensoras de los derechos civiles y de las fuentes de financiamiento. (^{Epp, 2013: 43})

La propuesta de Epp se centra tanto en las fuentes de apoyo en función de recursos para el uso y mantenimiento de la movilización legal como en las condiciones necesarias para que la litigación tenga éxito. Según su tesis:

Cuando existe una estructura de sostén sólida y vital, es posible lograr que el sistema judicial preste una atención sostenida y vigorosa a los derechos; cuando la estructura sostén es superficial y débil, lo más probable es que la atención judicial a los derechos sea intermitente e ineficaz. (^{Epp, 2013: 295})

El primer postulado de ^{Epp (2013}) es que la “revolución de los derechos” depende del litigio extendido y sostenido en defensa de los derechos y las libertades civiles. El segundo postulado es que esta movilización legal, en términos de litigio, depende de una gran cantidad de recursos, los cuales sólo pueden ser cubiertos por una estructura de apoyo. Los supuestos sobre los que descansa este segundo postulado son:

Por tanto, para Epp la piedra angular de la estructura de apoyo está en las organizaciones de defensa de los derechos:

Cada uno de los principales componentes de la estructura de sostén ha contribuido de manera significativa al proceso de movilización legal. Los grupos organizados ayudan a proporcionar asesoramiento legal experto y a desarrollar y coordinar la investigación y la estrategia legales; suministran financiación o ayudan a conseguir las fuentes de financiación; patrocinan o coordinan la investigación extrajudicial (particularmente en los campos de las ciencias sociales, la historia y la medicina) que respalde demandas legales particulares; consiguen dar publicidad a los casos y gestionan redes de comunicación a través de las cuales se facilita el intercambio de ideas. (^{Epp, 2013: 45})

Puede así afirmarse que la movilización legal depende de fuentes de apoyo; tanto de recursos materiales o financieros, como de conocimientos y capacidades, mismos que se concentran en las siguientes dimensiones: organizaciones, abogados y finanzas. A su vez, las subdimensiones son: información y experiencia, abogados especializados, fuentes de financiamiento, plataforma para la difusión del caso y redes de comunicación para el intercambio de ideas.

Estas estructuras de apoyo también dependen de procesos de aprendizaje. Según ^{Epp (2013)}, no sólo los recursos son importantes, sino también los procesos de aprendizaje y los procesos políticos. El supuesto más importante es que dichas estructuras no son estáticas, sino que evolucionan y eventualmente generan más y mejores recursos en términos de efectividad para alcanzar los objetivos planteados. Este aprendizaje está relacionado con las técnicas de desarrollo organizacional y la litigación estratégica. Sin embargo, el autor no profundiza en este tema y por ello es importante acercarse y analizar cómo se da este proceso de aprendizaje para la formación de estructuras de apoyo más amplias.

Es pertinente señalar que si bien ^{Epp (2013)} señala la creación de nuevos derechos, para el caso de América Latina la movilización legal es un medio que se utiliza de forma más generalizada para exigir el cumplimiento de los ya existentes. ^{Sieder, Schjolden y Angell (2011)} destacan el papel de los movimientos sociales en América Latina para exigir que los Estados cumplan sus obligaciones constitucionales para garantizar los derechos fundamentales. Según las autoras, a diferencia de las constituciones y leyes de países bajo el sistema common law, las constituciones en América Latina en su mayoría son extensas y detalladas, y otorgan extensos derechos sociales y económicos en el papel, pero son igualmente ignorados en la práctica.

Por otra parte, los abogados tienen un papel fundamental en la incursión de la movilización legal. Dentro de los movimientos sociales se pueden encontrar abogados activistas-de causa: aquellos que se distinguen por desempeñar un papel de defensoría para sectores vulnerables se involucran, en ocasiones, en las causas populares al grado de llevar a cabo otro tipo de tácticas diferentes a la movilización legal (^{Sarat y Scheingold, 1998}).

Para ^{Cummings y Eagly (2001)} es de gran relevancia considerar el nivel de profesionalización de los miembros del movimiento que conducen el proceso de movilización legal; es decir, el papel que pueden llegar a desarrollar los abogados del movimiento dentro de la estructura organizativa. Los autores consideran que pueden tener un papel mucho más activo en la organización de aquellos movimientos sociales que tienen a la movilización legal como una de sus tácticas principales. El carácter activo de los abogados puede atraer a nuevos miembros a los movimientos para que luchen por sus derechos. Asimismo, sostienen los autores, las diferentes formas de organizar la estrategia legal y el papel de los abogados tienen repercusiones en las jerarquías organizacionales.

^{Andrews y Jowers (2018)} introdujeron el concepto embedded legal activity “in order to capture the ways in which lawyers and legal organizations can become intertwined in the ongoing activities of social movements” ^{(2018: 11)}. Los autores señalan que la embedded legal activity difiere de la movilización legal tradicional, la cual es más autónoma de otras tácticas de los movimientos sociales, pues se distingue porque los movimientos sociales buscan integrar la movilización legal al resto de las tácticas para ampliar su alcance.

Sostienen que la embedded legal activity depende, en buena medida, de algunos de los siguientes factores, sin que estos sean excluyentes: “1. the organizational forms and strategic approach of the movement; 2. the scope and forms of resistance or countermobilization; 3. the political and legal opportunity structures; and 4. poverty and inequality” (^{Andrews y Jowers, 2018}). En este sentido, el papel de los abogados resulta fundamental para apoyar en la organización de los movimientos (local movement infrastructure), brindando asesoría y asistencia que no involucran a instituciones legales formales.

Cerro de San Pedro, la empresa minera y la oposición

El 10 de septiembre de 1996, el personal de MSX anunció mediante una reunión en la iglesia más grande e importante de Cerro de San Pedro que tenía un proyecto para extraer oro y plata en el lugar. Se trataba de un proyecto minero de “tajo a cielo abierto”⁴ que pretendía llevar a cabo la empresa Metallica Resources Inc. El ingeniero les dijo a los asistentes “Cerro de San Pedro resurgirá como el Ave Fénix”, pues proveería de empleo a muchos pobladores del lugar. Al mismo tiempo, advirtió que tendrían que evacuar el pueblo porque existía el riesgo de que las casas y los dos templos se derrumbaran; no obstante, en su caso, la empresa se encargaría de reubicarlos. Cuando los pobladores escucharon decir que los templos tendrían que ser demolidos, la reunión terminó con el unísono de la población pidiendo que se fueran del lugar. Este evento es el germen de la lucha contra MSX.

La defensa de Cerro de San Pedro y la oposición al proyecto minero

Los pobladores de Cerro de San Pedro creyeron que la empresa minera desistiría de sus intenciones de emprender un proyecto minero; sin embargo, no fue así. El 25 de julio de 1997 se constituyó el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Cerro de San Pedro A.C. (en adelante sólo Patronato). La intención de fundar esta organización fue defender y vigilar las estructuras arquitectónicas del histórico pueblo de Cerro de San Pedro a través de la coadyuvancia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), institución encargada de investigar, preservar, proteger y difundir el patrimonio, arqueológico, antropológico e histórico de México. El INAH y el Patronato hicieron el registro y clasificación de estructuras arquitectónicas para buscar lograr la declaratoria de Patrimonio Histórico de la Nación y así evitar que se derrumbara el poblado. El expediente estuvo completo en 1998; aunque no se logró la declaratoria, tampoco se derrumbó el poblado.

En 1997 los defensores de Cerro de San Pedro conocieron a personas integrantes de la asociación civil llamada Educación y Defensa Ambiental. Tanto ésta, como Pro San Luis Ecológico A.C. estuvieron ligadas a la oposición de un tiradero tóxico en el municipio de Guadalcázar (San Luis Potosí). El caso es muy relevante porque fue el primero en el que el Estado mexicano tuvo que indemnizar a una empresa extranjera en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Según sus integrantes, sus logros se derivaron más de cabildeo y presiones políticas que de mecanismos y procedimientos jurídicos. No obstante, tenían algunas nociones sobre qué tipo de documentación era requerida por las instituciones correspondientes para que este tipo de proyectos, con posibles impactos en la salud y el medio ambiente, pudieran operar.

Con la llegada de estas asociaciones se supo que el proyecto minero podía ser altamente contaminante. Para saberlo, primero era necesario conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio de Riesgo que tienen que presentar las empresas ante las autoridades ambientales para ejecutar este tipo de proyectos. A pesar de que estos estudios de impacto ambiental son documentos públicos y hoy en día es relativamente sencillo tenerlos para su análisis, en aquellos tiempos poder ver la MIA que presentó MSX significó librar varias batallas con las autoridades ambientales de México. Después de múltiples manifestaciones públicas frente a las instalaciones de las autoridades ambientales y con muchas limitantes como no poder sacar fotocopias, los defensores de Cerro de San Pedro pudieron tener acceso a la MIA y así conocer con mayor profundidad la naturaleza del proyecto. Una vez que se tuvo acceso a la información comenzaron a utilizarse recursos legales.

Con el paso del tiempo los diferentes colectivos, asociaciones, organizaciones e individuos defensores del pueblo de Cerro de San Pedro y opositores a Minera San Xavier se reconocieron bajo el nombre de Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO).

La movilización legal contra Minera San Xavier

Según se sugiere en la literatura, este conflicto se ha disputado en buena medida en la arena jurídica desde diferentes ámbitos: ejidal, histórico-patrimonial y ambiental (^{Peña y Herrera, 2008}; ^{Madrigal, 2009}). Según Hernán Schiaffini: “El conflicto en torno a Cerro de San Pedro ha suscitado repercusiones múltiples. El FAO ha llevado su lucha a las esferas judiciales, periodísticas, políticas e internacionales más diversas, logrando en ocasiones detener transitoriamente las operaciones de la mina” ^{(2011: 117)}. Por su parte, Ortiz anota que la lucha más fuerte y la que más se ha mantenido a flote es la jurídica ^{(2009: 8)}. Francisco Peña y Edna Herrera argumentan que por la vía jurídica el movimiento ha evidenciado que “instituciones clave del Estado mexicano pueden estar funcionando más como defensoras del poder económico que garantes de legalidad” ^{(2008: 171)}.

Esta lucha jurídica inició en 1999, después de que las autoridades ambientales de México otorgaron la autorización para el proyecto de MSX. A partir de entonces se fueron desarrollando varios frentes de lucha jurídicos. Los dos más importantes fueron el juicio que buscó la nulidad del permiso ambiental a través de un recurso de revisión de la MIA ante un tribunal administrativo; y los juicios agrarios para cancelar el contrato de arrendamiento de las tierras sobre las cuales MSX pretendía llevar a cabo su proyecto. Sin embargo, de forma paralela se interpusieron muchos otros recursos, como amparos, solicitudes de información y juicios civiles, varios de ellos como complemento de los dos principales.

El inicio de la movilización legal contra Minera San Xavier significó un avance muy lento y con muchos obstáculos. El primer recurso que se interpuso fue de revisión de la autorización ambiental entregada a MSX. Previamente, uno de los principales problemas a resolver fue encontrar quien se encargara de realizar los juicios y darles seguimiento. Las primeras propuestas de abogados llegaron de Educación y Defensa Ambiental, pero no lograron avanzar debido al costo que implicaba contratar a dichos abogados. El primer abogado que contrataron cobró una alta suma de dinero tan sólo para empezar a armar el expediente jurídico y después anunció que para interponer el primer recurso el cobro sería de diez veces el primer pago. Ante la imposibilidad de pagar tales cantidades de dinero, los defensores de Cerro de San Pedro decidieron buscar otras opciones.

Así, el siguiente intento llegó más lejos y con más posibilidades de mantener la movilización legal. Un abogado, amigo de los integrantes del FAO, se ofreció a dar ayuda para la realización de los recursos legales. Este apoyo consistió en dar pautas básicas sobre las leyes que pueden estar involucradas en el caso, y después, fueron los mismos integrantes del FAO quienes buscaron las posibles violaciones a las leyes. Los hallazgos eran comentados con el abogado y éste se encargaba de redactar el recurso, quien solamente pidió que se le diera el dinero que reunieran de forma voluntaria entre los integrantes de la lucha para redactar el recurso jurídico.

Para entonces ya estaba Pro San Luis Ecológico y teníamos una oficina en la Av. Juárez, frente a la caja del agua, en el 99, me dijo Pablo⁵ “Vente aquí, aquí te pones a estudiar” y yo empecé a leer y a estudiar, nada más a relacionar. Ya después en las tardes llegaba el abogado y me decía

Este juicio se llevó con mayor contundencia a partir de 1999. En ese año se incorporó un nuevo abogado, quien era esposo de una de las activistas. Tampoco cobró honorarios, pero pidió algunas cooperaciones para fotocopias y papelería, así como que fueran los activistas quienes se encargaran de llevar los recursos a las instancias correspondientes.

[…] yo fui a dejarlo a Querétaro y tarda meses y después contestan. El Tribunal nos dice que él se declara incompetente porque es un juicio muy especial en materia ambiental. En aquel entonces no había ingenieros ambientalistas ni nada. Entonces se declara incompetente porque no tenía gente que se dedicara a eso y lo manda a México. (TE6)

En el año 2003 las autoridades competentes resolvieron el juicio a favor de MSX, pero con posibilidad de impugnar la resolución. El abogado -que en 1999 elaboró el juicio- dijo que no podía darle seguimiento en esos momentos, por lo que los activistas del FAO buscaron y encontraron a otro profesional, quien no cobró, pero pedió la ayuda a los mismos miembros del movimiento para la elaboración de los recursos jurídicos. La impugnación pudo interponerse y en 2004 el juicio se resolvió de forma definitiva (en última instancia y sin posibilidad de impugnación) a favor del FAO.

A pesar de que en 2004 los tribunales le dieron la razón al FAO y se ordenó el cierre definitivo de la empresa, ésta no dejó de operar y el litigio siguió. La Tabla 2 muestra de forma general y resumida cómo se desarrolló el juicio. A lo largo de 14 años se llevó a cabo una disputa jurídica entre el FAO y MSX en torno a la validez del permiso entregado a la empresa por parte de las autoridades ambientales. El recurso jurídico se juzgó en varias ocasiones y en por lo menos cuatro momentos se les dio la razón a los quejosos: 2004, 2005, 2009 y 2012.

Paralelo al juicio de nulidad, en el año 2000 inició el otro pilar de la movilización legal del FAO: el juicio agrario para anular el contrato de arrendamiento entre “supuestos ejidatarios” y la empresa minera de las tierras en las cuales se realizó el proyecto minero. El principal reclamo con este juicio fue que los arrendatarios no tenían las facultades para firmar el contrato ya que no eran ejidatarios legítimos. Este contrato de arrendamiento era de suma importancia para la empresa porque las instituciones mexicanas entregan permisos y derechos sobre concesiones mineras donde se encuentran los minerales, pero no sobre la superficie para acceder a ellos e instalar oficinas, talleres y patios para beneficio del metal. Esto es especialmente importante cuando el proyecto minero es de tajo a cielo abierto, como el de MSX, porque, dado que implica hacer un tajo sobre la superficie, necesita tener acceso a grandes extensiones de tierra. Por lo tanto, las empresas mineras se ven obligadas a negociar el acceso a las tierras con las personas que reclaman derechos sobre ellas. En este caso fueron personas de un pueblo aledaño quienes se adjudicaron dichos derechos, por lo que el FAO buscó que las autoridades agrarias reconocieran que el contrato de arrendamiento era ilegal.

[…] en el 99, que es cuando se hace la Asamblea espuria Ejidal, creo que en febrero los supuestos ejidatarios firman un acuerdo con la empresa de que les arrenden la tierra, que era gente de la Zapatilla y de muchos lados, gente que iba pasando, y se da toda la lucha agraria en relación sobre todo a este hecho, es el eje central que se da en toda la lucha agraria durante muchos años. (TE8)

El juicio agrario también fue largo y demandó mucho tiempo y esfuerzo. Quienes se hicieron cargo de éste fueron un abogado y un activista del FAO. Resulta muy interesante que ambos desempeñaron los dos papeles a lo largo de la lucha: el abogado se convirtió en activista y líder del movimiento; y el activista, que para entonces figuraba como líder del movimiento, también hizo las veces de abogado. Éste último es considerado líder moral y operativo del movimiento y aunque no cuenta con las credenciales necesarias para litigar, se ha encargado de pensar y redactar recursos legales para que después sean firmados por abogados que cuenten con las credenciales necesarias. El abogado se ha encargado de darle dirección a la estrategia del movimiento más allá de lo meramente legal. Entre estas dos personas se diseñó y llevó a cabo gran parte de la estrategia legal del movimiento.

Para realizar este juicio fue necesario encontrar personas que estuvieran dispuestas a reclamar los derechos sobre las tierras. Cuando el poblado de Cerro de San Pedro se deshabitó hacia finales de los 40, las tierras y muchas casas quedaron en el abandono. La forma de reclamar estos bienes implicaba encontrar personas que tengan derechos hereditarios sobre ellos. Después de hacer una búsqueda de los hijos y nietos de aquellos que migraron y dejaron sus bienes en el abandono, se encontraron seis personas que tenían el derecho de reclamarlos. Así dio inicio este frente de lucha legal.

[…] lo del ejido fue una maniobra muy buena por parte de Antonio y de Juan de resucitar el ejido, porque en realidad el ejido estaba dormido, el ejido estaba muerto, por eso cuando estos cuates dicen “no aquí yo no rento el ejido” aparecían una bola de tipos que no tenían nada que ver con el ejido. Entonces Antonio y Juan empiezan a ver quiénes son los ejidatarios, y le avisan a los ejidatarios “ya les quitaron el ejido”. Reviven el ejido, lo reactivan, lo reaniman, estuvo genial, y a partir de eso pum, se le oponen otra turba grande a la empresa. (TE5)

El abogado que condujo este frente jurídico tenía mucha experiencia en litigios agrarios y llevó por buen camino el juicio. Se interpusieron múltiples recursos jurídicos, de tal manera que desde 2003 la situación comenzó a inclinarse favorablemente para el FAO. Ante esta situación, la empresa inició un proceso legal para pedir la ocupación temporal de las tierras. La figura de ocupación temporal consiste en un permiso que el Estado emite para ocupar superficies de tierra, a cambio el interesado tiene que pagar una indemnización. Esta ocupación temporal fue entregada a MSX en 2005 y con ello ese juicio agrario perdió mucha fuerza. No obstante, se continuó luchando jurídicamente para que se reconociera que las personas que firmaron el contrato de arrendamiento con MSX no eran legítimas herederas de los derechos sobre esos bienes.

A raíz de las desesperanzas que estaba generando la movilización legal, la estrategia de lucha cambió para concentrar los esfuerzos en salir a las calles a marchar y llamar la atención de los medios de comunicación. El cambio de estrategia estuvo marcado en 2006 por un desplegado que se publicó en medios de comunicación impresos que invitaba a salir a las calles a manifestar el descontento por la falta de derecho. En esta carta se invitaba a organizaciones locales y nacionales para que expresaran su apoyo. Una de las organizaciones que se manifestó activamente con la difusión del caso y documentación de información fue Greenpeace México; también se sumaron otras organizaciones como Kairos, que es una organización canadiense de carácter religioso que se dedica a realizar acciones por la justicia ecológica y los derechos humanos.

Aunque no se logró detener por completo el proyecto minero, uno de los grandes logros del FAO fue evitar que el poblado fuera derrumbado. obligando a que MSX cambiara su plan original para que su tajo tuviera que rodear el poblado. No obstante, después del nuevo permiso que entregaron las autoridades ambientales a MSX, ésta empezó a operar en 2007. Ese mismo año la empresa canadiense anunció con pompa la producción del primer lingote de oro producto de las intensas operaciones de extracción y producción de metales. En 2008 las consecuencias de las explosiones en el paisaje del lugar eran visibles. Cuando los tribunales notificaron en 2013 al FAO sobre su nuevo triunfo jurídico ya era demasiado tarde, pues MSX estaba anunciando su cierre de operaciones.

Movilización y desmovilización. No sólo movilización legal, también en las calles y los medios

Así, resulta pertinente destacar que la movilización legal no ha sido la única táctica en el repertorio de acción del FAO. El movimiento también llevó a cabo campañas informativas y acciones directas en las calles. En principio se encargó de darle difusión al caso en dos sentidos: por un lado, yendo a centros de convivencia y puntos de reunión para advertir sobre los posibles daños al medio ambiente y al patrimonio histórico y cultural de los potosinos; y por el otro lado convocando a ruedas de prensa para denunciar las irregularidades en la entrega de permisos de instalación y operación. Progresivamente, las manifestaciones y acciones directas fueron más contundentes y disruptivas, al punto en que estas acciones estaban planeadas en función de la movilización legal.

Para nosotros la lucha jurídica era como el sostén, es la base y el andamio de toda la lucha. A veces sabíamos que algún juicio no iba a funcionar, pero para retardar alguna acción o situación lo utilizábamos. (TE6)

[…] el FAO recurrió a todo, a todo. Por eso cuando yo voy a asesorar a una comunidad les digo qué va a pasar por lo jurídico, que necesitan el apoyo del gobierno y además a manifestarse, presionando a los tribunales, agárrense un buen equipo jurídico. (TE7)

El periodo durante el cual el FAO llevó a cabo más eventos disruptivos fue entre 2004 y 2009. El inicio de este periodo corresponde al éxito de la movilización legal en cuanto a la anulación del permiso ambiental y la no ejecución de la orden judicial; y el fin del periodo está marcado por el inicio de operaciones de MSX y los fuertes actos de represión policial hacia el movimiento. Durante este lapso, el FAO realizó marchas en las avenidas más importantes de San Luis Potosí, mítines frente a los edificios sedes de los poderes del orden estatal y manifestaciones en eventos políticos importantes.

Las tácticas que utilizó el FAO tuvieron diferentes necesidades. El uso de la movilización legal demanda muy pocos recursos en comparación con las tácticas de acción directa como las marchas y la organización de festivales culturales. Mientras que la movilización legal necesita de por lo menos una persona que se encargue de elaborar los expedientes y del dinero suficiente para sacar fotocopias y comprar carpetas, las acciones directas no tienen mucho sentido o serían imposibles sin un número considerable de personas que apoye con su capacidad organizativa o con su simple asistencia, pero también demanda más recursos económicos y materiales para llevar a cabo su organización y puesta en marcha.

Consecuentemente, el FAO realizó acciones directas siempre que hubo las condiciones suficientes. Si bien la movilización legal fue una constante en la lucha contra MSX, las condiciones no siempre fueron las adecuadas o por lo menos suficientes para acciones más disruptivas. En los momentos más adversos, que sucedieron cuando el clima de represión se agudizó, el movimiento vio su base social reducida y fue entonces cuando la movilización legal figuró como única táctica de lucha. Ésta fue seguida por un grupo de no más de cinco integrantes.

De manera compensatoria, si se quiere, el trabajo del FAO no se limitó a la lucha en Cerro de San Pedro, también se involucraron en otras controversias similares a nivel nacional. Al poco tiempo de que el FAO extendió sus esfuerzos, se fundó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Esta organización fue impulsada por personas que tenían conocimiento de la problemática que estaba causando la megaminería a nivel nacional. Sus principales propósitos fueron hacer un frente de lucha a nivel nacional en el cual se discuta, analice y propongan soluciones para los conflictos.

Hasta el momento se ha destacado la importancia de la movilización legal como táctica de lucha para el FAO y se presentaron los elementos necesarios para dar cuenta de los inicios de ésta, así como su mantenimiento. Pero también se ha puesto el énfasis en la importancia de otras tácticas de lucha. En el siguiente apartado se analizarán estos elementos a la luz de las categorías analíticas que hemos presentado.

Recapitulación y discusión

El FAO ha tenido un papel preponderante frente a los conflictos que genera la industria extractiva a gran escala en México y más extensamente en América Latina. Es de suma importancia no dejar de lado que este movimiento fue el primero en su tipo en México y como tal no tuvo referentes de lucha cuando emprendió su movilización. Saber esto es fundamental para entender la forma tan particular que mantuvo el FAO al llevar su estrategia de movilización legal y así destacar la importancia que tiene este movimiento en dos sentidos: como primer movimiento contra megaminería en México y América Latina y por el sostenimiento de su movilización legal. Una cita, parte de una trascripción, arroja luz sobre este punto:

La experiencia en el caso del FAO contra MSX por ser el primer movimiento a nivel nacional de rechazo social a la instalación de una empresa minera con pretensiones de utilizar sistemas de explotación y beneficio altamente agresivos, tanto ambientalmente como a los derechos fundamentales, esto lo convirtió en un laboratorio para ambos bandos. Nosotros, FAO, no teníamos antecedentes de una lucha similar, iniciamos de cero experiencias. La empresa nunca pensó que se toparía con tal resistencia, tampoco estaba preparada, confiaba en que los cambios a las diversas leyes constitucionales expresamente diseñadas para facilitar este tipo de actividad minera eran inatacables; ante esa situación, como oposición, se tuvo que diseñar un estrategia de coordinación entre los diferentes ejes de lucha teniendo como base el jurídico, lo que ahora llaman algunos “Litigio Estratégico” así aceptando que hubo algunas fallas estratégicas normales por la falta de experiencia pero que nos dio muy buenas lecciones, se logró derrotar en la arena jurídica a la empresa minera, desarmada jurídicamente se vio obligada a recurrir a implementar lo que podría ser el plan B, consistente en el control de toda institución relacionada con permisos y/o autorizaciones necesarias para el inicio de su proyecto, claro ante la pasiva actitud y colaboración de los tres poderes de gobierno, así, creó una red de corrupción inimaginable en la que intervino desde el Presidente de la república y el gobernador del estado, hasta la autoridad municipal, o sea, el control de los tres niveles y poderes de gobierno. (TE12)

Esto es algo que ya advertía Julieta ^{Lamberti (2010)} en su investigación sobre este caso, dice:

Es una constante en las entrevistas la importancia que le otorgan, a la hora de definirse como los protagonistas de esta lucha, a que el FAO en Cerro de San Pedro es el primer movimiento que lucha contra la minería a cielo abierto en todo México. (^{Lamberti, 2010: 140})

Al respecto, uno de mis informantes dijo:

Yo lo que digo es que Cerro de San Pedro fue un laboratorio porque allí las empresas aprendieron a defenderse de los grupos, porque nunca había existido un grupo que se opusiera; aquí sí hubo resistencia. Ellos no sabían cómo defenderse y fueron aprendiendo, igual que nosotros. Yo siempre digo “aquí fue un laboratorio” y de aquí aprendieron porque después a mí me tocó salir a toda la República y vi que era lo mismo en todas partes. (TE6)

Ello resulta importante porque, tal como señalamos, para ^{Epp (2013)}, la movilización legal depende de recursos no sólo financieros, sino también son necesarios conocimientos y experiencias. De esta manera, el hecho de que los activistas del movimiento carecieran de un referente similar no les permitió tener ni acceso a organizaciones que se dedicaran a la lucha contra empresas megamineras ni a conocimientos básicos para emprender la batalla legal. En tanto fue el primer movimiento en su tipo y no conoció una lucha similar, tampoco pudo dimensionar el problema al que se estaban enfrentando, por lo cual sus miembros tuvieron que aprender muy lentamente y sobre la marcha. Esto implicó tener tanto aciertos como errores.

En febrero de 1999 inició la movilización legal del FAO entendida como una táctica de litigio (^{Black, 1973}). El recurso de revisión del permiso que entregaron las autoridades ambientales a MSX fue el que inauguró la movilización legal. Llegar a este punto implicó, primero, que la organización Educación y Defensa Ambiental advirtiera sobre los posibles daños al medio ambiente. Sin embargo, este primer paso fue sólo en forma de sugerencia, sin que hubiera un conocimiento profundo sobre los procedimientos jurídicos necesarios y pertinentes. Por ello es difícil pensar que Educación y Defensa Ambiental pueda ser considerada una organización de apoyo como lo sostiene ^{Epp (2013)}.

Tal como se señaló anteriormente, la organización Educación y Defensa Ambiental tuvo la experiencia de la lucha contra el tiradero de residuos tóxicos operado por la empresa Metalclad. Esta organización se dedicaba, más que a la lucha jurídica, a la defensa del medio ambiente. En realidad, el conocimiento que tenía la organización era sobre los documentos que necesita una empresa para poder obtener los permisos medioambientales y no sobre los procesos jurídicos. Según los propios participantes en el conflicto con Metalclad, éste fue resuelto más por mediación política impulsada desde abajo que por la movilización legal en sí.

En el caso de Metalclad nosotros no metimos ningún recurso jurídico. Eso se resolvió porque presionamos a los políticos y estos tomaron la decisión. (TE5)

De hecho, el caso de Metalclad es más conocido por ser el primer caso de un conflicto entre una empresa y el Estado en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que por la batalla entre la sociedad civil y la misma empresa; conflicto que, además, terminó con una indemnización millonaria a la empresa de capital estadounidense.

Por tanto, Educación y Defensa Ambiental podría ser considerada una organización de apoyo, pero sólo en lo que se refiere a una incipiente fuente de conocimiento y experiencia. Si bien para ^{Epp (2013)} las organizaciones son piedra angular de la estructura de apoyo, esta organización fue sólo la chispa que encendió el conflicto en la arena jurídica. Es decir, fue más una fuente de inspiración e ideas que de conocimientos y experiencias.

Uno de los principales tropiezos con los que se encontró el procedimiento legal fue la falta de recursos económicos. Este problema fue evidente cuando se buscaron abogados que elaboraran los recursos y les dieran seguimiento. Concretamente, el problema residía en los costos de los servicios de estos profesionales. Según uno de mis informantes:

nosotros metemos en noviembre el primer recurso y prácticamente nos lo elabora un abogado de Querétaro, un ambientalista, pero pues él cobraba. Nosotros colaborábamos y le dimos el primer pago, logramos reunir como 30 mil que era bastante lana en aquel entonces. (TE8)

Viene el cuate este y pidió diez mil pesos, y pues los conseguimos de a coperachas. Después, en un restaurante […] en donde hicimos varios foros, allí hicimos una reunión con ese cuate y nos dijo: “bueno, pues por el amparo van a ser cerca de cien mil pesos”, pues todos dijimos que no. Yo tuve varias broncas con la Dra. Rivera porque le dije que no podíamos pagarlos y ella dijo que hiciéramos una colecta, pero si para conseguir diez mil pesos nos costó. Entonces dije que ya buscábamos a otro, y así llegó Antonio, que no es de ecológico, sino de agrario. (TE6)

Este primer abogado era de los que se conocen como tradicionales-profesionales, aquellos a los que se les paga por sus servicios de defensoría y cuando no se les puede pagar dejan de ofrecer sus servicios. Y en ese punto, los supuestos de ^{Epp (2013)} de que el proceso judicial consume mucho tiempo y es caro; y que, a su vez, la gente por lo general no tiene tiempo, dinero ni conocimiento para llevar a cabo la movilización legal, se cumplen.

En efecto, el movimiento no contaba con recursos para la litigación, ni con abogados u organizaciones que proveyeran de financiamiento; es decir, se hizo necesaria una estructura de apoyo sólida (^{Epp, 2013}). Sin embargo, estos problemas se solucionaron al poco tiempo con algunos abogados de causa (^{Sarat y Scheingold, 1998}). Estos tuvieron un papel fundamental para entender el desarrollo de la estrategia legal y después el desarrollo del movimiento en su conjunto.

El papel de los abogados en la lucha del FAO

Los abogados de causa que encontraron los integrantes de FAO eran “peculiares”. Ciertamente, no se consideraban abogados de causa, pues, aunque llevaban juicios de sectores marginados, eran abogados que tenían sus despachos y cobraban por sus servicios. En el caso de la ayuda que brindaron al FAO hicieron excepciones, pero éstas tuvieron sus complicaciones, una de las cuales fue que no hacían llevaban a cabo los recursos en su totalidad, sino que daban pautas a los activistas para que ellos hicieran un bosquejo.

Yo fui con un amigo que trabajaba en el DIF municipal, un abogado, quien inició el caso que después llevó Polo. Les dije que iba a conseguir quién y fui con este cuate. Voy a verlo al DIF y le digo:

Este abogado no tenía conocimiento en materia ambiental, pero sí sobre los procedimientos y recursos que se utilizan en el área administrativa. Es importante señalar que si bien lo que estaba en juego era el permiso ambiental, los procedimientos y recursos eran de índole administrativa.

Al poco tiempo algunos integrantes del movimiento se familiarizaron con el lenguaje de la abogacía y sus distintos procedimientos y así dio una independencia la necesidad de contratar abogados externos. El caso fue retomado después por un abogado fiscalista que también puede ser considerado como tradicional-profesional quien, como señalamos, tampoco cobró pues era esposo de una de las activistas más comprometidas con el movimiento. Este abogado tenía mucha experiencia en el ámbito fiscal-administrativo para empresas y dado que el recurso jurídico se remitió a un tribunal administrativo, él no se negó a litigar el juicio sin remuneración. Asi, dio seguimiento a este recurso prácticamente hasta que MSX anunció el cierre de sus operaciones, incluso después de que su esposa muriera a causa de una enfermedad crónica.

Se empieza a involucrar Pro San Luis Ecológico por la experiencia que tenía de lo de Guadalcazar, que empiezan a hacer alianza, que casualmente se involucra Begoña, que es la que se jala al abogado que es fundamental. Y son muchas buenas casualidades las que van formando los nichos de oportunidad para que este grupo de ciudadanos tan diverso lograran una buena estrategia jurídica. Porque “hay que demandarlos, necesitamos un abogado” que fue lo que dijo Begoña, “necesitamos un abogado”, y entonces puso al marido. Y el marido como abogado fiscalista que sabe cómo, lo que hacen las empresas lo hizo muy bien. (TE5)

Distinto fue lo sucedido con los procesos judiciales en materia ejidal. En este caso, no fue ninguna organización la que proporcionó ideas sobre el inicio de este frente jurídico. El juicio comenzó porque uno de los líderes sugirió investigar cómo la empresa minera estaba trabajando sobre terrenos ejidales. Así, empezó a indagar y encontró que las tierras fueron arrendadas por personas que se hicieron pasar por ejidatarios a pesar de que los verdaderos ejidatarios se habían ido del lugar cincuenta años atrás y muchos habían muerto. Después de encontrar un grupo de seis personas con derechos testamentarios sobre las tierras ejidales se inició el frente jurídico ejidal. Este juicio fue llevado por un abogado que puede ser considerado abogado de causa.

Ya cuando había ejidatarios reconocidos y se mete un juicio agrario en el 2002. Este fue el primer juicio agrario. Allí entra Antonio. (TE6)

El abogado realizó muchos de los juicios con ayuda del líder moral del movimiento, quien no era abogado. No les cobró y, en cambio, se comprometió profundamente con el movimiento. En este sentido, la diferencia más sustancial con respecto al frente ambiental-administrativo, fue que además este nuevo abogado pronto se asumió como miembro del movimiento contra MSX.

Como señalan ^{Cummings y Eagly (2001)}, los abogados pueden tener varios roles dentro del movimiento. En este caso, el abogado que llevó el juicio ejidal se asumió como activista y pronto se convirtió también en líder del movimiento. Siguiendo a ^{Cummings y Eagly (2001)}, la movilización legal atrajo nuevos miembros al movimiento, no sólo al abogado del caso ejidal, sino que, al poco tiempo, también se sumaron estudiantes de licenciatura en Derecho. Asimismo, hubo una influencia muy importante a la hora de definir la estrategia general del movimiento:

De repente me invitaron a una reunión donde estaba Antonio y Juan. Entonces Antonio como que de inmediato, cuando yo me presento a la reunión que me invitan después del desplegado, empieza como un rollo muy duro, como […] sí, muy decidido, pero también como rivalizando la acción: “Somos una guerrilla jurídica y estamos haciendo esto, esto y esto. Aquí somos compañeros del FAO y si tú te vas a integrar […]”. (TE5)

Está de más decir que estos abogados no cobraron honorarios, sino sólo gastos de insumos como copias, carpetas e impresiones.

Pero esta influencia no fue unidireccional, sino recíproca: de abogados a activistas y de activistas a abogados. Según ^{Andrews y Jowers (2018)} la embedded legal activity se distingue porque los movimientos sociales buscan integrar la actividad legal al resto de las tácticas, ampliando el alcance de la actividad legal y destacando el papel de los abogados en actividades que van más allá de las instituciones legales formales. Y si bien el abogado del juicio ejidal se convirtió en líder del movimiento, por otro lado, el líder moral se convirtió prácticamente en abogado sin tener las credenciales que lo acreditaran como tal. Así, uno de los puntos más interesantes es que algunos de los líderes del movimiento, sin ser abogados de profesión, aprenden el lenguaje y formas de la abogacía y ellos mismos empiezan a crear sus propios recursos jurídicos teniendo como único impedimento la cédula profesional para ejercer. Esto hizo que las diferentes tácticas que ha utilizado el FAO se entretejan de forma muy particular.

Para nosotros la lucha jurídica era como el sostén, es la base y el andamio de toda la lucha. A veces sabíamos que algún juicio no iba a funcionar, pero para retardar alguna acción o situación lo utilizábamos. Por ejemplo, si no queremos que el municipio dé los permisos, entonces nosotros sabíamos que metiendo amparo deteníamos al ayuntamiento para que no diera los permisos. Mientras hacíamos tiempo para que nos respondieran en otro lugar. Metíamos un juicio contra MSX y le decíamos al juez que ordene al ayuntamiento que no otorgue permisos por las consecuencias que tenía el operar de la empresa. En aquel tiempo la MSX no tenía el control y entonces en la noche salía la suspensión y nosotros convocábamos a rueda de prensa y se informaba que la MSX estaba sin permisos. Así nosotros quemábamos a la minera y hacíamos de conocimiento público las consecuencias del proyecto. (TE6)

Con lo que señalado hasta aquí busco resaltar el papel de la estructura de apoyo y de los abogados dentro del movimiento. El inicio de la movilización legal estuvo marcado por la idea de una organización que se acerca al movimiento. Sin embargo, la incursión en esta táctica se distinguió por la falta de información y experiencia, abogados especializados, fuentes de financiamiento, plataforma para la difusión del caso y redes de comunicación para el intercambio de ideas; es decir, por la ausencia de una estructura de apoyo. Esto fue un problema importante cuando se quisieron contratar los servicios de abogados tradicionales, pero pronto se subsanó con la llegada de abogados de causa, quienes, además de llevar los juicios sin costo, tuvieron la precaución de enseñar los procesos y lenguajes de la abogacía a otros miembros. Al mismo tiempo, muchos abogados se asumieron como parte del movimiento por lo que podemos hablar de una embedded legal activity que implicó un entrelazamiento de abogados al activismo y viceversa.

Por último, señalaré que después de varios años el FAO se consideraba a sí mismo como un movimiento con muchos recursos. Uno de mis informantes mencionó:

En una ocasión me invitaron a Real de Catorce porque acababa de llegar una mina, pero no sabían bien de qué se trataba. En un foro, cuando yo empiezo a decirles nuestra experiencia y los que habíamos logrado hacer, una persona me interrumpe y me dice: “pero a ver, ¿ustedes de dónde sacan dinero?”. Esta persona era de la mina y lo que quería era desacreditarnos, pero entonces le dije: “No, sí, nosotros tenemos muchos recursos, ya quisieran muchos tener lo que nosotros tenemos. Mira, nosotros contamos con un equipo jurídico de expertos en materia ambiental, agrario y administrativo que no cobran un quinto; tenemos un equipo de académicos que cuando se necesitó ellos hicieron investigación histórica para corroborar que Cerro de San Pedro era parte de nuestra historia e identidad; tenemos ingenieros geólogos. Hasta nos damos el lujo de meter juicios nada más para molestar a la minera, porque a ellos sí les cuestan millones pagarle a su bufete de abogados. Incluso nosotros apoyamos a muchas otras comunidades en todo México”. (TE12)

La ayuda que dieron a otras comunidades en México fue muy extendida y posteriormente tuvo una sobresaliente injerencia en la creación de la rema, una organización más amplia que se asemeja más a lo que Charles ^{Epp (2013)} entiende como estructura de apoyo.