El servicio de agua corriente en la ciudad de Córdoba, Argentina, 1880-1935

 

Running water services in the city of Córdoba, Argentina, 1880-1935

 

Beatriz R. Solveira*

 

* Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti. Miguel C. del Corro 308. CP 5008. Córdoba, Argentina. (bsolveira@ciudad.com.ar)

 

Resumen

El propósito de este ensayo es analizar la evolución del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad de Córdoba (Argentina) desde la inauguración del sistema de agua corriente en 1883 hasta mediados de la década de 1930, período durante el cual la gestión estuvo, primero, a cargo del municipio, y luego pasó a manos de organismos creados a tal fin por el gobierno nacional.

Palabras clave: Agua corriente, Argentina, Córdoba.

 

Abstract

The objective of this essay is to analyze the evolution of water supply services in the city of Córdoba, Argentina, since the inauguration of the running water system in 1883 until the middle of the 1930s, a period during which management was, at first, in charge of the municipality and later was transferred to organizations created for that function by the national government.

Key words: Running water, Argentina, Córdoba.

 

Introducción

Adiferencia de España, donde en las últimas décadas se ha puesto énfasis en el estudio de los servicios públicos urbanos,¹ en la Argentina, como ya lo destacara Andrés Regalsky (Regalsky, 2007), hasta el momento el estudio del saneamiento urbano no ha merecido demasiada atención por parte de la historiografía y sólo se cuenta con algunos trabajos en los que se analiza el caso de la ciudad de Buenos Aires, entre los que destacan los de Olga Bordi de Ra-gucci (Bordi, 1997) y Enrique G. Herz (Herz, 1979). Es verdad que luego del proceso privatizador, que se dio en los últimos años del siglo XX, comenzaron a aparecer algunos trabajos auspiciados por las empresas privadas que se hicieron cargo de los servicios de agua en algunas de las grandes ciudades argentinas (Collado et al., 1949; Gutiérrez, 2001; Radovanovic et al., 1999), pero esos trabajos, si bien ofrecen información valiosa, se limitan a ciudades como Buenos Aires, Rosario y Santa Fe y no estudian en profundidad la organización y la evolución del servicio de aguas corrientes. Frente a ese poco halagüeño panorama, es digno de destacar la atención que en los últimos años viene prestándole Andrés Regalsky al problema del saneamiento, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y a la gestión desarrollada por la empresa Obras Sanitarias de la Nación; sus investigaciones son prometedoras y seguramente habrán de contribuir al conocimiento sistemático de un problema que no ha sido abordado en profundidad en la Argentina.

Como en esa realidad también está la historiografía cordobesa, el propósito de este ensayo es ofrecer una primera aproximación al estudio del servicio público de agua en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, y situada en el centro de la República Argentina. Desde fines del siglo XIX, y mientras la provincia de Córdoba experimentaba un importante y sostenido proceso de crecimiento económico, fundamentalmente basado en la expansión de la producción agropecuaria, su ciudad capital fue protagonista de un considerable aumento de la población y de una paulatina expansión de la industria; y al compás de esas transformaciones económicas y demográficas también se produjo en ella un rápido proceso de urbanización, que fue acompañado por la modernización de algunos servicios públicos urbanos, como el de abastecimiento de agua. Partiendo de la idea que la organización más adecuada de un servicio público, y las formas institucionales a través de las que se presta pueden ser muy variadas según los casos y las épocas y según la capacidad financiera de la hacienda pública -municipal, provincial y nacional- para su satisfacción, en este ensayo se analiza la evolución de ese servicio público en la ciudad de Córdoba desde la inauguración del sistema de agua corriente hasta mediados de la década de 1930, período durante el cual la gestión estuvo primero a cargo del municipio y luego pasó a manos de organismos creados a tal fin por el gobierno nacional.

Dado el espacio para el desarrollo del tema, en la primera parte del trabajo se analizan los esfuerzos del Estado municipal por establecer, en las últimas décadas del siglo XIX, el servicio de agua corriente y las razones que le obligaron a dejar que la gestión del mismo pasara luego a la jurisdicción federal. En la segunda parte se intenta dar una idea de los resultados logrados con esa solución obligada, comparando los logros obtenidos por la gestión municipal con el desarrollo alcanzado por el servicio en las tres décadas posteriores a aquel traspaso.

 

La gestión municipal (1880-1904)

La instalación del servicio

Desde su fundación, en 1573, la ciudad de Córdoba, ubicada sobre la margen derecha del río Primero (hoy llamado Suquía), se proveyó de la excelente agua de este río y de su cuenca, aunque la primera obra destinada a asegurar esa provisión fue la acequia municipal que iba desde el río hasta el actual Paseo Sobremonte, y que fue construida en la década de 1780 durante la gobernación intendencia de Sobremonte,² "con el propósito principal de hacerlo servir al riego de las chacras y quintas que rodeaban a la ciudad, especialmente al Este y Norte" (Álvarez, 1896:78).

En el siglo XIX se construyó, además, una serie de canales abiertos por los que circulaba el agua proveniente de esa acequia, y el 21 de setiembre de 1860 se reglamentó su distribución;³ además, dos años antes se había dispuesto la instalación de una pila de agua en la plaza principal, adonde el agua sería conducida por caños de hierro de acuerdo a una propuesta realizada por Maximiliano Witkowski.⁴ Pero hacia 1870, cuando la ciudad contaba ya con unos 35 000 habitantes, esa provisión, que hasta entonces había sido abundante, comenzó a menguar, y aunque en parte ese problema se solucionó con aguadores "que en pipas de madera extraían el líquido del río" (Álvarez, 1896:78) y las clases acomodadas se proveían de agua de pozo para beber, lavar y cocinar, estos sistemas obligaban a gastar el agua con demasiada economía, impidiendo otros servicios como los baños, letrinas, riego y servicio de incendios que en las poblaciones europeas más adelantadas se hacía mediante cañerías. Urgido por esa creciente necesidad, a fines de 1880 el Estado municipal contrató con un particular las obras destinadas a proveer al municipio de agua corriente.⁵

Esa contratación se hizo por ordenanza del 26 de noviembre de 1880, y el contratista Esteban Dumesnil se comprometió a instalar una usina hidráulica y cañerías de agua corriente en una extensión de 140 cuadras.⁶ Las obras de instalación del servicio comenzaron al año siguiente y fueron realizadas con gran celeridad, de modo que pudieron inaugurarse en 1883 y en la memoria correspondiente a ese año el intendente Juan Manuel la Serna pudo asegurar con orgullo que "en el transcurso del año 83, la ciudad de Córdoba, ha sido dotada de ese gran elemento de vida, bajo el punto de vista de la higiene pública: las aguas corrientes", aunque también aclaró que "si bien la empresa no se ha hecho cargo aún de todos los servicios a que está obligada por su contrato, ha empezado ya a satisfacer las necesidades de la población, entregando al público hasta catorce surtidores convenientemente distribuidos".⁷ Ese mismo año y a propuesta de Dumesnil, el servicio de agua corriente que se prestaba en la parte central de la ciudad y en el Pueblo Nuevo, se extendió al Pueblo General Paz.⁸

No obstante, si bien el servicio que Dumesnil prestaba era al parecer satisfactorio, como el derecho a explotar ambas concesiones se otorgó por 50 años, plazo ampliado luego a 75, al advertir lo que tal derecho importaba la municipalidad expropió las obras el 24 de junio de 1884 y las mismas pasaron a ser de propiedad comunal.⁹ Años después, en la memoria correspondiente a 1889, el intendente Luis Revol aseguró al respecto:

"Teniendo en cuenta estas condiciones y las en que se hizo la concesión de estos servicios al primitivo empresario Sr. Dumesnil, me decidieron a iniciar trabajos al objeto de evitar que estas usinas y servicios consiguientes volvieran a la explotación de particulares, creyendo de más conveniencia, tratándose de servicios públicos sometidos tan directamente a la acción comunal, que volvieran a la dirección del verdadero encargado de administrarlos como que son de su resorte".

"El H. CD sabe el sacrificio que se impuso la municipalidad al adquirir esos servicios de su primitivo concesionario. El estado del erario municipal no era halagüeño, pero se trataba de emanciparlos de la explotación particular, anulando los privilegios concedidos por el largo plazo de 75 años, que perjudicaban los intereses públicos, y no vaciló, contrayendo un préstamo del Banco Nacional, para adquirirlas".¹⁰

Esa solución, sin embargo, planteó serias dificultades a la municipalidad debido a las condiciones en que el préstamo se había contraído y, como la misma no pudo hacer frente a sus obligaciones, por ordenanza del 13 de agosto de 1886 el Concejo Deliberante (en adelante CD) autorizó al intendente para enajenar a favor del gobierno de la provincia las obras de aguas corrientes que la municipalidad comprara a Esteban Dumesnil.¹¹ Pero evidentemente el gobierno de la provincia tampoco fue capaz de gestionar el servicio porque por ley sancionada el 15 de junio de 1889 se autorizó al poder ejecutivo a enajenar, previa licitación, el terreno, útiles, artefactos y herramientas destinados al servicio de agua corriente, aunque como esa licitación fracasara, el servicio, considerado "de su exclusivo resorte", volvió a manos de la municipalidad por escritura pública del 1° de julio de ese año.¹²

Al hacerse cargo nuevamente del servicio la municipalidad efectuó un censo del que podemos saber que el número total de abonados al servicio de aguas corrientes era 2 356 y que la extensión lineal de la canalización maestra era 34.5 km.

Como se puede apreciar, en menos de una década la gestión del servicio había pasado de manos privadas a las de la municipalidad, de ésta al gobierno provincial y luego nuevamente al municipio, el que continuaría a cargo del mismo hasta la primera década del siglo XX. Todo este ir y venir es sin duda consecuencia de las dificultades financieras para hacer frente a los costos de las obras que el servicio demandaba, y que ni el municipio ni la provincia eran capaces de afrontar. Prueba de ello es que, aunque la clase dirigente compartía las ideas de Luis Revol respecto a que el servicio debía ser gestionado por la comuna, por ley del 20 de julio de 1889 se autorizó al poder ejecutivo provincial a contratar con Cremades Hnos la construcción de las obras para proveer de aguas corrientes al Pueblo Alta Córdoba, que por cierto aún no contaba con este servicio y que continuó sin él porque esa iniciativa también fracasó.¹³

 

Características, extensión y confiabilidad del servicio

Veamos en qué consistían, una década después de inaugurado el servicio, las obras destinadas a la provisión de agua, tanto desde el punto de vista de las instalaciones y del funcionamiento de las mismas como de la calidad y suficiencia del servicio. Para recoger el agua se aprovechó la toma de la antigua acequia municipal¹⁴ situada al Noreste de la ciudad, y que era un canal abierto de aproximadamente 1.5 km de longitud, que conducía el agua a la usina hidráulica, instalada en la prolongación de la actual calle Tablada. Llegada a la usina hidráulica, el agua pasaba a los filtros y de allí al pozo de bombas, las que trabajaban sin interrupción y podían impulsar 3 700 m³ por día a los depósitos de presión y distribución situados entre las calles Deán Funes y 9 de Julio de donde, y por un solo tubo de 30 cm de diámetro, el agua era repartida a las cañerías de la ciudad. Ahora bien, esas instalaciones, si bien representaron un gran adelanto, no ofrecían las debidas garantías en cuanto a la calidad del agua que se distribuía, porque el canal que conducía el agua desde la toma a la usina, era un canal escavado en el terreno mismo y su fondo y paredes estaban constituidos por el suelo que atravesaban, sin revestimiento de ningún género, y por tanto favorecía la contaminación del agua, y porque de ese canal el agua iba directamente a los filtros sin pasar antes por depósitos de decantación,¹⁵ que eran muy necesarios sobre todo en la época de lluvias, las que provocaban permanentes crecientes en el río. En efecto:

"Durante el invierno el agua del río es límpida y transparente, podemos pasarnos sin ellos, y tal vez sin filtros; en la época de lluvias tiene el agua gran cantidad de materias en suspensión, la mayor parte térreas, que obstruyen en pocas horas los filtros, haciéndolos insuficientes, y obligando a pasar el agua directamente del canal al depósito de gravitación, de donde va por las cañerías con el peor aspecto posible". (Álvarez, 1896:80-81)

El procedimiento de filtración adoptado era el inglés, y para ese objeto el establecimiento contaba con dos estanques rectangulares de filtración, en los que se empleaba la arena y el casquijo como base del filtro, pero el agua era mal filtrada porque los filtros eran demasiado pequeños, tenían algunos defectos de construcción y el procedimiento empleado era también defectuoso. La cañería que distribuía el agua por la ciudad era de hierro y en noviembre de 1894 llegó a tener una extensión lineal de 44 km, sirviendo a 2 596 propiedades urbanas;¹⁶ sus juntas estaban bien hechas y "los desperfectos en las cañerías de la vía pública no son más frecuentes de lo que se observa comúnmente, en obras de esta naturaleza" (Álvarez, 1896:92). Los caños domiciliarios, que iban desde el cordón de la vereda al interior de los inmuebles, eran de plomo.

En abril de 1892 se dictó una ordenanza que reglamentó el servicio, en el que no se empleaban medidores y por el que se pagaba un precio relativamente bajo, pudiendo hacerse uso libremente del agua para todas las necesidades, pero cuyas deficiencias en cuanto a calidad y cantidad del agua suministrada indujeron a la municipalidad a encargar al ingeniero Carlos A. Cassaffousth la realización de un estudio acerca de la manera de aumentar y mejorar la provisión de agua, así como de la posibilidad de crear una caída de agua, cuya fuerza motriz se utilizaría para la producción de electricidad destinada al alumbrado. El informe y los planos correspondientes fueron presentados por Cassaffousth en diciembre de 1893, pero las obras por él proyectadas no pudieron realizarse porque los recursos municipales eran por demás escasos.¹⁷

Ante la imposibilidad de emprender las obras proyectadas por Cassaffousth, las autoridades municipales decidieron, como medida urgente, mejorar las que estaban en servicio y al efecto comenzaron por aumentar la profundidad de los estanques para que las capas filtrantes pudiesen tener la disposición y el espesor debido, pero no aumentaron la superficie de los filtros ni la capacidad de los depósitos y los tubos de salida como tampoco el caño de 0.3 cm de diámetro, del cual salían las ramificaciones que formaban la red distribuidora. Sin embargo, esas autoridades ya estaban convencidas de la imprescindible necesidad de una nueva instalación, que por lo menos duplicara las obras existentes, aunque también estaban convencidas de que por sí misma la municipalidad no estaba en condiciones de realizar semejante esfuerzo. Respecto a los filtros, el intendente conocía las opiniones del Dr. José M. Álvarez, pues este profesor de higiene de la facultad de ciencias médicas de la Universidad de Córdoba, en una nota que dirigiera a la intendencia el 25 de octubre de 1893 en relación a los filtros, ya había advertido:

"...que eran insuficientes en su extensión superficial, mal distribuidas las capas componentes, escaso su espesor, mal colocadas las entradas y salidas del agua, mal dirigida la operación y malo el resultado, agua turbia".¹⁸

Las obras que era necesario emprender no solamente debían tener por fin aumentar la oferta de agua, sino sobre todo mejorar su calidad, y al respecto Álvarez aseguraba que:

"Llegamos a la gran cuestión; no basta agua en suficiente cantidad, debe ser pura, potable, capaz no sólo de satisfacer la sed, sino también de dar al organismo los materiales necesarios para reparaciones fijas, -aun cuando en pequeña proporción-es incapaz de dañar el organismo, ya sea que se la use por poco tiempo, accidentalmente, o aun por el uso prolongado, o de un modo permanente".

(Álvarez, 1896:119)

Esa afirmación de Álvarez está incluida en un informe muy extenso que él había preparado cuando fue designado, en agosto de 1894 por el gobierno de Córdoba como representante oficial de la provincia al Congreso Nacional de Higiene que se celebraría en Buenos Aires al año siguiente. Ese completísimo y muy valioso informe fue publicado en forma de libro en 1896. En él, Álvarez ofrece una interesante visión de la ciudad de Córdoba, de sus recursos naturales y artificiales para luchar por la salud y, además, dedica un capítulo completo al estudio de la provisión de agua a la misma. En esta parte del trabajo Álvarez informa acerca de los análisis que se habían hecho del agua que se consumía en la ciudad mediterránea, los que permitían asegurar que el agua que se distribuía por las cañerías era desde el punto de vista químico de muy buena calidad, pero que no podía afirmarse lo mismo respecto de su contenido en bacterias, si bien el análisis respectivo aún no había sido posible realizarlo porque en Córdoba se carecía del instrumental necesario para efectuarlo.¹⁹ De todos modos no había dudas sobre que desde el punto de vista bacteriológico había mucho por hacer, y entre lo que era imprescindible atender estaban el problema de las basuras, el barrido y el riego; aunque era la construcción de cloacas, de las que por cierto carecía la ciudad de Córdoba, la que se presentaba como prioritaria, pues:

"Mientras no contemos con esos ansiados canales, es necesario volver a los llamados carros atmosféricos -aspiración por el vacío- como el mejor sistema de vaciamiento para nuestras actuales letrinas." (Álvarez, 1896:155)

Como experto en higiene Álvarez sabía, y así lo expresaba en su libro, que el agua es un medio apto para la multiplicación de las bacterias y también un medio apropiado para conservarlas y conducirlas; de allí la importancia de eliminar todas las materias contaminantes que pudieran entrar en contacto con ella porque, como lo habían demostrado las más prolijas investigaciones, casi nadie discutía la posibilidad de que la fiebre tifoidea pudiera ser propagada por medio del agua, y era sabido por todos que una de las causas más importantes de mortalidad en la ciudad de Córdoba era provocada por la gastroenteritis. Ahora bien, el agente de contaminación más necesario de eliminar eran la materia fecal, "que aumenta progresivamente y cuya existencia constituye una amenaza perenne y rechazan el aseo y la higiene" y la ciudad no contaba con cloacas, las letrinas por lo general estaban en mal estado y las concesiones acordadas a Peña y Cª y a J. B. Roldán y Ca para el establecimiento de carros atmosféricos no habían dado resultados prácticos.

Por otra parte, desde 1893 quedó claro que la cañería existente era insuficiente para dar agua en abundancia, y debido a ello con frecuencia se debió negar la instalación de nuevos servicios. Eso en las zonas en que existían cañerías de distribución de agua corriente, pero había numerosos sectores de la ciudad que carecían de ella y en los que, por estar alejados del río o de la acequia municipal, los vecinos no contaban con agua potable para los usos domésticos y debían beber el agua de pozo,²⁰ y en ellos la solución fue instalar surtidores donde esos vecinos se proveyeran con facilidad de buena agua; solución con la que se buscó mejorar la higiene y la salud de esos barrios. La escasez de la renta y la imposibilidad de obtener, como ya se verá, los fondos prometidos por el gobierno federal obligaban "a dejar de lado y para otra ocasión propicia" las obras de mayor magnitud, las que "aunque requeridas, no es posible darles cima con los solos y exclusivos recursos ordinarios".²¹

Sin duda era necesario encarar ese problema y buscarle solución, y con ese fin ya en 1888 el intendente Luis Revol solicitó autorización al CD para mandar hacer los estudios necesarios para la construcción de cloacas y obras de salubridad y también insistió en continuar entre tanto con las obras de aguas corrientes porque "el valor que adquirirán estas obras una vez completadas, será importantísimo dada la importancia, cada vez en auge, que adquiere nuestra ciudad, triplicándose por lo menos su valor actual".²² Años después, cuando volvió a desempeñar el cargo de intendente, respecto de la primera propuesta Revol explicó que:

"Al proponerlo no me guiaba tan solo el deseo de seguir los adelantos generales que se operan en todos sentidos en la ciudad, sino muy especialmente el móvil de dotarla de obras de tal naturaleza, de las cuales no puede prescindir ninguna ciudad de la importancia y extensión de la nuestra, cuya población aumenta diariamente y su incremento está en pleno desarrollo; obras de previsión y tanto más necesarias e importantes en cuanto con ellas se relaciona uno de los primordiales y mayores intereses que deben satisfacerse, la higiene y salud pública".²³

La autorización del CD no se hizo esperar y los estudios respectivos, que estuvieron a cargo del ingeniero argentino Luis H. Huergo se hicieron, pero las obras eran de tal magnitud y exigían inversiones de una envergadura que excedía con creces los recursos de que disponía la municipalidad, de manera que pese a que las cloacas eran necesarias para "extirpar esos focos de infección domiciliarios tan molestos y perjudiciales",²⁴ la iniciativa quedó en suspenso.

Entretanto, el constante mantenimiento que se hacía de las instalaciones dedicadas al servicio -limpieza de los depósitos y de la acequia y renovación de los filtros- y la prohibición de bañarse y lavar ropas en inmediaciones de la boca toma de la acequia municipal permitieron que al concluir el siglo XIX las condiciones del agua potable que se suministraba para el consumo fueran satisfactorias. Al mismo tiempo y pese a la escasez de recursos con que contaba la comuna se había logrado que varias secciones de la ciudad que carecían del agua corriente fueran provistas de ella y también se había mejorado la provisión mediante obras que aumentaron el caudal y la presión del agua. La cantidad y calidad del agua había mejorado y, según el intendente, esto redundó "no solo en beneficio de la higiene y salud públicas, sino también del ornato, puesto que ha facilitado la construcción de muchas casas en puntos en que antes no se hacían por la carencia de agua corriente".²⁵

Con todo, las autoridades municipales sabían "que una de las causas que bastante daño produce a la salud pública reside en las aguas potables" y, pese a que la comuna contaba con oficina bacteriológica que constantemente efectuaba observaciones y ensayos, deseosas de prevenir esas causas solicitaron en 1897 al Consejo de Higiene de la provincia una prolija inspección de los filtros de la usina hidráulica. Al parecer los resultados de ese examen fueron satisfactorios pues se concluyó afirmando que "sin temor de incurrir en exageración" se podía decir "que las aguas corrientes de Córdoba, son superiores en calidad a las que se consumen en las demás ciudades de la República, incluso la capital federal". Es decir, el agua que se suministraba para el consumo era buena, aunque también se sabía que era susceptible de ser mejorada y a eso se orientó la acción del intendente municipal, quien además pensó en la conveniencia de reforzar el aprovisionamiento que se obtenía desde siempre del río Primero con la utilización del agua procedente del río Anisacate, un afluente del río Segundo bastante más alejado de la ciudad de Córdoba,²⁶ pero esta iniciativa, incluida en el estudio realizado por el ingeniero Huergo, no llegó a concretarse.²⁷ Pero además de la cantidad y calidad del agua que se suministraba, también se debía pensar en la red de cañerías maestras y distribuidoras a las que era indispensable aumentar, y en esto ocuparon asimismo sus esfuerzos las distintas administraciones municipales en la última década del s. XIX, porque según asegurara el intendente Ernesto Bancalari en 1897:

"...la notoria deficiencia de las cañerías maestras por las que se provee de agua a esta capital, y que traía como consecuencia un servicio irregular, especialmente durante el verano, no permitiendo por otra parte acceder a los continuos y numerosos pedidos de nuevas instalaciones, va a desaparecer dentro de poco".²⁸

Los resultados logrados en los últimos años del siglo XIX son importantes y eso se puede apreciar en el Cuadro 1, en el que se incluyen datos cuantitativos del servicio correspondientes a los años 1897, 1898 y 1899 y que demuestran cuál fue el crecimiento de la red distribuidora, de los servicios en funcionamiento y de la cantidad de agua suministrada a la población por la red de agua corriente.

En fin, al filo del cambio de siglo la parte central de la ciudad, tanto al Este como al Oeste de la Cañada,²⁹ consumía el agua que se distribuía por las cañerías, tomada del río poco más abajo del puente de Las Rosas y, como ya se dijo, mal filtrada, mientras que la población pobre que vivía en la costa del río, y cuyo número era escaso, consumía el agua tomada del río mismo o de pozos bajos. El Pueblo Alta Córdoba consumía agua de los canales abiertos que provenían de las obras de riego y que partían del dique Mal Paso, situado a unos 20 km de la ciudad, en tanto que el Pueblo San Vicente se proveía del agua del río que era conducida por un canal abierto desde la altura de la Estación del FCCA -extremo Oeste del centro de la ciudad- y también de pozos que en general tenían poca profundidad. En el Pueblo Nuevo, situado muy cerca del centro, había 120 casas provistas de servicio de agua corriente y en el pueblo General Paz 133 casas con servicio y 233 que no lo tenían, a las que se deben añadir los innumerables ranchos situados al Norte y que se servían algunos de agua del río y de pozos y muchos de la acequia que conducía el agua al molino de López. El Pueblo de La Toma hacía uso de agua de pozo, con excepción de una pequeña parte de población de la costa del río que usaba la de éste. Nueva Córdoba, Pueblo Ferreyra y toda la parte regable que quedaba al Sud y Oeste de la ciudad, como al Norte (parte de Alta Córdoba) empleaban agua de los canales de las obras de riego: esta última zona comprendía los llamados suburbios. Para comprender cómo estaba distribuida la población de cada una de las zonas nombradas (a las que llamaremos secciones) y por tanto qué porcentaje de la misma hacía uso de cada uno de los sistemas de provisión de agua es útil observar el Cuadro 2, que ha sido confeccionado a partir de la información que brinda el censo escolar del municipio de Córdoba (levantado en agosto de 1894) y de acuerdo al cual cerca de tres cuartas partes de la población de la ciudad de Córdoba poseía agua corriente y, si tenemos en cuenta que según el censo nacional de población del año 1895 la ciudad contaba con 54 763 habitantes, del agua corriente disponían aproximadamente unas 40 000 personas.

 

Gestiones para obtener el auxilio financiero de la nación

Los ediles cordobeses estaban convencidos que la gestión del agua debía estar en manos de la comuna, aunque también sabían muy bien que la misma no estaba en condiciones de ocuparse de ello.³⁰ La ampliación y mejoramiento de las obras destinadas al servicio de agua corriente era indispensable y urgente, pero el Estado municipal no contaba con los medios como para hacerlo por sí; tampoco contaba con ellos el Estado provincial, y entonces fue necesario recurrir al Estado nacional. El gasto a realizar era importante, pero como afirmara el intendente Ernesto Bancalari en 1897 "habrá sin duda que hacer sacrificios para llevar a cabo estas obras, pero el gasto quedará compensado con exceso por la mayor higiene y mejor salud pública".³¹

Conviene preguntarse qué estaba sucediendo en otras ciudades argentinas en relación con el servicio de agua corriente. Al respecto lo importante es destacar que las dificultades económicas, que tanto al erario municipal como al provincial les impedían llevar adelante este tipo de obras que se consideraban imprescindibles para asegurar el bienestar de los vecinos del municipio cordobés, eran las mismas con que se enfrentaban las demás provincias, e incluso la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, pese a esas dificultades comunes, hasta 1890 las ciudades argentinas continuaron intentando resolver ese problema de manera local, pues compartían el convencimiento de que la provisión de agua a la población urbana era una cuestión de absoluta incumbencia municipal. Esa opinión era por cierto compartida por la clase dirigente cordobesa, y a ese respecto ya en 1883 el intendente Juan Manuel la Serna fue muy claro y firme, aunque tal vez demasiado ingenuo, cuando defendió enfáticamente la conveniencia de que las municipalidades fuesen las administradoras de tal servicio pues de esa manera "no solo salvan a la renta de una fuerte erogación, sino que vuelven esos gastos en una fuente de recursos, aun mejorando el servicio y rebajando el precio para los particulares".³²

La posición de la Serna era digna de ser tenida en cuenta y tanto él como sus sucesores al frente de la comuna cordobesa continuaron defendiéndola durante más de dos décadas, pero las dificultades financieras terminaron obligándoles a resignarla pese a los esfuerzos que hicieron a su favor. Es que a partir de 1880, debido al influjo de las ideas que el higienismo había impulsado en décadas anteriores y que habían contribuido a modernizar las ciudades europeas, en la Argentina la provisión de agua potable se convirtió en una meta a alcanzar lo más pronto posible, si se quería garantizar la salud en los conglomerados urbanos que comenzaban a crecer por efecto de la gran afluencia de inmigrantes, y ese anhelo que era compartido también por las autoridades federales hicieron que las mismas tomaran cartas en el asunto y esta decisión conllevó la resignación de aquella posición por parte de los gobiernos locales.

Donde primero intervino el gobierno federal fue en la ciudad de Buenos Aires en la que, igual que en Córdoba aunque con anterioridad, el servicio había sido concesionado a una empresa particular, pero esta experiencia privatizadora fue breve y en 1892 la construcción y explotación de las obras de saneamiento en la capital argentina quedó en manos de un organismo público federal: la Dirección General de Obras de Salubridad, que en la segunda década del siglo XX se transforma en Obras Sanitarias de la Nación (en adelante OSN). Fue así que merced al accionar del primero de esos organismos los servicios de salubridad se fueron extendiendo desde los últimos años del siglo XIX, no solamente en la ciudad de Buenos Aires sino también en las provincias, que limitadas tanto desde el punto de vista financiero como técnico, tempranamente solicitaron su apoyo como también el auxilio económico del gobierno federal. Sin embargo, las dificultades planteadas por la forma de financiamiento adoptada -subvenciones- condujeron, en octubre de 1900, a la sanción de la ley 3 967 que a esos fines afectó 50% de los montos que a cada provincia le correspondía del producido de los fondos de la Lotería Nacional, y además autorizó la ejecución de obras de provisión de agua en las capitales de las provincias de Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, San Luis, San Juan y Catamarca. Fue, no obstante, la ley 4 148, del 3 de enero de 1903, la que dio verdadero impulso a las obras de saneamiento en el interior del país y ofreció una nueva forma de financiamiento al disponer con ese fin la emisión de títulos nacionales a mediano plazo.

Poco antes, a mediados de los años 90, para hacer frente a la inversión que exigían las mejoras de las obras destinadas al servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba, el congreso nacional había votado una subvención de $100 000, pero esos fondos no fueron entregados de inmediato y la intendencia cordobesa debió solicitar la intervención del gobernador José Figueroa Alcorta a fin de que el ministerio de hacienda de la Nación cumpliera con lo dispuesto por el congreso. Esa gestión fue la que permitió conseguir que la Dirección General de las Obras de Salubridad de la capital entregase a la municipalidad de Córdoba la cañería necesaria para llevar a cabo las obras de ampliación de las aguas corrientes realizadas, según vimos, en los últimos años del siglo XIX.³³ Sin embargo, esa ayuda fue insuficiente, porque de los $100 000 votados por el congreso la municipalidad sólo recibió $30 000, que únicamente alcanzaron para abonar la cañería mencionada. La situación era difícil y el intendente era consciente de ello, por eso en la memoria del año 1897, con evidente desazón, debió informar al CD que:

"Las dificultades e inseguridad del momento de que pueda obtenerse la entrega de alguna cuota a cuenta de la subvención nacional acordada, hacen que no se emprendan desde luego las demás obras proyectadas, a fin de no contraer obligaciones que luego no puedan cumplirse. Salvadas esas dificultades se proseguirán con toda la actividad que requieren las obras iniciadas".³⁴

Algo se había logrado, pero era necesario conseguir más fondos, de manera que en los años siguientes las gestiones ante el gobierno nacional se reforzaron, aunque pese al empeño y continuidad en las mismas, en adelante ningún otro auxilio se obtuvo y cuando, en 1898, enteradas las autoridades municipales de la decisión del gobierno nacional de suspender las subvenciones votadas por el congreso para obras públicas en las provincias, entre las cuales figuraba la destinada para el de ensanche de las aguas corrientes de la ciudad de Córdoba, el intendente recurrió nuevamente al gobierno de la provincia. Ante todo, al gobernador se le hizo notar los serios perjuicios que por aquella resolución se irrogaba a Córdoba, desde que esa decisión imposibilitaba a la municipalidad para continuar las obras de ampliación ya contratadas y en ejecución, y luego se le solicitó su "valiosa influencia" para lograr la entrega de las sumas necesarias para por lo menos terminar esas obras, pero las gestiones del gobernador provincial ante el ministro del interior fueron infructuosas, pese a que a su favor intervino el diputado nacional por Córdoba, Eleazar Garzón. Ante ello el propio intendente viajó a Buenos Aires y allí fue informado de la imposibilidad de acceder a su pedido y que la cuestión sería atendida por las nuevas autoridades nacionales que en 1898 se hicieron cargo del gobierno nacional.³⁵

Entretanto, en esos años finales del siglo XIX, arreciaron las solicitudes de conexión efectuadas por los vecinos de las zonas que contaban con cañerías de agua potable, como también de quienes pedían que las mismas avanzaran hacia las zonas aún no servidas, de manera que para satisfacer algunos de esos pedidos o para efectuar los arreglos que el servicio demandaba, la intendencia se vio obligada a suspender otro tipo de obras para destinar los fondos asignados a ellas para hacer frente a aquellas necesidades.³⁶ Así las cosas, y comprendiendo que era necesario contar con un proyecto amplio y bien fundamentado para el momento en que pudiera continuarse con aquellas gestiones, cómo en las oficinas de la municipalidad no existían suficientes antecedentes relativos a la futura ampliación de las obras de aguas corrientes, el intendente consideró prudente encomendar su estudio a un especialista en la materia, y la elección recayó en el ingeniero Miguel Decaer, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Córdoba, quien de inmediato se abocó al trabajo, y su informe fue aprobado por la oficina de obras públicas de la municipalidad, que procedió a efectuar el correspondiente llamado a licitación para la construcción de las obras proyectadas por Decaer, quien fue designado para hacerse cargo de la dirección de las mismas.

Ahora bien, como en ninguna de las dos leyes nacionales ya mencionadas -3.967 y 4.158- había sido incluida la provincia de Córdoba, y como ya estaba comprobado que ni el erario municipal ni el provincial podían hacer frente al mantenimiento y ampliación del servicio de agua potable en la ciudad capital, por ley 1694 sancionada el 24 de diciembre de 1903, el gobierno provincial fue autorizado para solicitar del nacional que fuesen construidas las obras de salubridad de la ciudad de Córdoba en las condiciones establecidas por la ley nacional 3967. Fue a partir de este momento que las autoridades provinciales intensificaron sus gestiones para lograr el apoyo financiero federal que permitiera la continuación y conclusión de la red general de canalización de agua corriente en la ciudad de Córdoba.

Estas gestiones destrabaron la cuestión, y el 6 de diciembre de 1904 el CD aprobó el convenio ad referéndum celebrado el 23 de noviembre anterior entre el ministro de hacienda de la provincia y el intendente municipal, referido a la construcción de obras de saneamiento, cloacas, desagües y provisión de agua corriente en la ciudad de Córdoba, conforme a las leyes nacionales antes mencionadas. Por esa ordenanza, el municipio de Córdoba autorizó a la Dirección General de Obras de Salubridad a explotar y administrar por cuenta de la Nación las obras que construyera y al mismo tiempo reglamentó la prestación de tal servicio.³⁷ El gobierno nacional se comprometía a invertir en obras la suma de $3 919 427.58 mn, en un plazo de 30 meses desde la vigencia del convenio, en tanto que la municipalidad entregaba en garantía a la Nación la administración de las obras de salubridad de la ciudad a partir del 1° de julio de 1905. Amortizada la deuda las obras y la percepción de la renta volverían a manos de la municipalidad. La ejecución de las obras fue encargada por aquella dirección al contratista Lavalle y Cía.³⁸ Fue así, gracias a este arreglo firmado durante la intendencia de Juan Carlos Pitt, que se pudo continuar con las obras iniciadas a fines del siglo XIX.³⁹

 

La gestión de los organismos nacionales: 1905-1935

Por razones de espacio se omite un análisis detallado y circunstanciado del avance de la red de agua corriente en la ciudad de Córdoba durante las primeras décadas del siglo XX, y por ello sólo se analizarán a grandes rasgos los resultados que se logran a través de la gestión de los organismos nacionales encargados del servicio y el papel que le cupo a la municipalidad, a la prensa y a los propios usuarios en relación con ellas.

Si bien el área servida prácticamente se mantuvo igual, entre 1910 y 1935 la extensión del servicio de agua corriente creció a un ritmo nunca logrado en la etapa en que el servicio fue gestionado por el municipio, ni aún durante los últimos años del siglo XIX, cuya evolución se muestra en el Cuadro 2. En el Cuadro 3 vemos que las cañerías de toma e impulsión casi se duplicaron, y las cañerías maestras y de distribución aumentaron en dos veces y media. Por cierto que en el mismo lapso también las conexiones del sistema crecieron. Según se muestra en el Cuadro 4, las conexiones domiciliarias y los inmuebles beneficiados con el servicio aumentaron aproximadamente en la misma proporción que las cañerías maestras y de distribución, aunque aquí se puede ver con claridad que los surtidores no habían desaparecido, sino que en la última década considerada en este trabajo pasaron de 29 a 42, y esto demuestra que todavía quedaban zonas adonde las conexiones domiciliarias no habían logrado llegar.

En cuanto al consumo de agua, su evolución también fue significativa en las tres primeras décadas de gestión de los organismos nacionales, especialmente de OSN, y acompañó al crecimiento demográfico de la ciudad. La relación entre el total de la población y la población del radio servido (Cuadro 5), que en 1905 era de 71%, en 1935 llegaba 82% y esto concuerda también con el ritmo de crecimiento de las cañerías en esa zona y demuestra la preocupación puesta en mejorar el servicio en las zonas ya incorporadas al mismo, que fue prioritaria, y que en los primeros años de la década de 1930 se había beneficiado con la habilitación de la nueva toma de La Calera y de la planta de purificación anexa. Claro que también pone en evidencia que el servicio aún no era óptimo pues, pese a que el total de agua distribuida anualmente se había más que triplicado, el promedio diario por habitante no había crecido en la misma medida, debido a que aquel caudal se distribuía entre un número de usuarios proporcionalmente mayor.

En general es evidente que el servicio había mejorado pero aún presentaba deficiencias y, pese a los esfuerzos que los organismos prestatarios hacían por mejorarlo, los usuarios no dejaban de manifestar su descontento. Ahora bien, según ya se dijo la gestión de las obras de saneamiento en la ciudad de Córdoba pasaron a manos de la Nación a partir de 1904; no obstante, si bien desde ese momento la municipalidad no tuvo injerencia directa en lo que a la provisión de agua corriente se refiere, no por ello dejó de recibir las quejas y pedidos de los particulares, y muchas de esas quejas y solicitudes llegaron por su intermedio y también a través de las autoridades provinciales al directorio de OSN. Los diarios editados en la capital cordobesa, por su parte, también fueron un vehículo para dar a conocer las deficiencias del servicio y las insatisfacciones que ello provocaba en la población y gracias a ello es posible saber que a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX los reclamos de los vecinos no cesaron, pero también que las cuestiones planteadas por ellos no siempre fueron consecuencia de una ineficiente acción de OSN, sino más bien el resultado del propio crecimiento de la ciudad que exigía la permanente ampliación de las obras ya existentes y de la construcción de otras en los nuevos barrios, y en muchos casos también de la escasez de fondos para hacer frente de inmediato a esas construcciones. Por eso nos encontramos con que la red de cañerías crecía a veces a muy buen ritmo, pero ese crecimiento no siempre estuvo acompañado con las obras que debían asegurar la provisión necesaria para satisfacer el aumento de la demanda.

Se crearon así dos tipos de pedido: por un lado el de la instalación de nuevas cañerías y por otro el de una mayor y más segura provisión de agua. Un ejemplo de lo primero es el pedido efectuado por los vecinos de Nueva Córdoba, del que diera cuenta La Voz del Interior cuando asegurara:

"Los progresos que se acentúan diariamente en determinados barrios de nuestra ciudad exigen el inmediato aprovisionamiento de aguas corrientes. A remediar una de estas faltas tiende la nota que el PE ha cursado ayer al presidente del directorio de las obras sanitarias de la nación, solicitando la prolongación de cañerías de aguas corrientes de la calle Rondeau, hasta el portón de entrada al Jardín Zoológico, o en una extensión de 150 m más o menos".⁴⁰

El aprovisionamiento insuficiente también era objeto de quejas debido a situaciones como la que denunciara ese matutino respecto de los vecinos del Pueblo Colón que sólo contaban con agua corriente por la noche,⁴¹ o del caso de Nueva Córdoba cuyas quejas por la escasez de agua no se debía a la falta de cañerías, pues "la instalación está completa y los propietarios no dejan de pagar el peso veinte por el servicio de agua y sin embargo pasan los días sin que puedan bañarse, y no por falta de deseos, sino por falta de agua".⁴²

Tras una década del traspaso del servicio, las obras de saneamiento habían beneficiado a una buena parte de la ciudad pero no a todos los barrios, y la venta de agua potable en estos últimos continuó siendo una verdadera necesidad, de manera que el 18 de diciembre de 1917 fue preciso reglamentar esa venta a través de una ordenanza, que la prohibió sin previa autorización de la intendencia y creó un registro especial en el que debían inscribirse todos los vendedores, a quienes se les entregaría una chapa con el número de matrícula.⁴³ Por esa época continuaban existiendo, asimismo, los antiguos aguadores así como surtidores distribuidos en diferentes zonas de la ciudad, incluso en algunas bastante cercanas al radio céntrico.

Al promediar el periodo estudiado, por la misma época en que se sancionó la ley 10997 a la que se aludiera anteriormente, las malas condiciones del servicio de aguas corrientes, tanto en cantidad como en calidad, continuaba preocupando a los vecinos, a las autoridades tanto municipales como provinciales y también a la prensa. De esta preocupación se hizo eco La Voz del Interior, en los últimos días de enero y los primeros de febrero de 1920, particularmente en relación a la impureza del agua al tiempo que acusaba a la municipalidad "de no haberse hecho cargo en su momento de las obras" y de permitir además "el estado impuro del agua corriente que se entregaba a cada casa cordobesa como potable", lo que hacía que las "epidemias modernas" continuaran azotando a los cordobeses que no contaban con "agua bacteriológicamente pura".⁴⁴ Es más, ese diario aseguraba que "el agua que bebemos tiene un color sospechoso, un sabor desagradable y, a veces, un olor que alarma" y que en algunas investigaciones que se habían realizado en relación al mal estado del agua y a las repercusiones sociales y de salud que esto ocasionaba, se había llegado a la conclusión de que "el agua contiene gérmenes que provocan el tifus y otras enfermedades de igual gravedad", aunque también aclaraba que "hay sectores sociales que pueden comprar agua potable, por lo que no toman el agua corriente que sale de las cañerías y es en esas zonas donde no hay vestigios de enfermedades infecto contagiosas como el tifus y la peste bubónica. Meses después el mismo diario asegurará que "está instaurada en la sociedad la noción de que el agua de un aljibe es mejor que el agua corriente".⁴⁵

Obviamente la preocupación por la propagación de las enfermedades gastrointestinales y por la mortandad por ellas provocadas seguía estando vigente, y a ella aludían permanentemente tanto aquel matutino como Los Principios y otros diarios y publicaciones de la época y esta persistencia se alimentaba de la sospecha respecto a la mala calidad del agua que se suministraba a los vecinos, la que fue muy difícil de erradicar pese a los avances indiscutibles que se fueron dando en el servicio y que en realidad habían contribuido a disminuir la mortalidad en general, como también la ocasionada por la fiebre tifoidea y que se puede comprobar a través de la información estadística del Cuadro 6, que permite valorar y comparar los resultados logrados durante la gestión municipal primero y luego por la de los organismos nacionales. En efecto, allí podemos ver con claridad que el índice de mortalidad había descendido de 47.4% que se registró en 1896 a 14.3% en 1935, mientras que las muertes provocadas por la fiebre tifoidea si bien muestra picos importantes como el caso del año 1912 que es de 57 por cada 100 000, comienza a descender francamente a partir de 1930, cuando ya la población servida ha superado los 200 000 habitantes, y llega a ser de 11.2 por cada 100 000 habitantes en 1935.

 

Conclusión

La comparación de la situación en que se encontraba el servicio al final de la gestión municipal y la que presentaba en 1935, luego de un período igual de tres décadas en manos de los organismos nacionales, muestra que evidentemente la decisión que se toma en 1904 fue beneficiosa para los vecinos de la ciudad de Córdoba. De una gestión que siempre estuvo limitada por problemas de índole económico-financiera y técnicos y que fue incapaz de obtener ganancias que pudieran ser aplicadas al pago de las deudas contraídas, se pasó a otra que sí contó con el debido y apropiado apoyo financiero y que, además, supo administrar hábilmente el servicio, de suerte que no sólo produjo lo necesario para cubrir los gastos de explotación sino que también alcanzó para pagar los servicios financieros de los capitales invertidos en obras.⁴⁶

 

Literatura Citada

Fuentes inéditas

Archivo Histórico Municipal. Serie Actas H. Concejo Deliberante y Serie Documentos, años 1870-1946.

Fuentes éditas Boletín Municipal de la ciudad de Córdoba, años 1926-1946.

Compilación de leyes, decretos y demás disposiciones de carácter público dictadas en la provincia de Córdoba, años 1870-1928.

Municipalidad de Córdoba. 1870-1923. Digesto, Compilación de ordenanzas y demás disposiciones dictadas por el Honorable Concejo Deliberante y de los decretos del departamento Ejecutivo.

Obras Sanitarias de la Nación. 1912-1935. Memoria. Buenos Aires.

 

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Notas

¹ Entre los numerosos trabajos que los historiadores españoles han dedicado al estudio del servicio urbano de agua han sido muy útiles para el desarrollo de esta investigación los producidos por Josean Garrués Irurzun (1998), Martínez (2004), Matés Barco (1998), Nárdiz y Baleiro.

² El contrato firmado con el ingeniero Juan Manuel López y aprobado por el cabildo el 22 de febrero de 1785, obligaba a ese contratista a llevar el agua hasta la plaza pública y a instalar cinco fuentes: dos en el Colegio de Monserrat y las restantes en el Palacio Episcopal, en el Colegio de Huérfanas Nobles y en el Monasterio de Santa Teresa.

³ La ordenanza respectiva dispuso que el traslado de agua por las calles de la ciudad se haría por las orillas de las veredas, a partir de una toma a realizarse en la acequia principal. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL (en adelante AHM), A-1-1, f. 221.

⁴ Ibídem, A-1-1, fs. 112-114 y A-2-1, fs. 461-464. La propuesta del ingeniero Maximiliano Witkowski fue recibida y aceptada por el municipio en 1858.

⁵ A comienzos de la década de 1870 la municipalidad había aceptado la propuesta de Leopoldo Rochi, natural de Italia, para el establecimiento de aguas corrientes en la ciudad pero, aunque llegó a acordársele con ese fin un privilegio por 10 años, esa propuesta no llegó a concretarse. AHM, A-1-2, fs. 257, 295-296.

⁶ AHM, A-1-6, fs. 99-107.

⁷ Memoria del Intendente Municipal, año 1883, p. 99.

⁸ AHM, A-1-8, f. 100.

⁹ Ibídem, A-1-19, fs. 18 y 38. Para la adquisición de las obras de aguas corrientes el estado municipal tomó un empréstito que fue garantizado por el gobierno provincial mediante ley del 5 de julio de 1884.

¹⁰ Memoria... op. cit., año 1889. pp: 199-200.

¹¹ AHM, A-1-11, f. 145.

¹² Aunque la situación económica de la municipalidad no había mejorado, esa compra pudo realizarse porque meses antes el CD había dispuesto la emisión de 2 millones de pesos oro, en títulos de 6% de renta y 2% de amortización anual acumulativa, con el objeto de invertirlos en la construcción de diversas obras públicas y de hacer frente a aquella operación. Las obras fueron adquiridas por la misma suma en que habían sido enajenadas en 1886, más los gastos y mejoras utilizables que desde aquella fecha se habían hecho, de manera que en total la municipalidad pagó a la provincia $750 000 nacionales. Memoria. op. cit., año 1889. pp: 201 y 271-272.

¹³ Compilación de leyes, decretos y demás disposiciones de carácter público dictadas en la provincia de Córdoba, año 1889. pp: 79-80. Corresponde se aclare que "pueblo" es el nombre que se daba a las zonas que quedaban fuera del radio céntrico de la ciudad y que con el tiempo tomaron el nombre de "barrios".

¹⁴ La nueva toma era mucho más grande que la anterior y estaba estacada con postes y tablones de quebracho colorado clavados a martinete. Memoria. op, cit., año 1883. pp: 32-33.

¹⁵ El proyecto incluía la construcción de dos depósitos de decantación con una capacidad útil de 1900 m³ cada uno, pero que no fueron construidos.

¹⁶ El número total de casas que tenían servicio establecido en 1894 era 2807, de manera que por diversas causas existían 211 servicios cerrados.

¹⁷ AHM, A-1-19, f. 176.

¹⁸ AHM, A-2-23, fs. 76-77.

¹⁹ A ese inconveniente técnico se lo trató de superar solicitando a los laboratorios de la ciudad de Buenos Aires pero "el recargo de trabajo de esas oficinas, es, creemos, la causa que nos ha impedido presentar aquí el resultado, aun cuando hemos insistido en nuestra solicitud" (Álvarez, 1896:124).

²⁰ Desde la inauguración del servicio de agua corriente, la municipalidad hizo todo lo que estuvo a su alcance para eliminar, dentro del radio en que se prestaba ese servicio, los pozos de balde en muchos casos inmediatos a las letrinas, y en respuesta a una indicación del Consejo de Higiene de la provincia, en 1886 ordenó la clausura de los mismos, aunque esa disposición no fue fácilmente acatada por la población. Según la memoria de 1899 la disposición de clausurar los pozos de balde podía exigirse dentro del radio beneficiado con el servicio de agua corriente, que cubría sólo una parte de la ciudad, pero no en los barrios donde se carecía de ese servicio que al finalizar el siglo XIX eran San Vicente, gran parte de General Paz, La Toma, El Abrojal y Alta Córdoba, cuyos pobladores tenían necesariamente que hacer uso de agua de pozos o de canales, que por cierto no era de buena calidad y en algunos casos, incluso, era nociva. Memoria. op. cit., año 1899. pp: 96-97.

²¹ Ibídem, año 1898. 16 p.

²² Ibíd... pp: 201 y 204-206.

²³ Ibíd., año 1889. pp: 84-85.

²⁴ Ibíd... 86 p.

²⁵ Memoria. op. cit., año 1889. 22 p.

²⁶ El proyecto de traer agua del río Anisacate contaba con la simpatía de muchos pero por entonces era impracticable por el enorme costo, incompatible con el estado del erario municipal, pues suponía construir un canal para la conducción del agua de aproximadamente 50 km. A ese intento frustrado se sumó también la decisión del CD que el 25 de noviembre de 1902 autorizó al intendente para llamar a licitación para la construcción de uno o más pozos surgentes en los lugares apropiados del municipio o fuera de él que permitiese la utilización del agua, si era potable, para el consumo de la población urbana. AHM, A-1-30, fs. 502.

²⁷ Durante todo el periodo trabajado en esta ponencia la ciudad de Córdoba continuó obteniendo el agua del río Primero y su cuenca y sólo en las últimas décadas del siglo XX se llegó a concretar aquel refuerzo a través de un conducto que se transportaba el agua desde el dique Los Molinos, construido a mediados de ese siglo en la cuenca del río Segundo. No fue hasta 1976 que se inicia la construcción del acueducto canal Los Molinos-Córdoba para complementar el acueducto San Roque-Córdoba construido durante el periodo analizado en esta ponencia.

²⁸ Memoria. op. cit., año 1897. 33 p.

²⁹ La Cañada es un arroyo que cruza la ciudad en sentido Sur-Norte en el extremo oriental de la zona céntrica.

³⁰ Era tal la urgencia por solucionar el problema que pese a ese convencimiento la municipalidad siempre acogió la iniciativa privada que al respecto surgía y en los últimos años del siglo XIX y en los albores del XX receptó tres propuestas relacionadas con este servicio, dos destinadas a dotar de agua corriente a Alta Córdoba y otra de Guillermo Robinson por la que se comprometía a hacer por su cuenta los estudios necesarios para proveer a la ciudad de agua potable perfectamente aséptica y pura, sin necesidad de hacer uso de instalaciones de bombas y filtros para su aprovechamiento. AHM, A-1-26, f. 201. En el caso de Alta Córdoba, las propuestas fueron hechas por Antonio Rodríguez del Busto y por T. Flandin y H. A. Broive. Ibídem, A-2-29, fs. 218-222. Lamentablemente esas iniciativas no llegaron a concretarse, aunque las referidas a Alta Córdoba fueron seguidas de algunos intentos oficiales que siguieron la misma suerte que los de los particulares. Ibíd., A-2-30, fs. 168-170.

³¹ Memoria. op. cit., año 1897. 72 p. Entre las obras que no se pudieron realizar figuran la construcción de nuevos filtros y depósitos de decantación en la usina hidráulica, el cambio de ubicación de la boca-toma y acequia que provee de agua a la usina, el ensanche de los depósitos de presión y la terminación de la nueva red de cañería maestra para el aumento del servicio de aguas corrientes.

³² Memoria. op. cit., año 1883. 70 p.

³³ Fue el director de las obras de salubridad ing. Juan F. Sarhy, quien facilitó los caños y los remitió a Córdoba.

³⁴ Memoria. op. cit., año 1897. 74 p.

³⁵ Ibídem, año 1898. pp: 21-23.

³⁶ AHM, A-1-29, año 1901, f. 42; A-1-30, año 1902, fs. 52 y 139; A-2-29, año 1901, fs. 16-18, 222-224, 284-288.

³⁷ Según la reglamentación, el servicio de agua corriente y cloacas sería obligatorio para todo inmueble habitable comprendido dentro del radio de prestación del mismo.

³⁸ AHM, A-2-33, año 1904, tomo II, fs. 364-365.

³⁹ Tres lustros después la provincia de Córdoba se verá beneficiada por una nueva ley gracias a la cual se pudo extender a otras localidades del interior provincial los servicios de agua corriente y obras de saneamiento. En efecto, por ley 10997 del 21 de octubre de 1919 el congreso nacional autorizó a OSN el estudio, proyecto y construcción de las obras de provisión de agua corriente y cloaca para todas las ciudades del interior del país que tuviesen más de 8 000 habitantes en su planta urbana, y las de provisión de agua corriente para los pueblos de más de 3 000 habitantes. Al finalizar el período trabajado en esta ponencia habían recibido los beneficios de esta ley las ciudades cordobesas de Alta Gracia, Bell Ville, Río Cuarto, Villa Dolores y Villa María y también otras localidades más pequeñas del interior provincial como Ascochinga, Capilla del Monte, La Calera, La Cumbre, San Francisco. Es decir, OSN no sólo tuvo a su cargo el servicio de agua potable para el consumo humano en la ciudad de Córdoba, sino también en muchas otras localidades del interior provincial, pero su presencia en la provincia mediterránea concluye en 1979 porque al año siguiente la prestación del servicio fue transferida, aunque sin los recursos nacionales que la subsidiaban, a jurisdicción provincial quedando a cargo de la Empresa Provincial Obras Sanitarias (EPOS), creada mediante la ley provincial N° 6807. Esta transferencia de la prestación del servicio, desde una empresa nacional a una empresa provincial, dio origen a innumerables inconvenientes y echó por tierra el espíritu del convenio de 1904 en tanto las obras y su explotación no volvieron nunca a manos de la municipalidad cordobesa.

⁴⁰ La Voz del Interior, 20/12/1919. Sólo a título de ejemplo podemos decir que en el período 1918-1921 este tipo de peticiones aparecieron casi semanalmente en las ediciones de ese diario.

⁴¹ Ibídem, 20/01/1921.

⁴² Ibíd., 23/12/1919.

⁴³ AHM, A-1-44, año 1917, f. 370.

⁴⁴ La Voz del Interior, 30/01/9120, 04/02/1920 y 05/02/1920.

⁴⁵ Ibídem, 25/12/1920.

⁴⁶ Conviene aclarar al respecto que no todos los servicios a cargo de OSN arrojaron esos mismos resultados. En efecto, en las mismas condiciones que la ciudad de Córdoba se encontraban las de Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, San Juan, San Luis, Mercedes (San Luis) y Tucumán, pero no así las de Corrientes, La Rioja, Chilecito, Paraná, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero que casi siempre arrojaron importantes déficit.