Artículos

 

Consecuencias imprevistas: el impacto desintegrador de la gestión integrada de los recursos hídricos en las organizaciones campesinas de riego (Huancavelica, Perú)

 

Unforeseen consequences: the disintegrating impact of integrated water resources management on peasant irrigation organizations (Huancavelica, Perú)

 

Armando Guevara-Gil

 

Departamento Académico de Derecho e Instituto Riva-Agüero, Pontificia Universidad Católica del Perú, Avenida Universitaria 1801, Lima 32, Perú, (aguevarag@pucp.edu.pe)

 

Recibido: mayo, 2015.
Aprobado: junio, 2015.

 

Resumen

En este artículo analizo el impacto negativo de la aplicación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en una pequeña organización campesina de riego, Santa Rosa de Tambo, ubicada en Huancavelica, una de las regiones más pobres del Perú. Convertido en el nuevo buzzword de la gestión oficial del agua, el acrónimo se disuelve al aplicarlo irreflexivamente porque debilita a las organizaciones autogestionarias en lugar de reconocerlas e incorporarlas a un modelo que debería basarse en la articulación de la diversidad organizativa que caracteriza al riego en los Andes peruanos. Para estudiar este proceso de desconocimiento y exclusión me concentro en tres episodios: los obstáculos que Tambo enfrenta para registrar su asociación y derechos de agua; la demarcación de subdistritos de riego que ignoran sus derechos e intereses, y la marginación que experimenta en el proceso de creación del consejo de cuenca. La evidencia sugiere que es imperativo recrear el marco conceptual de la GIRH para poder aplicarla con resultados positivos en paisajes humanos e hidrográficos inimaginables para la tecnocracia internacional, el legislador peruano y la burocracia hídrica que la aplica a rajatabla.

Palabras clave: Andes peruanos, demarcación hidráulica, formalización de derechos de agua, gestión desintegrada del agua, riego campesino.

 

Abstract

In this article, I analyze the negative impact of the application of Integrated Water Resources Management (IWRM) on a small peasant irrigation organization, Santa Rosa de Tambo, located in Huancavelica, one of the poorest regions of Peru. Turned into the new buzzword of official water management, the acronym is dissolved when using it rashly, because it weakens self-managing organizations instead of recognizing them and incorporating them into a model that should be based on the articulation of the organizational diversity that characterizes irrigation in the Peruvian Andes. In order to study this process of lack of acknowledgment and discrimination, I focus on three episodes: the obstacles that Tambo faced to register its association and water rights; the demarcation of irrigation sub-districts that ignore their rights and interests; and the marginalization experienced during the process of creation of the basin council. The evidence suggests that it is imperative to reconstruct the conceptual framework of IWRM in order to apply it with positive results in unimaginable human and hydrographic landscapes for international technocracy, the Peruvian legislator and the water bureaucracy applying it to the letter.

Key words: Peruvian Andes, hydraulic demarcation, formalization of water rights, disintegrated water management, peasant irrigation.

 

Introducción

En este artículo estudio cómo algunas normas, políticas y decisiones estatales contribuyen a desintegrar la ansiada Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), consagrada como el nuevo principio rector que inspira y determina el manejo del agua en el Perú¹. Los ejemplos que presento grafican cómo la política hídrica oficial se disuelve cuando el Estado se enlaza con una organización campesina de riego ubicada en la cuenca alta del río Tambo-Ica, el Comité de Regantes de Santa Rosa de Tambo. Peor aún, en lugar de entablar un diálogo sostenido y productivo con esta y otras organizaciones de agua, procede a desconocerlas y, en el mejor de los casos, a incorporarlas de manera excluyente y marginal en sus planes de gestión de cuenca.

El resultado de ese (des)encuentro es una gestión localizada y desintegrada del agua que se diferencia notablemente del discurso oficial sobre la GIRH. Las políticas hídricas irradiadas por el Estado, tal como son experimentadas por los regantes andinos, se caracterizan por desconocer la realidad local y son, finalmente, arbitrarias, fallidas y ficticias.

De este modo, el propio Estado socava su nueva política de manejo integrado del agua se aleja de las organizaciones locales de riego de la cuenca alta del río Tambo-Ica y hasta propicia su debilitamiento². Ante este modelo de gestión desintegrador propongo que es necesario practicar una aproximación etnográfica a las diversas formas de gestión local para proponer mejores formas de articulación entre la autoridad oficial y las pequeñas organizaciones de regantes. Así, la gestión integrada dejaría de ser un quimérico principio rector y se transformaría en un entretejido de las diversas formas locales de manejo del recurso con la política hídrica general.

Los ejemplos etnográficos que empleo para graficar estos problemas de articulación provienen del trabajo de campo realizado en la ciudad de Ica y en Santa Rosa de Tambo a lo largo de 2011 y 2012³. Además de la observación de campo se procedió a realizar entrevistas semi-estructuradas con los actores involucrados en la gestión del agua, tanto en Ica como en Tambo, y a revisar los archivos estatales (e.g., Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha, Agencia de Tambo del Ministerio de Agricultura) y los repositorios locales (e.g., Municipalidad y Comité de Agua de Santa Rosa de Tambo).

A continuación ofrezco un resumen de las formulaciones oficiales sobre la gestión integrada del agua. En la segunda sección presento las particularidades de la organización de riego de Santa Rosa de Tambo y en la tercera detallo los episodios que revelan cómo el Estado desarrolla una gestión (des)integrada del agua cuando se vincula con ella. Finalmente, reflexiono sobre la localización de las políticas hídricas y la desintegración que originan, más allá del ideal de la gestión integrada que las inspira.

 

La gestión integrada y participativa en el imaginario oficial

Los discursos sobre la GIRH están sólidamente asentados en el imaginario de los usuarios, profesionales, académicos y funcionarios preocupados por la dramática situación de las cuencas peruanas⁴. Y es que, pese a poseer una abundante dotación de recursos hídricos⁵, el Perú enfrenta serios problemas de gestión: la sobreexplotación insostenible de acuíferos importantes (i.e., Ica, Tacna, Lambayeque), la contaminación creciente de cuencas enteras (i.e., Mantaro, Rímac, Santa) y la conflictividad abierta por usos incompatibles, sea interregionales (i.e., Arequipa-Moquegua, Ica-Huancavelica, Ancash-La Libertad) o intersectoriales (i.e., agricultura-minería).

Frente a este panorama resulta comprensible que la GIRH sea esgrimida como la receta que permitirá mejorar el manejo del agua y espantar al fantasma del estrés hídrico⁶. Existe consenso en que es imprescindible superar el enfoque sectorial, el uso ineficiente e insostenible y la institucionalidad fragmentada que todavía caracteriza al manejo del recurso. El objetivo es implementar una gestión integrada que balancee cantidad, calidad y oportunidad, y que promueva la participación activa y responsable de todos los actores sectoriales de una cuenca hidrográfica en la gestión de las aguas superficiales y subterráneas. Para lograrla se requiere armonizar el aprovechamiento múltiple, «pasando de un enfoque basado en el incremento de la oferta a otro que privilegie la gestión de la demanda y el uso eficiente del recurso» (CTM 2009: 45)⁷.

De ahí que el enorme esfuerzo institucional y normativo del Estado peruano para evitar el escenario de "Agua para Pocos" y lograr el de "Agua para Todos" a 2025 tenga a la GIRH como uno de sus ejes (CTM 2009: 41 et seq.). Es más, esta se encuentra consagrada en la Ley de Recursos Hídricos del año 2009⁸, que establece el principio de la gestión integrada del agua debido a su valor sociocultural, económico y ambiental (III.1) y el principio de que esta debe ser participativa (III.10). Es tan esencial que la norma la declara de interés nacional y necesidad pública (Artículo 3).

Como se aprecia en estas referencias, la gestión integrada tiene como piedra de toque "la participación activa y responsable de todos los actores sectoriales" de las cuencas intervenidas (i.e., usuarios agrarios, industriales, urbanos, mineros)⁹. Los entes que en teoría sirven para canalizar la participación de los usuarios en la gestión integrada del agua son los Consejos de Cuenca, organizados "a iniciativa de los gobiernos regionales, con el objeto de [que los representantes de los usuarios y de los gobiernos regional y local participen] en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos"¹⁰.

Uno de los primeros intentos por plasmar institucionalmente ambos principios normativos –gestión integrada y participación de usuarios-- se realizó en la cuenca birregional del río Tambo-Ica (Huancavelica-Ica). Como estudian Oré y Geng (2014), el proceso de creación de este Consejo de Cuenca se inició en 2011. Este abortó porque el grupo impulsor de la cuenca baja de Ica trató de imponer sus intereses y visiones a los actores sociales y políticos de la cuenca alta (i.e., Huancavelica).

Si bien este es uno de los ejemplos más conocidos sobre los fallidos intentos para desarrollar una gestión integrada y participativa del agua en la cuenca del río Tambo-Ica, es importante identificar otros que, por su escala local, no han sido recogidos en la literatura o debates especializados. Por eso, luego de bosquejar las particularidades del Comité de Regantes de Tambo, presento algunos episodios que me sirven para graficar cómo se localiza y desintegra la GIRH en una cuenca altoandina.

 

El comité de regantes de Santa Rosa de Tambo

La capital del distrito de Santa Rosa de Tambo se encuentra a 3134 msnm, a 116 km de la costeña ciudad de Ica. Se ubica en la parte alta de la cuenca del río Tambo-Ica. Según el Censo de 2007, todo el distrito tiene 521 habitantes¹¹, pero la población fluctúa debido a los altos índices de migración –definitiva y estacional- hacia la costa, especialmente al valle bajo de Ica. Más de 60 % de los tambinos tienen como lengua materna el castellano, a diferencia del resto de huancavelicanos, que en su mayoría hablan quechua. La capital, Santa Rosa, es la localidad que acoge a más residentes, aproximadamente unos 250¹², seguida de su anexo, San Antonio de Reyes¹³. La mayor parte de ellos también pertenece a la Comunidad Campesina de Santa Rosa de Tambo.

Santa Rosa se alimenta de las aguas del río Tambo-Ica¹⁴. Además de su caudal natural, a partir de 1960, el río recibe los aportes del sistema de irrigación Choclococha, dando lugar a lo que se denominó una "cuenca integrada" que estaba bajo el control de la antigua Administración Técnica del Distrito de Riego Ica. Gracias a ese Proyecto Especial, hoy administrado por el PETACC¹⁵, una parte del volumen de las aguas de dos lagunas altitudinales, Choclococha y Orcococha, son represadas y derivadas al río Tambo-Ica, a través de una importante infraestructura de túneles y canales altoandinos, ubicados a más de 4000 msnm. El volumen que se suelta para alimentar la cuenca natural del río Tambo-Ica es de 14 m³/s. A la bocatoma de La Achirana, la principal del valle de Ica, solo llegan 5 m³/s. Esto significa que unos 9 m³/s de agua son aprovechados, derivados o infiltrados a lo largo del río Tambo-Ica (Oré y Geng 2014: 276, 292), lo que fortalece la percepción de los usuarios de la cuenca baja sobre la abundancia y desperdicio de agua en la cuenca alta (Urteaga 2014).

En el ámbito distrital, Santa Rosa de Tambo y su anexo, San Antonio de Reyes, son los que más se benefician del caudal regulado que se libera durante los meses de setiembre, octubre y noviembre. Este se suma al que derivan del lecho del río Tambo, lo que les permite disponer de agua todo el año.

En Tambo, el encargado de la gestión del agua de riego es el Comité de Regantes o Comité de Aguas de la acequia madre o canal matriz Tambo-Reyes. Esta capta las aguas del río mediante una bocatoma, que es una simple derivación del lecho, ubicada a 2 km río arriba de Santa Rosa. Desde ahí hasta la cola, en Reyes el canal tiene una longitud de 8.5 km. Tanto la bocatoma como el canal y sus laterales son de factura rústica, aunque hay partes revestidas con cemento, sobre todo cerca a la bocatoma y cola. El canal conduce un volumen aproximado de 50 l/s a Tambo, aunque su capacidad de diseño es de 500 l/s. Su toma principal es rústica, la acequia no está impermeabilizada y alimenta a decenas de parcelas.

La acequia madre discurre en paralelo al río y bordea el pueblo de Tambo hasta llegar a San Antonio de Reyes, distante a 4 km de la capital. Aquí, varios residentes de Tambo también aprovechan las aguas de la acequia madre porque poseen una o más chacras que tienen mejor aptitud para el cultivo: son más planas que en la capital, se encuentran más abrigadas y son más extensas. Como Reyes tiene más terrenos de cultivo que Tambo y se encuentra a la cola del sistema de riego, el caudal compartido produce una tensión estructural entre ambos poblados.

Según el padrón de regantes de 2011, la acequia es utilizada por más de 250 regantes para irrigar unas 200 hectáreas¹⁶. Las parcelas de alfalfa o grama y las sementeras de papa, maíz, cebada, trigo, haba y otros productos de panllevar son familiares y de poca extensión. Ninguna de ellas supera una hectárea, salvo casos excepcionales en los que un solo propietario es dueño de varias chacras que en conjunto superan la hectárea de terreno. La actividad agrícola se complementa con la crianza de ganado vacuno y ovino para la preparación artesanal de quesos, el comercio de carne en la ciudad de Ica y el tejido. Para sostener estas actividades, la alfalfa y el picuyo o grama (aunque algunos lo consideran nocivo) cubren la mayor parte de potreros de la zona. Además, en las punas poseen camélidos sudamericanos como la vicuña¹⁷.

El Comité de Regantes de Tambo no ha sido reconocido por el aparato estatal porque no cumple con los requisitos que la ley prevé. En teoría, la nueva legislación de aguas es más amigable con los comités de riego, sean estos autónomos o dependientes de las comunidades campesinas. Los reconoce como organizaciones de usuarios (Ley 29338, artículo 30; ver 31) y no como simples órganos de apoyo de las Comisiones de Regantes, como prescribía la ley anterior. Además, la ley de aguas vigente se refiere a las organizaciones tradicionales de las comunidades campesinas y nativas, y reconoce que estas se "organizan en torno a sus fuentes naturales, microcuencas y subcuencas, de acuerdo con sus usos y costumbres, siendo que sus organizaciones tradicionales tienen los mismos derechos que las organizaciones de usuarios" (Ley 29338, artículo 32)¹⁸. En aras de materializar ese reconocimiento, la ANA debe promover el otorgamiento de licencias de uso de agua en bloque para el ejercicio de los derechos colectivos de las comunidades. A pesar de esta apertura normativa, a la fecha el Comité de Regantes de la acequia matriz Tambo-Reyes no tiene el status legal de una organización de usuarios como ente autónomo o adscrito a la comunidad campesina de Santa Rosa. Tampoco ha recibido ninguna licencia particular o en bloque para la utilización del agua que tradicionalmente maneja.

Pero, como sucede en múltiples pueblos y comunidades andinos, este tipo de organización es el "único nivel ejecutivo y funcional de manejo del agua"¹⁹. Así, los regantes de Tambo y su anexo Reyes define sus derechos y turnos de agua, mantienen su infraestructura mediante faenas colectivas, solucionan sus conflictos y regulan sus actividades a través de acuerdos tomados en las asambleas del comité. A pesar de su debilidad y tensiones internas, sobre todo entre los sectores de Tambo y Reyes, el comité se constituye en una de las principales organizaciones locales porque gestiona un recurso vital e involucra a la mayoría de familias del pueblo. Si bien todos sus integrantes son miembros de la Comunidad Campesina Santa Rosa de Tambo, no se trata de un Comité Especializado perteneciente a la comunidad sino de una organización autónoma.

La directiva está formada por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. Ellos son elegidos por un período de dos años. Para acceder al puesto de presidente, el único requisito es el de ser propietario -y usuario experimentado- de una o más chacras irrigadas por el canal. Si bien los regantes indican que "no habría problema" con que una mujer asuma cargos directivos, ello no ha sucedido ni se ha propuesto hasta hoy. Aun así, las mujeres participan abierta y constantemente en las faenas colectivas en la toma de decisiones y en el riego mismo.

Como el canal es compartido por los regantes de Tambo y Reyes, la organización está diseñada para que los miembros de ambos pueblos se distribuyan de manera equitativa los cargos directivos. De este modo, los de presidente y vicepresidente son ejercidos por un regante de Tambo y otro de Reyes. Sin embargo, la tensión estructural entre ambas localidades se refleja, por ejemplo, en las asambleas del comité. Cada uno de ellos tiene su propio cuaderno en el que está transcrito el padrón de regantes de los dos pueblos. Así, presidente y vicepresidente llevan cuenta separada de las faenas realizadas, de los turnos asignados y del pago de las tarifas. Durante las asambleas es común escuchar al vicepresidente del comité llamar la atención al presidente por "no mantener al día su cuaderno de cuentas" o por sesgar su contabilidad para favorecer a Tambo (y viceversa).

A julio de 2011 la presidencia del "Comité de Aguas del Canal Madre" la ejercía el señor José Rojas León, miembro de la comunidad campesina y residente en Tambo. Su gestión debía terminar en julio de 2012. Don José solo estaba acompañado por un vicepresidente y un tesorero porque en las elecciones de 2010 no se pudo elegir al secretario. Ni siquiera se presentaron candidatos. Y es que se trata de un cargo rehuido por los regantes porque acarrea engorrosas responsabilidades administrativas (e.g., tener al día el Libro de Actas, girar las papeletas de riego). Estas funciones son desempeñadas por el mismo presidente o por algún regante "voluntario" presente en las reuniones.

Otro cargo de difícil desempeño es el de repartidor de agua. Requiere de enojosas jornadas de negociación con los regantes, atención al cómputo de los jornales prestados por cada regante, el registro de turnos asignados a las parcelas y otras funciones que implican una dedicación considerable, a cambio de una remuneración mínima. Cada regante le paga S/. 1.00 por la asignación de su turno. Por eso su elección es complicada. Por ejemplo, cuando se eligió al repartidor luego de la faena de compostura del canal el 22 de agosto de 2011, seis regantes lo rechazaron sucesivamente. Finalmente, Agustín, un joven de la localidad de Reyes, aceptó el cargo y ese mismo día inició sus funciones.

La repartición de tandas en la plaza de Tambo es siempre una escena caótica en la que cada regante le exige al repartidor la asignación del turno de agua que mejor se adecúe a sus labores. Los turnos más solicitados suelen ser los de inicio de semana y del día, por lo que estos se dividen entre dos o más regantes. Las tandas pueden ser de 6 o 12 horas y durante el estío se libran luego de semanas y de hasta meses de espera²⁰. En señal de comprobante el repartidor entrega un pedazo de papel improvisado con la fecha y la hora de la dotación asignada. Es inusual que el peticionario lo tenga al momento de regar, lo que incrementa el riesgo de conflictos con otros usuarios.

El repartidor sabe quién tiene sementera, él ya está viendo, ya conoce de quiénes son sus terrenos, ya nos conocemos pues acá, ve dónde están las malas condiciones y nos tiene que dar, sea en la tarde, sea en la mañana, nos tiene que dar o un día o medio día [...] Ahí le reclaman, lo jalan porque no les dan, se molestan, que por qué no les atiende, que al resto nomás da, ahí pues toditos quieren el agua, que le den; pero el agua no alcanza pues, según que alcance te da. Se pelean, pero acá [por Tambo] poco, por allá por Reyes sí más²¹.

En Santa Rosa de Tambo no existe una asignación planificada, mensual o periódica, porque los turnos son siempre negociados²². Si bien esta negociación resulta desordenada, se ajusta mejor al tipo de irrigación que se practica. Se trata de un riego menor, esporádico, que varía de acuerdo con los cultivos y la mano de obra disponible. Y es que en Tambo, como sucede en general en los sistemas autogestionarios de riego, la coerción o la autoridad reconocida no son determinantes. Sí lo son la negociación y la flexibilidad. Ambas operan como claves que dotan de funcionalidad a estos sistemas²³.

Por eso los directivos no pueden imponer sus decisiones o dictar sanciones. En teoría, podrían llegar a "cortar el agua" a los infractores que la roban, faltan a las faenas, no pagan sus multas o se ponen agresivos, pero esta medida no se aplica. Más bien apelan a la persuasión, a la reprimenda pública, a las sanciones sociales y morales o, a lo mucho, a castigos leves y negociables. Cuando se producen conflictos entre regantes, los directivos prefieren actuar como mediadores antes que como autoridades.

La falta de aplicación de sanciones ante infracciones flagrantes grafica la debilidad del Comité de Agua. Hasta las amenazas de corte general del agua para obligar a los regantes a participar en faenas colectivas son masivamente ignoradas. Como dicen los tambinos, sus directivos ya no lideran "como antes": "¿qué pueden hacer si [los regantes] no quieren colaborar?"²⁴ La ingobernabilidad local es fuente de constantes quejas:

Hay bastantes robos de agua. Estás regando y viene una persona y te bota el agua, tienes que subir a tapar el agua, de nuevo bajas y te botan de nuevo. Pero para eso hay el comité, hay una sanción, primero notifican, luego multa, así habíamos acordado en una reunión... No ha habido sanciones, el presidente no lo hace pues, tiene que hacerse respetar²⁵.

Este es un relato recurrente en las asambleas comunales de los domingos y en las reuniones del Comité de Aguas. Además de las mujeres, quienes sufren el abuso de varones prepotentes, los que más se quejan de los robos de agua son los regantes del anexo de Reyes porque sus chacras están en la cola del canal.

Arcadio me dice: mira, ahí está regando Leoncio con linterna la alfalfa y ha echado candado todavía a la compuerta. Está mal pues se estaba llevando el agua de noche, fuera de su turno… Señor gobernador, usted como autoridad política nos tiene que prestar garantía[s] personales. El desorden lo hacen los mismos usuarios, sobre la cabeza del repartidor y el Comité²⁶.

Estas denuncias revelan la frustración de los agricultores ante la incapacidad del Comité de Agua para imponer su autoridad y aplicar sanciones rápidas y efectivas a los infractores. De ahí que apelen a otras autoridades del distrito, como son el alcalde y el gobernador, pese a que estos no tienen injerencia directa en la gestión del agua. Por eso, un programa como el de la formalización de los derechos de agua, impulsado por la Autoridad Nacional del Agua, es percibido como una opción que "pondrá orden". Pero, a su vez, los tambinos desconfían de la autoridad estatal y temen la implementación del sistema oficial de tarifas.

Esa desconfianza se basa en la falta de sintonía entre las necesidades locales y las políticas hídricas nacionales. Estas no han estado dirigidas a fortalecer una organización local como la de Tambo, sino a promover su incorporación excluyente dentro del mapa de actores reconocidos por el Estado en la cuenca del río Tambo-Ica.

 

Diálogos fragmentarios y excluyentes

El desconocimiento oficial del Comité de Regantes de Tambo-Reyes y de sus derechos de agua

El Comité de Regantes de Tambo-Reyes no está reconocido por la autoridad estatal de aguas. Para el mundo oficial esta organización no existe. Lo interesante es que esta omisión no lo aísla de la acción estatal. El comité y sus miembros se agencian la forma de obtener apoyo estatal, aunque de menor cuantía, para ellos y su infraestructura (ver casos de PMIR 2009 y 2010 en Guevara Gil [2014])²⁷.

Los intentos de reconocerlo han sido escasos y no han dado frutos. El más serio se produjo en 2004 bajo la anterior normatividad de aguas. Fue promovido por los Gobiernos Regionales de Ica y Huancavelica, interesados en desarrollar proyectos hidráulicos conjuntos en la parte alta de la cuenca Tambo-Ica. Para implementarlos se propusieron concluir el inventario de infraestructura de riego y padrón de usuarios, promover la organización del Comité de Gestión de la cuenca del rio Ica-Tambo, promover la formación de la Comisión de Regantes en los sectores de riego Tambo, y [encargar la] elaboración de proyectos productivos a PRONAMACHCS-Agencia Zonal Huaytará²⁸.

En ese momento la norma oficial vigente, la Ley General de Aguas de 1969, no mencionaba a los Comités de Regantes, a pesar de su comprobada existencia a lo largo y ancho del país. Estas organizaciones recién fueron referidas, aunque en un rol menor, por el Decreto Supremo 037-98-AG (modificado por el Decreto Supremo 057-2000-AG) que los definió como instancias de apoyo de las Comisiones de Regantes²⁹. En la cuenca del río Tambo-Ica estas comisiones se ubican en la parte baja del valle, por lo que en la alta ni siquiera se presentaba la posibilidad de incluir a los comités como subsidiarios de estas en el mapa de actores trazado por el Estado.

Al 2004 los derechos de agua del Comité de Tambo-Reyes tampoco estaban registrados en el sistema de licencias de uso de agua de la Administración Técnica del Distrito de Riego Ica. Dicho sea de paso, hoy, bajo la nueva normatividad vigente desde 2009, Tambo tampoco ha tramitado u obtenido una licencia de uso de agua.

La voluntad política de los gobiernos regionales fue procesada por la burocracia hídrica de la cuenca compartida. Así, la ATDR Ica elaboró el Informe del Primer semestre 2004- Parte Alta de la cuenca Ica- Subdistrito de riego Santiago de Chocorvos³⁰. En este planteó la necesidad de dar "cumplimiento [a] la ley vigente en materia de aguas superficiales, con la finalidad de formalizar el derecho de uso de aguas por los usuarios". Para ello, durante el segundo semestre del año se propuso lograr el "fortalecimiento de los Comités de Regantes existentes y formar seis Comisiones de Regantes por Sector de Riego de la parte alta". Además, debía "formalizar el derecho de uso de aguas superficiales de riego de este Subdistrito".

Se trataba de un ambicioso plan de ingeniería legal e institucional considerado imprescindible para emprender proyectos de infraestructura y conceder las licencias de uso de agua a las seis Comisiones que se iban a crear. En el Sector de Riego Tambo se identificaron tres posibles Comisiones (Tambo, Capillas y Tambillos), la primera de ellas con 36 Comités de Regantes y 821 usuarios³¹.

Para alcanzar los objetivos de formalización de las organizaciones de regantes y de sus derechos, la ATDR Ica encargó a un ingeniero la gestión del Subdistrito de Riego Santiago de Chocorvos. Sus tareas incluían las de sensibilización de los regantes de la zona, la formación de las Comisiones de Regantes a partir de los Comités existentes, el inventario de la infraestructura de riego, la actualización de los padrones de usuarios para entregarlos al PRONAMACHCS y, finalmente, la formulación de un plan de trabajo institucional para la parte alta de la cuenca.

Por la evidencia recuperada en Tambo es claro que la autoridad oficial de aguas ejecutó una mínima parte de estas acciones y en muy pocas tuvo éxito. Por ejemplo, hasta la fecha no existe una Comisión de Regantes del Sector Tambo ni se ha reconocido al Comité de Usuarios del canal Tambo-Reyes (o al resto). Tampoco se han formalizado los derechos de agua de los usuarios de la cuenca alta.

Una de las causas de este incumplimiento fue la resistencia local ante las demandas y proyectos oficiales. Si bien algunas organizaciones acordaron formar parte de una Comisión de Regantes, los Comités de Regantes de Tambo, liderados por la organización de la acequia madre, no aceptaron la propuesta oficial y prefirieron mantenerse al margen de la iniciativa oficial. Respondieron con un elegante "Tambo están en consulta para la aprobación mayoritaria de la formación de la Comisión", según reporta el Informe citado.

Los testimonios de los usuarios recuerdan que desconfiaban mucho de las intenciones estatales. Automáticamente, las preguntas sobre el cobro de una tarifa por el uso de agua y la sospecha de un favorecimiento ilícito a los "capitalistas chilenos que se llevan toda nuestra agua para sus cultivos sin darnos nada a cambio" aparecieron en el escenario. Los tambinos optaron por "la informalidad, ya que sienten temor (inseguridad) por una formalidad inequitativa y excluyente"³².

Lo asombroso es que, pese al rechazo generalizado, el informe de la ATDR Ica se mostraba optimista: existe un cambio de actitudes de los usuarios de aguas en la parte alta de la cuenca Ica, respecto a la formación de Comisiones de Regantes. Es un proceso lento que demanda tiempo por la desconfianza que muestran los usuarios respecto al pago de la tarifa de agua; por tanto, demanda continuar con los trabajos de sensibilización y reuniones informativas, a fin de que los usuarios, por voluntad propia, libremente aprueben la formación de la Comisión y que de esta manera la organización tenga vida orgánica y sea sostenida en el tiempo³³.

Bien sabemos, una década después, que se trataba de un optimismo infundado, de un espejismo burocrático.

La arbitrariedad de las decisiones técnicas: una inclusión excluyente

En 2006, dos años después del Informe sobre la Parte Alta de la cuenca Ica-Subdistrito de Riego Santiago de Chocorvos, la autoridad de aguas reactivó sus planes de relacionamiento con las organizaciones de la cuenca alta, pero no lo hizo en función de los intereses de comités, como el de Tambo. Lo hizo para zanjar un conflicto suscitado en la parte baja de la cuenca entre la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Ica y una de sus comisiones integrantes, la poderosa Comisión de Regantes de La Achirana.

En ese momento, la cuenca del río Ica se encontraba dividida en dos subdistritos de riego: el de Ica (cuenca baja) y el de Santiago de Chocorvos (cuenca alta)³⁴. Como prescribía la ley, solo podía crearse una Junta de Usuarios por cada distrito o subdistrito de riego. En el caso de la cuenca baja, la única organización reconocida era la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Ica (JUDRI). Esta fue creada en 1973 y contaba con 14 Comisiones de Regantes (Oré y Geng 2014). Una, la Comisión de La Achirana, que se caracterizaba por su larga trayectoria histórica, una sólida organización interna y una efectiva gestión centralizada del recurso. Encima, la comisión tenía más usuarios y predios irrigables que su organización madre. Todo esto la distinguía del resto, incluida la propia Junta de Ica³⁵.

El punto de quiebre entre la JUDRI y su Comisión de La Achirana se produjo a inicios de los años 1990, cuando una sequía afectó gravemente la disponibilidad de agua en el valle y generó una competencia inmanejable por el recurso. Primero, en 1991 se creó la Asociación de Junta de Usuarios de Riego de La Achirana (AJURLA), que en la práctica operó como una verdadera Junta (cobro de tarifas, manejo de turnos de riego, mantenimiento de infraestructura), aunque carecía de reconocimiento oficial: "ante el asombro general, la nueva junta fue reconocida [...] El valle de Ica se constituyó en el único en todo el país donde coexistían dos juntas de usuarios, a pesar de que ello estaba prohibido por la ley³⁶.

Ahora bien, ¿qué relación existe entre las disputas de la JUDRI y la Comisión de La Achirana, ubicadas en la costa de Ica, y los Comités de Riego de la cuenca alta de Huancavelica, asentados a más de 100 km de distancia y por encima de 3000 metros de altitud? En realidad, poca o ninguna, al punto que en ese momento pertenecían a dos subdistritos de riego nítidamente diferenciados. Sin embargo, en la imaginación legal desplegada por la autoridad estatal para solucionar el conflicto en la cuenca baja la relación fue redefinida como estrecha. Para ello creó una ficción legal-institucional. Aplicó una herramienta técnica de gestión, a saber, la delimitación hídrica (e.g., Distritos o Subdistritos de Riego) para justificar una demarcación arbitraria. Aunque demoró algunos años, los achiraneros consiguieron formalizar su junta.

Así, en julio de 2006 la ATDR-Ica presentó un Estudio de la delimitación del distrito de riego Ica que le serviría para modificar los dos subdistritos de riego demarcados en los años setenta. Propuso incorporar el sector de La Achirana al Subdistrito de Riego Santiago de Chocorvos, desgajándolo del Subdistrito de Riego Ica. Solo así sería posible que esta organización se independizara de la circunscripción de Ica y lograra su reconocimiento oficial como la nueva Junta de Usuarios del Subdistrito de Riego La Achirana-Santiago de Chocorvos (JURLASCH).

Para ello era necesario, aunque sea nominalmente, la aquiescencia de las organizaciones de riego de la parte alta. Esta urgencia alimentó la presión que ejerció la ATDR-Ica para la rápida formación de las Comisiones de Regantes en la cuenca alta (ver 3.a). El problema fue que la Administración Técnica solo logró la formación de cuatro de las seis Comisiones de Regantes que se había propuesto. Encima, la composición de estas comisiones no correspondió al diseño ideado por la imaginación oficial. Las comisiones "realmente existentes" terminaron por agrupar solo a unos cuantos comités de canales menores y no a sectores enteros de la parte alta, tal como estaba planeado.

En el caso de Tambo, ningún comité de canal fue incluido en estas comisiones, quedando en la práctica fuera de la jurisdicción de la ATDR-Ica. Por eso, en el documento que sustentaba la modificación del Subdistrito de Riego Santiago de Chocorvos se consignó a los sectores de riego de Tambo como "Comisiones de Regantes en vías de regularización"³⁷. En teoría, gracias a su incorporación, estas organizaciones adquirieron derecho a representación y voto en la nueva JURLASCH. Sin embargo, los miembros del Comité de Regantes del cauce matriz Tambo-Reyes no se encuentran representados porque su organización no existe oficialmente y porque ni siquiera integra esas Comisiones de Regantes en tránsito a la formalización.

Finalmente, mediante Resolución Ministerial No. 05806-2006-AG del 5 de julio de 2006, se aprobó la modificación del Subdistrito de Riego Santiago de Chocorvos. Así nació el nuevo Subdistrito de riego La Achirana-Santiago de Chocorvos, denominado así a pedido de los usuarios de La Achirana. Después, en septiembre de ese año, se llevó a cabo una asamblea general en el local de la futura Junta de Usuarios La Achirana-Santiago de Chocorvos. Asistieron muy pocos representantes de las Comisiones de Regantes de la parte alta y ninguno del sector de Tambo. En el acta consta que su objetivo fue "incorporar a los sectores de riego de Tambo, Santiago y Yauca del Rosario y a sus Comisiones de Regantes al sector de la Achirana" y "adecuar los estatutos sociales" a la RM de julio.

Del texto de la norma se aprecia que el plan inicial era incorporar La Achirana al subsector de Santiago de Chocorvos. En realidad, sucedió lo contrario; todo el subdistrito de riego de Santiago (con sus tres sectores, Tambo, Santiago y Yauca del Rosario) fue adscrito y subordinado al sector de La Achirana. Esta inversión de los términos de la fusión expresa claramente que el nuevo edificio institucional fue creado "por demanda", específicamente de los regantes de la cuenca baja (i.e., Ica). No fue diseñado por alguna razón tecno-científica o a pedido de las organizaciones de la parte alta (i.e., Huancavelica). Fue trazado para solucionar una pugna de poder en la cuenca baja. El resultado: una inclusión excluyente de las organizaciones de la cuenca alta al mapa de actores de la cuenca baja.

La imposición de este artificio legal ha generado consecuencias, aunque sean imprevistas, tanto para los iqueños de La Achirana interesados en aumentar su cuota de poder dentro del valle, como para los usuarios de la parte alta. Estos se han involucrado en un entramado de relaciones, por lo general clientelísticas, con su nueva organización madre, la JURLASCH³⁸.

La JURLA(SCH) necesitaba legalizar su existencia para acceder a crédito, formalizar el cobro de la tarifa de uso de agua, postular a fondos públicos y participar en los programas estatales de desarrollo. Pero, sobre todo, le resultaba crítico lograr ese reconocimiento administrativo para enfrentar en mejores condiciones a la JUDRI y mejorar su capacidad de negociación en la disputa por el agua en la cuenca baja del río Tambo-Ica. Si para lograrlo era necesario armar una tramoya destinada a redefinir arbitrariamente los límites de un Subdistrito de Riego, añadir un par de letras a su sigla –JURLASCH-- y subordinar los intereses de los regantes de Huancavelica a los de Ica, so be it.

La formación del Consejo Interregional de Cuenca: una incorporación fallida³⁹

Aun cuando es el organismo encargado de conducir y coordinar el desarrollo de alcance departamental, el Gobierno Regional de Ica no tiene una intervención significativa en la gestión del agua de la cuenca del rio Ica; sus acciones en el campo de la gestión del agua se limitan a la construcción y al mejoramiento de pequeñas obras de riego⁴⁰.

Al tenor de este diagnóstico y del mandato modernizador de la nueva legislación de recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, el Gobierno Regional de Ica y las Juntas de Usuarios del valle de Ica emprendieron la difícil tarea de formar el Consejo Interregional de la Cuenca del Río Tambo-Ica. Para ello tenían un plazo máximo de dos meses, contados a partir de julio de 2011⁴¹. El consejo, por mandato geográfico y legal, debía incluir a representantes de Ica y Huancavelica por tratarse de una "cuenca birregional". Los promotores tenían un acicate considerable: la promesa de acceder a un fondo de 8 millones de dólares proveniente de la cooperación internacional para desarrollar la nueva institucionalidad de cuenca⁴².

En coordinación con el ingeniero José Falconí, a la sazón representante de la Junta Nacional de los Distritos de Riego del Perú y presidente de la Junta de Usuarios La Achirana-Santiago de Chocorvos (JURLASCH), los promotores acordaron la formación de un "Grupo impulsor de la formación del Consejo de Cuenca". A ellos se sumaron la Universidad San Luis Gonzaga, el PETACC, la Dirección Regional de Agricultura y el Colegio de Ingenieros de Ica. Utilizando los recursos del gobierno regional de Ica, tres ingenieros y un asesor legal de la AAA Cháparra-Chincha emprendieron la tarea de informar, capacitar y lograr la licencia social de las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios, comunidades campesinas, municipalidades, universidades, colegios profesionales, y de los demás actores sociales que debían formar parte del ansiado Consejo Interregional de Cuenca Ica-Huancavelica.

Ante el plazo tan corto que enfrentaban, los cuatro funcionarios de la AAA deben haber realizado por lo menos tres talleres por día a lo largo y ancho de los distritos de la periferia de la ciudad de Ica. Citados usualmente a las 9 am, solían iniciarse hacia las 12 m. En lugar de talleres democráticos, participativos y didácticos, acabaron siendo breves reuniones informativas para cualquier empleado municipal que contara con disponibilidad de tiempo y deseos de oír lo que los ingenieros y el abogado tenían que decir sobre los aspectos legales y los beneficios materiales de la formación de un Consejo de Cuenca.

Como se puede apreciar en las actas de las reuniones, la exposición sobre los beneficios de este "directorio de agua", como le llamaron los ingenieros, giró alrededor de los 8 millones de dólares que el Banco Mundial iba a girar a Ica si adquiría el status de cuenca piloto. Aspectos como la gestión integrada de los recursos hídricos o la participación de los usuarios fueron someramente tratados o incluso obviados. Informes y debates sobre la naturaleza del Consejo, sus funciones y, sobre todo, la participación de Huancavelica en la gestión del agua fueron sistemáticamente omitidos. Por la premura del tiempo y la implícita vocación desintegradora del proyecto, los impulsores del Consejo estaban más interesados en recabar las firmas de los (pocos) asistentes para acopiar un acta más que en desencadenar un sólido proceso socio-institucional.

Al poco tiempo los funcionarios designados fueron renunciando uno a uno. Solo quedaron, para finalizar la tarea, los ingenieros representantes del PETACC y del GORE Ica. A pesar de ello, y solo al mes de recibir el encargo, los comisionados remanentes cumplieron con los requisitos formales de conformidad y capacitación (i.e., firma de actas y presentación de expediente técnico) que el Banco Mundial exigía para acreditar a los actores que formarían el Consejo de Cuenca por Ica.

Como se trataba de un Consejo de Cuenca birregional, el mismo procedimiento de conformidad y capacitación debía realizarse en la Región Huancavelica. A pesar de las urgentes visitas de las autoridades de Ica al Gobierno Regional de Huancavelica, el proceso de conformación del Consejo de Cuenca no se llevó a cabo y solo fortaleció la oposición de las comunidades campesinas. Una de ellas, la de Carhuancho, ubicada en la parte más alta de la cuenca, se negó rotundamente a formar parte del Consejo de Cuenca birregional. Silvano Guerrero, su dirigente más destacado, lideró una férrea oposición al proyecto, al punto de lograr detenerlo.

Como reseñan Oré y Geng (2014), el 20 de abril de 2012 se realizó un importante taller en Tambo. Fue muy concurrido y la discusión se centró en la participación de la cuenca alta en el nuevo Consejo a través de la formación de Juntas de Usuarios; en la necesidad de remediar los pasivos ambientales que arrastra Huancavelica debido a las obras hidráulicas que han beneficiado a Ica (e.g., desecamiento de pastos, inundación de pueblos como Choclococha; ver Urteaga 2014); y en los dilemas que ello implica incorporarse a la legalidad estatal (e.g., pago de tarifa de agua por uso agrario). Si bien al finalizar la reunión las comunidades participantes eligieron a sus candidatos al Grupo Impulsor, no llegaron a pronunciarse sobre la formación o no de una Junta de Usuarios.

Lamentablemente para los impulsores, el plazo para acceder a los fondos del Banco Mundial se venció y hasta hoy no se ha formado el Consejo de Cuenca birregional previsto en la ley ni se ha producido la incorporación de los regantes andinos a la institucionalidad oficial. Las juntas del valle de Ica perdieron el interés en la formación del Consejo porque el Banco Mundial asignará sus fondos a otra cuenca menos contenciosa, pero la Autoridad Nacional del Agua ha continuado su labor de "sensibilización" en la cuenca alta. Suele realizar talleres y seminarios descentralizados en los que expone los beneficios de esta novedosa institución y de la formación de Juntas de Usuarios que integren a las comisiones y comités de la cuenca alta.

Las exposiciones de los "capacitadores" se ciñen al marco legal y procuran sembrar la idea de que es necesario que los regantes de Tambo, Reyes y otros pueblos se integren a Comisiones de Regantes y, luego, formen una Junta de Usuarios alto-andina. De ese modo, predica la burocracia hídrica, serían reconocidos como una sólida organización de usuarios, podrían solicitar la formalización de sus derechos de agua, acceder al apoyo estatal y tendrían más influencia en el futuro Consejo de Cuenca birregional.

Ante estas aseveraciones los regantes de Tambo y Reyes reaccionan preguntando a las autoridades y capacitadores si es indispensable formar una Comisión de Regantes, sobre todo si se tiene en cuenta la existencia de la Comunidad Campesina de Santa Rosa de Tambo. Como señala la Ley 29338 (artículo 32 y reglamento, artículo 90), las organizaciones consuetudinarias de agua gozan del mismo status que las especializadas (i.e., Comisiones, Juntas). Gracias a su destreza legal, los campesinos cuestionan el "saber" y la política oficial que los representantes del Estado pretenden inocularles para incorporarlos a la GIRH. De este modo, reafirman su vocación autonómica basada en su constante diálogo con la ley e institucionalidad estatal⁴³. Si bien podrían incluir en su agenda política la posibilidad de crear una Junta y participar en el Consejo de Cuenca, es indudable que no están dispuestos a aceptar ciegamente los términos y condiciones de una incorporación impuesta "desde abajo", desde la visión e intereses de la cuenca baja. Eso solo conduciría a una nueva experiencia fallida. Si deciden hacerlo exigirán que la política de reconocimiento e inclusión se nutra de sus enfoques y propuestas.

 

Conclusiones

En paisajes hidráulicos tan diversos como los del Perú es necesario ir más allá de los clichés sobre la gestión integrada del agua y diseñar propuestas que la asuman como un rompecabezas multidimensional y no como una receta predeterminada. Al formular esos planteamientos alternativos tendría que ponderarse cómo las pequeñas organizaciones de riego serranas experimentan la gestión desintegrada del agua que el propio Estado ejecuta. Como he señalado, lo primero que enfrentan es el desconocimiento del importante papel que cumplen en la gestión del agua. Si bien la nueva legislación vigente desde 2009 es más amigable con los Comités de Usuarios, autónomos o pertenecientes a comunidades campesinas, es indudable que el aparato estatal y las propias Juntas de Usuarios todavía operan con la idea de que esas pequeñas organizaciones son insignificantes, prescindibles. Eso le ocurre al comité de regantes de Tambo-Reyes y a sus miles de homólogos. Aun así, la evidencia sugiere que por más débiles que sean, y por más que el Estado insista en ignorarlos o debilitarlos, se mantienen como las únicas asociaciones de usuarios capaces concretar el manejo local del agua⁴⁴.

Los pocos intentos de reconocimiento oficial se han topado con el problema de la escala de las políticas públicas, trazadas para un plano nacional que resulta inconmensurable con la escala de las normas, prácticas e instituciones locales. Además, suele ocurrir que las ofensivas normativo-desarrollistas que promulga el Estado no logran su cometido de transformar la institucionalidad local, sino que acaban metabolizadas en función de los intereses y visiones de los grupos de usuarios intervenidos. De ahí que, en lugar de insistir en una política improductiva, lo más apropiado sea proceder al reconocimiento de estas organizaciones y respetar su autonomía interna para articularlas, en sus propios términos, al mapa de actores relevantes en sus respectivas cuencas. Solo así, fortaleciendo a los pequeños comités de usuarios, los intentos estatales de generar organizaciones de segundo y tercer nivel (Comisiones y Juntas de Usuarios) en la sierra podrán tener visos de éxito.

Ese reconocimiento y respeto a la autonomía local tendría que nutrirse de aproximaciones teóricas que no la encasillen en camisas de fuerza que sólo generan violencia epistemológica y lecturas equivocadas de las visiones (indígenas, campesinas, consuetudinarias) y el manejo local del agua. En lugar de operar con modelos de reconocimiento analítico y político preestablecidos, es menester profundizar el estudio etnográfico de la enorme diversidad de las formas locales de gestión. Solo entonces, inductivamente, se podrán derivar las concepciones, normas y políticas públicas de reconocimiento más adecuadas.

Lo interesante en el caso de Tambo-Reyes y de otros tantos miles de comités de riego es que esa falta de reconocimiento, ese desconocimiento activo, no les impide establecer alianzas con otras instituciones como la municipalidad distrital, el gobierno regional o las poderosas Juntas de Usuarios de la cuenca baja. Se trata de una relación basada en la ambigüedad y el temor a integrarse a una legalidad que los marginaliza y que encima podría significar el pago de la tarifa oficial por el uso de agua, una contingencia que colisiona con sus nociones socio-territoriales sobre el recurso.

Por parte de la autoridad oficial de agua esta ambigüedad también se presenta en los planes de relacionamiento que desarrolla para incorporar a los usuarios de la cuenca alta en su modelo de gestión integrada de las aguas del Tambo-Ica. Y es que en lugar de integrarlos en función de sus demandas y peculiaridades, los incluye en su mapa de actores de la cuenca, pero subordinándolos al juego político y a los intereses de los regantes de la cuenca baja. Solo así se explica la creación de un sub-distrito de riego artificial, el Sub-distrito de Riego La Achirana-Santiago de Chocorvos, para solucionar una disputa entre la JUDRI y la JURLASCH. Esto demuestra que las decisiones "técnicas" sobre la alta se "sustentan" en las necesidades de la cuenca baja. Y, lo que es peor, legalizan una inclusión excluyente y manipuladora.

La experiencia fallida de creación del Consejo Birregional de Cuenca Ica-Huancavelica confirma la orientación de la política hídrica, destinada a defender y potenciar los intereses de los usuarios de la cuenca baja (i.e., agroexportadores) por encima de y atropellando a los habitantes de la alta. Este sesgo atenta contra una verdadera política de reconocimiento e inclusión que también debería nutrirse de los enfoques y propuestas de los regantes de la cuenca alta. Mientras no lo haga, la política hidráulica actual, la realmente existente, seguirá propiciando la desintegración de la gestión del agua en la cuenca del río Tambo-Ica.

Todos estos (des)encuentros entre el Comité de Regantes de Santa Rosa de Tambo y el Estado grafican cómo se localiza el discurso oficial de la gestión integrada del agua y cómo esta acaba más bien desintegrada. De lo que se trata, entonces, es de reconocer estas disonancias y plantear una alternativa que se sustente en el reconocimiento de esas diversas formas y organizaciones locales de gestión.

 

Literatura Citada

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Notas

¹Agradezco al Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú por el financiamiento que concedió al proyecto interdisciplinario ¿Escasez de agua? Retos para la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del río Ica (enero 2011-julio 2012; ver Oré y Damonte [2014]). Este trabajo es una versión revisada y sintética de una parte del capítulo a mi cargo (Guevara Gil 2014).

²Un caso inverso ocurrió en el lago Titicaca, donde los espejismos desarrollistas oficiales y la pretensión de imponer la ley estatal produjeron serios conflictos con las comunidades circunlacustres y acabaron, irónicamente, reforzando su autonomía (Guevara Gil 2009: 131-189).

³La etnografía fue realizada por Vanessa Schaeffer, mi asistente de campo, en cuatro tramos. Primero permaneció en la ciudad de Ica del 10 de julio al 30 de septiembre de 2011. Luego radicó en Santa Rosa de Tambo del 9 de abril al 23 de mayo; del 1 al 25 de junio y del 24 al 31 de julio de 2012. Como responsable de la investigación visité Tambo en diciembre de 2011 y la ciudad de Ica en varias oportunidades.

⁴El Perú ha transitado, como otros países, por los tres paradigmas dominantes sobre la gestión de los recursos hídricos: a) el de la "misión hidráulica", (1960-1970); b) el de la gestión "racional" (1980-1990) y c) el de la gestión integrada (1990 al presente) (van der Zaag 2008: 23-26). La GIRH sentó sus reales en 1992, como el primer principio de la influyente Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible: "el agua es un recurso finito, vulnerable y esencial que debe ser manejado de manera integrada" (ICWE 1992; cursivas añadidas).

⁵"El Perú, país privilegiado por su oferta hídrica, dispone de un volumen anual promedio de 2"046,287 MMC de agua, ubicándose entre los 20 países más ricos del mundo, con 72 510 metros cúbicos/habitante/año; no obstante, su orografía define tres vertientes hidrográficas que desequilibran su distribución espacial, concentrando 97.7 % del volumen en la vertiente del Atlántico, donde se asienta 30 % de la población que produce 17.6 % del PBI; el 0.5 % se encuentra en la vertiente del Titicaca, en donde se asienta 5 % de la población y produce 2 % del PBI; el 1.8 % restante se encuentra en la vertiente del Pacífico donde, paradójicamente, se concentra 65 % de la población que produce 80.4 % del PBI" (CTM 2009: 1; cursivas añadidas).

⁶"La División de Población de Naciones Unidas calcula que, para 2025, alrededor de 1700 millones de personas sufrirán escasez de agua. A países como Eritrea, Etiopía, Irán, Kenia, Malaui, Marruecos, Somalia y Sudáfrica se sumarán otros 30 que experimentarán un severo estrés hídrico, entre ellos el Perú" (Del Castillo y Vos 2009: 34).

⁷En la Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú publicada el 2004 ya se proclamaba a la gestión integrada como uno de los principios rectores, junto con los de valoración del agua, participación de la población, priorización del uso humano y el de sostenibilidad, "en contraposición al manejo sectorizado y desarticulado" (CTM 2004: 13, principio IV.2.1).

⁸Ley No. 29338, promulgada por el Presidente de la República el 30 de marzo de 2009.

⁹Mandato inspirado, sin duda, en el Principio No. 2 de la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible: «El aprovechamiento y la gestión del agua deben basarse en un enfoque participativo, involucrando a los usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles…» (ICWE 1992).

¹⁰Ley No. 29338, artículo 24. Esta norma prescribe que los Consejos de Cuenca podrán ser regionales, cuando la cuenca se encuentre dentro de una sola región, o interregionales, cuando esta discurra por más de una.

¹¹De ese total, 306 eran "urbanos" y 215 "rurales". Ver INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?id=ResultadosCensales?ori=C [consulta: 31-8-2013].

¹²De acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares implementado por la Presidencia del Consejo de Ministros, las encuestas de 2008 y 2009 realizadas en el lugar identificaron 241 familias en todo el distrito; 90 de ellas residían en la capital distrital y 53 en el anexo de Reyes. Todas fueron clasificadas como pobres extremos (ver http://sisfoh.mef.gob.pe/nosotros.shtml?x=1476 [consulta: 10-8-12]). Es posible que esta cifra, que duplica el estimado censal (2007) y local, se encuentre sobreestimada y se origine en las estrategias desarrolladas por los tambinos para acceder a los programas estatales de asistencia social.

¹³Además del anexo de Reyes, el distrito cuenta con los de Casablanca, Pacalí, Tantarcancha, Puye y Pampahuasi. Estos se ubican en las alturas, lo que reduce sus fuentes de agua a la lluvia, lagunas, manantiales o puquiales y, en contados casos, a pequeños canales derivados del río Tambo.

¹⁴El Río Tambo inicia su recorrido en la laguna de Parionacocha a 4,500 msnm, en el departamento de Huancavelica. Se alimenta de puquiales y filtraciones hasta llegar a los valles bajos iqueños, donde cambia de nombre a río Ica.

¹⁵Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, PETACC. Este nació como parte del proceso de descentralización, cuando el Instituto Nacional de Desarrollo traspasó los proyectos de irrigación a su cargo a los gobiernos regionales. Hoy se halla adscrito al Gobierno Regional de Ica (Urteaga 2014: 240-242).

¹⁶Archivo personal de Víctor Domínguez, comunero de Reyes, Padrón de Regantes de la acequia Tambo-Reyes de 2011; un padrón similar de 2009 registró menos miembros: 218; comunicación personal del ingeniero Isaac Vilca, funcionario de la ALA-Ica, 28-9-2011.

¹⁷Cuadro sobre producción en Tambo elaborado por el ingeniero C. Ludovino, Oficina del MINAG en Tambo. Desde 2008 la crianza de vicuña le reporta al distrito unos 23 kg anuales de fibra.

¹⁸En consonancia con esta política de reconocimiento, el reglamento de la ley publicado en enero de 2010 ratifica, en su artículo 90, que las comunidades campesinas y nativas no están obligadas a formar organizaciones de usuarios para ejercer sus derechos de agua.

¹⁹Vos y del Callejo (2010: 52).

²⁰En septiembre de 2011, por ejemplo, durante la época de escasez, los campesinos señalaban que solo recibían un turno al mes. Testimonio de doña Florencia Mina, comunera de Tambo, 15-5-2012.

²²Sobre el carácter negociado y contractual de los derechos y turnos de agua en los sistemas de riego campesinos, ver Guevara Gil (2011).

²³Ver Guevara Gil (2011; 2014). En general, para una crítica a las aproximaciones que proyectan las categorías del Derecho oficial a los "otros" derechos e incurren en un inaceptable reduccionismo conceptual, ver las notables reflexiones de Jane Collier (2002).

²⁴Entrevista a doña Elena Auris, comunera de Tambo, 12-4-2012.

²⁵Entrevista a doña Dina Bautista, comunera y regante de Tambo, 20-6-2012.

²⁶Intervención del señor Carlos Hilario, poblador de San Antonio de Reyes, en la asamblea del Comité de Regantes de Tambo-Reyes, 22-8-2011.

²⁷El año 2009, por ejemplo, unieron fuerzas con la Municipalidad de Tambo y la Junta de Administración Local de Reyes para solicitar al Gobierno Regional (GORE) de Huancavelica la suma de S/. 1, 600,000.00 para mejorar su sistema de riego. La municipalidad financió la preparación del expediente técnico (y usualmente dona al Comité bolsas de cemento y materiales de construcción para mantener el canal matriz). Pese a carecer de personería jurídica, la iniciativa del Comité en este proyecto fue notable, aunque al final se frustró por trabas burocráticas y cambios en el GORE (Entrevista al presidente del Comité, don José Rojas León, Tambo, 20-8-2011).

²⁸Actas de los Acuerdos entre los Gobiernos Regionales de Ica y Huancavelica, sesiones del 16 de enero y 29 de marzo de 2004.

²⁹Ver Guevara Gil (2011: capítulo IV).

³⁰Este Subdistrito había sido establecido en 1978, dando cumplimiento a una resolución de 1976 que había aprobado los límites del distrito (Ica) y de sus dos subdistritos (Ica y Santiago de Chocorvos). Después, dentro del Subdistrito Santiago de Chocorvos, la ATDR Ica estableció tres Subsectores de riego: Tambo, Santiago y Rosario de Yauca Córdova. Ver Resolución Directoral No. 0032-78-AA de abril de 1978 y Resolución Ministerial No. 01121-76-AG de 2 de junio de 1976, artículo 2.

³¹En el mismo informe se detalla que el Comité de Tambo-Reyes tenía 121 miembros que irrigaban 188.9 hectáreas Como ya señalé, el padrón de regantes de 2011 censaba 250 usuarios y 200 hectáreas.

³²Los, Paul (2010: 179); Guevara Gil (2011: 235-238).

³³Informe del primer semestre 2004 – Parte Alta de la cuenca Ica-Subdistrito de Riego Santiago de Chocorvos, ATDR Ica-INRENA.

³⁴Ver nota 31.

³⁵Oré (2005).

³⁶Oré (2005: 176; ver 171, 173). Como advierten Oré y Geng (2014), la JUDRI empleó diversas formas de presión para impedir o limitar el desarrollo institucional de la nueva Junta de La Achirana. Entre ellas, impidió su acreditación ante la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú.

³⁷Sobre este fascinante mecanismo, propio de una suerte de Derecho Administrativo consuetudinario, que permite a las autoridades locales adaptar y localizar los comandos de la burocracia central en paisajes sociales e hidráulicos inimaginables para el legislador o policy-maker, ver Guevara Gil (2011: 198 et seq.; 2014a).

³⁸El clientelismo incluye a la JUDRI y a la Junta de Usuarios de Agua Subterránea del Valle de Ica (JUASVI). Todas aspiran a lograr el aumento del caudal disponible en la cuenca baja. Proyectos como el PETACC o la presa de Tambo, por ejemplo, generan las condiciones para forjar ese tipo de vínculos con los habitantes de la cuenca alta. "Es necesario mantener buenas relaciones con los comuneros pues de ellos depende la implementación de nuestros proyectos. Siempre ayudamos a las comunidades de la parte alta; les mandamos cajas de panetones, buzos, una vez les mandamos computadoras nuevas mientras nosotros tenemos máquinas viejas. A veces hasta nos piden para sus desfiles, carnavales y esas fiestas que ellos tienen" (Entrevistas a personal de la JUDRI, Ica, 18-7-2011).

³⁹Oré y Geng (2014) analizan la formación del consejo en relación a toda la cuenca. Aquí solo reseño sus bemoles en relación a Tambo porque es otro ejemplo del diálogo fragmentario y excluyente que el Estado y la cuenca baja (Ica) establecen con los habitantes de la cuenca alta (Huancavelica).

⁴⁰De la Torre (2006: 72).

⁴¹La ANA promovió la iniciativa a través de la Autoridad Local de Agua de Ica y la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha. La primera reunión del grupo impulsor se realizó en marzo de 2011.

⁴²El Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, financiado por el Banco Mundial, la había seleccionado como "cuenca piloto" (Oré y Geng 2014).

⁴³Sobre la dinámica interlegal, ver Hoekema (2005, 2008). En el caso del riego campesino, ver Guevara Gil (2011).

⁴⁴A enero de 2012, la Autoridad Nacional del Agua había registrado 6038 Comités de Regantes, 4815 en la Sierra, 832 en la Costa y 391 en la Selva. Aunque podría ser un número subestimado, de todos modos es impresionante y da cuenta de la importancia que los comités tienen en la gestión local del agua (Hendriks 2013: 8).