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A partir de nuestra experiencia participando en procesos de evaluación de la educación superior, sabemos que quienes se desempeñan como evaluadores generalmente sólo tienen que cubrir ciertos requisitos formales, tales como: contar con un posgrado en un determinado campo disciplinar, ser profesor de tiempo completo, ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para evaluar proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tener Perfil Promep (Programa de Mejoramiento del Profesorado) ahora Prodep (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), entre otros. Estos requerimientos pueden variar según la convocatoria de que se trate y el objeto a evaluar (programas, proyectos, publicaciones, candidatos para ingresar a un programa de posgrado o para recibir alguna distinción académica, etcétera). En síntesis, casi basta con ser un par académico y tener disponibilidad de tiempo para desempeñarse como evaluador de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Conacyt, de un organismo acreditador o de alguna Institución de Educación Superior (IES) del país. La exigencia de contar con formación y experiencia en el campo de la evaluación, lo que dotaría al evaluador de la expertise necesaria para llevar a cabo esta ardua empresa, simplemente parece un lujo del que se puede prescindir. Ante estos sucesos recurrentes, uno no puede dejar de experimentar cierta sensación de déjà vu, pues los sesgos de estas evaluaciones durante largo tiempo han afectado los intereses de las personas e instituciones.