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Según Slaughter, los conflictos en la educación superior se expresan en torno a los "asuntos políticos fundamentales": el acceso, los usos sociales del conocimiento (formación, investigación y extensión) así como la asignación de recursos (1990: 30); cuestiones, todas ellas, de una naturaleza profundamente política. De manera similar, Pusser (2004) sitúa el origen de las tensiones en las exigencias contrapuestas para que las universidades impulsen el desarrollo económico y la competitividad, y al mismo tiempo amplíen el acceso de grupos sociales históricamente marginados