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La acción del secuestro, llamada por las FRAP "Operación 15 de enero de 1972, Chihuahua",24 resultó impecable y sorprendió por su impacto al gobierno mexicano que, estando de por medio Estados Unidos, tuvo que ceder a todas las exigencias de las FRAP. En su comunicado número uno, —difundido de manera forzosa por los medios de comunicación— explicaron los objetivos del secuestro de "un miembro de la clase explotadora [...], representante de los intereses del capitalismo norteamericano": poner en libertad a un total de treinta presos políticos, concentrarlos en la Ciudad de México y enviarlos a todos el día 6 de mayo por vía aérea a La Habana. El canal 2 de televisión y la radio también deberían difundir por la noche del día 5, y la prensa escrita el día 6, un pronunciamiento político que posteriormente se entregaría. Las FRAP conminaron al gobierno a no realizar ninguna movilización militar o policiaca en el territorio jalisciense "mientras duran las negociaciones y hasta que entreguemos al burgués que hemos detenido".