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Hubo un hecho, sin embargo, que fue más que revelador del grado de identificación al que Estado, Iglesia y asociaciones conservadoras mexicanas habían llegado en cuanto a la concepción de moralidad pública. Este tuvo lugar en la última semana de septiembre de 1953, cuando se reunieron a comer, en el Casino Español, Alfonso Cortina, director de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Mariano F. Jiménez, presidente de la Legión Mexicana de la Decencia, Jorge Núñez y Prida, vice-presidente de la Legión Mexicana de la Decencia, José Villela, Raymundo Prieto, David Casares y Antonio de Ibarrola, representantes también de la Legión. La iniciativa provino del alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, ya que deseaba obtener la colaboración de la Legión Mexicana de la Decencia —en unión de otras Secretarías de Estado y de la unam, entre otros—, "para la censura de películas". Para ello, la misma Secretaría de Gobernación otorgaría "facilidades" a la Legión para dicha labor. "Esto significa —narraba Ibarrola en su carta dirigida al consejero eclesiástico de la Legión— un enorme paso en la historia de la Legión—.50 Aproximadamente dos meses después, el 30 de noviembre de 1953, en una reunión de trabajo en casa del arzobispo Luis Ma. Martínez, el asistente eclesiástico de la Legión Mexicana de la Decencia, el jesuita José Antonio Romero, informó sobre el estado que guardaba la Campaña para la Moralización del Ambiente, específicamente sobre los trabajos del departamento jurídico "contra todo lo inmoral que se presenta en diversos aspectos". A pesar de la burocracia o de las dificultades con algunas autoridades, "se habían logrado éxitos positivos". Dichos resultados mostraban la capacidad que la Legión había alcanzado para acercarse y lograr que las autoridades se sumaran o identificaran con los objetivos de la Campaña de Moralización del Ambiente. Por ejemplo, lograron editar escenas de las películas OKNerón y Cuarto de Hotel; se canceló el permiso para la circulación postal de la revista Pigal, además de demandarla —junto con las revistas Can-Can, Eva y Mujeres— ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por estar dentro del rango de publicaciones pornográficas.51