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La campaña de moralización de parte de la Iglesia, de Acción Católica Mexicana y de la Legión Mexicana de la Decencia no disminuyó durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Más aún, durante esta administración se conocieron momentos de acercamiento e identificación entre el Estado y los grupos conservadores en cuanto a las estrategias para censurar publicaciones y espectáculos. De hecho, aquéllos entraron en una etapa de mayor organización interna y pragmatismo. Así por ejemplo, la Legión Mexicana de la Decencia creó su departamento jurídico, encabezado por los abogados Antonio de Ibarrola, Felipe Gómez Mont y David Casar Nicolin. En cuanto a su pragmatismo, la Legión decidió servirse de la misma legislación oficial para sus fines, pues descubrió que en ésta encontraba preceptos que igualmente justificaban actos de censura contra espectáculos que ella misma condenaba. Por ejemplo, la Legión mantenía sistemáticamente a su asesor eclesiástico, el jesuita José Antonio Romero, sobre aquella legislación útil a los propósitos de censura. La Ley Orgánica de la Educación, la Ley de Imprenta, la Ley de la Industria Cinematográfica y no pocos artículos del Código Penal —afirmaba— "pueden sernos útiles y favorecer".45 Así, sirviéndose de la Ley de Imprenta, que prohibía la utilización de malas palabras o imágenes indecentes, la Legión Mexicana de la Decencia fundamentaba sus presiones y protestas ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, para evitar que las conocidas revistas Vea, Vodevil, Nota Roja y Ja Ja salieran al mercado. Una de las responsabilidades del padre Romero era, justamente, la reseña y crítica de películas o escritos.46 Lo mismo sucedía con el "Reglamento de las estaciones radiofónicas comerciales, culturales y de aficionados", el cual podía ser útil para el control de programas radiofónicos inadecuados, o con el "Reglamento de anuncios", el "Decreto contra las Publicaciones Obscenas" o el "Reglamento para Salones, Clubes o Billares".47