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En los últimos días del gobierno de Ruiz Cortines, la disidencia sindical en las organizaciones de ferrocarrileros, telegrafistas, maestros, electricistas y petroleros había quebrantado la inmovilidad social, fuertemente afectada por el triunfo de la Revolución cubana. Si bien sus demandas eran fundamentalmente económicas, también en ellas se percibía el desencanto por el enérgico control estatal. Su impacto obligó al gobierno de Adolfo López Mateos a afirmar públicamente su naturaleza revolucionaria, aseverando que su régimen era de "extrema izquierda" dentro de la Constitución. Con esta afirmación suponía que la legitimidad de su gobierno quedaba fuera de toda duda. Sin embargo, estas palabras provocaron fuertes reacciones de los sectores empresariales y de las clases medias que lo obligaron a tomar acciones concretas y positivas a favor de la propiedad privada y a limar asperezas con la derecha.